Educación

América Central/El Salvador/27-09-2020/Autora: Liseth Alas/Fuente: www.elsalvador.com

Escasez de agua, negación a la salud, la falta de transparencia de datos y detenciones arbitrarias, entre otros, son parte de los derechos humanos fundamentales vulnerados durante la emergencia del coronavirus en El Salvador en el marco de las medidas aplicadas por el Gobierno, según los resultados de la Contraloría Social de la Gestión Pública de la Pandemia causada por el COVID-19 que desarrolló la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de Salud.

El informe fue presentado este martes en un evento en línea organizado por las instituciones, donde se expusieron los datos recopilados a través de una encuesta virtual en la que participaron los líderes de las comunidades, quienes se han mantenido vigilantes de las necesidades que ha atravesado la población de sus sectores durante la pandemia.

La muestra se recopiló con 253 personas y se desarrolló del 1 de mayo al 31 de julio en 60 municipios de nueve departamentos de El Salvador.

La contraloría concluyó que por lo menos nueve derechos humanos fundamentales han sido vulnerados en el país durante las medidas aplicadas por el Ejecutivo, algunos de estos pese a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que, según el análisis, fallaron a favor de la ciudadanía que se amparaba en esta al considerar que se tomaban decisiones arbitrarias que los afectaban.

“Qué significa, que estos derechos han sido transgredidos por la autoridad o por es Estado”, indicó el consultor Marcos Fermán, quien fue el encargado de la ponencia del documento.

De acuerdo con los resultados de la contraloría estos son los derechos humanos cuestionados a la gestión pública de la pandemia:

1. Derecho a participar en la toma de decisión en los asuntos públicos a nivel local

Ni el gobierno central ni las alcaldías han involucrado a las comunidades en sus planes de prevención y sobre todo en la fiscalización de los recursos financieros y sanitarios para la atención del COVID-19, explicó Fermán.

“Antes de la pandemia y hoy con la pandemia, todos los problemas y procesos se ven cuestionados... La participación ciudadana en su sentido estricto ha sido violentada”, agregó.

2. Derecho de acceso a recibir información pública

Este derecho es complementario al de participación, dijo el consultor, pues incluso está estipulado en el artículo 6 de la Constitución de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo con el estudio, el 65% de los encuestados indicó no haber recibido información sobre cómo prevenir el COVID-19 por parte de ninguna entidad local o del gobierno central.

“El Salvador ha sido uno de los países un tanto más cuestionados, porque una de las disposiciones que se tomó en uno de los decretos fue cerrar todos los procesos administrativos y judiciales, el acceso a la información es un proceso administrativo y en la pandemia se cerró… Hay gente que aún ha solicitado información y no se la han entregado”, apuntó Fermán.

Lamentó que durante la pandemia “el Gobierno de El Salvador puso en cuarentena el acceso a la información, eso debe de quedarnos claro que estamos frente a un gobierno con poca vocación democrática”.

También cuestionó a los diputados: “Esta fue una ley de emergencia nacional y se les pasó, dejando de responder las solicitudes de información, donde se suspendían los procesos administrativos y judiciales”.

3. Derecho a la integridad personal

Esta vulneración se refirió a las atribuciones que el Gobierno otorgó a la Policía y Fuerza Armada y las retenciones que se desarrollaron por presuntamente violar la cuarentena, lo que provocó que ciudadanos se avocaran ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta determinó que no se debía restringir la circulación de personas.

Según datos de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) retomados en el informe, del 21 de marzo al 13 de abril se recibieron 471 denuncias “por acciones arbitrarias de diversa índole, principalmente detenciones abusivas sobre quienes infringían la norma de aislamiento”.

Centro de Contención en el Injuve de la colonia Zacamil. Muchos denunciaron hacinamiento, falta de pruebas y mucho tiempo retenidos. Foto EDH / archivo

“Quiero señalar que la restricción del derecho a la libre libertad de tránsito establecida en la Constitución de la República solo se puede establecer en los estados de excepción no en una emergencia, esa es una gran confusión que ha tenido el gobierno central”, afirmó el consultor del Foro Nacional de Salud en la ponencia.

Además, se refirió a otro error que, según él, se está cometiendo en la actualidad al exigir la prueba COVID-19 a los salvadoreños que ingresan al país. “Después rectificaron la plana y dicen que a quienes se les está exigiendo es a las aerolíneas… se siguen vulnerando derechos, muchos constitucionalistas ya se pronunciaron”.

4. Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana

El 45% de los encuestados consideró que se descuidó la seguridad en las comunidades, el 30% percibió que no, mientras 10% dijo que no sabe y un 15% señaló que “la inseguridad se traduce en hechos de violencia contra las mujeres”.

5. Derecho a la salud

Un 37% de los participantes en la consultoría dijo que se les negó la atención a la salud “porque solo se atendían casos” relacionados al COVID-19. Manifestó que, incluso, hubo centros de salud que optaron por cerrar o suspendieron la consulta externa.

La consulta externa en el ISSS y hospitales públicos permaneció suspendida durante la emergencia. Foto/ Archivo

 “No han estado atendiendo las enfermedades crónicas, solo dan el medicamento y no le dan seguimiento de cómo es que va la salud, no hay promotores de salud en algunas comunidades”, señaló Yeni Jiménez, representante del equipo coordinador de la Mesa Nacional Territorial.

6. Derecho a la alimentación

El informe cuestiona las canastas de alimentos que entregó el Gobierno al considerar que lo hizo de forma desproporcional y que hubo personas de escasos recursos que no fueron beneficiarias ni del paquete de comida ni con el bono de $300. Además, critican “el tipo de comida” que se repartió que “no tiene un enfoque cultural”.

“Y yo recibí platanitos, pensaba ver huevos, frutas pero algo es algo no” escribió Carolina en su cuenta de Twitter junto a la foto de la primera bolsa de víveres que recibió.

“Quienes no tienen energía eléctrica no se vieron beneficiados con la canasta y los que intentaron obtenerla fue toda una odisea”, señaló Alba Villatoro, de la Mesa Territorial de Prevención de Violencia Social hacia la Mujer.

“Hubo mucha improvisación, falta de planificación y falta de participación de la gente en la toma de decisión”, dijo Fermán.

“La alimentación no se está regalando, al final pagamos el costo del alimento y del bono”, sostuvo Jiménez.

También, en el análisis se señala que no hubo control de precios de la canasta básica durante la emergencia.

7. Derecho a la educación y la cultura

“La pandemia expuso la brecha digital existente en la familia”, indicó Fermán. Agregó que maestros y padres de familiar han tenido que invertir en internet para continuar en línea las clases, incluso, tienen conocimiento, que hay quienes deben pagar por impresiones de las guías.

Edgardo recibe sus clases a través de canal 10. La nueva modalidad de envío de tareas por WhatsAPP les ha generado un gasto a su familia. Foto EDH/ Yessica Hompanera

“Esto significa que la educación ha dejado de ser pública y gratuita, porque hay muchos maestros y familias que han tenido que pagar internet y conseguir los dispositivos para las clases”, aseveró el consultor.

8. Derecho al acceso al agua

El 41% de los encuestados dice que desde siempre ha estado desabastecido de agua potable; un 26% afirmó que no contó con el servicio durante la pandemia, mientras un 31 % expresó que sí contó con el suministro y un 2% respondió que no sabe.

El informe criticó que los municipios más afectados por la escasez de agua son los que registran más contagios de COVID-19, entre estos San Salvador, Soyapango y Santa Tecla.

“El GOES y entidades de salud han enfatizado que el primer frente de defensa es el lavado de manos con agua y jabón”; no obstante en El Salvador, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, “para ese año 131,918 hogares urbanos y 154,887 rurales no tenían un nivel de acceso básico y elemental al agua”.

“El tema del agua se ha evidenciado y colocado en la agenda pública durante la pandemia, pero siempre hemos estado desabastecidos de agua, siempre ha caído de manera irregular y siempre hemos tenido agua de mala calidad”, cuestionó Fermán.

9. Derecho a un vida libre de violencia para las mujeres

El 49% de los participantes en la encuesta respondió que sí tiene conocimiento de hechos de violencia contra la mujer en el marco de la pandemia, un 40% dijo que no y un 11% respondió que no sabe.

De los casos registrados, según los datos recopilados en el informe, solo un 9% (25 personas) se atrevió a denunciar, pero de estos solo 1% (3 personas) fue atendido.

A criterio del experto “la Policía descuidó la seguridad ciudadana y personal por atender la pandemia, eso no es malo, pero yo debo saber administrar los recursos para atender la pandemia, pero sin descuidar las otras atenciones o la realización de otros derechos”.

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo