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EE.UU: California aprueba de manera fulminante una subida sin precedentes del salario mínimo

Una propuesta de ley de los sindicatos obliga a las instituciones a pactar
en dos semanas la mayor subida estatal de Estados Unidos

LosAngeles/EE.UU/ElPais/1 de abril de 2016/Por: Pablo Ximenez de Sandoval

Partidarios de la subida celebran la aprobación en el Capitolio. AP

15 dólares por hora: la pugna por los salarios toma fuerza en Estados Unidos

Hace solo un mes se consideraba imposible. Pero en apenas dos semanas,
California ha aprobado la subida del salario mínimo más grande de Estados
Unidos, un 50% en los próximos seis años. La subida a 15 dólares la hora es
una reivindicación de los sindicatos y del ala más izquierdista del Partido
Demócrata y es considerada un peligro para la economía y la creación de
empleo por parte de los republicanos y casi todas las organizaciones
empresariales.

California se convierte en el primer estado en adoptar los 15 dólares la
hora,

una
cantidad que ya había sido puesta en marcha por grandes ciudades como Los
Ángeles o San Francisco. Ahora, afectará a 38 millones de personas en el
estado más poblado del país y la economía más desarrollada de Estados
Unidos. Cuando Los Ángeles aprobó esta subida

el
año pasado se convirtió en el laboratorio más grande de EE UU
para ver
los efectos de la medida. Ahora todo California es el laboratorio, tras una
reacción fulminante de sus políticos e impensable hace solo un mes.

La razón de que se haya aprobado tan deprisa está en el particular sistema
de democracia directa de California, uno de los más extremos del mundo
junto con el de Suiza. Los sindicatos habían planteado dos propuestas
diferentes que se dirigían sin remedio hacia la votación en las próximas
elecciones presidenciales de noviembre. La semana pasada, los sindicatos
anunciaron que una de las propuestas ya tenía las firmas necesarias para
ser enviada a votación. Las encuestas indican un amplio apoyo popular a
esta medida. Inmediatamente, el gobernador y los líderes del Legislativo se
sentaron a negociar una propuesta de ley alternativa para evitar ser
atropellados en las urnas.

La posibilidad de renegociar una medida popular solo existe en California
desde el año pasado. Las normas de la iniciativa directa se cambiaron a
propuesta del Instituto Berggruen, de forma que los proponentes de una
iniciativa pueden retirarla si sus demandas tienen respuesta por parte de
los legisladores.

A partir de ese momento, los acontecimientos se han sucedido a toda
velocidad. El pasado lunes, 28 de marzo, la oficina del gobernador Jerry
Brown y los líderes del Legislativo anunciaban un acuerdo con los
sindicatos para matizar la propuesta. Este jueves por la mañana, el
proyecto ha sido aprobado en la Asamblea de California. Por la tarde lo ha
aprobado el Senado e inmediatamente la oficina del gobernador ha enviado un
comunicado diciendo que ratificará la ley el lunes en un acto en Los
Ángeles.

Con el acuerdo enmendado, la subida se va a realizar de forma un poco más
escalonada (en seis años en lugar de cinco) y se añaden algunas
excepciones, como dar un año más a los pequeños negocios. Además, el Estado
podrá suspender la subida en un mal año económico. A partir de 2022, el
salario mínimo quedará indexado al coste de la vida.

La votación en el Capitolio de Sacramento, la capital de California, se
realizó entre gritos de “¡sí se puede!”, el lema con el que César Chávez
movilizó a los jornaleros en los años sesenta y creó el mayor sindicato
agrario de California. Justamente, hoy es el día de recuerdo de César
Chávez en Estados Unidos.

El salario mínimo a nivel nacional

se
mantiene en 7,25 dólares la hora desde 2009, una cantidad que en las
grandes ciudades ha generalizado el problema de los trabajadores pobres, es
decir, gente que trabaja a tiempo completo 40 horas a la semana o más y
tiene que vivir de la beneficencia. Dignificar el salario mínimo es la gran
reivindicación de los sindicatos de Estados Unidos, especialmente los de
hostelería y agricultura, y de la izquierda del Partido Demócrata. En
California era hasta ahora de 10 dólares la hora, uno de los más altos del
país a nivel estatal.

Los sectores más afectados por la subida del salario mínimo son tiendas y
hostelería, que entre los dos tienen un 30% de la fuerza laboral que cobra
el salario mínimo, según un estudio de la Universidad de California en
Berkeley. En total, 5,6 millones de trabajadores se verán afectados, con
una subida media anual en sus ingresos de 3.700 dólares. El 55% de los
trabajadores afectados son latinos.

La velocidad a la que se ha resuelto este asunto ha dejado a superado las
expectativas de todos los políticos. Hasta hace pocos días, el alcalde de
Los Ángeles estaba en campaña para animar a las ciudades vecinas del
condado a que subieran el salario mínimo como ha hecho su Administración.

