Excluidos del Sistema Educativo

España: «Nuestros hijos son excluidos de los colegios y no lo podemos consentir»

Noticias

17 Diciembre 2017/Fuente: Hoy /Autora: ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA.

Padres de menores con discapacidad se unen para exigir a Educación que «puedan estar donde están los demás»

«Se dice que en Extremadura hay educación inclusiva, que el sistema atiende a todo el mundo, pero no es verdad».

Susana Fajardo es madre de un niño con discapacidad física, intelectual y sensorial, y su trayectoria escolar se asemeja al resto de los que se encuentran en su situación. «Cuando pasan de Infantil a Primaria ya te invitan a ir a un centro de educación especial, y la historia se repite cuando se trata de acceder a Secundaria, siempre te indican la puerta de salida».

Por eso familias de Extremadura con hijos con discapacidad, algunas de ellas en las fotografías que ilustran la información, han comenzado a unirse para alzar su voz, exponer públicamente su situación y reivindicar una solución. «Porque la realidad es que nuestros hijos son excluidos del sistema educativo y derivados a la educación especial, y esto no lo podemos consentir».

Extremadura cuenta con 2.217 profesionales en la atención a la diversidad en la escuela

Susana Fajardo, portavoz de estas familias, afirma que la discapacidad es una etiqueta que marca a sus hijos e impide a los padres elegir como los demás el centro educativo. «Por eso reclamamos una educación inclusiva de verdad, un sistema educativo en el que todos tengan cabida».

Auxiliares técnicos educativos (cuidadores), pedagogos terapéuticos y especialistas en audición y lenguaje son los profesionales con los que cuenta el sistema para atender a los alumnos con discapacidades y que, por tanto, no siguen el mismo ritmo de aprendizaje de los demás. Estos recursos son los que posibilitan que puedan acudir a clase en colegios e institutos.

«Pero estos recursos son insuficientes y, por eso, nos ponen trabas, porque no se les puede atender en los centros, por lo que se les impide que vean un modelo normalizado, por lo que les estamos estirpando su parte social». Estas familias reclaman un cambio que acabe con la exclusión de sus hijos. «El sistema no se adapta a lo que se requiere para que todo el mundo esté incluido y, por eso, las familias estamos abocadas a los juzgados y a un desgaste continuo porque estamos en una lucha permanente».

En resumen, «solo queremos que nuestros hijos puedan estar dónde están los demás». Por eso piden a la consejería que «deje de poner parches y diseñe el camino adecuado para alcanzar la educación inclusiva en la región».

Un camino que permita a los niños con discapacidad contar con los recursos precisos en los centros ordinarios para que puedan compartir tiempo con otros de su edad y que haga posible que puedan continuar con sus estudios más allá de la Educación Secundaria Obligatoria. Reivindicación que lleva a cabo especialmente José María Fernández Chavero, profesor en Badajoz y padre de una niña con discapacidad intelectual. Y reivindicación que ya ha llegado al Congreso de los Diputados.

«Porque lo que pedimos es que el sistema se adapte a todos, también a nuestros hijos, a los menores que aunque con discapacidades deben tener las mismas oportunidades que los otros, para que una formación les saque el máximo provecho y no estén abocados a la dependencia».

Un camino de atención a la diversidad que haga posible la inclusión y en el que ya está trabajando la Consejería de Educación, según defendió recientemente el secretario general, Rafael Rodríguez de la Cruz, en la Asamblea.

Tal como expuso, se ha mejorado la atención a la diversidad del alumnado, porque la Junta ha destinado más recursos y programas, «paliando los recortes que sufrió en la pasada legislatura». Indicó que la recuperación de plazas docentes suprimidas y la creación de nuevas aulas especializadas, «nos ha permitido mejorar la atención a la diversidad del alumnado».

En su comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura, Rafael Rodríguez de la Cruz recordó que la consejería ha recuperado 750 plazas docentes de las 1.000 que fueron suprimidas durante la legislatura anterior, muchas de las cuales eran de profesores de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, así como de orientadores, todos ellos docentes especialistas en la atención a la diversidad.

Cifró en 2.217 los profesionales que actualmente se ocupan de esta atención: 657 son profesores de Pedagogía Terapéutica, 504 de Audición y Lenguaje, 80 trabajan en la compensación educativa, 40 forman parte de los equipos de orientación, 315 son orientadores en institutos y centros de educación de adultos, 322 son auxiliares técnicos educativo-cuidador, 27 son intérpretes de lenguaje de signos, 236 son educadores sociales, 13 son fisioterapeutas y 23 son ATS.

