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El sistema educativo español, entre los más igualitarios de la ocde

España/23 noviembre 2017/Fuente:  Eco Diario

El sistema educativo español sobresale entre los más igualitarios de la OCDE, según la relación del rendimiento con el índice socioeconómico y cultural (ISEC), junto con Islandia y Turquía, según los resultados del estudio PISA 2015.

España (496) tiene una puntuación media en el entorno del promedio OCDE (500), en el mismo rango que Francia (494), Portugal (498), República Checa (499), Islandia (499) y Bélgica (501) y dentro del nivel intermedio, como la mayoría de los países, según informó el Ministerio de Educación en un comunicado.

En el conjunto de países OCDE, el 8% de los alumnos presentan un alto rendimiento en resolución colaborativa de problemas, lo que se traduce en que son capaces de gestionar dinámicas de grupo, asegurar que los miembros del equipo actúan de acuerdo con el rol asignado, resolver desacuerdos, identificar vías eficaces y supervisar el progreso hacia una solución.

La proporción de estudiantes rezagados en España (4,4%) se encuentra por debajo de la media de la OCDE y del total de la UE (6%), es decir una proporción similar a la de países como Noruega, Eslovenia, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania.

En el rendimiento medio de la resolución colaborativa de problemas, se incluyen tres subcompetencias, en torno a una comprensión mutua, medidas adecuadas para la resolución de problemas y mantener la organización del equipo.

La situación en España respecto a los resultados de inmigrantes y no inmigrantes es similar a la del conjunto de la OCDE, si bien es algo menor la diferencia entre las puntuaciones medias entre los nativos y los inmigrantes de primera y segunda generación.

COOPERACIÓN

Tanto en España como en el conjunto de los países de la OCDE, una gran mayoría de los alumnos participantes (86%) se muestran muy de acuerdo con afirmaciones relacionadas con el «disfrute de la cooperación», y esta tendencia es especialmente acusada entre las chicas.

El sindicato de profesores ANPE señaló en un comunicado que el informe Pisa pone de manifiesto, una vez más, grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Madrid, con 519 puntos, se sitúa a la altura del Reino Unido, y Castilla y León (517) está como Suecia, pero en lo más abajo de la lista se encuentran Canarias y el País Vasco (484), Andalucía (483) y Extremadura (474), que se coloca al nivel de Bogotá (Colombia) y Rusia.

Entre la mejor y la peor autonomía distan 45 puntos, que, en la terminología del Informe PISA, viene a ser el equivalente a más de un curso escolar de distancia, según ANPE.

A juicio de este sindicato de enseñantes, el informe muestra de nuevo, con reiteración, los puntos débiles del sistema educativo español: la necesidad de coherencia y vertebración del sistema, la rigidez de la estructura, un modelo pedagógico que favorece el abandono de los alumnos y una formación profesional que merece ser puesta en valor.

La Confederación de STEs-Intersindical denunció en otro comunicado un «abuso» por parte de las autoridades educativas de las pruebas de evaluación externa al alumnado (PISA, TIMSS, PIRLS, evaluaciones externas en diversas comunidades autónomas), que «pueden provocar la pérdida del peso de las materias y competencias que no se evalúan, así como la infravaloración del carácter integral del currículo, además de que buena parte del tiempo escolar se dedique al entrenamiento para tener éxito en estas pruebas».

Para STEs, en cualquier informe que analiza resultados educativos, el contexto socioeconómico es determinante para sacar conclusiones y hay que tener en cuenta además el contexto de recortes producidos en los últimos años en España.

Fuente noticia: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8761935/11/17/El-sistema-educativo-espanol-entre-los-mas-igualitarios-de-la-ocde.html

Fuente imagen: http://www.servimedia.es/Noticias/Img.ashx?n=751139&i=1879191&w=640

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Cifras aterradoras de abusos a menores en planteles escolares en Ecuador

Ecuador/23 noviembre 2017/Fuente: CNN en Español

En los últimos meses han salido a la luz decenas de casos de abuso sexual a menores en planteles educativos en Ecuador. Y a la gran preocupación que esto genera, se suman las denuncias de impunidad e ineficiencia atribuidas a las autoridades pertinentes, lo que ha colocado contra la pared al Ministerio de Educación de Ecuador.

