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España: Una alumna de la UJA con discapacidad deberá reintegrar su beca por no aprobar el 50% de los créditos

Europa/España/24 de Julio de 2016/Fuente: Europa Press
La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fallado en contra de una alumna de la UJA que padece un 45 por ciento de discapacidad visual y que deberá devolver su beca de 4.730,97 euros, al no haber superado el 50 por ciento de los créditos matriculados en convocatoria ordinaria o extraordinarias correspondiente al primer curso del Grado en Ingeniería Química Industrial. De esta forma, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia a la que ha accedido Europa Press y en la que se da la razón a la resolución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, de fecha 11 de junio de 2015, por la que se acordaba el reintegro de la beca concedida a esta alumna de la Escuela Politécnica Superior de Linares (Jaén). Todo comenzó cuando una vez concedida y pagada la beca, se comprobó que no le correspondía al no haber superado el 50 por ciento de los créditos matriculados en convocatoria ordinaria o extraordinarias, procediendo el reintegro de todos los componentes de la beca concedida salvo las tasas académicas. En sus alegaciones, la solicitante, tras explicar que durante el curso 2012/2013 había asistido a clase regularmente lo que implicaba un desplazamiento diario desde La Carolina (Jaén), su domicilio, hasta Linares, a 40 kilómetros de distancia, argumentaba que había hecho «todo lo humanamente posible para superar las asignaturas matriculadas pero debido a una causa de fuerza mayor no imputable a mi buena diligencia y dedicación, esto no ha sido posible ya que padezco una minusvalía sensorial que me limita mi capacidad y no me permite estar en igualdad de condiciones con los demás estudiantes universitarios». Añade la alumna en su alegaciones, que la discapacidad le afecta al sentido de la vista. «No veo bien y cuando llevo un período largo de tiempo leyendo se me cansa la vista y me empieza a doler la cabeza lo que hace que me tenga que parar un rato a descansar porque me es imposible continuar estudiando». En todo este proceso, la alumna ha aportado un certificado, en el que la directora del Centro de Orientación y Valoración de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, pone de manifiesto que la interesada tiene reconocido, desde el 13 de abril de 1999 un grado de discapacidad del 47 por ciento. La recurrente no cuestiona el hecho determinante del reintegro, la no superación del 50 por ciento de los créditos matriculados, pero sostiene que «por razones de equidad debería hacerse una interpretación más favorable de la normativa aplicable» habida cuenta de que tiene una discapacidad sensorial del 47 por ciento. NO QUEDA ACREDITADO La Audiencia Nacional reconoce que aunque es cierto que tiene una patología en la vista y, consecuencia de ello, un grado de discapacidad del 47 por ciento, «sin embargo, no queda acreditada la incidencia de la patología en el rendimiento académico». En este sentido, añade el tribunal que «de ser cierto que la discapacidad sensorial dificulta realizar jornadas de estudio intensivas le hubiera sido muy difícil a la actora superar el bachillerato, la prueba de acceso a la Universidad y, sobre todo, matricularse en un Grado de un nivel de exigencia académica elevado como es el de Ingeniería Química Industrial». Continúa la sentencia echando en falta que la alumna «no aporta elemento probatorio alguno que revele la incidencia de la enfermedad en el rendimiento académico» por lo que, a juicio de la Sala, «la actora no acredita que la discapacidad sensorial sea la determinante del incumplimiento del requisito, es decir, la no superación del 50 por ciento de los créditos matriculados». Además, recuerda la sentencia que el propio acuerdo del Jurado de Becas de la Universidad de Jaén exige que para atender a lo que reclama la alumna, «las circunstancias que se contemplan han de ser sobrevenidas y la discapacidad ha de ser como mínimo del 65 por ciento siendo así que la actora tiene reconocida esa discapacidad desde el año 1999, por tanto, no es sobrevenida y es del 47 por ciento».

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2804106/0/alumna-uja-con-discapacidad-debera-reintegrar-su-beca-por-no-aprobar-50-creditos/#xtor=AD-15&xts=467263

Fuente de la imagen: http://esalud.info/article/los-nios-con-discapacidad-visual
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Privilegios que niegan derechos

Privilegios que niegan derechos
Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe

Rosa Cañete Alonso [Autora]
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ISBN: —
OXFAM
Perú – Lima
Octubre de 2015
La desigualdad y la pobreza están íntimamente ligadas, pero durante décadas los organismos multilaterales, los gobiernos e incluso las agencias de cooperación han priorizado el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza como objetivos de sus debates y políticas, dejando de lado la desigualdad. En consecuencia, Las medidas para combatir la desigualdad no han sido suficientes. En Oxfam hemos calculado que si entre 2011 y 2019 la desigualdad en América Latina y el Caribe fuera reducida en cinco puntos, unos 17,4 millones de personas podrían salir de la pobreza. Y al contrario: un aumento de cinco puntos podría dar lugar a unos 18 millones de nuevos pobres.
Este informe analiza las causas y el impacto de la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, y formula recomendaciones sobre cómo abordarla.
Para descargar, haga click aquí:
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Fuente de la Reseña:
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-cm/libro_detalle.php?orden=&id_libro=1311&pageNum_rs_libros=2&totalRows_rs_libros=1222
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Hungría: Two months to act

Europa/Hungría/02 de Julio de 2016/Autor: Adam Janos/Fuente: The BudapestTime

RESUMEN: La Comisión Europea envió una carta de advertencia a Hungría el 26 de mayo sobre la segregación de los niños romaníes en el sistema de educación pública del país. La Comisión dio el gobierno del primer ministro Viktor Orbán dos meses para responder a la preocupación por el desproporcionado número de estudiantes romaníes en escuelas para discapacitados mentales, así como «un considerable grado de educación segregada en las escuelas regulares». El requerimiento se inicia un procedimiento de infracción contra Hungría, con el argumento de que esté en violación de la Directiva sobre igualdad racial de la Unión Europea.

The European Commission sent a letter of warning to Hungary on May 26 over the segregation of Roma children in the country’s public school system.  The Commission gave Prime Minister Viktor Orbán’s government two months to respond to concerns about the disproportionate number of Romani students in schools for the mentally disabled, as well as “a considerable degree of segregated education in mainstream schools”.

The formal notice begins an infringement procedure against Hungary, on the grounds that it is in violation of the European Union’s Racial Equality Directive.
The Commission’s letter echoed sentiments voiced in 2014 by the European Court of Human Rights in its judgment of Horváth and Kiss v. Hungary, a case involving the misdiagnosis of two young Roma men as mentally disabled.
In that unanimous judgment, the Strasbourg court noted that primary school children in Hungary were being diagnosed as mentally disabled more than twice as often as the European Union average, the result of a “systemic misdiagnosis of Roma children as…  a tool to segregate,” them from their non-Roma classmates in the Hungarian public school system, existent since “at least the 1970s”.
In response to the letter, Minister Overseeing the Prime Minister’s Office János Lázár said he had “no idea how the European Commission knows who is and isn’t a gypsy”, according to the daily Népszava.
Hungarian citizens are allowed to abstain from reporting their ethnicity in the nationwide census. This right, afforded by the Rights of National and Ethnic Minorities Act of 1993, was implemented so as to protect the privacy of Roma and other longstanding ethnic minorities in Hungary and thus safeguard them from potential discriminatory state policy.
In the 2011 census, 315,583 people reported themselves as Roma, about 3.7% of the country’s populace. Some scholars estimate the real number to be nearer to 700,000.
Without reliable demographic information, the extent of segregation in the educational system is impossible to measure. But Roma rights activists claim that the governmental response to the letter is a diversionary tactic which deliberately misses the forest for the trees.
“The existence of segregation of Roma schoolchildren in Hungarian schools… it just exists,” says Péter Molnár, a researcher at Central European University who has sued the Ministry of Human Capacities for allegedly withholding information from the public about governmental desegregation policy. “It’s probably not possible to get exact numbers, but… the existence of segregation: it’s not really possible to seriously question or challenge it.”
A report by sociologist Gábor Havas estimated that in 2004 “at least” 15% of Hungarian Roma primary school children were enrolled in special education classes, more than four times the national average.
Members of the Fidesz administration argue that the underperformance of Roma in school is intimately tied to the population’s deep poverty, which the party says it is striving to alleviate.
At a Roma Coordination Council meeting in Kaposvár in June, Minister of State for Social Affairs and Inclusion Károly Czibere said poverty rates among Hungarian Roma had dropped over the past three years. Czibere noted nationwide initiatives meant to assist Roma youth, such as compulsory kindergarten attendance and one free hot meal per day in schools.
But opponents see glaring setbacks, including a May 2015 decision by the Kúria, the country’s supreme court, to keep open a state-funded parochial school, operated by the Greek Catholic Church, in the city of Nyíregyháza.
The Chance for Children Foundation, a Roma educational rights group, sued to have the school closed in 2007 on the grounds that it was substandard and promoted Roma segregation. Electing not to challenge the lawsuit, the federal government instead allocated funds so as to bus the children to better schools in the city as part of a wider desegregation effort.
In 2010, the newly elected Fidesz administration reversed course on the decision and had the school reopened under the administration of the church, causing the foundation to once again bring litigation against the municipality and the church.
The Kúria ruled in favour of the church last May on the grounds that the school granted Roma children freedom of religion. Those at the Chance for Children Foundation say this parochial schooling is just a new avenue for Hungarian schools to segregate, and creates a dangerous precedent for other cities with Roma populations to follow suit.
“This model can be used in other places,” said Gábor Daróczi, a former chair of the board for the foundation, adding that the European Commission’s letter was a direct result of the court’s decision.
Roma rights activists add that the matter of segregation is exacerbated by Hungary’s system of free choice school enrollment, which grants students the right to attend any public school in the country, provided the school is not at full capacity and that the student’s family can afford to transport them to and from premises.
“The rich parents take their kids to wherever they want,” said Ernő Kadét, an editor at the Roma Press Centre, a news agency that covers Hungary’s Roma population. “Those who don’t have money… their kids get stuck in the schools where they live. And that’s how schools get polarised.”
Efforts to desegregate the school system are further complicated by pervasive anti-Roma sentiment nationwide. According to a 2014 Medián poll, 73% of Hungarians would not feel comfortable having a Roma living next door. A February Publicus Research poll found that 82% of Hungarians either “completely agree” or “mostly agree” that “the problems of most Roma would be solved if they would finally start working”. Those numbers hold steady regardless of the respondents’ political party allegiances.
Kadét, who worked at the Ministry of Education from 2005 to 2009 under the left-leaning MSZP-SZDSZ administration, said he saw firsthand the expediency of anti-Roma sentiment across the political spectrum, when in 2008 and 2009 “more than a dozen” MSZP mayors protested efforts by the ministry to desegregate and proportionally increase funding to neglected Roma schools through a National Roma Integration Strategy.
He says efforts to desegregate schools were hampered at the time by limitations on the federal government’s control over local school districts.
Since 2013, Hungary’s public schools have all fallen under the purview of one centralised body: the Klebelsberg Institution Maintenance Centre (KLIK).
“If there’s one central power, and everything’s in one hand, then if you want to take care of segregation in Hungarian schools, you can,” Kadét said. “The issue usually with segregation is that if you poke at it here, then it just shifts over there. But if it’s all in one central power’s hands… they could eliminate it if they wanted to. But they don’t.”

