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Colombia: La presencialidad excluye a los estudiantes con discapacidad

América del Sur/Colombia/30-07-2021/Autor(a) y Fuente: www.fecode.edu.co

“Nos sentimos en el limbo” y “excluidos” son algunas de las frases que enmarcan el retorno a las aulas de los estudiantes con discapacidades, ya que el Ministerio de Educación no ha definido los protocolos y adecuado los espacios para que esta población esté en igualdad de condiciones en la presencialidad educativa.

Aunque el Ministerio de Educación ha sido enfático en el retorno a las aulas, la falta de planificación para su implementación ha sido evidente, al punto que ha dejado excluidos de la directiva 05 a los estudiantes con discapacidades, pues esta población hasta ahora no sabe cómo se llevarán a cabo sus actividades académicas, debido a que el estado todavía no ha definido ni garantizado los protocolos de bioseguridad para los docentes y estudiantes con discapacidades auditivas y cognitivas.

Fredy Salas, docente de la IED Villas de San Pablo, Barranquilla, Atlántico: “el gobierno nacional no ha expedido ningún tipo de información o normativa relacionando a esos docentes que tenemos estas dificultades; en este sentido, yo me pregunto cómo vamos hacer, porque si me toca usar un tapabocas como voy a presentarme ante unos niños o unos colegas si en estos momentos no les puedo exigir que se quiten este elemento de bioseguridad, entonces me siento excluido porque no tengo ese apoyo”.

Precisamente, los padres de familia de estudiantes con discapacidades auditivas ven con asombro como nuevamente no han sido tomados en cuenta por el ministerio de educación, y aseguran que si ni desde la virtualidad a sus hijos les han garantizado la educación en lo que respecta a la conectividad, ahora que se exige la presencialidad tampoco los incluyen y mucho menos prevén los elementos adecuados de bioseguridad que ellos necesitan, como mascaras transparentes que les permita complementar su lenguaje de señas y observar la gesticulación de los labios para poder comunicarse.

Alba Barrera, madre de estudiante con discapacidad: “yo, la verdad, no he escuchado absolutamente nada de que el gobierno haya invertido en unas caretas especiales para esta población porque, obviamente, el tapabocas no funciona pues se necesita ver la gesticulación y que se entienda la seña cuando se hace, tampoco en la manera cómo va a ir el intérprete o el modelo lingüístico, cómo se va hacer para su dotación y qué elementos o en qué cantidad va llegar a cada colegio”.

Frente a esto, docentes y padres de familia hacen un llamado al gobierno para que esta población con discapacidades y necesidades especiales sea incluida en la política educativa en todos los aspectos, ya que muchos no están matriculados en un colegio cercano, lo que dificultad su traslado y pone en riesgo a los menores, las plataformas virtuales que ha incorporado el Ministerio para el aprendizaje no tienen en cuenta sus discapacidades y ahora con la presencialidad olvidan que esta comunidad necesita elementos y adecuaciones especiales; por ello, el retorno a las aulas debería contemplar condiciones idóneas para su comunicación y aprendizaje pues estos estudiantes son aún más vulnerables a los contagios de cualquier enfermedad.

Fuente e Imagen: https://www.fecode.edu.co/index.php/la-presencialidad-excluye-a-los-estudiantes-con-discapacidad.html

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Estados Unidos: Un tribunal permite a una escuela estadounidense aplicar electrochoques a menores con discapacidad

Los padres, que aprueban la controversial práctica, aseguran que seguirán luchando por tener acceso a un tratamiento que salva las vidas de sus seres queridos, aunque admiten que se trata de un último recurso.

El Judge Rotenberg Educational Center, escuela ubicada en Massachusetts (EE.UU.), recibió este 6 de julio el visto bueno de un Tribunal Federal de Apelaciones para aplicar sesiones de electroshock a niños con discapacidad, informa Reuters.

La institución, un centro educativo para menores con problemas de aprendizaje, venía desde hace tiempo utilizando dicha práctica, que fue prohibida en marzo pasado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Ahora, luego de presentar una apelación apoyada por los padres y tutores de los niños, el instituto logró derogar la medida.

Al revisar el caso, el Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que la aplicación de descargas eléctricas entra en la categoría de las normativas médicas, por lo que está fuera del ámbito de actuación de la FDA.

«Con este tratamiento, los residentes pueden continuar participando en experiencias enriquecedoras, disfrutar de las visitas de sus familiares y, sobre todo, vivir seguros y libres de comportamientos agresivos y autolesivos«, afirmó el centro educativo Judge Rotenberg.

Los padres, que aprueban esas polémicas prácticas, aseguran que seguirán luchando por tener acceso al tratamiento que, dicen, salva las vidas de sus seres queridos, aunque admiten que se trata de un último recurso.

