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Una defensa contundente y argumentada de la instrucción pública

España/02 de Junio de 2018/Por: Salvador López Arnal/Rebelión

Casi no es necesario presentar a los autores. Los tres son profesores de filosofía. Carlos Fernández Liria de la Complutense, Olga García Fernández y Enrique Galindo Ferrández son profesores de secundaria. Militan ambos en las Mareas en defensa de la educación pública.

Además del preámbulo, son diez los capítulos del libro, más el apartado de conclusiones, un apéndice que evalúa el bilingüismo (inglés, castellano) y la bibliografía.

La dedicatoria es muy significativa del compromiso de los autores: a sus alumnos, a compañeros que han leído el manuscrito del libro y “a nuestros compañeros y compañeras de Mareas por la Educación Pública, por su lucha incansable y su valiosa amistad. También a todos los profesores y maestros que, como Daniel Nota, son un ejemplo para la escuela pública”.

Lo es también el título: “Escuela o barbarie”, una disyunción (excluyente) que, por supuesto, recuerda, con neta intención, el socialismo o barbarie de Rosa Luxemburg. El subtítulo tampoco está para adornar: “Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda”. Nada que decir de lo primero, conocemos y sufrimos sus programas, sus avances y sus agresiones; de lo segundo, de la necesidad de matices sobre ese delirio de la izquierda, diré algo más adelante.

La idea central de este libro muy recomendable, escrito con fuerza y convicción, se puede resumir tal vez del modo siguiente: es urgente y necesario defender la educación y la instrucción pública; existe, no es una neura ni una idea conspirativa fantasiosa, un auténtico plan de privatización de la enseñanza pública, de desmantelamiento paulatino de esta gran conquista ciudadana, de poner al servicio de las grandes corporaciones el sistema educativo de los países. En definitiva, de sustituir la instrucción pública por otra cosa muy distinta, basada en competencias, habilidades y demás ítems de la terminología (antipedagógica) al uso. Una ilustración de esto último: ¿Para qué sirve, dicen los partidarios de las TIC, aprenderse los ríos españoles de memoria o las capitales del mundo si no tenemos la habilidad de mirar sus nombres con el buscador de una gran corporación, de San Google por ejemplo?

Las virtudes del ensayo, cito las más relevantes teniendo en cuenta el espacio del que dispongo, son más que evidentes. Algunos ejemplos:

1. Claridad en la exposición. No hay pasajes oscuros. Lo que se piensa se dice a las claras, sin ocultaciones, de frente. Plantando cara cuando es necesario y, como se podrá comprobar, muchas veces es necesario. Cada vez más.

2. El tono no es siempre cortés pero no hay falta el respeto. Hay un pensamiento, ahora heterodoxo, que se quiere vindicar, marcando distancias y criticando posiciones que se piensan (y sienten) como erróneas o como muy serviciales en algunos casos.

3. La defensa de lo público, de la educación pública, es más que evidente y sostenida con una argumentación sólida y con convicciones por supuesto.

4. Se podrá decir que se habla con trazo demasiado grueso sobre la pedagogía, contra la pedagogía si se quiere. Un capítulo, el IX, muestra muchos matices y permite una mejor comprensión de las posiciones defendidas. La discusión que mantuvieron Carlos Fernández Liria y Luis S. Villacañas, incluida en el libro, enseña a todos.

5. Se dirá que los autores, como buenos filósofos que son, teorizan y teorizan, incluso que especulan, pero que apenas plantean programas alcanzables, no utópicos. No parece pertinente la crítica. Un programa con quince puntos no quiméricos, y con coste económico cero aseguran (tengo alguna sobre ello, pero es secundario ahora), se expone, con claridad y distinción cartesianas, esta vez en las páginas 373-375. Dos ejemplos: “10. Plan de rescate ciudadano vertebrado en tres ejes de actuación; ayudas para comedores escolares, becas para material escolar y subvención de transportes públicos”. 12. “Recuperación de los derechos laborales extirpados al profesorado, especialmente a los interinos”.

6. Las críticas al llamado Plan de Bolonia, en su momento no bien recibidas entre algunos sectores del profesorado por demasiado radicales o extremistas, quedan aquí recogidas y, visto lo visto, hay que darles la razón en la mayoría de sus observaciones. No estaban ciegos y mucho menos obnubilados por prejuicios izquierdistas

7. La independencia de juicio, la libertad de pensamiento, se muestra en muchos apartados del libro. Destacaré uno. Los autores, alguno de ellos, o todos ellos tal vez, formados en los escritos y en la filosofía de Louis Althusser, no tienen ningún problema en criticar y dejar muy mal parado el concepto o categoría de “aparato ideológico de Estado” atribuido a la escuela “althusseriana”. En su opinión, un auténtico disparate conceptual, de hondo calado político, refiriéndose a la escuela pública de los Estados democráticos (capítulo II, primeras páginas).

