América Central/El Salvador/14-06-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
El comienzo de las clases en las escuelas públicas, colegios y universidades no se ha previsto aún explicaron la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, y el ministro de Salud, Francisco Alabí en una rueda de prensa brindada esta mañana.
Una posible apertura de la economía y del transporte público para este domingo no está ligada al inicio de las actividades académicas. Quedan pocas horas para que venza la vigencia que le otorgó la Sala de lo Constitucional al decreto ejecutivo 29 que regula la cuarentena, por lo que a partir del domingo el país amanecería sin una normativa legal para obligar al comercio seguir en confinamiento.
Sin embargo, la directriz del Ministerio de Educación es no abrir los centros educativos hasta que el Ministerio de Salud lo ordene.
“Las escuelas en El Salvador no se van a abrir hasta que no exista peligro alguno para los estudiantes y los docentes y hasta que el Ministerio de salud nos indique en qué momento los podemos abrir, en todo caso, en el momento que lo abramos será de forma progresiva y escalonada, dependiendo de la zona, la evolución y cómo se comporta el contagio en cada una de las regiones del país”, afirmó de Varela.
Según el titular de Salud los niños son el segmento de menor riesgo al contagio del COVID-19, pero sí podrían ser portadores del virus asintomáticos, provocando una diseminación más rápida de la enfermedad.
“La educación es un tema importante pero no podemos exponer a la población y alumnos porque estamos en una situación bastante compleja, aunque no se puedan ver tan afectados, pero sí pueden llegar a generar una manera de transmisión mucho más acelerada de esta enfermedad a nivel nacional. Tanto por la salud de la población en sí como del resto de personas no se puede realizar una incorporación de todas las actividades estudiantiles de manera no controlada menos no planificada”, apuntó Alabí.
En la ley que fue aprobada por la Asamblea en la madrugada del viernesse detalla que los escolares podrán regresar a clases en la cuarta fase de la apertura gradual que inicia el 18 de agosto en adelante. Esta normativa está a la espera de ser aprobada por el presidente Nayib Bukele para ser ley de la República, o puede ser que la vete o la observe.
La titular de Educación reiteró que velarán por el salario de los docentes aunque no se presenten a trabajar y por la salud psicosocial de ellos y de los estudiantes. Además, anunció que la entrega de paquetes alimentarios iniciará este 9 de junio en los departamentos identificados con zonas de extrema pobreza y niños con alta desnutrición y baja talla.
Para este lunes han identificado enviar bolsas alimentarias a 22,830 estudiantes de San Miguel y a 16,658 de La Libertad, en estos departamentos distribuirán los paquetes de alimentación escolar en 348 escuelas de 19 municipios.
“Los departamentos que recibirán más paquetes son Usulután, Chalatenango, Morazán, Cabañas, San Miguel y Ahuachapán, hemos invertido $7.8 millones para entregar estos alimentos a 320,000 familias”, afirmó de Varela. Justificó que en algunos departamentos recibirán bolsas más pequeñas de alimentos porque han pedido a los directores de los centros escolares que pongan a disposición los productos que tenían guardados para el programa escuelas saludables y estos no son muchos.
Por otra parte, Alabí reiteró que existe un subregistro de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 por la falta de pruebas para diagnosticarlos.
Agregó que el virus seguirá diseminándose por todo el territorio mientras no exista una cura o un tratamiento para erradicarlo. Explicó que por falta de pruebas para detectar el virus se están dando casos en los hospitales de personas que llegan con síntomas de la enfermedad y que luego mueren, pero ante la falta de pruebas no pueden determinar si fue por COVID-19 pero se manejan como casos positivos por las características de los malestares que presentan. Justificó que es una situación que se está dando en todo el mundo.
“Sabemos que pueden haber letalidades que se deban a esta enfermedad y no tienen una prueba por las mismas características de la enfermedad, son pacientes que llegan a un centro de atención con un cansancio muy alto, una disnea severa, se presentan en las áreas hospitalarias y no transcurre más de 20 o 30 minutos y desgraciadamente el paciente pierde la vida, no hay tiempo para realizar las pruebas, no tenemos cantidad de pruebas para poder confirmar todos estos casos”, explicó Alabí.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regreso-a-clases-covid-19-coronavirus/723585/2020/
El confinamiento forzoso para evitar la propagación del coronavirus se ha convertido en caldo de cultivo de otro virus de efectos devastadores: la violencia machista. Las llamadas de auxilio y denuncias de mujeres maltratadas se han disparado en México, El Salvador y Honduras.
Alejandra, de 19 años, y Lucero, de 30, (ambas utilizan seudónimos por motivos de seguridad) están ingresadas desde hace unas semanas en un refugio para mujeres maltratadas en la Ciudad de México. Intentan recuperarse del tormento. En plena pandemia del Covid-19 el marido de Alejandra mató a su bebé de nueve meses y la emprendió a golpes contra ella. Lucero vivía encerrada en casa. Su pareja no la dejaba salir y el abuso era constante. Ante la amenaza de la violencia machista y del coronavirus, el confinamiento en una casa refugio es la protección de Alejandra y Lucero, que no tienen ningunas ganas de volver a su “normalidad”.
Las cifras por violencia de género en México eran alarmantes antes de la pandemia. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 40 organizaciones de 22 estados del país, señala que unas diez mujeres eran asesinadas cada día. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de 2020 ha sido el más violento para las mujeres mexicanas en los últimos cinco años, con 964 homicidios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara que la tendencia en el feminicidio “está a la baja”.
Con apenas 19 años de edad, Alejandra vive refugiada durante la contingencia sanitaria. Foto/ Refugio de mujeres
Lo que ocurre, precisa María de la Luz Estrada, es que de los 964 asesinatos, 720 están clasificados como homicidios dolosos y sólo 244 como feminicidios. Este último término define el asesinato de una mujer por la condición de serlo, cometido siempre por un hombre y con una clara connotación machista. Un número creciente de países han incorporado el feminicidio a su legislación penal.
El primer caso de Covid-19 en México se detecta el 28 de febrero. En las semanas siguientes se dictan medidas de aislamiento preventivo, y el 23 de marzo, con 316 casos confirmados y dos muertes, la Secretaría de Salud declara la Jornada Nacional de Sana Distancia, y poco después la campaña “Quédate en casa”. El 30 de marzo se declara una “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” y el 21 de abril comienza la fase 3, con medidas que extienden el confinamiento. Los casos de violencia de género, –agresión físicas, sexual y emocional—se disparan de manera alarmante, según advierten mujeres víctimas de violencia, madres de mujeres asesinadas, activistas, y organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos.
Machismo y misoginia en El Salvador
Son más de las 2 de la madrugada del 29 de abril en una vivienda humilde del municipio de Mejicanos, en San Salvador. Cristina, de 17 años, salta de la cama al escuchar ruido. A través de la cortina que divide el cuarto minúsculo vislumbra la silueta de su padre. “¡Qué haces!”, le grita. Salta por encima de la litera donde duerme su hermano de 10 años, enciende la luz y ve una escena dantesca. La madre ensangrentada en su cama, con el cuerpo del marido encima que trata de ahogarla. La muchacha consigue apartar al padre, y levanta a la mujer malherida.
Los gritos despiertan a su tío, Marvin Regalado, quien da un brinco y ve en el cuarto contiguo a su cuñado Edwin Alexander López Rivas, con los brazos extendidos, cubiertos de sangre. “Mátame, mirá lo que he hecho”, susurra el agresor. Detrás ve a su hermana, Susan Daly Regalado, que se tambalea agonizante.
Marvin avisa a la policía, mientras su sobrina recuesta a su madre, con los ojos cerrados y la lengua fuera. De camino al hospital Marvin graba con su teléfono celular a Susan, recostada en el asiento posterior del vehículo policial, con una toalla ensangrentada en la cabeza. Tiene puñaladas en el cuello, mejilla y frente. En pocos minutos llega a la casa otra patrulla de la Policía, que detiene al agresor.
A las 3 de la madrugada, frente al Hospital Zacamil, en San Salvador, un médico sube a la parte trasera del vehículo policial para auxiliar a Susan. Demasiado tarde. “Lo siento, ya no se puede hacer nada. Está muerta”.
El 1 de mayo se presenta ante el juzgado el requerimiento fiscal contra Edwin Alexander López, por el delito de feminicidio agravado de Susan Daly, que en El Salvador está tipificado y sancionado con una pena de entre 30 y 50 años de prisión. López Rivas está detenido por orden judicial y Fiscalía sigue realizando diligencias en la etapa de instrucción.
Edwin Alexander López, antes de la audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz de Mejicanos, San Salvador. Foto/Émerson Flores
El confinamiento forzado de la población a causa de la pandemia ha agravado la violencia contra las mujeres. El Gobierno ha olvidado otro virus, más letal y menos combatido: el machismo y la misoginia. Desde la entrada en vigor de la cuarentena en marzo, el covid-19 ha causado la muerte de al menos cinco mujeres hasta el 13 de mayo. En el mismo período ha habido 18 asesinatos de mujeres, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), y el Centro de Atención Legal ha recibido 158 denuncias, que representa un aumento de la violencia del 58% respecto de meses anteriores.
Una “condena” de dos meses en Honduras
En los últimos cuatro meses el Sistema de Emergencia 911 de Honduras ha registrado más de 32.500 llamadas telefónicas de auxilio de mujeres, que denuncian agresiones de su marido o de algún otro miembro de la familia. Según el Ministerio Público, durante el confinamiento se presentan entre 15 y 20 denuncias diarias por violencia doméstica sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país.
Una de las llamadas es de una joven, Angie García, hasta ese momento desconocida para el gran público, que denuncia a su marido por maltrato físico y verbal. La noche del 13 de abril, la Policía detiene en su domicilio, en Tegucigalpa, a Román Rubilio Castillo, futbolista de la selección hondureña y delantero centro del emblemático club Motagua.
El vídeo de la detención se hace viral en redes sociales, así como una foto de la paliza que Castillo propinó a su esposa y madre de un hijo. El futbolista pasa 24 horas en dependencias policiales, tal y como estipula la legislación de Honduras, donde la violencia doméstica es tipificada como falta y no como delito.
El Ministerio Público confirma que el deportista estaba ebrio cuando fue detenido. Después de varios rodeos el caso ingresa en el juzgado de familia, y Castillo es “condenado” a dos meses de trabajo comunitario. Melvin Duarte, portavoz del poder judicial, afirma que el acusado reconoció los hechos denunciados por su esposa, “por violencia psicológica y física”, lo que fue confirmado “por un dictamen preliminar en materia forense”.
En Honduras 390 mujeres fueron asesinadas en 2019. El 60% de las víctimas, por ataques de sus parejas, exparejas o alguien con quien tuvieron una relación afectiva, según un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones de mujeres registran más casos, y alertan sobre la altísima impunidad: nueve de cada 10 crímenes contra mujeres no se investigan y los asesinos están libres.
Cristina Alvarado, dirigente feminista de la Organización de Mujeres Visitación Padilla, asegura que la violencia de género en las familias es una constante en Honduras. “La pandemia del Covid-19 sólo ha evidenciado la realidad histórica que viven las mujeres, producto de la violencia en el hogar. Esto lo venimos denunciando desde hace años las organizaciones feministas y de mujeres”, dice Alvarado.
La presión de la sociedad civil
En México, durante el primer mes de confinamiento las llamadas y mensajes de auxilio a los refugios de mujeres aumentan en un 80%, según explica Pilar Sánchez Rivera, directora de Espacio Mujeres para una Vida Digna y Libre de Violencia, uno de los 69 centros de la Red Nacional de Refugios. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declara en una de sus conferencias de prensa “mañaneras” que el 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las mujeres son falsas, aunque los registros oficiales hasta marzo digan lo contrario.
Marilú Rasso, directora ejecutiva del mismo refugio, asegura que en la situación de encierro por el covid-19 “a las mujeres se les vuelve a meter en un papel de servicio obligatorio, y cualquier pretexto funciona para que el agresor ejerza violencia”.
En marzo, Alejandra y su hija de nueve meses sufren una vez más las agresiones del marido y padre. La pequeña pierde el conocimiento y la madre logra escapar con el bebé, que llega al hospital sin vida. El personal sanitario llama al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía. “Les dije que en casa vivía amenazada, y que el papá nos golpeó a mi hija y a mí. No estaba borracho ni drogado, sólo se aburría porque no trabajaba”.
Diez mujeres son asesinadas en México todos los días. Foto / Brian Torres
Un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da cuenta de un 97% de impunidad en los feminicidios. Entre el 3% restante se encuentra el marido de Alejandra, que está en la cárcel por homicidio.
La historia de maltrato de Lucero empieza poco después del comienzo de la relación con su pareja hace 11 años. Madre de cuatro hijas de 10, 8, 6 y 5 años de edad, Lucero es víctima primero de violencia emocional. “Me insultaba, me decía que yo no valía nada y que si salía de la casa no iba a poder sola”. Cansada de los golpes y del engaño, Lucero da el paso: “Sin pensar agarré lo que pude y me fui con mis hijas. Una amiga nos acompañó hasta el Centro de Justicia.” Los exámenes físicos y psicológicos demoran una semana por falta de recursos humanos derivada de la contingencia, y después envían a la madre y a tres de sus hijas a un refugio. La mayor inquietud de Lucero es que la hija mayor está con el padre.
Despliegue militar contra el virus y las pandillas
En El Salvador, el Gobierno del presidente Nayib Bukele convierte una base militar en el primer centro de confinamiento para las personas que llegan del exterior. El 14 de marzo, la Asamblea Legislativa aprueba la “Ley de Restricción Temporal” o régimen de excepción, y el estado de emergencia y calamidad, para hacer frente al coronavirus. El plan Control Territorial, cuyo contenido era desconocido por la sociedad civil, había permitido anteriormente el despliegue militar y policial en todo el país para actuar contra las pandillas Mara Salvatrucha-13 y Barrio 18. El Salvador, un país de 6,7 millones de habitantes, tiene uno de los índices de violencia más alto del mundo.
Los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que en 2019 se cometieron 230 asesinatos de mujeres, de un total de 2.398 homicidios, casi 1.000 menos que el año anterior. El Gobierno presenta esta tendencia a la baja como un éxito del plan Control Territorial, que entró en vigor en junio de 2019.
Con la ejecución del último decreto aprobado “la Fuerza Armada mantiene el 100% de sus efectivos colaborando en la lucha contra el covid-19”, declara el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Las personas que, a juicio de las fuerzas de seguridad, no tienen una justificación válida para salir de casa, son detenidas. Más de 2.420 personas están retenidas en condiciones inmundas en centros de contención por violar la cuarentena.
Los militares y policías comandan los más de 800 cordones sanitarios implementados en el territorio nacional. Foto/Émerson Flores
La arbitrariedad de la actuación policial en muchos casos ha provocado choques del presidente con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bukele ha desafiado al alto tribunal al hacer caso omiso a las resoluciones judiciales, y la CSJ ha admitido innumerables habeas corpus de personas que denuncian arbitrariedades.
Si bien El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar el aeropuerto para vuelos comerciales, la improvisación ha sido la nota predominante en la estrategia de Bukele. Adultos mayores, los más vulnerables ante el contagio, han sido confinados en los mismos centros que las personas procedentes de países considerados focos infecciosos.
El regreso a casa del agresor
La pasividad de la Justicia hondureña provoca que muchas mujeres retiren las denuncias, y que los familiares de las víctimas renuncien a luchar. El miedo se apodera cuando el Estado es claramente ineficiente y no responde a las víctimas.
El caso del futbolista Castillo, denunciado por agresión por su esposa, da un vuelco en cuestión de días, cuando Angie García se retracta de sus acusaciones y dice, a través de las redes, que su marido puede volver a casa.“No entraré en polémica, simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas en redes sociales no son de mi persona. Pido respeten mi privacidad, no es justo que mi familia sea el centro de atracción”, escribe la cónyuge del jugador.
La legislación permite a las autoridades ordenar la puesta en libertad del agresor, para regresar a casa y convivir de nuevo con la víctima, si no es un caso reincidente. En opinión de la dirigente feminista Cristina Alvarado, la vuelta del agresor al hogar supone un alto riesgo para la víctima. “Lo que estamos promoviendo como organización es que las mujeres agredidas vayan a las casas refugio, o con familiares o amigos. Por lo general, el gran problema es que la violencia doméstica está tipificada como una falta y no como un delito, entonces el enfoque de la ley es preventivo nada más”.
Jueza Claudia Isabela López – Honduras / Foto Radio Progreso
La jueza Claudia Isabela López puntualiza que, si el agresor no cumple con las medidas que dicte un juzgado, el proceso se convierte en penal. “El antecedente de violencia doméstica, cuando es reiterativo, pasa a ser un proceso judicial”.
Ciudad Juárez, cuna del feminicidio
La propagación del virus ha provocado la suspensión de las clases en todos los niveles educativos de México. Muchas madres y padres que aún trabajan han dejado a sus hijos en manos de familiares. Es el caso de Miguel Ángel Z y María Guadalupe M, en Ciudad Juárez (Chihuahua), que quedan al cuidado de su nieta de seis años. El padre de la niña no vive en la ciudad. El 11 de abril, en plena contingencia sanitaria, la pequeña presenta una insuficiencia respiratoria grave que acaba con su vida. La primera sospecha de los padres apunta a coronavirus, pero el informe médico revela que la niña fue violada, golpeada y estrangulada.
El abuelo es el principal sospechoso y es detenido junto con su esposa. Yadira Soledad Cortés, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres Juárez, dice que éste es uno de los muchos casos en plena pandemia: “La violencia sexual infantil se da principalmente por un conocido o un familiar, y las niñas confinadas están más expuestas”.
Ciudad Juárez es un municipio emblemático de los asesinatos de mujeres en México. En los primeros años de la década de los 90 se propagó en esta ciudad fronteriza una ola de homicidios de mujeres, en su mayoría trabajadoras de las maquilas y habitantes de las colonias populares. Aquí nacieron organizaciones de defensa de mujeres como “Ni una más”, “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y “Mesa de Mujeres Juárez”, que aglutina a una decena de colectivos.
Del 1 de enero al 14 de mayo se han registrado en esta ciudad 65 feminicidios, un 27% más que en el mismo periodo de 2019, según la Mesa de Mujeres.
El aumento de la violencia de género se repite en todo el país. En enero hubo 15.851 denuncias por violencia familiar en México, en febrero, 13.000, y en marzo, ya con las medidas de confinamiento, se abrieron 20.000 casos. Las llamadas al teléfono oficial de emergencia (911) se multiplican cada mes.
El panorama ya era difícil antes de la pandemia, señala Irinea Buendía, madre de una joven estrangulada por su pareja y referente nacional en la búsqueda de justicia. “Vivíamos una emergencia nacional, pero nadie nos hizo caso, y por eso hubo una manifestación histórica el 8 de marzo, y un paro nacional de mujeres, sin precedentes en México, el 9 de marzo”. Pero al presidente López Obrador “en ese momento le importaba más el sorteo simbólico del avión presidencial y despreció nuestras denuncias”, acusa Buendía.
Mensaje de impunidad
La historia de El Salvador está marcada por la muerte, la guerra, levantamientos campesinos, mártires y dictaduras militares. El conflicto armado de los años 80 entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, generado por la injusticia social, se prolonga 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. El problema de fondo, como en toda la región, se resume en dos palabras: desigualdad y exclusión de la gran mayoría. Según Oxfam, los 160 más ricos acaparan el 87% de la riqueza. Y la mayoría vive al día.
“El presente no está desvinculado del pasado”, subraya Silvia Juárez, de la organización de mujeres Ormusa, que cita como ejemplo el informe De la locura a la esperanza, elaborado por la Comisión de la Verdad tras la firma de la paz. Dicho informe describe la violencia sexual como un hecho colateral y no como una violación sistemática contra las mujeres.
Tras la firma de los acuerdos de paz no hay un proceso de reconciliación nacional. El año siguiente, en 1993, la Asamblea Legislativa aprueba la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que pone en libertad a todos los presos involucrados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil.
Después de décadas de reclamos por parte de las víctimas, en 2016 la Corte Suprema anula la ley de Amnistía. Los enfrentamientos en la Asamblea Legislativa continúan y el 26 de febrero pasado, el pleno aprueba una ley de amnistía disfrazada, la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. “Si ni siquiera se reconoce esta violación, estamos lejos de construir la paz”, lamenta Silvia Juárez.
En El Salvador, la violencia deja las trincheras y muta en forma de grupos pandilleros. Hasta el 30 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reporta dos casos en los que hay indicios de asesinatos de mujeres a manos de pandillas o maras desde que comenzó la cuarentena domiciliaria.
Las autoridades policiales y militares cierran las calles para implementar el cerco sanitario y habilitan un acceso. Foto/Emerson Flores
La coordinadora de la mujer de la Fiscalía, Graciela Sagastume, explica que no hay diferencia en cuanto al procedimiento de mujeres asesinadas por integrantes de maras, porque en todos los casos se aplica el protocolo de feminicidio. Según las reglas de las pandillas, las mujeres no tienen voz y no pueden opinar ni decidir. La coordinadora fiscal considera que los feminicidios dentro del mundo de las pandillas son un problema estructural. “En la medida que el Estado invierta en problemas sociales, las mujeres podrán salir de ese mundo”.
San Pedro Sula, violencia y emigración
Iberoamérica es la región más violenta del planeta, según un estudio de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De las 50 ciudades con más homicidios 15 están en México (con Tijuana a la cabeza), dos en Honduras (San Pedro Sula y Tegucigalpa), y una en Guatemala (Ciudad de Guatemala) y una en El Salvador (San Salvador).
San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras con 1,1 millones de habitantes, estuvo considerada durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, la ciudad más violenta del mundo. Llegó a registrar 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. San Pedro Sula es también el epicentro del éxodo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos.
Una de las zonas más conflictivas de la ciudad es Chamelecón, un suburbio pobre, de calles de tierra, donde pandillas y grupos criminales ligados al narcotráfico libran su propia guerra por el control territorial. Aquí se registra el 5 de mayo un caso de violencia que sacude la ciudad. Un abogado asesina a su esposa, después a su hijo y finalmente se suicida. Los vecinos declaran que escucharon gritos y una fuerte discusión.
Para la abogada y feminista Karol Bobadilla, quien integra el Foro de Mujeres por la Vida, en Honduras no hay condiciones para que las mujeres permanezcan en cuarentena y, sobretodo en casos donde tienen un agresor al lado.
¿Qué explicación tiene tanta violencia en Honduras? Tiene raíces profundas, según detalla un análisis político del sacerdote Ismael Moreno: “La acumulación de riqueza, tierra y recursos en pocas manos, y la acumulación de poder en instituciones del Estado controladas por esas mismas personas ha generado una violencia que hoy nos parece incontrolable”.
La oligarquía hondureña, bajo la tutela del capital multinacional y con el aval de las instituciones del Estado, ha logrado el control de todos los hilos: del capital comercial, especulativo y agroindustrial, de la energía, las comunicaciones, el turismo y el transporte. “Las decisiones que de verdad pesan son las que toman estas familias, que en su conjunto no pasan de doce apellidos”, explica Moreno.
Una segunda característica es la cantidad de conflictos sin resolver: “Educación y salud deficientes, recaudación de impuestos, inseguridad y violencia. Es como una enorme olla de presión a punto de estallar”.
El tercer rasgo, según Ismael Moreno, es la subordinación del Estado al sistema de partidos políticos. “Es una institucionalidad que genera violencia, y que sirve como refugio a personas que se dedican a delinquir, a establecer alianzas con organizaciones criminales transnacionales, convirtiendo a instituciones enteras, como la Policía Nacional, en maquinarias delictivas”. La violencia impregna toda la sociedad hondureña y abona el sistema patriarcal, que convierte muchos hogares en campos de batalla, donde muchas de las víctimas son mujeres.
Inseguridad en la UNAM
Antes de que el coronavirus llegue a México, las movilizaciones de mujeres contra las distintas formas de violencia de género están en un punto álgido. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de mayor prestigio de América Latina, según la página UniRank, vive una convulsión inédita debido al incremento de la violencia y a la falta de respuesta de las autoridades universitarias.
Una joven es encontrada sin vida el 2 de mayo en la Ciudad de México, en plena fase 3 de la pandemia. Foto / Brian Torres
Durante más de cinco meses, hasta el 14 de abril, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha estado ocupada por un colectivo de mujeres estudiantes denominado Mujeres Organizadas, que exigen el fin del acoso sexual, de las violaciones y desapariciones de estudiantes en la facultad y en el resto de la Universidad. La alumna Mariela Vanessa desapareció en 2018 sin dejar rastro, cuando se dirigía desde su casa a la facultad.
Mientras dura la protesta, las ocupantes de la facultad de Filosofía y Letras son “vigiladas, perseguidas por todos los medios posibles, agredidas y criminalizadas”. Lo que no consiguen las amenazas ni las autoridades lo logra la pandemia, y finalmente tienen que desalojar las instalaciones al no contar con “las herramientas necesarias para hacer frente” al covid-19.
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Las historias de México, El Salvador y Honduras, reflejadas en este trabajo colectivo, ponen de relieve que la pandemia del covid-19 sólo echa más leña al fuego de la violencia machista. El confinamiento forzoso ha convertido muchos hogares en auténticos infiernos para las mujeres.
La conclusión más tremenda, a la luz de lo que ocurre en estos tres países, es que la violencia intrafamiliar o de género no es por temporadas, ni se detendrá una vez pasada la pandemia. Como afirma la fiscal salvadoreña Gabriela Sagastume, la violencia hacia la mujer está sostenida por los patrones socioculturales que imperan en El Salvador, que no difieren mucho de los de México o de Honduras.
Antes del coronavirus las agresiones de toda magnitud a mujeres, incluido el feminicidio, se repetían diariamente en cada uno de los tres países. La pandemia esboza una nueva realidad llena de claroscuros. Las instituciones del Estado brillan por su ausencia cuando son más requeridas que nunca, pero en contrapartida la sociedad civil muestra vigor y capacidad de presión para ser tenida en cuenta. En medio, las mujeres, las víctimas, empiezan a perder el miedo y a romper el silencio.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
América Central/EL Salvador/24-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
Este jueves, la ministra de Educación, Carla Hanania dijo además, que a partir del próximo lunes 25 de mayo se transmitirá por canal 10 la franja educativa «Aprendamos en casa”, como parte de la tercera fase del Plan de Continuidad Educativa.
La ministra de Educación, Carla Hanania dijo esta tarde que aún no se plantean una apertura de las escuelas, pero que ya trabajan en un plan de retorno. “Vamos abrir las escuelas hasta que ya no haya un peligro para nuestros niños, hasta que Salud nos diga que podemos hacerlo”.
La ministra adelantó que se están preparando para el regreso a clases y que “estamos trabajando en un plan para un recibimiento y atención diferente. Para que ellos sientan alegría de regresar a la escuela”, dijo.
Hanania explicó que el plan de retorno a la escuela contempla principios como la integridad física de los niños y docentes, la integridad emocional y el derecho a la educación.
También, este jueves la ministra de Educación, junto al secretario de Innovación, Vladimir Handal, la directora de TVES, Irma Salazar y la jefa de proyectos y colaboración del despacho de la Primera Dama, Alexandra Posada, anunciaron que a partir del próximo lunes 25 de mayo se transmitirá la franja educativa “Aprendamos en casa” a través de Televisión El Salvador (TVES), canal 10; como parte de la tercera fase del Plan de Continuidad Educativa, implementado por el ministerio por la emergencia del COVID-19.
“La franja televisiva es importante e iniciará este próximo lunes en TVES, Canal 10, 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y contempla contenidos académicos y lúdicos, pues es muy importante la salud mental de nuestros niños y de la familia”, dijo o la ministra Carla Hanania.
Para la franja educativa, las clases están organizadas por día y por materia para todos los niveles académicos de lunes a jueves, y el día viernes será para actividades lúdicas y físicas, para atender la salud mental de los niños y familias, según explicaron las autoridades.
El horario será desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 p.m. y los bloques serán transmitidos de la siguiente manera:
Primera Infancia será a las 7:00a.m.; Primer grado 8:00 a.m.; Segundo grado 8:30 a.m.; Tercer grado 9:00 a.m.;Cuarto grado 9:30 a.m.; Quinto grado 10:00 a.m.; Sexto grado 10:30 a.m.; De séptimo a noveno grado será de 11:00 a 11:30 de la mañana, de acuerdo con el detalle de las autoridades.
De 1:30 a 3:30 p.m. la franja estará dirigida para estudiantes de bachillerato y de 3:30 a 4:30 se transmitirán repeticion para la primera infancia.
La ministra Carla Hanania dijo que el horario se ha establecido de acuerdo a aspectos pedagógicos.
También explicó que dicha fase incluye actualización del contenido priorizado del currículo nacional, que será publicado en el sitio mined.gob.sv/emergenciacovid19, la próxima semana.
Las autoridades detallaron que las materias serán impartidas por día. El lunes se enfocará en matemáticas, martes en ciencia y Salud, miércoles lenguaje, jueves sociales y los viernes será para actividades de desarrollo físico y emocional de los estudiantes.
Entre las series que se impartirán para los más pequeños, las autoridades mencionaron que se transmitirán para “Listos a jugar” de Plaza Sésamo y “Lluvia de Estrellas”, la cual es una producción del Ministerio de Educación, también programas que ayudarán a cultivar la vida educativa sin descuidar la salud de los niños.
“La franja de primera infancia es un segmento especial la cual se necesita dar una atención especializada por eso se ha trabajado en conjunto a otros ministerios, en cuatro programas que atenderán a la primera infancia para fomentar el bienestar socioemocioinal de los niños por la situación“, dijo la jefa de Proyectos y Cooperación del Despacho de la Primera Dama, Alexandra Posada.
Posada agregó que se transmitirán dos programas “Club de lectura virtual” y “Crecer leyendo”, el segundo será un espacio de interacción en tiempo real con la audiencia infantil, en el cual se utilizarán cuentos escritos por autores nacionales, y se transmitirá en Radio Nacional de lunes a viernes a la 1:00 de la tarde.
