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República Dominicana: EDUCA plantea necesidad relanzar compromisos pacto Educativo

América Central/República Dominicana/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Samuel Conde, presidente de la entidad, afirma que el Pacto Educativo está plenamente vigente y debe ser cumplido.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) abogó por la reafirmación y relanzamiento de los compromisos asumidos en dicho contrato social educativo, fundamentado en la necesidad imperiosa de que la educación, a propósito de arribar el Pacto Nacional para la Reforma Educativa a su séptimo aniversario de rubricado.

De acuerdo a la nota de trabajo elaborada por el equipo técnico de EDUCA, su presidente, Samuel Conde, indicó que los primeros siete años de vigencia del Pacto, en términos estructurales han sido de vacas gordas para la educación dominicana, partiendo del cumplimiento de la Ley y la asignación del 4 % del PIB desde 2013, con la construcción de más de 42,500 aulas, incremento del salario docente y expansión en las coberturas de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como en lo que refiere a la revalorización de la educación técnica y tecnológica, en tanto en lo que respecta a los aprendizajes, estos mismos años se asemejan más a los siete de vacas flacas.

Subrayó que a dicha realidad, deben sumársele los efectos aún no cuantificados de las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19,  que no solo agudizarán los niveles de aprendizaje sino que también profundizarán las desigualdades sociales en la distribución de los mismos.

A juicio todas las mediciones disponibles, sean nacionales o internacionales, demuestran que durante el tiempo de vigencia del Pacto no se han procesado mejoras significativas.

En las pruebas diagnósticas que aplica el Ministerio de Educación (MINERD) para todos los estudiantes de los terceros grados de la educación primaria pública y privada se demostró que solamente el 12.2 % es capaz de leer con fluidez y comprender lo que lee, mismas pruebas que aplicadas ahora al conjunto de los estudiantes de los sextos grados de la educación que asisten a centros públicos o privados, arrojaron que tan solo el 4.1 % alcanza niveles satisfactorios en matemática (MINERD, 2018), apuntó.

A la vez de resaltar «y las pruebas PISA, que para 2018 ya debieron recoger efectos de la inversión extraordinaria y del enfoque de la educación dominicana según los preceptos del Pacto, no sólo no mejoró respecto a 2015, sino que incluso presentó algunas reducciones significativas en lengua y matemática, dejando al país una vez más en la retaguardia global de las naciones que se miden en esta prueba (OECD, 2015, 2018)».

Recordó que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa surgió como mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que si bien tuvo como principal propósito renovar el contrato social de la sociedad dominicana en torno a la educación, «se estructuró con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas , para superar los nudos y obstáculos que, a la fecha, han sido la causa principal de que los instrumentos legales, planes e iniciativas no hayan logrado plenamente sus objetivos»

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/educa-plantea-necesidad-relanzar-compromisos-pacto-educativo-8931075.html

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México legaliza cultivo, producción, consumo, distribución, industrialización y venta de marihuana

Activistas critican la nueva ley, al considerar que favorece a empresarios y no a los consumidores.

La Cámara de Diputados de México aprobó hoy con 316 votos a favor y 129 en contra la Ley Federal para la Regulación del Cannabis que regula el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana para consumo personal, es decir, lúdico o recreativo, lo que representa un cambio radical en las políticas de drogas a nivel mundial y da inicio a un mercado multimillonario que ya es disputado por grandes empresas.

Con esta decisión, México se convierte en el tercer país del mundo, después de Uruguay y Canadá, en regular por completo el mercado de la marihuana, aunque tiene un mayor impacto debido a que es uno de los principales países productores de la planta y a que padece una violencia endémica vinculada al narcotráfico, que ha dejado a millones de víctimas, publicó RT.

El debate, que duró más de cuatro horas y en el que también se reformaron la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, puso fin a un proceso que la Suprema Corte de Justicia comenzó en 2018, al fallar a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar cannabis con fines personales.

Desde entonces, las organizaciones de usuarios intensificaron la lucha por la legalización con marchas, plantones y protestas que incluyeron impugnaciones hasta el último minuto, ya que consideran que la nueva ley tiene un enfoque predominantemente comercial y no de derechos humanos, lo que era su premisa al exigir la regulación.

Su queja principal se centra en el mantenimiento de la criminalización de los consumidores, ya que la nueva normativa impone penas si se superan los topes establecidos para el autocultivo y la posesión de la planta.

Durante el debate, quienes apoyaron la iniciativa subrayaron que las políticas prohibicionistas impuestas por EE.UU., a través de la llamada «guerra contra las drogas», provocó mayores daños en México que el consumo y el tráfico de sustancias.

Por el contrario, las y los diputados que votaron en contra advirtieron que la legalización «atentará» contra la salud de las familias.

¿Qué dice la Ley?

A lo largo de 55 artículos, la nueva norma establece que, a partir de ahora, el cannabis y sus derivados están autorizados en México para adultos que los quieran consumir con fines personales; en uso compartido en asociaciones civiles (lo que en Uruguay llaman clubes cannábicos); así como para la comercialización y su producción industrial.

Los mayores de 18 años no podrán consumir frente a menores u otras personas que no manifiesten expresamente su consentimiento, mientras que la venta solo se podrá realizar en territorio nacional y en establecimientos autorizados. En ningún caso estará permitida la publicidad de la marihuana.

Las Asociaciones de consumidores deberán constituirse con un mínimo de dos y un máxima de 20 personas asociadas, todas mayores de edad, y podrán sembrar; cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y consumir. El tope de siembra es de cuatro plantas de cannabis psicoactivo por persona asociada al año. Y no se podrá pertenecer a más de una Asociación por persona.

