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Argentina: Segunda ola. Suteba La Matanza; docentes votan paro y adhieren al Encuentro de Coordinación de Madygraf

Por: Izquierda Diario 

La reunión de delegados del Suteba La Matanza contó con la participación de más de 170 delegados y se hizo bajo la mención honorífica de los docentes fallecidos por covid-19. En medio de la segunda ola de covid-19 y del aumento en forma exponencial de casos, los anuncios del presidente hacia la comunidad educativa son los de «quédate en casa «y «en la escuela que no hay contagios”. La situación está desbordada: no alcanzan los recursos, y las escuelas son un foco de infección donde la circulación del virus es cada día más alarmante. La exigencia a la suspensión de clases es parte de un plan de conjunto que incluye plan de vacunación, conectividad, IFE y becas para las familias. Las vacunas están, en la planta mAbxience del grupo Sigman en Garín se produce una cantidad que podría rápidamente inocular al conjunto de la población argentina y abastecer a los países de la región.

En la asamblea se escuchó un descontento generalizado con el gobierno nacional y provincial. También con la burocracia de Baradel, que esta tarde, sin tener en cuenta las demandas de los docentes, se reunió con el gobierno bonaerense para discutir la continuidad de las clases presenciales. Pero también hay intenciones en la comunidad educativa de organizarse y coordinar con otros sectores en lucha. Los delegados con mandatos de sus escuelas votaron medidas para esta semana que incluyen un paro de 48 horas. También participar del Encuentro de Coordinación de las Luchas del AMBA en Madygraf, para coordinar con todos los trabajadores que están peleando en común, los docentes precarizados, los trabajadores del puerto, los de salud y otros, que se realizará este sábado 17 de abril de manera presencial y virtual para fortalecer todas las luchas.

Los docentes hablaron de la preocupación por ellos y las familias que son los que usan el transporte público, un foco de infección. Las familias de los estudiantes, las que pelean por una vivienda, el personal de salud, los trabajadores de las fábricas, son todos los que están padeciendo que el gobierno priorice pagarle al FMI, antes que las vidas de los trabajadores. El estado debe hacerse responsable. Este tipo de comentarios se escucharon en toda la asamblea. Por eso, entre otras cosas, exigieron que se restituya la AUH que se le quitó a los trabajadores de los programas educativos precarizados.

Participó también de la asamblea María Méndez del Hospital Germani, quien se desempeña desde 1997 en la parte de pediatría, denunció que los trabajadores de la salud están sufriendo la desidia por parte del gobierno de Espinoza, ya que no cuentan con recursos de ningún tipo, ni en cuanto a insumos ni de personal. También contó la pelea que vienen dando, el paro y movilización que realizaron junto a otros trabajadores de la salud en La Matanza. Para concretar la unidad y el apoyo con ellos, los docentes iniciarán el caravanazo del jueves en los hospitales municipales en lucha culminando con la denuncia y reclamo de suspensión de la presencialidad en la Plaza de San Justo.

http://www.laizquierdadiario.com/Suteba-La-Matanza-docentes-votan-paro-y-adhieren-al-Encuentro-de-Coordinacion-de-Madygraf
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Panamá: Retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre

Por: Sandry Crespo/elsiglo.com

El presidente Lauretino Cortizo anunció que el retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Ministerio de Educación (Meduca) iniciará el retorno a clases semipresenciales a partir del segundo trimestre, con un plan piloto en 100 planteles del país.

«La meta es de 500 escuelas desde el segundo trimestre, pero con un plan piloto de 100, obviamente quisiéramos que fueran más», explico Cortizo.

El mandatario agregó que para este retorno gradual, se publicarán las condiciones para la apertura de los colegios en Gaceta Oficial, posiblemente este martes 13 de abril.

En el articulo 2 de dicho decreto destaca a la vacunación de los docentes y administrativos como una de las principales condiciones para el regreso a los colegios.

Las escuelas multigrados son las primeras que comenzarían con el retorno de estudiantes a las aulas. ‘Todas aquellas escuelas que cumplan con el decreto y después que tengan la aprobación de Salud. van a poder dar sus clases semipresenciales».

http://elsiglo.com.pa/panama/retorno-clases-semipresencial-sera-partir-segundo-trimestre/24176136

 

 

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Los objetivos del desarrollo insostenible, una cuestión de género

Por: Eduardo Camín 

La crisis del Covid-19 ha tenido un impacto desproporcionado fundamentalmente en las mujeres, lo que está exacerbando las desigualdades de género existentes. Y, para reconstruir mejor y de forma más justa las políticas de ocupación deben situar la igualdad de genero en el centro de los esfuerzos de recuperación, al tiempo que se debe reforzar las medidas y los datos de género para cuantificar adecuadamente los retos a los que se enfrenta el mundo.


Desde hace más de un siglo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ocupa de cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Por ello, ha sido elegida organismo custodio de 14 indicadores relacionados con el trabajo decente en el marco de 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  Y hoy se ocupa de esta situación.