La medida llega además en medio del debate de primarias del Partido
Demócrata, cuyos candidatos tienen visiones distintas en este asunto. Para
Bernie Sanders, la subida en todo el país a 15 dólares es uno de sus
eslóganes de campaña. Convertir el salario mínimo en un “salario digno” es
una de sus medidas para cerrar la brecha de desigualdad en Estados Unidos.
Hillary Clinton, sin embargo, propone que la subida sea a 12 dólares la
hora y “apoya” los esfuerzos de estados y municipios para ir más allá. La
aprobación desactiva este debate en California, donde los votantes se
podían haber encontrado en la misma papeleta la elección de presidente con
el sí o no a la subida.

Fuente:
internacional.elpais.com/internacional/2016/04/01/actualidad/1459464108_314770.html
tras

California aprueba de manera fulminante una subida sin precedentes del
salario mínimo

Una propuesta de ley de los sindicatos obliga a las instituciones a pactar
en dos semanas la mayor subida estatal de Estados Unidos

LosAngeles/EE.UU/ElPais/1 de abril de 2016/Por: Pablo Ximenez de Sandoval

Partidarios de la subida celebran la aprobación en el Capitolio. AP

15 dólares por hora: la pugna por los salarios toma fuerza en Estados Unidos

Hace solo un mes se consideraba imposible. Pero en apenas dos semanas,
California ha aprobado la subida del salario mínimo más grande de Estados
Unidos, un 50% en los próximos seis años. La subida a 15 dólares la hora es
una reivindicación de los sindicatos y del ala más izquierdista del Partido
Demócrata y es considerada un peligro para la economía y la creación de
empleo por parte de los republicanos y casi todas las organizaciones
empresariales.

California se convierte en el primer estado en adoptar los 15 dólares la
hora,

una
cantidad que ya había sido puesta en marcha por grandes ciudades como Los
Ángeles o San Francisco. Ahora, afectará a 38 millones de personas en el
estado más poblado del país y la economía más desarrollada de Estados
Unidos. Cuando Los Ángeles aprobó esta subida

el
año pasado se convirtió en el laboratorio más grande de EE UU
para ver
los efectos de la medida. Ahora todo California es el laboratorio, tras una
reacción fulminante de sus políticos e impensable hace solo un mes.

La razón de que se haya aprobado tan deprisa está en el particular sistema
de democracia directa de California, uno de los más extremos del mundo
junto con el de Suiza. Los sindicatos habían planteado dos propuestas
diferentes que se dirigían sin remedio hacia la votación en las próximas
elecciones presidenciales de noviembre. La semana pasada, los sindicatos
anunciaron que una de las propuestas ya tenía las firmas necesarias para
ser enviada a votación. Las encuestas indican un amplio apoyo popular a
esta medida. Inmediatamente, el gobernador y los líderes del Legislativo se
sentaron a negociar una propuesta de ley alternativa para evitar ser
atropellados en las urnas.

La posibilidad de renegociar una medida popular solo existe en California
desde el año pasado. Las normas de la iniciativa directa se cambiaron a
propuesta del Instituto Berggruen, de forma que los proponentes de una
iniciativa pueden retirarla si sus demandas tienen respuesta por parte de
los legisladores.

A partir de ese momento, los acontecimientos se han sucedido a toda
velocidad. El pasado lunes, 28 de marzo, la oficina del gobernador Jerry
Brown y los líderes del Legislativo anunciaban un acuerdo con los
sindicatos para matizar la propuesta. Este jueves por la mañana, el
proyecto ha sido aprobado en la Asamblea de California. Por la tarde lo ha
aprobado el Senado e inmediatamente la oficina del gobernador ha enviado un
comunicado diciendo que ratificará la ley el lunes en un acto en Los
Ángeles.

Con el acuerdo enmendado, la subida se va a realizar de forma un poco más
escalonada (en seis años en lugar de cinco) y se añaden algunas
excepciones, como dar un año más a los pequeños negocios. Además, el Estado
podrá suspender la subida en un mal año económico. A partir de 2022, el
salario mínimo quedará indexado al coste de la vida.

La votación en el Capitolio de Sacramento, la capital de California, se
realizó entre gritos de “¡sí se puede!”, el lema con el que César Chávez
movilizó a los jornaleros en los años sesenta y creó el mayor sindicato
agrario de California. Justamente, hoy es el día de recuerdo de César
Chávez en Estados Unidos.

El salario mínimo a nivel nacional

se
mantiene en 7,25 dólares la hora desde 2009, una cantidad que en las
grandes ciudades ha generalizado el problema de los trabajadores pobres, es
decir, gente que trabaja a tiempo completo 40 horas a la semana o más y
tiene que vivir de la beneficencia. Dignificar el salario mínimo es la gran
reivindicación de los sindicatos de Estados Unidos, especialmente los de
hostelería y agricultura, y de la izquierda del Partido Demócrata. En
California era hasta ahora de 10 dólares la hora, uno de los más altos del
país a nivel estatal.

Los sectores más afectados por la subida del salario mínimo son tiendas y
hostelería, que entre los dos tienen un 30% de la fuerza laboral que cobra
el salario mínimo, según un estudio de la Universidad de California en
Berkeley. En total, 5,6 millones de trabajadores se verán afectados, con
una subida media anual en sus ingresos de 3.700 dólares. El 55% de los
trabajadores afectados son latinos.

La velocidad a la que se ha resuelto este asunto ha dejado a superado las
expectativas de todos los políticos. Hasta hace pocos días, el alcalde de
Los Ángeles estaba en campaña para animar a las ciudades vecinas del
condado a que subieran el salario mínimo como ha hecho su Administración.