Siguiendo el espíritu del libro, conviene apuntar algunas críticas:

1. Falta, en mi opinión, aunque sé bien que no se puede hablar de todo, una mayor aproximación a los ciclos formativos, a la enseñanza llamada profesional que también es enseñanza. Si existe algún ejemplo de privatización, de colaboración servil con el mundo empresarial, ese ejemplo está relacionado directamente con la formación dual, con la barbaridad de horas de prácticas que tiene que realizar los estudiantes (unas 350 horas, cinco meses o más), con la inexistencia de una formación humanística básica en los ciclos y con la inculcación e intoxicación cultural-ideológica de una asignatura, “Economía e iniciativa emprendedora”, que, cuanto menos en Cataluña, es obligatoria en todos los ciclos. Neoliberalismo indocumentado en estado puro.

2. La crítica a la izquierda es, en algunos casos, demasiado general en mi opinión. De hecho, ellos mismos citan, con acuerdo y mucha admiración, a uno de esos activistas y pensadores de izquierda de los que todos hemos aprendido. Hablo, por supuesto, de Agustín Moreno. Por lo demás, hay otros autores de izquierda en nuestro país que también se han levantado contra la privatización de la enseñanza y contra su destrucción. Un ejemplo entre muchos posibles: Pilar Carrera Santafé y Eduardo Luque Guerrero, Nos quieren más tontos. La escuela según la economía neoliberal, Vilassar de Mar, El Viejo Topo.

3. No estoy seguro que los autores sean totalmente justos cuando se aproximan al debate Bueno-Sacristán de los años sesenta y setenta del siglo pasado en torno al papel de la filosofía en los estudios superiores y sobre las características esenciales de la propia filosofía y del filosofar. El opúsculo de Sacristán es un texto de intervención escrito en determinadas coordenadas políticas, culturales y filosóficas, fechado en 1967 (publicado en catalán al año siguiente), un artículo largo, digámoslo así, donde se plantea un nuevo programa filosófico para la enseñanza secundaria (no se apuesta por anular su enseñanza sino por su renovación) y universitaria que tiene muy en cuenta la realidad filosófica de España en aquellos momentos. De hecho, algunas formulaciones que los autores realizan en varios apartados del libro -una pedagogía real, reflexionada por los propios profesores, no por supuestos expertos en didáctica- recuerdan algunas aristas de la propia reflexión “sacristaniana”.

Prueba práctica de que Sacristán no menospreció la enseñanza de la filosofía en secundaria, una filosofía no cansina a la altura de las circunstancias que supiera a qué atenerse, es que él mismo la practicó, con diversas conferencias, cuando tuvo ocasión.

4. La crítica a Francisco Fernández Buey que los autores realizan en la nota 24 de la página 48 pide, incluso exige, también algún matiz. Cuando el autor de Por una Universidad democrática explica que fracasó la lucha por la democratización de la Universidad en los años setenta del siglo pasado porque se les impuso la “funcionarización” (de los PNN), no debe olvidarse que en aquellos momentos este movimiento universitario había elaborado otra forma de relación laboral entre el profesorado y la Universidad que garantizase su independencia y su estabilidad laboral, puntos sin duda centrales. Que fuera muy diferente de la “funcionarización” que entonces se conocía, que poco tenía que ver con el servicio público correctamente realizado y mucho con él a “mí no me toques ni me digas nada porque soy funcionario y tengo mucho mando en mi plaza”, no le resta valor sino que se lo añade.

5. Los autores usan a veces la expresión “propietarios” (aunque sea de plaza) para referirse a la situación ideal del profesorado. Si no, no queda otra que la dependencia y el servicio acrítico. Me da que otras formulaciones son posibles, incluso necesarias. Enseñantes, trabajadores de la enseñanza, por ejemplo, y con ello la posibilidad de un control público, ciudadano, de las prácticas profesionales, laborales, de algunos profesores titulares, algunos de ellos catedráticos, que viven esa propiedad de plaza como un “nadie me tose, aquí mando yo”.

6. Faltaría un índice nominal en las próximas reediciones y, en mi opinión, no estaría mal un glosario con los quince o veinte concepto básicos que manejan los autores.

Nada sustantivo en este apartado crítico. Lo esencial está en el importante y poblado haber de este libro filosófico, polémico sin duda, los autores son muy conscientes de ello, que argumenta con pasión razonada sobre la necesidad de cuidar con mimo un bien tan preciado como la educación e instrucción de la ciudadanía. Ha sido, sigue siendo, una conquista obrera, popular, ciudadana que no podemos arrojar a la cuneta, como tantos cadáveres de luchadores republicanos antifascistas. Bien mirado, también a ellos se lo debemos en gran parte.

Se me escapan mil temas más. No se puede hablar de todo… y es una lástima en este caso.

El libro lo merece.