La OIT mantiene activamente una serie de modelos econométricos que se utilizan para producir estimaciones de los indicadores del mercado laboral en los países. Sin embargo, la conmoción sin precedentes del mercado de trabajo creada por la pandemia del COVID-19 hace difícil de evaluar con los datos históricos.

Por ello, la mayoría de las series del conjunto de datos de las estimaciones y proyecciones modelizadas de OIT terminan ahora en 2019 (el último año para el que se disponía de datos de la encuesta anual de población activa en el momento de elaborar las estimaciones).

En el caso de algunos indicadores, se utiliza un modelo de previsión actual para proporcionar las estimaciones de 2020 y un nuevo modelo de proyección para prever las estimaciones de 2021. Dada la situación excepcional, incluida la escasez de datos pertinentes, las estimaciones para 2020-21 están sujetas a una gran incertidumbre.

Un reciente informe dos expertas de la OIT -Vipasana Karkee (estadística y Marie-Claire Sodergren ,economista, ambas de la Unidad de Producción y Análisis de Datos del Departamento de Estadística), sostiene que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establecen una visión compartida para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para 2030.

No obstante, se interpelan a la vez, si las consecuencias de la pandemia invertirá los avances en la promoción del trabajo decente para todos, tal y como establece el Objetivo 8. Parece probable, al menos para las mujeres.  Incluso antes del inicio de la pandemia, la igualdad de genero en el lugar del trabajo seguía siendo difícil de alcanzar.

Ahora las mujeres están en primera línea de la crisis del Covid-19, ya que constituyen el grueso de los trabajadores esenciales, incluido el 70% del personal sanitario. Sin embargo, en todo el mundo y en todas las regiones y grupos de ingresos, la pandemia ha afectado más a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral.

 Es probable que esto revierta algunos de los progresos realizados en el marco del Objetivo 8, que pretende «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, la plena y productiva ocupación y el trabajo decente para todos».

La perturbación del mercado laboral en 2020 supero con creces el impacto de la crisis financiera mundial de 2009. Las pérdidas no sólo no tuvieron precedentes, sino que fueron más pronunciadas para las mujeres (5,0%) que para los hombres (3,9%). Además, dado que el cierre de las escuelas debido a los cierres requiere una mayor supervisión de los niños en el hogar, las mujeres son mucho mas propensas a abandonar la fuerza de trabajo que los hombres para poder prestar esa atención.

 Esto está aumentando aún más las antiguas brechas de género en las tasas de participación en la fuerza laboral. En 2019, antes de que comenzara la pandemia, la participación en la fuerza de trabajo de los hombres en edad avanzada era del 93,5%, en comparación con sólo el 62,1% de las mujeres en edad avanzada. La tasa era aún mas baja para las mujeres en pareja con hijos pequeños.

La infrarrepresentación femenina en puestos directivos puede empeorar

La proporción de mujeres en puestos directivos en todo el mundo ha mostrado un lento progreso en las dos últimas décadas. Aumentó menos de tres puntos porcentuales desde el año 2000. En 2019, aunque las mujeres representaban casi el 39% de la población activa mundial, solo ocupaban el 28% de los puestos directivos.

 Esto sugiere que el techo de cristal sigue muy presente, ya que los hombres siguen dominando los puestos de toma de decisiones, como los de director general, altos funcionarios y legisladores, ocupando casi tres cuartas partes de estas ocupaciones.

Mientras tanto, el impacto desproporcionado de la pandemia en las mujeres amenaza con hacer retroceder los escasos avances logrados estas últimas décadas. La proporción de mujeres en puestos directivos disminuyó, a veces significativamente, del cuarto trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 en más de la mitad de los 47 países con datos disponibles.

Las cifras trimestrales estaban disponibles sobre todo para los países de ingresos altos. No obstante, es probable que este patrón se mantenga en los países de ingresos más bajos, donde a menudo más de la mitad de las mujeres directivas trabajan por cuenta propia.

Las medidas de distanciamiento social, los cierres y la distorsión de las cadenas de suministro y los mercados han exacerbado las desigualdades estructurales y los retos que suelen impedir el rendimiento y el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres, y han provocado el cierre de muchas de ellas.

Gran porcentaje de mujeres jóvenes no recibe educación ni formación

En todo el mundo, la proporción de jóvenes que no cursan estudios, ocupación ni reciben formación (NEET, por sus siglas en inglés) no ha mostrado signos significativos de mejora en más de una década, mientras éstas siguieron viéndose afectadas de forma desproporcionada en comparación con sus homólogos masculinos. En 2019, las mujeres jóvenes tenían más del doble de probabilidades que los hombres jóvenes de estar desempleadas y sin educación ni formación.

Aunque todavía no se dispone de cifras globales para el conjunto de 2020, las cifras trimestrales muestran que la tasa de Ni-nis fue mayor en el segundo trimestre de 2020 que el año anterior en 45 de los 50 países con datos disponibles. Esto no es sorprendente, ya que las medidas de cierre por la pandemia de Covid-19 causaron pérdidas sin precedentes en ocupación en 2020, con mayores pérdidas para los  jóvenes (8,7%) que para los mayores (3,7%).