«Tenemos una plantilla suficiente para atender las necesidades existentes», resumió De la Cruz, quien garantizó, además, que también los centros concertados «cuentan con unidades y horas de apoyo para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales». Además de diversos programas de refuerzo, el secretario general recordó que están en marcha ocho nuevas aulas abiertas especializadas de educación especial, un aula abierta en el colegio Alfonso VIII de Plasencia y siete aulas especializadas para alumnos con trastornos del espectro del autismo en distintas localidades extremeñas.

Sin embargo, para Susana Fajardo, «Rafael Rodríguez de la Cruz hizo bien su papel en la Asamblea, pero él sabe que la educación inclusiva no existe en Extremadura».

Fuente de la noticia: http://www.hoy.es/extremadura/hijos-excluidos-colegios-20171217000618-ntvo.html

Fuente de la imagen:  http://static1.hoy.es/www/multimedia/201712/17/media/cortadas/ninos-U30620828489vjD–624×624@Hoy-Hoy.jp

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La voz de los excluidos en la educación

Carlos Aldana

Por: Carlos Aldana

En la ausencia de voces diversas y demandantes está uno de los grandes factores de éxito para la imposición de la visión educativa global.

Hace pocos días, convocado por ATD Cuarto Mundo, participé en un encuentro interesante y profundo en el Centro Cultural Cerisy, en Francia. El contexto de dicho evento es el centenario del nacimiento del fundador del Movimiento Cuarto Mundo, Joseph Wresinski. Y aunque este no es un espacio suficiente para plantear las principales reflexiones, sí puedo resaltar un énfasis del mismo: la necesidad de que la voz de los excluidos y empobrecidos aparezca con fuerza, valor e incidencia.

Somos generalmente los académicos o los funcionarios quienes monopolizamos el pensamiento y la palabra cuando se trata de plantear qué educación necesita nuestra sociedad, pero sin antes plantear qué sociedad es la que necesita el ser humano para desarrollarse plenamente. Es decir, en el atropello que hacemos de la voz de los pueblos, también nos autoengañamos en un discurso que se reduce a lo pedagógico y lo didáctico, pero que se aleja de la visión y la palabra política, la que lanza luces sobre el ejercicio de poder en nuestras sociedades. Esa que necesitamos para descubrir a qué intereses y poderes sirve realmente un sistema educativo como el que tenemos.

Por eso, cuando la voz de los empobrecidos y excluidos oxigena las discusiones sobre educación, ocurre que podemos ser “tocados” por la realidad cruda y puede que así lleguemos a comprender de manera más seria la realidad en que se niega el derecho a la educación. Estas voces quizá no nos ofrecerán las categorías y los conceptos técnicos, ni el orden o estructura discursiva que consideramos de alto nivel académico, pero en ellas está, con mucha fuerza, la única manera de comprender la relación que viven los pueblos con la educación formal.

También es por allí por donde podremos transitar para descubrir que en la ausencia de voces diversas y demandantes está uno de los grandes factores de éxito para la imposición de la visión educativa global: con valores muy claros hacia el trabajo, pero sin política; hacia la competitividad de los grandes proyectos de los poderes establecidos; sin participación política y ciudadana; con tendencia a la privatización que busca disminuir el ejercicio público del derecho a la educación.

Ha sido este encuentro, además, una ocasión muy especial para descubrir el potencial ético, político y pedagógico de lo que Cuarto Mundo desarrolla de maneras muy consistentes: el cruce de saberes. Es decir, la construcción colectiva, movilizante y transformadora de conocimientos entre universitarios y población no escolarizada y empobrecida, protagonista directa y concreta de la negación del derecho a la educación.

Necesitamos mantener, con la fuerza de la historia de los pueblos, esa llamada a las y los universitarios hacia una actitud y un proyecto de vida comprometido con las luchas y las demandas de los excluidos de todos los derechos humanos. Solo en la medida que la comunidad universitaria viva en carne propia el compromiso y la lucha por la sociedad a la que se debe, podremos empezar a apostar por una pedagogía que libere y ayude a transformar las realidades económicas, sociales, políticas y culturales que niegan la dignidad y la vida a plenitud. De lo contrario, seguiremos presenciando cómo la pedagogía, como ya lo hemos expresado antes, es el gran instrumento de los poderes para mantener el control ideológico y cultural necesario para que la economía de la exclusión se profundice y consolide.