Con respecto a la comercialización, los establecimientos interesados deberán tramitar una autorización y no podrán vender más de 28 gramos por día a la misma persona.

Por otra parte, las licencias con fines industriales serán de cinco tipos: para el cultivo (adquisición de semilla o plántula, siembra, cosecha y preparación), transformación (fabricación y producción), comercialización (distribución y venta al público), exportación o importación (incluye el ingreso a México de cannabis no psicoactivo o productos elaborados, pero cumpliendo normas y tratados internacionales para precisar destino u origen) e investigación.

Para supervisar todos los aspectos del nuevo mercado, se creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, y que coadyuvará en la determinación de las políticas públicas y ejes centrales del control sanitario del cannabis y sus derivados; otorgará, modificará, renovará, suspenderá o revocará licencias.

La penalización se mantiene, ya que se impondrá prisión de uno a tres años de prisión y de 200 a 400 días de multa, a quien comercie o suministre sin autorización hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo. Si la cifra es mayor, la pena será de cinco a 15 años.

Los activistas siempre han denunciado que a las fuerzas de Seguridad no les importan los topes supuestamente legales, porque siempre les «siembran» más sustancias para poder extorsionarlos.

La historia

Los campos mexicanos siempre han sido tierra fértil para el cultivo de marihuana, una planta que aquí y en otras partes del mundo se usó desde tiempos ancestrales con fines religiosos, médicos o sociales.

A principios del siglo pasado, la planta se utilizaba en el país sin ningún tipo de limitación, hasta que EE.UU. comenzó a presionar para que se aprobaran leyes que prohibieran el consumo de determinadas sustancias, en particular la marihuana, el opio, la cocaína y, durante un tiempo, el alcohol.

En el caso de México, esa ley se aprobó el 15 de marzo de 1920, cuando el gobierno publicó el decreto ‘Las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza’, que prohibió el cultivo, venta y consumo de cannabis. Con el paso del tiempo, las leyes se endurecieron y la planta quedó estigmatizada al vincularse de manera directa a la delincuencia. Los prejuicios siguen vigentes.

Un siglo más tarde, el país está sumido en una guerra contra el narcotráfico que exacerbó la violencia, sin afectar un negocio que obtiene jugosas ganancias gracias a la ilegalidad de las sustancias que trafica, entre ellas la marihuana, de la que México es uno de los principales países productores.

En ese contexto, arreciaron las campañas en favor de la legalización que, de a poco y con normas diferentes, comenzó a avanzar en Europa, EE.UU. y América Latina, con Uruguay como ejemplo, ya que fue el primer país en regular de manera integral la cadena de producción, venta y consumo de la planta. Luego vino Canadá.

A fines de 2016, el Congreso mexicano aprobó la legalización de la marihuana con fines medicinales, pero el empujón final lo dio dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia, al fallar a favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar cannabis con fines personales.

«El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar (…) ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta», afirmó el máximo órgano de justicia en una sentencia que sentó jurisprudencia. Es decir, la volvió obligatoria.

La Corte validó así el cultivo y el consumo, y determinó que el Poder Legislativo tenía de plazo el 31 de octubre de 2019 para reformar la Ley General de Salud que, en su capítulo sobre sustancias psicoactivas, todavía prohíbe todos los usos del cannabis. Pero la fecha no se cumplió, por lo que se estableció una prórroga que vencía el 30 de abril del 2020 y que se pospuso de nuevo al 30 de abril de 2021, debido a la pandemia.

Por ello, el Senado aprobó la reforma en noviembre pasado y la turnó para su discusión a la Cámara de Diputados, que este miércoles la convirtió en Ley.

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:237157/M%C3%A9xico-legaliza-cultivo,-producci%C3%B3n,-consumo,-distribuci%C3%B3n,-industrializaci%C3%B3n-y–venta-de-marihuana-

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Una ley de rectores y empresarios

Por: Hugo Aboites*

…Y contra el acceso y permanencia de los estudiantes. En la más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES, enero 2020, por fin se elimina la frase que en el artículo 6 degradaba el derecho a la educación. Decía: el Estado garantizará el derecho de toda persona a tener la posibilidad de recibir educación. Y con esto se ponía en peligro el derecho pleno a la educación, como lo advirtió la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando hizo un llamado para que (en la propuesta de LGES) se retome el espíritu y la letra del artículo tercero constitucional que garantiza el derecho humano a la educación. ( La Jornada, 6/2/20). En efecto, la Carta Magna señala sin ambigüedades ni posibilidades que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Con esta declaración, la nueva conducción de la CNDH rompió claramente con la anterior, la que durante un cuarto de siglo guardó silencio y resistió a las quejas contra los exámenes de selección que durante años le pedía que dijera algo. Guardó silencio y cuando habló fue para defender la interpretación neoliberal del derecho a la educación. Esta consiste en ofrecer a todos –pero previo pago de una cuota para el Ceneval– la oportunidad de presentarse a un examen de selección, donde tendrá la posibilidad de mostrar que es una/uno de los mejores. Incluso dio respuestas tan desafortunadas como cuando dijo a los quejosos que el ingreso (a una escuela) está sujeto a la capacidad intelectiva y a los méritos personales de los aspirantes (CNDH 1997, citada en Aboites, Hugo: La medida de una nación: 564). Cuando claramente la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Sin embargo, como se decía, la propuesta de posibilidad se desechó y ahora dice que el Estado garantizará el derecho de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente que acredite la terminación de estudios del tipo medio superior, el acceso a un programa de educación superior (artículo 6 LGES, enero 2020).

