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ESPECIAL: Sin clases presenciales, Argentina desarrolla alternativas para mitigar impacto de COVID-19

América del Sur/13-09-2020/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com

Argentina, sin clases presenciales desde el 16 de marzo por la pandemia de la COVID-19, desarrolló diversas estrategias para que alumnos de todos los niveles puedan continuar sus estudios desde el hogar, como programación audiovisual a través de medios públicos y cuadernos impresos para contrarrestar la falta de acceso a la tecnología.

La situación epidemiológica en el país, que este miércoles registró 12.259 nuevos casos de COVID-19, el mayor número para un sólo día desde el tres de marzo, cuando comenzó el brote en Argentina, determinó la imposibilidad del regreso de las clases en 21 de las 24 provincias.

El gobernador de la provincia de Córdoba (centro), Juan Schiaretti aseguró el miércoles que «no hay fecha cierta» para el retorno del ciclo lectivo presencial y lamentó que «los más vulnerables van quedando con menos posibilidades de aprender».

«El ministro de Educación de la Nación (Nicolás Trotta) había expresado su deseo de que en agosto pudiéramos retomar las clases presenciales. Algunas provincias lo intentaron, pero la realidad del aumento de casos nos está marcando que ese deseo no se va a cumplir», afirmó el funcionario al anunciar la compra de 20.000 computadoras portátiles que serán entregadas a escuelas de sectores vulnerables.

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó el 2 de julio un protocolo para el regreso a clases con un sistema que alterna la enseñanza presencial y a distancia, denominado «bimodal», pero únicamente se puso en marcha en las provincias de Formosa (norte), Catamarca (noroeste) y San Juan (oeste), para un total de 47.000 alumnos, principalmente de áreas rurales.

La provincia de La Pampa (centro) será la cuarta en volver a clases, el lunes próximo, cuando regresarán a las aulas unos 12.000 alumnos, poniendo el foco en quienes no han mantenido vínculo pedagógico con la escuela.

Voceros del Ministerio de Educación repasaron ante Xinhua las medidas adoptadas ante la pandemia para que más de 15 millones de alumnos de todos los niveles puedan seguir estudiando: «Se lanzó el portal digital SeguimosEducando.com, un instrumento con material pedagógico digital, contenidos de producción propia y cedidos por editoriales, para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa».

El Ministerio de Educación estableció la gratuidad de la navegación en la plataforma educativa desde todos los teléfonos móviles, la producción y emisión de programación audiovisual estructurada en base a núcleos de aprendizaje prioritarios a través de canales de televisión y radiodifusoras nacionales y la impresión y distribución de 36 millones de cuadernos para comunidades educativas sin acceso a internet.

La docente Jesica León, quien dicta la materia «Política y Ciudadanía» en la Escuela Secundaria Nº 80 de la localidad de Pontevedra, una zona de escasos recursos de la ciudad de Merlo, 35 kilómetros al oeste de Buenos Aires, destacó, en diálogo con Xinhua el valor de esos cuadernos, que «mi contacto con los alumnos es por teléfono móvil, pero el curso está bastante limitado en lo tecnológico, entonces la mayoría se maneja con cuadernos, es la única alternativa al alcance de la mayoría de ellos».

León es, además, ayudante en la cátedra «Didáctica Especial» del Profesorado de Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde la realidad es otra: «Allí es más usual el uso de Zoom y otras herramientas útiles para la educación a distancia. En la educación universitaria ha sido más fácil adaptarse a la nueva modalidad».

Josefina De Rosa es socióloga y docente en la escuela secundaria Santa Teresa de Jesús, en el barrio de Palermo, un distrito elegante de la capital argentina: «La institución hizo un estudio muy exhaustivo de las herramientas con que contaban los alumnos para seguir con la educación en línea. Además se realizó una amplia capacitación a los docentes para el uso de diversos recursos para dictar clases a distancia», dijo a Xinhua.

El ministro Trotta dijo el sábado pasado en una reunión de Ministros de Educación del Grupo de los Veinte (G20) que se «requiere el diálogo y el consenso con todas las autoridades del sistema escolar y con la comunidad educativa» para avanzar con el regreso a clases presenciales.

