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“Parte de la deserción escolar en Colombia se da en séptimo grado”, Mónica Ospina

Por: www.elespectador.com

El año pasado el sector educativo fue uno de los más afectados por la pandemia. Para saber qué tanto se perjudicó el proceso de aprendizaje es vital medirnos y esa es una tarea del ICFES. En sus más recientes resultados muestran una disminución en el puntaje de los estudiantes de calendario A. Entrevista con su directora.

La educación es uno de los sectores que más se ha visto afectado por la pandemia. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Educación autorizó que en 2022 todos los planteles educativos regresaran a la presencialidad; es decir, durante dos años los colegios estuvieron cerrados, generando algunos déficits en el proceso de aprendizaje. Para identificar algunas de esas falencias, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) ha adelantado una serie de estrategias. Una de ellas es retomar las pruebas Saber en el grado séptimo, pues según Mónica Ospina, directora del instituto, “había un espacio muy grande entre quinto y noveno y olvidamos que del paso del grado séptimo a octavo hay muchas condiciones que cambian en el ciclo escolar”. (Le puede interesar: En educación hay una obligación urgente)

En entrevista, Ospina cuenta otros de los cambios que surgieron en el ICFES a raíz de la pandemia, como los cuestionarios auxiliares, que son de habilidades socioemocionales y se centran en el contexto de aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia. “Incluyen una lectura del contexto de los estudiantes. Se hacen entrevistas a los docentes, rectores y padres de familia”. En cuanto a los resultados de las pruebas Saber 11 de 2021, señaló que se observó una disminución en el puntaje global de dos puntos para el calendario A, “es una reducción leve, no es muy significativa. Y las áreas en las que estamos encontrando esta disminución son matemáticas y ciencias sociales”, señaló.

¿En qué se han enfocado como institución en este tiempo de emergencia sanitaria?

Las pruebas de Estado tienen un rol muy importante en este momento por la urgencia que se tiene de poder cerrar esas brechas de aprendizaje en torno a la presencialidad. Tenemos la prioridad de poder identificar cuáles son esos aprendizajes o cuáles son los estudiantes que se han podido ver afectados en todo su ciclo educativo ligado a la pandemia. En eso el ICFES, en conjunto con el Ministerio, ha venido creando programas y actuando de manera conjunta para poder responder a eso.

¿Cuáles son esas medidas que se han implementado para cerrar las brechas?

Este año se retoman las pruebas Saber en séptimo grado que no se realizaban desde 2017. Se retoman además de manera electrónica, así como se había contemplado en el piloto que se hizo en 2019. (Puede leer: El regreso a los colegios es un hecho: no habrá más restricciones de aforo)

Desde hace diez años no se hacía esta prueba, ¿por qué es importante retomarla?

Esta prueba busca identificar cada uno de los niveles de educación y cuáles son esos déficits. Había un espacio muy grande entre quinto y noveno y olvidamos que del paso del grado séptimo a octavo hay muchas condiciones que cambian en el ciclo escolar. De hecho, parte de la deserción escolar se da mucho en séptimo grado, entonces es fundamental entender qué es lo que pasa en ese paso para los estudiantes.

¿En qué consisten los otros cambios que ha tenido el instituto por la pandemia?

Nos hemos centrado en medir las capacidades de la población con discapacidad. Esto implicó que fuéramos a muchas regiones del país. A pesar de que no se mide a todos los estudiantes, sí se mide toda la representatividad en términos de colegios por tamaño que tenemos a lo largo del país. Esta es una información muy importante que entregaremos al país el próximo año. También continuamos con el programa “Evaluar para avanzar”, que se caracteriza por ser una evaluación diagnóstica en la que todo el control lo tiene el docente. Nosotros desde el ICFES le abrimos al docente toda la información que requiere para construir y diseñar esa prueba y le damos toda la información para que pueda hacer un análisis en términos de competencias y aprendizajes. El objetivo es dar una valoración de aprendizajes que le dice a un docente cuáles son las competencias que puedan encontrarse más rezagadas con respecto a lo que espera para cada uno de los grados. Va desde tercero hasta 11. (Puede leer: Motete: cinco años cambiando la forma de leer en el Chocó)

Uno de ellos es en las pruebas Saber 11…

Sí. Primero hay que entender que los contextos de los estudiantes son muy diferentes en nuestro país y los puntajes deben ser leídos bajo este. Entonces en Saber 11, que es nuestra prueba insignia y la que es más conocida para toda la población, hemos empleado una caja de herramientas que les damos gratuitamente a todos los estudiantes para familiarizarse con la prueba. Esa innovación surge de escuchar en las mesas a los ciudadanos y en poder ofrecer lo que los estudiantes necesitan. Es importante que entiendan que el examen no es un requisito por capricho del Gobierno o de las universidades, sino que realmente es una herramienta muy poderosa para el estudiante, las instituciones de educación superior y el sector con el objetivo de poder focalizar recursos.

La pandemia mostró la importancia de la salud mental. ¿Qué estrategias adelanta al ICFES para protegerla?