Pero no hay final feliz. Porque después de decir que el Estado garantizará el acceso a un programa de educación superior se añade: en los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura u otras opciones terminales previas a ésta. (artículo 6 enero 2020). ¿De verdad no hay aquí la intención –como en el examen único– de canalizar a las y los jóvenes que buscan licenciatura a carreras técnicas cortas, hoy en crisis por falta de aspirantes y desde las cuales ya no se podrá ingresar a estudios de licenciatura?

La nueva CNDH cuestiona, además, que en la propuesta original (2019) se incluyan elementos (que luego se mantienen en la versión 2020) que no están contemplados en el artículo tercero constitucional (fracción X) y que potencialmente son muy problemáticos. “Adicionalmente, –dice la propuesta– las instituciones de educación superior establecerán los requisitos de permanencia, tránsito y titulación, así como las medidas pertinentes para fomentar la inclusión, continuidad, egreso oportuno y excelencia educativa.” Este es el regreso pleno, llevado a ley general, del paquete neoliberal de educación superior. Las autoridades institucionales no sólo tendrán el respaldo legal para determinar requisitos, sino que, además, se les otorga el respaldo legal para reducir a los estudiantes el tiempo límite de titulación (que en la UNAM 1999 significaba el peligro de dejar sin título a 70 por ciento de los alumnos de los CCH y las prepas), asegurar que no dejen de estudiar ni un semestre (continuidad) y avanzar así a la excelencia y a su egreso oportuno. Es decir, la concepción de transformación neoliberal que hizo crisis en 1999 con una larguísima y tenaz huelga y el encarcelamiento de mil estudiantes. Con esta ley, ya no serán rectores en solitario que hagan los cambios, tendrán el respaldo del Congreso.

También los empresarios: en el artículo 47, I, VII ellos se convierten en legales participantes de instancias y procesos claves para el rumbo de toda la educación superior, e igual en los artículos y fracciones 42; 16, X; 13, XV; 45, V; 46, V, y 54. Como parte del Consejo Nacional de Participación y Vinculación, les corresponde, además, proponer estrategias y criterios para la educación superior (46,V), pero también como parte de las instancias colegiadas de participación y consulta (54) emitir propuestas y recomendaciones a la SEP acerca del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (como el que se creó con el INEE en el nivel básico con Peña Nieto) que tendrá mecanismos, instrumentos e instancias (¿el Ceneval?). En resumen, con esta Ley SEP-rectores-empresarios será difícil que los movimientos estudiantiles no achaquen a la 4T esta regresión neoliberal que los hiere. Y que la rechacen con una tenacidad e intensidad sólo comparable con la que hoy muestra el movimiento de las mujeres.

*UAM Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/02/15/opinion/016a2pol

Imagen: Free-Photos en Pixabay

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Trabajar menos y producir más: el incómodo ejemplo nórdico. Estudio comparativo

Redacción: Ciper Chile

Se dice que los países escandinavos se dieron “el lujo” de trabajar menos solo cuando se volvieron productivos. Usando nueva evidencia histórica, el autor argumenta que fue al revés: la reducción de horas la consiguieron los sindicatos, en contra de la voluntad de los empresarios y cuando estos países no eran lo productivos que son ahora. Por qué no se derrumbaron económicamente, se preguntará usted. Vea aquí.

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, los llamados países nórdicos, constituyen un referente cuando se habla de un Estado de bienestar robusto, con prestaciones universales y beneficios generosos para el conjunto de la población. También se los cita como ejemplo por ser las naciones más igualitarias del planeta, no sólo en términos socioeconómicos, sino también en relación a las inequidades de género. Son, además, de los que menos horas destinan al trabajo remunerado, con un promedio de 1.462 horas al año: un 16% menos que el promedio de la OECD, y un 25% menos que el promedio de Chile (que a su vez, es de los más altos de la OECD).

Fuente: OECD. Chile corresponde a la barra verde. Países nórdicos en rojo.

Es menos sabido, sin embargo, que también son un referente a la hora de hablar de productividad. Como muestra el gráfico 1, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega están entre los países más productivos del mundo. Un trabajador finlandés produce, en promedio, el doble del valor que un trabajador chileno en una hora de trabajo, mientras que un trabajador noruego produce más de tres veces el valor que su par chileno.

Esta relación entre un sistema que por un lado ofrece bienestar universalista, con pocas horas de trabajo, y que por otro, es una economía robusta y productiva, constituye un hecho incómodo para las teorías que plantean que la relación debería ser inversa: a mayor impuesto (para financiar políticas sociales), mayores costos laborales (en términos de seguros de desempleo, contribuciones a la seguridad social, etc.) y menores horas trabajadas, etc., menor debiera ser la productividad (e.g. Bergeoing y otros 2003; Kehoe y Prescott 2002).

Ese ha sido precisamente un argumento usado en el caso de la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas en Chile. Sin embargo, una rápida vista a los datos muestra un panorama distinto: en realidad los países más productivos tienden a ser los que menos trabajan (ver gráfico 2).

Fuente: OECD 1 y 2. Chile corresponde al punto verde; países nórdicos en rojo.

Una segunda explicación que se da a este fenómeno, es que la relación entre pocas horas trabajadas y mayor productividad provendría de los efectos de la productividad sobre la posibilidad de hacer mejoras sociales/laborales.

Dicho de otro modo, en la medida que los trabajadores se vuelven más productivos, los países pueden reducir la jornada, de manera que el resultado que se observa (menos horas trabajadas y más productividad) sólo puede alcanzarse una vez que se llega a determinados niveles de desarrollo económico.

Este argumento es similar al que se utiliza para oponerse a la universalización de las políticas sociales: se dice que Chile no está en condiciones de financiar tales mejoras dado su nivel de desarrollo.

En el ámbito coloquial este argumento tiende a complementarse con otra idea de carácter “culturalista”: empresarios y trabajadores nórdicos tendrían una cultura del trabajo que les permitiría darse estos “lujos”, mientras que con chilenos y chilenas que “sacan vuelta”, jamás podríamos llegar a ese nivel.

La explicación que pone a la cultura como fuente de las diferencias en el desarrollo de los países, ha sido sistemáticamente desmentida por el economista coreano Ha-Joon Chang, que recientemente visitó Chile. En su libro “Malos Samaritanos” cuenta, por ejemplo, que a fines del siglo XIX, los ingleses que viajaban por el mundo se quejaban de que alemanes y japoneses preferían el ocio al trabajo, y auguraban un futuro negro para estos países que carecían de la cultura laboral inglesa (Chang 2008, 182-202).

Un volumen recién publicado en la revista Journal of Scandinavian History nos permite responder mejor estas preguntas desde el punto de vista de la historia económica (Nevers y Paster 2019). Se trata del artículo Empresarios y el Estado de Bienestar Nórdico, 1890-1970 (Business and the Nordic Welfare States, 1890-1970), cuyo análisis es inequívoco: las conquistas laborales y sociales en Escandinavia se lograron gracias a las luchas de los trabajadores organizados (sindicatos) contra la voluntad del empresariado. En efecto, los empresarios escandinavos se opusieron a estas mejoras pues cuando comenzaron a ser demandadas (a fines del siglo XIX) estos países no eran lo productivos que son ahora. Los empresarios temían por los efectos que esto tendría en el alza de los costos laborales, y con ello, en la competitividad de sus empresas.

“El análisis histórico revela que fueron las prestaciones sociales y los beneficios laborales, los que antecedieron históricamente las mejoras en productividad y no al revés”.

En el caso de Dinamarca, el Estado de bienestar comenzó a construirse tras la Primera Guerra Mundial. Los empresarios, luego de oponerse férreamente durante décadas, se allanaron a ampliar las políticas sociales para contener la posibilidad de una revolución, pese a que creían que las empresas se verían perjudicadas.

Dada la fortaleza de los sindicatos y de sus aliados socialdemócratas en los gobiernos, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial los empresarios escandinavos fueron adoptando una actitud pragmática en relación a la política social y las mejoras laborales: si bien mantenían una orientación liberal, supieron apoyar ciertas demandas y conquistas sociales de manera de poder frenar la escalada de conflicto con los sindicatos, o bien, para oponerse a otras que consideraban más desfavorables.

Tan interesante como eso es que, en la medida que se incrementaron las conquistas sociales, los sindicatos fueron moderando sus demandas hasta transformarse también ellos en organizaciones pragmáticas que hoy en día privilegian el diálogo y la negociación por sobre la confrontación.

Dos ejemplos del caso de Suecia muestran esta dinámica. En el contexto del alzamiento generalizado de los trabajadores en la década del ‘70, los empresarios dieron su apoyo condicionado a ciertas medidas que hoy serían consideradas absolutamente transgresoras. En primer lugar, los sindicatos lograron una rebaja de las horas semanales de trabajo, desde las 45 horas que regían desde los años cincuenta, hasta 40 horas. Cabe destacar que en ese momento, la productividad en Suecia (US$27.26 por hora trabajada en 1970) no era muy distinta que la productividad actual en Chile (US$24.67 por hora trabajada en 2018) (ver referencia en gráfico 1). Luego, hacia fines de los años 1970s se planteó bajar la jornada a 30 horas. Los empresarios se opusieron; y el hecho de haber conseguido las conquistas anteriores hizo que los sindicatos desistieran de sus demandas (Sanne 1998).

Algo similar ocurrió cuando los empresarios apoyaron la introducción de la ley de “co-determinación” que permitió a los sindicatos aumentar su influencia en la organización y administración de las empresas, a cambio de bloquear las iniciativas de nacionalización de la economía que proponían los sindicatos y los socialdemócratas dirigidos por líderes como Olof Palme, que a la sazón moriría asesinado.

LA FORTALEZA DE PROTEGER AL TRABAJADOR

En la medida que se acumularon las conquistas laborales (como políticas sociales, pensiones, protección al empleo, rebajas de jornada laboral, etc.), el empresariado aprendió a utilizarlas no como carga, sino como fortaleza: ¿Qué haces si tienes una fuerza de trabajo que trabaja pocas horas y que no puedes despedir fácilmente? ¡La capacitas para que sea más productiva!

Para hacer eso, los empresarios utilizaron los programas de educación técnico-vocacional que habían nacido a fines del siglo XIX y también habían vivido una serie de desarrollos y modificaciones en paralelo a la construcción del Estado de bienestar. En efecto, ambos conjuntos de políticas (Estado de bienestar y educación técnico-vocacional) evolucionaron de forma paralela y con múltiples conexiones entre ellas (Trampusch 2010).

Los programas de educación técnico-vocacional en Escandinavia –y en Europa en general– provienen de la revolución industrial y de la transformación del pequeño artesanado que tenía antiguamente el monopolio de la formación en oficios.