«Un principio que tiene especial relevancia en el campo de la educación es que ningún sistema educativo tiene las mejores ni las únicas respuestas a cómo actuar frente al coronavirus. Estamos aprendiendo. Y el aprendizaje es siempre una acción colectiva», afirmó el funcionario ante sus pares del G20.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/10/c_139358132.htm

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Afganistán: Deben oírse las voces de las víctimas en las conversaciones de paz

Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de que las víctimas del conflicto de Afganistán tengan voz en las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, y de que se atiendan sus reivindicaciones de justicia.

En referencia a las mencionadas conversaciones, que se celebrarán en Doha (Qatar), la organización de derechos humanos ha pedido tanto a los equipos negociadores como al país anfitrión que incluyan las voces de las víctimas y que garanticen una verdadera participación de las mujeres en ellas, para que sus derechos sean respetados en el acuerdo resultante.

Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos.
David Griffiths, director de la Oficina del Secretario General de Amnistía Internacional

“Nadie desea más la paz que la ciudadanía afgana, que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo a causa del conflicto. Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos. La participación de las víctimas es una salvaguardia esencial para garantizar que sus voces sean oídas», ha declarado David Griffiths, director de la oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional.

“La paz no puede ser sólo el cese de hostilidades. Para que la población afgana rompa con su doloroso pasado y las heridas cicatricen, las víctimas deben tener acceso a la justicia, y los responsables de delitos tienen que rendir cuentas. Si no se abordan las graves violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes, no sólo se traicionará a las víctimas, sino que persistirá la amenaza de un nuevo conflicto.”

Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido tanto a los equipos negociadores como a las partes en el conflicto —y, en particular, al gobierno de Afganistán—, que impidan cualquier retroceso en relación con las conquistas de derechos humanos alcanzadas durante los últimos 20 años, y que los posibles acuerdos formalizados tengan como eje los derechos de la población afgana y, en especial, de las mujeres. Con respecto a los derechos las mujeres, el objetivo debe ser consolidar y fortalecer su capacidad para ejercer plenamente sus derechos humanos.

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Las conversaciones empiezan pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya sancionado a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, porque su oficina está investigando los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto.

Desde que Afganistán se convirtió en Estado Parte en el Estatuo de Roma, en 2003, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han venido documentando violaciones graves de derechos humanos contra la población civil afgana, incluidos torturas, desapariciones, homicidios selectivos y ataques deliberados contra civiles en crímenes de guerra. Como las autoridades afganas no investigaban seriamente esos delitos, la Corte Penal Internacional ha intervenido como “tribunal de última instancia”.

Las sanciones referidas llegan poco después de la polémica liberación, por parte del gobierno afgano, de presos talibanes acusados —con fundamento— de violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. La ausencia de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos —y, en particular, crímenes de guerra y de lesa humanidad—, reduce aún más las perspectivas de justicia para las víctimas.

“Al imponer esas inadmisibles sanciones a la fiscal de la CPI, el gobierno de Trump intenta de nuevo castigar a quienes buscan justicia por los delitos de derecho internacional cometidos en Afganistán. Con su actuación, Estados Unidos ha decidido proteger a los responsables de delitos frente a la rendición de cuentas y abandonar a las víctimas”, ha declarado David Griffiths.

“Los equipos negociadores del gobierno afgano y de los talibanes deben dejar de amparar a los perpetradores, apoyar la investigación de la CPI y comprometerse a garantizar justicia, dentro del país, a todas las víctimas de decenios de atrocidades. Si realmente quieren llevar la paz a Afganistán, deben demostrar que no tienen miedo de impartir justicia.”

Preservar las conquistas de derechos humanos

Las conversaciones de paz deben comprometerse también a preservar y fortalecer los avances que ha experimentado Afganistán durante los últimos 20 años en materia de derechos humanos.

En particular, el acuerdo de paz deberá ajustarse a las obligaciones internacionales de Afganistán y, por tanto, defender la celebración de juicios justos y los derechos de las mujeres y las niñas, de los menores de edad, de las minorías religiosas y étnicas, de los periodistas y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

De momento, los talibanes no se han comprometido de manera explícita y creíble con los derechos humanos consagrados en la Constitución de Afganistán ni con el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye los derechos al trabajo, a la educación, a la libertad de circulación, a la libertad de religión o credo y a la libertad de expresión.

