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La escuela pública se dignifica en lo cotidiano: contra la tentación del exilio interior

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  • Ante la frustración y la impotencia experimentada en estos momentos por mucha gente, miremos “el horizonte de la posibilidad” que nos ofrece vivir como queremos vivir. Es volver a recordarnos que mientras llega otra oportunidad de cambiar a los que gestionan las políticas educativas públicas, el objetivo es trabajar cada día por hacer posible que todas las escuelas de titularidad pública sean cada vez más públicas.

Unos días antes de las elecciones a la comunidad de Madrid escribí un breve artículo invitando a defender en las urnas la opción que proponía el apoyo a una escuela pública de todos y para todos. Más de la mitad de los votantes han dicho que prefieren dejar las cosas como están y han apoyado las políticas públicas a favor de continuar con las privatizaciones que vienen haciéndose en Madrid desde hace más de 26 años. Tienen por delante dos años más, y si todo sigue así serán muchos años más, para seguir privatizando los servicios públicos y transformándolos en mercancía que se compra y se vende, al servicio de quienes los puedan pagar. Parece que a muchos les va bien así, si tenemos en cuenta el caldo de cultivo del éxito electoral de la derecha en Madrid: que el 38% de los madrileños tienen un seguro privado de salud o que el 48% de los estudiantes madrileños hasta llegar a la universidad están matriculados en un centro de titularidad privada.

Mirando desde la perspectiva de una vida que ha querido estar dedicada a trabajar por una educación pública emancipadora, tengo la sensación, engañosa sin duda, de haber vuelto al punto de partida

Mi tristeza, cargada de cierto disgusto por los resultados electorales, duró unos minutos. Mi lamento se difuminó en unos instantes. Pensé que nada ni nadie va a ponerme en una situación de pesimismo duradero y que la comprensión (casi incomprensible) de la realidad es un motivo más para seguir dispuesto a no refugiarme en la tentación de un exilio interior que pudiera llevarme a la inacción y a hundirme en la impotencia. Es una tentación manifestada por muchas personas que conozco.

Mirando desde la perspectiva de una vida que ha querido estar dedicada a trabajar por una educación pública emancipadora, tengo la sensación, engañosa sin duda, de haber vuelto al punto de partida. La que entonces, en la transición a la democracia, nos pareció posible a muchos fue la propuesta de hacer realidad la “alternativa democrática” de una escuela pública que escapara de la educación dictatorial del nacionalcatolicismo. Desde entonces pareciera que hemos vivido en un continuo fracaso de hacer realidad esta tentativa que nace a mediados de los setenta del siglo pasado, que es cuando el neoliberalismo comienza a asentarse en las políticas públicas de todo occidente. En nuestro país esas políticas se comienzan a sentir en el sistema educativo en los primeros años ochenta tras unos inicios esperanzadores de apertura democrática. Poco después las propuestas transformadoras del sistema educativo van diluyéndose en políticas cada vez más confusas, ambiguas y miedosas sobre la posibilidad y potencia transformadora de la educación pública.

Poco a poco van ganando terreno, por la vía de los hechos, las políticas educativas de asentamiento de un sistema educativo que contradice punto por punto el modelo de escuela pública que defiende el movimiento social de transformación de la educación. A la aspiración a una escuela democrática se opone una escuela menos participativa y más autoritaria, asentada en la verticalidad de las decisiones y en la institucionalización de una concepción de la dirección como correa de transmisión de la Administración para el control de una comunidad educativa servil y acrítica. A la propuesta de una escuela científica se responde con un currículum enciclopédico de materias inconexas, en un principio, y ahora con un currículum competencial que parece seguir situado lejos del espíritu científico en el marco de las concepciones neoliberales. A la demanda de una escuela laica se responde con la continuada presencia en el currículum escolar de la asignatura-catequesis de religión, porque se da una casi eterna incapacidad y la falta de voluntad política de revisar las relaciones con la Iglesia de un Estado que se dice aconfesional como el nuestro; todo porque la jerarquía católica se resiste a perder su influencia y su poder en una sociedad cada vez más secularizada. A la escuela pública inclusiva se le proponen leyes de educación que mantienen la segregación, la exclusión de forma estructural y sistemática. A una escuela pública plural, multicultural y diversa se responde con el mantenimiento de redes escolares que segregan, separan y expulsan las diferencias, en lugar de hacer realidad una escuela pública donde convive la misma diversidad y pluralidad que tiene nuestra sociedad: diferentes identidades y procedencias económicas, sociales, culturales, religiosas, de género… A la necesaria promoción de una escuela pública que garantice el derecho a la educación se opone una escuela que solo lo garantiza para unos pocos, porque selecciona a un alumnado que le asegure el negocio y sus intereses privados. Así podríamos ir desgranando otras características de la escuela pública que defendemos y que las actuales políticas educativas conservadoras niegan de hecho: su dimensión ético-política, ecosocial, feminista, convivencial-pacificadora, coeducativa, de inserción social, de cuidado, de cooperación, de …

Es la hora de traer las políticas educativas a nuestro terreno de juego. Hemos jugado demasiado tiempo en el campo al que los destructores del derecho a la educación han querido llevarnos. Y nos han entretenido ahí mientras han ido asentando sus políticas demoledoras del modelo de escuela pública que no hemos sabido proponer, defender y consolidar. Han logrado que nos entretengamos reivindicando lo que, siendo muy importante, no es esencial. Han trabajado lo intangible, lo ideológico y su modelo de educación, alimentando los instintos más bajos del ser humano: la diferenciación, el clasismo, los privilegios de los poderosos, el éxito de los mejores, la falsa superioridad de lo privado, el desprestigio de lo público y lo colectivo, la libre selección del alumnado por los centros y el desprecio al perdedor.