La ola de denuncias de abuso sexual a menores en varias escuelas de Ecuador es desgarradora. Pero, más preocupante aún, es el bajo número de casos resueltos.

Por ejemplo, según un reporte de 2016 del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en 2013 se registraron “634 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo… Sin embargo, solo 33 casos terminaron en sentencias condenatorias, es decir, menos del 6%”. El documento señala que estas son “cifras que revelan la impunidad en que queda la mayoría de estos casos”.

Según el propio Ministerio de Educación, son al menos 107 los casos archivados desde 2015 por delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Esto sin contar con los más de 900 casos de violencia sexual registrados en centros educativos públicos y privados de Ecuador desde 2014. Según el Ministro de Educación, Fander Falconí, 561 de estos delitos están vinculados al sistema educativo. Esto quiere decir que el 64% de los casos denunciados tienen conexión con los planteles escolares del país.

Tan solo en 2015, 152 posibles casos de delitos sexuales ocurrieron en centros escolares, pero solo 24 fueron denunciados por las autoridades educativas, de acuerdo con el Informe del Comité Técnico del Convenio entre la Fiscalía, Ministerio de Educación y la Judicatura de Ecuador.

Pero, al parecer, el problema de acoso sexual a menores en centros educativos forma parte de un problema aún mayor.

Según un reporte del Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF publicado en 2015, uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años afirma haber sido víctima de acoso escolar.

Son cifras alineadas a un estudio realizado ese mismo año por la organización “Rescate Escolar”, en el Distrito Metropolitano de Quito, que afirma que el 35% de los estudiantes indica haber sido víctima, en al menos una ocasión, de algún maltrato por parte de sus profesores.

La organización además señala “que las instituciones educativas, en especial los colegios privados, se han afanado más en silenciar el padecimiento de las víctimas que en brindarles a ellos y sus familias, la protección eficaz a la que tienen derecho, actuando como pésimos agentes de protección, tomando partido a favor de los presuntos agresores e incluso minimizando, rehuyendo y hasta ocultando estos hechos”.

En respuesta, el Ministerio de Educación ha impulsado el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, que establece protocolos frente a situaciones de violencia detectados o cometidos en planteles educativos. También, se unió a la campaña de UNICEF en Ecuador, #AhoraQueLoVes #DiNoMás.

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/22/cifras-aterradoras-de-abusos-a-menores-en-planteles-escolares-en-ecuador/

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Las “vergonzosas” condiciones de las escuelas alemanas

Alemania/23 noviembre 2017/Fuente: Público

  • El Bundestag rechaza en una vicepresidencia al ultraderechista que quiere suprimir la libertad religiosa de los musulmanes
  • No, Alemania no es tan ecologista como te habían contado
  • El Tribunal Constitucional alemán pide que se reconozca legalmente un tercer género
  • Registrada la primera adopción por padres homosexuales en Alemania

«Ratas en las tuberías, goteras, una falta de higiene intolerable en los lavabos, aislamientos térmicos de mala calidad». Estas son solo algunas de las penosas condiciones que los alumnos de numerosas escuelas alemanas se encuentran cada día al ir a clase, según un informe publicado por la Asociación de Profesores Alemanes (Deutsche Lehrerverband).

El presidente de la organización, Heinz-Peter Meidinger, ha pedido al próximo Gobierno federal que invierta hasta 10.000 millones de euros durante los próximos cuatro años para poner fin a lo que considera una “vergüenza” para Alemania.

“Hay algunos Estados federados y muchas ciudades y municipalidades que están muy endeudados, y que, por lo tanto invierten muy poco en las escuelas”, explica a Público Meidinger. “Entre estos se encuentran las ciudades-Estado de Berlín y Bremen, pero también muchas localidades de Renania del Norte-Westfalia, así como partes de los nuevos Estados federados (los que conformaban la antigua Alemania soviética).