En la medida que las grandes empresas industriales comenzaron a demandar fuerza de trabajo más calificada para competir en mercados internacionales, estas lucharon por obtener el permiso de formar a sus trabajadores según sus propios estándares. Y los sindicatos –que inicialmente se opusieron a ello– lo vieron cada vez más como una ventaja.

A diferencia de los gobiernos conservadores y demócratacristianos, los socialdemócratas lucharon por arrebatar la formación vocacional del control directo de los empresarios, de manera de establecer currículums nacionales y educación en la escuela y que no se enseñara únicamente lo que requería la empresa particular. Un elemento importante de estos programas de educación técnica fueron los programas de aprendices, esto es, alumnos que pasan una fracción considerable de su tiempo en prácticas profesionales remuneradas en la empresa.

Eventualmente, el dominio de gobiernos demócratacristianos (como en Dinamarca) o socialdemócratas (como en Suecia y Finlandia) implicó que en la operación del sistema se cargara más hacia el componente de capacitación en la empresa, manejado por las cámaras industriales en conjunto con los sindicatos, o hacia la educación técnica en la escuela y manejado por el Estado, aunque con importante participación empresarial y sindical (Busemeyer 2015; Martin 2017).

“La existencia en paralelo de altos costos laborales y de sistemas de formación técnica de calidad, permitieron a los empresarios cambiar la lógica enfocada en la reducción de costos y por otra enfocada en el mejoramiento de la calidad y la exportación de productos con alto valor agregado”.

Cabe destacar que tanto la expansión de la educación técnica, como el involucramiento de los sindicatos –en conjunto con los empresarios– en su administración, también está relacionada a la intención del empresariado de morigerar la belicosidad de los sindicatos por medio de aprobar mejoras laborales y políticas sociales (Martin 2017, 47).

Hoy en día, el porcentaje de alumnos en educación técnico-vocacional (considerando la educación media superior) es de 36.6% en Suecia, 40.6% en Dinamarca, 51% en Noruega y hasta el 70% en Finlandia (para Noruega, Jørgensen, Olsen y Thunqvist)[1].

A diferencia de Chile, donde la proporción de matrícula destinada a educación técnico-vocacional también es alta, en Escandinavia las empresas participan activamente no sólo en la definición de los currículums y trayectorias educativas, sino también, como se mencionó, en otorgar puestos de trabajo remunerados para las prácticas profesionales de los estudiantes: entre un 15% y un 20% de todas las empresas participan en estos programas de aprendices en Finlandia, Noruega y Suecia, mientras que en Dinamarca dicho porcentaje se eleva al 40%. Más aún, sobre el 80% de las empresas en estos países da entrenamiento y capacitación continua a sus trabajadores. En Noruega, el porcentaje se eleva al 99%.

En otras palabras, a pesar de oponerse inicialmente a las mejoras sociales/laborales, los empresarios escandinavos aprendieron eventualmente a utilizar lo que era visto como una carga en una verdadera oportunidad. El hecho de poder contar con trabajadores estables en sus puestos de trabajo y que recibían una educación técnica de alta calidad y cercana a las necesidades de la empresa, les permitió plantearse la posibilidad de competir en los mercados internacionales no por precio –pues los costos laborales eran muy altos– sino por calidad (para la formulación original de esta relación, véase Streeck 1989; también Estevez-Abe, Iversen y Soskice 2001).

Hoy los países escandinavos producen y exportan bienes altamente especializados y con un alto contenido tecnológico y de conocimiento a pesar –o probablemente gracias– a sus políticas sociales y laborales. Sobre el 40% de las exportaciones suecas y danesas corresponden a productos de alta tecnología (maquinaria especializada, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos motorizados, productos farmacéuticos). El caso de Dinamarca es particularmente interesante, dado que hasta bien avanzado el siglo veinte, su principal exportación eran productos agrícolas. Hoy, el sector exportador dominante es la industria química (particularmente farmacéuticos, con un 15,9%), seguido de maquinaria industrial (11,9%) y equipos electrónicos (7,2%). En Chile, la cifra de exportación de productos de alta tecnología en su conjunto no llega al 5% del total (ver gráficos abajo).

En síntesis, los datos disponibles muestran que existe una estrecha relación entre menores horas trabajadas y mayor productividad. En el caso de los países nórdicos, que conjugan los niveles más altos de productividad a nivel mundial, con el menor número de horas trabajadas –además de prestaciones sociales universales y generosas, y los menores niveles de desigualdad en el mundo–, el análisis histórico revela que fueron las prestaciones sociales y los beneficios laborales, los que antecedieron históricamente las mejoras en productividad y no al revés.

¿Cómo se logró que trabajando menos, se produjera más? Basándonos en la literatura existente, argumentamos que la existencia en paralelo de altos costos laborales y de sistemas de formación técnica de calidad, permitieron a los empresarios cambiar la lógica enfocada en la reducción de costos y en la exportación de materias con bajo contenido tecnológico, a otra enfocada en el mejoramiento de la calidad y la exportación de productos con alto valor agregado.

Exportaciones de Dinamarca, 2017

Fuente: Atlas of Economic Complexity, http://atlas.cid.harvard.edu

Exportaciones de Chile, 2017

Fuente: Atlas of Economic Complexity, http://atlas.cid.harvard.edu

REFERENCIAS

[1] Los datos citados en este párrafo, se pueden encontrar acá.

Bergoeing, Raphael, Felipe Morandé Facundo Piguillem (2003). “Labor market distortions, employment and growth: the recent chilean experience“. Banco Central de Chile, Documentos de Trabajo N° 251.