Hubo unos cuestionarios auxiliares que son de habilidades socioemocionales y de su contexto de aprendizaje durante la pandemia. Las pruebas incluyen además una lectura del contexto de los estudiantes, porque se hacen entrevistas a los docentes, rectores y padres de familia. Es una evaluación controlada y estandarizada que sí va a dar unos puntajes, pero que tiene un propósito de entender todo el contexto de aprendizaje. Eso se planeó desde 2019 y logramos hacerla este año. Hay una continuidad de ese estudio para el otro año, porque les hacemos un seguimiento a los niños evaluados este año y van a tener un seguimiento durante los próximos ocho años. Esta es una apuesta muy importante de poder entender cuáles son esas condiciones de aprendizaje que están teniendo nuestros niños hoy.

Uno de los retos que tuvieron a la hora de presentar el examen era la conexión a la plataforma. ¿Cómo ajustaron esas fallas?

Todos los estudiantes que tuvieron el problema durante el 26 de octubre fue una caída del sistema de veinte minutos. Los estudiantes que perdieron la conectividad fueron reprogramados y lograron presentar la prueba el 7 de noviembre. Fueron poco menos de 10.000 estudiantes. Fue un hecho que se analizó con detalle y se refuerza para que no vuelva a ocurrir en otra presentación de la prueba.

¿Han pensado institucionalizar el examen del ICFES para que sea virtual o solo será por la emergencia sanitaria?

Nosotros tenemos pruebas de manera virtual y otras que se hacen en papel y lápiz. Todas las pruebas son diferentes y se hacen de acuerdo con las necesidades de población que las presenta. Sin embargo, el ICFES sí está en una transición: habrá pruebas electrónicas que está más acelerada de lo que se esperaba. En nuestro plan estratégico estaba realizar el 5 % de sus pruebas electrónicas para 2023. Pero, a partir del año pasado, que logramos hacer las pruebas TyT y Saber Pro de manera electrónica, logramos más del 40 % de las pruebas de manera electrónica. Instituciones como Pisa, por ejemplo, se han demorado entre cuatro y seis años en hacer esa transición a pruebas electrónicas. Hacerlo implica hacer análisis en términos de que se garantice la comparabilidad de la prueba.

¿Todas las pruebas son aptas para presentarse de manera virtual?

No. Hay pruebas, como la Saber 11, que son muy difíciles de hacer de manera electrónica, por la cantidad de estudiantes que se evalúan. Nosotros podemos tener en calendario A aproximadamente 600.000 estudiantes, por ejemplo. El próximo año volvemos a tenerla como siempre la hemos tenido, en un solo día. Este año la hicimos en dos días, el año pasado la tuvimos que extender a tres días, por todo el tema de distanciamiento, porque ni siquiera los sitios nos daban la capacidad para poder hacerla en un solo día. En las pruebas que hemos podido, como la de tercero, séptimo y noveno, empezamos línea base para que se pueda realizar de manera electrónica, un proceso similar al que se adelanta con la prueba Saber Pro TyT. Una muy buena noticia para los estudiantes de Saber Pro es que a partir del próximo año se va a poder presentar dos veces al año. Una se hará finalizando a mayo y otra finalizando octubre.

Lograron sacar las pruebas en tiempo récord en medio de la emergencia sanitaria, ¿qué lecciones le deja?

Muchas, de hecho, en este momento asesoramos al Gobierno de República Dominicana y hemos hablado con Guatemala, México y Ecuador, que quieren entrar en el proceso de transición y nos consultan. Somos uno de los países en los que hemos podido hacer pruebas de Estado a gran escala. Tenemos dos modalidades: la que es en sitio, que es totalmente controlada, pero también están las pruebas que hacemos en casa. El reto es aprovechar la tecnología para tener un mayor número de preguntas. En un computador se pueden hacer preguntas interactivas. Este año montamos un laboratorio de evaluación, encargado de hacer esa transición, que no es hacer una prueba en un computador, sino aprovechar la tecnología para hacer mejores evaluaciones y evaluar otras competencias. Por ejemplo, Pisa evaluará el otro año pensamiento creativo, un modelo innovador que solo se puede realizar de manera electrónica. Nosotros participamos activamente en la construcción de ese módulo y en su implementación. En el ICFES queremos llegar, en el corto plazo, a medir este tipo de competencias, muy importantes para el mercado laboral y el desarrollo de los estudiantes.

Uno de los retos es garantizar que el examen llegue a todos los estudiantes. ¿Cómo lo lograron este año de pandemia si hay aún muchas zonas rurales a donde no llega el internet y los estudiantes deben realizar largos desplazamientos para poder presentar la prueba?

Los retos vienen desde todos los aspectos, desde la misma construcción de preguntas, como lo pones en una plataforma y todo el proceso de operación cambia. El mismo proceso de instrucción requiere que conozcamos si lo va a hacer en casa, en otro sitio, si tiene condiciones técnicas. Hemos encontrado que aproximadamente el 80 % de los estudiantes tienen equipo y conectividad para hacer una prueba en línea que es demandante. A los que no tienen conexión, nosotros tenemos ítems de aplicación, disponemos de internet, llevamos equipos y router para que los estudiantes puedan presentar la prueba. El reto para tercero, quinto, séptimo y noveno fue gigante, porque hay colegios de solo veinte estudiantes que no tienen ni siquiera equipos. En algunos sitios no logramos conectividad, entonces instalamos un software que permitía hacer la prueba. Luego hacemos un proceso de sincronización. Para estas pruebas hicimos el 60 % con conectividad con los colegios y tuvimos que mover algunos equipos para tener mayor cobertura, porque no había equipos en los colegios para todos los estudiantes y más o menos el 10 % lo tuvo que hacer en papel, porque muchos no tenían energía eléctrica o estaban desconectados. Siempre esas pruebas están acompañadas de un equipo logístico que ha enfrentado estos retos.