En el 2016, Alemania alcanzó el mayor superávit fiscal de los últimos 27 años, es decir, el mayor desde la reunificación de República Federal y de la Democrática. Tras la recaudación de impuestos y los gastos de todo el 2016, la hucha germana se llenó con 23.700 millones de euros, lo que supone un 0,8% de su PIB.

Pero a pesar de ese dinero ahorrado, y a pesar de que los dos años anteriores también se cerraron con superávit, muchas escuelas alemanas continúan en un estado deplorable. Junto a los centros escolares, la red de carreteras es la otra infraestructura pública que más sufre ante la falta de inversión pública.

Hay escuelas en las que los ordenadores se tienen que envolver con plásticos para evitar que se mojen por las goteras y los alumnos pasan frío en invierno

La remodelación de las escuelas, en Alemania, es competencia de las municipalidades, aunque estas pueden recurrir también a sus respectivos Estados federados para encontrar financiación en el caso de que las arcas locales estén vacías. “El problema llega cuando tanto la comunidad como el Estado tienen poco dinero porque, entonces, se dejan de lado las renovaciones de las escuelas”, añade Meidinger.

Aunque la situación cambia de una comunidad a otra, es en estas zonas concretas donde se concentran las “escuelas en ruinas”, como se conocen en Alemania a los centros escolares de peor calidad. Mientras que en regiones pudientes como Baviera las escuelas están perfectamente equipadas, en otras, como en la capital Berlín, hay escuelas en las que los alumnos pasan frío en invierno y en las que los ordenadores se tienen que envolver con plásticos para evitar que se mojen por las goteras.

Meidinger da un ejemplo concreto: “La comunidad del rico barrio de Grünwald, en las afueras de Múnich, puede permitirse la construcción de una escuela por unos 65 millones de euros, es decir, tres veces más presupuesto de lo que se utiliza para un ‘colegio normal’”. Por eso, señala el representante de la organización con 160.000 maestros, es necesario “un gran programa de reformas, para poder equilibrar estas diferencias”.

Más alumnos a la escuela privada

“En mi colegio se tiene que cambiar el techo, y se está valorando si no vale más la pena construir un edificio nuevo”, explica a través del teléfono un profesor de una escuela de Brandemburgo. Al estar inmersos en este momento en la polémica por el asunto, el docente prefiere no dar su nombre. “El problema es que, debido a las malas condiciones, muchos alumnos se están yendo a la escuela privada y entonces el Gobierno no quiere dar el dinero porque no hay tantos estudiantes como para que merezca la pena construir un edificio nuevo”.

Este profesor lo sabe de primera mano, pues él ha preferido no matricular a su hijo en un centro público. “Otro problema es la falta de profesores. Las escuelas públicas tienen muy pocos profesores. De algunas asignaturas, como matemáticas o física, apenas hay maestros, y si alguno se pone enfermo es muy complicado organizarnos para poder cubrir la baja”.

Escuela primaria en Berlín. /REUTERS

Escuela primaria en Berlín. /REUTERS

Y todo apunta a que esta escasez va a ser cada vez más aguda, pues un reciente estudio de la fundación Bertelsmann predice un aumento notable del número de alumnos en Alemania, consecuencia de la llegada de refugiados e inmigrantes durante los últimos años. Esta estimación va en contra de lo proyectado por el Gobierno en 2013, cuando se pensaba que para entonces la población escolar descendería. El estudio concluye que las escuelas alemanas no están preparadas para ese futuro.

Mientras tanto, el profesor de Brandemburgo ha tenido suerte. La suya no es una de esas “escuelas en ruinas”. Y sin embargo, según cuenta, lleva unos 30 años, desde que se construyó en la década de los 80, sin haber sido renovada. Además, debido al material original utilizado, no se puede instalar wifi en todo el edificio y la digitalización en las aulas brilla por su ausencia. “No tengo ningún equipamiento moderno. Ni proyectores, ni aparatos digitales… Solo una pizarra normal y corriente, como en los años 80, que por mí está bien, no hay problema, pero los alumnos no lo ven igual”.