Busemeyer, M.R. (2015). Skills and Inequality: Partisan Politics and the Political Economy of Education Reforms in Western Welfare States. New York: Cambridge University Press

Chang, Ha-Joon. (2008). Bad Samaritans. the myth of free trade and the secret history of capitalism. New York: Bloomsbury Press.

Estevez-Abe, M., Iversen, T., y Soskice, D. (2001). Social Protection and the formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State. In P.A. Hall y D. Soskice (Eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York: Oxford University Press

Jørgensen, C. H. , O. J. Olsen and D. P. Thunqvist. (2018). Vocational Education in the Nordic Countries. Learning from Diversity. London and New York, Routledge.

Kehoe, T. and E. Prescott. 2002. “Great Depressions of the Twentieth Century.” Review of Economic Dynamics 5(1): 1–18.

Martin, Cathie Jo (2017). ‘Skill Builders and the Evolution of National Vocational Training Systems‘ In Chris Warhust, Ken Mayhew, David Finegold and John Buchanan (eds.), The Oxford Handbook of Skills and Training (Oxford: Oxford University Press), pp. 36-53.

Nevers, J., & Paster, T. (2019). Business and the Nordic Welfare States, 1890-1970: Introduction to the Special Issue. Scandinavian Journal of History, 1–17.

Trampusch, C. (2010). Co-evolution of skills and welfare in coordinated market economies? A comparative historical analysis of Denmark, the Netherlands and Switzerland. European Journal of Industrial Relations, 16(3), 197–220.

Sanne, C. (1998). The working hours issue in Sweden. Transfer: European Review of Labour and Research, 4(4), 715–728.

Streeck. Wolfgang (1989). Skills and the Limits of Neo-Liberalism: The Enterprise of the Future as a Place of Learning. Work, Employment & Society, 3(1), 89-104.

 

Fuente: https://ciperchile.cl/2019/09/09/trabajar-menos-y-producir-mas-el-incomodo-ejemplo-nordico/

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INEE: empresarios y (anti)democracia

Por: Mauro Joaquín Ramírez

Luces de alerta se perciben en el mundo de los empresarios mexicanos interesados en dirigir la educación pública nacional. Tal urgencia deriva de la incertidumbre sobre el porvenir del sistema educativo, provocada por la llegada de un nuevo gobierno cuyo discurso educativo ha oscilado entre la abrogación, la derogación y el posible acto de revertir la totalidad de la reforma educativa, propuestas todas en las cuales el futuro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Inee) se presenta también como incierto.

Ante tal escenario, la respuesta no se ha hecho esperar por parte de los voceros el empresariado, para quienes los posibles cambios estructurales o la desaparición del Inee resulta prácticamente impensable. Tal reacción no es fortuita; en el largo camino que el empresariado ha recorrido para transformar la educación mexicana hacia un esquema de organización gerencial que tenga como producto cierta noción reduccionista de calidad educativa, los dueños del dinero han hecho del instituto una auténtica plataforma de operaciones, y para ello, han tenido que colonizarlo orgánica e ideológicamente. Gracias a sus estrechas relaciones con el poder político, sus intentos han sido sumamente exitosos y es por ello que perder su influencia en el Inee sería un revés inconcebible.

Tal preocupación puede verse claramente en un reciente artículo de David Calderón –director ejecutivo de Mexicanos Primero– publicado en Educación Futura y titulado: El Inee en la democracia. En dicho texto, Calderón expone la condición fundamental y necesaria de la división de poderes en una democracia, división de poderes que, según el autor, es garantizada en el campo educativo nacional por el instituto. El vocero empresarial concluye su artículo diciendo: “Podemos y debemos exigirle mejores frutos al Inee; pero romper el instrumento que nos permite monitorear el avance de un derecho fundamental sería un retroceso, para la educación y para la democracia”. La postura de Calderón nos brinda la oportunidad de discutir un poco más a fondo la naturaleza y desempeño del instituto, así como la relación que ha mantenido con los empresarios y su contribución a la democracia nacional. Veamos.

Desde hace poco más de dos décadas nuestro país ha sido testigo de la creación de órganos autónomos reconocidos constitucionalmente, los cuales se desarrollaron con el objetivo formal de abrir espacios a la participación ciudadana en los procesos de gobierno, por fuera de la esfera partidista.

Sin embargo, es necesario mencionar que, a pesar de la apertura a la participación ciudadana, la existencia de dichos órganos no expresa necesariamente una representación democrática, debido a que los procesos de designación y elección de quienes los integran no son democráticos. Derivado de ello, es posible que no pocas decisiones y políticas impulsadas por tales instituciones se muestren contrarias al interés de las mayorías. Lo anterior puede explicar la actual impopularidad del Inee en el seno del magisterio. Sus políticas han respondido a ciertos lineamientos presentados como técnicos y neutrales sobre lo que debe ser la educación pública, aun cuando estos criterios se han mostrado favorables a las propuestas empresariales mientras entran en conflicto con las necesidades e intereses de la mayor parte de la sociedad y de las comunidades educativas. Contrariamente a lo que opina Calderón, el Inne no ha fomentado la democracia en el campo educativo nacional. En distintas dimensiones, se ha mostrado como un actor abiertamente antidemocrático.