“No se puede soslayar el hecho de que las autoridades afganas han incumplido sus propios compromisos de derechos humanos, pero tampoco se puede negar que se han dado grandes e importantes pasos durante los últimos 20 años en lo que se refiere a las libertades de las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y étnicas, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos, de igual forma que se ha avanzado en lo relativo al derecho a la educación. Pese a las graves amenazas a su seguridad, la población afgana ha ejercido sus derechos civiles y políticos. Es preciso consolidar estos logros, y no comerciar con ellos”, ha afirmado David Griffiths.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/afghanistan-victims-must-be-heard-in-peace-talks/

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Más de la mitad de las mujeres españolas mayores de 16 años ha sufrido violencia machista

Por: Marisa Kohan

Según la Macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres hecha pública este jueves 10 de Septiembre, un total de 11.688.411 mujeres españolas mayores de 16 años (un 57% del total) han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres.

Más de una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. Así lo afirma la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer hecha pública este jueves por el Ministerio de Igualdad, cuyos datos fueron recogidos a lo largo del año pasado entre cerca de 10.000 mujeres mayores de 16 años residentes en nuestro país.

Según el estudio, considerado como la operación estadística más relevante sobre este tipo de violencias que se realiza en España, un total de 11.688.411 de mujeres han sufrido algún tipo de agresión, lo que supone un 57,3% del total.

La encuesta, realizada a un total de 9.568 mujeres, desvela que una de cada cinco mujeres (un 19,8%) la ha sufrido en los últimos 12 meses, lo que supone que sólo a lo largo del último años más de cuatro millones de mujeres mayores de 16 años se han visto sometidas a algún tipo de violencia machista.

​Si bien la violencia se ejerce a lo largo de toda la vida de las mujeres, la encuesta revela que son las más jóvenes las que más violencia sufren o perciben. El 71,2% de las mujeres de 16 a 24 años y el 68,3% de las mujeres de 25 a 34 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas frente al 42,1% de las que tienen 65 o más años. Aunque el dato sobre la prevalencia de la violencia hacia las jóvenes es muy llamativo, el estudio afirma que es necesario un análisis en más profundidad para determinar este alto índice. Es posible que la violencia hacia las jóvenes efectivamente se haya incrementado, pero también es posible que sean más proclives a detectar la violencia y a hablar sobre ella, afirman fuentes del Miniterio de Igualdad.

Si nos fijamos en la violencia que se ejerce dentro del ámbito de la pareja o expereja (es decir, aquella violencia que está amparada en la actualidad por la ley de violencia de género de 2004), la encuesta revela que la violencia física o sexual afecta al 14,2% de las mujeres, es decir, más de 2,9 millones de mujeres. Po lo que se refiere a la violencia de control y económica dentro de las relaciones afectivas, éstas alcanzan al 31,9% de las mujeres encuestadas.

En términos generales, la violencia de género, es decir aquella que tiene lugar en el ámbito de la pareja, afecta a una de cada tres mujeres, o al 32,4% (más de 6.600.000 mujeres).

El estudio no sólo se centra en la violencia dentro de la pareja, sino que amplía el ámbito a un amplio espectro de violencias fuera de las relaciones afectivas, con un especial interés hacia el acoso sexual el stalking (la violencia repetida), la violencia sexual fuera de la pareja, así como preguntas para medir la otros tipos de violencia como la psicológica y económica dentro de la pareja.

Se trata de la primera vez que unan encuesta analiza de forman amplia las violencias fuera de la pareja. En la anterior macroencuesta llevada a cabo en 2015, ya se preguntó sobre violencia sexual fuera de la pareja, pero ahora el cuestionario es mucho mas amplio. Esto, explican fuentes del Ministerio, cumple con los requisitos estadísticos del Convenio del Consejo de Europa, más conocido como Convenio de Estambul, que obliga a los Estados miembros a tener en cuenta todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, así como cumplir con los mandatos del Pacto de Estado acordado en el Congreso en 2017.

Casi un 14% de mujeres sufre violencia sexual

La encuesta revela que del total de mujeres mayores de 16 años, casi tres millones (el 13,7%) han sufrido violencia sexual proveniente de cualquier hombre, no sólo de su pareja, sino fuera de sus relaciones afectivas estables y un 21.5% del total (casi 4,4 millones) han sufrido violencia física.

