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Campesinos/as exigen salida de ministro del Gobierno de facto en Bolivia

América del Sur/Bolivia/10-05-2020/Autor: Agencia Telesur/Fuente: Tercera Información

La Federación confirmó que están denunciando en los organismos internacionales la falta de preocupación por parte del Gobierno de facto.

Manifestaron su solidaridad con los cocaleros y campesinos del Trópico de Cochabamba, amenazados y acosados por el Gobierno de facto | Foto: Twitter @5deseptiembrecu.

La Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari de La Paz en Bolivia exigió este lunes la dimisión del ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, además de otras demandas.

Mediante un voto resolutivo, la organización precisó que no permitirán la persecución de los hermanos dirigentes de la Federación y de ningún otro sector del departamento de La Paz.

Sobre las masacres de Sacaba y Senkata, la Federación señaló que están iniciando un juicio de responsabilidad por las mismas, así como por la persecución política existente en el país ejercida por las autoridades de facto.

Evo Morales Ayma

@evoespueblo

Quienes mataron a nuestros hermanos en Senkata y Sacaba; quienes provocan hambre y desesperación con sus políticas económicas y quienes, por ineficiencia, no proveen equipos de bioseguridad y pruebas de control para combatir la pandemia no pueden decir que les interesa la vida.

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Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2020/05/05/campesinosas-exigen-salida-de-ministro-del-gobierno-de-facto-en-bolivia
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Las lecciones que nos deja Bolivia

Por: Pablo Stefanoni

La caída del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) abrió numerosos debates en las izquierdas y, al mismo tiempo, permite reflexionar sobre las vías del cambio social, la cuestión de la democracia y, no menos importante, cómo evitar backlash reaccionarios.

La renuncia y salida al exilio de Evo Morales, en noviembre pasado, no solo acabó de manera repentina con el llamado «proceso de cambio» iniciado en 2005 sobre la estela del ciclo de movilizaciones abierto en 2000 y que tuvo su momento de mayor intensidad en la «guerra del gas» de 2003. Significó también la caída de uno de los gobiernos del «giro a la izquierda» que atrajo más simpatías a escala global. De ahí que, desde entonces, las discusiones sobre lo que realmente pasó en Bolivia sigan atravesando a la izquierda internacional. Una parte sostiene la tesis del golpe como variable explicativa «total» y otra, minoritaria pero con figuras relevantes, que no hubo golpe sino que Evo Morales habría caído por su propio peso.

El problema de estas visiones es que invisibilizan una serie de cuestiones relevantes y desprecian una sociología política de la crisis boliviana: ni la tesis del golpe de Estado tout court ni la del no golpe son capaces de dar cuenta de la deriva reaccionaria concreta en la que ingresó Bolivia, que combina un proceso de derechización desde arriba y, también, desde abajo, es decir, desde la propia sociedad civil. Tampoco informa sobre la forma en que se movieron los actores de ambos bloques en esas jornadas y después. Ni sobre la compleja secuencia de acontecimientos.

Hay dos cuestiones que deben enfrentarse para hacer cualquier «anatomía del derrocamiento» del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), sin dejar de lado los «instantes huidizos» que en contextos de crisis definen el devenir de los acontecimientos.

La primera es que las organizaciones sociales, pese a las promesas de sus dirigentes en reuniones con Evo Morales, no salieron de manera significativa a defender al «gobierno de los movimientos sociales» en los momentos decisivos. La segunda: que los militares jugaron sus cartas «en última instancia», es decir después de que el gobierno fuera superado por la reacción en las calles, lo que incluyó un amotinamiento policial en coordinación con los sectores más derechistas de la oposición, especialmente con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y una radicalización de las movilizaciones. Es esto último lo que habría hecho fracasar las negociaciones que, según referentes del MAS, habían avanzado con Carlos Mesa en favor de una salida que incluía la renuncia de Evo Morales y la asunción de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en una especie de gobierno transitorio de consenso para llamar a nuevas elecciones.

Todo esto no anula la tesis del golpe. En efecto, que los militares «sugieran» la renuncia del presidente y le coloquen la banda presidencial a su sucesora se parece bastante a un golpe. Al igual que la evidencia de que los mandos, especialmente la fuerza aérea, habrían comenzado a actuar por su cuenta antes de la renuncia de Evo Morales, es decir cuando aún era Comandante en Jefe. (Hay que decir, también, que los militares fueron «politizados» en estos 14 años, incluyendo cursos en la Escuela Antiimperialista, etc., legitimando cierta injerencia política, aunque en el caso de Bolivia nunca fueron parte orgánica del poder como en Venezuela). No obstante, es necesario colocar la cuestión del golpe en un marco más amplio: la crisis de una forma de ejercer el poder cuyo origen hay que buscarlo en el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el gobierno consultó a la población sobre un cambio constitucional y el «No» a la reelección indefinida se impuso por 51,3% a 48,7% y, más ampliamente, en la imposibilidad de pensar la posibilidad de una derrota electoral.