Previamente, la escuela fue objeto de fuertes críticas formuladas por defensores de los derechos de personas con discapacidad, que califican el tratamiento como «tortura».

«Tortura real son las cosas a las que estos niños estarían sujetos de no contar con este programa», aseguró el fundador del centro, Matthew Israel.

Actualmente, el Judge Rotenberg tiene alrededor de 300 alumnos, de los cuales 55 reciben electrochoques con autorización médica.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/397307-levantar-prohibicion-electrocutar-estudiantes
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Entrevista a Mari Luz Sanz: “La nueva ley educativa no va a cambiar nada para el alumnado con discapacidad”

Entrevista/24 septiembre 2020/Autor: Daniel Sánchez Caballero/eldiariolaeducacion.com

  • Mari Luz Sanz es presidenta del CEMIN y su responsable de educación. Hablamos con ella de estos últimos meses de pandemia y de cómo el alumnado con discapacidad ha vivido el confinamiento y la vuelta al cole. Defiende la necesidad de hacer una evaluación de lo ocurrido durante el confinamiento. Y, como no podía ser de otra manera, repasa lo ocurrido hace unos días con el nuevo dictamen de la ONU y el texto de la nueva ley de educación, que ha comenzado ya el trámite después de 16 prórrogas.

Si el confinamiento y la suspensión de las clases presenciales fue un duro golpe para todo el alumnado, los estudiantes con discapacidad lo sufrieron doblemente: la inmensa mayoría perdió sus terapias y muchos padecieron severos problemas de conectividad o accesibilidad con las plataformas escogidas para la enseñanza a distancia, cuenta Mari Luz Sanz, presidenta del CERMIN (la rama navarra del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y su responsable para cuestiones educativas.

“Fueron los grandes olvidados”, denuncia Sanz, que exige que, llegado el caso, no se repita la situación. Esta experta lamenta también que el Estado no cumpla con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que España ratificó en 2008, y sostiene que la nueva ley educativa, que comienza estos días su trámite en el Congreso, no va a cambiar nada para los alumnos con discapacidad. “Tiene que haber una implicación de las administraciones y de toda la comunidad educativa” para que este cambio llegue, opina.

Empezamos por lo más reciente: puede ser complicado hablar de todo el Estado como si fuera uno por aquello de las competencias autonómicas y las diferentes realidades, pero, ¿cómo está yendo la vuelta al curso para las personas con discapacidad?

Aunque no es lo mismo en todo el Estado, sí hay cosas comunes. Todo el mundo tiene las mismas inquietudes. La principal demanda del CERMI a las administraciones educativas es que durante los tres meses de confinamiento los alumnos con discapacidad han sido los grandes olvidados, porque no se les han realizado las terapias específicas o las plataformas no eran accesibles. También pasaron los tres meses de verano, en los que algunos colectivos pedían que se implementasen las terapias igualmente. Así que venimos de seis meses sin interacción con el colegio. Pedimos que esto no se repita, desde luego. Si hay otro confinamiento hay que tener en cuenta las necesidades del colectivo y darles respuesta. Siempre que las familias lo pidan es necesario que el alumnado con discapacidad esté en las sesiones presenciales, incluso en escenarios de semi confinamiento.

Respecto al inicio propiamente dicho, hemos empezado el colegio con normalidad como el resto, tanto en los colegios ordinarios como de educación especial. Por ahora no tenemos noticias de que haya ningún caso ni brote que afecte a nuestro alumnado. En ordinaria confinarán clases y se tendrán que ir como todo el mundo, pero en principio no hay una mayor incidencia. Ahora estamos como todos, a verlas venir, porque ya depende de cómo evolucione esta pandemia.

¿Ha habido refuerzos de profesorado especialista, tanto en la escuela ordinaria como en la especial?

Estamos todavía sin noticias. En todas las comunidades hay demandas de profesores y los sindicatos dicen que no están llegando todas las contrataciones. Este mes de septiembre es el de impass, no todas las comunidades han empezado a la vez, pero creo que se están implementando. Pero si se van a desdoblar clases y hacer las actividades de otra manera se necesitará más profesorado de apoyo y especialistas para las intervenciones de determinadas necesidades. No renunciamos a los tratamientos específicos. Si se necesitan AL (especialistas en Audición y Lenguaje), PT (Pedagogía Terapéutica) o intérpretes de lengua de signos no vamos a pasar porque no estén, ya hemos pasado tres meses. Lo ideal habría sido que a principio de curso se hiciera una fotografía de cómo vuelve este alumnado, cómo ha influido la pandemia y la falta de atención este tiempo por si es necesario implementar más medidas. No sé si las comunidades lo harán, pero deberían pensar en hacerlo. Podemos encontrarnos con un retraso estos meses de cosas adquiridas que habría que recuperar.