Otro de los retos fue el plagio, ¿cómo lograron controlarlo?

Tenemos personas que están vigilando y el software de evaluación que tiene el ICFES consiste en que una vez entras a la evaluación no te permite moverte a ninguna otra página ni abrir otro programa dentro del computador. Para los que están en casa se tiene un sistema de inteligencia artificial que crea unas alertas en tiempo real de si está utilizando el celular o algún otro dispositivo, audífonos, si tiene su cara tapada y no se pueden ver los ojos o la boca, si hay otra persona acompañando, si la persona está ausente o si sale de pantalla sin haber solicitado algún permiso. El sistema también identifica problemas que puede tener el estudiante. Podemos saber si se salió de la prueba porque se le cayó la energía, porque perdió conectividad o por alguna acción que tomó el estudiante.

¿Ya hicieron un análisis de los resultados? ¿Conocen las diferencias en el desempeño académico en comparación con años anteriores o cuáles son las regiones que obtuvieron peor puntaje?

Lo que nosotros estamos observando en los resultados, que salieron recientemente, es la clasificación de planteles. Vemos una disminución en el puntaje global de dos puntos para el calendario A, que es una reducción leve, no es muy significativa. Sobre cuáles son las áreas en las que estamos encontrando esta disminución se da en matemáticas y en ciencias sociales. En lectura crítica se ha mantenido constante y en inglés tuvo un leve aumento. Ahí parte del análisis que se hace desde el ICFES es que todavía no estamos observando unos comportamientos diferentes en términos de aprendizaje, dados estos dos años de pandemia y de no presencialidad. En parte esto se explica porque lo que nosotros medimos en la prueba Saber 11 son competencias que se adquieren a lo largo de la vida, no conocimientos específicos. Nosotros esperamos, y por eso es tan importante para poder entender esas pérdidas de aprendizaje, darles muchísimo foco también a los otros niveles de educación con “Evaluar para avanzar” y con Saber tercero, quinto, séptimo y noveno, y es ahí es donde esperamos ver cambios significativos y donde se deben tomar acciones. Seguramente en Saber 11 también se verán, pero no todavía.

Tras casi dos años de pandemia en donde la educación fue uno de los principales sectores afectados, ¿a qué le apuestan?

En conjunto, como instituto, a lo que le estamos apostando es a mirar a todos los sitios y niveles de educación en conjunto y ver dónde es que tenemos que generar esas mayores prioridades, dándole continuidad a esa prueba Saber 11, que es supremamente importante para poder acceder a educación superior y que además les está dando muchísima información a las universidades. Hemos trabajado muy articuladamente con el Icetex y el Ministerio en todo el proceso de matrícula cero.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/educacion/parte-de-la-desercion-escolar-en-colombia-se-da-en-septimo-grado-monica-ospina/

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República Dominicana: Fuerza del Pueblo aboga por posposición apertura año escolar

América Central/República Dominicana/07-01-2022/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Recomienda actuar con prudencia ante nueva ola de contagios.

La secretaria educación de la Fuerza del Pueblo, Josefina Pimentel, dijo este miércoles que sería conveniente que el gobierno valore posponer el inicio de las clases al menos por una semana.

Debido al incremento de contagios por COVID-19 y otras enfermedades virales en los últimos días, Pimentel dijo: «Sería conveniente valorar la posibilidad de posponer, al menos por una semana, hasta el 17 de enero, la reapertura de las clases de este segundo período académico del presente año escolar; y a partir del comportamiento de la epidemia, ponderar la posible implementación de una modalidad híbrida de enseñanza, hasta tanto descienda el nivel de contagio y peligrosidad de la misma».

Continuó diciendo que, «El momento exige dar un seguimiento permanente al curso de esta situación sanitaria y evaluar junto a las autoridades de Salud Pública y los miembros de la comunidad educativa, las medidas a tomar para asegurar la preservación de la salud de los docentes, del personal técnico administrativo y de los estudiantes».

Con esta afirmación la extitular del Ministerio de Educación recomendó crear un espacio de coordinación conjunto con carácter orientador, supervisor y regulador de las diferentes alternativas y modalidades que se puedan implementar.

La sugerencia de Pimentel es que en este equipo se integre a los Ministerios de Educación y Salud Pública, colegios privados, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), y a representantes de distintas instituciones que trabajan por la niñez y la juventud. «El derecho a una educación de calidad y a la preservación de la salud y de la vida en condiciones dignas y seguras, debe ser garantizado», resaltó.