El MAS –al igual que parte de la izquierda global– subestimó entonces lo que significa pasar por encima del resultado de una consulta al pueblo y se apeló a una miríada de argumentos para relativizar los resultados. A partir de ese momento, y por primera vez desde 2006, la bandera democrática quedó en manos de la oposición, con importantes consecuencias hacia el futuro.

Tras el 21-F, el gobierno dedicó todas sus energías a pergeñar vías para la reelección. Casi no hubo otro tema en la agenda. En ese marco es que, a finales de 2017, el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales. Eso fue lo que terminó de crear el caldo de cultivo para la (re)emergencia y legitimación de figuras radicales, como el propio Camacho, quien llegó a la cabeza Comité Cívico con la bandera del 21-F y denunciando un «pacto» de las elites cruceñas con el gobierno del MAS.

La campaña electoral, como refleja el documental de Diego González, «Antes del golpe», careció de épica, se basó en la movilización de recursos estatales más que en la movilización social y tensionó enormemente el clima político. Sobre esa tensión es que se montaron las denuncias de «fraude» el 20 de octubre, que tuvieron respuestas descoordinadas, y por momentos poco creíbles, de parte del gobierno, lo que que terminó de minar la legitimidad presidencial. Todo ello ayudado por el timing preciso de la Organización de Estados Americanos (OEA) para adelantar su informe. Con la paradoja de que, en el inicio de la campaña electoral, Luis Almagro había sido denunciado de secuaz de Evo por la oposición y el ex presidente Jorge Tuto Quitoga lo acusó incluso de «vender su alma» al gobierno del MAS.

Es claro que Evo Morales no cayó por su propio peso como sostuvo Rita Segato. El MAS cayó por la movilización se sectores urbanos, ayudados por un motín policial en los 9 departamentos del país y, finalmente, por las FFAA, en un contexto de extremada violencia contra cualquier persona identificada con el oficialismo que rayaba con un clima de fascistización social. Esas movilizaciones denunciaron sobre déficits democráticos reales, pero como ya ocurriera con otros levantamientos «antipopulistas», como el de 1946 que terminó con el brutal asesinato y colgamiento del presidente Gualberto Villarroel, el resultado no fue más democracia sino a un tipo de revanchismo reaccionario y antipopular.

Esa dimensión fue un punto ciego para la izquierda crítica, que, pese a las tempranas evidencias, diluyó la faceta restauradora del nuevo bloque de poder y solo se enfocó en la «disolución de la dominación masista». Pese a que las movilizaciones incluyeron a diversos actores y sensibilidades ideológicas (ecologistas, progresistas, feministas, etc.), la derecha conservadora se impuso sin dificultades. Un caso excepcional es el de la feminista libertaria María Galindo, quien, pese a sus fuertes críticas al MAS, se posicionó enérgicamente contra el giro conservador y reaccionario. Un giro, hay que decirlo, que incluyó diversos tipos de grupos civiles que acosaron embajadas, sobre todo la mexicana donde hay asilados, y viviendas particulares, y adoptaron estéticas y formas de movilización de extrema derecha.

En el caso del exterior, una gran parte de las izquierdas, sobre todo las nacional-populares, asumieron un tipo de solidaridad internacionalista que tuvo escasos efectos en Bolivia, donde no existió una resistencia antigolpista en sentido estricto. Mientras que el núcleo en el exilio denunciaba el golpe desde Buenos Aires con una radicalidad que no daba cuenta de las posibilidades de acción en la coyuntura boliviana, el propio bloque parlamentario del MAS, que controla dos tercios del Congreso, entró en una dinámica de «pacificación» y negociación con la presidenta interina Jeanine Áñez y se alejó de las instrucciones del ex presidente. Hay varios elementos para explicar esta situación. Uno es la falta de organicidad del MAS y el decisionismo presidencial: tras la renuncia de Evo Morales y la salida del poder de otras figuras «fuertes» del anterior gobierno, parlamentarios que consideraban que no habían tenido el lugar que merecían se vieron en una inédita situación de poder (como la alteña Eva Copa) y comenzaron a jugar en la nueva cancha con la legitimidad de «haber puesto el cuerpo». Por otro lado, al permanecer en Bolivia, estos parlamentarios tenían una mayor conciencia de las nuevas relaciones de fuerza y de la amplitud del rechazo al MAS, sobre todo en los días posteriores a la salida del país de Morales. (Y posiblemente, también, algunos solo cuidaran sus salarios y sus cargos).