Mientras tanto, tanto la educación técnica y profesional como la formación en el puesto de trabajo sufrieron una interrupción masiva, obligando a muchos a abandonar sus estudios. El empeoramiento de la situación de los jóvenes debido a la crisis Covid-19 es especialmente preocupante para las mujeres jóvenes. Casi un tercio de las mujeres jóvenes de todo el mundo ya no cursaban estudios, ocupación o formación en 2019.

Trabajadores de la economía informal y mujeres, en sectores de alto riesgo

Se calcula que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal -es decir, el 76% de los trabajadores informales de todo el mundo- se vieron muy afectados por las medidas de cierre y/o trabajaban en los sectores más afectados, como los servicios de alojamiento y alimentación.  Entre ellos, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: El 42% de las mujeres trabajaban en esos sectores, frente al 32% de los hombres.
Mientras que el sector informal ocupación tiende a aumentar durante las crisis, actuando a menudo como una opción «por defecto» para sobrevivir o mantener los ingresos, las limitaciones a la circulación de personas y bienes durante la pandemia de COVID-19 han restringido este tipo de mecanismo de supervivencia.

Esto, a su vez, ha dejado a los trabajadores informales y a sus familias en una posición muy precaria, expuestos a pérdidas repentinas de ingresos y enfrentándose a mayores riesgos de caer en la pobreza.

La ausencia de un debate dialécticamente serio

Los datos que se desprenden del informe muestran que la división sexual del trabajo es una realidad. Esto no sólo supone la especialización de la mujer en ciertas tareas sociales (la mayoría de las veces más reproductivas), sino que demuestra que los efectos de la crisis y de la política económica se sufren de diferente modo.

De hecho, si tenemos en cuenta que el 88’5% de las mujeres ocupadas lo están en el sector servicios y que ocupan el 70% de empleo público podemos deducir cómo las políticas de recortes, las reformas laborales que facilitan el despido en los empleos con menos grado de protección y precariedad (como el sector servicios) y de privatización (con el empeoramiento de condiciones laborales) afectan de manera más severa a las mujeres.

Es decir, recortar y privatizar servicios públicos afecta más a las mujeres trabajadoras dado que son sectores feminizados.

El empeoramiento en las condiciones de vida, la precariedad laboral y todos los elementos que deterioran las condiciones del ideal de la familia burguesa hacen que sobre la mujer recaiga la mayor parte de responsabilidad doméstica. Las presiones y las frustraciones provocadas por la imposibilidad de mejorar y ascender en el sistema capitalista por parte de los trabajadores acaban siendo pagadas por las mujeres y las niñas(os).

La mujer, miembro familiar que cumple el papel de sustento doméstico y en muchos casos emocional, sufre de más violencia en períodos de crisis económica en la familia. Además, los recortes y la falta de fondos en ayudas a mujeres en situación de violencia machista suponen una desprotección total hacia las víctimas y la imposibilidad de una salida material por parte del Estado que permita la emancipación de estas mujeres.

Un simple vistazo al mercado laboral muestra cómo la mujer vuelve a estar discriminada en multitud de aspectos. A nivel salarial, las mujeres sufren discriminación “vertical” (acceden a muchos menos puestos de responsabilidad), “horizontal” (realizando el mismo trabajo obtienen una menor retribución y/o una menor categoría profesional) y por embarazo, siendo aún frecuente el despido o la no contratación de mujeres embarazadas. Todo ello se traduce en que el salario de las ocupadas es de media un 22% menor que el de los ocupados.

Las mujeres trabajadoras sufren la opresión patriarcal además de la material, por lo que resulta imposible encontrar la fórmula de acabar con el patriarcado de manera separada al método para acabar con el capitalismo y, por lo tanto, no marcar como básica la necesidad de analizar a la clase trabajadora también como sujeto de cambio para acabar con la opresión de género.

La opresión de género está profundamente  ligada con el sistema capitalista y, por tanto, la única posibilidad de acabar con esta opresión es construyendo una nueva sociedad donde estas bases materiales no existan, donde no sea posible que nadie se beneficie a costa de ningún tipo de desigualdad, y esto significa irremediablemente acabar con el sistema capitalista.

Día a día, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros centros de trabajo y de estudio, en nuestras casas, en la calle, en la televisión, etc., las mujeres ven sus libertades coartadas, sus vidas ninguneadas y sus condiciones de vida cada día más precarias. Mientras, una sinfonía de informes oculta el verdadero debate.


Fuente: https://estrategia.la/2021/04/11/los-objetivos-del-desarrollo-insostenible-una-cuestion-de-genero-impacto-del-covid-19-discriminacion-de-la-mujer/

*Sobre el autor: Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Investigación y neoliberalismo progresista: sobre la modificación de la ley de ciencia

Fuentes: El salto [Foto: Manifestación de la marea roja por la ciencia en Madrid en septiembre de 2016. ÁLVARO MINGUITO]

El 30 de marzo, el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de tramitación de la modificación de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

En rueda de prensa Pedro Duque, ministro de Ciencia, presentó las líneas básicas de la reforma. Con el objeto de disimular la falta de publicidad previa del anteproyecto (que tan solo había pasado por una consulta pública a finales del año pasado), el ministerio anunció la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, en la que se convocará a diversas asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, así como a las Comunidades autónomas y los agentes sociales. Las modificaciones propuestas serán sometidas a audiencia pública antes de retornar al Consejo de Ministros para su aprobación.

