Embarazos en Adolescentes

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Conservadores religiosos envalentonados presionan para restringir el aborto en África, Después de la caída de Roe

Noticias

Los esfuerzos para legalizar y hacer que los abortos sean más seguros en África se vieron afectados cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos puso fin a las protecciones federales al aborto hace un año . En cuestión de días, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró que su gobierno despenalizaría el aborto “en un momento en que los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres están siendo anulados o amenazados ”.

Pero algunas organizaciones estadounidenses activas en África se animaron, especialmente en países mayoritariamente cristianos. Uno es Family Watch International, una organización conservadora cristiana sin fines de lucro cuya postura anti-LGBTQ+, actividades contra el aborto y “intenso enfoque en África” llevaron a su designación como grupo de odio por parte del Southern Poverty Law Center.

En abril, Family Watch International ayudó a desarrollar una reunión sobre “valores familiares y soberanía” en las oficinas presidenciales de Uganda con legisladores y otros delegados de más de 20 países africanos. El director de la organización en África también aboga por que su país, Etiopía, revoque una ley de 2005 que amplió el acceso al aborto.

“Es como si nos hubiéramos quitado los guantes”, dijo en una entrevista Sarah Shaw, jefa de defensa de MSI Reproductive Choices, un proveedor internacional de servicios de salud reproductiva con sede en el Reino Unido.

En un discurso de septiembre ante la Asociación Africana de Abogados, la presidenta de Family Watch International, Sharon Slater, alegó que los países donantes estaban intentando una «recolonización social sexual de África» ​​contrabandeando el aborto legal junto con la educación sexual y los derechos LGBTQ+.

“Los activistas por los derechos sexuales saben que si pueden capturar los corazones y las mentes de los niños de África y adoctrinarlos y sexualizarlos, capturarán a los futuros abogados, maestros, jueces, políticos, presidentes, vicepresidentes y más, y así capturarán el corazón mismo de África”, afirmó Slater.

A su discurso en Malawi asistió el presidente del país, exlíder del movimiento Pentecostal Asambleas de Dios.

Después de presionar a los legisladores de la nación del sur de África para que no consideraran un proyecto de ley que habría permitido el aborto en determinadas circunstancias, el grupo católico estadounidense Human Life International dijo a sus partidarios en marzo que “gracias a ustedes, Malawi está a salvo del aborto legal”.

La Unión Africana reconoció hace dos décadas el derecho al aborto en casos de violación e incesto o cuando la vida de la madre o del feto está en peligro o la salud mental o física de la madre.

Un número creciente de países tienen leyes de aborto relativamente liberales. Benin legalizó el aborto menos de un año antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque Nigeria, el país más poblado de África, permite el aborto solo para salvar la vida de la madre.

Los expertos africanos dicen que los eventos en los EE. UU. podrían revertir los avances en la disponibilidad de procedimientos de aborto seguro, especialmente porque el gobierno de los EE. UU. es el mayor donante mundial de asistencia internacional para la salud reproductiva.

Dichos cambios podrían afectar profundamente la vida de las mujeres en edad reproductiva en el África subsahariana, donde se estima que el 77% de los abortos, o más de 6 millones al año, no son seguros, dijo el Instituto Guttmacher, una organización internacional de investigación y política con sede en Nueva York, dicho en 2020.

Los abortos inseguros causan el 16% de las muertes maternas en la región del África subsahariana de la Organización Mundial de la Salud, dijo la agencia de la ONU el año pasado, “con variaciones entre países dependiendo del nivel de restricciones al aborto”.

Los opositores al aborto son especialmente francos en África Oriental, donde los países luchan públicamente con el tema del embarazo adolescente pero ofrecen poca educación sexual y acceso a abortos legales en circunstancias limitadas.