La educadora explicó que ante nuevas evidencias de desbordamiento de los casos de COVID-19 en muchas partes de la geografía nacional e internacional, se hace necesario mantener niveles de seguimiento coordinados intersectorialmente y de actuaciones, en el marco de la prudencia, para situarnos en un nivel mínimo de contagios y expansión del virus y sus respectivas variantes.

La experimentada docente dijo además que, «La reapertura de las clases, tanto a nivel preuniversitario como universitario, concluido este período de vacaciones navideñas, nos plantea nuevos retos organizativos y estratégicos, en el orden de la prevención, a nivel institucional y familiar».

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/politica/fuerza-del-pueblo-aboga-por-posposicion-apertura-ano-escolar-9020912.html

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Libro(PDF): Pensamiento crítico latinoamericano sobre el desarrollo

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

El libro critica el modelo de desarrollo hegemónico, el extractivismo y la degradación ambiental que lo caracterizan, así como la idea de reducir la inclusión social al acceso a los bienes de consumo individual. Para ello, los distintos capítulos abordan cuestiones fundamentales como los debates sobre economía, comercio internacional y desarrollo; los imaginarios sobre el desarrollo en América Latina; discusiones sobre el medio ambiente en la región y sus contribuciones para repensar nuestro actual modelo de producción y consumo, y los vínculos entre migración y desarrollo; así como entre feminismos, género y desarrollo, con énfasis en las relaciones Sur-Sur. Otros temas también analizados en el libro son las propuestas descoloniales y de posdesarrollo ampliamente debatidas en la región y los aportes latinoamericanos desde campos como la educación y la comunicación para pensar alternativas al modelo de desarrollo actual. Finalmente, en el contexto de la pandemia Covid-19, el capítulo sobre salud y desarrollo también destaca los debates regionales sobre el tema y la necesidad de fortalecer la cooperación regional y la soberanía en salud.

Autora:

Tahina Ojeda Medina. María del Carmen Villarreal Villamar. [Editores] Manuela D’Ávila. [Presentación] Tahina Ojeda Medina. María del Carmen Villarreal Villamar. Breno Bringel. Enara Echart Muñoz. Teresa M. Spyer Dulci. Eduardo Paz Rada. Karina Andrea Bidaseca. Gregorio Vidal. Maribel Aponte García. René Ramírez G .. Alexandra Agudelo. Alejandra Boni. Raúl Delgado Wise. Gonzalo Basile. Javier Surasky. [Autoras y Autores del capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. IUDC-UCM. FAPERJ.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina.

ISBN: 978-987-813-068-2

Idioma: Portugués

Descarga: Pensamiento crítico latinoamericano sobre el desarrollo

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2427&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1598

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Perú: La deuda social con el magisterio: 30 años de incumplimiento del Estado

América del Sur/Perú/07-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

Este informe aborda el problema histórico de la deuda social magisterial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, desde la conquista del derecho, con la modificatoria de la Ley del Profesorado, hasta el inicio de los procesos judiciales para su pago y las luchas del SUTEP para que el Estado se allane a su reconocimiento por la vía administrativa.

1984. Huelga Nacional del SUTEP en el segundo gobierno de Belaunde, exigiendo el reconocimiento del SUTEP. (Foto: La República)

Podemos afirmar que 1984 fue un año histórico para el SUTEP. Habían pasado 12 años desde la gesta del Congreso Nacional del Cusco que dio nacimiento al sindicato, liderado en su período auroral por el maestro Horacio Zeballos Gámez y una hornada de combativos dirigentes que continuaron con el trabajo tras su temprano fallecimiento, ocurrido en marzo de ese año.

Bajo el liderazgo de Horacio Zeballos, el magisterio logró importantes conquistas laborales. (Foto: La República)

Exequias de Horacio Zeballos, 9 de marzo de 1984. (Foto: La República)

El país había retornado a la democracia con el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, pero en el sector Educación la situación era dramática, más en el aspecto laboral, resultado de la dictadura y la mal llamada reforma impuesta por los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.

Bajo la conducción del compañero Carlos Salazar Pasache como secretario general, el SUTEP inició el 4 de julio de aquel año su Tercera Huelga Nacional.

Parte del pliego de reclamos de la tercera huelga incluía un caro anhelo del magisterio: el reconocimiento legal del SUTEP como interlocutor válido de los maestros y maestras ante el Estado, logro que se concretó con la R.D. 011-84 del Instituto Nacional de Administración Pública – INAP.

Dirigencia del SUTEP en 1984, encabezada por el compañero Carlos Salazar Pasache.

Ley del Profesorado 

Culminada la huelga, con la que se alcanzó, entre otras cosas, el nombramiento de 30 mil maestros y la transferencia de la Derrama Magisterial – entidad totalmente quebrada con s/ 0.00 -, que fue reflotada con el esfuerzo de los maestros y maestras del SUTEP, comenzamos una intensa lucha, a fines de 1984, para concretar la aprobación de la Ley del Profesorado.

La dirigencia, dando ejemplo de lucha y sacrificio, se declaró en huelga de hambre. Hubo manifestaciones en todo el país y, desde luego, la solidaridad de toda la comunidad educativa.

Dirigencia del SUTEP en huelga de hambre por la Ley del Profesorado.