La ministra de Educación, Carla Hanania dijo además que se continuará entregando las guías impresas a más de 200,000 estudiantes que tienen dificultades para acceder a computadoras e internet.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/franja-educativa-television-cuarentena-el-salvador/716537/2020/
América Central/ EL Salvador/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) dice que hubo un irrespeto a la familia y un error de parte del gobierno en no garantizar la salud del profesional y de otras víctimas mortales por el COVID-19.
La Universidad José Simeón Cañas, a través de su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), calificó el fallecimiento del ingeniero Carlos Henríquezcomo una profunda equivocación, un ejemplo claro de la improvisación y desorganización del gobierno para atender a las personas que ingresaron al país al inicio de la emergencia.
El Diario de Hoy publicó el martes 23 de abril, horas después de su muerte, cómo el profesional intentó someterse de buena fe a la orden del gobierno, cuando regresaba de Guatemala el 11 de marzo, y cómo rogó a las autoridades para que le brindaran atención médica.
El ingeniero se contagió de COVID-19 en el centro de contención de la Villa Centroamericana en Ayutuxtepeque, San Salvador, y murió el 22 de abril, sin una atención médica adecuada en el hospital San Rafael, según su familia.
En un informe reciente, el Idhuca detalla cómo el gobierno le negó al ingeniero su derecho a la salud y cómo irrespetó y ocultó información a la familia de la víctima.
“Los centros de contención y el sistema médico-hospitalario, más allá de las complicaciones de salud del Ingeniero, se equivocaron rotundamente en los procedimientos. Se puede entender que a un enfermo grave se le sustraiga el teléfono. Pero es incomprensible la falta de comunicación médica con la familia del enfermo, máxime si éste no puede comunicarse con sus allegados”, cuestiona el informe.
Según el Idhuca, el Estado “desde el momento que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena, en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido”.
“En el caso del fallecido, la actuación del Estado difirió ampliamente en el estándar para dar atención médica. Al llegar al país, y pesar de ser conocedores que tenía 67 años y padecía de hipertensión, no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19. Simplemente fue llevado de forma coercitiva a un centro de cuarentena junto con otras personas”, se concluye en el documento.
Agrega “que cuando su salud ya era grave después de haber pasado varios días en Villa Olímpica -Centroamericana-, en un primer momento se le negó la atención médica en un hospital. Con argumentos políticos y no médicos, lo remitieron a un hostal donde no se le brindó la asistencia sanitaria que requería”.
Cuando la familia del ingeniero presionó por su salud, se pidió que un doctor especialista le hiciera una evaluación médica, pero su estado de salud ya era grave.
“En esta línea, es cuestionable según especialistas médicos, el traslado a tres hospitales distintos en menos de un mes; y debe hacerse especial énfasis a la situación que vivió en el Hospital San Rafael, donde no se le pudo realizar hemodiálisis por falta de los instrumentos médicos necesarios”, indica el documento.
Línea de hechos
Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, recientemente señaló la obligación que tiene el Estado ante las personas que tiene bajo su custodia y/o cuido. En este sentido, decía de forma literal que el Estado es responsable de su vida e integridad personal. La muerte resultante de la denegación de saneamiento, espacio adecuado, ventilación adecuada o atención médica adecuada es una muerte arbitraria de la que es responsable el Estado.
Para el Instituto de Derechos Humanos, el Estado desde el momento en que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido.
“Lamentablemente, tal y como ha quedado ejemplificado en la cronología de los hechos y con las fotos que se acompañan al presente informe, las condiciones de salubridad del albergue de Villa Olímpica-Centroamericana-, no eran las idóneas para tener a las personas que regresaban al país. Además, las personas pasaron hacinadas, medida totalmente contraproducente a la recomendación médica. Es decir, el Gobierno con estas medidas provocó un deterioro grave de la salud e integridad personal del ingeniero Henríquez”, se afirma en el informe del Idhuca.
El Idhuca afirma que el gobierno le mintió a la víctima, ya que estableció un protocolo de actuación con algunas excepciones a la cuarentena no domiciliar de treinta días; una de las excepciones era las personas mayores de 60 años. Esta información fue publicada en la cuenta oficial de Casa Presidencial en Twitter, y es la misma que la Embajada de El Salvador en Guatemala le compartió al ingeniero Henríquez el día 12 de marzo.
Por eso el profesional accedió a ingresar al país, según su familia, confiado en que se iría a su casa a mantener la cuarentena domiciliar, pero no fue así.
“Al ingeniero Henríquez entre las 12 y 24 horas de su llegada no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19 -esta no se la hicieron hasta el 27 de marzo de 2020. Sin prueba ni atención especial por su edad y los padecimientos de salud que tenía -hipertensión- fue privado de libertad y sometido a internamiento forzoso donde convivió en hacinamiento, con personas que venían de Europa -vía Panamá- y de Guatemala”, sostiene el Idhuca.
Para esta institución, el caso de esta víctima no es el primero en que alguien muere durante la cuarentena y cuya muerte implica serias responsabilidades estatales.
“Reflexionar sobre las deficiencias de un sistema de cuarentena que funciona con desorganización, sin transparencia con las personas y con claros signos de autoritarismo y falta de ética médica es imprescindible para salvar vidas. Tener un poco más de humildad y reconocer errores es mucho más propio de un gobierno democrático que empeñarse de denigrar la gestión de otros países y ocultar las propias debilidades”, finaliza el pronunciamiento.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/uca-coronavirus-idhuca-ingeniero-villa-olimpica/714601/2020/
América Central/El Salvador/26-04-2020/Autor(a) y Fuente: www.dw.com
La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, pidió a las autoridades de El Salvador investigar posibles abusos cometidos para imponer el cumplimiento de las drásticas medidas contra el coronavirus.
«Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19», señaló la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. y expresidenta chilena en un comunicado.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por su decisión de retener y enviar a «centros de contención», a personas que violen sin causa justificada la cuarentena domiciliar obligatoria, vigente desde el 21 de marzo.
El comunicado de Bachelet cita un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador según el cual, del 21 de marzo al 13 de abril, se han reportado 149 detenciones arbitrarias.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó recientemente que las autoridades gubernamentales tienen «prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario» a quienes violan la cuarentena.
En claro desafío al tribunal, Bukele reaccionó mediante su cuenta de Twitter, como suele hacerlo, y dijo que «ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño».