 

Fuente: http://www.publico.es/internacional/educacion-alemania-vergonzosas-condiciones-escuelas-alemanas.html

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El Ministerio de Educación reclama a 121.000 estudiantes de postobligatoria el dinero de sus becas

Por: Saray Marqués

Hasta el curso 2011-2012 no es que los estudiantes de postobligatoria y universidad que hubieran disfrutado de una beca estuvieran libres de tener que devolverla. Podía ocurrir, y ocurría, si se consideraba que no se había destinado para la finalidad para la que había sido concedida. Como ahora. Y el susto les podía llegar hasta cuatro años después, el plazo del que se dispone para iniciar el procedimiento.

Sin embargo, los criterios para fijar ese desajuste respecto al fin último de la beca cambiaban hace ahora cinco cursos. Si hasta entonces habían sido abandonar los estudios o anular la matrícula, no acudir a la mitad de las horas lectivas (en postobligatoria) o no presentarse al examen de, como mínimo, un tercio de los créditos matriculados (en universitaria), pasaron a ser no superar la mitad de esos créditos (en ambas) o no superar al menos a un 80% de horas lectivas (en postobligatoria). Ya no bastaba con presentarse, había que aprobar.

A muchos les pilló por sorpresa y los expedientes de reintegro aumentaron de 8.025 en el curso 2011-2012 a 18.968 en el siguiente en universitaria -de 6.099 a 20.206 en postobligatoria-. Eso, en la media que maneja el Ministerio, porque en determinadas universidades, como la de Salamanca, se multiplicaron por 10: de 27 afectados se pasó a 278.

Desde entonces, en cuatro cursos se han abierto 121.669 expedientes de reintegro, en postobligatoria y universitaria, de los que, a fecha de 30 de octubre, 66.631 estaban, en lenguaje administrativo, “concluidos por pago”, esto es, se habían devuelto.

Estos datos proceden de una respuesta en el Congreso al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que ha alertado reiteradamente de que la reforma del PP del sistema de becas “está expulsando del sistema a miles de estudiantes”.

Entre esta aseveración y una de las favoritas del ministro Íñigo Méndez de Vigo, que sostiene que el objetivo es “que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos” va un trecho.

También ante una pregunta de Heredia, desde el Ministerio se ha respondido que “no se tiene constancia de que ningún estudiante haya tenido que abandonar sus estudios por haber tenido que proceder a la devolución del importe de la beca recibida”, pero lo cierto es que la mayor caída de estudiantes en las universidades públicas coincide con el nuevo sistema de becas, del que los requisitos de devolución eran solo un adelanto: entre el 2011-12 y el 2013-14 perdían 45.241 alumnos, un 3,3% del total, rompiendo así la tendencia ascendente hasta ese momento.

Malas rachas que salen caras

Desde el curso 2011-12 algunas cosas han cambiado, y el Ministerio, que suele recordar que no hay afán recaudatorio en las devoluciones, ya que el dinero recuperado pasa al presupuesto de becas del curso siguiente, ha sido receptivo a ciertas sugerencias de las universidades.

Por ejemplo, en el curso 2014-2015 se rebajaba el porcentaje de créditos que se tenían que superar al 40% en las carreras de Ciencias y Enseñanzas Técnicas. También fruto de estas sugerencias se ha introducido el pago fraccionado y la posibilidad de aplazamiento gracias a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda de 2015, pero otras propuestas no han sido escuchadas.

La fundamental es la eliminación de la exigencia de devolver la beca por no superar el porcentaje determinado de créditos a los alumnos que continúen sus estudios universitarios el siguiente curso: “Se ha pasado de unos criterios demasiado laxos a otros demasiado rígidos. Se dice que se revoca porque el estudiante no usó el dinero para ese fin, pero no está claro: ¿Y si estudió y no tuvo éxito? Para estos alumnos ya hay penalización, pues no tendrán beca al curso siguiente. Si, además, la han de devolver se introduce una doble penalización”, razona Cristina Pita, coordinadora de becas en la RUNAE (la red de asuntos estudiantiles de la CRUE), que considera que “debe existir un control, tampoco se puede permitir que disfrute de una beca alguien que no tiene intención de estudiar, pero sin romper el principio de igualdad de oportunidades, pues a un alumno con un determinado nivel de renta no se le está penalizando, puede cambiar de estudios tantas veces como quiera, apruebe lo que apruebe”.

Pita señala que cuentan con el compromiso del Ministerio de analizar las 16 sugerencias que las universidades le plantean de cara al curso que viene. Entre ellas, siguen reclamando que se rebajen los requisitos académicos exigidos. Para alumnos de nuevo ingreso, un 5 (y no un 5,5) debería bastar para obtener la beca de matrícula y un 6, para el resto de ayudas y, del mismo modo, a partir de 2º y en los casos de máster, reclaman reducir las notas medias al menos en 0,5 puntos. En el caso de las revocaciones piden además que sea el Ministerio de Educación, y no las universidades, quien se encargue de la tramitación de los expedientes: “La colaboración debería limitarse a facilitar la información académica requerida”.

Una combinación perversa

Carles López, presidente de CANAE, considera que se trata de “una distorsión más fruto de mezclar el nivel socioeconómico y el rendimiento académico”. “Si no alcanzas un determinado rendimiento se te pide la devolución e incluso si estás en el umbral 1, lo que equivale a riesgo de pobreza, la has de devolver, con lo cual la recibes por motivos económicos pero te quedas fuera por motivos académicos”, subraya López, cuya organización es partidaria de una convocatoria específica en que se premie el esfuerzo académico, pero al margen de la renta, “porque si tu renta es baja lo normal es que tengas que compatibilizar los estudios con el trabajo, y esto puede conllevar no alcanzar esos requisitos”.

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En la misma línea, desde la FeSP-UGT se subraya que “un estudiante al que se le pide un cierto rendimiento académico ha de poder dedicarse exclusivamente al estudio; si a estudiantes del umbral 1 no se les beca como mínimo con el salario mínimo interprofesional tendrán que trabajar para el sostenimiento de la unidad familiar”.

Y desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, su presidenta, Carmen Romero, incide en esta idea: “La universidad pública española es muy cara, y es muy complicado mantener la vida universitaria y compaginarla con tener que trabajar o que ayudar en casa, y, desde luego, los requisitos de devolución se lo ponen aun más difícil a quien está en esa situación, dado que el sistema de evaluación continua no te permite faltar. Es poner palos en las ruedas a gente joven con condiciones vitales bastante precarias, que puede acabar endeudada, es lanzar el mensaje de que la universidad es para aquellos que se lo pueden permitir”. Para estos alumnos una de las pocas salidas hoy es recurrir a la UNED u obtener una matrícula parcial (y recibir el porcentaje correspondiente de beca).

Becas insuficientes

Aunque el presupuesto para becas se viene incrementando, España dedica a esta partida un 0,11% del PIB, frente al 0,33% de la media europea, critica Carles López, de CANAE. Los becarios son más pero las cuantías caen: la media por estudiante bajó un 20% entre los cursos 2012-13 y 2014-15, según la CRUE, al tiempo que los destinatarios se incrementaron un 27,3%; en ese mismo periodo se multiplicó por tres el número de estudiantes que solo percibían la ayuda de matrícula.

Solo un mayor presupuesto para becas propias de las universidades (en el curso 2014 invirtieron 132 millones de euros, frente a los 807 del Ministerio) ejerció cierto efecto balsámico. Con sus ayudas “repescan”, en parte, a los que se quedan fuera, por poco, de las becas del Ministerio, revisando a la baja algunos de sus criterios, o completan determinadas ayudas que se quedan cortas: los 4.100 euros previos a la reforma del sistema de becas se habían transformado en 3.500 con el nuevo modelo.

En lo que respecta a las revocaciones, tras el boom del primer año con los nuevos requisitos se van estabilizando. Los datos del Ministerio recogen 4.443 expedientes abiertos (cifras provisionales) en universitarios en el curso 2016-17, y 8.701 en no universitarios. En el caso de la Universidad de Salamanca, en el curso 2015-16 fueron 133, poco más de la mitad que el año del cambio: “Se da un cierto efecto aprendizaje”, señala Pita. De las 133, en nueve casos se presentaron alegaciones, siete de las cuales fueron aceptadas por el Ministerio.

Un jurado de selección de becarios se reúne dos veces al año para decidir qué alegaciones se presentan. Lo componen médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores y técnicos del servicio de becas… Su labor de filtrado es minuciosa. Se quedan con las alegaciones (por cuestiones de salud física o mental, por trastornos de la alimentación, por violencia de género en la familia…) mejor justificadas y documentadas. Son estos jurados los que saben que detrás del impersonal “no ha destinado la beca para la finalidad para la que le fue concedida” hay circunstancias personales delicadas en las que una notificación de devolución de un dinero que ya se ha gastado es más traumática aun.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/11/23/el-ministerio-de-educacion-reclama-121-000-estudiantes-de-postobligatoria-el-dinero-de-sus-becas/

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Chile: Autoridades presentaron la nueva ley de Educación Pública

Chile/23 noviembre 2017/Fuente: Diario Concepción

La normativa incluye la creación de dos órganos consultivos: Comités Directivos Locales y Consejos Locales de Educación.

Recuperar la responsabilidad por parte del Estado en materias de Educación Pública, es el objetivo de la nueva ley promulgada el 16 de noviembre, y que ayer fue presentada a los dirigentes educacionales, estudiantes, miembros del Consejo Local de Liceos y a la comunidad en general, en el acto precedido por el intendente Rodrigo Díaz y el seremi de la cartera, Sergio Camus, en el colegio Juan Gregorio Las Heras en Concepción.

“Esta nueva Educación Pública apunta a una transformación relevante para asegurar a los jóvenes que van a salir de los Jardines Infantiles y Salas Cunas, poder encontrar una opción donde se gestionará la calidad y, con ello, tener una patria más justa e inclusiva para todos”, recalcó el intendente Rodrigo Díaz.

Esto porque la principal critica al sistema educativo es que al estar en manos de las municipalidades, los establecimientos dependían de la cantidad de recursos económicos con los que cada administración comunal contaba. Esa realidad incrementaba la brecha en la desigualdad y, a la vez, de oportunidades entre uno u otro colegio.

Durante el acto, el seremi de Educación, Sergio Camus, afirmó que la medida va en la línea de erradicar el concepto que miraba a la educación como un bien de mercado para convertirlo en un “motor de crecimiento”.

Servicios locales de Educación

La nueva ley trae consigo la creación de 70 servicios locales de Educación. En el caso de la Región, el primero será el instalado en Andalién Sur, que agrupa a los establecimientos de Concepción, Chiguayante, Hualqui y Florida y que se espera esté habilitado en 2019.

Estos tienen por finalidad, según contó el seremi, garantizar un aprendizaje de calidad en los estudiantes de dichas comunas.

Además, se crearán dos órganos consultivos: Comités Directivos Locales y el de Consejos Locales de Educación. El primero, lo conformarán representantes de los alcaldes, de padres y apoderados y del Gobierno Regional, quienes tendrán una mirada estratégica y de vinculación del servicio local con los desafíos del desarrollo de los territorios.

El segundo, por su parte, y que estará integrado por estudiantes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y representantes de las universidades locales, quienes “representarán los intereses de la comunidad educativa y velarán por el correcto desarrollo de los planes de estudios y las mejoras de cada uno de los establecimientos educacionales”, contó Camus.

Fuente: https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/11/23/autoridades-presentaron-la-nueva-ley-de-educacion-publica.html

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España: Pacto Educativo reconocerá la red pública como garante de derecho a educación

España/23 noviembre 2017/Fuente: La Vanguardia

La Subcomisión que trabaja en el Congreso por el Pacto Social y Político por la Educación ha acordado hoy que en el documento de consenso, al que intentan llegar los grupos parlamentarios, se reconozca que la red de centros públicos es la «garante del derecho a la educación».