Así, el 14 de diciembre se promulgó la Ley Nº 24029, con la que se reconocieron diversas reivindicaciones laborales y económicas para el magisterio, siendo esta una norma democrática, germinada con participación directa de los maestros y que, sobre todo, estaba financiada, pues parte de los incumplimientos que el Estado mantenía con los trabajadores de la educación hasta ese momento se explicaba precisamente en la falta de recursos para solventarlos.

Ley del Profesorado, conquista absoluta de la lucha liderada por el SUTEP.

Modificatoria del Artículo 48

Seis años después, la lucha del SUTEP en su Sexta Huelga Nacional, iniciada el 15 de mayo de 1990, posibilita la promulgación de la Ley N° 25212, (20 de mayo de 1990), con la cual se insertaron modificatorias a la Ley del Profesorado de 1984.

Una de las más importantes fue la del Artículo 48, reconociendo, a partir de la fecha, que “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su Remuneración Total”.

En el mismo artículo se reconoció el derecho para que “El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley” perciban, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5 % de su remuneración total.

Asimismo, se estableció que “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10 % de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres».

Característica de la Ley N° 25212 es que ordenó el cumplimiento inmediato de las modificatorias, por lo que el magisterio percibió las asignaciones reconocidas en el Artículo 48 desde fines de mayo de 1990. Era Secretario General el compañero José Ramos Bosmediano.

Compañero José Ramos Bosmediano, Secretario General del SUTEP de 1989 a 1992.

Colgamiento del 30 %

Sin embargo, iniciado el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori el Estado volvió a la vieja y nociva práctica de postergar y conculcar los derechos de los trabajadores de la Educación. El 8 de agosto de 1990 se aplicó el “Fujishock”, con las medidas neoliberales y anti sindicales del régimen.

De ese modo, el autoritarismo de Fujimori tuvo sus primeras señales precisamente contra los trabajadores, al publicarse el Decreto Supremo 051, del 4 de marzo de 1991.

En el Artículo 6 del D.S. 051-1991 se dispuso que “A partir del 1 de febrero de 1991, la Remuneración Principal de los funcionarios, directivos y servidores públicos se regirán por las escalas, niveles y montos consignados en los anexos adjuntos” de dicho decreto, estableciéndose al profesorado la Escala 05.

El Artículo 8 incluyó dos conceptos relacionados a la remuneración, siendo uno de ellos el de “Remuneración Total Permanente”, que según el texto de la norma es “Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad”.

Con esa premisa, en el Artículo 10 se ordenó: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente”.

Con ello, la dictadura de Alberto Fujimori, a la que el magisterio organizado en la filas del SUTEP enfrentó a lo largo y ancho del país, congeló el pago del 30 % por preparación de clases y evaluación, así como las demás bonificaciones reconocidas por la Ley del Profesorado y su modificatoria.

Los efectos del D.S. 051-1991 fueron ampliamente rechazados por el magisterio. El régimen respondió con la estrategia de perseguir, estigmatizar y encarcelar a los dirigentes de los trabajadores, así como pretender callar al movimiento sindical.

En la Séptima Huelga Nacional del SUTEP, de mayo de 1991, los maestros se mantuvieron 107 días en la lucha.

Brutal represión del régimen de Fujimori contra los maestros del SUTEP en la Séptima Huelga Nacional.

Fue con Alberto Fujimori que se inició la deuda social en el sector Educación, la misma que mantuvieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura, continuando el corte neoliberal y en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

Alberto Fujimori, convertido en dictador desde abril de 1992, congeló los derechos de los maestros.

Solo durante el gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua Corazao, a través del trato directo, se logró la restitución de varios de los derechos conculcados por la dictadura, como las bonificaciones por 20, 25 y 30 años de servicio, así como la asignación por luto y sepelio. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el 30 % por preparación de clases y evaluación.

Demandas y jurisprudencia 

El incumplimiento del Estado sobre los derechos laborales del magisterio obligó a miles de maestros a recurrir al Poder Judicial, lográndose importantes pronunciamientos jurisdiccionales en última y definitiva instancia como la Casación N° 9271-2009-Puno, N° 288-2012-Ica,  N° 2041-Piura,  N° 6871-2013-Lambayeque y otras, emitidas por la Corte Suprema de la República, que establecen parámetros sobre el cálculo de la bonificación del 30 % por preparación de clases y evaluación, que debe calcularse en base a la Remuneración Total Íntegra, como ordenó originalmente la Ley del Profesorado, y no sobre la Remuneración Total Permanente, como fijó el D.S. 051-1991.

Existen también pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del derecho adquirido con la modificatoria del Artículo 48 de la Ley del Profesorado. Asimismo, existe jurisprudencia referida a la validez de la bonificación a favor de los maestros cesantes y jubilados.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de la deuda social magisterial.

La Ley del Profesorado estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre del 2012, norma que anula la bonificación del 30 %, pues en su Artículo 56 considera que la Remuneración Íntegra Mensual comprende “las horas de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación…”

Se estima que la deuda social en Educación, dentro de la que se encuentra el pago de la bonificación que reconocía la Ley del Profesorado, asciende a 6,000 millones de soles.