Alguna familia nos ha comentado que se ha tirado de estos especialistas en educación especial para suplir la falta de profesores. ¿Tenéis noticias al respecto?

He oído algo, pero hay que comprobarlo. Como el proceso ha ido al ralentí no tenemos toda la fotografía entera. Cuando reporten los CERMI autonómicos qué hacen sus comunidades, veremos. Es un momento complicado esta vuelta al colegio, con las normativas y protocolos. Hay que dejar que se asiente la situación para hacer la valoración y las demandas. Pero sí es un peligro que se utilice a los profesores especialistas para rellenar huecos de otro profesorado que no ha llegado. Hablamos de la brecha digital, pero también tiene que haber medios accesibles para nuestro alumnado. Si utilizas nuestra aplicación o un programa que no leen los lectores para ciegos, andaremos mal. Hay que implementar más cosas que solo tecnología.

¿No se ha tenido en cuenta al alumnado con discapacidad a la hora de elegir determinadas aplicaciones para la enseñanza a distancia, por ejemplo?

No se ha tenido en cuenta a determinado alumnado. Algunos programas no eran accesibles para los lectores del alumnado con discapacidad visual. Los que tienen dificultad auditiva encontraban algunas plataformas con problemas para comunicarse, sin acceso al subtitulado… Estas cosas dificultan la participación. También sucede que este alumnado se pierde en los grupos grandes o si se iba muy rápido. Se les ha dejado fuera a veces. Ha habido circunstancias en las que le alumnado no estaba en igualdad de condiciones. Si el sonido es malo, se congela la imagen… mal. Si es complicado para el alumnado sin problemas… A veces las herramientas que proporcionan los departamentos no son las óptimas. Pero entendemos que no estábamos para esto [en referencia a la pandemia] y nos sorprendió a todos, fue complicado. Ahora, al menos, ya tenemos la experiencia de tres meses haciendo escuela online, por lo que ya hemos visto los fallos y tenemos que ver las respuestas más adecuadas.

Muchos alumnos han pasado casi seis meses sin sus apoyos educativos. ¿Cómo ha ido eso?

No solo han sido las terapias del colegio, también en entidades, que no se han podido realizar, aunque se ha intentado de manera telemática. Pero si yo puedo dar una clase de logopedia a través de Zoom [una aplicación para hacer videoconferencias], el del colegio también puede, así de claro. Algunas discapacidades estarán más afectadas que otras. Las intelectuales, autismos, necesitan rutinas que se interrumpieron de un día para otro, no entendían nada, lo que lleva a conductas disruptivas, trastornos en la conducta… Todo se hace más difícil de manejar. Probablemente hayan perdido parte de lo que llevaran tiempo construyendo. Los que reciben fisioterapia, daños infantiles cerebrales, etc. –que reciben también intervenciones fuera del colegio– están viendo bastante mermada su capacidad física. Seis meses sin terapia son muchos meses. Cuando esto pase y veamos cómo ha influido se podrá hacer esa valoración. Por eso para nosotros sería importante que se hiciera una valoración desde los colegios. Ellos sabían cómo estaba el alumno cuando se cerró y cómo vuelve ahora. No es una revisión de su informe, sino una valoración de cómo estaba y cómo está para ver qué hemos perdido y dónde podemos poner el objetivo, porque muchos no podrán seguir donde lo dejaron, tendrán que volver para atrás. Esta valoración nos puede decir qué necesidades pueden tener, igual necesitamos meter alguna sesión más o recuperar alguna medida abandonada… Esta va a ser la realidad, sobre todo, con los niños con más dificultades y peor situación física y psicológica. Algunos habrán perdido más que otros y algunas pérdidas serán irrecuperables.

¿Cómo cuadran la normativa sanitaria y los protocolos en las escuelas con las personas con discapacidad? ¿Se ha tenido en cuenta al alumnado con discapacidad?

Son protocolos muy generales, luego cada colegios ha hecho el suyo. Creo que sí se han tenido en cuenta y los que los han hecho muy a medida son los centros de educación especial, que también tienen unos alumnos con unas necesidades más especiales.

¿Cuál es la postura del Cermi respecto a los centros de educación especial?

Ninguna. La educación tiene que ser inclusiva, así lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace unos días salió el dictamen de la ONU de España, bastante demoledor en este sentido. No se cumple con la educación inclusiva. Cada familia es libre de llevar al colegio que le parezca, como el resto de las familias, pero nosotros apostamos por la Convención, y el artículo es específico de la educación inclusiva y hacia eso tenemos que ir, hacia una educación inclusiva y de calidad. No decimos que ordinarios sí y especiales no. Pero sí creemos que la diversidad es buena en la escuela, que interactuar con las personas con discapacidad en la escuela hace que se facilite la inclusión. La sociedad es diversa y como tal debe estar en todos los ámbitos de la vida, y por tanto también en la educación. No tenemos que tener una educación especial, sino una que se adapte a nuestras necesidades. Y las nuestras son un poquito diferentes. Solo decimos que la Administración educativa tiene que cumplir el mandato de la Convención, que en el artículo 24 dice que la educación debe ser inclusiva.