En los días previos a la comparecencia ya se habían producido reacciones críticas, como las cartas enviadas desde los sindicatos CGT y CC.OO. al ministro. Además, saltó la noticia según la cual el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, había bloqueado el anteproyecto debido a la vulneración de derechos laborales y al posible carácter inconstitucional del texto. La rueda de prensa confirmó las informaciones que durante las últimas semanas habían circulado en torno al anteproyecto. Este profundiza la precarización de la carrera investigadora. El anteproyecto refuerza el marco de excepcionalidad laboral que acompaña a las figuras contractuales vigentes en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) e impulsa fórmulas que permiten incrementar el trasvase de fondos públicos para investigación a manos privadas. Por ese motivo, sindicatos y colectivos de investigadores se manifestaron el pasado miércoles a través de las redes sociales mediante una campaña de twitter.

El modo de actuar del ministerio redunda en la ausencia de transparencia que suele acompañar a las modificaciones y propuestas legales que afectan al mundo de la investigación. En realidad, aquí lo procedimental se entremezcla con la orientación ideológica de lo legislado. La opacidad en los modos de deliberación privatiza asuntos que deberían responder a la negociación colectiva, al tiempo que las propuestas, lejos de redefinir el sentido social de la investigación como un bien público, responden ante todo a la privatización más o menos encubierta del sistema científico. Esta tendencia se sitúa en la línea marcada por el Pacto por la ciencia, un documento que, pese a su sedicente carácter consensual, muestra una importante presencia de empresas privadas.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

La ciencia española está aplicando la receta neoliberal de la “colaboración” público-privada, cuyo subtexto real es el drenaje de fondos públicos en favor de una producción científica supeditada a los mecanismos de mercado. Lo público se somete de ese modo a la lógica de acumulación de beneficios.

         El “progresismo” del anteproyecto defiende el modo en que la modificación de la ley facilitará la estabilización de los investigadores post-doctorales, como si se tratara de una alternativa real al encadenamiento de contratos temporales, precarios y tremendamente competitivos que caracteriza en la actualidad a la carrera investigadora. El anteproyecto, lejos de atajar esa dinámica, la consolida, al proponer como alternativa a las figuras funcionariales de estabilización del trabajo investigador (como la de Científico-Titular), una nueva modalidad de contrato, conocida como Tenure-Track. Este contrato, de cuatro años de duración, facilitaría sobre el papel la incorporación a los OPI del personal investigador posdoctoral, reduciendo el tiempo medio transcurrido desde la lectura de la tesis de trece a nueve años.

Pese a tratarse de un contrato indefinido con una apariencia cool (el ministro, de modo vergonzoso, afirmó lo atractivo de la denominación anglosajona del contrato), esta fórmula revalida la temporalidad en el sector científico y consolida el marco de inseguridad jurídica de los trabajadores, al situarse “fuera de convenio”. El Tenure Track que propone el ministerio estaría sujeto a evaluación por parte de agencias externas (cuyos baremos de puntuación habitualmente responden a criterios determinados por las empresas y las corporaciones de las publicaciones científicas) y la estabilización del personal investigador dependería en última instancia del OPI en que se radicara, que podría proceder a la resolución de la relación laboral de acuerdo a “causas objetivas”.

Pero incluso si los investigadores se convierten en personal laboral estable, las condiciones en que lo harían serían igualmente cuestionables. Además de ver perjudicados sus intereses, pues al convertirse en personal laboral no podrían obtener el reconocimiento de antigüedad (quinquenios y sexenios) de los funcionarios, esos trabajadores se encontrarían mucho más expuestos a un posible despido, o a sufrir en carne propia las consecuencias de los recortes estructurales futuros. Esto reduciría la autonomía de su trabajo de investigación debido a dos factores. En primer lugar, por su mayor sometimiento a las lógicas de la productividad dictadas por la captación empresarial de la ciencia. En segundo lugar, por su supeditación a la elite de los funcionarios de carrera (mucho más reducida al desaparecer la figura de los Científicos Titulares), cuyo poder de mando y capacidad de explotación del personal subalterno se verían reforzados.

En este sentido, el discurso de la excelencia y la calidad científica, que legitima ideológicamente el anteproyecto, corre el riesgo de convertirse en una forma de meritocracia invertida, al consolidar la posición de científicos que no siempre acreditan una carrera investigadora más sólida que la de los investigadores más jóvenes. Aquellos simplemente se estabilizaron antes, lo que les permite manejar los espacios de la ciencia a su antojo, con un grado de nepotismo y arbitrariedad normalizado internamente, pero que no por ello deja de representar una expresión de corrupción institucional. Frente a este modelo, sería conveniente apostar por una democratización del sistema científico que empodere al conjunto de los investigadores y equipare trabajos y salarios.

