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Rumbo a 2020: ¿es posible evaluar una educación para el desarrollo sostenible?

México / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Lizbeth Torres Alvarado / Fuente: INEE

Las naciones firman acuerdos por anhelos comunes, pero ¿qué tan sencillo es alcanzarlos? En entrevista, Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadística de la UNESCO, propone estrategias para las naciones que han asumido los Objetivos de Desarrollo Sostenible y señala: “Estamos corriendo un riesgo. Hay queja con respecto al uso de los datos de la evaluación. No hemos sido capaces de demostrar cuál es su utilidad”.

 

Educación de calidad, el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible Desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), tenemos un enfoque de capacidad y de aprendizaje durante el ciclo de vida, con un fuerte componente de equidad. Esto implica tomar en cuenta la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico de los grupos poblacionales, como lo señala el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 

El enfoque de Educación para Todos incluye la multiplicidad de habilidades y de contenidos que contribuyen a la formación de un ciudadano íntegro. Esto implica el manejo de dimensiones cognitivas y socioemocionales que le otorguen al estudiante la posibilidad de participar como integrante completo, con conocimientos, en la construcción de proyectos sociales regionales, nacionales o globales. Ésta es nuestra visión compuesta de lo que implica la educación.

 

Logros de México

 

México es uno de los países latinoamericanos más avanzados en cuanto a la calidad educativa. El país está haciendo y ha hecho un gran esfuerzo para incorporar estas distintas dimensiones. De hecho, es líder regional por tener una visión integral de los procesos educativos que ponen en el centro temas de equidad, inclusión de poblaciones indígenas y aspectos culturales.

 

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En cuanto al tema de la inversión educativa, los ODS marcan claramente que ésta es una agenda universal, no particular, de los países en desarrollo. Ocuparse de poblaciones de distintos orígenes étnicos o socioeconómicos implica desarrollar respuestas. En ese sentido, un país con las características de México —o con las de los países desarrollados que tienen contingentes de refugiados o migrantes— tiene la necesidad de atender las diferencias culturales de los grupos poblacionales e integrarlos en esquemas de aprendizaje efectivo y flexible.

 

El diseño de políticas educativas necesita estar atento a esas diferencias para ser inclusivo. Esto tiene relevancia en la oralidad, la escritura y el ciclo de vida de los niños y de los jóvenes.

 

Entonces, el diseño de políticas educativas debe atender la diversidad y tratar de tener especificidad. Es cierto, las necesidades son muchas: entre la cobertura de aspectos socioeconómicos, la necesidad de atender estas diversidades y, por supuesto, la insuficiencia de recursos, evidentemente estamos desbordados. Pero la agenda tiene que estar preparada para darle a la educación el componente de diversidad.

 

Se debe de reconocer que México ha hecho un esfuerzo importante a nivel federal y en varios estados para tratar de dar respuestas de política educativa y buscar canales de mejor comunicación de la información relacionada con estos temas.

 

En ese sentido, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha sido central para incrementar la demanda por el uso de la información, mantener informados a los distintos grupos y proveer información para el diseño de mejores políticas educativas. Ésa es la dirección correcta. Por supuesto, muchos sentimos frustración al no ver avances inmediatos o impactos sobre el colectivo social de la manera o con la velocidad que uno quisiera. La realidad es que la demanda es demasiada.

 

Los indicadores educativos indispensables

 

Para tener un esquema de seguimiento, de entendimiento y de identificación de brechas que ayuden a decidir dónde poner los recursos y las energías, existen tres tipos de indicadores, aunque hay una discusión acerca de utilizar uno que combine los distintos componentes.

 

El primero, evidentemente, es el indicador relacionado con el ingreso de los niños a la escuela o a algún sistema de aprendizaje. Si bien hay críticas con respecto a los sistemas de educación formal y a las nuevas configuraciones de la oferta educativa frente a la tecnología que exige la modernización de algunos factores, la realidad es que el sistema educativo sigue siendo el lugar donde los niños encuentran el aprendizaje y aprenden a convivir en sociedad. Entonces, el segundo indicador sería el de la finalización de la educación básica.

 

También debe existir un indicador de aprendizaje para dar seguimiento a los logros que los sistemas educativos se proponen en la planificación de las escuelas, los docentes, los directores y la sociedad con respecto al progreso educativo.

 

Si tuviera la posibilidad de tener más de tres indicadores, incluiría los relacionados con aspectos como el acceso a enseñanza preescolar —especialmente importante en los grupos de menos recursos— o con las dimensiones socioemocionales.

 

Por otro lado, como lo proponen los ODS, los indicadores de equidad hacen falta con desagregaciones, porque está claro que si no vemos dónde están las prioridades y cuáles son los grupos poblacionales con mayor necesidad, es imposible mejorar el aprendizaje de todos.

 

Pero, si uno tuviera que limitarse ―entendiendo que los países no tienen muchas posibilidades de recolectar todos los indicadores por el costo y la necesidad de capital humano con formación específica que esto implica―, al menos debería tener alguna dimensión de aproximación que permita saber cómo está funcionando el sistema educativo por el uso de esos tres indicadores básicos: de acceso, de finalización de la educación básica y del nivel de aprendizaje cognitivo.

 

Monitoreo en los países comprometidos con los ODS

 

Un tema interesante de la agenda de los ODS es que responde a una exigencia de los países a los organismos multilaterales y globales como la unesco, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: las naciones han decidido qué indicadores son necesarios y qué metas son relevantes. Esos once indicadores globales en educación están en los ODS. Cada nación deberá, de acuerdo con sus prioridades de política educativa, decidir cuáles considera más relevantes o urgentes. Por ejemplo, si México cree que la educación temprana es su prioridad y en ese tema debe concentrar la energía y los recursos en los próximos cuatro o cinco años, deberá sustentarlo con el fruto de la discusión de política educativa a nivel de gobierno y con actores sociales e investigadores.

