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Hamdan Award

El Sr. Khalifa Alsuwaidi en el marco del 8vo Foro internacional de Diálogo de Políticas Docentes expuso los antecedentes, experiencia y alcance del premio internacional Hamdan.  Desde una perspectiva de premiar las mejores experiencias y los desempeños más destacados este premio es un referente del modelo de educación que promueven el modelo de competencias.  En OVE nos parece importante divulgar el esquema de la exposición del Señor  Khalifa Alsuwaidi para el conocimiento y debate en el magisterio.

 

Pueden revisar el esquema de la exposición en el siguiente link:

Premio Hamdan

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Tomada de https://gacetadeiztapalapa.files.wordpress.com/2014/08/dsc03605.jpg

Aulas de Emergencia

Artículo de opinión escrito por Luis Hernández Navarro y publicado originalmente en La Jornada

La maestra Érika Elizabeth Nú­ñez Montes ha hecho de la banqueta un aula de emergencia. Cada día, en la calle Nicolás García 60, Iztapalapa, frente a la escuela Nicolás García, en la que enseñó durante más de 10 años, imparte clases de quinto año de primaria.El precario salón de clases de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza funciona en el turno vespertino desde que el pasado 7 de marzo un grupo de funcionarios irrumpió en la escuela para notificarle a la maestra Núñez que, a partir del 1º de marzo, estaba despedida.

A la profesora Érika la cesaron en su trabajo a pesar de que era querida y respetada por sus alumnos y sus padres de familia, y de que no había faltado a clases. Durante años, su labor frente a grupo ha sido intachable. Desempeñó siempre su función con responsabilidad y compromiso. Sin embargo, fue cesada por negarse a presentar un examen al desempeño docente, mal hecho y peor aplicado, que no consideró ni su plan de trabajo ni las condiciones en que tuvo que enseñar a los niños.

La escuela en que la maestra Núñez Montes educa está enclavada en una zona de la ciudad de México particularmente violenta. Apenas el pasado 19 de octubre, no muy lejos de sus instalaciones, apareció colgado el cuerpo de un hombre. Los alumnos que asisten a ella provienen de familias en su mayoría humildes. No son pocos los que han crecido en hogares rotos. La profesora, con 13 años de servicio (10 de ellos en la Nicolás García), sabe cómo enfrentar estos desafíos, que ningún examen para medir conocimientos puede evaluar.

Al enterarse del despido de la maestra, los padres de familia se indignaron y exigieron a las autoridades escolares que fuera reinstalada. Y cuando éstas se negaron a devolverle su trabajo, apoyaron que siguiera dando clases, aunque fuera en la calle. Están dispuestos a salir a marchar para que ella regrese. Mejor que nadie, ellos saben lo que Érika ha hecho por sus hijos. Viven su cese como una arbitrariedad, como una enorme injusticia.

Érika Elizabeth Núñez Montes es una de los 3 mil 360 docentes despedidos en el país por no presentar la prueba al desempeño. Al igual que en su caso, en muchos lugares del país los padres de familia se han solidarizado con ellos. La lista es larga: Durango, Tlaxcala, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y un largo etcétera. Han solicitado pacíficamente a los funcionarios educativos la reinstalación de sus profesores y, cuando no les ha hecho caso, han ocupado escuelas, marchado y tomado oficinas públicas. Como en Iztapalapa, han levantado aulas de emergencia.

Las formas de lucha varían de estado a estado. En Campeche, los maestros y maestras cesados asisten a sus planteles y cumplen su horario, aunque no puedan ingresar a los salones de clase. Los padres de familia firman la lista de asistencia de los docentes, para dar fe de su presencia en las escuelas. El profesor Uk Tuz explicó a este diario: Hoy me presenté como de costumbre todas las mañanas; nuevamente intenté ingresar al plantel, pero estaba la directora, que me dijo que seguían en pie las acusaciones de la secretaría y, para dar fe de que acudí a mi labor, recabé las firmas de los padres de familia que me estuvieron apoyando y me retiraré a la una de tarde, para que no digan que abandono mis labores.

