Flexibilización

Mucho menos revuelo causó el asesinato de un niño en Medellín, cuyo padre, al parecer, había robado una bicicleta días atrás. Ante el cadáver de su hijo pusieron un letrero tan cruel como inhumano: “Siga robando HP”.

Los dos casos anteriores vuelven a poner sobre la mesa un debate esencial en toda democracia: ¿Se debe flexibilizar el porte de armas o, por el contrario, fortalecer el total monopolio del Estado sobre ellas?

Un porte más libre de armas ha sido ampliamente defendido por algunos parlamentarios del Centro Democrático y del Partido Conservador; muy especialmente, por Christian Garcés, Alfredo Rangel y Juan Carlos Wills. A nivel internacional esta tesis ha contado con el total respaldo de Donald Trump, quien llegó a proponer la absurda idea de armar a los profesores para detener las frecuentes masacres en las instituciones educativas. En Brasil, Jair Bolsonaro, desde su campaña había propuesto liberalizar el porte de armas, bajo la tesis de que era lícito “matar ladrones” y que, quien lo hiciera, sería indultado.

Como puede verse, el debate sobre la flexibilización en el porte de armas, claramente marca fronteras ideológicas, éticas y políticas. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la defensa de la vida, los derechos humanos y los principios democráticos.   La idea de los defensores de la flexibilización es muy sencilla: proponen liberar el porte de armas para que los “ciudadanos de bien”, se defiendan de los maleantes.

El término “ciudadano de bien” debería estar proscrito de la reflexión y el debate, por excluyente, clasista y segregador. Pero muy especialmente, por ser completamente falso, dado que atribuye un mejor comportamiento ético y ciudadano a quien posee mayores recursos económicos, lo cual, a todas luces es una asociación que no necesariamente se cumple. Sin embargo, la idea central del proyecto que deberá discutirse durante el año en curso, propone facilitar el porte de armas para que los ciudadanos ejerzan su defensa.

En Colombia 690.000 colombianos tienen armas amparadas. De ellos, 400.000 pueden portarlas. Así mismo, se estima que hay 3 millones de armas ilegales que circulan por las diversas regiones.

Tres argumentos principales se pueden exponer en contra de la flexibilización del porte de armas, entendiendo que, en casos muy excepcionales, es comprensible que puedan portarlas los ciudadanos cuyas vidas corran gran peligro, pero eso ya está contemplado y reglamentado en detalle por la ley. Nos interesa plantear si las excepciones deben seguir ampliándose indefinidamente, como proponen algunos políticos, y cuál sería el costo social y humano de hacerlo.

En primer lugar, al flexibilizar el porte de armas el Estado está trasladando la potestad de ejercer justicia a una muy pequeña parte de la población. En la práctica queda legalizada la pena de muerte, ya que un ciudadano que se sienta amenazado, sin ningún juicio, ni defensa, ni proceso en curso, puede disponer de la vida de quien considera que lo está amenazando. Más grave: la decisión sobre la vida o la muerte de otra persona la debe tomar en pocos segundos. Todavía más delicado: quien posee un arma tiene mayor poder de intimidación y mayor capacidad para ejercer violencia. Todos sabemos lo intimidante que puede volverse una persona que desenfunda su arma. Por tanto, seguramente la flexibilización se convertiría en Colombia en un factor que, en lugar de reducir, eleve el número de homicidios. En mayor medida, si tenemos en cuenta que somos un país acostumbrado a la muerte, muy intolerante, poco empático e insensibilizado tras décadas de violencias, mafias y conflicto armado.

¿Se imaginan cuántas de las mujeres maltratadas en Colombia, habrían terminado muertas si sus esposos tuvieran autorización para portar armas? ¿Se imaginan cuántos muertos se producirían en las calles de las ciudades del país, si en las riñas callejeras, algunos de los involucrados hubieran tenido derecho a usarlas? ¿Se imaginan cuántos hinchas deportivos habrían muerto si los hinchas de los equipos contrarios tuvieran permiso para portar armas? ¿Se imaginan cuántos reclamantes de tierras habrían sido asesinados, si los usurpadores de sus tierras tuvieran derecho a portar armas?

Preguntas todas ellas muy pertinentes en un país en el que la mitad de los homicidios son generados por alguien que conocía previamente a sus víctimas; los victimarios eran, muy posiblemente, sus esposos, sus compañeros o sus vecinos y murieron en una actividad deportiva o social acompañada, por lo general, de licor. Es tan triste que el Día de la Madre sea la fecha con mayor número de homicidios en el país. Aun así, ¿prefieren que más personas salgan armadas a la calle todos los días?