Se han hecho esfuerzos titánicos para defender la creación de escuelas terminadas en su tiempo frente a la construcción por fases, mientras ellos se dedicaban a asentar su modelo, hemos entrado en su juego defendiendo la libertad de elección en la escuela pública, y la imposible y falaz igualdad de oportunidades. Quizás hemos dejado en el segundo plano el trabajo cotidiano que se hace en las aulas y que hace que las escuelas públicas tengan cada día mayor y mejor calidad educativa, que hace que pueda ser la escuela deseable por y para todos. De tal manera que hagamos posible que la escuela pública de proximidad sea la que mejor responde a la educación de cada ciudadano en su medio y en su entorno. Ello requiere políticas educativas públicas centradas en el cuidado de las escuelas de titularidad pública y en prestigiarlas dándoles todos los recursos necesarios para que sean de la máxima calidad, con un profesorado estable, bien preparado y comprometido con su acción educadora cotidiana.

Cuando invitaba a votar a quien defiende lo público lo hacía sin poner mis esperanzas en que todo se pueda resolver desde las instituciones, aunque tenga cierta visión de lo que se puede hacer desde ellas. Es el momento de recordarnos que no podemos renunciar a nuestra acción política personal y colectiva, más allá de lo que nos pide la participación en los mecanismos democráticos que nos hemos dado. Se trata de repolitizar nuestra acción cotidiana en la dirección y el sentido de potenciar al máximo lo público, lo colectivo y lo común en la acción educadora de cada día. Porque sabemos que es en lo cotidiano donde se acoge y se cuida a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Es donde se hace vivo un proyecto educativo de centro que cuida los aprendizajes relevantes que conectan al alumnado con la vida.

Ante la frustración y la impotencia experimentada en estos momentos por mucha gente, miremos “el horizonte de la posibilidad” que nos ofrece vivir como queremos vivir. Es volver a recordarnos que mientras llega otra oportunidad de cambiar a los que gestionan las políticas educativas públicas, el objetivo es trabajar cada día por hacer posible que todas las escuelas de titularidad pública sean cada vez más públicas, acogedoras de toda la diversidad humana, que garanticen el cuidado de todos, inculquen la pasión por aprender y conocer, por vivir con dignidad, por compartir, por disfrutar de la belleza, que faciliten el desarrollo lo más pleno posible de las capacidades y potencialidades de la infancia, la convivencia positiva y el éxito de todos. Esa es nuestra tarea en estos momentos.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/06/03/la-escuela-publica-se-dignifica-en-lo-cotidiano-contra-la-tentacion-del-exilio-interior/

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Perú: Velocidad de internet no podrá ser menor de 70% de lo contratado

América del Sur/Perú/04-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe

Según ley aprobada por el Congreso de la República.

Los usuarios de internet tienen el derecho de obtener una velocidad mínima garantizada del servicio de banda ancha, la cual no podrá ser menor al 70% de la velocidad contratada, tanto en áreas urbanas como rurales, según una ley aprobada por el Congreso de la República.

Para garantizar ello, en la publicidad de los productos de telecomunicaciones se deberá consignar, con claridad y en forma destacada, la velocidad mínima garantizada del servicio de internet, la cantidad de megas por mes adquirida y la cantidad de los canales que incluyen el servicio de cable que ofrece.

Las empresas de telecomunicaciones deberán proporcionar a los usuarios aplicativos u otras herramientas de medición de las velocidades del servicio de internet de bajada y de subida por la banda ancha. Estos registros se utilizarán en eventuales procedimientos y serán considerados medios probatorios.

Así lo establece el nuevo numeral 66.8 del artículo 66 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual ha sido incorporado mediante la Ley N° 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La Ley N° 31207 también modifica el artículo 5 de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, a fin de establecer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones determina y actualiza anualmente la velocidad mínima para que una conexión sea considerada como acceso a internet de banda ancha, que será aplicable con independencia de la ubicación geográfica de los usuarios.

Igualmente, se refiere que los prestadores de servicios de internet deberán garantizar el 70% de la velocidad mínima ofrecida en los contratos con los consumidores o usuarios, y establecidas en sus planes (postpago, prepago y otros) publicitados en los diferentes medios de comunicación.

Por otro lado, la Ley N° 31207 busca garantizar y promover la óptima prestación del servicio de internet, así como la efectiva calidad, velocidad y monitoreo de la prestación contratada por los proveedores del servicio de internet. Para ello, dispone crear los instrumentos o espacios que faciliten el acceso a la información de los usuarios respecto a la velocidad y calidad de la prestación de servicio de internet sin discriminación.

Así, se establece que el Estado deberá facilitar las condiciones básicas para el desarrollo de infraestructura que coadyuven al buen funcionamiento de los servicios de internet, priorizando las zonas rurales, zonas de fronteras y comunidades indígenas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), deberá fortalecer el acceso inmediato y oportuno de los servicios de comunicaciones para zonas de pobreza y extrema pobreza.

Se prevé también que deberá facilitarse el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales.

