La Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales

Por: Sergio Martínez Dunstan

 

La Secretaría de Educación pública presentó la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021”, desde hace algunos días. Ese fue el banderazo de salida. Después, se puso andar todo el aparato del estado para concretarlo: la vacunación del magisterio y de todo el personal educativo; el programa piloto en Coahuila; la reanudación de las actividades escolares en la Ciudad de México anunciada para el 7 de junio y en el Estado de México a mediados del mismo mes. Son tan sólo una muestra de ello. Se percibe pues, la Estrategia Nacional, como la propuesta gubernamental. Se menciona que será un proceso paulatino, gradual, escalonado a desarrollarse en tres etapas.

En la Etapa I, Medidas Previas, se contemplan a su vez, tres fases. En la primera fase, se reabrirán los planteles educativos ubicados en comunidades rurales, con menos de dos mil quinientos pobladores. En la segunda fase, en las localidades semiurbanas. Y en la tercera fase, en aquellos municipios urbanos con mas de quince mil habitantes. En los tres casos, en consonancia con el comportamiento del Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

En la Etapa II, Medidas de Organización, se recurre al federalismo educativo. Para ello, se considera integrar un equipo directivo en el ámbito nacional y, otro, en lo local o estatal. Éste deberá contar con un instrumento de apoyo que identifique acciones, propósitos, metas, seguimiento y evaluación de la estrategia. En lo que respecta a la organización de la escuelas, se retomará, a pie juntillas, la “Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID 19”. En ella, se enuncian nueves intervenciones para el regreso seguro a clases en las aulas y se describen determinadas medidas sanitarias: Comités Participativos de Salud Escolar; garantizar acceso a jabón y agua; cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo; cubrebocas o pañuelo obligatorio; sana distancia; maximizar el uso de espacios abiertos; suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones; detección temprana; apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. De igual manera, se detallan cinco momento claves: Preparativos; días previos al inicio; primer día de clases; primera semana de clases; y el resto del ciclo escolar.

En la Etapa III, “Medidas Académicas”, se conmina a los docentes darle prioridad a los educandos con niveles de comunicación intermitentes y baja participación así como inexistente según lo referido en el Acuerdo Número 26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje en el periodo de contingencia sanitaria para el ciclo escolar 2020-2021. Por otra parte, se le demanda también a los docentes atender lo señalado en el Acuerdo Número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020. En el numeral décimo segundo se establece que el ciclo escolar 2020-2021 iniciaría con una etapa remedial o de nivelación, un periodo de valoración diagnóstica y de trabajo docente, para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

Además de las tres etapas, la Estrategia Nacional determina, inicialmente los principios rectores y, al final, un esquema de seguimiento del retorno y desarrollo de las clases presenciales. Vista así, pareciera que ya está todo… ¡nomás hay que hacerlo! Pero no es así de fácil como quieren las autoridades que lo veamos. Percibo una serie de dificultades o retos por sortear que pudieran ponerla en entredicho.

Primero. Porque la pandemia aún se encuentra activa en el mundo. Estamos aprendiendo a lidiar con la enfermedad. Las vacunas fortalecerán nuestra sistema inmunológico, ayudarán a resistir frente la infección. Nos protegerán del virus antes de que ingrese a nuestro organismo. Pero el virus permanecerá en el ambiente. Ahí tenemos el caso de Campeche, en donde recientemente se ordenó otra vez el cierre de las escuelas porque la entidad federativa retrocedió al color amarillo del semáforo epidemiológico.

Segunda. Podríamos dar cuenta de muchos ejemplos de descoordinación entre los tres órdenes de gobierno. Basta traer a colación la conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas con la finalidad de anunciar la suspensión de clases para determinada fecha, al principio de la pandemia. Al final de cuentas, más de la mitad de las entidades federativas, en voz de sus propios gobernadores, hicieron caso omiso y adelantaron un semana el periodo acordado.

Tercera. Es aceptado por propios y extraños la crisis educativa producto de la pandemia. Los instrumentos de política pública con los que contábamos hace tiempo el actual gobierno se ha encargado de tirarlos por la borda. Hoy en día, se carece de una evaluación del aprendizaje de los alumnos en su paso por el sistema educativo nacional. No hay manera de valorar objetivamente el estado actual, avances y/o retrocesos, que guarda la educación en México. Bajo las circunstancias prevalecientes, hubiera sido de gran utilidad contar con los resultados de la prueba ENLACE en su momento o PLANEA tiempos después. Los profesores estarían en condiciones de comparar el aprovechamiento escolar de sus pupilos con el resto del país de manera confiable.

En pocas palabras, la emergencia sanitaria perdura, el desorden institucional está presente, la incapacidad para llegar acuerdos es evidente, la polarización se ha agudizado, las incongruencias y ocurrencias suceden a cada momento. Más que loable, es una obligación legal del estado mexicano garantizarle a los estudiantes el derecho humano y constitucional a la educación. Ojalá fueran suficientes los recursos económicos y materiales para lograr una hazaña de tal magnitud. Que, para empezar, hasta esos son finitos y escasos en estos pandémicos tiempos. Si pusieran por encima de su conveniencia política el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, uno de los principios éticos aludidos en el marco jurídico emanado de la reforma educativa impulsada por el actual gobierno, otro gallo nos cantaría. Incluso retoman documentos auspiciadas por algunas instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y la OCDE, a fin de sustentar el plan de acción para el regreso a las clases presenciales. La estrategia nacional está en riesgo de incumplir sus propósitos. Se nutre de organismos neoliberales si no es que la sostienen. Quién lo diría. Fúchila, guácala.