La medida llega además en medio del debate de primarias del Partido
Demócrata, cuyos candidatos tienen visiones distintas en este asunto. Para
Bernie Sanders, la subida en todo el país a 15 dólares es uno de sus
eslóganes de campaña. Convertir el salario mínimo en un “salario digno” es
una de sus medidas para cerrar la brecha de desigualdad en Estados Unidos.
Hillary Clinton, sin embargo, propone que la subida sea a 12 dólares la
hora y “apoya” los esfuerzos de estados y municipios para ir más allá. La
aprobación desactiva este debate en California, donde los votantes se
podían haber encontrado en la misma papeleta la elección de presidente con
el sí o no a la subida.

Fuente:
internacional.elpais.com/internacional/2016/04/01/actualidad/1459464108_314770.html

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Suecia: Supplemental education: the key to integration

TheLocal/31 de marzo de 2016

Resumen: Miles de extranjeros con formación en docencia han llegado a Suecia en los últimos años y aunque en su gran mayoría son estudiados, quedan atascados al no conseguir trabajo. Muchos de ellos han viajado a este país sin tener otra elección. Los inmigrantes llegan al país desconociendo que existe un programa de educación complementaria para extranjeros en las escuelas primarias locales. El programa es conocido en sueco como lärares Utländska vidareutbildning (a menudo abreviado como «ULV»), que se podría traducir como «la educación gratuita para los profesores extranjeros». El ULV se ofrece en varias universidades en toda Suecia, incluyendo las universidades de Estocolmo, Malmö, Linköping y Göteborg. Está diseñado para aquellos que ya tienen una licencia de enseñanza de otro país. Dicho curso está se ofrece en sueco y los solicitantes deben tener un permiso de
residencia y nivel de secundaria habilidades en la lengua sueca, sin embargo, con esos requisitos previos, se hace mucho más fácil a los profesores formados en el extranjero entrar en el mercado laboral sueco, en un nivel apropiado para las habilidades y la educación que ya tienen. El reto más grande, que deben sopesar, los profesores extranjeros, es sin duda el idioma. Los participantes del programa aprenden acerca de lo que se siente al ser un maestro en
Suecia, el plan de estudios, la cultura, las reglas, y cómo manejar a los estudiantes; luego se les concede la oportunidad de probarlo en una escuela sueca. Actualmente, el programa se ha convertido en un aspecto esencial para comprender el sistema escolar sueco, ya existen algunos programas en Suecia ahora para la formación de médicos extranjeros, maestros, dentistas, enfermeras e incluso abogados. La desventaja o dificultad que afronta el programa tiene que ver con la información y divulgación que se hace a éste, debido a que muchos refugiados y extranjeros en Suecia no saben que este tipo de formación especializada está disponible.

Housands of highly-educated foreigners have come to Sweden in recent years – and many end up jobless. But the solution is simple. The Local speaks to an Iraqi teacher about the journey from refugee to integrated professional in Sweden.

Evan Albadry didn’t really plan on moving to Sweden. He didn’t have much of a choice.

“Our religious group, the Mandaeans, was prosecuted in Iraq, and we had cousins in Sweden,” he says.

When he arrived in October 2006, there weren’t many options available to him, and he started learning Swedish right away.

But Albadry, who had been a researcher and professor in Iraq, didn’t get his life as a working professional back for another five years.

“When you study SFI the employment agency requests that you do an internship,” Albadry tells The Local in flawless Swedish. “I applied for an internship at a local elementary school, and it was there – totally by chance – that I found out about the supplementary education programmes for foreigners.”

One of his friends from SFI had seen a flyer for the programme. Prior to that, Albadry didn’t even know such programmes existed.

The programme is known in Swedish as Utländska lärares vidareutbildning (often shortened to ‘ULV’), which translates roughly to «complimentary education for foreign teachers».

ULV is offered at several universities throughout Sweden, including the universities in Stockholm, Malmö, Linköping, and Gothenburg. It’s designed for those who already have a teaching license from another country.

The course is given in Swedish and applicants must have a residence permit and high school level skills in the Swedish language – but with those prerequisites in order, it makes it much easier for foreign-trained teachers to enter the Swedish labour market, at a level appropriate for the skills and education they already have.

”It’s challenging at first, especially with the language,” Albadry says. “But it gets easier and easier with time.”

Albadry studied day and night to get through. Participants in the programme learn about what it’s like to be a teacher in Sweden, the curriculum, the culture, the rules, and how to handle students – and then they are granted the opportunity to try it out at a Swedish school.

“I had an 11-week internship while also studying, so I actually got to go into schools and see what it’s like,” he says. “It was tough and intense, but great. After that you have what you need. You know the rules, you know your rights, and you know how to interact with students.”

The programme worked wonders for Albadry, who has been working as a teacher in Sweden since 2011.

“It’s really a perfect programme,” he says. “You need to understand the Swedish school system so of course you can’t start working in schools immediately, no matter what your background is.”

But why aren’t more newcomers enrolled in such programmes?

“The problem today is that no one knows education levels of the new arrivals in Sweden,” says Pär Karlsson at the Swedish Confederation of Professional Associations (Saco).

