Mactumactzá: violencia de Estado, acceso a Internet y Educación

Por: Mariana Azul

La falta de acceso a Internet en México es una realidad para la cuarta parte del país según el reporte anual 2020 de Alliance for Affordable Internet, [1] aproximadamente, el 75% de la población mexicana realiza sus actividades cotidianas sin este servicio que para muchas personas resulta fundamental en sus quehaceres diarios. Las personas interesadas en las telecomunicaciones, esperábamos con ansias los avances de la Red Compartida, proyecto de la empresa mexicana Altán que se comprometió a dar conectividad en zonas rurales, y cuya meta es tener alrededor del 92% de cobertura en territorio nacional, según el periódico el Financiero. [2] Sin embargo, las dificultades operativas y financieras que está enfrentando Altán, son las principales razones por las que este proyecto que busca reducir la brecha digital, se haya atrasado por años, perjudicando principalmente a las comunidades que no tienen acceso a Internet como es el caso de varias localidades en Chiapas, Puebla y Oaxaca.

La Escuela Normal Rural Mactumactzá, se encuentra cerca de Tuxtla Gutierrez, en Chiapas, uno de los Estados más marginados y con desventaja económica de México. Dicha escuela alberga a jóvenes con consciencia social, provenientes de zonas rurales, campesinas y obreras, donde, en muchos casos, ni siquiera hay acceso a electricidad. A partir del mes de Febrero de 2021, estudiantes de esta Normal pidieron dialogar con las autoridades educativas para expresar sus inconformidades respecto a la convocatoria de nuevo ingreso, que, debido a la experiencia del año pasado veían inconsistencias en el proceso de admisión.

Luis Alberto Díaz Jiménez, estudiante de esta Normal, comenta [3] que parte de estas fallas en el proceso de 2020, fue que hubo aspirantes que desconocían cómo se usa una computadora, herramienta en la que presentaron el examen debido, según las autoridades, al obligado confinamiento causado por la actual pandemia. Además, que la plataforma digital no era funcional ni óptima ya que dificultaba a las y los aspirantes responder dicho examen de manera adecuada, porque constantemente la conexión a la página de Internet era lenta o sencillamente se perdía. Esta discriminación tan obvia afectó los resultados de sus aspirantes, pues claramente las condiciones en que presentó cada quien su examen, no fue neutral.

Lo vivido en aquel examen conllevó a la organización estudiantil para demandar que se evitara repetir la discriminación causada por las fallas operativas. De manera pacífica pidieron a la Secretaría de Educación y al Gobierno de Chiapas dialogar, hicieron pequeños mitines y expidieron cartas exponiendo los motivos de su inconformidad. En cada evento se expresaron los argumentos de por qué solicitaban que el examen de nuevo ingreso fuese de manera presencial y a papel, pues consideran que este método es el más inclusivo para sus aspirantes.

La respuesta del Gobierno fue negativa, rechazó la petición de lxs estudiantes normalistas. La organización estudiantil continuó, esta vez con más rebeldía decidieron protestar en una caseta de cobro que es un espacio público con bastante tránsito. El gobierno no optó por el diálogo, optó por la represión y la violencia, resultando en agresiones de policías a estudiantes: rociándoles gas lacrimógeno, 95 detenciones arbitrarias (74 mujeres y 21 hombres) [4], robo de pertenencias personales, y abusos de la fuerza donde hubo tortura física, sexual —principalmente para las mujeres— y psicológica al recibir amenazas de desaparición forzada.

Los absurdos del Gobierno de México resaltan cuando anuncian que el proceso de Elecciones Federales sí será de manera presencial y con el uso de papel para emitir el voto. Resaltan cuando anuncia que algunos niveles educativos están próximos a regresar a clases presenciales en diferentes Estados del país. También resaltan cuando el Presidente de México, cada que tiene la oportunidad, hace propaganda a que su Gobierno beneficia “primero a los pobres” y que no habrá represión a estudiantes como en los Gobiernos anteriores.

A la tecnología no se le debe adorar ni usar de manera indiscriminada con la premisa de que da solución a cualquier problemática social y educativa, se debe entender que Internet es una herramienta para facilitar la comunicación entre humanos, y no se puede imponer su uso si no cumple este principio básico. La brecha digital es una de las tantas problemáticas sociales de este país que ha sido perpetuada por el organismo regulador de las Telecomunicaciones, Gobierno Federal y Proveedores de Servicios de Internet y telefonía Móvil. Si no hay garantía de acceso a Internet [5] y a Educación [6] para todo individuo mexicano, entonces el acceso a Internet y a Educación siguen siendo parte de los privilegios de clase.

No basta con que los Derechos en materia se presuman en los grandes parlamentos, pero no se garanticen a cada persona mexicana. No basta con que el Gobierno exprese verbalmente benevolencia y diga servir a los sectores más vulnerables, cuando la realidad es que viola los Derechos Humanos y Constitucionales de las comunidades rurales y de las mujeres. No basta con tener los Derechos escritos en papel, se salen a defender, y las Normales Rurales con su voz, piedras y palos, nos están enseñando que seguirán organizándose, luchando y resistiendo a pesar del sistema capitalista -patriarcal que quiere robarles su dignidad.

¡APOYO TOTAL A MACTUMACTZÁ!