Fuente: http://budapesttimes.hu/2016/07/02/two-months-to-act/

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EE.UU.: El Supremo entrega derrota en inmigración, triunfo parcial en acción afirmativa

LasAmericasNews/02 de julio de 2016/Por: Paula T. Castellanno/Washington DC.-

El fallo no pasó, alerta para los que aplicaron para este proceso cuidarse del fraude no hay nada que aplicar, nohay cuota que pagar por la Acción Ejecutiva. Cuidate de no cometer ninguna felonia para evitar ser deportado ya que no aplica.

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el jueves que la Universidad de Texas puede usar la raza como un factor en su proceso de admisión, pero tras un voto 4-4, las órdenes ejecutivas del presidente Obama respecto a la inmigración y los programas DACA/DAPA permanecerán bloqueadas.

“El anuncio de la Corte Suprema abre la puerta para la separación forzada de madres y niños, padres y niños, y padres y madres. Esta decisión tendrá consecuencias sociales radicales como las familias están devastadas a causa de la deportación,” afirmó Sherrie Kossoudji, profesora asociada de trabajo social y economía en la Universidad de Michigan.

Ella ha escrito numerosos artículos sobre la situación jurídica de los trabajadores inmigrantes en los EE.UU. y los incentivos para cruzar la frontera ilegalmente.

Jason De León, un profesor asistente de antropología que por años ha estudiado la migración de México a Estados Unidos en el borde cerca del desierto de Sonora, añadió que la decisión constituye “un revés de los pequeños pasos que Obama ha tomado hacia una reforma de inmigración racional y pone de relieve la negativa de los republicanos actuales para entretener las medidas que reflejan algunas de las esgrimidas por la administración Reagan a mediados de la década de 1980 para hacer frente a este problema recurrente.

“Por otra parte, se trata de un retroceso en términos de construcción de confianza política en la comunidad latina en los Estados Unidos y es un fracaso más de la derecha de reconocer que la inmigración es un tema clave que, en el largo plazo, no puede ser tratado eficazmente con el uso de retórica xenófoba o bloqueos simplistas de índole legal o física”.

Richard Primus, un experto en derecho, e historia y teoría de la Constitución de Estados Unidos es el ex secretario de la jueza Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema y comentó el fallo 4-3 respecto a la acción afirmativa del caso Fisher v. Universidad de Texas en Austin.

“Fisher es el triunfo de la perspectiva de la jueza Ginsburg sobre la acción afirmativa”, dijo. “La toma de decisiones conscientes de la raza es ahora claramente aceptable.”

Pero Richard Friedman, profesor de derecho en la Universidad de Michigan, es un experto en evidencia e historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo que hay que ver la decisión con cuidado.

“La opinión del juez Kennedy por una escasa mayoría de una Corte de siete miembros, parece diseñada para resolver este litigio particular, el cual tiene una historia única, y decidir lo menos posible”, dijo. “Incluso la Universidad de Texas no puede estar segura de que su programa sobrevivirá otro desafío en varios años.”

“Quizás uno de los aspectos más notables de la opinión es que el juez Kennedy adopta (la idea) de los beneficios de los procesos de admisión integrales que tienen en cuenta la raza y sugiere que planes como el ‘10% de Texas’ son constitucionalmente vulnerables.”

Tomado de: http://lasamericasnews.com/index.php/es/noticias-es/inmigracion/8337-el-supremo-entrega-derrota-en-inmigracion-triunfo-parcial-en-accion-afirmativa

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Uno de cada tres niños en España sufre malnutrición

España/30 junio 2016/Fuente: Levante

Uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión en España, lo que supone que las familias no les pueden reponer las gafas, tienen dificultades para adquirir sus libros de texto, no pueden irse de vacaciones y en determinados contextos sufren problemas de malnutrición, según Unicef.

La organización ha presentado su informe anual «Estado mundial de la infancia» que describe un panorama desolador para el futuro de los niños en situación de mayor pobreza en el mundo si los gobiernos, los donantes, las empresas y las organizaciones internacionales no aceleran los esfuerzos para responder a sus necesidades básicas.

En declaraciones a Efe, el director ejecutivo de Unicef Comité Español, Javier Martos, ha explicado que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España se sitúa en el 34,4 por ciento, aunque en algunos colectivos como las familias de padres migrantes alcanza el 60,3 por ciento.

Con la crisis, ha señalado Martos, ha aumentado la pobreza infantil hasta alcanzar a 2,5 millones de niños y los colectivos que se encontraban en una situación de pobreza antes de la crisis se han visto más afectados, como las familias monoparentales, las numerosas, las de migrantes o las de gitanos.

«En estos tiempos, lo que estamos viendo es que el hecho de tener niños es un factor de riesgo para que una familia sea pobre porque, como han bajado los salarios, hay una pobreza de trabajadores, de familias en las que uno de los padres trabaja, pero los ingresos no les permiten cubrir sus necesidades básicas», ha indicado.

Menos inversión en educación

El director ejecutivo de Unicef Comité Español ha subrayado que con la crisis el colectivo de los niños ha sido el más vulnerable y el más afectado por la situación de pobreza, por la reducción de la inversión en educación en 5.000 millones de euros y la disminución de la inversión social en protección de los niños y sus familias en 2.700 millones de euros entre 2009 y 2014.

Ha detallado que España está invirtiendo en protección social de los niños y sus familias un 1,4 % del Producto Interior Bruto (PIB), cuando la media en el entorno de la Unión Europea es del 2,2 del PIB.

«Además de invertir casi un punto menos que nuestros socios comunitarios somos poco eficaces a la hora de conseguir que el dinero invertido reduzca las tasas de pobreza infantil», ha apuntado Martos.

En España, «hay un mapa de la pobreza infantil marcado por el desempleo y por las medidas de protección social que se implementan en determinadas comunidades autónomas», ha dicho el director ejecutivo de Unicef Comité Español.

Ha precisado que hay grandes diferencias entre regiones, puesto que algunas, como el País Vasco, han desarrollado mecanismos de protección social que no existen en otras autonomías.

Pacto de Estado

Ante esta situación, Martos ha abogado por alcanzar un Pacto de Estado por la Infancia que incluya un incremento de la inversión social en el ámbito de la infancia y que perfile mecanismos para combatir la pobreza infantil.

Unicef Comité Español reclama un Pacto de Estado por la Educación con medidas para reducir el abandono escolar, así como la universalización de la prestación por hijo a cargo, elevándola de los actuales 291 euros al año a 1.200 euros al año, lo que tendría un coste de 9.000 millones de euros.

No obstante, en las actuales circunstancias del país, Martos ha planteado la atención prioritaria de los niños que están en situación de pobreza infantil hasta el año 2020.

Unicef Comité Español también ha instado al nuevo Gobierno a concretar un plan para la consecución del Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de luchar contra la desigualdad y atender a la infancia vulnerable en España y en otros países.

Fuente: http://www.levante-emv.com/sociedad/2016/06/28/tres-ninos-espana-sufre-malnutricion/1437968.html

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