Para la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosel, una de las principales conclusiones de esta macroencuesta es que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y oculto. «Conocemos todos la punta del iceberg y hablamos de los 31 asesinatos por violencia machista que se han producido este año sólo teniendo en cuenta los cometidos por la pareja o expareja, así como el tremendo incremento de llamadas al 016», pero los datos demuestran que este tipo de violencia va más allá. «Se trata de una violencia estructural no sólo por su prevalencia, sino porque no se trata de episodios aislados, sino que son relaciones de violencia por su frecuencia y por la combinación de violencias, puesto que la mayoría de las víctimas la sufren más de una vez y forman parte de su vida cotidiana».

El estudio revela que la mitad de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja (el 50,4%) afirma que esta violencia ha tenido lugar solo una vez frente y casi la misma cifra (un 49,6%) reconoce que ha sucedido en más de una ocasión. De las que responden que tuvo lugar más de una vez, el 41% dicen que la violencia sexual tenía lugar al menos una vez al mes.

Para la delegada del Gobierno, es clave que algunos de los datos desvelados en el estudio van en contra del imaginario colectivo y son sumamente útiles a la hora de legislar y de desarrollar políticas públicas. Este es el caso de las violaciones. Sólo un 18% de las encuestadas afirman haber sido violadas por desconocidos. «Esto implica que el 82% de las que fueron violadas conocían a su agresor», afirma Rosell. Otro caso significativo en el que la creencia popular y los datos de la encuesta son totalmente divergentes es en la proporción de agresores sexuales extranjeros, que Rosell califica como insignificante en las estadísticas, a pesar de que las fuerzas de ultraderecha se empeñen en decir lo contrario.

También es llamativo el lugar donde se cometen este tipo de agresiones. Entre las mujeres que han sufrido una violación, un 59,1% afirma que ésta se cometió en una casa.

El 99,6% de los agresores sexuales son hombres

Casi la totalidad de las agresiones sexuales sufridas por mujeres mayores de 16 años en nuestro país la han realizado hombres. Según la encuesta, el 99,6% de esta violencia la ejercen varones y conocidos de la víctima. El 21,6% de la mujeres que afirman haber sufrido este tipo de violencia, revelan que el agresor era un hombre de la familia, el 49% un amigo o conocido y un 39,1% afirma que el agresor era un hombre desconocido. El 49% de las agresiones sexuales las realizaron personas conocidas de la víctima: familiares, amigos, vecinos, profesores….

Uno de los datos más llamativos en relación a la violencia sexual es su bajo índice de denuncia, que mantiene este tipo de violencia en la oscuridad. Según los datos el estudio tan sólo un 8% de la mujeres que viven este tipo de violencias las denuncian ante la Policía o los juzgados, lo que supone que más del 80% de estas agresiones permanecen ocultas y no perseguidas, porque tal como afirmó Rosell durante la presentación de la encuesta, la única forma de perseguir estos delitos es mediante al denuncia.

Entre los principales motivos citados por las encuestadas para no denunciar este tipo de violencia, figura en primer lugar el hecho de que «era menor o era una niña», motivo que menciona el 34,5% de las mujeres. Otro de los motivos es no conceder importancia a los sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que los hechos ocurrieron «en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).

Más de 1,6 millones de menores viven la violencia

Tal como resalta el estudio, la violencia de género no afecta únicamente a la mujer, sino que también tiene repercusiones importantes sobre sus hijos e hijas, o sobre otros menores que vivan en el hogar. Según las respuestas a la encuesta, el 89,6% de las mujeres que han sufrido la violencia de género por parte de su pareja o expareja tenían hijos menores en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia y afirman que éstos presenciaron o escucharon la violencia contra la madre y que sufrieron la misma violencia que ellas.

En total, el estudio revela que 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo en la actualidad algún tipo de violencia (física, sexual, control, emocional, económica o miedo) en la pareja.

Otra de las claves del estudio es la que se refiere a las consecuencias que tiene la violencia que se ejerce contra mujeres y sus hijos. Según el estudio este tipo de violencia constituye un problema de salud pública y afecta a la integridad física y psíquica de mujeres y menores. Las secuelas físicas, es decir lesiones, afectan al 46.6% y más del 70% sufre secuelas psicológicas.  Sufrir una violación multiplica por 6 el riesgo de cometer suicidio y un 26,6% han consumido alcohol o drogas debido a esta violencia.