A su turno, las organizaciones sociales combatieron por algunas cuestiones sensibles, como la defensa de la Wiphala, pero no pidieron el retorno de Evo Morales al poder. Esto mostró la distancia entre el exilio y Bolivia, pero también refleja la situación de unos movimientos sociales debilitados ¿paradójicamente? por años de «gobierno de los movimientos sociales»: falta de pluralismo e imposición de las decisiones gubernamentales, pérdida de intensidad de la vida interna, capas dirigenciales demasiado interesadas en ocupar cargos en el Estado, etc. En muchos sentidos, y con el alto pragmatismo que suele caracterizarlas, las organizaciones se prepararon para el escenario post-Evo (lo que no significa que el ex-presidente no siga siendo una figura popular ni que su carrera política haya concluido). Una muestra de ello fue el apoyo a David Choquehuanca como candidato presidencial –una figura hoy resistida por Morales que finalmente quedó como compañero de binomio del ex ministro de Economía Luis Arce Catacora, apoyado desde Buenos Aires– y el entusiasmo que genera el joven cocalero Andrónico Rodríguez hoy a la cabeza de hecho de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que siguen siendo presididas por Morales.

En efecto, el núcleo en Buenos Aires, la bancada parlamentaria y las organizaciones sociales (especialmente las de matriz campesina) son las tres galaxias que hoy dan cuenta de lo que es el MAS, una organización que siempre careció de una verdadera organicidad y cuyo «pegamento» fue la expectativa de acceso al Estado para sectores populares largamente excluidos del poder. Si bien Evo Morales fue central para mantener unido al MAS, nunca fue estrictamente un líder carismático. De manera progresiva, debido a las necesidades reeleccionistas, fue asumiendo el papel de un «líder irreemplazable», pero su legitimidad siempre se basó en la idea de autorrepresentación campesina que es un mito de origen del MAS y en la imagen de que «Evo es uno de nosotros».

Las vías seguidas por el proceso de cambio boliviano pone sobre la mesa varias cuestiones. Una de ellas es la posibilidad de pensar de manera no catastrófica la salida del poder y las consecuencias de forzar una y otra vez, contra viento y marea, la reelección presidencial; y junto con esto visiones excesivamente instrumentales de la democracia. La otra es cómo combinar el impulso hacia cambios profundos con un ejercicio pluralista del gobierno y una mejora de la vida cívica. (Salvo que se piense, como en efecto lo hacen algunos «bolivarianos», que la caída del MAS fue porque el gobierno no habría apretado suficientemente las tuercas –como sí lo hacen Nicolás Maduro y los militares venezolanos– y que el problema habría sido, entonces, el «exceso de democracia»). Y, junto con ello, un aspecto clave es cómo evitar que se legitimen los backlash reaccionarios.

Como se puede ver revisando la historia reciente, Evo Morales ganó en 2014 con más del 60% de los votos, y en esa ocasión triunfó incluso en la reticente Santa Cruz gracias a la buena situación económica. El periodista Fernando Molina habló incluso, con evidencias, del «fin de la polarización». Por entonces, nadie hablaba de «tiranía», como ahora lo hacen a diario los columnistas de clase media en unos medios que no cejan en su empeño de inyectar mística a la «revolución de las pititas» (por los cordeles usados en los bloqueos de calles), leída como una «revolución libertadora». Hasta se habló de «14 años de penumbra»: el sol parece que no salía bajo el evismo. Pero, contra la creencia de algunos sectores nacional-populares, lo que repolarizó a Bolivia no fueron medidas radicales del gobierno (no hubo ninguna desde 2014) sino la insistencia en la reelección indefinida, en un país que a lo largo de su historia fue anti-reeleccionista y estuvo plagado de amotinamientos contra quienes intentaron seguir en el poder. En este caso, sobre ese movimiento se aupó una reacción más amplia contra la emergencia plebeya que en estos años erosionó como nunca antes el poder «señorial» en al país.

En este contexto, el MAS entra en una nueva etapa de recomposición, tras el golpe que significó la salida del poder, y quizás de autocrítica. En cualquier escenario, el MAS será clave en la futura gobernabilidad. Incluso si pierde la presidencia podría tener la mayoría parlamentaria. Las encuestas muestran que mantiene una base dura de apoyo popular que ronda el 30% y hoy es la única fuerza de izquierda con proyección política en el país, y la más importante en el mundo rural boliviano.

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/Bolivia-Evo-Morales-elecciones/

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Bolivia: un nuevo bloque de poder

Por: Fernando Molina

El derrocamiento de Evo Morales, más que a un gobierno transitorio, dio lugar a un nuevo bloque político y social que busca «refundar» el país borrando lo más posible huellas, símbolos y políticas de los últimos 14 años.

La situación boliviana actual solo puede comprenderse si se toma en cuenta la siguiente noción del sociólogo Fernando Calderón: «En Bolivia el Estado es muy débil y la sociedad, muy fuerte». Esto explica tanto las peculiaridades de la caída del presidente Evo Morales, que no trataremos aquí, como los sucesos de los dos primeros meses de la transición que esta inició.

«El Estado boliviano es débil» significa que sus instituciones no poseen un cuerpo propio y son fácilmente instrumentadas por los grupos de presión y las fuerzas políticas. Significa, también, que las normas no se dictan ni se cumplen por medio de procedimientos regulados y abstractos, sino de forma subjetiva y de acuerdo con la correlación de fuerzas coyuntural.