Un criterio para hacer explícito el sentido antidemocrático –e incluso antipluralista–que ha mantenido el instituto en los años anteriores los análisis de los integrantes de su Junta de Gobierno, generalmente muy cercanos al mundo empresarial. Teresa Bracho, actual consejera presidenta del instituto, ha formado parte del Consejo Editorial de la organización Empresarios por la Educación Básica (ExEB), espacio que ha compartido con Margarita Zorrila, ahora ex consejera. En ese tenor podemos nombrar también a Sylvia Schmelkes, ex consejera presidenta y a Gilberto Guevara Niebla, ex consejero, quienes han formado parte del Consejo Académico de Mexicanos Primero. Pero también es necesario mencionar a los últimos consejeros nombrados, Patricia Vázquez Mercado, ex asesora académica de Suma por la educación y Bernardo Naranjo, quien ha sido director general de Proyecto Educativo S.C., organización estrechamente vinculada con ExEB y Mexicanos Primero, y que promueve la beca Claudio X. González para estudiar posgrados en educación en Stanford. Es necesario mencionar también la ocupación significativa que organismos empresariales han logrado al interior de los espacios de representación ciudadana del Inee. Armonizado con el régimen político mexicano, el instituto parece ser una clara expresión de compadrazgo y patrimonialismo político.

Bonita idea de democracia tienen los voceros empresariales. Acaparemos todo, dictemos todo, mandemos en todo. Total, como ha repetido tantas veces Claudio X. González: la escuela pública no es del gobierno, es de nosotros.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/opinion/034a1soc?partner=rss

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Chile: Abogado constitucionalista ante fallo del TC: “Los consumidores quedan protegidos. El Sernac satisface el estándar OCDE”

Chile / www.ellibrero.cl / 24 de Enero de 2018

Gastón Gómez asegura que la sentencia «restablece el equilibrio entre todas las partes y le deja al Sernac una enorme cantidad de potestades, como fiscalización, control, representación, pero le restringe facultades excesivas en que era juez y parte, y lo convertía, además, en un órgano persecutor».

La nueva ley del Sernac era uno de los emblemáticos proyectos que impulsó la Presidenta Michelle Bachelet durante sus cuatro años de mandato, pero la norma recibió un severo “correctivo” del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales 31 normas de dicha ley.

“Sin duda que estas son buenas noticias para los consumidores”, señaló la Presidenta en junio de 2014 cuando firmó el proyecto de ley, pero el TC resolvió que la legislación aprobada en el Congreso le entregaban facultades excesivas que convertían al Sernac en “juez y parte”, y le eliminó una serie de facultades normativas y sancionatorias que contenía la iniciativa, justamente a lo que se apuntaba medularmente con el proyecto.

Del total de normas controladas por el TC, 31 fueron declaradas inconstitucionales. De ellas, 16 solo sufrieron una declaración parcial, por lo que no podrán convertirse en ley.

Abogado Gastón Gómez: “El Sernac ha quedado con una cantidad importante de atribuciones que lo convierte en un organismo que satisface el estándar OCDE”

El fallo del TC es analizado para “El Líbero” por el abogado constitucionalista Gastón Gómez, quien redactó el téngase presente de la Cámara de Comercio ante el tribunal.

Gómez tiene una extensa y destacada carrera como abogado, que incluye  ser profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales, en la que fue director del Departamento de Derecho Público durante 15 años, y profesor de la Academia Judicial, organismo encargado de la formación de los jueces.

– ¿Cuál es la relevancia de este fallo?

-Tiene una enorme relevancia, porque sitúa correctamente los derechos de las personas, el Sernac como organismo llamado a fiscalizar y controlar el comercio, y el Estado. El fallo delinea qué esferas les corresponden a los organismos públicos y cuales a la sociedad, y restringió un organismo público que tenía en la ley una enorme cantidad de facultades. Le atribuía la facultad de fiscalizar, sancionar, interpretar la ley, dictar normas de carácter general, conciliar etc, facultades que están repartidas en otros organismos públicos. El TC dijo que hay aspectos de la jurisdicción y otras de la administración.

– ¿El fallo logró un buen equilibrio entre todos los actores involucrados, consumidores, Sernac, empresas y el Estado?

-Esta es una sentencia que restablece el equilibrio entre todas las partes y le deja al Sernac una enorme cantidad de potestades, como fiscalización, control, representación, pero le restringe facultades excesivas en que el Sernac era juez y parte, y lo convertía, además, en un órgano persecutor.

– ¿Por qué la ley original convertía al Sernac en juez y parte?

-Porque le atribuía al Sernac investigar, fiscalizar y dictar sanciones en contra de las empresas y, a la vez, lo facultaba para actuar ante los tribunales. El TC consideró que eran atribuciones propias de los jueces, y eso es lo que restringió.

– ¿Pero los consumidores quedan protegidos con el fallo del TC?

-Por cierto. Los consumidores quedan protegidos. El Sernac ha quedado con una cantidad importante de atribuciones que lo convierten en un organismo que satisface el estándar OCDE, pero no de un organismo con enormes poderes.

– ¿El TC le sacó los dientes al Sernac, como dicen los críticos del fallo?

-Son caricaturas. No se trata de dientes o no dientes. Lo importante es que las políticas públicas se sujeten a la ley y la Constitución, y este proyecto no se sujetaba a la Constitución y se restableció el equilibrio que se había perdido.

Fuente: http://ellibero.cl/actualidad/abogado-constitucionalista-ante-fallo-del-tc-los-consumidores-quedan-protegidos-el-sernac-satisface-el-estandar-ocde/

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Costa Rica: Educación dual llegará a turismo y tecnología

26 Noviembre 2017/Fuente: /Autor: Karla Barquero

La educación dual seguirá tomando fuerza en 2018; turismo y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se unirán al plan piloto que desarrolla el Ministerio de Educación Pública (MEP) con el sector automotor.