Un detalle importante: el titular del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá informar a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República la implementación de la universalización del acceso de internet cada primera semana del mes de junio.

Monitoreo del servicio de internet

La Ley N° 31207 también crea el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (Renamv), que estará a cargo el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Esta entidad establecerá la medición de la velocidad del servicio de internet, el cual será publicado mensualmente en su página web oficial y/o en aplicativos para dispositivos electrónicos como teléfonos celulares inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos de uso personal.

Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Osiptel, serán los encargados de adecuar, supervisar, fiscalizar y actualizar el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones; el cual deberá adecuarse en un plazo no mayor de sesenta días calendario.

Finalmente, se encarga a Osiptel que establezca los mecanismos para la prestación de los servicios de internet, estableciendo la simetría y la asimetría máxima entre la relación de carga y descarga (3:1 “3 de descarga, 1 de carga” y 1:3 “1 de descarga, 3 de carga”), declarándose de forma explícita toda esta información en los contratos de los usuarios.

Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-velocidad-internet-no-podra-ser-menor-70-de-contratado-847590.aspx
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España: Protesta contra la dirección del colegio de Candamo

Europa/España/06-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

Las familias de varios alumnos del Colegio Público Prieto Bances de Candamo se manifestaron ayer frente a la Consejería de Educación, en Oviedo, para manifestar su malestar frente a la gestión del equipo directivo del centro escolar.

En un comunicado dejaron constancia de «nuestro profundo malestar con la situación académica y de convivencia que se viene dando en nuestro centro escolar, la cual afecta gravemente al bienestar y desarrollo académico de nuestros hijos».

Según manifiestan, sus hijos reciben una formación de un nivel inferior al que correspondería, «hasta el extremo de que en algunas clases se está trabajando con el nivel propio de dos cursos por debajo».

También acusan a la directora del centro de favorecer a un solo curso, el de sexto, «separando los grupos que marca consejería en su propio beneficio y el de sus alumnos escogidos, dejando que el resto de los cursos cambie continuamente de docentes con el trastorno que esto supone para los ellos».

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/protesta-direccion-colegio-20210601000748-ntvo.html

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El Salvador: Se duplica importación de computadoras en primeros meses del año

América Central/El Salvador/06-06-2021/Autor(a): Magdalena Reyes/Fuente: www.elsalvador.com

La búsqueda de aparatos nuevos para realizar actividades de estudio y trabajo desde casa, dinamizó la demanda. La compra de estos aparatos desde el extranjero fue la que más despuntó en el rubro de las tecnologías de la información.

Las obligaciones de trabajo desde casa y las clases en línea incrementaron la demanda dicen los expertos. Foto EDH / Shuttestock.

Las clases en línea, el trabajo desde casa, la necesidad de los emprendedores de mantener sus ventas a través de las plataformas digitales y la búsqueda de reparación de computadoras hicieron que la demanda y por ende la importación de estos aparatos se duplicara en los primeros cuatro meses de 2021, en comparación con enero-abril de 2020.

Según los datos del Banco Central de Reserva (BCR) la importación de computadoras y periféricos representó entre enero y abril de 2021 $110.2 millones, es decir $68.4 millones más que en el mismo periodo de 2019, lo que significa un 163.5% de alza. Este es el mayor incremento en el rubro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La importación de estos productos en el mismo periodo de 2019 fue de $52.8 millones, con un leve descenso a $41.8 en 2020, cuando el comercio y la mayoría de las actividades productivas estaban paradas en el país por la prolongada cuarentena debido al COVID-19.

Según el gerente de atención al cliente de la empresa especialista en comercio electrónico StarShip Shopping, Miguel Avolevan, solo en esta compañía las ventas de repuestos para computadoras se incrementaron en un 80 %, aparte de la demanda de computadoras nuevas.

“Debido al teletrabajo, a los estudiantes que hacen sus clases en línea, aunque muchos de ellos ya tenían por lo menos una computadora en casa, pero les tocó comprar una computadora más porque muchos no podían ocupar la misma computadora simultáneamente en el mismo horario, entonces los clientes optaron por importarlas”, detalló el gerente.

Las personas también debieron comprar cámaras web para sus actividades y si la computadora ya estaba un poco desfasada también gastaron en especializarla, mejorar la memoria RAM, cambios de baterías, teclados, pantallas y los cargadores, entre otros.
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“También tenemos clientes que trabajan con su taller y tuvieron un aumento en sus importaciones de repuestos”, explicó.

Los clientes únicamente de esta tienda gastaron, en promedio, unos $150 en implementos para reparación de computadoras y unos $450 en la compra de un nuevo equipo.

Afirma que en el caso de las computadoras para estudiantes de colegios, estas instituciones dieron las especificaciones de procesador, memoria RAM y memoria de disco duro. Las personas se ceñían a esos lineamiento para buscar su aparato.

Algunas de las personas aprovecharon las compras de computadoras restauradas, con las características que pedían los colegios y en buen estado. Estas se importan desde Estados Unidos y se cotizan hasta por 40 % menos de su valor en el mercado, agregó.

El despunte en las importaciones de computadoras hizo que este artículo se colocara en el quinto más buscado por los salvadoreños, por arriba de camisas y camisetas, así como vehículos de transporte para sector turismo y especiales, según datos del BCR.

En general, la importación de las tecnología de información y comunicación (TIC) creció 77 % en los primeros cuatro meses del año, es decir, que sumó $130.2 millones más que en 2019.