Ya que menciona el dictamen de la ONU, la resolución del comité ‘sentencia’ a España en un caso concreto de un alumno al que obligaron a escolarizar en un centro de educación especial contra el criterio de la familia. ¿España no cumple la Convención?

España ratificó la Convención de 2008. Cuando se hace, eso es derecho de obligado cumplimiento para ese Estado, y creo que no se acaba de entender. A veces en las leyes de educación te encuentras que pone “educación especial”. Pero no se pueden hacer distinciones dentro del sistema. Cambiar y hacer una educación inclusiva no se hace de hoy a mañana. Tenemos que cambiar nuestra visión de la educación y eso no se está haciendo ni se fomenta. En general la mayor parte de maestros que están ahora en la universidad cursando estudios de Magisterio están estudiando lo mismo que hace 30 años. No se habla de la discapacidad como algo dentro del sistema educativo o como algo que contemplar, ni se habla de metodologías diferentes para incorporar al alumnado diverso. Ese cambio no viene solo porque digamos que vamos a hacer educación inclusiva. Pero sin recursos ni cambios metodológicos… Tendrán que ser aulas de otro tipo, colegios arquitectónicamente diferentes. Tiene que haber una implicación de las administraciones. No vale con decir que queremos una educación inclusiva y cerramos los colegios de educación especial en tres años. No se va a poder. Tendrás que saber qué quieres hacer realmente. ¿Cómo vamos a ir a esa educación inclusiva? ¿Cómo llegamos a ella? Esto hay que hacerlo a medio o largo plazo y debe contar con la comunidad educativa, con toda ella. Tienen que saber de qué estamos hablando. No es solo que vayan al colegio, tendrá que haber más recursos, pensar en las metodologías con las que trabajar, dar diferentes herramientas a los profesionales. La comunidad educativa tiene que pensar que la sociedad es diversa y todas las personas tienen cosas que aportar. También qué aprendizajes va a traer si realmente estas aulas son diversas y tienen un alumnado que no han tenido hasta ahora. Esto tiene que ser sí o sí porque la Convención es derecho desde 2008 y seguimos sin enterarnos. Luego cada comunidad tiene sus competencias y puede ser complicado, pero para eso está el Ministerio, para liderar. A veces la gente no sabe de qué se está hablando y se posiciona sin saber.

“Se tiene que contar con la comunidad educativa”. ¿La comunidad educativa está preparada para este cambio?

No lo sé. Es muy variado, pero a veces es por desconocimiento también. Esto conlleva un cambio de mentalidad, nuevas inversiones, recursos… Igual en este momento está complicado, pero no es solo cuestión de dinero, también de cambio de mentalidad. A veces se dice, “siempre se ha hecho así”, “esto no lo vamos a poder hacer”. A veces no se está trabajando la educación inclusiva desde las propias administraciones. También se cambian los partidos al mando, el consejero, y las visiones pueden ser diferentes. Hay profesionales de la educación que están por la educación inclusiva con su granito de arena, pero no está siendo fácil. Llevamos 12 años desde que se aprobó la Convención, y no se ha visto ningún cambio significativo en este sentido. La gente especialista en educación inclusiva no está siendo escuchada. No nosotros, que somos los sujetos a los que se les tiene que dar, sino profesionales que empujan. Necesitamos esa reflexión, pero hacerla en profundidad y con un compromiso de hacia donde vamos. Las leyes educativas no pueden ser una lanzadera entre partidos, hay que llegar a consensos, pues esto es igual. Y es con trabajo, conocimiento e interés. Y aquí las cosas van muy despacito.

¿La ley nueva va a cambiar algo?

No hace nada. Se mantiene igual, se sigue hablando de educación especial. No tiene nada que nos afecte significativamente. Aún tendrá que pasar por el Congreso y es mejorable, pero si te encuentras las mismas formulaciones en algunas cosas es difícil cambiar. No hemos logrado calar el discurso.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/24/la-nueva-ley-educativa-no-va-a-cambiar-nada-para-el-alumnado-con-discapacidad/

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España: Crece la presión contra los informes psicopedagógicos que derivan alumnado a centros de educación especial por segregadores

Europa/España/09 Julio 2020/eldiariolaeducacion.com

La plataforma Frente por la Diversidad y la Inclusión, creada por familias de alumnado con discapacidad y diversidad funcional, envían un escrito a las administraciones educativas, el Defensor del Pueblo, los partidos políticos y varias salas de la Fiscalía para que se modifique la normativa relativa a los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización que envían a chicas y chicos a centros de educación especial y aulas específicas en centros ordinarios, como las aulas TEA.