Todo ello resulta especialmente inquietante si tenemos en cuenta que la modificación de la ley no especifica con claridad ni los criterios de evaluación, ni las condiciones de contratación, ni las partidas presupuestarias que deberían acompañar la extensión de esta controvertida modalidad contractual. Se trata de una estrategia típica del marketing neoliberal, tendente a presentar una carcasa atractiva con un contenido que vacía los derechos de los trabajadores. Sería preferible que el ministerio pensara en algo más seductor que convertir la carrera investigadora en una start-up permanente.

Como sucede en otros ámbitos de las políticas públicas, el problema del sistema científico español no reside tanto en su diseño (que, por supuesto, es mejorable), como en su falta de financiación. El anteproyecto de ley, con su apuesta por la desfuncionarización de la carrera de la carrera investigadora, representa un paso más en el desmantelamiento del sistema público de ciencia y universidades. Al contrario de lo que nos quiere hacer creer el ministro, esta reforma no persigue asimilar el sistema científico español a los “punteros” estándares de la Unión Europea, sino consolidar el carácter periférico de la ciencia española en ese espacio geopolítico (no existe un modelo de carrera investigadora como el aquí descrito en otros países del entorno), así como su valor secundario dentro de un modelo productivo basado en los servicios y el turismo.

         Por otra parte, el anteproyecto relaja el régimen de incompatibilidades en la transferencia de los conocimientos financiados con fondos públicos al sector privado. Así, la Ley 53/ 1984 de incompatibilidades de los empleados públicos no sería aplicable “al personal investigador que preste sus servicios en las sociedades o empresas innovadoras de base tecnológica”. Una vez más el lenguaje de la innovación y la transferencia actúa como pantalla cosmética de la apropiación por parte del sector privado del trabajo y los conocimientos procedentes de la investigación pública, en la medida en que no se establecen limitaciones precisas entre los intereses, a menudo contrapuestos, de ambos sectores.

El borrador tampoco contempla planes específicos en relación al personal técnico y de gestión, cuyo trabajo es esencial para el desarrollo de los proyectos de investigación. Con frecuencia, las figuras contractuales técnicas enmascaran la precarización y la falta de reconocimiento de un trabajo de investigación que desborda ampliamente lo técnico. En cuanto al ámbito de la gestión, el colapso y la demora en la tramitación burocrática de muchos proyectos no se relaciona con la falta de cualificación de los empleados, sino con la inestabilidad y la escasa cantidad de personal contratado para realizar de forma digna esas tareas. Este es un aspecto especialmente crítico en un país como España, uno de los más ineficaces históricamente en la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea, lo que supone un hándicap ante la necesidad de disponer de ese personal para canalizar las ayudas a la investigación en el contexto post-pandemia. Para concluir, el anteproyecto tampoco se hace eco de las demandas relativas a la necesidad de contemplar indemnizaciones por finalización de los contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario y de otras convocatorias del ministerio.

         Dada la dinámica de recortes a los que ha estado sometido el trabajo investigador durante las últimas décadas, es obvio que esta propuesta profundizará la sensación de inestabilidad que ha afectado a los trabajadores del sector. Esa inestabilidad genera una fuerte supeditación laboral de los investigadores, cuyo grado de sindicalización es bajísimo y cuya capacidad de movilización se ve dificultada por las estructuras jerárquicas (en algunos casos, neo-feudales) que priman en los centros de investigación. Es necesario promover aquellas movilizaciones destinadas a contener la hipocresía de las políticas públicas en el campo de la investigación. Si bien desde los espacios mediáticos nuestros gobernantes recalcan una y otra vez la importancia de la ciencia como semilla de un nuevo modelo productivo, en la práctica sus decisiones intensifican la explotación de los investigadores, quienes a menudo experimentan las consecuencias físicas y mentales de esta situación con impotencia y en soledad.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

La organización sindical de los investigadores, técnicos y personal de gestión es una urgencia ineludible no solo para resguardar sus legítimos intereses como trabajadores, sino para asegurar la producción de un conocimiento científico socialmente relevante.

Para hacer buena ciencia, en definitiva. El binomio ciencia-capital no es garantía ni de innovación ni de calidad, sino de cooptación del trabajo cooperativo por los intereses especulativos del sector privado. Si los trabajadores de la ciencia están mejor organizados, su intelecto general será más potente y repercutirá más adecuadamente en el bienestar común del conjunto de la sociedad. En este sentido, desde la CGT apostamos por una defensa de los derechos del personal investigador que no sea meramente corporativa, sino que refuerce la concepción del sistema científico como un bien público y que fomente la igualdad de acceso a los frutos de la producción de conocimiento.

Jaime Vindel. Militante de CGT.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/alkimia/investigacion-y-neoliberalismo-progresista-sobre-la-modificacion-de-la-ley-de-ciencia

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México: Podrían decidir en 15 días regreso a clases presenciales

América del Norte/México/12-04-2021/Autor(a) y Fuente: aristeguinoticias.com

“Sí vamos a regresar a las escuelas cuanto antes, no vamos a esperar el siguiente ciclo escolar”, dijo Martha Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, de la SEP, en un foro organizado por Unicef.