 

Nosotros, la unesco, tenemos que ser una instancia de soporte y acompañamiento para los países: proveer la forma de cálculo de los indicadores, las fuentes de datos, el soporte en términos de abogacía y el desarrollo de capacidades.

 

Por su parte, los países deben tener un diálogo social y el compromiso de todos los actores con las mismas prioridades educativas para, posteriormente, ver qué hace falta en términos de fondos, capital humano y acompañamiento de las agencias multilaterales. Sólo así se podrá mover la agenda hacia una mayor sustentabilidad de estadística educativa y de logros de sus metas.

 

Capacidades institucionales para alcanzar los objetivos

 

Una vez reconocidas las prioridades, debe confirmarse que se cuenta con las capacidades institucionales necesarias para alcanzar los objetivos de las políticas educativas. Partamos de una primera capacidad institucional: las prioridades de la política deben ser una visión consensuada con todos los actores sociales. Es decir, al buscar la respuesta a “si tuvieras que priorizar en la inversión educativa, ¿en qué aspecto particular lo harías?”, la conversación debe incluir voces externas al gobierno. El proceso de apropiación de la agenda educativa debe producirse a nivel social, es lo que llamamos el commitment o compromiso. La segunda capacidad institucional tiene que ver con la existencia de leyes e infraestructura coherentes. Por ejemplo, si la prioridad es la educación temprana, debe haber un marco legal y los recursos suficientes para resolverla.

 

El tercer punto es que la política institucional que acompañe el proceso tiene que estar claramente asentada junto con la capacidad de las organizaciones para implementar agenda. Se trata de temas que deben ser sopesados por cada país para definir si cuenta con la capacidad para implementar las políticas educativas y sus prioridades; sostener un diálogo y fomentar esquemas que permitan compartir información y transferir en forma clara la visión de política educativa, y tener recolección de datos y estructura de evaluación y de sistema estadístico coherente con los objetivos de política. Todo esto significa un gran esfuerzo. Si después hace falta determinar cuáles son las necesidades de inversión en las capacidades institucionales y las personas que integran esas instituciones, habrá que ejecutar los requerimientos técnicos que exige la agenda.

 

Hay países que no tienen la capacidad de adaptar pruebas internacionales, porque no tienen la capacidad técnica y necesitan apoyos extra. Esas cuestiones deben detectarse mediante diagnósticos para construir un plan de capacidad estadística que tenga un horizonte operativo.

 

El uso efectivo de la información: ¿cómo y de qué forma?

 

Identifico un punto de crítica para todos los que trabajamos en los distintos ámbitos de evaluación y publicación de datos educativos y, sobre todo, que promovemos el aprendizaje y la asesoría a partir de la información. Tendemos a generar los outputs de información teniendo en la cabeza a un tipo de usuario que no es el adecuado. Publicamos los datos pensando en el maestro, el director, el que toma las decisiones políticas, el académico o la comunidad educativa, y luego añadimos una buena parte de nuestras reflexiones.

 

El reto es identificar cuántos usuarios de la información tenemos. No podemos utilizar el mismo lenguaje para todos. Si bien la información debe resolver las necesidades de los distintos actores, no podemos usar el mismo lenguaje con el académico que quiere usar una base de datos; con el padre que quiere saber qué puede hacer para ayudar a su hijo; con el maestro que tiene que accionar en el aula; con el director que tiene que tomar otras decisiones; con el policy maker que tiene que tomar decisiones, y con la sociedad civil que tiene un montón de buenas intenciones y quiere ayudar e invertir. Dado que no somos capaces de proveer esa información de manera que todos la puedan utilizar de manera efectiva, hay que pensar en interfaces de comunicación, en maneras de hacer digeribles los datos. Ése es el reto en todos los niveles. Sabemos de las resistencias de los usuarios frente al Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), la prueba de Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMMS, por sus siglas en inglés) o cualquier otra prueba internacional o regional. Eso es responsabilidad de los que distribuimos la información, porque no hemos sido capaces de explicarle al maestro cómo puede combinar las fuentes de información para utilizarlas en el aula. Casi nadie está dando respuestas a este desafío.

 

Es importante tener presente que el dato tiene un ciclo de producción y uno de uso. La frustración por el dinero que se gasta en pruebas internacionales o nacionales cuyos datos no son usados refleja que no estamos cubriendo en forma eficiente la segunda parte del ciclo.

 

Carencias en el uso y la difusión de la información

 

Siempre generamos la información con la idea de que nos ayudará a saber dónde estamos y cómo podemos mejorar. Hay información riquísima del sistema de evaluación de aprendizaje que, combinada con un buen uso de la información de datos estadísticos educativos, puede transformarse en una notable mejora. Es innegable que la estadística es criticada y hay quejas sobre el uso de los datos de evaluación. Esto es consecuencias de que no hemos sido capaces de demostrar su utilidad.

 

Supongamos que nos hacemos un examen médico para ver si estamos anémicos. Al revisar el conteo de glóbulos rojos podremos saber si estamos anémicos. Aunque no somos doctores ni bioquímicos, sabemos que estamos mal cuando el nivel de glóbulos rojos rebasa un límite. Tenemos que comer hierro. Lo tenemos claro. En el caso de la educación, no hemos logrado convertir esos datos en acciones de política concretas para cada uno de los tomadores de decisiones, ni traducir la información con un marco de soluciones específicas.

 

Ahora, muchos países se están apresurando a medir los indicadores, pero olvidan que primero debe existir la discusión de políticas educativas y la consolidación de una visión nacional. Sólo después de eso es recomendable iniciar la recolección de datos, los indicadores, los planes de mejora y el monitoreo.

 

Dos consejos para los titulares educativos

 

La primera recomendación es, por supuesto, que acuerden las políticas educativas y reconozcan las prioridades consensuadas a nivel social. La segunda es que mantengan sustentable su sistema de evaluación y estadística, bien financiado e independiente del poder político. Eso es indispensable para cualquier monitoreo de política educativa.