The association has been a champion in the debate about foreign academics, previously calling on the government to view immigrants as a priceless investment.

“We’ve suggested that the Migration Board document people’s educational background during the asylum seeking process,” he says. “If they did that, and if we knew refugees’ educational background and work experience right away, then we can start getting them established even during the asylum process. It would be much quicker.”

It certainly would have simplified the process for Albadry. When he first applied for the course at Stockholm University, he wasn’t accepted because his qualifications were “unclear”.

“They claimed I didn’t get in because I hadn’t been a teacher in my home country – I had been researching,” he explains. “But I had documentation showing that I had been a teacher there for six years.”

Eventually it did work out and his documentation was accepted, and Albadry began the programme. But it would have been much simpler if his education and experience had been in the Swedish “system” from the beginning.

Supplementing a foreign doctor’s training so they are able to work in the Swedish market costs just one-tenth the price of educating a Swede from scratch, Karlsson notes. And there are a few programmes in Sweden now for training foreign doctors, teachers, dentists, nurses, and even lawyers – but not nearly enough.

The teachers’ programme at Stockholm University, for instance, launched as a government initiative in 2007, and since then some 1,500 people from 90 countries have enrolled. But there could be many more, not just in the teaching sector, but in many areas. Only 100 -150 spots are available in the course each year.

«It’s a huge waste of resources,» Karlsson remarks. «Only 70 million kronor was spent on additional higher education programmes for educated foreigners in 2014 – giving only a fraction of them the chance of completing their studies, so they can work in the field that they are trained in here in Sweden.»

Last year the Swedish government announced it would be adding spots to many such programmes, but there was no mention of creating similar programmes for neglected employment sectors – something which Saco has criticized.

Albadry adds that another issue is simply communication: many refugees and foreigners in Sweden don’t even know that this type of specialised training is available.

“I do think it’s gotten a bit better since I started,” he says. “And I personally am one of those people who spreads everything. I tell all my friends and other immigrants about these opportunities.”

But supplementary education and specialised Swedish courses should be something that immigrants are informed of when they first arrive, he says.

Karlsson agrees.

In last autumn’s budget bill the Swedish government proposed increasing funding for helping refugees integrate by some 50 percent, from 83,100 kronor per person/year to 125,000 kronor. It’s a step in the right direction, Karlsson says – but not enough. Integration needs to start from day one, when asylum seekers register.

“If the Migration Board took note of their education and work experience it would also make it easier to give them targeted information about career-specific SFI classes and education programmes,” he says. “The government has to put more resources into this sector.”

In one of the ULV programme’s polls the organization discovered that almost half of the students in the teachers’ programme at Stockholm University had been in Sweden for more than five years before they found out about the programme.

And the majority of the participants, like Albadry, «just so happened» to find out through contacts or coincidence – not through an official source such as SFI or the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen).

«We have to make an effort to get these people into education programmes as soon as possible after arriving in Sweden,» Karlsson says. «It’s not just a huge asset for us, but it’s a motivation factor for them, knowing that they can continue working in their profession in the future. It’s good for everybody.»

 

Fuente:

www.thelocal.se/20160331/supplemental-education-the-key-to-integration-saco-ulv-tlccu

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Colombia: Agua: ¿Derecho fundamental o negocio?

Colombia Informa/ Abril 2016/

La crisis ambiental afecta la producción de agua, situación que va acompañada por la contaminación del preciado líquido. La industria y la minería son actividades que acumulan mayor cantidad de contaminantes. Mientras que en países europeos se prohíbe el uso de cianuro en minería de oro para conservar el agua y la biodiversidad, en Colombia la normatividad lo permite.

La privatización del agua con mercados de concesiones permite a multinacionales mineras ejercer control sobre zonas  estratégicas productoras de agua. De otra parte, la mayoría de los países en vía de desarrollo no cuentan con programas de tratamiento de agua de origen doméstico e industrial y estos van a las cuencas de los ríos.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades se transmiten por medio del agua contaminada. Se estima que 18 millones de personas siguen muriendo cada año debido a la falta de higiene, saneamiento y un suministro de agua digno. La industria es una de las actividades que acumula mayor cantidad de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos contaminantes. Cada año se acumulan entre 300 millones y 500 millones toneladas. La minería integra las causas de contaminación de fuentes hídricas. Se calcula que los gastos para atender las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el mundo crecen a más de 30.000 millones de euros anuales.

Normatividad colombiana- el agua como derecho fundamental

La Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia T-413 de 1995, estableció que el derecho al agua es un derecho fundamental cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida, primero se atienden las necesidades domésticas. NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o actividades de turismo o a un terreno deshabitado. La sentencia fue modificada por la sentencia T – 381 de 2009 (José Ignacio Pretelt),  en este caso la sentencia le da vía libre a la acción de tutela para defender el derecho al agua solo cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida.

En Colombia, las organizaciones ambientales, ecologistas y defensoras de derechos humanos han acudido a las herramientas constitucionales para solicitar al Estado que se garantice el derecho al agua para el consumo humano en comunidades afectadas. La muerte de menores de la comunidad Wayuú en la Guajira por falta de agua potable se ha convertido en el  caso más relevante. Por esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que le garantice el agua a esta comunidad además de otras recomendaciones.