No se lo pierdan. Pasen, lean y recomiéndenlo, si les parece.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=242221

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La ONU constata que España viola “sistemáticamente” el derecho a la educación de alumnos con discapacidad

Europa/España/31 Mayo 2018/Fuente: El diario la educación

Esta organización internacional alerta de que en nuestro país se desvía «a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general».

La ONU constata que España viola sistemáticamente el derecho a la educación de alumnos con discapacidad. “La segregación y exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, explican desde esta organización internacional en un comunicado.

Esta crítica se ha emitido dos horas después de que el ministro de Educación asegurase en el Congreso esta mañana, cuestionado por PSOE y Unidos Podemos, que en el sistema educativo español no existe segregación. “Nuestro sistema no segrega, el régimen de segregación es el del Apartheid de Sudáfrica”.

Entre las conclusiones que destacan los observadores de la ONU, alertan de que en nuestro país se han aprobado disposiciones legales “para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general”.

Además, advierten de la inexistencia de mecanismos independientes que detecten estos problemas. Esta falta de monitoreo provoca “que una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera”. “El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidad, que no encajan en las escuelas generales, les aboca a trayectorias paralelas en la vida escolar, en el empleo y más tarde en la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes”, ha asegurado Theresia Degener, presidenta del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Investigación que se inició en 2014

Esta es una de las conclusiones a las que han llegado varios expertos de Naciones Unidas en un informe que han publicado este martes. La investigación comenzó tras una queja emitida el 2014 por una organización – no detallan cuál – de personas con diversidad funcional. El año pasado una delegación de este Comité visitó varias ciudades españoles y se entrevistas con más de 165 personas, entre ellas funcionarios representantes de asociaciones de afectados y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.

Uno de los participantes en esta investigación, Carlos Parra, ha criticado este modelo paralelo creado por las administraciones españolas. “Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera”, ha incidido.

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad considera que España vulnera la Convención que ratificó y que incluye el compromiso de garantizar que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita o obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad”.

Para evitar esta exclusión, este organismo de la ONU insta a España “a establecer un plan de acción nacional elaborado en consulta con las organizaciones representativas de personas con discapacidad”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/30/la-onu-constata-que-espana-viola-sistematicamente-el-derecho-a-la-educacion-de-alumnos-con-discapacidad/

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Mar de Fueguitos: las madres raperas de la escuela pública Miribilla (Audio)

España / 27 de mayo de 2018 / Autor: Mar de Fueguitos / Fuente: 97 FM Irratia

Esta semana charlamos con Jaira García, Elisabete García, María Silva, Begoña Lasa y Rosana Bermejo, madres de la escuela pública Miribilla de Bilbao que han grabado un rap para denunciar la exclusión de su colegio y mostrar la riqueza que atesoran sus aulas. Además, recordamos el setenta aniversario de la nakba palestina y escuchamos un par de canciones de “Ni naiz izotz erregina”, el nuevo albúm de la rapera bilbaína La Basu.

 

 

Fuente: 

las madres raperas de la escuela pública Miribilla

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El presente de los jóvenes, el futuro de las sociedades

Por: Juan Carlos Yáñez

En América Latina, los excluidos de la escuela tienen un perfil común: a los diecisiete años nueve de cada diez adolescentes de hogares socioeconómicamente mejor posicionados cursan estudios, mientras la mitad de los más pobres los truncó.

El terrible homicidio de tres estudiantes de cine en el estado mexicano de Jalisco cimbró las ya delicadas fibras sociales. El hecho mismo es funesto luego de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, sin que todavía sepamos la verdad.

Cada noche nos vamos con noticias funestas, y cada despertar nos recibe con otras iguales o peores. La desmesura engendra límites insospechados. Los detalles que circulan sobre la forma en que fueron asesinados los tres estudiantes conmueven por la brutalidad, la sinrazón de las causas y por los victimarios, también jóvenes.

Pocas horas después del anuncio de la fiscalía jalisciense, en Tamaulipas, norte del país, un grupo de sicarios arremetió contra estudiantes de una escuela secundaria superior, con saldo de cinco lesionados. La cosa no termina ahí. Tres días más tarde se descubrió la desaparición de otros seis jóvenes oriundos de Tlaxcala, luego de ser detenidos en un pueblo de Oaxaca.

Jóvenes son la mayor parte de los desaparecidos en México. Jóvenes son las víctimas preferidas de los grupos mafiosos que se disputan el mapa del narcotráfico, en el papel de sicarios o socios. Jóvenes que ya no llegan a la cárcel, pese a cortas y frenéticas carreras delincuenciales, porque son asesinados. En el penal para menores en Colima, el estado donde vivo, son más los custodios que los presos. Signos reveladores del destino que depara a miles de jóvenes en una nación que miraba con optimismo el futuro por el prometedor bono demográfico.

Los jóvenes universitarios mexicanos de hoy, los más escolarizados en la historia, enfrentan perspectivas desoladoras, como en Europa, y especialmente España. Esta condición de la juventud, rehén de la delincuencia y con altos grados de escolarización, coexiste con el descomunal contingente de jóvenes que no estudian ni trabajan, los inapropiadamente llamados “ninis”, que colocan al país como potencia mundial en ese renglón oprobioso.

El problema se gesta en la infancia. Pablo Gentili acuñó una expresión que parece delirante, pero dolorosamente plausible para millones de latinoamericanos: la experiencia de la infancia es la vivencia del hambre. La exclusión de la escuela y del mundo del trabajo que sufren los jóvenes invisibles es compleja y simboliza el funcionamiento deficiente del sistema social. Los jóvenes son víctimas, pero su desgajamiento ocurre cuando todavía no llegan a la educación media; el embudo se cierra a las puertas de la ciudadanía.

Como es evidente en la bibliografía, la inclusión de nuevos actores en la escuela, provenientes de sectores sociales marginados, no ha sido acompañada de políticas que favorezcan permanencia y egreso con buena educación. Los sistemas educativos son más grandes, pero su capacidad no se robusteció en consecuencia; las medidas parecieron atender a una lógica clientelar y no a una que revirtiera inequidades. La exclusión se trasladó al interior de los centros escolares, legitimando la presunta incapacidad de ciertos sectores para permanecer en la escuela, creando circuitos diferenciales de calidad. Las políticas contra la desigualdad han sido parciales e insuficientes, pues agotan su eficacia en una primera inscripción. Mujeres y pobres son las víctimas principales, aunque la fórmula completa es: mujer indígena pobre habitante de zonas rurales.

Por otro lado, si la adolescencia es una etapa de socialización caracterizada por la incorporación de recursos para participar en la vida adulta, estamos, dice Vanesa D’Alessandre, frente a personas para quienes la adolescencia nunca comenzó, que brincaron de la infancia a la adultez.

Juan Carlos Tedesco (Educación y justicia social en América Latina, FCE/UNSM, Buenos Aires) fue contundente: “En la región, para una parte muy importante de los alumnos de sectores sociales desfavorecidos el acceso a la escuela representó acceder a la experiencia del fracaso escolar… En todos los países analizados se pudo comprobar que los alumnos provenientes de los sectores más pobres abandonaban prematuramente la escuela, mientras que los sectores medios y altos permanecían en ella hasta los grados finales”. En América Latina, los excluidos de la escuela tienen un perfil común: a los diecisiete años nueve de cada diez adolescentes de hogares socioeconómicamente mejor posicionados cursan estudios, mientras la mitad de los más pobres, a la misma edad, los truncó. Si dichas variables juegan para la escolarización, también para la incorporación a la actividad económica, es decir, las probabilidades de que un adolescente excluido de la escuela trabaje, aumenta en los sectores sociales carenciados.

La invisibilidad de los jóvenes no es privativa del caso mexicano o latinoamericano. En el libro de conversaciones entre Zygmunt Bauman y Riccardo Mazzeo, éste señala que en Italia cada año 120 mil jóvenes con edades entre 15 y 19 años se agregan a las listas de los neets: quienes ni estudian, ni trabajan, ni realizan algún tipo de aprendizaje. En total, más de dos millones de italianos. Una de las consecuencias nefastas de estas lógicas de operación recuerda predicciones más viejas sobre el futuro que nos rebasó: “Es la primera vez de la que tengamos memoria, en que ‘toda una generación de graduados’ se enfrenta a una alta probabilidad, casi a la certeza, de conseguir unos empleos que serán ad hoc –temporales, inseguros y de tiempo parcial–. O unos pseudoempleos impagados ‘de adiestramiento’ que han sido recalificados, de modo engañoso, como de prácticas. Todos ellos considerablemente por debajo de las habilidades adquiridas por los estudiantes y a años luz por debajo del nivel de sus expectativas” (Bauman).

¿Epílogo o epitafio?

La terrible muerte de los jóvenes estudiantes mexicanos es otro impactante recordatorio de las deudas de los sistemas políticos en un continente rico y diverso, pero con modelos despiadados de justicia social y profundamente demagógicos, amparados por la impunidad y el cinismo. ¿El presente sombrío de los jóvenes es augurio del futuro de las sociedades?

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/04/el-presente-de-los-jovenes-el-futuro-de-las-sociedades/

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México: Convocatoria para integrar el primer ejemplar de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos

México/03 de Marzo de 2018/Educación Futura

El Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (CEA-MOPE)

Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana

Convoca

  • A los investigadores, docentes e interesados en la divulgación científica de la educación que han tomado el desafío que presenta el análisis permanente de la realidad educativa en México, América Latina y el mundo y que contribuyen desde un horizonte de justicia social y equidad educativa,
  • A los investigadores, docentes e interesados en la divulgación científica que fomentan incesantemente el diálogo interdisciplinario para explicar la desigualdad y las injusticias educativas,
  • A los investigadores y docentes que buscan vincular su conocimiento con el diseño de políticas públicas para garantizar e impulsar el derecho a la educación de los grupos excluidos social y educativamente,
  • A los docentes e investigadores que posean propuestas concretas para hacer presente la realidad social en la vida académica y que contribuyan con su conocimiento en la transformación de las condiciones de exclusión,

A integrar el primer ejemplar de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos a cargo de nuestra Universidad, con el propósito de construir y aportar conocimientos encaminados a el logro de sociedades más justas.

La revista se propone como un marco de referencia para el empoderamiento social mediante la divulgación científica, y entiende la justicia social como un proceso y una práctica de equidad que debe incorporarse al quehacer diario. Parte de la premisa de que la equidad se construye desde un enfoque interdisciplinario que transciende conceptos y sistemas políticos, sociales y culturales y asume la divulgación científica como una visión del proyecto educativo, que fomenta un diálogo intercultural orientado a contribuir en la construcción de relaciones justas y equitativas en la sociedad y sustentado en los procesos de justicia social y de derecho a la educación en Latinoamérica.

Bases

Para investigadores, docentes e interesados en la divulgación científica:

  • Se publicarán trabajos en español, portugués, francés e inglés como lenguas legítimamente establecidas en América Latina e idiomas básicos de contacto con el resto del mundo.
  • Se aceptarán artículos originales e inéditos que:

      1. No hayan sido propuestos a otra revista de forma paralela,
      2. Contengan resultados de investigación educativa y se sustenten en una rigurosa   metodología, bien sean éstos con base empírica, teórica o conceptual,
      3. Aporten significativamente, desde cualquier enfoque disciplinar, al logro de una mayor justicia social,
      4. Vinculen el conocimiento con la política educativa, el derecho a la educación, la desigualdad y las injusticias educativas en América Latina y el mundo,
      5. Estén referidos a la sistematización y la reconstrucción de experiencias que emergen de la educación popular y de los movimientos sociales latinoamericanos, así como trabajos de resultados de investigación que den prioridad a la problemática educativa de los grupos excluidos social y educativamente y,
      6. Promuevan el diálogo informado y constructivo acerca de la problemática educativa a nivel local y regional.

Los trabajos deberán enviarse a la dirección electrónica de la Revista rlee.ibero@gmail.com, junto con una declaración de originalidad de la investigación, por medio de la cual sus autores admiten y certifican que son responsables de su producción intelectual en el todo y en sus partes (fotos, tablas, imágenes, dibujos o gráficos que acompañen a un artículo para ilustrar su contenido), que son titulares de los derechos de autor y que la inclusión de los nombres que los firman no entra en conflicto de interés entre los autores citados, con la institución que auspicia la investigación que se reporta, o con cualquier otra entidad física o moral. En caso de encontrar inconsistencia en esta parte del envío, los responsables de la revista se adhieren al  Código de Conducta del Commitee on Publications Ethics (COPE).

Así también deberán adjuntar una carta de cesión de derechos mediante la cual el o los autores transfieren a la RLEE los derechos de propiedad intelectual de su trabajo; si es aceptado para su inserción, durante un plazo de 12 meses a partir de su aparición en ella. De igual forma, transfieren los derechos de reproducción en cualquier otro soporte material, electrónico o virtual, con fines de su difusión o de la comercialización de este saber en cualquier soporte. En este tipo de casos, el o los autores serán remunerados con tres ejemplares impresos en los que aparezca su trabajo (en el caso que se trata de un único autor), o dos (si es una autoría colectiva).

La carta deberá solicitarse al mismo correo electrónico, y deberá enviarse firmada y con los datos de identificación, filiación institucional y localización de sus autores. En caso de contener testimonios o fotografías de personas, el o los autores deberán contar con el consentimiento informado de los sujetos de la investigación, si acaso el material publicado lesionara su integridad física o moral, sus datos personales u ocasionara conflicto de interés. Deberán contar con los derechos de uso y reproducción de las fotografías o gráficos que no fuesen de su propiedad o autoría.

Transcurrido el plazo mencionado, el autor podrá publicar su trabajo en cualquier otro soporte, citando la fuente de su aparición original en la RLEE.

Los principales criterios de aceptación de propuestas de inserción en la Revista son:

  1. Pertinencia del tema al campo de la investigación educativa, desde cualquier enfoque disciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar tratado con rigor teórico, metodológico y conceptual.
  2. Resultados de investigación académica original, con relevancia y validez en sus referentes empíricos, teóricos y conceptuales.
  3. Sistematización y reconstrucción de experiencias educativas originales, que aporten al campo de la educación popular y de amplios movimientos sociales.
  4. Se incluirán en especial aquellos cuya aportación refuerce la interacción del saber con amplios fenómenos sociales y los que tengan una potencial influencia de la investigación hacia las transformaciones sociales necesarias.
  5. En todos los casos, se valorará positivamente la vigencia y la actualidad de las fuentes de la investigación, así como la alta calidad literaria de los textos.

Manuscritos:

Los trabajos deberán observar la normativa internacional y los buenos usos en materia de estructura básica de:

  1. Artículos originales de investigación empírica, académica y socialmente relevantes:  título conciso anticipatorio del contenido real del trabajo, autores del trabajo, filiación institucional y correo electrónico; resumen en dos o tres idiomas, con extensión máxima de 200 palabras y estructura mínima que conste de: objetivo, metodología, resultados o relevancia académica o social de la investigación; palabras clave en dos o tres idiomas, de preferencia con base en el Tesauro de educación de la UNESCO,  o en el vocabulario controlado de IRESIE; introducción (partes de las que se compone el trabajo), objetivos, metodología, referentes bibliográficos, resultados, conclusiones y, en su caso, recomendaciones u horizontes de futuras indagaciones.
  2. Artículos originales de investigación conceptual y aportes a la reflexión académica en el área, que organicen crítica y exhaustivamente el material ya publicado en la materia y den cuenta del estado en el que se encuentra el análisis del asunto en cuestión, identifiquen vacíos, inconsistencias o relevancia teórica y social de las aportaciones o anticipen nuevas soluciones a las problemáticas planteadas.
  3. Aporte metodológico que presente aproximaciones originales, cambios de métodos existentes o discusiones sobre enfoques cuantitativos y análisis de datos.
  4. Para las sistematizaciones, recuperaciones de experiencias o estudios de caso, se describirá el material recogido durante la experiencia descrita con personas u organizaciones y se pondrá de manifiesto la utilidad y la relevancia social de la recuperación.

Tendrán una extensión máxima de 25 cuartillas (2 500 caracteres con espacio por página), y serán enviadas en documentos de Microsoft Office (Word, Excel). Así mismo, los textos, tablas, gráficas o figuras deberán enviarse de forma editable y no como imágenes. En caso de enviar dibujos o fotografías, éstas deberán tener una resolución mínima de 300 puntos por pulgada (dpi).

Referencias:

Los trabajos harán referencia de la literatura que sirve específicamente a la difusión de los resultados de la investigación en esta revista, y se abstendrán de incluir la bibliohemerografía amplia que dio lugar a la investigación.

Las referencias dentro del texto se señalarán por autor, fecha y página (Autor, año: página).

En la parte final del trabajo se incluirá, en orden alfabético, la ficha amplia de las fuentes usadas en el derivado de la investigación que se propone a esta revista, en el formato APPA, que incluye todo tipo de publicación o documento, libro, revista, tesis, ponencia, cotidiano o sitio WEB. No se dará entrada a la primera fase de la evaluación a los trabajos que incumplan esta norma.

Para garantizar la calidad literaria del trabajo, se recomienda observar las normas del estilo editorial de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-cea-mope-y-departamento-de-educacion-de-la-universidad-iberoamericana-lanzan-la-convocatoria-para-integrar-el-primer-ejemplar-de-la-revista-latinoamericana-de-estudios-educativos/

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Educación religiosa escolar y violación a la laicidad

Por: LAICISMO.ORG

Las escuelas públicas deben estar libres de adoctrinamiento religioso. Sin embargo, en varios países que son laicos, la religión como asignatura sigue ofreciéndose y usándose para adoctrinar menores.
Mientras que en países como Francia, Chile, Uruguay o México la educación religiosa no hace parte del currículo escolar de los colegios públicos de varios países de Latinoamérica y España se presenta. Y en algunos es de carácter obligatorio.
En el presente escrito veremos la situación de Colombia y Perú sobre el particular.
Colombia
En Colombia esta asignatura existe, a pesar que el Estado colombiano es laico desde la Constitución de 1991.
La Constitución Política de Colombia afirma en su artículo 68 que “en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”. Sin embargo, en la Ley General de Educación de 1995 se incluyó a la religión como asignatura obligatoria. Y aunque hay directrices que piden que esta asignatura no sea usada para adoctrinar en un credo particular, la realidad en muchas partes del país es diferente.
Posteriormente, el Decreto 4500 de 2006 estableció la posibilidad que los padres de familia manifiesten la exoneración de la clase de religión para sus hijos en el momento de la matrícula. Para esto todos los colegios deben tener un plan alterno, bajo el cual se les evaluará.
Este plan alterno señala en el Artículo 4 del citado Decreto que: “al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará”.
Sin embargo, estos planes alternos no existen en las instituciones públicas. De hecho, la inmensa mayoría de rectores y consejos académicos ignoran su existencia. Tampoco ha existido ninguna campaña informativa que dé a conocer a los padres de familia la posibilidad de exonerar a sus hijos.
Según el informe Estado de la laicidad en Colombia, 2010 – 2017, que realizó la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo, se reportó que en muchos colegios públicos se usa la asignatura de religión para promover el catolicismo o el cristianismo en general. Lo anterior es más marcado en zonas rurales, pueblos y ciudades intermedias, así como en las básicas primarias en general. En la educación primaria se enseñan como realidades históricas la historia de Adán y Eva, el diluvio, o se han redactado en boletines de calificación descriptores de logro como “se le dificulta reconocer a Jesús como salvador del mundo”, como ocurrió en un colegio de Bello, Antioquia. Vale preguntarse si con un logro académico así podía aprobar entonces un estudiante judío, indígena o ateo.
También se reportó un caso, en el San Francisco de Sales en Cúcuta, en el que se pidió a cada curso hacer altares para la Virgen María en cada aula de clases, a pesar que existían allí —y aún existen— estudiantes evangélicos, que no adoran a la Virgen, como agnósticos y ateos. Uno de ellos, a manera de protesta simbólica, puso un ejemplar del libro El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan junto a la imagen de la Virgen, lo que le valió al curso una reprimenda verbal por, según algunos docentes “profanar algo sagrado”.
La Corte Constitucional, tras una revisión de una tutela el año pasado, recordó la naturaleza laica del estado, en un caso en el que estuvo involucrada una docente cristiana no católica que pidió en reiteradas ocasiones no ser obligada a participar en las misas de la Institución Educativa Municipal Carlos Lozano y Lozano, de Fusagasugá, Cundinamarca. La Honorable Corte no solo determinó que se le había violado su libertad de conciencia y de culto a la maestra al obligarla a participar de estos actos, sino que en los colegios oficiales, que por naturaleza deben ser neutrales ante todo credo religioso, los directivos escolares no deben realizar actos religiosos que liguen a una institución pública con un credo en particular.
En las redes sociales muchos padres y docentes comentaron la noticia de este fallo adjudicando la crisis de corrupción a la falta de enseñanza de la Biblia, el catecismo o la creencia en Jesús. Aquí es preciso señalar que la educación religiosa no es lo mismo que la enseñanza de la ética. Platón hablaba de ética siglos antes que cualquier humano se autodenominase cristiano. La ética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la moral. Se puede ser perfectamente un buen ser humano sin adherirse a un credo religioso, así como hay malas personas que creen en alguna divinidad o en presuntos libros revelados. ¿Qué tiene que ver con la moral el aceptar o no el dogma de la transubstanciación o qué la Biblia y no el Corán son la palabra de Dios?
Es cierto que como sociedad necesitamos enseñar, pero ante todo vivir los valores de honradez, honestidad, justicia, bondad, responsabilidad, cooperación y respeto. Pero esto es distinto a enseñar que hay un libro revelado, una iglesia a la cual asistir o dogmas que no se pueden cuestionar. Repito: ¡Ética y religión son dos cosas diferentes!

La ética también está señalada en la Ley General de Educación como asignatura obligatoria, aunque a veces se mezcla con la religión en su forma de presentarse o evaluarse. No es sobre esta asignatura que se estableció la posibilidad de exoneración de la que habla el decreto 4500 de 2006.Les dejamos el vídeo de Bogotá Atea en el que promueven la exoneración de la clase de religión.



Perú

Texto de J. Leonardo Vivanco Enriquez

¿Por qué se enseña religión en la escuelas?
Sobre eso, el Marco Curricular Nacional, en su segunda versión, en la página 17, dice:
“En 1980 se firmó el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, más conocido como Concordato, donde el Estado peruano asume el compromiso de enseñar el curso de religión católica en los colegios públicos como materia ordinaria, aunque normas posteriores autorizan a los estudiantes que así lo deseen (con permiso o por pedido de sus padres) exonerarse de este curso sin afectar su promedio. Estas normas están vigentes y, en consecuencia, el curso se seguirá dictando en las mismas condiciones.”
El Currículo Nacional de Educación Básica, menciona que uno de los perfiles de egreso de la educación básica es que;
* El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades.
El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las personas. (p. 10 )
Además, una de la competencias que se muestran en el currículo, dice que el estudiante:
“Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas”, y que “Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa”, además, agrega que; “Estas dos competencias se desarrollan en el área de Educación religiosa y se encontrarán explicadas en los programas curriculares de las modalidades educativas. Según la Ley 29635, ley de libertad religiosa, los padres de familia o estudiantes cuya confesión religiosa es distinta a la católica pueden solicitar exoneración del área, sin perjuicio alguno”. (p. 24)
Hasta aquí notamos la existe de todo un marco legal que ampara la existencia de la asignatura en cuestión, de su práctica en las escuelas y de su función según los documentos normativos, ahora bien, veamos que dice la constitución al respecto.
En el Capítulo I, sobre los derechos fundamentales de la persona, particularmente en el Artículo 2 dice que toda persona tiene derecho:
3.- A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
Luego, en el Artículo 50 dice;
Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.
El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.
“Se define a Estado laico como aquel independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Así, el Estado peruano es laico como lo son la inmensa mayoría de los Estados del mundo. (…) Pero lo más curioso de todo es que la vigente Constitución de 1993 no menciona la palabra laico, sobre la cual se ha construido una falsa conclusión, que sin embargo ha calado a fuerza de la repetición”.
Para terminar;
“El 3 de julio de 1991, Alberto Fujimori firma el Decreto Supremo 145-91-DF, en el que se establecen las asignaciones de dinero del personal eclesiástico de manera escalonada, de tal forma que el cardenal obtiene el mismo sueldo que un ministro de Estado, el arzobispo el 80% del sueldo de un vice-ministro, el obispo, 50%, etc. Cabe recalcar que estas asignaciones no son consideradas como sueldos, puesto que no están sujetas a ningún descuento por tributación”.
Ahora bien, considero que con estos objetos es posible generar algún argumento o a favor o en contra o quizá generar algún tipo de concilio, sin embargo, la chamba compleja se encuentra en la trasmisión de las ideas y de la información. De tal forma que, no se engañe a través de un discurso fundamentalista o de odio.
Fuente del Artículo:
https://laicismo.org/2018/02/educacion-religiosa-escolar-y-violacion-a-la-laicidad/
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De cada 100 colombianos, 56 no completan la educación secundaria