Las autoridades gubernamentales han respondido con sordera, prepotencia y represión. El pasado 17 de marzo, en Durango, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos profesores que protestaron contra los despidos afuera del Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió su sexto informe. Están acusados de motín y privación de la libertad. La noche anterior, policías realizaron al menos cinco cateos en casas de docentes inconformes. Una de las esposas de los maestros dijo: Me amenazaron cuando no encontraron a mi marido; me dijeron que si no decía dónde estaba me lo iban a regresar muerto. Según la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, existen 20 órdenes de aprehensión más contra otros docentes. Y, en Tlaxcala, elementos de seguridad agredieron a docentes y padres de familia que protestaron afuera de la Unidad de Servicios Educativos. La maestra Citlali Ortiz Cano recibió varios golpes de los uniformados.

En diversos estados se han efectuado movilizaciones magisteriales de protesta contra los despidos de sus compañeros. En Zacatecas, los trabajadores de la educación tienen tomada la Secretaría de Educación, y ya encarrerados, ocuparon también el Congreso del estado. En Mazatlán, Sinaloa, iniciaron un plantón en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y colocaron una ofrenda floral con dedicatoria a la muerte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que traicionó a los maestros de base.

Los profesores cesados por la SEP por no presentarse el examen al desempeño no son ni irresponsables ni malos maestros. Por el contrario, la mayoría de ellos son excelentes profesionistas, comprometidos con su trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Unos no se presentaron a la evaluación porque fueron requeridos para hacerlo con muy pocos días de anticipación. Otros, porque rechazan la falsa reforma educativa y decidieron no avalarla con su presencia. Algunos más porque consideraron que era oprobioso que, después de años de servicio y buenos resultados prácticos, se les sometiera a la humillación de tener que demostrar que tenían los conocimientos para ejercer. Finalmente, varios estimaron que no tenían por qué renunciar a derechos adquiridos y permitir que se les aplicara una nueva legislación de manera retroactiva.

Por lo pronto, el gobierno federal ya tiene un nuevo problema en puerta. Además de presentar demandas legales y amparos ante los despidos injustificados, el magisterio democrático decidió irse a huelga nacional, a más tardar el 1º de mayo. Poco menos de cinco semanas después, el 5 de junio, habrá elecciones para gobernador en 12 estados.

Luis Hernández Navarro

Twitter: @lhan55

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Ciencias del aprendizaje en el desarrollo de la nueva generación de maestros

En el portal OVE, dada la importancia de las exposiciones, hemos venido publicando cada uno de los esquemas de intervención de los ponentes en el 8vo Foro Internacional de Diálogo en Políticas Docentes. En esta oportunidad publicamos la presentación del Sr.  Alexey Semenov, Rector of Moscow State University of Education, Moscow, Rusia sobre Science of Learning in development of the new generation of teachers .  Pueden acceder a la misma en el siguiente link:

Ciencias del aprendizaje en la nueva generación de maestros

 

 

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Africans Deans of Education Forum

En el marco del 8vo Foro Internacional de Diálogo de Políticas Docentes la Sra  Irma Eloff, docente e investigadora de la Universidad de Pretoria expuso la experiencia del Africans Deans of Education Forum. En razón de la importancia de las exposiciones y los debates que ellas generaron en OVE decidimos publicar los esquemas de las intervenciones de cada uno de los participantes en la cita de México.  En esta oportunidad estamos divulgando la exposición de la Sra, Eloff en el siguiente link

ADEF

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Gestión educativa, Nicaragua, educación

NICARAGUA: Capacitarán a directoras/es en Gestión Educativa

NICARAGUA: Capacitarán a directoras/es en Gestión Educativa

por: Hatzel Montez Rugama

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/388209-capacitaran-maestros-gestion-educativa/

El asesor presidencial en temas de Educación, Salvador Vanegas, afirmó que 6,048 directores de diferentes centros educativos recibirán por primera vez un curso en Gestión Educativa, con el objetivo de mejorar los procesos educativos en los diferentes niveles de escolaridad en el país.

“El equipamiento tecnológico en los diferentes centros de estudios y la dignificación de los ambientes escolares también son parte de los logros que vamos alcanzando en el área educativa”, destacó Vanegas, quien fue citado por los diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional para conocer los avances en temas educativos.