De lo dicho se infiere el significado de la sentencia opuesta. «La sociedad boliviana es fuerte» porque a menudo se impone al Estado y lo usa para sus propósitos.

Coincidentemente, Bolivia es el segundo país con más linchamientos, solo después de Guatemala. En un linchamiento, la sociedad prescinde del Estado o inhibe la acción de este con el fin de ejecutar, por cuenta propia, su concepción de la justicia.

Esta concepción es primitiva, pues se funda en un principio moralista, aplica la ley del talión y se desencadena a causa del miedo a una amenaza externa. Las víctimas de los linchamientos suelen ser forasteros, gente que los linchadores encuentran sospechosa porque no pertenece al mismo grupo que ellos. La estólida creencia de los linchadores en su propia superioridad moral bloquea su capacidad de comprender y empatizar con los seres humanos que sufren y se quejan por sus tormentos. Cuando este bloqueo se activa, los excesos más terribles son alentados por la muchedumbre; se aplaude y protege a los crueles, y se sospecha o escarnece a los tibios y a los renuentes.

Las clases medias bolivianas consideraban los linchamientos prácticas salvajes, propias de indígenas, con las que ellas nada tenían que ver. Sin embargo, su conducta respecto a los jerarcas del anterior gobierno y los dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) puede describirse como un linchamiento por etapas o progresivo.

Este comenzó antes de la caída de Morales, cuando los recién formados «grupos de choque» en contra del ex-presidente, que se llaman a sí mismos «La Resistencia», comenzaron a buscar y agredir a masistas en las principales ciudades del país. Estos grupos se habían radicalizado a causa del asesinato a bala, por parte de miembros del MAS, de dos manifestantes en Montero, el 29 de octubre pasado, en medio de las protestas que siguieron a las elecciones. El 7 de noviembre, «La Resistencia» secuestró por algunas horas a la alcaldesa de Vinto (Cochabamba), Patricia Arce, y la sometió a escarnio (como invariablemente ocurre en todos los linchamientos). Si Arce no perdió la vida fue porque por un equipo de televisión grabó a sus captores. En los días siguientes, con el fin de presionar a los funcionarios evistas para que renunciaran y la crisis se profundizara, grupos de civiles quemaron, en Potosí, la casa de la madre del ministro de Minería, César Navarro, y secuestraron a su sobrino; también capturaron, en la misma ciudad, al hermano de Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados. En Oruro, fueron atacadas las casas de la hermana de Evo Morales y del gobernador de esta región, Víctor Hugo Vásquez.

Estos hechos fueron acompañados por el «linchamiento» de los masistas en las redes sociales, dominadas por los sectores más acomodados de la población. Los ataques que ya existían contra los usuarios digitales de izquierda, ligados al gobierno o simplemente críticos del sesgo antiinstitucionalista y racista que iba adquiriendo la lucha contra la «dictadura» del MAS, se tornaron simplemente frenéticos. Las redes se inundaron de mensajes de odio, delaciones, falsas acusaciones e información creada a posta para aterrorizar a los navegantes y azuzarlos en contra del masismo.

Luego de la renuncia de Morales, la tarde del 10 de noviembre, sus seguidores se manifestaron violentamente en El Alto y La Paz y quemaron una fábrica, una estación de buses, varios edificios policiales y las casas del rector de la universidad paceña, Waldo Albarracín, y de la periodista Casimira Lema. Estos excesos no fueron combatidos por la Policía, que entonces continuaba desorganizada por el motín que se había declarado en sus filas los días anteriores. Tampoco actuó el Ejército, que por razones todavía no esclarecidas prefirió esperar en sus cuarteles hasta el 11 de noviembre por la noche.

La indefensión de los barrios de La Paz durante estas 36 horas, en especial de los que colindaban con la periferia campesina, algunos de ellos muy ricos, reinstaló en la mentalidad de muchas familias el atávico «miedo al ataque indio», efecto irracional de una larga historia de racismo y conflictos étnicos. Numerosos vecinos varones se armaron con cuchillos y bates, salieron y montaron barricadas para defenderse de las «turbas» de alteños y las «hordas» de campesinos –como las llamaron los medios de comunicación– que, suponían, venían dispuestas a saquear sus casas y a violar y matar a sus residentes. Cuando, finalmente, los militares y policías coaligados comenzaron a patrullar las calles, fueron recibidos con un alivio que se trastocó rápidamente en adhesión fanática.

Los vecinos de clase media de La Paz y El Alto –y, por identificación natural, los de las demás ciudades del país–, que ya estaban molestos con la izquierda por la exclusión, los abusos y la torpeza del gobierno del MAS, y también por su convencimiento de que había habido un «monumental fraude» en las elecciones, giraron entonces completamente hacia la derecha. De ahí en adelante, su principal preocupación no fue otra que la pacificación del país mediante la implacable represión militar de cualquier fuerza y cualquier demostración que reivindicaran a Morales, al MAS o el anterior estado de cosas.