Estados Unidos es un buen contraejemplo a la propuesta del porte legal de armas. Según un estudio reciente, entre 1966 y 2012 en este país se presentaron 90 tiroteos masivos. Los 90 tiroteos son cerca de un tercio de los 292 ataques que se registraron en el mundo para el mismo periodo. Sin embargo, aunque esta nación tiene el 5% de la población mundial, allí se presentaron el 31% de los tiroteos masivos. Una variable central para explicar esto, tiene que ver con su política de liberación de armas. Así mismo, en el Estado de la Florida, tras promulgarse la ley de libre porte de armas en 2005, el homicidio aumentó casi un 30 por ciento durante los años siguientes.

Investigaciones adelantadas en el mismo país, encuentran que no sólo se eleva el número de asesinatos por homicidios con un porte más flexible. También se evidencia que aumenta el riesgo de suicidios. La explicación es sencilla: es más fácil quitarse la vida si hay armas al alcance de individuos con tendencias suicidas.

Aunque el tiempo todavía es breve para conclusiones generales, en Brasil la situación al parecer ha sido similar. Bolsonaro recién posesionado, cumplió su promesa de campaña y flexibilizó el porte de armas. El Atlas de la Violencia registró el 2019 en Brasil como el año de mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Los partidarios de la legalización harían bien en estudiar el dramático caso venezolano. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 la cifra oficial era de 19 homicidios por cada 100.000 personas. Hoy en día, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), estima que se multiplicó por cuatro al llegar a 79 muertos. ¿Qué pasó? Que el gobierno repartió armamento preparando a la población para una supuesta invasión norteamericana. Amnistía Internacional estima que, en un país de 29 millones de habitantes, existen 6 millones de armas distribuidas entre la población. Caracas se convirtió en la tercera ciudad más insegura del planeta y otras dos (Guayana y Ciudad Bolívar), están entre las diez más inseguras. Como puede verse, la experiencia internacional permite pensar que una mayor flexibilización, eleva la inseguridad y no la reduce, como suponen sus defensores.

El tercer argumento se puede inferir de diversos estudios y experiencias colombianas. Un estudio realizado en 2017 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encontró que, incluso personas entrenadas en su uso, como los vigilantes, presentaban en Colombia y contrario a lo que presuponen sus defensores, mayor riesgo de ser asesinadas si estaban armadas.

Otro estudio de la FIP, realizado en 2019, ratifica que el uso de armas de fuego en homicidios ha disminuido en los últimos siete años en el país, cuando se restringió el uso libre de armas.  En 2010, el 81% de los homicidios se producían con armas de fuego y en 2018 el 72%. Sigue siendo muy alto, pero la tendencia es favorable.

Una experiencia significativa en esta misma dirección, se encuentra con la búsqueda del monopolio de las armas en Bogotá durante la alcaldía de Antanas Mockus. Sus medidas a favor del desarme permitieron reducir significativamente las tasas de homicidios de 72 (1994) a 51 por cada 100.000 habitantes (1997).

De todas maneras, la experiencia más importante de todas se ha vivido con el desarme de las FARC alcanzado gracias al proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia. Es así como, entre 2012 y 2017, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se redujo de 34 a 24 casos en el país. Lo verdaderamente grave es que esta tendencia ha comenzado a revertirse con la llegada al poder de Iván Duque y muy especialmente desde finales del año 2019. La Misión de Observación Electoral (MOE), concluye que enero de 2020 es el mes más violento contra los líderes sociales en los últimos cinco años.

El presidente Duque afirma que defiende el desarme. Lo mismo ha dicho su Consejero para la seguridad. Ojalá se consoliden estas posiciones en la nación, ya que en una democracia le corresponde al Estado garantizar el monopolio total en el uso de las armas y de la fuerza, para que solo tengan como propósito proteger la vida, que es el más importante de todos los derechos.

En la práctica, permitir el porte de armas equivale a establecer la pena de muerte sin juicio previo. Un meme que circuló en redes lo expresaba de manera clara: “Si matar para robar es malo, pero matar al que roba es bueno, entonces lo que importa no es la vida, sino la propiedad”. ¿Eso es lo que más importa hoy en Colombia?

(*) Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/es-conveniente-flexibilizar-el-porte-de-armas-en-colombia-julian-de-zubiria/652415