Asimismo, sostuvo que una educación humanista desde el protagonismo de las personas, es hacia donde se dirigen las nuevas rutas educativas.

El asesor presidencial prometió volver al parlamento para profundizar los avances y las acciones prioritarias que impulsa el Gobierno para fortalecer el sistema nacional de educación.

Fortalecimiento

Al respecto, Maritza Espinales, presidenta de la Comisión de Educación, manifestó que otro avance importante en el área educativa es la disminución de la deserción escolar en primaria.

“Esto se ha generado gracias al programa de la merienda escolar, donde 200 mil niños y niñas reciben este beneficio”, afirmó la legisladora.

Educación rural

En cuanto a la implementación de la secundaria en el área rural, Espinales señaló que ha sido un éxito y se están realizando todos los esfuerzos para que más niños y jóvenes de zonas rurales “no se queden estancados en el sexto grado”.

“Esta es un área que el Gobierno prioriza, se quiere que los jóvenes, niños y niñas en zonas rurales alcancen una educación superior”, explicó la diputada.

Formación de valores

Por otro lado, Espinales señaló que aún es un reto trabajar en la formación de valores orientada a crear conciencia en los alumnos para que cuiden las infraestructuras escolares.

“Es necesario que los alumnos cuiden sus centros escolares, pues el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que tengan espacios bien equipados”, advirtió Espinales.

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Yale Is Depriving Graduate Students of Their Rights

Yale está privando a estudiantes graduados de sus derechos

The Nation. Instigating Progress Daily/03-18-2016/Por Michelle Chen

Resumen: La universidad neoliberal pone énfasis en el poder corporativo en
lugar de la libre investigación, es por ello, que los miembros de la
Organización de empleados y estudiantes entregaron una petición a las
autoridades de la Universidad de Yale durante una protesta llevada a cabo
en el campus de New Haven, Connectitcut, para exigir la elección sindical,
con la que aspiran gozar de los beneficios: guarderías asequibles (las
guarderías presentes en el campus cobran honorarios que ascienden a dos
tercios del salario de un investigador graduado), tratamiento de igualdad
de género y diversidad racial en la contratación; la compensación salarial
equitativa, la financiación de becas para la investigación, garantía en los
pagos de salarios y mejores servicios de salud mental, desestabilización de
la fuerza laboral docente, compensación equitativa y financiación de becas,
servicios de salud mental. Beneficios que han venido siendo boicoteados por
las grandes corporaciones que manejan la Universidad, las cuales han
orientado a la educación superior hacia la reproducción de la fuerza
corporativa en vez de una verdadera investigación libre, amenazando a los
programas de postgrado por un lado con la mercantilización de la educación
superior y, por otro, las justas reivindicaciones de los empleados.

 

Yale’s epic labor battle between graduate student employees and the
administration has cycled through a generation of graduating classes and
many doctoral candidacies, and graduate student organizers have finally
officially named their union Local 33. A jubilant chartering convention last
week in New Haven certified that an overwhelming majority of the proposed
unit have signed cards signifying support for unionization. The move puts
an official seal (blessed by a number of state officials and the union
leadership) on the more than 1,000 signatures the group gathered for a
petition demanding a fair union election last year.

Graduate Employees and Students Organization (GESO)
chair Aaron Greenberg said that the formal naming of Local 33 shows it is ready to unionize with or without
an official nod from the administration, and hope to spur the debate
forward by taking the initiative, symbolic though it may be:

“We are not going to wait for Yale to give us an election to act like and
be the union that we are,” he tells *The Nation*. “And I think a lot of the
issues that we are fighting about, whether it’s access to childcare,
adequate mental healthcare, race and gender equity, security of pay. These
are issues that are not going to wait for us to have a union. These are
really pressing for our members. And we’re ready to fight on them.”

The chartering of the local doesn’t
seem to have changed the administration’s position. However, a spokesperson
for Yale says via email that it would respect the traditional secret ballot
process, overseen by the National Labor Relations Board, and “officially
branding GESO as Local 33 is not perceived at Yale as anything new or
different, and it has no effect on the status of graduate students.”