La realidad de la Guajira se extiende a otras regiones marginales del país donde las actividades mineras o de siembra de monocultivos de palma ya han dejado una enorme huella de contaminación y de sequía en las fuentes hídricas. En marzo de 2015, después de una verificación de la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR a Riosucio Chocó, y en los cuatro resguardos indígenas se confirmó la muerte de 19 niños y niñas desde julio de 2013 que pudieron ser prevenibles. La muerte de los menores está asociada al consumo de agua contaminada, agravada a la falta de atención médica oportuna.

La implementación de grandes proyectos mineros en ecosistemas productores de agua es una de las principales causas de contaminación del líquido en América Latina. En Colombia los gobiernos han permitido la instalación de multinacionales sobre zonas productoras de agua muchas veces sin control ni estudios ambientales coherentes. Las licencias se otorgan obedeciendo a políticas internacionales privilegiando intereses particulares de las multinacionales.

Contaminación del agua por minería con mercurio y cianuro

La minería contamina el agua, afecta la salud y genera miseria y problemas sociales en las comunidades, los daños causados son irreversibles. En regiones abandonadas del país, la minería se convierte en un rebusque que les permite sobrevivir a las familias. Sin embargo, el mercurio empleado en la actividad se ha convertido en una de las causas de contaminación del agua y de afectación en la salud de la población.

El químico es un neurotóxico altamente dañino para el desarrollo cerebral de los niños. Las zonas más afectadas en áreas auríferas están en el Noreste Antioqueño y el Sur de Bolívar. Sin embargo la ley del mercurio no tiene en cuenta estos aspectos y la legislación colombiana no ha tomado decisiones contundentes para evitar mayores daños.

Son pocos los estudios y datos estadísticos sobre el tema. Sin embargo investigadores de la Universidad de Cartagena como el científico Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de Cartagena, sobre mineros del sur de Bolívar encontró daño neurológico de coordinación muscular. Una investigación realizada sobre mineros entre 20 y 45 años del Bagre, Antioquia, mostró diversas alteraciones en el grupo como daño intelectual y cambios emocionales y neurológicos. El desconocimiento de los efectos que produce esta clase de químicos expone a las comunidades y a menores que tienen contacto con la actividad.

En la legislación de los países europeos se prohíbe el uso del cianuro en la minería de oro con el fin de proteger el agua y la biodiversidad. Sin embargo, en Colombia las multinacionales han planteado el uso de este elemento en la minería de oro en zonas de páramos. Un peligro que amenaza la destrucción del ecosistema y la contaminación del agua. Los páramos producen el agua para el 75% de los colombianos. Un gramo de cianuro tiene la capacidad de matar a una persona. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina –OCMAL-, mantiene la “Campaña por la Prohibición del Cianuro en América Latina”. A esta iniciativa se han adherido diferentes organizaciones ambientales, sociales y ecologistas.

Contaminación por minería de carbón

Un estudio entregado por la ONG Greenpeace, advierte que el conjunto de todas las centrales de carbón del planeta consumen una cantidad de agua equivalente al que consumen 1.000 millones de personas. La ONG advirtió además que esas compañías son responsables de ejercer una «enorme presión» sobre las principales cuencas hidrográficas del mundo y las poblaciones que viven en sus inmediaciones. En Colombia el caso más relevante se ha presentado en la mina el Cerrejón, la más grande del país que se explota a cielo abierto hace cuarenta años.

Las compañías que funcionan en esta zona del país han dejado a la comunidad sin agua. La falta del líquido ha sido causa de muerte de menores, así como también la causa de enfermedades derivadas de la actividad minera. Además se han desalojado comunidades en esa zona del país que ya no tienen acceso ni al agua ni a la tierra para cultivar.

Contaminación del agua por vertederos domésticos e industrial

Se estima que los países en vía de desarrollo como Colombia, el 90% del agua de origen doméstico e industrial vierten directamente a los ríos sin ningún tratamiento. Las personas asumen que sus plantas de tratamiento de agua les sacan todas las formas de contaminación al agua potable, sin embargo,  estas sólo están diseñadas para eliminar ciertos elementos. No obstante,  en los países desarrollados hay depuradoras que tratan la mayor parte del agua con desechos.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –UNEP-, (por sus siglas en ingles), ha advertido que si no hay una actuación urgente para mejorar el tratamiento de aguas residuales el impacto será cada día mayor afectando no solo la salud de millones de personas sino también a los ecosistemas.

Alianza entre gobiernos y el sector privado, la privatización del agua

La alianza entre gobiernos con el sector privado en la década de 1990, expandieron las empresas trasnacionales de agua. Suez, RWE y Veolia Environment, se lucran con el agua potable. Otras compañías de refrescos como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y Danone, son las que dominan el mercado del agua.

La privatización de empresas llegó con la privatización de las empresas de servicios públicos en Colombia, en particular el agua.

Lo cierto es que el agua se agota y el verano de este año disfrazado de “fenómeno del niño”, bajó los niveles de agua de los principales ríos del país y dejó sin agua a cientos de poblaciones. Los incendios y la destrucción de extensiones de bosque se aliaron al desabastecimiento de agua. Entonces, no es necesario hacer estudios y proyecciones para saber cómo serán los próximos veranos. Las decisiones de control en el tema ambiental son inmediatas y obligatorias tanto para comunidades como para gobernantes locales y nacionales como lo establece la norma: “garantizar el derecho fundamental al agua”.