Para ello necesitamos creer en el pensamiento y la voz de los excluidos de cualquier lugar del planeta. Necesitamos sentir en lo profundo que su pensamiento y su expresión no son solo una fuente de conocimiento para las investigaciones académicas tradicionales, sino que son un método en sí mismos, como dijera Wresinski. Aún me resuenan las palabras de un hombre francés, pobre y participante en el encuentro en Cerisy, que para mí representan toda una propuesta de educación psicosocial liberadora y política: “No tienes la culpa de nada. Toma la palabra”.

Fuente artículo: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/06/27/la-voz-de-los-excluidos-en-la-educacion/

Fuente imagen: http://2.bp.blogspot.com/_5mVfeHBUV4k/SwiOt60cyfI/AAAAAAAAABE/DbCkU3wG2_g/s1600/educaaa1.jpg

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Olvidados y excluidos: adolescentes en reclusión

Mexicanos Primero

Mexicanos Primero

*Por María Teresa Aguilar Álvarez Castro

Como derecho humano, la educación debe ser garantizada y protegida para tod@s sin distinción alguna. Desgraciadamente, en nuestro país hay niñ@s y jóvenes que todavía no tienen acceso a ella. Sin embargo, en mi experiencia de trabajo en Mexicanos Primero, nunca he visto una exclusión tan sistemática por parte de las autoridades educativas, como la de los adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran recluidos. Simplemente el sistema educativo los ha olvidado.

Los adolescentes recluidos son personas mayores de 14 años que, siendo menores de edad, han cometido algún delito grave y a los que un juez les ha impuesto la privación de la libertad como medida preventiva o de sanción. Con las reformas recientes, estos adolescentes pueden pasar internados desde unos meses hasta tres o cinco años (dependiendo la edad al cometerse el delito).

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2017), hasta abril de este año, habían mil 692 adolescentes en reclusión. De ellos, 52 por ciento requieren estudios básicos de alfabetización, primaria o secundaria.

Los servicios “educativos” que actualmente reciben distan mucho de ser de calidad, como lo marca la Constitución: cuando existen, son proporcionados por personal que no son idóneos, con materiales inadecuados y programas poco pertinentes.

Aún cuando están bajo tutela del Estado las 24 horas del día, sólo destinan a la educación una hora y media. ¿Cómo pueden salir listos para no volver a caer en lo que los llevó al internamiento sin una educación pertinente y de calidad que les dé un nuevo proyecto de vida?

Como casi siempre sucede en México, las leyes no son el problema, pues éstas contemplan no sólo a la educación como uno de los pilares de la reinserción, sino una serie de obligaciones de las autoridades para lograr una educación de calidad para ellos. El problema entonces es que las autoridades no han cumplido su responsabilidad.

Para tratar de activar a las autoridades educativas y penitenciarias de este país, Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, presentó una demanda de amparo en contra de diversas autoridades.

Este amparo se refiere específicamente a la Comunidad de Tratamiento Especializado de Adolescentes de San Fernando, ubicado en Tlalpan, en la Ciudad de México, pero la situación de olvido en el que tienen a los adolescentes las autoridades educativas, es similar o peor en el resto de las comunidades de adolescentes del país.

Demandamos a 18 autoridades, tanto federales como de la Ciudad de México. ¿Por qué a tantas? Porque hay adolescentes en San Fernando que requieren acabar sus estudios desde primaria hasta educación superior.

Además de estos cuatro niveles de educación, las leyes prevén otros tipos de servicios educativos a los que tienen derecho como la formación para el trabajo- indispensable para la reinserción- y la educación especial, que es la que busca eliminar las barreras
que limitan el aprendizaje de las personas con dificultades severas de aprendizaje y de conducta.

Así, existen una diversidad de autoridades tanto educativas como penitenciarias que no se han coordinado entre sí para proporcionar educación pertinente y de calidad a los adolescentes.

Nuevamente consideramos importante involucrar al Poder Judicial de tal forma que obligue a las autoridades, especialmente a las educativas, a dejar de tener olvidados y excluidos a los adolescentes recluidos. Este juicio es una forma de alzar la voz por ellos, para que las autoridades se ocupen de su educación como es su derecho.

No es una tarea fácil. Es indispensable voltearlos a ver, escucharlos, entenderlos y ocuparse de ellos como es debido. Por lo pronto, la SEP y otras autoridades educativas ya dijeron en el juicio que no es su problema.

Esperaremos la sentencia, pero por lo pronto, la sociedad debe involucrarse. No sólo por los adolescentes recluidos, sino por tod@s nosotros, que necesitamos jóvenes con nuevos proyectos de vida cuando salgan de reclusión.