El vigor de este sentimiento fue tal que ahogó las aspiraciones «republicanistas» que habían alentado estas clases, confirmó a los militares el acierto de su decisión del 10 de noviembre de no defender al presidente constitucional y proporcionó a la elite política hasta entonces opositora, por primera vez en dos décadas, una agenda que podía realizarse con un amplio respaldo popular.

Jeanine Añez, la segunda vicepresidenta del Senado y, por esto, la más alta autoridad política que quedaba en el país después del desbande del gobierno masista, pertenecía al «ala dura» de la Asamblea Legislativa. Conformó su gabinete con otros «halcones» y con representantes de los distintos sectores de las clases medias movilizadas, muchos de ellos provenientes de Santa Cruz, Beni y Tarija. Añez los convocó tanto por afinidad personal –ella es beniana– como porque estas regiones fueron la punta de lanza de la rebelión contra Morales. Esta conformación ministerial anticipó el desembarco, en todos los poderes del Estado excepto el Judicial (por razones que se explicarán enseguida), de una nueva elite política. Una elite que era distinta de la masista por su procedencia clasista y regional, como ya hemos explicado, pero también por ser más homogéneamente «blanca». En cambio, era similar a la anterior en su deseo («revolucionario» antes y «contrarrevolucionario» ahora, si queremos adoptar la nomenclatura marxista) de «refundar» el país, hacer desaparecer el legado de los últimos 14 años y monopolizar el poder político.

Se ha especulado que esta salida no habría sido posible si la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Salvatierra, del MAS, no renunciaba junto con Morales y Álvaro García Linera, pero esta teoría no toma en cuenta que, en las circunstancias políticas de ese momento, era altamente improbable que el gobierno de una dirigente del MAS hubiera sido respetado, tanto por la gente, que continuaba movilizada y demandaba la consumación del linchamiento, como por los propios militares y policías, que a esa altura ya solo podían llevar el alzamiento hasta su conclusión final, fuera esta la que fuere.

Desde el comienzo, el nuevo gobierno consideró al MAS «narcoterrorista» y su gestión, un «narcogobierno». Estos conceptos se convirtieron en parte del sentido común que emergió de la acción combinada de las redes, los medios de comunicación y la competencia entre muchos intelectuales –incluso de izquierda– para justificar con más y mejores argumentos una transición que «no fue golpe, sino fraude».

A causa de la debilidad del Estado de la que hemos hablado, los fiscales y los jueces –comenzando por los del Tribunal Constitucional y terminando por los del último juzgado de provincia–, todos ellos nombrados de una u otra manera por el gobierno anterior, se cuadraron con el nuevo orden. Ninguno planteó la más mínima resistencia o crítica a las órdenes de los vencedores; en cambio, se empeñaron en tratar de borrar las huellas de su pasado comprometedor por medio de su diligente contribución a la «pacificación», entendida como sanción ejemplificadora de los movimientos sociales y de los individuos que sirvieron al régimen caído. Así, la Justicia se convirtió en una «guillotina» al servicio de los nuevos gobernantes y de las fuerzas sociales que estos representaban.

La «pacificación» costó la vida de al menos 29 manifestantes, cientos de heridos y miles de detenidos. El gobierno aprobó un decreto –posteriormente abrogado– para eximir a los militares de responsabilidad penal por las consecuencias de la represión. Al mismo tiempo, negó que las muertes hubieran sido causadas por las fuerzas del orden. La fiscalía respaldó esta inverosímil afirmación. «La Resistencia» se movilizó en contra de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a Bolivia para investigar lo sucedido. La policía no hizo nada para proteger a los familiares de las víctimas que debían declarar ante esa comisión de los grupos de activistas. La inmensa mayoría de los medios de comunicación señaló, sin recurrir a otras fuentes que las oficiales, que en Sacaba (10 muertos indígenas, ninguno político) y Senkata (10 muertos indígenas, ninguno político) «grupos armados» pretendieron consumar «atentados terroristas». Esta versión fue convalidada hasta por los profesores «marxistas» de la universidad, mostrando hasta qué punto la voz de los indígenas sin educación ni dinero iba a ser silenciada durante el nuevo periodo histórico.

Esta relación de hechos muestra, ad ovo, cómo un conjunto de fuerzas sociales, políticas, intelectuales y comunicacionales se articuló para dominar a la sociedad. En otras palabras, la emergencia de un nuevo bloque de poder en Bolivia.

Ese bloque está conformado por las fuerzas militares y policiales, la Justicia, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones e instituciones de las clases medias y altas (en lugar preeminente, los comités cívicos y la red de grupos de choque de «La Resistencia», pero también las asociaciones empresariales, las fraternidades, las logias, los clubes sociales, etc.).