Hace una semana el Frente por la Diversidad y la Inclusión, un movimiento generado por familias de niñas y niños con diversidad, redactaron, con la ayuda del abogado Juan Rodríguez Zapatero, un escrito que han enviado al Ministerio de Educación, a las consejerías de las comunidades autónomas, a los partidos políticos del Congreso d los Diputados, al Defensor del Pueblo y a varias salas de la Fiscalía de Estado denunciando la situación generada por los informes psicopedagógicos y los dictámentes de escolarización que envían a estos menores a centros de educación especial y a aulas específicas en centros ordinarios.

Este es solo unos de los problemas que se exponen en el documento que argumenta, apoyándose en los informes de la ONU y del Comité de seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que los informes forman parte de un sistema que segrega sistemáticamente al alumnado con necesidades educativas especiales desde una óptica médica de la discapacidad, en vez desde la óptica educativa, que tendría que tener en cuenta, más allá de las dificultades de aprendizaje de estas personas, cuáles son los apoyos necesarios para que el sistema ordinario diera la respuesta necesaria para todos y cada uno de ellos. «Deben centrarse en fijar las necesidades educativas y en función de las mismas determinar los ajustes razonables y medidas de apoyo que procedan», recoge el documento.

«Los dictámenes (de escolarización) y los informes (psicopedagógicos) tienen un enfoque clínico, comenta Juan Rodríguez Zapatero. Un enfoque clínico superado por la Convención (de Derechos de las Personas con Discapacidad)» en los que se utilizan elementos más propios de la psicología clínica, como test de inteligencia o pruebas psicométricas, que de la orientación educativa, explica el abogado.

También afirma que en ellos «se destacan los déficits y los rasgos de la discapacidad de los alumnos, estigmatizan al alumno y no son dictámenes» centrados en la orientación educativa. «No son acordes con la Convención y así lo ha puesto de manifiesto el informe de la ONU».

El Frente por la Diversidad y la Inclusión es una iniciativa que surge de las familias. Yolanda Monreal es madre de un chico con diversidad que ya en el verano de 2019 comenzó a hablar con otras familias de la necesidad de enfrentar la situación que hoy por hoy se vive en todo el Estado en relación a la escolarización de personas con discapacidad. A finales del año las cosas comenzaron a coger velocidad e, inicialmente, pensaron en presentar una demanda colectiva primero, contra el Ministerio y, después, contra las consejerías de Educación, en relación al incumplimiento de la Convención y a la educación inclusiva como un derecho que no se estaba cumpliendo. Pero las demandas colectivas, en educación, no son posibles.

Monreal comenta a este periódico que por este motivo decidieron presentar el escrito en el que denuncian el uso de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización como herramientas para la segregación que omiten los instrumentos que la Administración debe poner en juego para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado. «Con estos informes y dictámenes, asegura, fastidian la vida de tantos niños y, por ende, de sus familias». Esta activista critica la manera en la que la administración trata los casos («con una prepotencia y sin nigún miramiento, sin empatía hacia las familias ni los niños. Lo tratan de una manera tan fría, como si los niños fueran números».

Estos documentos no son acordes con la Convención y así lo ha puesto de manifiesto el informe de la ONU

Dictámenes e informes

Tanto los informes de los equipos de orientación, como los dictámentes de escolarización que de ellos terminan por salir, dice el escrito, «sirven para legitimar resoluciones y actuaciones discriminatorias y de segregación educativas».

Entre las críticas que el documento hace de las informes psicopedagógicos están el hecho de que dependen de la subjetividad de quienes los realizan; que se apoyan en un modelo clínico de entender la discapacidad y no en un modelo más educativo; que se centra en los déficits del estudiante y no en los apoyos y ajustes que el sistema educativo debe poner sobre la mesa; no expresan por qué no puede darse la escolarización en algún centro ordinario ni habla de si se han agotado o no las posibilidades de inclusión.

El escrito enviado la semana pasada señala también la nulidad de estos informes y cómo vulneran algunos preceptos como el artículo 14 de la Constitución española («Los españoles son iguales ante la ley…») o el 2 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad «cuando deniegan ajustes razonables o deciden escolarizar alumnos con diversidad funcional en centros de educación especial o en unidades especiales en centros ordinarios, alegando como pretexto que los recursos existentes no lo permiten».

Otro de los argumentos que esgrimen contra estos documentos institucionales es el hecho de que no se toma en consideración la opinión ni la experiencia de las famlias de estas chicas y chicos, así como el hecho de que no se realizan en el contexto en el que el alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra en el momento de hacerlo. Tampoco se hace caso de las evaluaciones que las familias, en no pocas situaciones, encargan a personal no adscrito a la Administración educativa.