Mientras el promedio global de cierre de escuelas por la pandemia es de 95 días, en México se ha prolongado por 180, periodo que deberá llegar a su fin en el presente ciclo escolar.

En un foro organizado por la Unicef, Martha Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, adelantó que la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) depende de si el sector salud, ante el riesgo de una tercera ola de contagios, determine si existen condiciones para iniciar el proceso de reapertura de los planteles, lo que podría decidir se en 15 días.

“Sí vamos a regresar a las escuelas cuanto antes, no vamos a esperar el siguiente ciclo escolar; esa no es la disposición de la presidencia de la República”, dijo.

La funcionaria destacó que, durante la pandemia, la educación ha caminado junto al sector salud, se ha generado estrategia y la prioridad ha sido salvaguardar la salud y la vida.

Afirmó que el proceso de regreso será democrático, con la participación de todos los actores y con el apoyo de las instancias de salud.

Con el Programa la Escuela es Nuestra, explicó, la SEP ya trabaja en delinear el regreso. Para esto, los maestros deben ser vacunados y debe tomarse en cuenta la necesidad de los estudiantes de apoyo académico y psicoemocional.

Agregó que sería de forma gradual y escalonada; además, también en un esquema voluntario, que los padres decidan también.

En el marco de la pandemia y convocado por la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ayer miércoles, se llevó a cabo el foro virtual Reimaginemos. Niñez y adolescencia en México. El impacto de Covid-19 en la educación, un balance a un año del cierre de las escuelas en México, con la presencia de Christian Skoog, representante Unicef en México; Sylvia Schmelkes, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana; Sylvia Ortega, presidenta del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora; Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México; Juan Carlos Benavides, presidente del Consejo Consultivo de Unicef México, y César Costa, embajador del organismo. Con Carmen Aristegui como moderadora.

Para Christian Skoog, este foro es una búsqueda de soluciones ante la situación educativa generada por la pandemia.

Señaló que el Covid-19 está mermando seriamente el derecho a la salud, la educación, la igualdad y la protección de niños, niñas y adolescentes en México.

En cuanto a los requerimientos de la educación a distancia, dijo, solo 2 de cada 5 reportan conexión fija a Internet.

Urge reiniciar la educación presencial, escalonada, y tomando todas las medidas necesarias, afirmó.

Destacó que el cierre prolongado está afectando a los estudiantes, no sólo en el aprendizaje, sino en su desarrollo cognitivo y en su salud, problemas que aumentan cada día que permanecen cerradas las escuelas.

Segun la Unicef, el cierre prolongado de las escuelas en México está afectando negativamente la educación de 25.4 millones de alumnos y alumnas de educación básica y 5.2 millones de estudiantes de educación media superior, lo que compromete su bienestar actual y sus oportunidades de desarrollo hacia el futuro.

Las escuelas en México cerraron desde el 23 de marzo de 2020 y no reabrirán hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde.

Fuente e Imagen: https://aristeguinoticias.com/0804/mexico/podrian-decidir-en-15-dias-regreso-a-clases-presenciales/

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Los jóvenes españoles, más pesimistas que hace un año respecto a su futuro laboral

Por: ABC

El 43,3% de los estudiatnes cree que la situación será peor o mucho peor en los próximos meses.

Los jóvenes españoles se muestran cada vez más preocupados por su futura incorporación al mercado laboral. El 43,3% de los jóvenes se siente pesimista y cree que la situación será peor o mucho peor en un futuro, dato que contrasta con los resultados del año anterior, donde solo el 34% de los jóvenes se sentían preocupados, según se desprende del VII Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles elaborado por Abanca, Esic, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.

En este sentido, detalla Ep, las mujeres son las que se muestran más pesimistas al respecto (43,7%), aunque no lejos de la preocupación que sienten los hombres (42,9%). Los jóvenes de Aragón (57,4%), Castilla y León (52,9%) y Navarra (51,4%), son los más pesimistas de España en relación a la situación del empleo juvenil en los próximos cinco años, mientras que los de Canarias (50,7%), Andalucía (40,9%) y Murcia (40,5%), son los que ven el futuro con más optimismo.

«El último año ha despertado las inseguridades y miedos de los más jóvenes. La crisis sanitaria por el coronavirus ha disparado la preocupación que muestran por su futuro laboral. Si bien en años anteriores se veía un aumento en la esperanza por su situación laboral, este último año ha dado un cambio radical y la consecuencia es un aumento del pesimismo entre los más jóvenes, que tienen dudas sobre si podrán encontrar un empleo fácilmente cuando terminen sus estudios debido a la situación que estamos viviendo», afirma Mario Martínez, director del Informe Young Business Talents.