Lo han asegurado a Efe fuentes cercanas a la citada Subcomisión, que han explicado que en la sesión de hoy -las reuniones se celebran en la Cámara baja a puerta cerrada tras terminar las comparecencias de expertos- se ha hablado de las redes de centros: la pública, la concertada y la privada.

Aunque ha habido cierta «polémica» en el debate de este apartado del pacto, finalmente los grupos han aceptado la propuesta especialmente defendida desde PSOE y Podemos en cuanto a que quede claro que la red pública es la «garante» del derecho educativo.

Frente a otros argumentos a favor de la libertad de las familias para elegir el tipo de centro que quieren para sus hijos, se ha recalcado que las familias también deben tener el derecho de elegir la educación pública, han señalado las mismas fuentes.

Además, se ha hablado de regular los centros concertados y supervisar que cumplen el ideario constitucional.

Desde el pasado día 13 de noviembre, la Subcomisión de Educación del Congreso está estudiando los catorce puntos acordados previamente como guión para alcanzar un documento de consenso para el pacto educativo.

En el citado guión aparecen, además del tema de las redes, la financiación del sistema educativo, las evaluaciones o la enseñanza de Religión.

Los grupos parlamentarios intentan llegar a un consenso sobre cada punto antes de abril, cuando se cumple el plazo dado por el Congreso a la Subcomisión tras una prórroga de seis meses más.

Fuente noticia: http://www.lavanguardia.com/politica/20171121/433058079334/pacto-educativo-reconocera-la-red-publica-como-garante-de-derecho-a-educacion.html

Fuente imagen: http://www.lavanguardia.com/rf/image_small/GODO/LV/p4/WebSite/2017/11/20/Recortada/img_fgomez_20161227-135239_imagenes_lv_propias_fgomez__l2o8210-khPD-U433046353124z7-992×558@LaVanguardia-Web.jpg

 

 

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Costa Rica: MEP deja perder dinero destinado a construir escuelas

Costa Rica/23 noviembre 2017/Fuente: La Nación

Casi ¢1.000 millones del préstamo se utilizaron para pagar castigo por atraso en ejecución de obras.

El MEP utilizó casi ¢1.000 millones, destinados a la construcción de nuevas escuelas y colegios, para pagar los castigos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le impuso por no ejecutar a tiempo el fideicomiso, un fondo de $167,5 millones, aportados por el propio organismo financiero para levantar 80 centros educativos y 23 canchas techadas.

El efecto de esta situación es doble. Además de que las obras no se levantan, el dinero disponible para hacerlas se usa para atender dichas sanciones causadas por atrasos de las partes que forman parte del proyecto del fideicomiso.

«El pago de dichas comisiones se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura», CGR

El fideicomiso lo administra el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mientras que el MEP figura como la Unidad Supervisora del proyecto. A causa de que la ejecución de obras no caminaba, el BID le pidió al Nacional cancelar ¢984 millones por atrasos de los montos que no se han podido desembolsar y que permanecen en el fideicomiso. Este castigo está previsto en el contrato de fideicomiso.

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este martes la situación en el informe DFOE-S OC-IF-13-2017.

«El pago de dichas comisiones se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura. Acorde con ello existe un atraso de dos años para poder ejecutar las transferencias que el BID realizó en el período 2014-2016», indicó el ente contralor.

Según detalló, entre el costo de los atrasos en los desembolsos (¢984 millones) y ¢350 millones de gastos propios de la gestión fiduciaria, se han pagado ¢1.334 millones.

«Ese monto equivale aproximadamente a la construcción de cuatro centros educativos completos», estimó la CGR.

Fuente: http://www.nacion.com/el-pais/educacion/mep-deja-perder-dinero-destinado-a-construir/ZP4CYL3TLBHCTLN2YB435HRIRM/story/

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