 

De hecho, el propio Instituto de Estadística de la UNESCO tiene cierta independencia para no verse influido políticamente por las discusiones a nivel del organismo. Los países obviamente tienen sus espíritus, sus prioridades, su pasión, pero al final del día, las estadísticas, el monitoreo, los sistemas de evaluación de aprendizaje, están todos hechos para ponerse al servicio de una mejora en los resultados educativos y eso requiere independencia, transparencia y fondeo.

 

Recomendaciones a los equipos estatales

 

Primero, garantizar que el apoyo político existe, que están todos detrás de un mismo proyecto. Después, no duplicar esfuerzos: la recolección de información a nivel local, federal, provincia y global debe estar bien relacionada. ¿Por qué tratar de tener una prueba local que sea casi igual a la nacional?

 

Finalmente, tener un buen diagnóstico acerca de las capacidades institucionales. Si realmente es necesaria una recolección de datos a nivel local porque no hay respuesta a ciertos desafíos en los instrumentos federales o internacionales, debe diagnosticarse la capacidad legal, institucional e individual para ejecutar una agenda en las distintas áreas.

 

Por supuesto, hay un mea culpa con respecto a nuestra incapacidad para poner a disposición de los países y de las administraciones subnacionales y locales un mapeo claro de los instrumentos que existen a nivel internacional para ayudar a evitar que dupliquen labores.

 

Fuente de la Entrevista:

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-de-la-gaceta-agosto-2017/627-articulos-gaceta-agosto-2017/2901-rumbo-a-2020

Fuente de la Imagen:

@INEEmx (Cuenta de Twitter del INEE)

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España: El pacto educativo se retrasa: la Lomce seguirá viva hasta el final de la legislatura

España / 17 de septiembre de 2017 / Autor: C. del Castillo / Fuente: Público

Durante la huelga educativa del pasado marzo, el principal llamamiento de la comunidad educativa fue derribar la Lomce sin esperar a la conclusión de las negociación del pacto educativo en el Congreso. «Se está jugando con los tiempos. En el desacuerdo hay Lomce, en la espera del pacto, hay Lomce», avisaba entonces el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). Familias, estudiantes y docentes vaciaron las aulas para pedir que se aprovechara la minoría parlamentaria del PP para derogar cuanto antes una ley que califican como «ideológica» y que «elitiza la educación».

Seis meses después, la situación apenas ha cambiado. El Pleno del Congreso ha aprobado este martes prorrogar otros seis meses los trabajos de la subcomisión que negocia el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, solicitada por todos los grupos. Y a la espera de pacto, hay Lomce: hay concierto educativo, la religión es obligatoria y su nota cuenta en la obtención de becas y se segrega a los niños en fases tempranas de aprendizaje.

«El PP plantea la subcomisión como una prórroga de la Lomce», explica Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en la Comisión de Educación. «Todos los partidos de la oposición llegamos a las elecciones comprometiéndonos a derogar la Lomce en cuanto hubiera un gobierno de cambio o una mayoría parlamentaria alternativa», recuerda el diputado morado. Algo que, pese a la desventaja del PP en el hemiciclo, parece cada vez más lejano.

Lo cierto es que los partidos de la oposición aprovecharon el compromiso de consensuar un pacto educativo del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. El conservador no tardó en reconocer que la gran repulsa generada por la ley ideada por su antecesor, José Ignacio Wert, hacía inviable su supervivencia, mostrándose partidario de hacer modificaciones. La subcomisión arrancó con fuerza, programando casi un centenar de comparecencias de expertos (la mayoría solicitadas por el PP) que terminarán este septiembre, cuando han de comenzar las negociaciones reales sobre el contenido del pacto.

Sin embargo, parece que la voluntad de lograr el pacto se ha enfriado. El ministro se ha ido mostrando cada vez más reacio a cambiar sustancialmente los preceptos de la Lomce y ha atacado a las comunidades gobernadas por el PSOE que han recortado los fondos de la educación concertada, solicitándolas que los aseguren. En respuesta, la responsable de Educación socialista, Luz Martínez Seijo, anunció un «otoño calentito»: su grupo registró tres proposiciones de ley para que la religión no cuente para la media, para retirar los fondos a los colegios que segregan por sexos y pedir la vuelta de Educación para la Ciudadanía.

El PSOE y Méndez de Vigo han escenificado ese enfrentamiento este martes, cuando el senador socialista José Fernández Blanco ha pedido al ministro «respuestas para los problemas con los que vuelve a arrancar el curso 2017-2018». El conservador ha espetado a los socialistas que no agiten «fantasmas de caos» ni «situaciones de excepción» sobre el curso escolar, pues ha asegurado que «no las hay» y que las clases han comenzado con «normalidad».

Acuerdos en puntos concretos

Con la prórroga de los trabajos de la subcomisión que negocia el pacto, los grupos se comprometen a tener un texto de consenso sobre cómo debería ser la educación española listo a principios de año. Ese dictamen instará al Gobierno a redactar una nueva ley educativa que teniendo en cuenta los trámites parlamentarios y la voluntad del PP para que su Lomce tenga el máximo recorrido posible, no entraría en vigor antes del curso 2019/2020.

Esta situación ha derivado en que los grupos de la oposición se planteen acuerdos para modificar puntos concretos de la Lomce, algo que tratará de evitar Méndez de Vigo. «No nos deberíamos relajar, y sobre todo no se deberían relajar partidos como el PSOE en presentar y apoyar en la cámara otras iniciativas que puedan ir desmontado gradualmente la Lomce mientras no tengamos un pacto educativo real, que con este Gobierno va a ser difícil», pide Sánchez Serna de Podemos.

Fuente de la Noticia:

http://www.publico.es/politica/pacto-educativo-retrasa-lomce-seguira-viva-final-legislatura.html

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México es el país que menos gasta por alumno en la OCDE; solo 17% de 25 a 65 años cursó universidad

México / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: Sin Embargo

Solo el 17 por ciento de los mexicanos de entre 25 y 64 años ha cursado educación superior, lo que convierte al país en el último entre los miembros de la OCDE en este ámbito. El informe “Panorama de la Educación 2017”, presentado hoy por la organización también destacó que aunque el gasto en instituciones educativas mexicanas creció de 2013 a 2014, sigue siendo bajo, pues sólo gasta en promedio 3 mil 703 mil dólares por alumno.

Aunque el gasto en instituciones educativas mexicanas creció de 2013 a 2014, sigue siendo bajo, pues sólo gasta en promedio 3 mil 703 mil dólares por alumno, el nivel más bajo de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El organismo publicó este martes el estudio “Panorama de la Educación 2017” donde también destacó que México está en el último lugar de acceso a la universidad, puesto ni siquiera quinta parte de los estudiantes logra terminarla.

En el informe se advirtió que en México “a pesar de estas mejoras en el nivel educativo, sólo el 17 por ciento de las personas, de entre 25 a 64 años lograron terminar una carrera universitaria, también recalcó que el gasto público a instituciones educativas, (en cuanto a capital por estudiante y no gasto corriente) son de los más bajos de las naciones que integran la OCDE.

En 2014, México gastó en promedio 3 mil 703 dólares por estudiante en instituciones educativas de primaria a nivel superior, lo cual es “considerablemente por debajo del promedio, que gasta 10 mil 759 dólares . Este es el nivel de gasto más bajo en los países de la OCDE”, señala el informe.

No obstante, destaco, si se analiza el gasto por nivel educativo del alumno, hay diferencia puesto que se gasta más en los estudiantes universitarios que en los niños de primaria.

El gasto en instituciones de educación superior fue de 8 mill 949 por alumno, tres veces más que en las primarias en donde es gasto se ubicó en promedio 2 mil 896 por estudiante, detalló.

“Este es el mayor diferencial en países que disponen de datos disponibles, que en promedio gastan 19 veces más por universitarios que por otros estudiantes. La proporción de México es similar a la observada en Brasil y Turquía”, apuntó.

El informe aclaró que aunque México se ubica como el segundo país que aportó más de su gasto total a la educación, [el 17.3 por ciento de su presupuesto de egresos], la composición es la diferencia y lo que ubica al país por debajo de la media de la OCDE, puesto que sólo una pequeña parte los recursos gubernamentales destinados a educación va a capital y la mayor parte se va a gasto gasto corriente.

En 2014, los gastos de capital representaron el 4 por ciento del gasto total de la enseñanza desde la primaria a universidad, y el 96 por ciento restante fue a gasto corriente.

El gasto capital está “muy por debajo del promedio de la OCDE que es de 9 por ciento. Solamente Bélgica y el Reino Unido dedicaron una parte inferior a los gastos de capital” especificó el texto.

“A pesar de su bajo gasto por estudiante, el gasto en instituciones educativas constituye un tanto del PIB de México como del gasto gubernamental total. En 2014, el gasto total en educación primaria las instituciones educativas de México alcanzaron el 5.4 por ciento del PIB, por encima del promedio de la OCDE de 5.2 por ciento, pero ligeramente por debajo otros países de América Latina, como Argentina (5.6 por ciento), Chile (55 por ciento) y Colombia (5.7 por ciento)”, abundó.

ÚLTIMO EN ACCESO UNIVERSITARIO

El porcentaje de estudiantes que concluyeron la universidad en México es 20 puntos porcentuales el promedio de la OCDE. Foto: Diego Simón Sanchez, Cuartoscuro

México se ubica en el último lugar de los países de la OCDE en el número de personas que terminaron sus estudios universitarios durante el 2016, destacó el análisis.

La OCDE señaló avances educativos en cuanto a la educación secundaria y preparatoria, sin embargo, recomienda que México “puede mejorar los resultados el nivel universitario que sigue siendo limitado”.

Explicó que aunque el número de jóvenes que terminaron la preparatoria o bachilleres subió del 20 por ciento al 25 por ciento, “si se mantienen patrones actuales, se espera que 26 por ciento de los jóvenes en México se gradúen con título universitarios en algún momento de su vida”; sin embargo, sólo el 17 por ciento de personas entre 25 a 64 años ha logrado concluir la universidad.

Esto es 20 puntos porcentuales menos que el 37 por ciento de la media, aunque aún es superior a algunos países asociados como Brasil 15 por ciento, China 10 por ciento, India 11 por ciento, Indonesia 10 por ciento y Sudáfrica 12 por ciento.

La semana pasada el Foro Económico Mundial (WWF por sus siglas en inglés), publicó en su Reporte de Capital Humano 2016, que apenas el 21 por ciento de los mexicanos de 24 a 34 años poseen un título universitario y que 16 de cada 1000 jóvenes (poco más de 1 por ciento) podrán llegar a ser profesionistas.

El documento de WWF, que mide el avance o deterioro del capital humano en 139 países, afirmó México presenta un rezago en comparación con otras naciones de América Latina, puesto que se posicionó en el lugar 65 del ranking por debajo de países como Colombia, Chile y Mongolia. Aunado a esto, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) determinó que el ingreso promedio mensual de los profesionistas en México oscila entre los 9 mil y 11 mil 282 pesos mensuales.

La OCDE dijo que las reformas educativas “han impulsado la educación técnica superior en México, ayudando a los jóvenes”, no obstante las tasas de matrícula siguen siendo inferiores a la media de la OCDE, apuntó.

Los estudios aún son un factor determinante para la obtención de empleo y en los salarios de los mexicanos, según expuso la OCDE.

En 2016, la tasa de empleo fue del 65 por ciento para los jóvenes de 25 a 64 años con una educación secundaria, superior a la media de la OCDE que es de 57 por ciento, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 70 por ciento y al 80 por ciento para los ciudadanos que tenían hasta la educación superior, es decir, que la tasa de empleo aumenta hasta el 80 por ciento para los que tienen licenciatura o equivalente y sube hasta el el 85 por ciento para maestría o doctorado o títulos equivalentes.

“Los ingresos relativos también aumentan con el nivel de logros educativos y son considerablemente más altos […] Los adultos en México con un título universitario ganan en promedio más del doble que adultos con educación preparatoria como su calificación más alta”, detalló.