Nayib Bukele
✔@nayibbukele
¿La @SalaCnalSV delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir?
El chiste se cuenta solo.
NINGUNA resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño.
Bachelet recordó que «el derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19», pero que esas restricciones «deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos».
«Incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria», sostuvo la Alta Comisionada.
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, abrió una investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos de personas que guardan cuarentena en centros de contención.
Fuente e Imagen: https://www.dw.com/es/onu-pide-a-el-salvador-investigar-presuntas-violaciones-de-derechos-humanos/a-53202239
La avanzada de la pandemia del COVID-19 ocultó hasta cierto punto y retrasó una serie de procesos sociales que venían pujando con fuerza por transformaciones sociales urgentes, pero también, dejó a la vista de todos, la razón de muchas de las demandas exigidas en el contexto justo de esos procesos sociales referidos. Para el caso de Chile, la violencia del régimen neofascista de Sebastián Piñera y el proceso constituyente abierto por la fuerza popular prosigue, aunque como es natural, las condiciones del cuidado de la salud han modificado formas de protesta o la magnitud de ellas, pero el pueblo chileno no ha renunciado a la lucha, sigue la demanda por la instauración de una constituyente real que garantice las reformas sociales del pliego petitorio popular. Piñera a su vez, a quedado en evidencia por su incapacidad y desinterés por ejercer medidas reales para combatir la pandemia, siendo precisamente Chile, el país experimental de origen de las políticas neoliberales que desmantelaron en América Latina y el mundo los sistemas de salud pública y los derechos laborales hoy tan abatidos en el marco la de crisis sanitaria que vivimos.
En Brasil, Jair Bolsonaro ha demostrado inutilidad absoluta, burlándose de la magnitud de la pandemia, distorsionando información y quedando relegado de última hora del poder por sectores militares que mediante un golpe blando lo desplazan para entre otras cosas evitar mayores manifestaciones de inconformidad al menos por el momento, aunque se sabe que esos desplazamientos suelen ser antesala de mayores imposiciones y limitaciones en términos democráticos y de las garantías individuales de los pobladores, pues desde los primeros días de la llegada del COVID-19 a Brasil, la sociedad adoptó medidas de cuarentena sin la dirección gubernamental y organizó la resistencia efectuando cacerolazos diarios por la noche, Bolsonaro, más ocupado en servir a los grupos ultraconservadores evangélicos ha declarado sin pena, que es posible equiparar las muertes por el coronavirus con accidentes de autos, a decir del neofascista, son hechos inevitables lavándose las manos del asunto, siendo el primer gran resultado de esa actitud su alejamiento del poder.
En Ecuador, al parecer la situación ha alcanzado niveles realmente trágicos, denuncias por las redes sociales muestran videos de personas muertas en las calles, sumando según algunas fuentes miles de pérdidas humanas, ante lo cual y si bien mediante un video, el presidente Lenin Moreno, pretendió dar la imagen de estar actuando y preocuparse por los hechos sin que nada mejore, ahora, su figura pasa desapercibida en medio de la catástrofe, además, al igual que Bolsonaro, se muestra más preocupado por satisfacer las demandas de la oligarquía ecuatoriana, al procurar que Rafael Correa, sea sentenciado a ocho años de cárcel por presunta vinculación delictiva, queriendo con ello, dejarlo fuera de los comicios que deben celebrarse en el 2021 para la presidencia ecuatoriana.
En Colombia, la situación no es diferente, mientras la pandemia avanza, Iván Duque se presta al juego del imperialismo estadounidense y se convierte en agente abiertamente participe de las agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, apoyando la llegada de buques militares postrados frente a Venezuela, simulando desconocimiento de que es Colombia el país con mayor tráfico de drogas a los Estados Unidos y no Venezuela como se quiere hacer creer. Duque ha permitido la violación de la soberanía colombiana al dejar sus fronteras como campo estratégico de batalla para la preparación de la agresión militar que están fraguando, ya semanas atrás, Juan Guaidó y otros sátrapas del imperialismo, fuero descubiertos y denunciados por el tráficos de armas con fines golpistas, siendo Colombia su protector y proveedor paramilitar, Duque sometido a Donald Trump, se ocupa más de ser el fiel lacayo imperialista que en salvaguardar la salud de sus pobladores.
En el Salvador una serie de protestas han desnudado el carácter del régimen de Nayib Bukele, quien en un principio, quiso jugar al héroe anunciando la suspensión de pagos de impuestos y otros cobros por tres meses, pero en realidad, buscaba lavar su imagen sobre sus actos en la asamblea salvadoreña a la cual asaltó para lograr sus objetivos económicos y políticos semanas antes de la llegada del coronavirus y, después, en medio de sus anuncios simulados, endeudó a el Salvador con un millonario préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que como sabemos, pasada la cuarentena, se encargará de comenzar a saquear al país centroamericano ante lo que el gobierno actuará como se han hecho otros a lo largo de la historia latinoamericana, permitiendo el robo a su nación y cargando sobre la espalda del pueblo salvadoreño la deuda que no les venefició y por la que tampoco fueron consultados a la hora de ser adquirida, al igual que como pensó Bukele que la entrega de subsidios familiares sería una medida popular y resultó ser la causa desencadénate del malestar social, de la misma forma ocurrirá cuando los efectos del préstamo comiencen a caer sobre los salvadoreños.
En países como Haití que han entrado a la fase de transmisión comunitaria, las medidas tratan de ser reforzadas, enfrentándose a la cruda realidad de que el desmantelamiento continuo de los servicios de salud pública, junto a la grave crisis social y económica que vive desde hace muchos años, y que de manera particular en el último año y medio ha mantenido protestas regulares contra el gobierno, crean un panorama un difícil por vencer. En Bolivia, las imágenes hablan del incremento de la represión militar golpista para tratar de calmar los reclamos socuelas de apoyo económico por la aguda situación de pobreza que ha regresado justamente desde que aconteció el golpe neofascista contra Evo Morales, además, hay que recordar que estaban programadas para mayo las elecciones presidenciales cuya tendencia electoral encabeza el Movimientos al Socialismo (MAS). Por su parte en México, el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha ido implementando las medidas conforme los resultados van avanzando, apunto de entrar a la tercera etapa de la pandémica según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), parece es posible evitar una catástrofe como ha ocurrido en países europeos, pero, lamentablemente, sabiendo la difícil situación por la que se pasa, grupos ultraconservadores con rasgos neofascistas, se lanzan con ataques y descalificaciones, generando desinformación con el fin de manipular la opinión pública y así buscar mermar la imagen gubernamental. Estos grupos herederos de las formas del viejo régimen, desearían que el gobierno federal endeudase a la nación con un nuevo préstamo al FMI como lo hicieron los anteriores gobiernos, y frente a la negativa de endeudar al país, se muestran hambrientos de tragedia sin importarles realmente el bienestar colectivo y social, quieren a todas luces utilizar los acontecimientos de la pandemia para desestabilizar y dar un golpe neofascista.