Faltan indicadores sobre violencia institucional

Entre las distintas preguntas, que según la memoria de la encuesta fue exhaustiva y muy amplia, no se encuentra ninguna que aborde específicamente la violencia institucional que sufren las mujeres. Esta ya había sido una reclamación de sectores del feminismo en la anterior encuesta de 2015. Fuentes del ministerio reconocen que la amplitud y la profundidad de la encuesta diseñada en la anterior legislatura obligó a reducir el número de temáticas y que la violencia institucional que sufren o perciben las mujeres, especialmente en el recorrido judicial, no formó parte de la encuesta. Fuentes del Ministerio de Igualdad reconocen que sería importante conocer esta percepción a la hora de implementar cambios y políticas públicas en el sistema judicial.

Cabe recordar que las grandes protestas y movilizaciones de los últimos años se han producido precisamente por decisiones judiciales o por falta de acción de la justicia. Recientemente el caso de María Salmerón volvió a poner sobre la mesa el hecho del maltrato institucional a las víctimas de la violencia machista y de sus hijos e hijas. Salmerón, indultada parcialmente en tres ocasiones por el Gobierno para no entrar en la cárcel, tiene sobre ella una nueva condena y la ministra de Igualdad ya apuntó que podría volver a ser indultada si esta se lleva a cabo.

Una guía para implementar políticas públicas

La macroencuesta (la sexta que se elabora hasta la fecha) tiene como objetivo tener una radiografía sobre el estado de la violencia sobre las mujeres en nuestro país, con el fin de poder elaborar políticas públicas que las prevengan y la eliminen.

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció durante la presentación de los datos de la macroencuesta, que el Gobierno pondrá en marcha una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista que se implementará entre el 2021 y el 2025 y que viene a sustituir la que acabó en 2016, que estaba centrada principalmente en la violencia que se ejerce dentro de la pareja. Aunque no especificó el momento de inicio de este plan, afirmó que estaría listo par ser presentado en el primer semestre del año próximo.

«Los datos de la macroencuesta nos dicen que debemos seguir reforzando aún más todas las medidas encaminadas a actuar no solamente cuando ya se ha ejercido la violencia, sino a fortalecer todos los mecanismos de prevención», afirmó Montero en la presentación de los datos.

«Es urgente que las mujeres crean en las instituciones publicas que tienen el deber de acompañarlas en el proceso de reparación, por lo que es imprescindible contar con una guía, con una hoja de ruta, de una políticas pública y una estrategia que de una respuesta eficaz e integrada frente a las violencias que se ejercen contra las mujeres», dijo la ministra. Para esto, la estrategia irá de la mano del pacto de Estado y lo reforzará, añadió.


Fuente: https://www.publico.es/sociedad/mitad-mujeres-espanolas-mahores-16-anos-sufrido-violencia-machista.html

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Podcast-OVE: Lourdes de Urbáez entrevista al Profesor José Luis González, Director de IPASME, Venezuela.

Por: Otras Voces en Educación 

Lourdes de Urbáez en nombre del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación y del Centro Internacional Miranda, entrevista al Profesor José Luis González, Director del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPAS-ME), estado Monagas – Venezuela. Conversarán del Inicio del Año Escolar, de la salud de los maestros y maestras en ocasión de la pandemia y la atención que este organismo ofrece a los Docentes y a la comunidad en materia de salud

 

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¿Qué es el ITSC y por qué es importante?

Por: Victor A. Henry

A pesar de que el ITSC fue el último de estos institutos en fundarse, es el único que fue concebido y desarrollado bajo el modelo y la filosofía de los community colleges de los Estados Unidos de América.

“Todo lo que se ignora, se desprecia”.

– Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español.

En las últimas semanas, he leído en medios nacionales y locales varios artículos de opinión y de prensa que tienen como eje central el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis (ITSC). Este instituto, reconocido como el primer “Community College” de la República Dominicana, fue inaugurado por el gobierno dominicano en agosto del 2012; y ocho años después, aún persisten dudas o desconocimiento sobre su identidad y función como institución educativa por la gran mayoría de los dominicanos y por muchos de los actores del sistema educativo nacional.

El ITSC, es un instituto técnico de estudios superiores, amparado en la Ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Estado (hoy Ministerio) de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt). Es decir, no es un simple “instituto técnico”, pues los institutos técnicos de estudios superiores son una de las categorías de Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen títulos de Técnico Superior, Tecnólogo o su equivalente, en diferentes áreas del saber.