As a legal matter, GESO’s institutional power and legal status remains
tenuous without any official recognition of the union from the university.
Under the precedent of “Brown II,” the NLRB has suppressed graduate labor organizing with a blanket denial of
collective bargaining rights at private higher education institutions. The
2004 ruling thus left union recognition at the employer’s discretion,
handing the mega-corporations that run Yale and other campuses wide
latitude to ignore the growing clamor for union representation among
graduate assistants and researchers.

But soon Yale (where the author was once an undergraduate) may have no
choice but to come to the bargaining table with Local 33, because, as were
ported last year, the graduate worker unions at Columbia University and the New School
have taken their demand for a union to the NLRB in Washington to secure their union rights and overturn
Brown. They’re backed by many labor unions and other graduate workers
—including those at public universities, where unionization is governed under separate
state labor laws, and the new UAW graduate workers union
at New York University.

 

Over the past decade, one could say the NLRB stranglehold has worked
exactly as the victors intended: On the neoliberal campus, working
conditions have grown more precarious, and higher education in general has oriented toward the reproduction of corporate power rather than genuine free inquiry. Educational borrowing has soared,
with typical 2014 debt loads for graduate-level students ballooning
to about $57,600, the bulk of it from graduate programs. As for paying off
that debt through an academic career, decent-paying, tenure-track positions
are perilously scarce, while the destabilization of the workforce shunts
former teaching assistants into an expanding underclass of underpaid
adjuncts. All these stressors are compounded by competitive and alienating campus
climates that often offer inadequate mental health and social supports.

University administrators argue that collective bargaining,
and the adversarial labor-management relationship, would undermine
conventional scholarly pedagogical relationships. Yale (though GESO is not
participating directly in the NLRB case) similarly contends that
graduates don’t need a union, since they are already compensated generously
and can address labor-related issues through administrative channels.

Graduate student labor advocates, however, say this romanticized logic
ignores real power relationships in the graduate workforce. In its recent
reply brief , the Columbia Graduate Workers union argues, “the supporters of Brown represent
the viewpoint of executives and administrators who…have seized upon
imagined threats to academic freedom and to mentoring relationships to deny
bargaining rights to their employees.” Meanwhile, the growing tendency for
under-resourced departments to exploit graduates, coupled with
inadequate labor protections, in turn constrain and distort their
relationship to the surrounding academic community. After all, it’s difficult to immerse
yourself in the inspired practice of intellectual apprenticeship when
working a night-shift restaurant job, teaching undergraduate courses on an
erratic schedule, and researching your thesis, while living off food stamps under
a life time of debt. Yale’s GESO has presented a multipronged agenda
focused on both academic and labor
issues. While demanding more equitable compensation and secure fellowship funding,
graduates have also criticized gaps in mental health services, which they
say are fraught with “long wait times and inadequate options for treatment”
for the estimated half of graduate students who seek help. They’re also
calling for affordable childcare, noting that “current on-campus daycares
charge fees that amount to two-thirds of a graduate researcher’s pay.” GESO
is also campaigning around issues of gender and racial diversity in hiring.

A quarter-century after Yale graduate students
kick-started the incipient labor group, TA Solidarity, campus organizing has blossomed in many forms across
campuses nationwide, including unionization drives for non-tenure-track
faculty (who currently make up the majority of the academic workforce) at public and
private institutions, from large state schools to underfunded historically
black colleges. Undergraduates are rallying with the Fight for 15 for
campus workers, both students and locals. And with national campaigns like the SEIU-backed
Faculty Forward, an emergent coalition of faculty, students and staff are
sparking critical conversations on how academic labor fits in the “new
economy,” and how to resist the corporatization of higher education, in theory—by protecting their
right to free inquiry—and in practice—by ensuring their rights at work are
respected.

So the graduate workers now going before the NLRB are inking one footnote
in a new chapter of educational activism—not just disrupting the ivory
tower, but reclaiming their campus.

Fuente de la noticia e imagen:
www.thenation.com/article/yale-is-depriving-graduate-students-of-their-rights/

 

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