El principal proveedor de bienes TIC para El Salvador fue la República Popular de China con $197.3 millones, seguido de Vietnam con $35.2 millones y de México con $27.2 millones, entre otros.

La necesidad de conexión inmediata también incrementó la importación de teléfonos celulares inteligentes.

Celulares también están entre los más buscados

Los teléfonos celulares también tuvieron un despunte en las importaciones pues de enero a abril de 2019 las compras al extranjero de teléfonos celulares fue de $90.1 millones, luego bajó un poco ($87.1 millones) en 2020 y en 2021 las importaciones de estos artículos aumentaron a $119.4 millones en el mismo periodo, de acuerdo a datos del BCR. Este artículo sigue siendo uno de los 10 más importados de los últimos tres años.

La dinamización de la compra de celulares pudo deberse a que algunas empresas para reducir de costos, ya no brindaron el aparato celular a sus colaboradores y fueron ellos quienes debieron buscar su propio aparato, estima Avolevan.

“Incluso hay una marca famosa que la gente comenzó a buscar por internet y muchos incluso los compraron en el mayoreo para venderlos acá”, dijo Avolevan.

Esto sumado a que muchas personas se quedaron sin empleo y se dedicaron a traer artículos tecnológicos para vender y los que más rápido se colocan son los teléfonos celulares, afirma el experto.

Países desde donde más se importa

En los primeros cuatro meses del año los principales países desde donde se hicieron las importaciones fueron Estados Unidos, con $1,225.20 en ventas y una alza de 24.4% comparado con el mismo periodo de 2020, seguido de la República Popular China país al que se le compró $770.14 con la mayor alza en compras del 70.1%.

De la República de China, El Salvador compró el año pasado, en plena cuarentena, $452 millones, mientras que entre enero y abril de 2019 sin la pandemia, importó $549 millones.

Otros de los socios comerciales en materia de importaciones es Guatemala al que se le compró $503.13 millones con un alza del 29.0%; a México, $375.90 millones, es decir 28.7% más; y a Honduras, $290.14 millones, con un crecimiento del 39.5%.

España es otro de los países que vendió productos por $89.5 millones a El Salvador en los primeros cuatro meses del año.

Los países antes mencionados representan el 72.2% del total de las compras comerciales que realizó El Salvador en materia de importaciones.

Subió la factura petrolera

La tendencia al alza de los precios del petróleo y la dinamización del consumo con la reactivación económica provocaron que la factura petrolera en los primeros cuatro meses del año 2021 acumulara un valor de $523.2 millones en total, cifra que representa un incremento de $139.6 millones y un crecimiento de 36.4%.

En la factura petrolera destacan las gasolinas con $174.3 millones, el diesel, por $138.2 millones, los gases propano y licuado con $120.2 millones, así como los aceites y grasas lubricantes con $36.3 millones.

Los datos del consumo de petróleo se comparan con las datos del cifras a abril de 2020, cuando la factura acumulada totalizó $382.1 millones, reportado una considerable disminución de $103.4 millones, 21.3% menos respecto al mismo período del año 2019.

Esto obedecía a la reducción en la importación de productos por el confinamiento obligatorio.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/importacion-vetadecomputadoras-tecnologia/841697/2021/

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Bangladesh promete «incentivos fiscales» para las empresas que contraten personas transgénero

El Gobierno asiático intenta así mejorar las condiciones sociales y económicas de uno de los colectivos que mayor exclusión sufre en este país de mayoría musulmana.

«Propongo promulgar incentivos fiscales especiales con miras a proporcionar empleo y asegurar un aumento en el nivel de vida y la integración social y económica de los miembros del tercer género», ha presentado el ministro de Economía de Bangladesh, Mustafa Kamal.

200.000 personas transgénero

Durante la presentación de los presupuestos para este año fiscal, Kamal ha explicado que «la comunidad del tercer género se está quedando atrás y fuera de la sociedad», por lo que confía en que políticas como estas garantice, a través «de la producción» su inclusión en la sociedad.

Bangladesh, según organismos independientes de Derechos Humanos, cuenta con más de 200.000 personas transgénero, aunque el Gobierno sitúa la cifra en 10.000. La mayoría de ellos son relegados al ostracismo por sus familiares y sobreviven mendigando y recurriendo a la prostitución.

Menos impuestos y reembol

lso de salarios

Kamal ha explicado que las empresas que sumen a la medida tendrán una reducción del 5 por ciento en sus impuestos, o un reembolso del 75 por ciento de los salarios de las empleados transgénero que contraten, en caso de que el 10 por ciento de su fuerza laboral, o bien 100 trabajadores, fueran del llamado «tercer género».

Hijra

Las personas transgénero pueden registrarse legalmente desde 2013

Desde 2013, Bangladesh permite que las personas transgénero, conocidas como hijra, se registren legalmente como tercer género.

La medida figura dentro de un plan económico valorado en 71.000 millones de dólares que Kamal ha presentado este jueves ante el Parlamento, de los cuales 44.600 millones de dólares serán invertidos en salud, educación, tecnología, bienestar social, seguridad pública y defensa.

La cantidad restante está prevista que se destine a la construcción y desarrollo de infraestructuras.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20210604/7504525/bangladesh-incentivos-fiscales-empresas-contraten-transgenero.html

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¿Estamos viviendo una distopía atwoodiana?