El texto es claro y crítico, dado todo lo descrito: «No pueden servir de fundamento o justificación a resoluciones administrativas, acordando la escolarización de alumnos con discapacidad en centros educación especial o en unidades especiales o aulas específicas en centros ordinarios».

A por una ley de educación inclusiva

Aprovechando que por fin la Lomloe ha comenzado su andadura en el Congreso, el colectivo también quiere incidir en que todas estas cuestiones se tengan en cuenta en la nueva ley de educación desde el primer momento. Como explicábamos hace unos días, la ley sigue manteniendo el artículo 74 de la LOE que da carta de naturaleza a la segregación en centros de educación especial, así como en aulas específicas en centros ordinarios, más allá de la polémica provocada por la cláusula adicional 4ª en la que algunos colectivos y partidos políticos leen el cierre de aquellos centros especiales. Rodríguez Zapatero asegura que sobre dicho artículo 74 es sobre el que habría que actuar par que se derogue, «porque es el que permite el sistema dual».

En dicha ley, defienden desde el Frente, debe definirse la educación inclusiva en los parámetros que defiende Naciones Unidas. Además, debe incluir una cláusula de no rechazo, en virtud de la cual, la elección de las familias por un centro ordinario debe ser suficiente y supone que las administraciones educativas no pueden negarse a que así sea.

A esto habría que sumar que el futuro texto legal deber dejar meridianamente claro que las administraciones serán responsables de poner en juego todos los apoyos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva, así como garantizar la participación de familias y alumnado en el proceso de escolaridad.

Para Rodríguez Zapatero es el momento, ahora que empieza el trámite de la Lomloe, para acometer los cambios necesarios. «Reformar la legislación en este terreno y lograr una adaptación plena de la legislación autonómica y estatal, de nuestro sistema educativo sería lo adecuado» a la Convención.

Años de incumplimiento

En 2008 el Estado se adhirió a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera que lo que en ella se dice ha de formar parte del cuerpo jurídico y legislativo. Pero han pasado 12 años y todavía muchas familias y menores están esperando que esa transposición de la norma llegue a la realidad.

Hacerlo implicaría, no solo que los centros de educación especial se reconvirtiesen en centros de recursos y formación, sino que las aulas específicas en los ordinarios también tendrían que desaparecer. Así lo indicaba tambiél el dictamen del Comité de la ONU que le dio un tirón de orejas a España hace tres años.

Uno de los escollos principales, más allá de la pelea entre quienes forman parte de la comunidad educativa de los centros de educación especial y quienes defienden la inclusión con todas sus consecuencias, está en el importante desembolso que tendrían que hacer las administraciones educativas, estatales y autonómicas, para hacer posible la inclusión de todo el alumnado. Infraestructuras escolares, materiales didácticos y de aprendizaje, adaptación de las metodologías, formación del profesorado (al inicio y durante toda la carrera), así como la contratación de profesionales de diferentes ámbitos, de apoyo, docentes, que tendría que realizarse.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/07/crece-la-presion-contra-los-informes-psicopedagogicos-que-derivan-alumnado-a-centros-de-educacion-especial-por-segregadores/

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IRLANDA Grupo de estudiantes quiere clases obligatorias de accesibilidad

Europa/Irlanda/Uiversityworldnews

Los estudiantes del Trinity College Dublin de Irlanda, junto con el Servicio de Discapacidad, han lanzado una nueva cooperativa con el objetivo de introducir clases obligatorias de accesibilidad para los profesores y promover la conciencia de los estudiantes con discapacidades en el campus, escribe Cormac Watson para University Times .

El grupo, llamado Trinity Ability Co-op, espera presentar clases que desarrollaría el grupo junto con el Servicio de Discapacidad, con el objetivo de educar a los profesores sobre cómo tratar a los estudiantes con discapacidades. Los miembros esperan asegurarse de que los profesores entiendan las adaptaciones aprobadas por la universidad para los estudiantes con discapacidades, y los alienten a que tomen notas tutoriales y subtítulos para las conferencias en línea disponibles.

En un comunicado por correo electrónico, Declan Treanor, jefe del Servicio de Discapacidad de Trinity, dijo: «Crítico para nuestro movimiento … es el desarrollo de una asociación compartida con estudiantes con discapacidades … Los estudiantes saben mejor y pueden coproducir con nosotros en el diseño de servicios y actividades «.

Los estudiantes de Trinity, junto con el Servicio de Discapacidad, han lanzado una nueva cooperativa con el objetivo de introducir clases obligatorias de accesibilidad para los profesores y promover la conciencia de los estudiantes con discapacidades en el campus.