Colombia/ 27 de febrero de 2018/Por: Redacción VIVIR/Fuente: https://www.elespectador.com

De acuerdo con un informe sobre desigualdad en el acceso a la educación, realizado por la organización Niñez Ya, 40% de los niños que no asisten al colegio están en zonas de conflicto armado.

Según un informe presentado por la organización de la sociedad civil Niñez Ya el 62% de los jóvenes que terminaron el bachillerato no lograron acceder a educación superior, y el 40% de los niños y niñas que no asisten al colegio están en zonas de conflicto armado.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado que concluir la enseñanza secundaria es el umbral educativo mínimo para reducir la posibilidad de vivir un futuro en situación de pobreza. Sin embargo, en Colombia, el promedio de años de escolaridad se situó en 7.3, como reporta Niñez Ya.

Conforme a cifras del Ministerio de Educación, Niñez Ya sostiene que en 2016, 280.562 niños y adolescentes desertaron de sus colegios y el grado sexto fue el que presentó mayor porcentaje de abandono con un indicador de 16%, y se estima que 135.000 personas con discapacidad están excluidas de las clases regulares.

La brecha entre lo urbano y lo rural

“70% de los establecimientos en zona rural no contaba con alcantarillado en el año 2016 y en zonas de periferia como lo son Amazonas, Guaviare, Vichada y La Guajira las distancias entre los niños y las instituciones educativas oscilaban entre los 8 y 13 kilómetros”, dice el diario La República.

Según datos de la Fundación Compartir y Fedesarrollo, en 2016, la tasa de permanencia escolar en la zona urbana es de 82%, mientras que este indicador presenta un fuerte rezago en la zona rural donde la tasa solo llega a 48%. Sumado a esto, aquellos que estudian en el campo lo hacen en colegios con infraestructura de 37 años (promedio) de antigüedad y que no dispone de red de gas, alcantarillado ni baños suficientes, según la Fundación Empresarios por la Educación.

Niñez Ya, que es una organización de la sociedad civil por la niñez y la adolescencia, presentará estos resultados al próximo Presidente de la República para que se considere en el próximo Plan Nacional de Desarrollo “y reconozca y garantice los derechos de los 15.448.285 ciudadanos colombianos menores de 18 años”, como dice el comunicado de Niñez Ya, que agrupa 100 organizaciones en torno a temas educativos, entre las que se cuentan Fundación Éxito, Fundación Alpina, Save The Children y otras tantas.  

Este no es el único estudio preocupante sobre el acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes en Colombia. En octubre de 2017, la Universidad Nacional publicó un informe con resultados similares, e igual de preocupantes, a diez años de la creación del Código de Infancia y Adolescencia. ¿El resultado? En 50 municipios aún no hay políticas para la protección de los menores de edad.

“No existe justificación alguna para que a pesar de todos los avances que ha tenido el país en los últimos años un solo niño se muera de hambre, y sin embargo continúan registrándose estos casos en La Guajira, Chocó, Norte de Santander, Meta e incluso en Bogotá”, dijo el profesor Ernesto Durán, parte del equipo que realizó el informe, a RCN Radio.

El informe se basa en estadísticas como las que reportan que en el 2016 al menos 35 menores murieron por causas asociadas a la desnutrición y el 47.3% de los 1.4 millones de niños indígenas de Colombia sufre desnutrición crónica. Sobre todo, el informe destaca la disparidad entre las zonas urbanas y rurales en materia de educación.

Fuente de la Noticia:

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/de-cada-100-colombianos-56-no-completan-la-educacion-secundaria-articulo-740379

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