CARRERAS PREFERIDAS

Otro de los aspectos que destacó el informe es que aun y cuando hay un avance en la elección de carreras relaciones con la ciencia y tecnología, donde  cada vez son más los estudiantes que las prefieren,  las licenciaturas en administración, negocios y derecho aún son las populares para los universitarios de nuevo ingreso.

En 2015, el 32 por ciento de los nuevos participantes en la educación terciaria escogió la ciencia, tecnología o matemáticas, es decir 5 puntos porcentuales más que el promedio de la OCDE, colocando a México en sexto lugar de los países de la OCDE

Pero, en el 2016 México tenía una mayor proporción de adultos con títulos en negocios, administración y derecho: el 35 de los egresados de entre 25-54 años. Esto es superior al promedio en los países de la OCDE que se ubica en un 23 por ciento.

Las carreras como ingeniería, fabricación y construcción fueron las siguientes  favoritas, con un 16 por ciento de los estudiantes, ligeramente por debajo del promedio de la OCDE que es 17 por ciento.

Le siguen las licenciaturas relacionadas con pedagogía y educación, tomadas por un 15% de los adultos con estudios superiores, es decir, 2 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE, agrega.

La OCDE enfatiza sobre el estudio en la ciencia, “debido a la creciente competitividad de la economía global y del mercado de trabajo, México ha dado gran importancia en el aumento del número de estudiantes e investigadores en ciencias e ingeniería. En 2016, un cuarto de los estudiantes de educación superior -de 25 a 64 años de edad en México- tenía una licenciatura en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), lo mismo que el promedio de OCDE .

“Las tasas de empleo se ajustan a esta nueva tendencia, y son más altas para los profesionistas que estuvieron carreras relaciones con la información y las tecnologías de la comunicación (TIC) y la ingeniería, industrial, y la construcción (ambos en un 83 por ciento), que para los que estudiaron administración, negocios, y derecho (80 por ciento), mientras que para los estudiaron ciencias naturales, matemáticas y estadísticas la tasa de empleo es de 75 por ciento, por debajo de las tasas de los otros campos STEM” señaló.

Fuente de la Noticia:

http://www.sinembargo.mx/12-09-2017/3305980

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Chile: Universidades Públicas No Estatales del G9 ante la reforma a la educación superior

Chile / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: Universia

Los rectores de las Universidades Públicas No Estatales G9 hemos sido invitados durante agosto a exponer a la Comisión de Educación del Senado, sobre el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior (ES). En ese espacio se ha manifestado la posición del G9 respecto a la necesidad de realizar una reforma que fortalezca y asegure la calidad del sistema de ES de nuestro país. Sin embargo, hay aspectos claves que merecen ser reconsiderados por el Senado y reformulados en el proyecto de ley. Y el momento es ahora.

Nos preocupa que el proyecto no reconozca adecuadamente la historia y el rol público de nuestras universidadeslas que forman parte del CRUCh desde su origen, y que se caracterizan por su aporte a la sociedad: creación de nuevo conocimiento, formación de personas e inclusión de estudiantes vulnerables meritorios, innovación, y desarrollo económico, social y cultural del país. En su actual estado el proyecto no valora la provisión mixta ni la diversidad del sistema de educación superior.

Nuestras instituciones se caracterizan por su calidad, generando aproximadamente el 50% de la investigación del país, y destacándose en rankings nacionales e internacionales, como Times Higher Education que ha distinguido, este año, a cinco de las instituciones del G9 entre las 25 mejores de América Latina; y el ranking de Shanghai en el que dos universidades de la red ocupan lugares destacados a nivel mundial.

Compartimos la creación de la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia. Sin embargo, la sobrerregulación de la Subsecretaría, que toma a cargo el sistema de admisión, aranceles y cupos, junto con el exceso de atribuciones de la Superintendencia, amenazan la autonomía y eficiencia universitaria, coartando el desarrollo de su misión y aporte a los territorios donde se emplazan.Asimismo, el sistema de aseguramiento de calidad presenta aún problemas que es necesario corregir.

Además, se requiere incorporar cambios que reconozcan la naturaleza e institucionalidad de nuestras universidades, debido a que regula de la misma forma a universidades tradicionales y a aquellas privadas creadas con posterioridad al año 1981. En particular, no se puede desconocer la excelencia que han alcanzado las universidades de Concepción, Federico Santa María y Austral de Chile, en gran medida gracias a la estructura institucional generada por sus comunidades.

Ocho de las universidades del G9 se ubican en regiones, y son claves en el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. Por esta razón, es motivo de preocupación que persista la omisión al estímulo explícito al desarrollo de las universidades regionales, perdiendo la oportunidad para impulsar políticas de descentralización y equilibrio territorial.

Respecto al financiamiento, la política de gratuidad debe plantear una fórmula más equilibrada que permita financiar adecuadamente el costo de la formación de pregrado considerando la duración real de las carreras. Financiar sólo la duración nominal afectará a los estudiantes y la calidad de las instituciones.

Otro aspecto que debe ser corregido es la incorporación del Fondo Basal por Desempeño a la ley, al igual que el Convenio Marco que contribuye al financiamiento de las universidades estatales. Esta omisión injustificada sólo reitera el desconocimiento del rol que nuestras universidades históricamente han realizado en forma equivalente a todas las universidades del CRUCh.

Es fundamental que en la discusión que sigue en la Comisión de Educación del Senado, los parlamentarios consideren las observaciones propuestas y las incorporen en el proyecto, ya que se corre el riesgo de legislar apresuradamente, y que la reforma no responda en su totalidad a la necesidad de potenciar y mejorar el sistema de ES del país.