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Valuing care work

15 de de marzo de el año 2016 / HDRO Research Team

Resumen: El  siguiente texto presenta un análisis del Informe sobre Desarrollo Humano de 2015 en el que se pone de manifiesto una contradicción sobre el trabajo de cuidador /cuidadora, esencial para el avance de las capacidades humanas, sin embargo, tiende a ser remunerado, a menudo infravalorado, sobre todo el trabajo de cuidado realizado por las mujeres.

The Human Development Report, 2015 highlights a contradiction: it is care work mostly undertaken by women – that makes possible much of the paid work that drives the market economy. Care work is also essential for advancing human capabilities yet, because it tends to be unpaid, it is undervalued and often taken for granted.

Estimating the market value of care work can highlight the critical contribution care workers make, and help ensure policies recognise this, as illustrated through the background research of Prof. Nancy Folbre at the University of Massachusetts Amherst (1).

Attempts to do so have occurred sporadically. For example, recognizing a housewife’s “round-the-clock” work in the household, The Supreme Court of India, recently trebled the compensation owed to the family of Mrs. Jayavantiben Trivedi roughly 25 years after she died in a road accident. A lower court had awarded Rs. 224000 (about USD 3,300) to the family, following the vehicle insurer’s argument that as a homemaker, Jayvantiben would not have earned much in her lifetime. The family’s lawyers successfully argued that the value of her work in the family should be recognised, and the Supreme Court agreed and raised the compensation to Rs. 647000 (about USD 9,500) (2).

Putting a monetary value on someone’s life is almost impossible of course. Yet, the case serves to remind us that the unpaid care work, such as meal preparation, housecleaning, laundry, the care of children and the elderly, clearly contributes to economic living standards, social well-being, and the development of human capabilities. At the same time it enables individuals to engage in paid work. Yet while paid work is assigned a monetary value and features in the national accounts, care work remains largely unmeasured and consequently invisible in economic policy discussions.

Things are changing. Due at least partly to UN resolutions insisting on improving the visibility of women’s unpaid work, many countries now administer time-use surveys asking individuals to recall their activities during the previous day. In the first decade of this century, more than 87 such surveys were conducted, more than during the entire 20th Century. Estimates of the hours worked in providing various household services provide a basis for valuing unpaid work: essentially economists can calculate how much it would cost to purchase an equivalent amount of similar work if you had to employ a cook or a nanny, for instance. This is valuation by a ‘replacement wage’. Although other approaches are possible, this is the most widely applied. It is important to note, however, that the value of unpaid work contributions cannot always – or fully – be captured in market terms. However, estimates of its monetary value, like efforts to estimate the value of environmental assets and services, can provide important insights.

Unpaid household work that leads to the production of goods (such as food for own consumption, or collection of firewood or water necessary for the household) is considered part of “production” by the System of National Accounts, and most estimates of Gross Domestic Product include approximations of the value of this work. However, the unpaid time people devote to the care of family, friends and neighbours are explicitly excluded. Although not all forms of care work are captured by time-use surveys, they do provide a useful tool for providing better estimates of hours devoted to these undervalued forms of work.
Valuation efforts, have gradually been gaining ground in national income accounting and are illuminating. Estimates differ among countries that are attempting to measure the value of unpaid care work, from 20 percent to 60 percent of GDP (3). In India unpaid care is estimated at 39 percent of GDP, in South Africa 15 percent (4). Among Latin American countries, the value for Guatemala is estimated at between 26 percent and 34 percent of official GDP, and 32 percent for El Salvador (5).

In 2008, the Organization for Economic Cooperation and Development published estimates of household production in 27 countries and highlighted that the value of household production as a share of GDP varies considerably. It is above 35% in several countries generally considered affluent—Australia, New Zealand and Japan and below 20% in Mexico and Korea (6).

Paying attention to these valuations can affect policy making. For example, in developing countries women spend a significant amount of time tending to basic family needs, and access to clean water and modern energy services would greatly improve their productivity. However, estimates of the return on public investments typically do not take the value of such non-market work into account. Doing so could change the way resources are allocated and projects prioritised for implementation.

This blog entry was drawn from the 2015 Human Development Report “Work for Human Development” think piece written by Nancy Folbre entitled Valuing Non-market Work

The HDialogue blog is a platform for debate and discussion. Posts reflect the views of respective authors in their individual capacities and not the views of UNDP/HDRO.

HDRO encourages reflections on the HDialogue contributions. The office posts comments that supports a constructive dialogue on policy options for advancing human development and are formulated respectful of other, potentially differing views. The office reserves the right to contain contributions that appear divisive.