Por: Mariela Silva

La tan controvertida situación de dos maestras uruguayas que fueron despedidas días pasados de los colegios donde desempeñaban funciones por mostrar aspectos de sus vidas cotidianas, privadas, en las redes sociales nos lleva a relacionar lo sucedido con algunas temáticas literarias.

Si bien José Saramago expresó que “la literatura no ha cambiado un ápice la historia de la humanidad”, sí nos permite, sin embargo, reflexionar sobre nuestra condición humana. Desde la antigua Grecia sentimos las voces de las mujeres de Troya, las oímos gritar todo su dolor por no ser dueñas de sus cuerpos ni de sus decisiones, por ser esclavizadas, por no lograr el respeto de sus elecciones de vida. Entre Las troyanas de Eurípides, la figura de Casandra, que siendo una virgen sacerdotisa es elegida por Agamenón para ser su esclava y “secretamente servirle en su cama”, ejemplifica la vulneración de todos los derechos femeninos: al cuerpo, a la libertad de elección, a la libertad sexual. O el caso de Andrómaca (la fiel esposa de Héctor, uno de los héroes troyanos) que habiendo hecho todo lo que una “mujer ideal de su época” debía hacer, de todos modos, se ve condenada a servir de esclava de otro hombre que sólo la quería para tener hijos. Por supuesto, hablamos del siglo V antes de Cristo.

Mucho ha cambiado la historia, pero en nuestro siglo no es menos llamativa la escritura de Margaret Atwood, quien retoma los temas relacionados con las injusticias vividas por las mujeres. El abuso sufrido por no poder tomar decisiones libres sobre sus cuerpos es un tema recurrente en su literatura. Lo que más teme Atwood es “[…] lo que ocurre cuando alguien toma el mando y decide que las cosas serán mejor si se hacen a su manera”, como plantea Laura Fernández en su artículo de El País de Madrid del 30 de mayo de 2021.1 Esa cita es la base de su obra, no sólo de El cuento de la criada, sino de Los testamentos, también de Alias Grace e incluso de Penélope y las doce criadas: alguien toma el mando y decide sobre los derechos femeninos.

En las narraciones de esta autora canadiense contemporánea aparecen mujeres que no se conforman con su posición de oprimidas, sus historias recuperan prácticas sociales de resistencia y supervivencia. En Gilead, tierra de la protagonista de El cuento de la criada, a quien se le niega su identidad, incluso su nombre, para pasar a ser Offred (“de Fred”, nombre de su amo), se castigan y aterrorizan cuerpos femeninos predominantemente, para arrasar con las subjetividades que, entonces, se vuelven vulnerables, manipulables.

Otro factor esencial en este sentido es la desconfianza que todos los habitantes sienten entre sí: existe un sistema de espías que empuja a la inseguridad permanente frente a cada gesto, aun mínimo, de desobediencia. No existen las redes sociales en ese mundo distópico del futuro atwoodiano, porque es un mundo sin tecnología, aunque con “ojos” encargados de espiar y delatar a los “traidores”. Ojos que funcionan casi como nuestras redes, prontos a juzgar y controlar las vidas de los otros.

En el inicio de la novela todo es muy parecido a nuestro mundo actual, pero en su evolución genera la pérdida total de los derechos de las mujeres. Primero, pierden sus trabajos sin explicación; inmediatamente, el gobierno totalitario les cierra sus cuentas bancarias; y de ahí en más, el siguiente paso es la pérdida definitiva de la identidad, con esto se pierde la libertad e incluso la decisión sobre sus propios cuerpos.

Hemos asistido como espectadores al despido de dos maestras uruguayas por el único defecto de tener una vida privada compartida en redes y por defender sus ideas.

Dice Atwood en una entrevista, sobre esta novela, que no se escriben este tipo de libros para que lo ficcionado suceda, sino más bien lo contrario: “Los escribes deseando que nunca se hagan realidad”, como una especie de advertencia o alerta de lo que nos podría suceder. De todos modos, El cuento de la criada se ha hecho extremadamente popular porque las cosas en el mundo nunca han estado más cerca de la realidad que presenta el libro. Continúa diciendo la autora: “Una de las reglas que me marqué para escribir ese libro fue no poner nada que no esté sucediendo ya en algún lugar o que haya sucedido en algún momento”.

En la actualidad, nunca hemos resignificado la ficción literaria como en estos días, en los que hemos asistido como espectadores al despido de dos maestras uruguayas por el único defecto de tener una vida privada compartida en redes y por defender sus ideas.

El caso de estas docentes despedidas de sus funciones –repito: no por ejercer mal su trabajo, sino por tener un cuerpo, libertad sobre este y opciones sobre sus vidas privadas– recuerda que la distopía no ocurre sólo en la literatura, y podrá ser posiblemente inspiración atwoodiana o situarnos en un país que empieza a parecerse a Gilead.

Y además, por supuesto, toda distopía nos habla del presente. No hay más que mirar a nuestro alrededor y atender lo dicho, por ejemplo, por el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito, quien expresó en un diario de circulación nacional que la docencia es un “estilo de vida”. ¿A qué se refiere con esto? ¿Al apostalado? Me recuerda el libro de didáctica que estudiábamos a fines de los 80, en el que se planteaba que las profesoras debían pararse frente al espejo y preguntarse: ¿estoy vestida para ir a un centro educativo o a una discoteca?

El consejero defendió el proceder de ambas instituciones educativas con el argumento de que “cuando una persona toma la decisión de ser docente, requiere formación profesional y actitud ante la vida y la comunidad”, lo que conlleva al control. ¿A cuánto estaremos de vestirnos como en El cuento de la criada, con caperuzas que nos tapen las caras y largos vestidos que escondan el cuerpo?

Y a todo esto, conviene recordar que los hombres acosadores de adolescentes que trabajan en la educación han sido expulsados sólo cuando la Justicia intervino.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2021/6/estamos-viviendo-una-distopia-atwoodiana/

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La pobreza profunda que desata la migración desde Guatemala

Alvina Jerónimo Pérez se sienta por horas en el viejo y raído sillón de plástico en la sala de su casa, le avergüenza que sus vecinos la vean después de su intento fallido de migrar a Estados Unidos y vive angustiada, pensando en las deudas que aún tiene qué cubrir.

Su casa de un solo piso, de cemento y madera, se encuentra en un terreno que le heredaron sus padres, en la cima de una montaña en Tizamarte Chiquimula, en la región oriente de Guatemala.

Su esposo Aníbal García construyó la humilde vivienda, y hace varios meses le agregó un nuevo cuarto en la parte de atrás. Jerónimo intentó migrar el año pasado, en parte para reunir dinero y poder pagar un préstamo que recibieron para hacer la nueva habitación.

Le parecía una apuesta segura en aquel momento. “Como la gente pasaba (la frontera), pensamos que nos iban a dejar pasar”, dijo Jerónimo, de 42 años. El traficante, o coyote, le dijo que trajera a su hija para asegurar el pase. Su viaje incluía un trabajo garantizado en los EEUU, le aseguró, con lo cual podría pagar todas las deudas que generaba su partida.

Así que puso la casa como garantía para pagarle al traficante 7.700 dólares. “El trato era que cuando llegáramos a EEUU, íbamos a pagar ese dinero y nos devolverían la escritura”, dijo Jerónimo. “Pero no se pudo”.

En marzo de 2020, la mujer y su hija Yessenia, de entonces 14 años, dejaron Tizamarte con un coyote.

Tres semanas después fueron detenidas entrando a los Estados Unidos, en Texas, y una semana después fueron deportadas a Guatemala. Cuando Jerónimo se dio cuenta de que serían enviadas de vuelta a su país, lloró. “Pensaba en todo lo que me había costado hacer el viaje. Me preguntaba ‘¿qué voy a hacer? Ya perdí todo’”.

De regreso en Tizamarte, una comunidad maya chortí, su único refugio es su casa, que ahora está en riesgo de perder. No quiere ver al vecino que le ayudó a organizar el viaje con el coyote. Cambió el chip de su celular para evitar las llamadas telefónicas acosadoras de la persona que le prestó el dinero para viajar y que ahora exige el pago o su casa.

La historia de Jerónimo es similar a la de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que luchan por reunir el dinero necesario para emigrar a Estados Unidos. A menudo proviene de familiares que ya viven en el norte o de redes de prestamistas.

A veces, los migrantes también deben vender sus posesiones, incluidas sus casas, o como Jerónimo, entregar las escrituras a alguien como garantía. A todos los migrantes les impulsa la posibilidad de romper el ciclo de pobreza que afecta a más del 60% de la población del país.

La pandemia de COVID-19 pareció frenar inicialmente la migración a Estados Unidos, pero en abril de 2020 la cantidad de migrantes que llegaron a la frontera de ese país con México comenzó a incrementarse. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó que sólo en abril de 2021 se reportaron más de 30.000 encuentros con migrantes guatemaltecos en la frontera suroeste.

En un intento de mostrar la importancia que presta al fenómeno, el presidente estadounidense Joe Biden designó este año a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de encontrar soluciones a las causas de la migración.

Harris visitará Guatemala, aunque desde hace semanas comenzó a sostener reuniones virtuales y en persona con funcionarios, grupos no gubernamentales y empresarios sobre los temas a tratar, incluidos la pobreza, la corrupción, la violencia y el cambio climático. La vicepresidenta también ha expresado interés en grupos que históricamente han enfrentado discriminación como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades LGBTQI.

El gobierno de Joe Biden teme que un posible incremento de migrantes, especialmente niños y familias en su frontera sur, distraiga la atención de sus metas en política nacional, incluso cuando trata de presentar un rostro más compasivo que su predecesor.

Jerónimo es una de los más de 228.000 guatemaltecos deportados por Estados Unidos desde 2015. Para muchos de ellos, el sueño americano se frustró. Volvieron a casa con el estigma del fracaso y deudas enormes que son impagables en un país donde el salario mínimo, para quienes tiene la suerte de tener trabajo, es de alrededor de 11 dólares por día.

Jerónimo no ve otra salida más que intentar irse otra vez.

En la casa de Jerónimo hay un viejo y oxidado refrigerador blanco. Para no gastar en electricidad, lo conecta ocasionalmente, cuando necesita mantener frío algo, pero la mayoría del tiempo sólo es un mueble que sostiene el viejo televisor del hogar.

En los meses secos de invierno su casa, con varias grietas en las paredes y techo de lámina, es oscura y fría. En temporada de lluvias, hace calor y sofoca. Su hogar está junto al camino de tierra en la entrada de Tizamarte, donde viven 110 familias, unas 700 personas.