Darcy Fuenzalida O.
Presidente G9. Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Óscar Galindo V.
Vicepresidente G9. Rector de la Universidad Austral de Chile.
Jorge Tabilo A.
Vicepresidente G9. Rector de la Universidad Católica del Norte.
Ignacio Sánchez D.
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sergio Lavanchy M. 
Rector de la Universidad de Concepción.
Claudio Elórtegui R. 
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Diego Durán J.
Rector de la Universidad Católica del Maule.
Aliro Bórquez R.
Rector de la Universidad Católica de Temuco.
Christian Schmitz V.
Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Fuente:

http://noticias.universia.cl/educacion/noticia/2017/09/11/1155649/universidades-publicas-estatales-g9-reforma-educacion-superior.html

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Todos podemos hablar de educación, pero no todos podemos hablar de pedagogía

Colombia / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Yesid González Perdomo / Fuente: La Silla Vacía

La institución escolar no deja de ser un escenario conservador y negado al cambio, así lo hacen saber las diferentes corrientes pedagógicas que, desarrolladas en el pasado, siguen tan vigentes como en el momento en que fueron postuladas.

El proceso educativo inicia con el nacimiento y termina con la muerte, por eso todas las personas pueden hablar de educación, mas no de pedagogía.

En una sociedad donde las redes sociales y los medios masivos de comunicación tienen una influencia descomunal sobre el conjunto de la sociedad, es de vital importancia revindicar la escuela como un escenario indispensable para desarrollar el pensamiento analítico y crítico, más an, cuando las relaciones educativas y escolarizadas son sujeto de diversas reflexiones, influencias e interpretaciones a través del tiempo.

Como lo plantea el maestro Estanislao Zuletala educación es un campo de combate en disputa por las diferentes fuerzas sociales[1]. Lo extraño, es que son los maestros/as los que hablan menos de educación y pedagogía y estamos perdiendo la batalla con los periodistas, sociólogos, abogados, economistas y  empresarios que investidos por el poder político de turno, deciden el futuro de la institución educativa; es un deber moral ganar o volver al protagonismo que el  maestro/a  tiene como intelectual.

Es primordial para el futuro docente entender la importancia del saber pedagógico en el desarrollo profesional de su práctica cotidiana. Es una gran posibilidad para abrir caminos que conduzcan hacia la dignificación de la carrera docente, encontrando los elementos conceptuales necesarios para entablar un diálogo no subordinado con las ciencias de la educación.

Es evidente que la crisis de la escuela parte de alguna manera de la “despedagogización” de la misma, la inserción de modelos empresariales a través de indicadores de calidad y mapas de procesos, pueden dar cuenta de un sofisma renombrado como calidad de la educación[2]; es indiscutible, son la tendencia en el ámbito escolar de la actualidad, modelos como el ISO o el EFQM, son tan solo la punta del iceberg de la Escuela- Empresa.

Estos modelos erróneamente limitan la escuela a los resultados en pruebas censales, someten la pedagogía al entrenamiento burdo de exámenes, produciendo el fracaso con honores del pensamiento crítico y el espíritu liberador de la misma. En este escenario, es preciso construir modelos alternativos que respondan a los intereses de la comunidad educativa sin excederse en la tendencia paidocentrista, será la búsqueda de una nueva escuela que exprese las necesidades de una sociedad diferente, donde la injusticia y exclusión sean la excepción y no la regla.

Ahora bien, no hay que desconocer que la institución escolar no deja de ser un escenario conservador y negado al cambio, así lo hacen saber las diferentes corrientes pedagógicas que, desarrolladas en el pasado, siguen tan vigentes como en el momento en que fueron postuladas. No han dejado por un instante en ser revolucionarias, debido a que son pocas las escuelas que se piensan el cambio. Por ejemplo, un médico del siglo XVIII no podría ejercer hoy con la instrumentación actual, mientras que un maestro en las mismas condiciones encontraría un tablero, unos pupitres y unos infantes indispuestos por no estar en su recreo.

Poner a punto la escuela para los retos que la sociedad global nos impone, solo será posible con licenciados comprometidos con la pedagogía, la escuela y la sociedad. Arrancar de raíz la educación bancaria e instrumental dependerá en gran medida de quienes se enfrenten a los retos de estudiar una licenciatura, de allí, que insistir en  el maestro como intelectual de la cultura, capaz de poder pensarse su labor, sus contenidos, su espacio de trabajo, su evaluación y hasta la formulación de la política pública en educación, es un reto de enormes dimensiones.

Para finalizar, es claro que pensarse  la educación desde la escuela y por un profesional docente fuera del despacho del MEN o la SED, es un sacrilegio de considerables proporciones, debemos construir una propuesta colectiva de país en torno a un nuevo sistema educativo, uno que abarque todos los aspectos que nos han negado por falta de financiación:  un estatuto docente que garantice una vida digna para todos los licenciados, un modelo pedagógico propio que no niegue los aportes de los clásicos pensadores pedagógicos, pero que al tiempo, pueda responder a nuestras particularidades como sociedad, ofrecer la infraestructura necesaria que permita cerrar las brechas de la educación entre ricos y pobres, la gratuidad y universalización de todos los ciclos educativos, incluyendo la universidad, garantizar los elementos básicos de la canasta educativa (uniformes, útiles, refrigerios, rutas, acceso a museos, etc.), si logramos estas condiciones, estaremos pagando la deuda eterna que la Violencia y la corrupción nos han impuesto por años.


[1] ZULETA, Estanislao. Educación y democracia. Hombre Nuevo Editores. IX edición, Medellín,2009.

[2] VEGA, Renán. Doctoritis Crónica. Simulación, Política y Academia en Colombia. Editado por ASPU-UPN, Bogotá, 2016.

Fuente del Artículo:

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-educacion/historia/todos-podemos-hablar-de-educacion-pero-no-todos-podemos

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Anarquismo, Educación y Pedagogía

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Formación docente en la universidad pública neoliberal

Por Ivan Salinas

El gobierno de Bachelet ha optado por una fórmula que desintegra a los actores sociales que hicieron posible –protesta mediante- el contexto de reforma educativa. La separación planificada de proyectos de ley que impactarán la nueva organización del sistema escolar y universitario ha disminuido la capacidad de organización y participación articulada de los diversos actores sociales. En un frente, un gremio docente altamente golpeado por la reforma a su profesión debe recibir otra iniciativa de reforma a la organización del sistema público de educación: la desmunicipalización vía ‘gerencialización’ de la administración pública de la educación, sin modificar el modelo subsidiario de financiamiento que ha ahogado y destruido la educación pública.