Más internacionales

Los factores que consideran más importantes para encontrar empleo son el interés y las ganas de trabajar (44,1%), tener un buen nivel de idiomas (42,9%), la experiencia (40,7%) y los conocimientos (39,3%). En cuanto a las condiciones que más valoran a la hora de entrar a trabajar en alguna empresa, las tres principales son: la estabilidad en el empleo (29,3%), las posibilidades de promoción (28,5%) y tener buen ambiente de trabajo y de trato (27,2%).

Como consecuencia de las actuales circunstancias, el 82% de los jóvenes españoles ha manifestado que estaría dispuesto a cambiarse de país para trabajar, siendo Estados Unidos (36,8%), Reino Unido (15,9%) y Alemania (12,1), sus destinos favoritos. Esto supone un aumento respecto al año pasado, cuando el 73,2% de los estudiantes mostraban sus ganas de cambiar de país. En este sentido, son las mujeres (43,9%) las que se muestran más dispuestas, frente al 80,5% de los hombres. Además, son los jóvenes de Cantabria (87,6%), Cataluña (86,9%), Madrid (84,9%) y País Vasco (84,8%), los que más ganas tienen de cruzar nuestras fronteras.

Más preparados que sus padres

Según los datos extraídos del estudio realizado a 9.708 alumnos de entre 15 y 21 años, el 76,5% de los jóvenes españoles creen estar mejor preparados que sus padres, aunque esta opinión desciende respecto al año anterior (82,4%). Son las mujeres (79,1%), las que se muestran más convencidas, frente al 73,7% de los hombres. Por comunidades autónomas, los jóvenes de las Islas Baleares (85,7%) son los españoles que sienten estar mejor preparados que sus padres, seguidos de los de Extremadura (81,3%) y Andalucía (79,5%).

La gran mayoría de los jóvenes (69,4%) tiene claro que cuando terminen sus estudios actuales, quieren estudiar una carrera universitaria. Las mujeres se muestran más seguras sobre su futuro académico (74,9%), respecto a los hombres (63,7%). Así, los estudiantes de País Vasco (83,8%), Madrid (81,8%), y Asturias (79,4%), son los más decididos a estudiar en la universidad.

El tipo de carrera universitaria que más interés les despierta a los jóvenes españoles son las relacionadas con ADE y empresariales (19,1%); economía y finanzas (18,8%), humanidades y sociales (17,8%) y Derecho (15,5%). Los hombres se decantan por carreras de empresariales y economía (21%), mientras que en las mujeres su carrera favorita sería de tipo humanidades y sociales (20%). Las carreras de derecho y educación también son más predominantes en el caso de las mujeres que los hombres.

Emprendedores

A pesar de la pandemia, el 50% de los jóvenes que tenía pensado emprender en un futuro manifiesta que va a continuar con sus planes de emprendimiento, y el 13% apuesta por emprender como una forma para garantizarse un empleo. En general, al 27% de los jóvenes españoles les gustaría en un futuro ser emprendedores y crear su propia empresa, frente a ser funcionarios (19,9%) o ser empleados en una empresa (13,8%). Respecto al año pasado, la tendencia por el emprendimiento muestra un ligero aumento (26,8%), mientras que bajan los deseos por ser funcionario (22,6%) o trabajar en una empresa (22,3%). Ser emprendedor es lo que más les gustaría a los hombres encuestados (32%), frente al 23% de las mujeres. A ellas les atrae más que a los hombres un empleo público (22% y 17,5% respectivamente).

Por comunidades autónomas los más emprendedores se encuentran en las Islas Canarias (36,8%), Melilla (35,5%) y Cataluña (33,5%), mientras que los menos serían los de Castilla y León (19,6%). Aunque la tendencia por el emprendimiento ha crecido en los últimos años, el 92% de los jóvenes considera que es muy difícil alcanzar el éxito en las empresas que se están creando en la actualidad. Entre los motivos por los que se lanzarían a montar su propia compañía destacan: poder enfocarse al 100% en lo que les gusta (44%), ser su propio jefe y más libre (41,1%) y obtener más ingresos que siendo un empleado en una empresa (36,2%).

Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-jovenes-espanoles-mas-pesimistas-hace-respecto-futuro-laboral-202104081843_noticia.html

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El Salvador: Estudiantes y docentes reportan fallos en paquetes de internet que da Gobierno

América Central/El Salvador/12-04-2021/Autor: Carlos López Vides/Fuente: www.elsalvador.com

Según gremiales de maestros, cientos de alumnos de la red pública han tenido problemas para recibir el plan de datos por parte del Ejecutivo.

A pesar de que el Gobierno informa que ha entregado 700,000 paquetes de datos gratis para estudiantes y maestros, como mencionó el pasado martes la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, este discurso no es acorde a la realidad, según explican representantes de gremiales de maestros del país, quienes exponen que cientos de alumnos no han recibido el beneficio.