Photo credit: UNDP Benin

References
(1) Folbre N. 2015. Valuing Non Market Work. Background think piece for Human Development Report 2015. UNDP
(2) Woman’s Worth. The Telegraph February 25th 2015
(3) Antonopoulos R. 2009. The Unpaid Care Work-Paid Work Connection. Working paper 86. ILO
(4) Budlender D. 2010. What Do Time Use Studies Tell Us About Unpaid Care Work? In Time Use Studies and Unpaid Care Work. UNRISD
(5) Durán, M. A., and V. Milosavlejevic. 2012. Unpaid Work, Time Use Surveys, and Care Demand Forecasting in Latin America. Working Paper 7. Fundacion BBA
(6) Ahmad, N., and S. H. Koh. 2011. Incorporating Estimates of Household Production of Non-Market Services into International Comparisons of Material Well-Being. OECD Statistics Directorate Working Paper No. 42

Fuente de la noticia: http://hdr.undp.org/en/content/valuing-care-work&prev=search

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La respuesta

Hugo Aboites

Es interesante ver que la respuesta a las afirmaciones sobre el riesgo electoral que puede generar la reforma educativa provino del Congreso y no desde la dependencia involucrada, la SEP. La pesada armadura que rodea al núcleo donde se toman las decisiones sobre la medida impide que haya una respuesta que tenga algún matiz de flexibilidad frente a lo que se acepta es un peligro. Por eso, la postura flexible tuvo que venir de otro lado. Al preguntarle al presidente de la Comisión de Educación de la cámara alta, senador Romero Hicks, si en ese contexto de riesgo podría haber marcha atrás a la reforma, su respuesta fue: “En la democracia nunca hay punto final… y sí, estamos abiertos a revisar cualquier legislación cuando haya alternativas.” (La Jornada 22/3/16, pág. 15). No es mucho, pero tampoco es nada. Y, lo más importante, es una grieta en la muralla que desde hace meses se empeña en mantener la SEP al negarse a cualquier negociación. Tampoco es una defección, pero sí es en serio, y los legisladores comienzan a dialogar respecto de propuestas con qué contenido y cómo sería una nueva ley o leyes para la reforma; se abre un horizonte muy distinto al actual.

Y hay antecedentes. Durante las largas jornadas de discusión y protestas en 2013, los legisladores fueron los interlocutores más dispuestos a escuchar la argumentación de los maestros, y algunos –del PRD– hasta se pronunciaron en contra de la reforma, pero también el panista Javier Corral llegó a decir que las leyes podrían cambiarse, y ahora el senador Romero Hicks en la misma entrevista va más lejos y agrega que siempre hemos estado abiertos para recibir propuestas de él (López Obrador) y de la CNTE, si quieren formular una alternativa. Son palabras, finalmente, pero son importantes. Si no por otra cosa, porque significan un cambio del discurso y un distanciamiento de la postura cerrada del Ejecutivo federal. Se puede interpretar que algunos en el PAN ya entendieron que, en vista de las crecientes dificultades y callejones sin salida de la reforma, no les conviene verse uniformados e incondicionales en la rigidez gubernamental priísta, y que en ese tema es mejor presentar una postura flexible y hasta condescendiente. Pero esto representa para el PRI y para la propia reforma otro riesgo: que paulatinamente otros personajes lleguen a la misma conclusión y comiencen a asumir posturas más redituables electora y políticamente hablando.

De hecho, aunque la postura pueda ser sólo discurso y apariencia, con sólo no verse como fanáticos enemigos de los maestros del país, ya eso les es útil a los partidos, pero mucho más a los profesores mismos, sean o no de la CNTE. Porque se crea un ambiente de posturas flexibles respecto de la reforma que indudablemente presiona a los sectores más radicales y duros dentro del gobierno y el empresariado.
En un conflicto, la capacidad de los actores para adaptarse a contextos muy dinámicos y cambiantes es vital. Y esa capacidad, ciertamente, no florece en medio de posturas rígidas o discursos dogmáticos, como los que hasta ahora rodean y sostienen la reforma. Las iniciativas, los movimientos rápidos e inesperados, ya no se generan desde quien posee toda la fuerza, sino desde quienes tienen muy poco poder, poco que perder, y además muy poca armadura que cargar.

La SEP no puede, por ejemplo, hacer mucho respecto de procesos como el que ocurrió este pasado fin de semana en un lugar de la costa inglesa del Canal de la Mancha. Allí se realizó el multitudinario congreso de uno de los sindicatos magisteriales más grandes e importantes de Inglaterra, el Nacional de Maestros (NUT, por sus siglas en inglés). Ante un lleno total de delegados, y a instancia expresa de su dirigencia, se presentó el caso de los docentes mexicanos frente a la reforma educativa. En la alocución, los primeros aplausos surgieron cuando se mencionó que decenas de miles de profesoras y profesores en protesta simplemente decidieron no presentar el examen, y al final –y aun sin estar presentes– las y los maestros mexicanos recibieron la ovación solidaria de más de mil delegados, maestras y maestros ingleses, que de pie rindieron un homenaje por largos minutos a su resistencia. Luego, el pleno, sin objeción alguna, aprobó enviar una comunicación al gobierno mexicano solicitando que se retiren todos los cargos a los docentes que hoy son prisioneros políticos en Oaxaca, que suspenda la reforma y que ésta se discuta con los maestros, padres de familias y expertos. No es sólo simpatía, sino también identificación, pues los docentes ingleses tienen a una ministra con una reforma, dice ella, que es una máquina que no tiene reversa, y promete convertir en una especie de escuela chárter (bajo conducción privada) cada centro educativo del país. Así, poco a poco, porque tocan fibras semejantes y sensibles o porque se han vuelto un riesgo, dentro y fuera de México se va conformando una marea de tonos distintos respecto de los maestros y de una reforma que ya llegó a su punto más alto, y ahora sólo le queda adaptarse, o comenzar a caer.

