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La pregunta cobra relevancia por dos razones: recién la BBC publicó la afirmación sobre esta mala posición del país en desigualdad y actualmente se debate la que puede llegar a ser la primera reforma fiscal relevante desde 1995. Una reforma largamente postergada, compleja y que debe repartir sacrificios.

Medir. Hay un acuerdo relativo sobre la importancia de ocuparse de la desigualdad y, además, sobre su medición. Los indicadores más usuales son los del ingreso con datos de las encuestas de hogares, las que, por su naturaleza, subregistran los ingresos más altos. El más convencional es el índice de Gini, aunque la desigualdad de ingreso es tan solo una brecha entre muchas. En otros países –no de manera regular en Costa Rica– el Gini se calcula según los ingresos antes y después de impuestos y transferencias públicas a los hogares. Esta última es la mejor aproximación.

América Latina se ha caracterizado por ser la región más desigual del mundo y Costa Rica no escapa a ello, según la Cepal. Ese rasgo estructural se ha mantenido durante mucho tiempo en la región, incluso en coyunturas de alto crecimiento económico. A inicios del presente siglo, en la mayoría de los países latinoamericanos se inició un proceso de reducción de la elevada desigualdad de los ingresos, pero luego de la crisis del 2008 esta se desaceleró.

En general, la principal fuente de ingresos de la gente se origina en el mercado de trabajo. Por eso, entre los principales factores para explicar la reducción de la desigualdad en la región se destacaron la activación de políticas para mejorar los salarios mínimos, más empleos formales, la extensión de la cobertura contributiva de la seguridad social, el aumento en la participación de las mujeres que incrementó el número de perceptores de ingresos por hogar y una mejor llegada de los programas sociales mediante las transferencias monetarias a hogares de menores ingresos.

¿Y en Costa Rica? Durante ese periodo de disminución de la desigualdad en América Latina, Costa Rica, por el contrario, la vio crecer, por lo cual pasó de ser uno de los países más equitativos en la distribución del ingreso a estar en rangos similares al promedio latinoamericano. El Gini en el 2016 fue de 0,52, sin cambios significativos desde el 2011, lo que refleja un estancamiento en niveles altos de la desigualdad.

Otro indicador de la desigualdad es el porcentaje del ingreso total que acumula cada quintil (20 %) y decil (10 % de hogares). Estas relaciones agregan claridad: en el 2016, los ingresos promedio del quintil (20 %) de mayor ingreso fueron 12,9 veces mayores que los del primer 20 %, cantidad que no ha variado significativamente desde el 2013. Visto por grupos de 10 %, el décimo tiene un ingreso 26,8 veces mayor que el primero (el promedio para países de la OCDE es 9 veces). Si se considera el ingreso del 2 % de los hogares más ricos y se contrasta con el del primer 10 %, en el 2016 el indicador asciende a 44 veces. Eso según el Informe Estado de la Nación más reciente.

Por su parte, en los países de la OCDE el efecto redistributivo de las transferencias monetarias y del impuesto sobre la renta personal alcanza en promedio 17 puntos porcentuales, mientras que la redistribución efectuada mediante el gasto público alcanza 7 puntos. En la OCDE, los impuestos son más progresivos por lo que contribuyen más a la igualdad.

En una perspectiva a largo plazo, y con la categoría de clase social a la que da seguimiento el Informe Estado de la Nación, los datos cantan algo más. Este seguimiento pone en evidencia el estancamiento relativo de los ingresos reales de todas las clases sociales desde 1987, con la excepción de los sectores de expertos y medianos propietarios y de la clase alta.

También en el país son evidentes otras dimensiones de la desigualdad socioeconómica, entre ellas las referidas a la baja incorporación de las mujeres al trabajo reconocido y remunerado, y sus niveles inferiores de ingreso para cualquier categoría ocupacional (entre un 20 % y un 30 %). Y por etnia, especialmente grave por la exclusión social radical de los pueblos indígenas, difícilmente visible por su tamaño en las encuestas. Las desigualdades socioeconómicas territoriales son serias y su atención requiere de intervenciones públicas mejores y más robustas.

El análisis detallado no es halagüeño. Las regiones costeras y fronterizas muestran baja prosperidad económica, sostenibilidad ambiental y progreso social en relación con la región central. Eso significa, entre otras cosas, inseguridad ciudadana, atención médica básica deficiente, bajo nivel de escolaridad, demanda insatisfecha de vivienda, infraestructura física insuficiente o inconexa y de baja calidad, problemas de agua y saneamiento, pocas oportunidades económicas y una población menos conectada con el mundo.

Por ejemplo, mientras en el 2016 el 16,1 % de los hogares de la región central estaba bajo la línea de pobreza, en todas las demás regiones del país el porcentaje de hogares pobres fue superior al 23 % y en alguna zona llegó hasta el 31 % (documento de fundamentos del Acuerdo Nacional).

En 1981 el país vivió una crisis originada en problemas fiscales, con un Ejecutivo débil y un Legislativo que no quiso actuar: cayó la producción, el empleo y el ingreso real. La inversión social se vino a la mitad. Recuperarnos tomó varias décadas. No podemos repetir el gigantesco error.