Sin embargo, resulta injusto y vejatorio que los maestros y auxiliares a los que alcanzó tal beneficio hasta noviembre del 2012 se vean obligados a recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos.

Maestros en los tribunales

Siendo Secretario General del SUTE Lima Metropolitana, el compañero Lucio Castro promovió la presentación de demandas judiciales para el pago de la deuda social.

Al magisterio no le quedó más alternativa que la de tocar las puertas del Poder Judicial.

“Hasta antes del 2007, los maestros hacíamos el reclamo como parte de nuestra plataforma de lucha, pero no había acciones concretas en el terreno legal”, recuerda el compañero Lucio Castro Chipana, quien en ese momento se desempañaba como Secretario General del SUTE Lima Metropolitana.

La sugerencia que planteó fue que con apoyo de los abogados de la Derrama Magisterial,  entidad previsional de los maestros, se oriente a los docentes para que ingresen al terreno legal y allí se exija el pago de la deuda social.

“Fue así que se ingresó con fuerza en las demandas, lográndose las sentencias que declararon fundadas las exigencias de los maestros, jugando un papel importantísimo la orientación del SUTEP y el apoyo con la asesoría legal que se había conseguido a través de la Derrama Magisterial”, comenta.

En el caso de Lima Metropolitana, las sentencias empezaron a llegar de los diferentes sectores (bases sectoriales), declarándose fundado el pago del 30 % por preparación de clases.

En la actualidad se estima que son más de 50 mil las sentencias con calidad de cosa juzgada emitidas a favor del magisterio.

A la fecha, cada región del país tiene abogados asignados por la Derrama Magisterial para asesorar a las maestras y maestros en sus procesos judiciales.

Lima y el problema del pliego

En Lima Metropolitana, pese a existir sentencias, el Ministerio de Educación no cumple con el pago de la deuda social.

El caso de Lima Metropolitana resulta particular frente a los fallos judiciales referidos a la deuda social.

Mientras a nivel nacional se asignan saldos presupuestales de los gobiernos regionales para la amortización de la misma, en Lima Metropolitana, donde el sector educación depende directamente del ministerio, no existen saldos para el pago de las sentencias, postergando el derecho de miles de maestros y maestras, e incurriendo el Estado en un flagrante incumplimiento de los mandatos del Poder Judicial, contraviniendo lo señalado en la Constitución Política.

“En Lima hay miles de sentencias que no se cumplen, porque existe pliego, todo depende del Ministerio de Educación. Siendo la región con mayor número de maestros, no se atiende lo que el Poder Judicial ha ordenado. Si al año se destinan recursos para pagarle a cinco o seis maestros con sentencias en calidad de cosa juzgada, es mucho”, explica el Secretario General del SUTEP.

Pago sin judicializar

El Estado comprometió la asignación de 200 millones de soles al año para el pago de la deuda social de Educación. Sin embargo, el monto ha resultado insuficiente.

En la Ley de Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2012 se incluyó la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final, que reactivó la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, por la cual se asignan año a año 200 millones de soles para dicho propósito, monto que debe ser distribuido entre todos los trabajadores estatales con procesos ganados. Monto evidentemente insuficiente para atender los compromisos con el magisterio.

Los saldos presupuestales regionales tampoco cubren el pago de la deuda social.

Ante ello, el SUTEP lucha para que el Congreso de la República apruebe una ley que declare de interés y necesidad nacional el pago de la deuda social sin judicializar. Es decir, que el Estado se allane al derecho y cumpla por la vía administrativa.

El 31 de mayo de este año, el Congreso de la República aprobó con 101 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la ley para el pago de la deuda social del 30 % por preparación de clases y evaluación sin judicializar. Empero, la norma no fue promulgada por el presidente Francisco Sagasti Hochhausler en evidente gesto de indiferencia ante las demandas del magisterio.

Francisco Sagasti se negó a promulgar la norma que reconocía el pago de la deuda social sin judicializar.

“El Poder Judicial, que es el que se pronuncia sobre la ley, ha dicho que este es un derecho nuestro. Son miles de sentencias las que tiene el magisterio a su favor, por lo que el Estado debería allanarse y pagar la deuda social por la vía administrativa, ahorrándose así millones de soles que se destinan al año en procuradores, abogados y trámites judiciales. Como SUTEP, siendo los pioneros en esta lucha, esperamos que el Congreso de la República apruebe el proyecto pendiente para el pago de la deuda social sin judicializar”, enfatiza Lucio Castro.

Exitosa Jornada Nacional de Lucha del 23 de noviembre del 2021, en la que también se exigió el pago de la deuda social sin judicializar.

¡Por el pago de la deuda social sin judicializar a todo el magisterio nacional!

¡Unidad para luchar, unidad para vencer!

¡Viva el SUTEP!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/informe-especial-la-deuda-social-con-el-magisterio-30-anos-de-incumplimiento-del-estado/8

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‘Andaluces Levantaos’ exige a la Junta que refuerce las políticas de prevención de violencia machista ante el aumento “alarmante” de llamadas al 016

Por: Tercera Información

La coportavoz de la coalición, Esperanza Gómez, lamenta que el gobierno de Moreno Bonilla “esté secuestrado por la extrema derecha y elimine el lenguaje inclusivo en los centros educativos, apoye económicamente a organizaciones antiabortistas o impida líneas de apoyo a asociaciones feministas y políticas de igualdad en la administración autonómica”.