*La autora es directora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero

 

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/olvidados-y-excluidos-adolescentes-en-reclusion.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/06/21/594b4075eaac5.jpg

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Estados Unidos: Trayectoria de escuela a prisión: discriminatoria y nociva para Nueva York

Noticias

Estados Unidos/27 abril 2017/Fuente: El Diario NY

Las escuelas de la ciudad de Nueva York envían a prisión a jóvenes latinos y de raza negra por infracciones menores y conducta juvenil normal, al imponerles castigos como si fueran delincuentes.

La trayectoria de escuela a prisión tiene un impacto desproporcionado en estudiantes de color. Ponerle fin protegería mejor a estos jóvenes, particularmente a los inmigrantes vulnerables bajo el gobierno de Trump.

De todos los estudiantes arrestados, 92%  son latinos y de raza negra, como también lo son 91.7%  de todos los estudiantes que recibieron una citación penal en escuelas, según un nuevo informe del Center for Popular Democracy y Urban Youth Collaborative. Es 8.3 veces más probable que la policía intervenga si se trata de estudiantes negros que blancos, y 4.4 más probable en el caso de alumnos latinos. Setenta por ciento de todas las condenas son por trasgresiones no delictivas y delitos menores. No deberíamos sacar a los estudiantes de las escuelas para llevarlos a los tribunales por problemas de disciplina.

El informe, The $746 Million a Year School-to-Prison Pipeline, calculó que acabar con la trayectoria de escuela a prisión le ahorraría millones a la ciudad al compensar por los recortes de fondos que se tiene previsto realice el gobierno de Trump con inversiones en programas que realmente apoyan a los alumnos.

Todos los años, la trayectoria de escuela a prisión en la ciudad de Nueva York cuesta $746 millones. Esta cifra incluye los salarios de policías en las escuelas, el personal necesario para las audiencias sobre suspensiones, los gastos de encarcelamiento y tribunales penales, detectores de metal y cámaras de vigilancia, además de decenas de millones en ingresos tributarios perdidos porque los estudiantes abandonaron los estudios tras ser arrestados o suspendidos.

Estos gastos mayormente se orientan a actividad policiaca en vez de personal de apoyo. Por ejemplo, hoy en día, Nueva York emplea a más de 5,500 agentes en la división de seguridad escolar del Departamento de Policía de Nueva York en comparación con apenas 2,800 consejeros a tiempo completo y 1,250 trabajadores sociales a tiempo completo.

No hay evidencia alguna de que esta actividad policiaca produzcan un entorno más seguro para el aprendizaje. La presencia policial no reduce los incidentes de hostigamiento ni las peleas. De hecho, ciertos estudios indican que los alumnos se sienten menos seguros cuando hay policías en la escuela. Es más, de todas las citaciones que la policía de Nueva York emite anualmente, en solo 20 por ciento se encuentra culpabilidad.

Las actuales medidas disciplinarias de exclusión de la ciudad de Nueva York tienen un impacto negativo en estudiantes como Ari, quien recién se estaba adaptando a su familia temporal cuando fue suspendida 60 días por su participación en una pelea. Perjudican a jóvenes como Markeys, que es LGBTQ y tiene una discapacidad, a quien la policía llevó a la sala de urgencias tras una emergencia de salud mental.

El problema se ha vuelto incluso más urgente con la elección de Donald Trump, quien tomó medidas inmediatas para aumentar las deportaciones en comunidades de inmigrantes y exigió prácticas policiales opresivas en comunidades negras.

La definición más extensa de “criminal” para fines inmigratorios del nuevo gobierno incluye cualquier delito, por insignificante que sea. Además, cuando se arresta a un estudiante, como fue el caso de más de 1,000 el año pasado, estos arrestos se documentan en una base de datos a nivel federal, lo que facilita que las autoridades de inmigración identifiquen a alumnos indocumentados y luego procedan a deportarlos.

En vez de continuar la errada política que perjudica a estudiantes como Ari y Markeys –y que actualmente ponen en verdadero peligro a niños inmigrantes– el alcalde Bill de Blasio y el Concejo Municipal deben comprometerse a dejar atrás la vigilancia policial excesiva y a invertir en la salud, el crecimiento y el bienestar de nuestros estudiantes.

Afortunadamente, ya han empezado a trabajar en un plan para alcanzar dicho objetivo jóvenes de toda la ciudad, organizados por medio de Urban Youth Collaborative con miembros de Make the Road New York, Sistas and Brothas United y Future of Tomorrow.