A cinco horas en automóvil de la capital de Guatemala, Tizamarte está en el llamado “corredor seco”, una franja de tierra que se extiende desde el sur de México hasta Panamá, donde el cambio climático ha provocado una serie interminable de sequías y tormentas tropicales devastadoras para las comunidades más pobres.

Tizamarte es una comunidad en donde la gente practica la agricultura de subsistencia para alimentar a sus familias y trabajan en la cosecha del café para conseguir efectivo que les permita pagar gastos escolares y medicinas. Además, cada familia tiene por lo menos a algún familiar que migró a EEUU.

En Chiquimula, el departamento donde se localiza Tizamarte, sólo se produce café para exportación y su producción representa el 10% de todas las ventas del grano de Guatemala al exterior, según la Asociación Nacional de Café (Anacafé).

Durante la cosecha de café, de noviembre a febrero, los campos se tiñen de verde y de puntos rojos del fruto. El pueblo cobra vida con el flujo, modesto, de efectivo. Cada trabajador recibe casi 8 dólares por quintal de café cortado y al día llenan entre uno y dos quintales.

Jerónimo y su esposo se encuentran entre los pocos que tienen otras pequeñas fuentes de ingresos.

En la época de la cosecha, la familia de la mujer vende a los jornaleros pollo y papas fritas, cocinadas en una vieja estufa naranja, por menos de 2 dólares. La mayoría pagan en billetes de 100 quetzales, una parte del salario recibido. Jerónimo también tiene una pequeña tienda de comestibles en un cuarto de su casa.

Jerónimo no recolecta, ni tiene tierra para cultivar café. Su esposo cultiva maíz y frijol para su propio consumo en una pequeña parcela que alquilan. Por lo general, se las arreglan con dos comidas al día, regularmente tortillas de maíz, frijoles y café.

En Tizamarte, la mayoría de las casas tienen electricidad, pero el agua corriente es escasa. En toda la comunidad hay cinco chorros públicos donde mujeres y niños hacen fila para llenar vasijas del líquido.

El año pasado, mientras gran parte del mundo se cubría con mascarillas y aprendía sobre el distanciamiento social por la pandemia, la vida siguió como de costumbre en Tizamarte. Hubo pocos casos confirmados en comunidades cercanas, pero ninguno en Tizamarte, y Jerónimo no usó una mascarilla sino hasta que estuvo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.

Guatemala tiene servicios básicos de salud limitados, especialmente en comunidades rurales como Tizamarte y ha tenido problemas para obtener la vacuna contra COVID-19.

En Camotán, el municipio del que es parte Tizamarte, poco más de 130 de sus casi 61.000 pobladores icipio habían sido inmunizados a fines de mayo. Aun así, aquí sólo se han registrado 151 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según registros del Ministerio de Salud.

La enfermera Gloria Amador Morales realiza controles de salud en Tizamarte y en otras tres comunidades que están bajo su cuidado. En el polvoriento y despintado centro comunitario donde atiende a los pacientes no hay agua corriente.

La enfermera, de 40 años, vacuna y mide a los bebés y detecta los efectos de la desnutrición con un ojo entrenado. Durante el año pasado, ha sido prácticamente la única persona que se ha puesto una mascarilla protectora contra la pandemia.  “Aquí al menos un miembro de cada familia está o ha intentado estar en Estados Unidos”, dijo la enfermera.

Adán Rivera, un campesino de 40 años, explicó que cuando se acaba la cosecha de café ya no hay trabajo y la gente prefiere irse.

“A quién se le dé la oportunidad que se vaya, migrar no es fácil va peligrando uno, pero hay necesidad”, dijo Rivera, quien en la siembra pasada llevó a sus tres hijos pequeños para cosechar café, porque juntos podían llenar hasta tres grandes sacos en un día y obtener hasta 24 dólares.

Jonathan Menkos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dice que para entender la migración forzada hay que entender también las condiciones de pobreza en las que viven la gente. La falta de empleo, de servicios públicos básicos y la corrupción se combinan para crear migrantes económicos. Incluso para quienes trabajan, sus ingresos mensuales promedio son menores que el costo de la canasta de productos básicos.

Guatemala sobrevive de las remesas enviadas a casa por esos migrantes. El año pasado, el dinero enviado por migrantes a sus familias representó más del 14% del producto interno bruto del país.

“Es una triste paradoja, porque esos expulsados (los migrantes)… para proteger a sus familias envían dinero que dinamiza la economía y hacen que ese modelo continúe expulsando a más gente”, dijo.

Fue en marzo de 2020, cuando la pandemia recién comenzaba en Guatemala, que Jerónimo decidió emigrar.

Jerónimo y su hija Yessenia se fueron temprano una mañana. Ella no dice exactamente cómo, ni quién es el coyote. Llevaba una muda de ropa en una pequeña mochila y 500 quetzales (unos 65 dólares). Era la primera vez que Jerónimo viajaba fuera del departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras.

Durante tres semanas, madre e hija caminaron, viajaron en autobuses y vehículos particulares. Jerónimo dice que no recuerda los detalles de su ruta y se limita a decir que le preocupaba su hija y que pudieran hacerle algo.

Dice que en la frontera norte mexicana pasaron días encerrados con otros migrantes dentro de una casa de seguridad antes de cruzar a Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza los detuvo apenas cruzaron. Las mantuvo juntas durante siete días y luego las puso en un avión de regreso a Guatemala en abril de 2020.