Andaluces Levantaos’ muestra su preocupación por el ascenso de las llamadas de socorro al 016 de mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía durante 2021, según el último informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que coincide con un recorte de más de tres millones de euros, en lo que va de legislatura, por parte del gobierno andaluz, en materia de prevención de la violencia machista y en la atención a las víctimas.

Instamos a la Junta de Andalucía a avanzar hacia la erradicación de la violencia y a redoblar esfuerzos para combatir la violencia machista, estableciendo un marco institucional, educativo, económico y social de protección integral frente a la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños, reclama la coportavoz de la coalición, Esperanza Gómez.

De hecho, Gómez ha detallado que las llamadas al 016 se han incrementado de manera alarmante” en prácticamente todas las provincias andaluzas respecto al pasado año, por ejemplo, en el mes de octubre, se contabilizaron en la provincia de Sevilla 97 llamadas más, respecto al mismo mes del 2020, y en Almería el incremento fue del 125%.

Es indudable que la pandemia ha perjudicado especialmente a las mujeres andaluzas y a los datos de violencia de género, pero también resultan muy negativas en este sentido las políticas del gobierno de Juanma Moreno y sus recortes en materia de protección hacia las víctimas, algo que puede traducirse en el aumento de casos de asesinatos machistas y de la desigualdad de género en nuestra tierra, lamenta la coportavoz.

Asimismo, la también coordinadora de Más País Andalucía afirma que, en un momento en el que en Andalucía y en España se evidencia más que nunca la existencia y los efectos de la violencia machista, y la sociedad comienza a ser consciente de la violencia machista psicológica y de la violencia vicaria, el ejecutivo andaluz, secuestrado por los planteamientos de la ultraderecha, se dedica a desmantelar las políticas de igualdad y por tanto a menoscabar la integridad física y mental de las mujeres.

Nos preocupan los recortes económicos en este sentido, las medidas legislativas que buscan la eliminación del lenguaje inclusivo en los centros educativos andaluces, el apoyo económico a organizaciones antiabortistas y la falta de políticas feministas, señala Esperanza Gómez.

Por ello, Andaluces Levantaos’ propone una serie de medidas concretas importantes para prevenir y combatir la violencia machista en nuestra comunidad, como, revertir las políticas de la desigualdad de género” del gobierno andaluz, aumentar el presupuesto destinado a combatir la violencia machista, reforzando la ley con más recursos, aumentar las plazas en los centros de atención e incorporar en ellos a las víctimas de todas las formas de violencia machista, la creación de un Observatorio de Violencia Machista Psicológica y de violencia vicaria en Andalucía y la realización de campañas de sensibilización.

Por último, la coalición plantea la necesidad de establecer acciones de prevención y protección a los menores con padres con procedimientos de violencia de género abiertos o finalizados que tienen régimen de visitas.

Fuente e Imagen:https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/04/01/2022/andaluces-levantaos-exige-a-la-junta-que-refuerce-las-politicas-de-prevencion-de-violencia-machista-ante-el-aumento-alarmante-de-llamadas-al-016/

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Vitória: STF anula la decisión del MEC de prohibir los pasaportes de vacunas en el regreso cara a cara. Brasil

América del Sur/Brasil/07-01-2022/Autor(a) y Fuente: fasubra.org.br

El año 2021 terminó con otro ataque del gobierno a las Instituciones Federales de Educación Superior. El 29 de diciembre, el Ministerio de Educación (MEC), Milton Ribeiro, publicó en el Diário Oficial da União (DOU) un dictamen prohibiendo el pasaporte de vacunación al regresar en persona. En la orden, señala que “no es posible que las Instituciones Educativas Federales establezcan un requisito de vacunación contra Covid-19 como condición para el regreso de las actividades educativas presenciales, siendo responsables de la implementación de los protocolos sanitarios y el cumplimiento de la los lineamientos establecidos por la Resolución CNE / CP No. 2, de 5 de agosto de 2021 «.

Afortunadamente, el 31/12, el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) Ricardo Lewandowski suspendió la decisión del MEC con base en la autonomía de las universidades presente en el artículo 207 de la Constitución Federal, que dice: “las universidades gozan de autonomía didáctico-científica , administrativa y financiera y patrimonial, y obedecerá al principio de inseparabilidad entre docencia, investigación y extensión ”. La decisión se tomó luego de que los partidos de oposición presentaran una demanda. Según el ministro, las universidades tienen autonomía y pueden cobrar por un certificado de vacunación.

El pasaporte de vacunación es una de las resoluciones del último Plenario Nacional Virtual de FASUBRA Sindical, realizado los días 16 y 17 de diciembre, como condición para el regreso presencial. El plenario también definió que existen medidas para monitorear la salud de trabajadores y estudiantes, como pruebas de muestreo periódicas para identificar Covid-19 asintomático. Otras medidas de seguridad serían: inmunización completa (segunda dosis) de toda la comunidad universitaria; la caída sostenida de la curva epidémica nacional, estatal y local; la adecuación de los espacios físicos de las IES, cumpliendo con las normas sanitarias de control de contagio; la programación del retorno siguiendo protocolos sanitarios sobre grupos de riesgo; y la garantía, para toda la comunidad, de equipos de protección personal, según lo ordena ANS; entre otras.