En este bloque participan «con voz y voto» los jefes y las expresiones políticas de la derecha y la extrema derecha, sean de viejo cuño (el ex-presidente Jorge Quiroga), sean relativamente recientes (el Movimiento Demócrata Social, que es el partido de la presidenta Añez y de muchos ministros) o sean recién llegados (los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, que constituyen la referencia política de «La Resistencia»). Los partidos de centro, como Comunidad Ciudadana, del ex-presidente y ex-candidato presidencial Carlos Mesa, y Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, solamente han tenido una participación acotada a la negociación de la sucesión presidencial; en este momento, respaldan a Añez sin participar en su gobierno.

Las causas por las que el nuevo bloque de poder está consagrado a la eliminación –el linchamiento– del enemigo en torno del cual se constituyó son dos: a) la necesidad de adaptarse, de forma populista, al estado de ánimo vengativo de las clases medias, que dominan el escenario luego de su victoria sobre los movimientos sociales masistas; b) su ya mencionado carácter «refundacional».

Las formas de este populismo son, también, de dos tipos:

– Populismo judicial: hay una persecución sistemática y masiva de las ex-autoridades y ex-funcionarios del MAS, desde el propio Morales, buscado por sedición y terrorismo (que se sanciona con la pena máxima de 30 años de cárcel); sus ministros, algunos de los cuales están refugiados en la residencia de México en La Paz, sin posibilidad de obtener salvoconductos; hasta los mensajeros, las niñeras, los notarios y los parientes de los altos cargos, culpabilizados por ayudarlos (llevarles papeles, darles poderes notariales, sacar dinero del banco para ellos). Al mismo tiempo, se investiga el patrimonio de 600 ex-ministros, ex-viceministros, ex-directores, gobernadores y alcaldes del MAS, con el fin de encontrar movimientos sospechosos que pudieran llevar a cualquiera de ellos a engrosar la larga lista de procesados por corrupción que ya existe.

Los jueces son presionados para que manden a todos los imputados a prisión preventiva. Repitiendo prácticas del gobierno del MAS, las autoridades políticas consideran que un denunciado es de hecho culpable de lo que se lo acusa. Añez ha pedido al Parlamento que anule una ley de abril de 2019 que estaba orientada a dificultar el encarcelamiento preventivo de los sospechosos.

Andrónico Gutiérrez, líder de los sindicatos cocaleros y precandidato del MAS, anunció que este 22 de enero, el día en que el mandato de Morales se hubiera cumplido, comenzará otra etapa de la «resistencia pacífica al fascismo», sugiriendo que organizaría movilizaciones de protesta. En respuesta, el gobierno lo amenazó personalmente y reanudó los patrullajes militares, con carros de asalto, cánticos y coreografías que arrancan el aplauso de los transeúntes, que se encuentran asustados por varias campañas de desinformación en las redes sociales que alertan sobre la reanudación de los «ataques masistas» y piden «tomar fotos, grabar y difundir inmediatamente si ven algo sospechoso».

En un intento de frenar la ola represiva, la mayoría masista en la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, que exige al gobierno de Añez pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas, invita a los políticos que se sientan injustamente perseguidos a presentar recursos ante la Justicia y garantiza la libertad de expresión. Pese al carácter genérico de esta ley, el oficialismo la ha rechazado, afirmando que en realidad busca la «impunidad» de los «narcoterroristas».

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se ha convertido en uno de los más populares colaboradores de la presidenta Añez a plan de durísimas amenazas («cazar» personas, «pasar por delante» de los sospechosos, etc.) y de detenciones diarias, por las cuales ahora trabaja «en la ampliación de las cárceles».

– Populismo represivo: los grupos de civiles de «La Resistencia» tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera «grupos paramilitares y fascistas». Estas organizaciones civiles operan cotidianamente en torno de la residencia diplomática de México en La Paz. Sus miembros se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde aquella se encuentra.

«La Resistencia» arrestó informalmente –y también ilegalmente, pero con apoyo de la Policía y la Fiscalía– al ex-ministro de Gobierno, Carlos Romero: grupos de civiles rodearon su domicilio, le cortaron el agua y el acceso de comida, y luego acecharon la clínica en la que tuvo que refugiarse ulteriormente, pese a que no estaba acusado de nada. Esta situación fue aprovechada por un abogado interesado en hacerse un sitio en el nuevo sistema político (varios de estos «justicieros» andan por ahí buscando la forma de iniciar procesos contra masistas para recibir algún beneficio) y la Fiscalía terminó acusándolo por corrupción y haciéndolo detener, esta vez de forma legal.

«La Resistencia» está compuesta por vecinos de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra del «monumental fraude».