En El Salvador, según datos del 29 de julio de 2019 de esta cartera de Estado, hay 1,449,421 estudiantes matriculados. De este universo, “quizá sería un 33% el que ha recibido los datos, a nivel nacional, según la información que hemos recabado”, explicó Daniel Rodríguez, del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

Alumnos de los centros educativos públicos han sido beneficiados con la entrega de estos equipos tecnológicos, pero cientos aún no tienen su paquete de datos activo. / Foto EDH cortesía Secretaría de Presidencia

Como ejemplo específico, Rodríguez mencionó que en la escuela donde labora “son alrededor de 451 estudiantes, y de ellos, a lo más que les ha llegado los datos es a unos 50 estudiantes” hasta el 7 de abril.

Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales, dijo que no se puede confiar en los datos proporcionados por Educación, y comentó que “lo que uno escucha en los estudiantes es que sí un buen número ya tiene el paquete, pero hay muchos estudiantes que han tenido problemas y no lo tienen. Ese paquete de datos desde un principio generó problemas” para que llegara realmente a los teléfonos de los educandos, detalló.

El principal problema fue, según Zetino, que “para que el alumno accesara al paquete tenía que hacerlo a través del NIE, el Número de Identificación de Estudiante (entregado a cada uno al momento de la matrícula); pero la plataforma se saturó, y rebotaban los números diciendo que los NIEs estaban incorrectos, y el sistema no se los aceptaba”.

Ante este fallo, “los estudiantes hicieron mil y una prueba, hasta que lo lograron algunos, y a otros el sistema los ha dejado en espera incluso hasta la actualidad; sí les aceptó el NIE, pero los datos (con internet) nunca le aparecieron” en los teléfonos que registraron, explicó Zetino, quien sospecha que quizá dentro de ese grupo están parte de los miles de paquetes en teoría activos que reporta Educación.

Discurso y realidad

A pesar de este panorama, “todos nuestros alumnos y maestras cuentan con un paquete de datos”, declaró el 5 de abril la ministra Hananía de Varela, quien también agregó en otra declaración que “con el tema del internet,  tenemos a más de 700,000 alumnos y maestros con un paquete de internet gratis, entonces que haya internet o no haya internet en las escuelas ya no es relevante”.

Rodríguez lamentó estas palabras de la ministra y reaccionó así: “Una cosa es lo que ella diga desde un escritorio, y otra cosa es la realidad de los centros escolares en las zonas, la infraestructura que tenemos a nivel de conectividad, que no es la más idónea. Con el respeto que se merece, a lo mejor la señora ministra lo hace por publicidad, pero sus declaraciones no son acordes a la realidad del país”.

El maestro describió que los fallos reales en la entrega de datos de internet a los estudiantes ya están trayendo consecuencias directas, y que el internet en los centros educativos sigue siendo una importante necesidad.

“Los maestros estaban desde sus casas, trabajando con internet residencial (del 11 de marzo 2020 al 6 de abril pasado, que se regresó a formato presencial, con estudiantes en las aulas). Para ellos esto representa un retroceso, porque si los maestros se van a los centros escolares (a atender clases presenciales) y ahí no tienen internet adecuado, eso dificulta que los alumnos puedan recibir sus clases en línea, para los estudiantes que no llegan al centro escolar porque los papás no los quieren enviar”, argumentó Rodríguez.

Por su parte, Paz Zetino llamó a tener un poco de paciencia.

“La gente sigue insistiendo en ver cómo adquiere el paquete, es un proceso. A medida vayan adquiriendo sus herramientas tecnológicas se va a ir completando”, comentó, pero alertó que hay una falla de base en el sistema que ha estructurado el Gobierno, y es que, simple y sencillamente, muchas familias de escasos recursos no tienen equipo ni internet para iniciar el proceso de inscribirse en línea, ni tampoco el dinero para comprar un teléfono inteligente para recibir los datos.

“Hay estudiantes que han intentado accesar al paquete, pero no tienen teléfono inteligente ni tampoco la computadora todavía. En el sistema le piden el número de teléfono para hacerle la recarga, pero le aseguro que hay estudiantes que no tienen un celular para que les caiga el paquete de datos”, explicó Paz Zetino, quien remarcó que esta situación es todavía más complicada en las zonas rurales del país.

Las clases en línea han sido parte de la nueva normalidad para miles de estudiantes desde el 11 de marzo de 2020. / Foto EDH Archivo

Además de que los paquetes no han llegado a todos, el profesor Rodríguez también señaló que los que sí ya cuentan con los datos “tienen problemas con el funcionamiento, porque lo que están dando en internet es muy poco”.

Explicó Rodríguez que “si un docente quiere cargarles un video en una plataforma, no se los carga y rapidito se consume ese giga que les han dado. Para los maestros son dos gigas, y para los estudiantes es uno, con eso no salen. Algunos maestros que ya les asignaron el paquete de datos tampoco pueden desarrollar las clases desde el centro escolar”, pues se les acaba demasiado rápido o no tiene suficiente potencia.

El secretario de Innovación, William Hándal, reportó el 23 de febrero anterior que los paquetes serían de no menos de 1.5 gigas, pero según ambos representantes sindicales, muchos alumnos solo han recibido 1 giga, el cual no les alcanza durante el mes.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/educacion-internet-datos-paquetes-fallos-estudiantes-sindicatos-ministerio/825594/2021/

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