Un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva presentado en 2021 aún está siendo debatido por la Comunidad de África Oriental, cuyos países miembros incluyen a Burundi, Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur , Tanzania y Uganda. Algunas organizaciones católicas y otras conservadoras han criticado una sección que permitiría a una mujer interrumpir un embarazo en casos de violación, incesto o peligro de salud.

A principios de este año, el Consejo Protestante de Ruanda ordenó a todos los establecimientos de salud administrados por sus instituciones miembros que dejaran de realizar abortos, aunque la ley ruandesa los permite en ciertos casos.

“Tenemos una narrativa anti-derechos muy fuerte”, dijo Brenda Otieno, coordinadora de investigación de Kisumu Medical and Education Trust en Kenia, durante un seminario web el martes sobre los efectos globales de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU.

Los proveedores de servicios de aborto a menudo son acosados, dijo Otieno, y hace un año, Kenia aprobó una política nacional de salud reproductiva que prestaba poca atención a los servicios de aborto seguro.

En Uganda, un organismo de control de derechos dijo que el tema del acceso al aborto es tabú, y que los defensores enfrentan discriminación, incluso cuando algunas mujeres recurren a la automutilación.

“Hemos visto a varias personas perder la vida”, dijo Twaibu Wamala, director ejecutivo de Uganda Harm Reduction Network.

El aborto es ilegal en Uganda, aunque puede ser llevado a cabo legalmente por un trabajador médico autorizado que determine que un embarazo pone en peligro la vida de la madre. Pero muchos médicos, por temor a las complicaciones médicas, solo ofrecen atención posterior al aborto que puede ser demasiado costosa o llegar demasiado tarde para salvar la vida de una mujer.

En Etiopía, los trabajadores de la sociedad civil han pedido al gobierno que investigue lo que temen que sea una nueva tendencia: menos instalaciones de salud pública que practiquen abortos y más mujeres que busquen atención después de abortos inseguros.

Los grupos que se oponen al aborto en la segunda nación más poblada de África son en su mayoría incitados por extraños y “consideran la decisión de la Corte Suprema como un combustible para ellos”, dijo Abebe Shibru, director de MSI Reproductive Choices en Etiopía.

Fuente: https://www1.cbn.com/mundocristiano/el-mundo/2023/july/conservadores-religiosos-envalentonados-presionan-para-restringir-el-aborto-en-africa-despues-de-la-caida-de-roe

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Guatemala: Una Guatemala joven que no cuida a su juventud

Pluma Invitada

Una Guatemala joven que no cuida a su juventud

Carolina Escobar

Ella tiene 23 años y un hijo de 10, producto de una violación en su entorno cercano. Antes de la pandemia estaba a un año de graduarse de diversificado, esfuerzo que le requería trabajar en un local de comida durante toda la semana para pagarse los estudios de los días sábados y mantener a su hijo, a quien veía solo los domingos. Le pagaban Q75 diarios, de los cuales le descontaban el producto que no vendía durante el día. Además pagaba Q20 diarios de transporte. Cuando llegó el encierro dejó de trabajar y, por lo tanto, de estudiar. Hoy solo consigue trabajos temporales mal pagados y sin prestaciones de ningún tipo, debido a que le exigen el título, algún “conecte” o un mínimo de años de experiencia.

Historias como la de ella hay millones en Guatemala. ¿Desde cuándo creyó la clase gobernante que se podía levantar un país sin invertir en la niñez, adolescencia y juventud? La deuda del Estado de Guatemala con estos sectores de la población es histórica. ¿Algunas cifras del censo 2018 que podrían ilustrar más esta afirmación? Entre las y los jóvenes de 13 a 30 años, el promedio de escolaridad es de 7.3 años, y generalmente no se termina el nivel de Educación Básica. De las y los jóvenes de 25-30 años, solo el 15.8% termina la Educación Media Diversificada y un 10.1% tiene algún nivel de Educación Superior. Estos niveles son inferiores para mujeres respecto de hombres y muy inferiores para población indígena respecto del resto de población.

Del total de jóvenes jefes o jefas de hogar, el 2% reportó tener entre 13 y 18 años. Un 95.2% de la población económicamente activa corresponde a hombres jóvenes de entre 25 y 30 años; solo un 44.5% corresponde a mujeres jóvenes. Ni hablamos de si la mayoría de ellos trabaja en la formalidad o informalidad, porque desde el punto de vista del empleo, el sector informal rebasa el 70%. Esto quiere decir que la mayoría tiene pocos o ningunos derechos laborales y se confirma con el dato de la Encuesta Nacional de Empleo 2019, donde se dice que de la población ocupada, solo siete de cada 10 reciben un salario. De la juventud asalariada, tres de cada cuatro trabajan sin contrato, prestaciones o seguridad social.

Hablemos sobre los embarazos adolescentes (según censo 2018): el 44.1% de las mujeres jóvenes entrevistadas que hoy tienen entre 25 y 30 años fue madre entre los 15 y los 19 años, y un 1.9% entre los 10 y los 14 años. Casi la mitad de una generación de mujeres jóvenes embarazadas tempranamente, con proyectos de vida cancelados o demorados. Será interesante contar con datos pospandemia, ya que vimos una reducción en las edades de embarazos tempranos forzados. A pesar de esto, la educación integral en sexualidad y el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva integrados y de alta calidad siguen sin llegar a millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no aprenden una sexualidad responsable, sino morbosa y prejuiciosa. El 27% de los hombres y el 10% de las mujeres entrevistadas creen aún que decir no al sexo realmente quiere decir sí. Y siguen siendo las mujeres jóvenes las más afectadas por delitos de violencia sexual o violencia física.

Según las proyecciones nacionales de población del INE para el año 2022, el total de hombres y mujeres en Guatemala entre las edades de 13 a 30 años es de más de seis millones de personas. Este grupo representa el 31% de la población nacional y casi la mitad de ellos y ellas se identifican como indígenas.
Esto nos vuelve a encender el “sospechómetro”, porque seguimos siendo el país que menos invertimos en niñez, adolescencia y juventud de América Latina y uno de los que aún no ha sido capaz de ofrecerles entornos seguros, pacíficos y protectores para su desarrollo. Por ello coincido con lo que dice el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa): hay más de seis millones de razones para invertir en juventud. Y no hablamos solo de dinero.

Fuente de la Información: https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/una-guatemala-joven-que-no-cuida-a-su-juventud/

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Inaction by government fueling exploitation and inequity in education in Uganda

Noticias

By Angela Nabwowe Kasule, ISER, Uganda

There are glaring barriers to continuity of education for vulnerable children impacted by COVID-19 in Uganda. The Uganda National Planning Authority in a report about the safe opening of the education sector projected that over 30% of learners may never return to school due to teenage pregnancies, early marriages, and child labour. In as much as these issues are documented, and authorities at both national and local government levels are aware of them, there is no evidence that concrete steps are being taken to address them.

High cost of education

When schools opened in January 2022, after almost two years of closure, media was awash with stories of exorbitant school charges and how parents were struggling to find money to take their children back to school. In Uganda, it is now normal that families have to borrow to pay for basic education. This worsened following the economic downturn as a result of the pandemic.

The 2021/22 Global Education Monitoring Report showed that 30% of families in Uganda have to borrow to afford their children’s education. Uganda’s National Planning Authority in a 2020 policy brief found that public education spending has barely kept pace with the growth in the school-age population hence the increased burden on households. The household share in total education expenditure increased from 53% a decade ago to 69%. Spending on education by the poorest 20% of households grew by 11% over the last 15 years.

While many families moved their children from private to public schools as a cost-saving measure, some are unable to afford non-tuition fees even in those schools. It is also true and very painful that government-aided schools that receive state funds charge the same fees as private for-profit schools, ranging from 1 to 3 million Ugandan shillings ($286–$858), while the median monthly earnings for an employed person are 200,000 Ugandan shillings ($57). The Uganda National Household Survey 2019/2020 report found that the main reason for six in every ten persons who had left school was the costs associated with education.

Child labour and return to school

The lockdowns imposed to slow the spread of the coronavirus negatively impacted livelihoods and jobs. ‘I Must Work to Eat’, Child Labor in Ghana, Nepal and Uganda, a joint research report published by Human Rights Watch, ISER and Friends of the Nation Ghana, documents how mass school closures and unprecedented loss of jobs and income forced many children to enter the workforce to help families survive. The engagement in economic activity increased the opportunity cost of returning to school of boys in particular. In the island communities of Namayingo District in Eastern Uganda, only 359 of the 777 learners returned to Butanira Primary School when schools reopened. At Nkokonjeru UMEA Primary School located in Buikwe District on the shores of Lake Victoria, only 219 of the 410 learners returned. In both districts, school administrators told ISER’s community advocates that children are engaged in fishing activities on Lake Victoria.

Influx of learners from private to public schools

Despite the inadequacies with the public system, which as the 2021/2 GEM Report showed can also be found in other countries, there has been an influx of learners from private to public schools mainly due to high cost and closure of private schools. This influx has put a stress on the already inadequate infrastructure; there is overcrowding and social distancing is not possible. At Kifuyo Secondary School in Namayingo District located in Eastern Uganda, the enrollment went up from 680 learners to 1,100.

Some private schools, in particular low-cost private schools, did not open in January 2022 because they were sold off and turned into merchandise shops while others were converted into rental houses. The National Planning Authority estimated that 3,507 primary schools and 832 secondary schools were likely to close due to financial distress. A case in point is the Bridge Schools in Uganda, commonly known as Bridge International Academies, that closed shop. A Bridge School in Kinoni, Lwego District in Central Uganda, was turned into a chicken house but was later demolished because it was on rented land.

The case of pregnant girls

Many girls got pregnant while others were forced into early marriage as a result of the prolonged school closure. A UNFPA report on addressing  teenage pregnancy during the COVID-19 pandemic revealed that  a total of 354,736 teenage pregnancies were registered in 2020, and 196,499 in the first six months of 2021. When schools reopened in January 2022, many pregnant girls reported back to school encouraged by the directive from government that schools accept them back. At Wiggins Secondary School in Kumi District in Eastern Uganda, there are 5 pregnant girls and 5 are breastfeeding. Most schools that have registered pregnant girls or young mothers are in rural areas. However, some girls are still facing stigma and discrimination partly due to pronouncements by an Anglican Bishop stopping Church of Uganda founded schools from accepting back pregnant girls.

Attempts at seeking remedy

On 11 January 2022, a case was filed in the High Court of Uganda against the state for breach of its duty to protect, respect and fulfil the right to education for all. In this civil suit, the applicants, ISER, together with Andrew Karamagi and Micheal Aboneka, want the court to issue an order compelling the Minister of Education and Sports to immediately exercise its statutory obligation under the Education Act 2008 to regulate tuition and non-tuition charges payable at any school or education institution in Uganda. The applicants also want the court to ban the mandatory solicitation of school requirements (and any other non-cash contributions) by any school or education institution.

To address gender and equity issues that are impeding access to education for girls, the case seeks the court’s pronouncement on the rights of pregnant girls and nursing mothers to education and the need to create a framework to provide facilities for them in all schools and education institutions in Uganda. The hearing of this court case is scheduled for 24 February 2022.

It is a given that government must increase investment in public education to reduce the burden for households. The influx of children from private to public schools points to issues of sustainability, which makes a compelling case to strengthen public education because it absorbs the poor and disadvantaged children who make up the majority. In Uganda, however, there is hope. A new Education Policy Review Commission has just been established to look into what needs to be done differently to make the education system a catalyst of socio-economic transformation.

 

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Iniciativa promueve proyectos de vida libres de violencia en escuelas cubanas

Noticias

Mensajes al estilo de «si alguien se burla de otra persona no me río», «mi celular y contraseñas en redes sociales son personales» o «las adicciones me hacen daño tanto a mí como a mis personas queridas» pueden leerse en espacios comunes de 17 escuelas de oficios de La Habana.

La iniciativa corresponde a un conjunto de acciones de comunicación para el desarrollo, empoderamiento, formación profesional y las habilidades para la vida de estudiantes de este tipo de instituciones escolares en el país. Forman parte, además, del proyecto «Mejoramiento de las condiciones de escuelas de oficios para el fortalecimiento de la formación laboral de niñas, niños y adolescentes», liderado por el Ministerio de Educación con el apoyo de Unicef en la nación caribeña.

Con este propósito la reinauguración de la Escuela de Oficios Constructores del Futuro, en el municipio La Lisa, en La Habana, sirvió de escenario el 8 de diciembre para debates de sensibilización con estudiantes y docentes sobre temas como la violencia de género, el control del cuerpo, los mitos del amor romántico, las infecciones de transmisión sexual, el estigma y la discriminación, entre otros tópicos; a propósito de los 16 días de activismo por la Jornada contra la violencia hacia mujeres y niñas.

«Hay que extender este tipo de actividades a todas las escuelas de Cuba, porque favorecen la incorporación de convicciones humanas y sociales en cada uno de los educadores y de los estudiantes, que al final son el objetivo de estos centros. Educar a las nuevas generaciones en el repudio y la eliminación de todo tipo de acción en contra de los derechos del ser humano, en contra de los derechos de las mujeres y de los niños es nuestra razón de ser», dijo a SEMlac Andrés Indalecio Viera Bello, docente en esta escuela desde hace 26 años.

Una miniferia con mensajes de la campaña Mídete, del programa Cada niño está protegido contra la violencia y la explotación, de UNICEF Cuba; y de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (ProSalud), constituyeron acciones de la Estrategia Utilidad para la Vida, que en el marco del proyecto trabajará durante cuatro años en las escuelas de oficios del país para el cambio de imaginarios negativos hacia y desde estas instituciones.

Además, en las actividades se incluyeron la campaña Evoluciona y la Articulación Juvenil del Centro Oscar Arnulfo Romero; así como grupos creativos de jóvenes muralistas por la no violencia.

Artistas y estudiantes concibieron juntos murales como Diversidad e Iguales, los que parten de un conjunto de tres piezas realizadas en dos escuelas de oficios: Arroyo Naranjo y La Lisa.

Otras iniciativas ya se han puesto en práctica como parte de esta estrategia, como la disposición de 170 mensajes en vinilo en espacios comunes de las 17 escuelas de oficios de La Habana, para sensibilizar a más de 380 docentes y 1.400 estudiantes sobre educación sexual, prevención de adicciones, no violencia y uso responsable de las redes sociales.

Asimismo, trascendió en el encuentro que ya se diseñaron y están en proceso de impresión 500 ejemplares del compendio Rompiendo el silencio II. Guía para el análisis y la reflexión grupal sobre violencia de géneros, que contiene una serie audiovisual, un manual teórico-instructivo (en formato accesible) y un repositorio digital para el trabajo en estas comunidades educativas.

Se suma a ello la disposición de 102 kits de comunicación e innovación para adolescentes en las 54 escuelas de oficios del país, que les permitirán el desarrollo de actividades de educación popular en resolución de conflictos y empoderamiento adolescente.

Dagoberto Rivera, Coordinador del Programa de la Oficina de Unicef en Cuba, apuntó que esta alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y el organismo internacional permitirá mejorar la calidad en los servicios de apoyo a la niñez que hace uso de estas escuelas y «que nos muestran el sector más vulnerable dentro del educativo. Se trata de aquellos niños que corren el riesgo de no ser parte permanente del sistema de educación», dijo.

«Este programa nos da la oportunidad de apoyar en revertir esas posibles tasas de deserción y aportar nuestro grano de arena», sostuvo.

«La clave es que estos niños tengan su continuidad de estudio y que después puedan ser útiles a la sociedad», agregó Aimeé Betancourt, oficial de Programa de Educación de Unicef en el país.

Explicó que estas escuelas tienen un historial de vulnerabilidad. «Muchas veces los niños que permanecen aquí tienen una autoestima baja, por lo que el objetivo es hacerlos crecer como seres humanos, así como trabajar temas esenciales para la adolescencia, como la prevención de la violencia, la elevación de la autoestima y la prevención del embarazo adolescente».

Dijo que Unicef comenzó hace años el trabajo con estas escuelas, proveyendo materiales para una educación de calidad, acompañada de un soporte técnico, para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en los talleres polivalentes y se vinculen a las actividades productivas.

«Pero a su vez queremos que crezcan social y psicológicamente, por lo cual con el perfeccionamiento de la educación y las transformaciones dentro de las escuelas de oficio, una de las prioridades ha sido fortalecer el área psicopedagógico en estas instituciones».

El proyecto «Mejoramiento de las condiciones de escuelas de oficios para el fortalecimiento de la formación laboral de niñas, niños y adolescentes» contribuirá a la formación laboral y profesional de los estudiantes en las escuelas de oficio seleccionados de las provincias Las Tunas, Holguín, Matanzas, Villa Clara, Camagüey y La Habana, que poseen oficios significativos, y pretende extenderse paulatinamente al resto de las instituciones de este tipo.

En estos centros docentes se forman jóvenes entre 13 y 17 años de edad y tres o más años de retraso escolar, en especialidades obreras deficitarias en el territorio, para garantizar su posterior incorporación a la vida laboral una vez graduados, al recibir su título de obrero calificado.

Fuente: https://rebelion.org/iniciativa-promueve-proyectos-de-vida-libres-de-violencia-en-escuelas-cubanas/

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Más de 7.900 menores de edad han sido madres en Guatemala durante 2021

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Más de 7.900 mujeres menores de edad resultaron embarazadas y dieron a luz en el primer trimestre de 2021 en Guatemala, según los registros reportados este lunes por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).

Las estadísticas de esta institución privada dan cuenta de que entre enero y marzo pasado fueron embarazadas 7.937 menores de entre 10 y 17 años de edad en el país centroamericano.

Entre las embarazadas figura una niña que fue madre a los 10 años, además de 113 que no habían cumplido los 13 años al dar a luz.

La mayor cantidad de menores que tuvieron un hijo en el primer trimestre de este año fueron las de 17 años con 3.865 casos, seguido de las de 16 con 2.431 y las de 15 con 1.154 partos.

Según OSAR, los departamentos con mayores casos de embarazos fueron los de Alta Verapaz, ubicado en el norte del país y con mayoría indígena, con 2.466 menores de 17 años en estado de gravidez, seguido de Huehuetenango (noroeste) con 2.257 casos.

Otros lugares con altos índices de embarazos infantiles son los departamentos de Guatemala, que incluye la capital, con 2.010 menores que fueron madres entre los 10 y 17 años, y Quiché (noroeste) con 1.794 casos.

Mientras que los departamentos que registraron menos casos son los de El Progreso (este) con 138 embarazos de menores, Sacatepéquez (oeste) con 282, Zacapa (este) con 312 y Retalhuleu (sur) con 366.

De acuerdo a OSAR, en 2020 se contabilizaron 104.837 embarazos de menores de edad en Guatemala, incluidas 4.814 de menores de 14 años.

El promedio de hijos por mujer en Guatemala es de 3,81 y el 81 por ciento de mujeres que se convierten en madre ya son mayores de edad, según cifras oficiales.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas, publicado en Guatemala en 2018, determinó que el embarazo en la adolescencia «tiene efectos no solo en las trayectorias educativas, labores y de salud» de las niñas y adolescentes, sino también «en sus familias, comunidades y en la sociedad en conjunto».

Fuente: https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-ni%C3%B1ez_m%C3%A1s-de-7.900-menores-de-edad-han-sido-madres-en-guatemala-durante-2021/46626206

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Ecuador: altos niveles de violencia sexual en las escuelas

Noticias

Urgen investigaciones, justicia y reparaciones.

Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.

El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.

“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.

Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.

En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.

La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.

La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.

En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.

Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.

Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.

Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.

Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.

También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.

“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/12/09/ecuador-altos-niveles-de-violencia-sexual-en-las-escuelas

 

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Sierra Leona: Se levanta la prohibición discriminatoria de que las niñas embarazadas asistan a la escuela

Noticias

Redacción: Amnistía Internacional

A raíz de la declaración ministerial de que a partir de hoy se levanta con efectos inmediatos la prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela, Marta Colomer, directora adjunta en funciones de Campañas para África Occidental y Central de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Hoy en Sierra Leona tenemos algo que celebrar: miles de niñas embarazadas podrán volver a asistir a clase en todo el país cuando sus escuelas abran de nuevo tras la crisis de la COVID-19.

Esta prohibición intrínsecamente discriminatoria que se viene aplicando oficialmente desde hace casi cinco años ya ha privado a demasiadas jóvenes de su derecho a la educación y de la posibilidad de elegir el futuro que quieren para sí mismas, y ahora ha quedado justamente relegada a los libros de Historia.
Marta Colomer, directora regional adjunta en funciones de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

“Esta prohibición intrínsecamente discriminatoria que se viene aplicando oficialmente desde hace casi cinco años ya ha privado a demasiadas jóvenes de su derecho a la educación y de la posibilidad de elegir el futuro que quieren para sí mismas, y ahora ha quedado justamente relegada a los libros de Historia.

“A las niñas embarazadas se les se ha devuelto la dignidad. Nos congratulamos de que el gobierno haya anunciado que levanta con efectos inmediatos la prohibición de que asistan a la escuela, una victoria para todas las personas que hicieron campaña incansablemente para que ese gran cambio se hiciera realidad.

“Esperamos que ahora las autoridades de Sierra Leona elaboren estrategias para abordar las actitudes sociales negativas y la estigmatización que las niñas embarazadas llevan años sufriendo. Además, la decisión da esperanzas a otras niñas embarazadas de África a quienes se ha estigmatizado, discriminado y, en algunos países, prohibido también asistir a la escuela.”

Información complementaria

Hoy, el ministro de Educación Básica y Secundaria emitió un comunicado anunciando que la decisión tomada por el gobierno en 2010 por la que se prohibía a las niñas embarazadas asistir a la escuela y examinarse quedaba revocada con efectos inmediatos. En su lugar habrá dos nuevas políticas centradas en la “inclusión radical” y la “seguridad total” de todas las niñas y niños en el sistema educativo. El presidente Julius Maada Bio dejó claro que su gobierno de “Nueva Orientación” toma las decisiones basándose en datos y en las normas constitucionales sobre proceso debido.

El 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) resolvió que la prohibición debía ser levantada. La demanda que impugnaba la prohibición había sido presentada por la ONG de Sierra Leona WAVES junto con la ONG Igualdad Ya y el Instituto de derechos humanos y Desarrollo en África. Amnistía Internacional intervino como amicus curiae.

La organización ha documentado previamente la amenaza que suponía la prohibición, impuesta oficialmente en abril de 2015, durante la crisis del Ébola, para los derechos de miles de niñas. Debido al Ébola se produjo un brusco aumento de embarazos de adolescentes. El gobierno debe adoptar medidas para garantizar que esto no ocurre con la COVID-19.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/03/sierra-leone-discriminatory-ban-on-pregnant-girls/

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