El nuevo bloque de poder no cuenta más que con unos pocos parlamentarios, pero tiene la capacidad de inhibir y dividir a la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa. Su poder, entonces, es absoluto. En apenas dos meses, pese a la retórica sobre un «gobierno provisional», ha invertido las orientaciones de la política exterior, alineando a Bolivia con Estados Unidos, que volverá a darle cooperación económica (el presidente Donald Trump dijo que ayudar a Bolivia era «vital» para los intereses de su país). También ha cambiado los principios de la política económica, pues liberó las exportaciones de los controles estatales que les había impuesto la anterior administración, rebajó las tarifas eléctricas a las industrias y a los grandes consumidores en una proporción mayor que a los pequeños, y ha sacado a las empresas estatales del sitial de privilegio en el que se encontraban.

Como se ve por sus políticas, el nuevo bloque busca llevar la sociedad boliviana en dirección opuesta a la señalada por el bloque de poder anterior, haciendo un movimiento de péndulo que es constante a lo largo de la historia boliviana. En este caso, el péndulo está yendo desde un estatismo desordenado y despilfarrador de energías, que beneficiaba –legal e ilegalmente– a una elite plebeya (chola e indígena) y nacionalista, hacia un capitalismo de camarilla, también despilfarrador, que beneficiará –legal e ilegalmente– a una elite «meritocrática» (es decir, blanca) y conservadora.

Como elocuente símbolo de este viraje, la escuela castrense que se llamaba «Juan José Torres» en homenaje a un presidente militar que fuera asesinado por el Plan Cóndor, ya no impartirá asignaturas «antiimperialistas» y cambiará de nombre por el de «Héroes de Ñancahuazú», que hace referencia a los militares que capturaron y asesinaron a Ernesto «Che» Guevara en 1967.

El nuevo bloque en el poder está allí para quedarse, sin importar cuáles de sus miembros terminen por ganar las elecciones del 3 de mayo. Un ganador de centro quizá atenuaría sus aspectos más agresivos. Pero no cabe duda de que si en estas elecciones el ganador fuera el MAS –lo que resulta improbable–, el resultado no sería reconocido ni aceptado. Son vanas las ilusiones que, respecto a un «milagro electoral», abriga Morales en el exilio. Las dificultades que hoy sufre su movimiento se repetirán durante toda la campaña. La derrota del MAS es profunda y será duradera (y, en parte, se debe a los errores personales de Morales, que este haría bien en aceptar). Quien desee comprender el proceso boliviano debe revisar la historia latinoamericana de la segunda mitad del pasado siglo. Nada más reciente puede comparársele.

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/Bolivia-derecha-Evo-Morales/

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Bolivia después del golpe de Estado, un país sin garantías

América del Sur/Bolivia/01-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

Pese a los tintes de legitimidad con el que intenta teñirse el gobierno de facto que emergió después del golpe de Estado, Bolivia vive hoy en medio de la persecución política y la falta de garantías.

Basta escuchar el discurso del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para comprobar que tras la asonada golpista del 10 de noviembre contra el presidente constitucional Evo Morales esta nación se retrotrajo a los peores años de las dictaduras latinoamericanas.

Lo primero que dijo Murillo tras asumir el cargo fue que desataría la ‘cacería’ de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Morales. Lo culpa de sedición y terrorismo.

Curiosamente, es lo mismo que menciona ahora al referirse al grupo solidario procedente de Argentina que vino a documentar los hechos de represión contra las movilizaciones populares y las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas en el país luego del golpe.

‘Recomendamos a aquellos extranjeros, que están llegando hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país: anden con cuidado, los estamos mirando’, advirtió la víspera.

Pero fue un poco más lejos en sus amenazas cuando enfatizó que ‘en el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo, sedición se van a ver con los policías (…) Cero tolerancia, y luego después no digan que se está abusando (…)’.

La comitiva argentina la integran abogados, exjueces y voluntarios, y la encabeza el dirigente social Juan Grabois.

También la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra aseguró ayer que siguen las detenciones arbitrarias de los que se oponen a la afrenta antidemocrática consumada hace casi tres semanas.

En ese sentido, demandó garantías para que Morales pueda acompañar la campaña electoral que se avecina y en la cual el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que dirigió los destinos de la nación en los últimos 13 años, tendrá que enfrentar un escenario adverso.

Contra Evo, asilado en México, el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez lanzó acusaciones por al menos 10 delitos, entre ellos terrorismo, y una notificación azul de Interpol, que pretende abrir la puerta legal para recopilar información sobre el líder indígena en el marco de la denunciada persecución judicial.

La senadora del MAS expresó que a esta ausencia de garantías se suma la falta de procesos penales contra los que provocaron la muerte de más de 30 personas en el contexto de violencia y represión generado aquí.

Mientras, se van despejando las ambiciones de poder. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ?uno de los principales promotores del golpe de Estado que derrocó a Morales-, presentó la víspera su carta de renuncia al cargo para comenzar su carrera electoral.

‘Presidir esta institución es un sueño de toda la vida (…); pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo más fuerte, ser presidente de la República de Bolivia’, confesó en su misiva.