Para contextualizar, la Ley 139-01 que rige el sistema de educación superior en el país, reconoce tres tipos de IES: (a) los institutos técnicos de estudios superiores, (b) los institutos especializados de estudios superiores y (c) las universidades. Actualmente, el país cuenta solo con cuatro institutos técnicos de estudios superiores: (1) el Instituto Técnico Superior Oscus San Valero (ITSOSV), (2) el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), (3) la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), y el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).

A pesar de que el ITSC fue el último de estos institutos en fundarse, es el único que fue concebido y desarrollado bajo el modelo y la filosofía de los community colleges de los Estados Unidos de América. La formación de este instituto, ubicado en una de las comunidades más empobrecidas del Gran Santo Domingo, contó con la asesoría, acompañamiento y entrenamiento del Daytona State College y de la Western Michigan University.

Pero ¿Qué es un Community College? Es una institución de educación superior que ofrece carreras de dos años, la cual tiene una política de admisión abierta, un costo relativamente bajo, y sirve principalmente a individuos pertenecientes a grupos humanos minoritarios (indígenas, afroamericanos, latino y otros inmigrantes), de bajos ingresos económicos y/o desaventajados social y académicamente. Estas características permiten que el community college se convierta para estos grupos, en la única opción de acceder a la educación superior. En los Estados Unidos, comúnmente les llaman “estudiantes no tradicionales” a los que asisten a los community colleges, pues estas y otras características ponen en riesgo el acceso, la permanencia y el éxito de estos en una carrera universitaria.

¿De dónde sale la idea del ITSC?

El desarrollo de los community colleges en la República Dominicana fue y es una recomendación de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo, el desarrollo de este tipo de institución de educación superior se encuentra plasmado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12).

El ITSC es una respuesta a la demanda de la sociedad y de los sectores productivos del país. Busca aumentar el acceso de los dominicanos a la educación superior, crear profesionales técnicos con un nivel superior, que contribuyan a satisfacer las demandas actuales de las industrias nacionales de una mano de obra especializada y a su vez, generar empleos y conocimiento, permitiendo que los individuos se desarrollen de forma integral: social y económicamente.

¿Qué es lo preocupante?

Aparentemente, la misión del ITSC no está del todo clara para aquellos que, en el pasado reciente y en la actualidad, tienen la responsabilidad de crear una IES modelo al nivel técnico superior. Me da la impresión de que el hecho de ser un “instituto técnico” ubicado en San Luis, no ha despertado, desde su puesta en operación, el interés real del Estado.

La ignorancia se convierte en desprecio cuando una institución educativa pasa a ser un trofeo para el manejo de recursos; cuando quienes dirigen desconocen si están amparados en el Minerd, el Mescyt, o el Infotep o cuando no pueden diferenciar entre las tres funciones principales de una Institución de Educación Superior (docencia, investigación y extensión).

Creo que el ignorar esta importante institución técnica superior ha permitido que sea despreciada, olvidada, marginada y condenada al fracaso. Hoy, escribo porque sé, a través de mi experiencia, del impacto que tiene la educación en general, la educación técnica, y la educación técnica superior en particular, en la vida de las personas. Velemos porque este community college se encamine por las sendas que lo lleven a cumplir la misión para la que fue creado. El ITSC es una llave y la única esperanza que permitirá abrir las ventanas al crecimiento y al bienestar de miles de dominicanos.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/que-es-el-itsc-y-por-que-es-importante-8858472.html

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Estudiantes palestinos de Cisjordania comienzan nuevo año escolar

Asia/Palestina/11-09-2020/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com

HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Estudiantes reciben un control de temperatura en una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 7 de septiembre de 2020. Estudiantes palestinos de Cisjordania comenzaron el 6 de septiembre el nuevo año escolar después de una suspensión de seis meses. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)

MEDIO ORIENTE-HEBRON-ESCUELA

HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Estudiantes se dirigen a una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 7 de septiembre de 2020. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)

MEDIO ORIENTE-HEBRON-ESCUELA

HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Imagen del 7 de septiembre de 2020 de estudiantes en una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)

MEDIO ORIENTE-HEBRON-ESCUELA

HEBRON, 7 septiembre, 2020 (Xinhua) — Estudiantes se divierten en una escuela en la ciudad cisjordana de Hebrón, el 7 de septiembre de 2020. (Xinhua/Mamoun Wazwaz)

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/photo/2020-09/09/c_139350698.htm

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Crecen las tensiones entre administraciones educativas y sindicatos en este inicio de curso

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

Galicia, Euskadi, Madrid y Murcia están pendientes de qué pasos dan sus respectivas administraciones educativas para evitar las diferentes huelgas y movilizaciones que se han venido anunciando. En algunos casos antes de que terminara el curso pasado. También en Extremadura la tensión entre sindicatos y Consejería está presente a causa de la contratación, critican los primeros, de solo 130 docentes extra para asumir este inicio de curso.

