Redacción: Opinión
Entre los compromisos que hemos adquirido a nivel mundial a través de la Agenda 2030 hay un tema del que apenas se habla y que, sin embargo, limita las oportunidades de desarrollo físico, mental y social de 152 millones de niños y niñas en todo el mundo, llegando a poner en peligro su salud y sus vidas.
Hablamos del trabajo infantil, y en particular del trabajo en condiciones extremas y peligrosas, que afecta a 73 de esos 152 millones de niños entre 5 y 17 años, en lo que supone una gravísima violación para sus derechos.
Ya sea extrayendo oro o coltán en minas de Camerún o República Centroafricana, recolectando algodón en China o Pakistán, en fábricas textiles o tecnológicas en Bangladesh o Turquía, rebuscando en vertederos en Brasil o India, o invisibles como empleadas domésticas en Filipinas o Togo, niños y niñas extremadamente vulnerables soportan largas jornadas en entornos insalubres, sufriendo distintas formas de violencia y sin ningún tipo de protección, a cambio de pagas exiguas con las que contribuir a las necesidades de sus familias.
Un niño que trabaja no va a la escuela, está expuesto a problemas de salud debidos a la contaminación con pesticidas o químicos, la falta de higiene, una alimentación insuficiente y la realización de esfuerzos excesivos para su edad, y es una víctima indefensa frente al aislamiento, los abusos y la violencia verbal, física o sexual. En todas estas situaciones, se producen graves vulneraciones de derechos: el derecho a la educación, al juego, a la salud, a la protección… en definitiva, privamos a estos niños de su derecho a ser niños.
Se han logrado avances significativos desde el año 2000. El número de niños que realizan trabajos peligrosos se ha reducido a más de la mitad. Pero el progreso es demasiado lento si queremos cumplir la promesa marcada en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con el trabajo infantil para el año 2025. Por tanto, es imprescindible impulsar medidas y programas que cambien esta situación y ofrezcan esperanza y oportunidades a todos los niños.
No debemos olvidar que el trabajo infantil está vinculado a la pobreza y la vulnerabilidad. Por tanto, las estrategias para erradicarlo han de abordar estas causas profundas e interconectadas. Es fundamental que las familias cuenten con ingresos e información suficientes sobre la importancia de la educación, contar con redes eficaces para detectar y apoyar a los niños y niñas en riesgo de exclusión, así como generar cambios sociales y un entorno protector de la infancia, que condene y prevenga que los niños trabajen.
Merece una mención especial el impacto de los conflictos y otras crisis humanitarias. Ante situaciones de inestabilidad y pérdida de fuentes de ingresos, las familias activan distintos mecanismos de respuesta: utilizar los ahorros, pedir ayuda a familiares y amigos, solicitar préstamos, etc.
Cuando las crisis se prolongan en el tiempo, estas opciones se agotan y entran en juego mecanismos «negativos», entre los que se encuentra el trabajo infantil. Como ejemplo, entre los refugiados sirios en Jordania en 2015, un 47 por ciento de las familias manifestaron depender total o parcialmente de los ingresos generados por un niño o niña.
Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0706&id=259552
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