Incluso, reveló que durante el paro cívico que dirigió contra Morales ‘era necesario’ decir que no iba a ser candidato para sumar apoyo, o sea, mintió.

Fuentes ligadas a Camacho señalan que en las siguientes horas se espera la llegada a Santa Cruz del presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, que apunta a ser su compañero de fórmula en el binomio presidencial.

Desde la salida forzada de Morales a raíz de una ola de violencia opositora, sumado al motín policial y la exhortación de las Fuerzas Armadas a la dimisión del jefe de Estado, Bolivia se sumió en una crisis institucional y política que dista aún de esa ‘etapa final de la pacificación’, anunciada por Áñez.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=324753&SEO=bolivia-despues-del-golpe-de-estado-un-pais-sin-garantias
Imagen: https://www.telesurtv.net/news/bolivia-defensoria-pueblo-cifra-muertos-represion-el-alto-20191128-0005.html
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Evo Morales: después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un estado de sitio en Bolivia

América del Sur/ Bolivia/ 18.11.2019/ Fuente: es.news-front.info.

El mandatario boliviano en el exilio aseguró que la justa golpista pretende instaurar un estado de sitio, ante las constantes protestas que piden el respeto a la democracia.

El presidente boliviano en el exilio, Evo Morales, denunció este lunes que el Gobierno de facto instaurado en su nación prepara un estado de sitio para contener las protestas en contra del golpe de Estado.

«Después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura», aseveró el líder boliviano a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, repudió que el Gobierno de facto no busque la pacificación del país y, en cambio, ordene la «difamación y represión» de los que exigen el respeto a la democracia.

Al presentar su renuncia, Morales pidió a los actores políticos de oposición cesar la violencia generada contra los indígenas, militantes y seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno. No obstante, desde entonces ha aumentado la persecución y agresiones en su contra.

Organismos defensores de los derechos humanos repudian la represión contra las manifestaciones pacíficas que exigen la renuncia de la senadora Jeanine Áñez, autoproclamada presidente interina.

Los marchistas rechazan el golpe de Estado y los agravios contra los indígenas cometidos por los golpistas, como la quema de la wiphala, bandera ancestral de los pueblos originarios.

A poco más de una semana de consumarse el golpe de Estado, las manifestaciones en Bolivia se mantienen, mientras recrudece la actuación de militares y policías.

Fuente de la noticia: https://es.news-front.info/2019/11/18/evo-morales-despues-de-masacrar-a-24-indigenas-ahora-preparan-un-estado-de-sitio-en-bolivia/

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Argentina: Marchan en Buenos Aires para repudiar el «golpe de Estado» en Bolivia

América del Sur/ Argentina/ 18.11.2019/ Fuente: www.lavanguardia.com.

Organizaciones sociales, sindicales, políticas y de defensa de los derechos humanos marcharon este lunes en Buenos Aires para repudiar lo que califican como un golpe de Estado en Bolivia.

Convocados por el denominado «Comité Argentino contra el Golpe en Bolivia, contra el racismo y el racismo, por la Igualdad y la Paz en América Latina», los manifestantes se movilizaron en el centro de la capital argentina hasta confluir a primera hora de la tarde en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino.

Allí, bajo la consigna «No al golpe de Estado en Bolivia», se realizará más tarde un festival artístico, con las actuaciones de grupos musicales.

De la movilización participaron organizaciones sociales, sindicales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos, como las Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.

Además de expresar su preocupación por la crisis desatada en Bolivia, los manifestantes reclamaron que el Gobierno de Mauricio Macri condene lo que a su juicio constituye un golpe de Estado contra Evo Morales, que renunció a la Presidencia el pasado día 10 y el martes pasado se asiló en México.

El Ejecutivo de Macri no ha calificado lo sucedido como un golpe de Estado pero tampoco ha reconocido a las autoridades que asumieron el poder en Bolivia, mientras que el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ha condenado la ruptura del orden institucional y ofreció acoger a Morales una vez que asuma la Presidencia argentina, el próximo 10 de diciembre.

En este sentido, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Rberto Baradel, dijo que la marcha de hoy busca «exigirle al Gobierno que condene el golpe de Estado en Bolivia y que no reconozca a las autoridades ilegítimas, y exigir que se garanticen los derechos humanos en Bolivia».

Por su parte, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que lo que sucede en Bolivia «ya no es sólo un golpe de Estado» sino el establecimiento de una «dictadura».

«El que niega que lo que sucede en Bolivia es un golpe, vive en otro planeta», aseveró.

De las movilizaciones de este lunes en Buenos Aires también participaron bolivianos residentes en Argentina, que previamente a concentrarse en la Plaza de Mayo se manifestaron a las puertas del consulado de su país en la capital argentina.

Fuente de la noticia: https://www.lavanguardia.com/politica/20191118/471732814373/marchan-en-buenos-aires-para-repudiar-el-golpe-de-estado-en-bolivia.html

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