En otro frente, la reforma a la educación superior ha implicado la gratuidad para un mercado educativo, organizado bajo un mismo principio de subsidiariedad. Además, el gobierno separó hábilmente la discusión de la reforma a la educación superior con dos proyectos de ley: uno que da cuenta de un marco general del sistema, y otro que aborda a las universidades estatales. Así, el gobierno ha dividido y desactivado políticamente a los actores que pujaron por la reforma, desorientando sus focos de acción y aislándolos en un escenario en donde muchos están más preocupados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Esta iniciativa de reforma educacional, por motivos lógicos, impacta como una síntesis a los programas de formación docente. Algunas razones son: la ley se refiere de forma explícita a elementos de la formación docente que reorganizarás sin duda sus orientaciones y relaciones con la profesión; la ‘desmunicipalización neoliberal’ de la educación escolar impactará sobre las condiciones de los futuros docentes en sus espacios de ejercicio profesional; la nueva propuesta de organización de la educación superior influirá en las orientaciones que deberán tener las instituciones para comprenderse a sí mismas y su relación con el gobierno central.

Las condiciones actuales de la profesión docente y el nuevo escenario de reforma a las universidades ponen un desafío mayor para la formación docente, particularmente en las instituciones estatales. La pérdida de autonomía en los gobiernos universitarios, las condiciones de precarización de sus funcionarios, la falta de proyecto público que se materialice en condiciones financieras a las universidades estatales, las presiones del mercado por responder a las caídas de matrícula, y las presiones de la “calidad” neoliberal arriesgan los procesos formativos que la ley y política pública declaran, y por cierto que no responden a las demandas del movimiento social por el derecho a la educación.

En un escenario donde se ha culpado a los docentes, a la pedagogía y sus actores, de la crisis del sistema educativo, es justo dar cuenta de lo que ha pasado con su formación a raíz de la iniciativa neoliberal que ha sido ejecutada en instituciones públicas y privadas por los últimos gobiernos. Lo primero, algo no tan novedoso: la pedagogía ha sido históricamente un espacio de intelectualización formal de los sectores populares. Quienes la estudian son mayoritariamente mujeres que provienen de hogares donde el ingreso familiar es bajo.

Está documentado que los docentes egresados tienden a desempeñarse en establecimientos parecidos a los que cursaron durante su escolaridad, creando los llamados ‘círculos de segmentación’. Por lo tanto, al culpar a los docentes lo que se asume es una posición clasista con la vieja fórmula de ‘culpar a la víctima’. Lo segundo: la mercantilización dirigida por los gobiernos neoliberales de la dictadura y post-dictadura creó las condiciones para masificar la matrícula en pedagogía. Entre los años 2000 y 2011 la matrícula en formación inicial docente se triplicó, impulsada en gran parte por la política de créditos garantizados a la demanda conocidos como CAE. Esto significó, en la práctica, un gran influjo de dinero público a la banca y una multiplicación de programas en instituciones privadas con matrícula masiva, sin necesariamente atender de forma apropiada a las discusiones sobre los aspectos formativos de la pedagogía.

Lo tercero es que, ante el escenario de crecimiento desregulado, la reacción de los gobiernos fue estimular un debate normativo para un mercado, basándose en lenguaje empresarial: orientaciones mediante estándares, sistema de acreditaciones de carreras e instituciones, y sistemas de medición externa al desempeño educativo. En ese marco se inscriben la redacción del Marco para la Buena Enseñanza, la multiplicación de la aplicación del SIMCE a las escuelas, su uso en leyes gerencialistas para crear nuevos mercados con la educación -como la de Subvención Escolar Preferencial, la de Aseguramiento de la Calidad, los nuevos marcos legales de acreditación de carreras e instituciones, y los convenios de desempeño para la formación inicial docente.

En cuarto lugar, el sistema y la profesión docente recibieron todo la batería discursiva que implicó agresivamente una intervención del mercado sobre sus carreras. A raíz de la explícita culpa atribuida a los docentes dispuesta en informes como el de McKinsey & Company y otros documentos asociados al Banco Interamericano de Desarrollo, emergen un conjunto de organizaciones que sistematizaron esta crítica y la multiplicaron en un conjunto de iniciativas. En Chile, organizaciones no gubernamentales como Educación 2020 y Elige Educar estimularon públicamente un discurso de culpa a los profesores del sistema y a sus cualidades “de calidad”, asumiendo una posición de abierto enfrentamiento social con quienes eran formados en el sistema masificado de educación: las mujeres de origen popular.

El discurso agresivo contra la profesión docente se asocia también a una fórmula de influencia política construida desde los medios y ellobby desregulado. Es decidor que hoy el Ministerio de Educación y la reforma está en manos de quienes formaron Educación 2020. Por otro lado, otras iniciativas, de corte más ideológico pero no menos agresivo, formularon en la práctica la posibilidad de prescindir de la pedagogía como carrera ética y profesional y la asumieron como un voluntariado formativo, dedicado a los más pobres como forma de acumular “capital humano”. Hablamos de EnseñaChile, inspirado en la iniciativa estadounidense TeachforAmerica, que promovió la idea de labor docente como una forma individual de acumular las competencias que necesitan las empresas. En todo este recorrido quedan varias cosas fuera, como la introducción de mecanismos como la prueba INICIA, pero lo central es señalar que la formación docente se ha visto impactada de forma muy dinámica y agresiva con las reformas y discursos de carácter neoliberal de la última década, y que eso tiene impacto en cómo se concibe, hoy mismo, la ley que reorganizaría a la educación superior en general y estatal en particular.