El 1 de septiembre era el día en el que las y los docentes de todo el país habrían de reincorporarse a sus puestos de trabajo después de las vacaciones de verano. En buena medida, muchos ya lo habían hecho a finales del mes de agosto. Principalmente, los equipos directivos.

Raimundo de los Reyes, además de ser el presidente de Fedadi, es director de un instituto en Murcia. Lleva ya varios días reorganizando las aulas de su centro después de que en julio pasara buena parte de su tiempo removiendo espacios para poder dar cabida a todo su alumnado de ESO y bachillerato. Por aquel entonces, la Consejería de Educación de la Región tenía prevista una vuelta total a las aulas. En los últimos días, han dado marcha atrás y han previsto que 3º y 4º de ESO, bachillerato y FP lo hagan de manera semipresencial. Esto quiere decir que el alumnado irá al centro tres días una semana y dos la siguiente de forma rotativa.

Asegura De los Reyes que es una de las posibilidades que se podían haber barajado. En su caso, la autonomía de los centros ha brillado por su ausencia, puesto que la decisión se ha tomado en la Consejería. En cualquier caso, ahora le quedan unos cuantos días para volver a acondicionar algunos espacios dado que el alumnado de los cursos superiores no estará al completo en el centro.

En Galicia y en Madrid han pasado cosas similares. Con la salvedad de que en estas dos comunidades estaban convocadas sendas huelgas los primeros días del curso. En el caso de la primera, las convocatorias han quedado más en el aire. En Madrid se mantienen. Los sindicatos convocantes no se fían de los anuncios de Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, de la semana pasada: contratación de 11.000 docentes (hasta que dejen de ser necesarios), reducción de ratios en todas las etapas y semipresencialidad también.

El consejero madrileño anunciaba ayer la incorporación de 350 docentes este 1 de septiembre. El resto, según ha explicado en rueda de prensa, se irán contratando en función de las necesidades que se detecten. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO transmite la falta de seguridad que tienen en las palabras de la administración en relación a las medidas anunciadas la semana pasada.

Para la dirigente sindical, el anuncio de la presidenta de la Comunidad recoge buena parte de las exigencias sindicales y recuerda que las instrucciones de inicio de curso que se enviaron a los centros antes del anuncio del plan no contemplaban más presupuesto para los centros, prohibía las obras en colegios e institutos públicos y no hacían ningún gesto de cara a la contratación de más personal.

Aunque algunas partes del plan de Ayuso han supuesto un cierto relajo entre la comunidad educativa más crítica, esta considera que todavía faltan cosas como la contratación de más personal sanitario en los centros, la insistencia en que la figura del coordinador covid en los centros sea docente o la insuficiente cantidad de otros perfiles como auxiliares de control, personal de administración y servicios o de integradores.

Estas razones y la falta de credibilidad, en palabras de Galvín, justifican el mantenimiento de las jornadas de huelga que, eso sí, se han modificado tras el atraso en el inicio de curso en Madrid.

Las tres autonomías (Galicia, Madrid y Murcia) son las que han decidido, a última hora, retrasar sus inicios de curso con respecto a lo que tenían previsto inicialmente en julio.

En el caso de Galicia, de hecho, según informa elDiario.es, la decisión del retraso del inicio se anunció pocas horas después de la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos. Entre las nuevas instrucciones se encuentra la distancia entre alumnos en clase de 1,5 metros, lo que de facto, obligará a que haya una ratio menor de estudiantes por aula. En el caso de que las aulas no den abasto, se buscará alternativa o se desdoblará cada grupo.

Los sindicatos gallegos demandas esa distancia de metro y medio, así como bajada de ratios y contratación de personal para asumirla. También, la evaluación por parte de los servicios de prenvención de riesgos laborales de la situación de los centros, y no que sean las y los docentes quienes tengan que hacerlo. Al mismo tiempo, reclaman mayor atención a la diversidad, equipos informáticos para estudiantes y docentes que los necesiten o la negociación con los sindicatos de las situaciones de teletrabajo cuando sean necesarias. De momento mantienen dos jornadas de huelga para los días 10 y 16 de septiembre, cuando empieza el curso para el alumnado de las diferentes etapas educativas.