No se les hizo la prueba de COVID-19 ni en Estados Unidos, ni en Guatemala. Cuando su vuelo aterrizó en la ciudad de Guatemala, fue la primera vez que Jerónimo pisaba la capital de su país.

La administración de Trump fue duramente criticada por esos vuelos de deportación durante la pandemia.

El ministro de Salud de Guatemala dijo en abril de 2020 que los deportados desde Estados Unidos habían provocado un aumento en el número de casos de COVID-19 en el país centroamericano.

Jerónimo llegó a su país sin un centavo. Tuvo que pedirle a un familiar en los Estados Unidos que le transfiriera 50 dólares para comprar boletos de autobús de regreso a Tizamarte.

Jerónimo no era la primera de su familia en intentar irse de Guatemala.

Su yerno, Santiago de León, se fue en diciembre de 2018 con su hijo Wilman de 5 años. Ellos lo lograron. Pero cuando De León encontró trabajo, no tenía forma de llevarse a su hijo y tenía que dejarlo encerrado en un departamento todo el día.

“No había nadie que lo cuidara, a veces él mismo se preparaba comida. Cuando llegaba el papá a veces era tan tarde que ya lo encontraba durmiendo”, dice Hilda García Jerónimo, hija de Alvina y madre del niño. Ella le pidió a De León que enviara de vuelta a Guatemala a su hijo.

Ocho meses después de su llegada, De León envió al niño de regreso con su madre en un vuelo comercial, con un amigo que tenía visa.

De León envía a su esposa 125 dólares cada mes para mantener a sus tres hijos.

Juan de León, de 16 años, hermano de Santiago, decidió irse solo a Estados Unidos en abril de 2019. Tránsito Gutiérrez, la madre de Juan, dijo que su hijo se fue porque quería ayudar a la familia, que a veces no tenía nada para comer.

“Juanito” llegó a Texas, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza. Mientras estuvo bajo su custodia se enfermó y fue hospitalizado en Corpus Christi. Ahí murió. Las autoridades guatemaltecas dijeron que el jovencito murió de una infección cerebral. Su cuerpo fue enviado de regreso a Guatemala y enterrado en Tizamarte.

Casi un año después fue cuando Jerónimo decidió que tenía que irse.

Jerónimo vive con Aníbal García desde que eran adolescentes. Tienen tres hijos, dos de los cuales, Yessenia y su hermano de 20 años, viven con ellos.

“La casa es de ella, el terreno es de ella”, dijo García. “Lo construí, pero no hay nada a mi nombre. Entonces ella decidió que se iba”.

En marzo pasado, Jerónimo volvió a pensar en irse de Guatemala. El riesgo de perder su casa está latente y con el fin de la cosecha de café volvió a cerrar su negocio de pollo y papas fritas.

“Si pudiera, iría”, dijo Jerónimo.

Lo ganado con el negocio del pollo en los últimos meses le permitió a Jerónimo abonar 650 dólares al primer préstamo que hizo para la construcción del cuarto adicional de la casa y que la empujó originalmente a migrar. Pero todavía tiene pendiente otro pago, además de los 7,700 dólares por su fallido intento de migrar.

En los últimos años, los paquetes de los contrabandistas incluyen tres intentos de cruzar la frontera de EEUU, un reconocimiento de que es una gran inversión que no siempre da resultado. A veces los migrantes contratan directamente a un traficante, al coyote, pero en el caso de Jerónimo hubo un intermediario.

Jerónimo pensó que también obtendría al menos dos intentos más, pero el intermediario que coordinó el coyote aparentemente se embolsó un tercio de su pago, por lo que el contrabandista se negó a llevarla de nuevo. Ese intermediario vive a 100 metros de la casa de ella.

Esa persona, conocida localmente como el “jalador”, ayuda a reclutar migrantes para el traficante. También fue él quien gestionó que otro migrante que vive en EEUU, y que antes vivía en una comunidad vecina, le prestara los 7,700 dólares a Jerónimo.

Quien le prestó el dinero, o incluso alguno de sus familiares, le llamaba y enviaba mensajes de texto de vez en cuando, preguntando cuándo le pagará. El primer plazo que tenía se cumplió en octubre, pero Jerónimo pidió más tiempo. Las amenazas de apoderarse de su casa se hicieron tan frecuentes que decidió cambiar el chip de su teléfono.

Jerónimo no es la única que vive angustiada ante la posibilidad de perder su casa.

Yessenia dice que conoce los riesgos que podría enfrentar si intentara migrar sola, pero está dispuesta a hacerlo.

“Perder la casa y quedarme sin nada me asusta más”, comentó.

Yessenia lleva dos años sin estudiar porque, incluso antes de la pandemia, sus padres no podían pagar una escuela. De niña soñaba con ser policía y aunque ahora aún espera volver a estudiar, el tema de la casa ensombrece todo.

“Lo que quiero es que se salve la casa y que ya no esté la escritura en manos de otro, sino en manos de nosotras”, dijo. “Con tal de ayudar a mi mamá me voy”.

Los padres de Yessenia no están de acuerdo. Y Jerónimo dice que si encuentra una manera ella es la que volverá a irse, aunque signifique tener más deudas.

“Eso es lo que te desespera lo suficiente como para emigrar”, dice Jerónimo. “Es pura necesidad”.

Fuente: https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-06-02/la-pobreza-profunda-que-desata-la-migracion-desde-guatemala

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