Un reciente reporte del Observatorio de Formación Docente permite estimar el impacto nacional que han tenido las políticas educacionales sobre la formación inicial docente. Algo notable es que desde el 2011, año en que estarían ingresando los estudiantes masivamente financiados por el CAE a las aulas como docentes, se ha notado un descenso en las matrículas de pedagogía en primer año. En 2017, éstas son menores que lo que había el 2005. El descenso se puede explicar por las adecuaciones que hacen a su matrícula las instituciones privadas: los institutos profesionales que no pueden seguir impartiendo pedagogías, y las universidades privadas que deciden acomodarse a las nuevas exigencias de ingreso y funcionamiento. Otro dato relevante es que las tasas de deserción de la profesión, que, de acuerdo a reportes de investigación, se acercan al 45% hacia el quinto año de ejercicio profesional.

Si bien en lo oficial se dice otra cosa, el espíritu de la Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, fue impactar de forma drástica las carreras de pedagogía para desprofesionalizarla. Ha sido un pilar central de la reforma educativa de Bachelet, y constituirá sin duda parte de su legado declarado. La moneda de cambio para desprofesionalizar la pedagogía fue la asignación competitiva de mejores ingresos para docentes que se han adaptado de mejor forma a las lógicas neoliberales del desempeño educativo. Es decir, el sometimiento a un frecuente proceso de vigilancia sobre competencias profesionales mediante pruebas estandarizadas descontextualizadas. Sospecho que ninguna otra profesión en Chile aceptaría tal nivel de control del Estado.

Las condiciones actuales de la profesión docente y el nuevo escenario de reforma a las universidades ponen un desafío mayor para la formación docente, particularmente en las instituciones estatales. La pérdida de autonomía en los gobiernos universitarios, las condiciones de precarización de sus funcionarios, la falta de proyecto público que se materialice en condiciones financieras a las universidades estatales, las presiones del mercado por responder a las caídas de matrícula, y las presiones de la “calidad” neoliberal arriesgan los procesos formativos que la ley y política pública declaran, y por cierto que no responden a las demandas del movimiento social por el derecho a la educación.

En ese escenario, para la formación docente, la reforma a las instituciones estatales tal como está propuesta –y en conjunto con el resto de iniciativas- puede resultar en un mayor retroceso social, que situará a la pedagogía como una carrera tecnificada y no una profesión con saberes propios que deben desarrollarse como campo disciplinar, tanto intelectual como profesional. Enfrentarse a ese escenario en la soledad del aislado actuar institucional de los rectores o las federaciones de estudiantes es una invitación a perder. Es importante recuperar iniciativa crítica, unitaria, política y socialmente relevante, si es que buscamos recuperar la centralidad de lo público en la construcción del derecho a la educación. Hoy, estamos perdiendo esa batalla, tanto dentro como fuera de nuestras neoliberalizadas instituciones.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/12/formacion-docente-en-la-universidad-publica-neoliberal/

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Perú: El porcentaje para la educación

América del Sur/Perú, 16 de septiembre de 2017. Fuente: elcomercio.pe. Autor: Iván Alonso.

En el proyecto de presupuesto general de la república para el 2018 que ha presentado el Primer Ministro al Congreso para su aprobación se ha incrementado la partida asignada a la educaciónen 8% con respecto a la de este año. Son 2,130 millones de soles más. No han tardado, sin embargo, en escucharse las críticas de especialistas en el tema que objetan que, como porcentaje del total, el presupuesto para la educación se reduzca. En efecto, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, que incluyen gastos de infraestructura como parte del plan de reconstrucción con cambios, el porcentaje para la educación baja de 18.4% a 18.0%. La objeción, por tanto, es correcta desde el punto de vista aritmético; pero resulta totalmente infundada, para este economista, al menos.

La composición del presupuesto de la república no tiene que ser rígida. Las prioridades varían con las necesidades del país y con la disponibilidad de fondos. Así es como la gente maneja sus propios presupuestos.

El estudio de los presupuestos familiares, iniciado a mediados del siglo XIX, ha enseñado a los economistas cómo cambia su composición a medida que aumentan los ingresos. En 1872 Ernst Engel formuló la famosa ley que lleva su nombre: las familias de mayores ingresos destinan a la alimentación un menor porcentaje de los mismos. Los presupuestos estudiados por Engel mostraban además que los gastos en “educación, religión etc.” crecían sustancialmente con los ingresos, de 0.4% del total para las familias más pobres a 1.2% para las más acomodadas.

Esto lleva a pensar, por cierto, que los gastos en educación no son necesariamente productivos, en un sentido material. ¿Cuánto pueden aportar unas clases de ballet o de alemán a la productividad o los ingresos futuros de un alumno? No mucho, quizás, pero eso no quiere decir que no tengan para quien las toma un valor espiritual.

Pero la mayor propensión de las familias a gastar en la educación de sus hijos se evidencia también en la creciente preferencia por la educación privada. A medida que el crecimiento económico aumenta el poder adquisitivo, más son las familias que están dispuestas a pagarla de su propio bolsillo. Esto se ve claramente en la aparición y –por qué no decirlo– el éxito de los colegios particulares en los llamados conos de Lima en los últimos años. Del 2005 al 2013, el porcentaje de alumnos matriculados en colegios privados creció de 18% a 26% del total. La tendencia es la misma en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

Con menos alumnos que atender, proporcionalmente hablando, no es extraño ni, mucho menos, económicamente irracional que el presupuesto público para educación crezca más despacio que las partidas asignadas a otros sectores. En términos de gasto por alumno, es posible que esté aumentando considerablemente; en términos de gasto por docente, también. Las críticas de los especialistas tienen que bajar del nivel de generalidad en el que cómodamente se instalan.

Lo mismo puede decirse del Acuerdo Nacional, que en su política de estado número 12 plantea aumentar gradualmente el presupuesto del sector educación hasta alcanzar el 6% del producto bruto interno (PBI). Una meta elevada, seguramente, en más de un sentido, pero que no puede perseguirse sin mirar la tarea que se tiene por delante ni tampoco lo que ocurre alrededor.

Fuente de la noticia: http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/porcentaje-educacion-ivan-alonso-noticia-458234

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