El grupo, llamado Trinity Ability Co_Op, espera presentar clases que desarrollaría el grupo junto con el Servicio de Discapacidad, con el objetivo de educar a los profesores sobre cómo tratar a los estudiantes con discapacidades.

Los miembros esperan asegurarse de que las conferencias entiendan las adaptaciones aprobadas por la universidad para los estudiantes con discapacidades, y los alienten a que tomen notas y subtítulos para las conferencias en línea disponibles.

El grupo se creó como parte del rediseño del Servicio de Discapacidad de Trinity, que implica un traslado planificado a Printing House Square una vez que se complete la construcción.

En un comunicado por correo electrónico a The University Times , Declan Treanor, jefe del Servicio de Discapacidad de Trinity, dijo: «Crítico para nuestro traslado a Printing House Square y nuestro cambio de nombre propuesto para el Trinity DisAbility Hub es el desarrollo de una asociación compartida con estudiantes con discapacidades «.

«Los estudiantes saben mejor y pueden coproducir con nosotros en el diseño de servicios y actividades», dijo.

«Para ser verdaderamente transformadora, la coproducción requiere una reubicación del poder hacia los estudiantes con discapacidades en Trinity».

El grupo también tendrá acceso a un espacio en Printing House Square conocido como DisAbility Hub.

En declaraciones a The University Times, Courtney McGrath, miembro fundador del grupo que servirá como estudiante en prácticas en el Servicio de Discapacidad este año, dijo que la sala estará a cargo del grupo.

«Si las sociedades quisieran usar la sala», dijo, «tendrían que demostrar que tuvieron eventos accesibles antes y quieren ser más inclusivos, porque la inclusión es nuestra principal prioridad».

«Tendremos pautas sobre las reglas para poder usar el espacio», agregó.

En declaraciones a The University Times , Raphi Patterson, miembro del grupo, dijo: «Hay muchos problemas sistémicos en Trinity al tratar con estudiantes con discapacidades».

“Hay profesores que ignoran los informes de LENS, que es un tema muy común que estamos encontrando en nuestra investigación. Hay cursos que no son inclusivos para estudiantes con discapacidades. Hay eventos de la sociedad que no son inclusivos para las personas con discapacidad «.

«Entonces, parte del trabajo de la cooperativa es educar y trabajar con los cuerpos de estudiantes y con la propia universidad para obtener una mayor conciencia y una mayor inclusión de los estudiantes con discapacidades».

El grupo también tiene la intención de presentar un «premio aliado» para los profesores que participan en él, y que «están dispuestos a tener discusiones y escuchar a los estudiantes con discapacidades», según Patterson.

El grupo también quiere introducir un nuevo proceso en el que la universidad debe consultar al grupo antes de aprobar la política.

El proceso de la «política de capacidad aprobada» es garantizar que «tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes con discapacidades y sea lo más inclusivo posible», dijo Patterson.

El grupo también planea comenzar un podcast y producir videos que resalten las dificultades que enfrentan los estudiantes con discapacidades.

Esta semana, el grupo lanzó un video, producido por Niamh Barry, un cineasta y miembro del grupo, en el que los estudiantes hablaron sobre sus preocupaciones sobre el paso al aprendizaje en línea y los efectos que esto tendría sobre la accesibilidad.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200614062411114

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Kenia: Gobierno capacitará a más maestros para atender a estudiantes con discapacidades

África/Kenia/06-10-2016/Autor(a): Claire Wanja/Fuente: www.kbc.co.ke

El secretario del gabinete del Ministerio de Educación, profesor George Magoha, dijo que el gobierno capacitará a más maestros para atender a los estudiantes con discapacidades.

Dijo que había una gran cantidad de poblaciones con necesidades de educación especial que necesitaban maestros con habilidades especiales para enseñarles.

Hizo los comentarios después de hacer un extenso recorrido por las instalaciones de enseñanza y aprendizaje en el Instituto de Educación Especial de Kenia (KISE) el miércoles.

Estaba flanqueado por el miembro del consejo de KISE, el Dr. John Mugo y el Director KISE, el Sr. Timothy Wambua, y el Director de Educación Especial en el Ministerio de Educación, el Sr. Fred Haga.

Además de capacitar a los maestros en educación especial, KISE realiza una evaluación de la naturaleza y la gravedad de las discapacidades y, en función del diagnóstico, recomienda la colocación de los alumnos en las escuelas apropiadas de todo el país, dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la discapacidad.

El profesor Magoha dijo que la institución ha capacitado a más de 29,000 maestros, y 17,000 están en escuelas que atienden a estudiantes con discapacidades diferentes.

Al mismo tiempo, el Prof. Magoha ha aconsejado a los candidatos de KCPE y KCSE que no los engañen en los exámenes de personas sin escrúpulos.