En el caso de las TIC, no solo servirá para combatir la escasez de personal en este sector, sino que ayudará a instar a los estudiantes a que opten por este tipo de carreras, que son las más cotizadas por los empleadores, una vez concluidos sus estudios.

El plan contribuirá para que se vayan familiarizando y sea la “carta de presentación” para que el estudiante elija profesión y continúe su especialización en la universidad.

A pesar de que cada vez más universitarios se inclinan por las ingenierías y las áreas relacionadas con tecnología, se estima que la escasez de profesionales no se resolverá hasta 2020.

Por cada graduado existen cuatro plazas disponibles para ingenieros en sistemas y desarrolladores web.

“La formación dual permitirá a los jóvenes contar con una oferta más cercana a puestos de trabajo que requieren una rigurosidad técnica y profesional. Se debe buscar que esta formación sea dada con parámetros de calidad, de tal manera que esa inserción al mundo laboral permita una transición exitosa que se ajuste a las necesidades de las diferentes áreas de trabajo, especialmente en las áreas de tecnologías digitales”, afirmó Otto Rivera, director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación (Camtic).

Mientras que en el ámbito de turismo, se eligió por la anuencia e interés de los empresarios.

“Varios hoteles tienen años de implementar la educación dual y se abrirán más proyectos. El turismo es el sector productivo con mayor experiencia en este momento; sin embargo, con los estudiantes del MEP aún se analiza el tema de las responsabilidades patronales”, enfatizó María Isabel Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Hoteles como Dream Las Mareas, en Santa Cruz Guanacaste, Westin Reserva Conchal y el Marriott en Belén tienen convenios con Universidad Fundepos, la Técnica Nacional y con el Instituto Nacional de Aprendizaje para aplicar la modalidad.

Por lo que se podría reproducir esa experiencia con otras cadenas hoteleras.

La educación dual es un “ganar-ganar” tanto para los empresarios como para los estudiantes.

En el caso de los alumnos, se enlaza la formación técnica con la preparación académica, con el fin de permitirles seguir avanzando hacia niveles superiores de la educación y aspirar a mejores puestos de trabajo y formas de innovación.

Al mismo tiempo, la formación en la empresa les permite desarrollar habilidades y competencias que elevan sus posibilidades de empleabilidad (les da experiencia y los hace más “atractivos” para las reclutadoras).

El MEP inició este año el plan piloto en el sector automotor y tuvo unos 121 estudiantes inscritos.

Esta modalidad ayudará a que esos alumnos culminen sus estudios no solo con el título de bachillerato, sino con un técnico medio en la especialidad automotriz.

El proyecto ha generado dudas, principalmente de sindicatos que consideran que se está impulsando la creación de mano de obra barata y que incidiría en la deserción estudiantil; sin embargo, el MEP aclaró que durante estas pasantías y prácticas, los alumnos no son trabajadores y no hay posibilidad de contratarlos durante el proceso.

Pero, ¿qué se gana con esta modalidad de formación?

Las reclutadoras han externado que los grados técnicos serán los más apetecidos por los empresarios e incluso, el Foro Económico Mundial estima que de cada diez empleos en los próximos años, ocho serán para trabajadores con capacidades técnicas.

Es decir, mitigará el desempleo y en una de las poblaciones con más problemas: los jóvenes.

Por otra parte, el personal técnico es escaso en el país y por ello la Unión de Cámaras demanda formación de profesionales principalmente en tecnologías de información, inglés y operarios técnicos.


EL PLAN PILOTO


Este año arrancó el plan piloto de educación dual en el sector automotor en cuatro colegios técnicos que imparten esa especialidad. Para que un estudiante consiga el título de técnico medio en formación automotriz deberá iniciar un proceso desde décimo año.

ACTORES

Centros educativos: Colegio Vocacional de Artes y Oficios (de Cartago), CTP Monseñor Sanabria (Desamparados), CTP Carlos Manuel Vicente (Golfito), CTP Jesús Ocaña (Alajuela)

Empresas: Asociación de Gerentes de Servicio Automotriz, Red Eurotalleres (20 talleres en el país), Asociación Nacional del Sector Empresarial Automotriz (con unos cinco talleres), Asociación del Sector Mecánico, Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Cámara de Industrias de Costa Rica y Cámara de Comercio e Industria Costa Rica-Alemania

FUNCIONA

Décimo 90% centro educativo y 10% en empresas (aprenden sobre organización)
Undécimo 80% clases y 20% en empresas (hacen pasantías)
Duodécimo 70% clases y 30% en empresas (prácticas)
Horario Extracurricular
Viáticos Alumno recibe fondos para pasajes de autobús y dos comidas
Seguro Póliza estudiantil
Duración del proyecto 60 meses

Fuente: MEP


MINA DE ORO


En el caso de las TIC, este sector necesita absorber entre 8 mil y 12 mil profesionales. Los estudiantes que se inclinen por este tipo de carreras, se beneficiarían al tener un grado técnico.

BUENA REMUNERACIÓN

Fuente: Camtic y Deloitte


EMPLEADORES ANUENTES


Al consultar a unos 400 empresarios la mayoría abriría en sus compañías programas de formación dual.

DATOS DE EMPLEADORES

Fuente de la noticia: https://www.larepublica.net/noticia/educacion-dual-llegara-a-turismo-y-tecnologia

Fuente de la imagen: https://www.larepublica.net/images/2017/11/23/201711231757320.620.j

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