Es de notarse que en los países cuyos gobiernos se han mostrado tendientes al neofascismo la pandemia de COVI-19 causa mayor daño a la población y sus regímenes son repudiados por la sociedad, ese es el caso de Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia, tendiendo estos gobiernos a la militarización, la represión, el endeudamiento y el apoyo a las agresiones imperialistas sobre países como Cuba y Venezuela, quienes por su parte, ponen el ejemplo de humanismo en la región y el mundo controlando la pandemia al interior de sus naciones, brindando apoyo a otros países con brigadas médicas, recursos económicos y resistiendo la continua agresión imperialista a través de los bloqueos económicos que les han impuesto, la guerra mediática incesante y las amenazas y agresiones militares con cercos e invasiones perpetradas con la ayuda de las oligarquías neofascistas de la región.
Los neofascistas fieles al imperialismo estadounidense, quieren aprovechar el contexto de la pandemia del coronavirus para avanzar estratégicamente e imponer con mayor fuerza su brutalidad, pero los pueblos latinoamericanos reconocen en el ejemplo de Cuba y Venezuela el verdadero rostro del humanismo, de la solidaridad internacionalista, la defensa de la soberanía y autodeterminación, la resistencia popular y proletaria sigue su curso, aunque por ahora no sea posible ocupar las calles en su totalidad, la conciencia no disminuye, muy al contrario, la cara neofascista y proimperialista de los regímenes mencionados queda desnuda y será combatida con la organización y la fuerza popular de Nuestra América.
América Central/El Salvador/05-04-2020/Autor(a): Susana Joma/Fuente: www.elsalvador.com
RES Education es de acceso gratuito. Profesores del país y de otras naciones van sumando al esfuerzo académico. Tiene disponibles plantillas power point, tutoriales para aprender a crear blogs, hacer vídeo llamadas, entre otros recursos y contenidos.
Los docentes salvadoreños Enrique López y Ramón Recinos han creado una comunidad virtual de profesores denominada RES Education, a través de la cual, en estos momentos, tratan de ayudar a que otros colegas del país y de Latinoamérica conozcan nuevos recursos tecnológicos para atender a sus alumnos desde casa durante la emergencia por coronavirus.
Enrique, quien labora en una empresa privada que distribuye materiales educativos, explicó que en coordinación con su colega Recinos crearon este espacio de acceso gratuito en octubre de 2019 y un mes después, el 3 de noviembre, empezaron a trabajar y aceleraron el paso para subir más materiales al conocerse sobre la suspensión de clases y la cuarentena.
Explicó que en esta comunidad actualmente participan seis educadores, además de ellos hay otros dos salvadoreños, uno de Colombia y otro de México.
Los interesados en conocer este proyecto y explorar sus contenidos pueden ingresar a la dirección res.tustem.org; buscarles en Youtube como RES Education; en Facebook como ResEducation; en Instagram y Spotify. Además, los ubican en twitter: @enriquegraficos y @ramon_benjamin
A través de Facebook Live transmiten un programa en formato entrevista cada 15 días, con duración de 25 a 30 minutos, en los que invitan a profesores internacionales a hablar sobre un tema específico.
“También tenemos el Podcast que lanzamos esta semana, que es una sección nueva disponible en Spotify. Está a mi cargo, en donde se abordan temáticas de interés para los docentes y también para los papás, en este caso como utilizar herramientas”, detalló.
López expresó que los seis educadores, que ya forman parte de la comunidad, están haciendo tutoriales educativos; también han habilitado un blog en donde se va a exponer un tema específico, pero en formato de texto siempre orientado a docentes.
Entre los contenidos que han colgado en RES Education hay algunos destinados a enseñar las tablas de multiplicar, un simulador de la Tabla Periódica de los Elementos.
Agregó que los educadores miembros de RES, incluso, con tutoriales enseñan a sus similares cómo grabar la pantalla de la computadora, cómo hacer vídeo conferencias con software gratuito, a crear blog en donde los escolares se conecten y vean todo lo que ellos están subiendo para la clase.
El ingeniero Ramón Recinos, quien labora como coordinador del aula Cra del Centro Escolar España, de esta capital, detalló que trabajan intenso todo el día para subir material cada día, por las mañana.
Recinos, profesional que tiene gran experiencia en robótica educativa, dijo que otros recursos que están disponibles dentro de la comunidad son plantillas de Power point, para que los docentes de diferentes asignaturas las llenen, impartan sus clases y manden a sus alumnos.
Conscientes de que el grupo no domina todos los conocimientos, sostiene que la comunidad virtual está abierta para que otros profesores innovadores contribuyan con material educativo.
“RES Education no es una marca, es una comunidad, algo que estamos promoviendo de manera colaborativa con otros docentes y así estamos con eso”, insistió el profesor Enrique.
En estos días se preparan para impartir seminarios en vivo, lo que ha llevado hacer pruebas internas.
Como parte de la red tienen un proyecto que se llama Embajadores, que se encargan de compartir, pero que tienen disposición de aprender e innovar.
Otro de los retos de RES es lograr que se integren profesoras a dar su aporte y lograr equidad de género.
Actualmente tienen más de cien seguidores y han tenido dos Facebook Live. En el primero obtuvieron 200 vistas y en el segundo 400. En redes sociales en donde han tenido más impacto y las descargas de sus seguidores continúan.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/docentes-salvadorenos-crean-red-de-educacion-virtual/701673/2020/
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