A estas tres autonomías se ha venido a sumar País Vasco, cuyos sindicatos docentes anunciaron una huelga para inicio del curso. Su motivación: que las normas llegan muy tarde, son insuficientes y, además, no han buscado el consenso de las organizaciones que representan al profesorado.

Entre las peticiones que hacen los sindicatos vascos para que se garantice una vuelta a las aulas segura está la de unas ratios entre 10 y 15 alumnos por aula, con la consiguiente contratación del personal necesario para que sea posible. También de personal de limpieza suficiente para llevar a cabo con garantías las labores de higiene y desinfección de los espacios educativos.

Los sindicatos ya han convocado dos días de protestas (el próximo 4 y 10 de septiembre, concentraciones en los centros y en las delegaciones de educación) y, finalmente, una jornada de huelga el día 15 de este mes.

Aunque sin convocatoria de huelga, al menos de momento, en Andalucía las cosas no están mucho mejor. Ya comenzaron las protestas el pasado 1 de septiembre y estas se repetirán a lo largo de diferentes días y formatos. Unas protestas que han puesto el foto en el personal de servicios externalizados como, por ejemplo, las cocineras, personal de limpieza, de integración social, intérpretes de lengua de signos, etc.

Esa misma semana se había celebrado una Mesa Sectorial (como en buena parte del país) para tratar sobre las instrucciones de inicio de curso. En un comunicado posterior se asegura que hay cun compromiso por parte de Educación de ver la manera de incrementar las plantillas docentes para hacer una bajada eventual de las ratios. No se descarta que haya movilizaciones si no se cumple con este compromiso y el de mejorar las condiciones higiénicas de los centros.

Los sindicatos insisten, en todas partes, en la apuesta por la mayor presencialidad posible en este inicio de curso. Por supuesto, junto a la mayor seguridad e higiene en el trabajo. Una combinación que difícilmente puede conseguirse sin una apuesta por el aumento del gasto público en personal docente, en personal complementario y, además, una búsqueda y adecuación de los espacios posibles para la enseñanza.

Salvo la excepción de la Comunidad Valenciana, en donde sí ha habido negociación previa entre la administración y la comunidad educativa para formular posibles escenarios y medidas para una cierta reducción de las ratios en las aulas, entre otras cuestiones, en el resto de las comunidades autónomas se ha dejado correr, en el mejor de los caos, hasta finales de agosto la toma de decisiones importantes en este sentido.

En otras comunidades, como Castilla-La Mancha, sus sindicatos se han limitado a enviar comunicados exigiendo las bajadas de ratio necesarias para cumplir con los procolos sanitarios y a amenazar con tomar acciones legales en el caso de que se produzcan irregularidades en este sentido. Mientras, en Castilla y León se mantiene la expectativa sobre el inicio de curso. Los sindicatos descartaron la convocatoria de huelga, al menos de momento, hasta que no comiencen las clases. En cualquier caso, sí han considerado escaso en número docentes de nueva contratación anunciados para hacer frente a una posible bajada de ratios.

Las próximas semanas van a ser complicadas y seguramente decisivas, al menos, en lo que se refiere al desarrollo del primer trimestre del nuevo curso escolar. Cómo se vaya comportando la pandemia, principalmente, en los centros educativos, y qué gestión hagan las comunidades educativas al respecto va a ser clave. Más allá de los esfuerzos personales de docentes, familias y alumnado para mantenerse lo más seguros y seguras posibles, no hay duda de que la falta de acción respecto de la contratación de docentes suficientes para la bajada de ratios así como, en casos como el de Madrid, donde ni siquiera se han solicitado a los municipios espacios adicionales para poder dar las clases en el caso de que fuera necesario, van a marcar en buena medida la pauta de lo que vaya ocurriendo.

La sustitución de quienes vayan dándose de baja o la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres (principalmente) que se dedican a las labores de higiene y limpieza en los centros de trabajo también serán elementos muy importantes en el desarrollo y evolución de la pandemia en los centros educativos, así como en la posibilidad de continuidad de la actividad docente.

Fuente:https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/07/crecen-las-tensiones-entre-administraciones-educativas-y-sindicatos-en-este-inicio-de-curso/

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