 

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: https://www.educacionfutura.org/la-estrategia-nacional-para-el-regreso-a-clases-presenciales/

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Federalismo educativo, en camino

Por: David Calderón

En el enfoque de derechos que hoy guía los compromisos internacionales de los que México hace parte, y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha ido incorporando cada vez con mayor claridad, en oleadas sucesivas, se ha ido superando la idea de que los derechos sociales son sólo algo “deseable”, pero mal distribuido por razones históricas (unos tienen mejor salud, educación o desarrollo porque… pues porque siempre ha sido así).

En una visión sólida y contemporánea, el derecho a la educación ya no es como tal equivalente a “servicios educativos”; eso sería un grave empobrecimiento. Así como el acento en pedagogía ha ido pasando de la “enseñanza” al aprendizaje, el acento ha pasado de una expansión de insumos a una responsabilidad por el logro, es decir, por el alcance progresivo de un ejercicio pleno y universal del derecho. En buen castellano, hay responsabilidades específicas de los gobiernos para asegurar el ejercicio del derecho a la educación.

El último Reporte Global de Monitoreo de la Educación que publica la UNESCO (GEM Report 2017/8, disponible en https://es.unesco.org/gem report/node/1464) tiene precisamente como tema la responsabilidad educativa. El derecho de los niños y jóvenes tiene como titulares de las obligaciones principalmente a los gobiernos, que deben rendir cuentas. Entre las recomendaciones que hace el Reporte está la de propiciar una viva discusión en los medios de comunicación sobre los resultados educativos, la fácil y universal consulta de indicadores relevantes, la participación de las organizaciones de sociedad civil para emplazar a los gobiernos, evaluando los logros y desafíos.

En México, desde 1992 son las entidades de la República las que administran las escuelas; ellas, las instancias que legal y explícitamente son los empleadores de los maestros, las responsables de su formación inicial y las encargadas de sostener su aprendizaje profesional. Mucho de lo que se concreta para bien, la implementación pulcra y puntual de la Constitución y las leyes, corresponde prevalentemente a los estados.

Muchos son los gobiernos que no comenzaron su mandato en 2012, y que continuarán después de la elección federal de 2018. La Constitución y las leyes, la autonomía del INEE, el activismo desde sociedad civil no son sexenales, y no cambian al otro día de la elección o de la toma de posesión. No olvidemos que en la gran mayoría de los planteles de educación obligatoria del país habrá clase el 2 de julio en la mañana. No hay soluciones mágicas, ni cambios unipersonales. Gane quien gane, la implementación principal del currículum en el aula y del aprendizaje profesional de los maestros ocurre en los estados.

Este federalismo efectivo, que se va abriendo paso en la realidad, es justamente un movimiento de progresividad. “Cada vez más, cada vez mejor” es la consigna, porque al mejorar surgen nuevos retos; porque es genial tener mejor permanencia pero pierde sentido si no la acompaña mejor aprendizaje; porque es bueno que la promoción sea por esfuerzo y no por cuotas políticas o gremiales, pero es mejor todavía que la promoción implique un pago superior inmediato, y un apoyo formativo a los directores para su función.

Para identificar e ilustrar esas tareas de las entidades, hoy publicamos la edición 2018 del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa a nivel estatal (ICRE) -se puede descargar libremente en www.mexicanosprimero.org-. Es un estudio que retoma los factores de inclusión en el derecho (la Permanencia, es decir, la proporción en la que cada estado del país se está logrando que cada generación llegue a la Educación Media Superior, y el Aprendizaje, la proporción en la cual, al final de la educación básica, quienes están incluidos en al escuela alcanzan el umbral mínimo de aprendizajes o más), y las responsabilidades que las leyes vigentes marcan para los gobiernos estatales en el campo educativo en aspectos críticos como preparación inicial de los maestros, inclusión desde primero de preescolar, instalaciones sanitarias y áreas deportivas y recreativas de las escuelas, carga de trabajo para los supervisores o cumplimiento del deber de nombrar y pagar tutores para los maestros que ingresan tras el concurso de selección).

El ICRE es un mapa para regresarnos todos a estudiar y subrayar qué prácticas son eficaces, visibilizarlas, tomarlas como inspiración, pues una práctica efectiva es por definición contextual y pertinente. Es una oportunidad para que los estados aprendan unos de otros, y no esperen que todas las soluciones las provea la SEP desde arriba y desde afuera. El país que soñamos es uno de resultados equivalentes, no de soluciones idénticas. El federalismo educativo auténtico, equidistante del atrincheramiento de caciques abusivos y de la languidez de los que necesitan que todo les digan cómo hacer, está echando raíces, y tiene un rostro creativo, resiliente, prometedor.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/federalismo-educativo-en-camino/

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