FASUBRA Sindical seguirá luchando por la protección de la comunidad académica, técnicos administrativos, estudiantes y profesores. Y monitorea de cerca la retroalimentación cara a cara de las universidades e institutos federales para garantizar que se adopten todas las medidas sanitarias para que la comunidad académica se sienta segura y más estudiantes regresen al aula.

Fuente e Imagen: https://fasubra.org.br/geral/vitoria-stf-derruba-decisao-do-mec-de-proibir-o-passaporte-de-vacina-no-retorno-presencial/

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Las 12 campanadas de la medianoche

Por: Elisabeth De Puig

¿Qué lanza al destierro a tantos dominicanos que se entregan a redes que los llevan a Chile o a las carreteras de Chiapas? ¿Qué nos espera realmente en estos próximos meses donde en el medio de un tercer año de pandemia la pobreza y sus estragos en la República Dominicana chocan con la imagen del país que queremos proyectar?

Las 12 campanadas de la medianoche del pasado viernes 31 nos propulsaron en el año 2022 y, simbólicamente, nos despojaron por un momento de todas nuestras cargas para abrazar el nuevo año esperanzados de iniciar un periodo más auspicioso que el acabamos de atravesar.

Sin embargo, tal duende travieso, ómicron se apoderó de nuestras mentes y nos acompañó durante la velada. Ahora todos quisiéramos saber si asistimos al principio del final de la epidemia o si estamos en presencia de una trampa del virus que se presta a resurgir, tal ave fénix, bajo nuevas formas de sus cenizas.

Los próximos meses lo dirán. No obstante, venga lo que venga, debemos seguir cuidándonos al máximo. Debemos reforzar las vacunas e invitar a vacunarse a los que no lo han hecho. Participando en el cuidado de los demás aportamos a nuestro entorno.

Para los moradores de la República Dominicana, el año 2021 estuvo marcado por un excelente desenvolvimiento en cuanto al enfrentamiento   de la pandemia. También por el hecho, digno de estudio, de que somos uno de los dos países con más baja letalidad de todo el continente americano.

En otro tenor, estamos siendo testigos de una lucha contra la corrupción sin precedente, y de una recuperación económica que nos coloca como uno de los países de la región mejor preparados para afrontar nuevos retos.

Con estas señales esperanzadoras, una pandemia de por medio y la tremenda amenaza del cambio climático, el presente sería el momento idóneo para reflexionar sobre el modelo de la sociedad que debemos construir para que la recuperación alcanzada y los pasos institucionales que se han dado se traduzcan en una transformación real hacia una sociedad ambiental, social y políticamente sostenible.

En muchos países ha tomado cuerpo el criterio de que la recuperación económica post pandemia no puede ser el mero retorno a las formas de consumir y producir de antes de la COVID-19. Hacerlo así sería reproducir las formas de maltrato a la naturaleza que han generado el cambio climático cuando de lo que se trataría es de revertirlas.

De la misma manera nos podemos preguntar a la luz del resultado de las últimas elecciones en Chile, campeón del neoliberalismo y de la desigualdad, si el modelo económico actual será sostenible políticamente en la República Dominicana a mediano plazo y si no se necesita trabajar desde ahora para lograr una sociedad más inclusiva donde impere la justicia social.

¿Qué lanza al destierro a tantos dominicanos que se entregan a redes que los llevan a Chile o a las carreteras de Chiapas? ¿Qué nos espera realmente en estos próximos meses donde en el medio de un tercer año de pandemia la pobreza y sus estragos en la República Dominicana chocan con la imagen del país que queremos proyectar?

En fin, las oportunidades deben existir para las grandes mayorías. De ahí la pregunta: ¿cómo repartir el maná del crecimiento entre los que más lo necesitan para que este gobierno sea el gobierno del cambio en aspectos fundamentales que tocan la vida misma de las personas?

Alarman las voces de la Sociedad Dominicana de Pediatría llamando la atención sobre el aumento de un 20% en la mortalidad infantil durante el pasado 2021, al igual que la recrudescencia del dengue y otras enfermedades.

Que una niña de 14 años haya dado a luz al primer bebé del año no es casual y solo refuerza la urgencia de la lucha contra las desigualdades y a favor de los derechos fundamentales de la niñez en la cual están envueltos, entre otros, la educación, la salud, la vivienda.

No solamente debemos velar porque no se produzcan desacatos a los derechos humanos en materia de migración, como los atropellos injustificables a las extranjeras que procuran servicios médicos en la República Dominicana, sino también recordar que las mujeres que votaron a favor del PRM esperan un código penal garante de derechos y a la altura del siglo XXI.

Aprovechemos pues el año 2022 para dar un salto hacia políticas públicas que logren cambiar el comportamiento social, propulsen una justa redistribución y aseguren un clima social favorable al crecimiento.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/las-12-campanadas-de-la-medianoche-9020486.html

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