Dijo que los padres no deberían ser engañados para que den dinero con la promesa de que sus hijos recibirán asistencia para acceder a los exámenes antes de tiempo.

«Revisar el programa de estudios y no los exámenes en papel pasados», aconsejó el profesor Magoha, diciendo que los exámenes estaban listos y la seguridad a su alrededor es estricta.

El profesor Magoha reiteró que las escuelas que no cumplían con los estándares de seguridad deberían cerrarse para proteger la seguridad de los niños.

«Cualquier estructura de un piso que no cumpla con los estándares de seguridad debe cerrarse», dijo el profesor Magoha.

Sin embargo, dijo que aquellos que reconstruyan sus escuelas con estándares aceptables podrán reabrir, pero después de una inspección exhaustiva por parte de las autoridades correspondientes.

Fuente e Imagen: https://www.kbc.co.ke/govt-to-train-more-teachers-to-cater-for-learners-with-disabilities/#
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Estados Unidos: Más opciones para los estudiantes con discapacidad

América del norte/Estados Unidos/19 Septiembre 2019/Mundiario

Si un niño tiene dificultades, ya sea de concentración, de comportamiento o se le hace cuesta arriba leer o escribir, tiene derecho a recibir educación especial por parte del sistema escolar del gobierno estadounidense, gracias una ley conocida como El Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, o IDEA).

En la actualidad, aproximadamente 6,8 millones de niños de entre 3 y 21 años de edad reciben servicios de educación especial en Estados Unidos. Por definición, la “educación especial es instrucción especialmente diseñada para cumplir con las necesidades únicas de los niños que tienen discapacidades. Esto se hace sin ningún costo para los padres y puede incluir instrucción especial en la sala de clases, en el hogar, en los hospitales o instituciones, o en otros ambientes”, según explicó ColorínColorado, una organización en línea dedicada a servir a padres y maestros de estudiantes cuya primera lengua no es el inglés.

Si un niño tiene dificultades, ya sea de concentración, de comportamiento o se le hace cuesta arriba leer o escribir, tiene derecho a recibir educación especial por parte del sistema escolar del gobierno, gracias una ley conocida como El Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, o IDEA).

IDEA ha sido enmendada varias veces. La más reciente data de 2004, cuando el Congreso añadió la Sección 504, la cual prohíbe que los programas que reciben fondos del gobierno federal discriminen en función de una discapacidad.

Aunque es obligación de las escuelas públicas brindar la ayuda pertinente a los estudiantes con necesidades especiales, es de vital importancia que los familiares aboguen por ellos. No obstante, hay padres “que piensan que, por ser de otro país, por no hablar inglés o por no tener su estatus migratorio definido, no tienen los mismos derechos que otras personas”.

¡Esto no es así! Al contrario, sin importar su lengua, su estatus migratorio o el país de origen, cada mamá o papá tiene que involucrarse en la formación educativa de sus hijos. De hecho, se estipula que la escuela busque la manera de acomodar a los padres. Por ejemplo, facilitando las reuniones a través de un intérprete.

Para Ramona Carrasco, la madre de una niña con síndrome de Down en Phoenix (Arizona), la experiencia de lidiar con la escuela pública resultó tan abrumadora que terminó haciendo uso de una Empowerment Scholarship Account (ESA). Blandiendo su derecho a retar las decisiones del distrito e inconforme con el clima del salón de clases de Byanca, optó por sacarla de allí y resolver la problemática individualizando la experiencia de aprendizaje de su niña, quien hoy día recibe sobre $20,000 dólares al año a través de la ESA.

“Los resultados no se hicieron esperar. Byanca pasó de temerle a la escuela, a querer ir [a la escuela] con entusiasmo. El aula donde le daban clases era un corral de niños con todo tipo de necesidades, desde las más severas hasta las menos complicadas. Byanca vivía sobre estimulada por los gritos y explosiones de sus compañeritos y no aprendía nada. Ahora, en la escuela privada que he elegido para ella y que puedo pagar gracias a la ESA, mi niña es otra, literalmente otra”, dijo Ramona atragantada por la emoción que le producían sus propias palabras.

Si sospechas que tu niño tiene una discapacidad o un especialista lo ha diagnosticado como tal, debes informárselo de inmediato al director de la escuela y solicitar una evaluación. Siguiendo las provisiones de IDEA, la evaluación debe ser efectuada dentro de los 60 días que siguen al consentimiento otorgado por los adultos responsables del estudiante.

Si tienes la dicha de vivir en uno de los seis Estados donde existen opciones como la ESA, y no estás de acuerdo con la forma en la cual la escuela gubernamental está supliendo las necesidades de tu hijo(a), haz como Ramona. Tienes el derecho a discrepar y decidirte por otra cosa.

Fuente: https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/mas-opciones-estudiantes-discapacitados/20190918100821163996.html

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