A la memoria de mi querido amigo Luis Felipe Bojalil.

Publicado en La Jornada de México

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Las escuelas primarias y secundarias de China tendrán internet en 2015

 Fuente Globalasia / 2 de Abril de 2016/

China quiere utilizar internet como instrumento de educación.  Por ese motivo, el Ministerio de Educación de China ha informado que todas las escuelas primarias y secundarias de China estarán conectadas a internet antes de finales de 2015. Según responsables del ministerio, cada escuela contará al menos con un centro de ordenadroes moderno, de acuerdo con el plan de 2015 sobre la educación digitalizada.

Escuelas primarias en China

Para lograr este ambicioso objetivo en 205, el ministerio ha pedido la colaboración entre los diversos departamentos y el apoyo de las empresas para garantizar que las escuelas primarias y secundarias en las zonas remotas y rurales menos desarrolladas económicamente tengan acceso a internet. Esta medida, supone en datos, que en 2015 se formará y evaluará a unos 2,6 millones de maestros de guardería y escuelas primarias y secundarias en tecnología informática, así como a 50.000 directores de escuelas primarias y secundarias.

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Argentina: Por Carlos Fuentealba y contra la criminalización de la protesta

Internacional de la Educación / 2 de Abril de 2016/

Durante la mañana del 30 de marzo del 2016 la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), afiliada a la Internacional de la Educación, realizó una conferencia de prensa donde anunció el paro nacional para el día 4 de abril con movilización.
 

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, miembros de la Junta Ejecutiva Nacional de CTERA, delegados de los programas nacionales socioeducativos: Plan Fines, Administradores en Red, CAJ, CAI,  Conectar Igualdad, Coros Infantiles y Orquestas Infantiles.

Sonia Alesso expresó: «CTERA sigue exigiendo justica por Carlos Fuentealba, no se puede pretender una sociedad democrática sino hay justicia frente al asesinato de un maestro.  Creemos que esto se agrava,  con el protocolo de seguridad que ha redactado la Ministra Bullrich para perseguir a los que luchan.  Eugenio Burzaco quien fuera asesor de seguridad de Sobisch, cuando asesinaron a Carlos Fuentealba, hoy es el Secretario de Seguridad de la Nación. Vamos a seguir adelante con la pelea judicial por justicia completa por Carlos Fuentealba».

Otro de los motivos de la convocatoria es por el incumplimiento de la paritaria nacional en tres puntos:

1 – Todavía hay conflictos provinciales que no se han cerrado. Nosotros le exigimos al gobierno nacional la intervención para resolver estos conflictos aún abiertos.

2 – Planteamos también el intento de cierre por decreto de la paritaria en la provincia de Mendoza con un nuevo presentismo que le han puesto el nombre de “ítem aula” que en realidad viola los derechos laborales de los trabajadores de la provincia de Mendoza. Hemos estado movilizados en la provincia, planteando que no se puede cerrar por decreto de manera unilateral la paritaria.

En la provincia de Santiago del Estero denunciamos un incumplimiento por parte del gobierno provincial sobre la paritaria nacional. Los docentes están cobrando menos de lo que fija la paritaria nacional docente, una parte importante del salario está conformado por sumas no remunerativas. Los docentes están protagonizando históricas pelean en la provincia, que nosotros hemos acompañado desde CTERA que han sido invisibilizadas por los medios nacionales.

Además tenemos conflictos por el incumplimiento de la paritaria nacional con respecto al fondo compensador que afecta directamente a las 7 provincias que lo reciben. Por otro lado tenemos conflictos no resueltos en Santa Cruz, Tierra del Fuego que tienen que ser resueltos, apelamos tanto a los gobiernos provinciales como al gobierno nacional para que soluciones estos temas.

3 –   Están participando de la conferencia los compañeros/as delegados/as de los programas socioeducativos nacionales, Fines, Administradores de Red, Conectar Igualdad, CAJ, CAI, Orquestas y Coros Infantiles. Desde CTERA exigimos la continuidad como está planteado en la paritaria de todos los trabajadores de los programas. Exigimos no solo la continuidad laboral sino la defensa del proyecto pedagógico que dio origen a estos planes nacionales que tienen que ver con la inclusión, con el acceso a la alfabetización, para que nuestros niños y jóvenes puedan acceder a las nuevas tecnologías, al arte. El gobierno expresa que va a continuar con estos programas pero por otro lado despide a trabajadores.

«Queremos expresar fuertemente que nos oponemos a los despidos y que vamos a defender junto a nuestros compañeros de ATE, la continuidad de los trabajadores, no creemos en un estado pequeño sino en un estado que brinde derechos. Por último vamos a pelear en contra de la criminalización de la protesta. Vamos a defender la educación, el derecho a nuestros niños y jóvenes a la inclusión. Desde CTERA convocamos a parar el 4 de abril en todo el país», concluyó la Secretaria general.

 

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