Su “Plan de Justicia Escolar para Jóvenes” incluye el fin de los arrestos y las citaciones por trasgresiones no delictivas y por delitos menores, limita las suspensiones de largo plazo, elimina las suspensiones por infracciones menores, propone la inversión en consejeros, trabajadores sociales y otros servicios de apoyo, además de oportunidades para que los alumnos se superen por medio de un programa universal de empleo y mayor acceso a la universidad.

Martin Luther King hijo afirmó que un presupuesto es más que un documento financiero; es un documento moral. La ciudad toma una decisión moral cuando despilfarra dinero en la vigilancia policial y el encarcelamiento de jóvenes en vez de apoyarlos y ayudarlos a tener éxito.

Fuente: https://eldiariony.com/2017/04/25/trayectoria-de-escuela-a-prision-discriminatoria-y-nociva-para-nueva-york/

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Decenas de niños estudian hoy bajo la tierra por culpa de la guerra en Siria

Noticias

Siria/12 de Diciembre de 2016/La Información

  • Allí viven 400.000 niños en edad escolar, pero en la actualidad 294.000 están excluidos del sistema educativo, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
  • Antes del comienzo de la guerra, la tasa de escolarización en el país era de 99 por ciento en la educación primaria y de 82 por ciento en la secundaria.

  • Intentan formarse para un futuro improbable, entre bombardeos y un pánico generalizado. La guerra de Siria ha provocado que no haya apenas sitios seguros para que los niños jueguen o aprendan.Tampoco para que sean asistidos en hospitales y centros médicos. La zona rural de Deraa se ha convertido en un refugio para desplazados de áreas aledañas y se han levantado escuelas improvisadas que acogen cada día a decenas de menores.

    Agrupados por edad o nivel, estos niños reciben clases de antiguos profesores que también han tenido que abandonar sus hogares.Bajo tierra, en aulas improvisadas en cuevas, reciben formación de árabe, inglés o matemáticas ayudados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

    En Siria viven hoy 400.000 niños refugiados en edad escolar, pero en la actualidad 294.000 están excluidos del sistema educativo, según el mencionado Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

     Un informe firmado por Mirella Chukrallah, directora del departamento de Educación de la organización no gubernamental Cáritas en Líbano, señala que en Siria los educadores se encuentran resignados «delante de una generación perdida».

    «Son niños que han perdido años de su vida, son más aislados,propicios a radicalizarse, a ser explotados y, entre las niñas, a casarse muy pronto», destaca el estudio.

    Por otra parte, en todo el mundo, el número de niños sirios privados de escuela se eleva a tres millones, incluyendo aquellos afectados por el cierre de establecimientos en su propio país.

    La cifra contrasta con la situación precedente al conflicto bélico, cuando la tasa de escolarización en Siria era del 99 por ciento en la educación primaria y del 82 por ciento en la secundaria, gracias, en parte, a la gratuidad de escuelas y universidades.

    Unicef ha lanzado el programa ‘Back to School’ para intentar reagrupar en ámbitos educativos a 200 mil escolares que intentan escapar de la guerra. Pero las dificultades enormes que presenta el escenario actual obstaculizan en gran medida esa loable iniciativa.

    El proyecto implica una inversión de 630 dólares por niño -incluyendo salarios de profesores, material escolar y todos los costos relacionados-, además de la financiación total de las escuelas públicas.

    Pese al esfuerzo conjunto, el número de plazas disponibles sigue siendo insuficiente para atender a todos y algunas escuelas continúan exigiendo a los refugiados cédulas de identidad o permisos de residencia a la hora de la inscripción.

    A finales del pasado año, Cáritas pretendía poner un proyecto para proporcionar transporte escolar gratuito para 40 mil niñosconsiderados más vulnerables en Siria, pero la financiación de seis millones de dólares todavía no ha sido aprobada.

    Mientras tanto, tanto las escuelas como los hospitales se han convertido en blanco de las bombas en Siria. Desde 2011, Unicef ha contabilizado al menos 4.000 ataques contra colegios en territorio de ese país. Desde Unicef se denuncia que los centros educativos no deberían convertirse en una trampa para morir, sino que deberían ser lugares en los que los niños estuvieran protegidos y pudieran aprender, crecer y desarrollar sus habilidades.

    Finalmente, cerca de 3,7 millones de niños sirios -1 de cada 3 de todos los niños sirios- han nacido desde que comenzó el conflicto hace cinco años, con su vida marcada por la violencia, el miedo y el desplazamiento, según un informe de esta organización. Esta cifra incluye a más de 306.000 niños nacidos como refugiados desde el 2011.

    Fuente: http://www.lainformacion.com/mundo/Decenas-estudian-tierra-guerra-Siria_0_977602682.html

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