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CEPAL: 2020 dejará 1.9 millones de centroamericanos sin empleo

El panorama socioeconómico para los ciudadanos de la región centroamericana es complicado, tal como lo anotamos en la primera y tercera edición de este boletín. Para los organismos internacionales, una de las principales preocupaciones es que las contracciones económicas han traído como consecuencia cierres empresariales que se traducen en más pérdidas de empleos y reducción de horas laborales. La caída de los empleos no es nueva, pero la pandemia ha venido a agravar el panorama. En 2019, el desempleo en la región ascendió 6.1 %, un aumento de 0.3 %, respecto al 2018, según el último estudio económico sobre la región de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Los países que registraron un incremento del desempleo en 2019 fueron Costa Rica, Nicaragua, y Guatemala.


Para el cierre de 2020, la CEPAL ha proyectado que el desempleo incremente en la región integrada por Centroamérica, México y República Dominicana a 9.7 %. Esto, indica el organismo, significa que 1.9 millones de personas se quedarán sin trabajo. A julio de este año, Nicaragua aseguró que, al primer trimestre del año, su tasa de desempleo abierto se redujo en 1.2 %, y pasó del 6 % registrado en 2019, a 4.8 % este año. Sin embargo, al 15 de octubre, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) prevé que el desempleo aumente a un 6.8 %, que se traduciría en 43,000 nuevos desempleados.

En Guatemala, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) proyectaba en julio que 1,500,000 empleos se perderán al cierre del año debido a la pandemia, de los que el 42.8 % están en el sector de alojamiento y servicios de comida, 34.7 % en el sector de construcción, y 26.1 % en otros servicios. Ese mismo mes, el Comité Coordinador CACIF reportó que, desde marzo, se habían perdido 103,992 puestos de trabajo y 28 % de estos estaban en el sector de comercio; 21.8 %, en el sector agropecuario; y 20.9 %, en hoteles y restaurantes. En mayo, Honduras reportó que 120,000 personas habían sido suspendidas laboralmente.

El Ministerio de Trabajo de Panamá anunció en agosto que el desempleo alcanzará a un 25 % de la población, lo que reflejará un aumento de 17.9 %, a partir de la tasa de desempleo de 7.1 %, registrada antes de la pandemia. Mientras, al primer semestre del año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica reportó un aumento “significativo” y sin precedentes, que a julio había duplicado el aumento visto en el primer semestre (12.5 %), y alcanzó un 24 % de la población activa.

En uno de sus últimos informes especiales sobre el impacto de la pandemia en la economía latinoamericana, la CEPAL también ha advertido que la emergencia sanitaria “golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades originadas a lo largo de décadas”. Tanto el Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica (Icefi) como la CEPAL resaltan la vulnerabilidad del sector informal, pues la mayoría de la población laboralmente activa en la subregión ya estaba en ese sector antes de la pandemia. A 2018, el 79.7 % de los empleos eran informales en Guatemala; el 79.9 % en Honduras; y 39.1 % en Costa Rica. Y, en promedio, el 63.5 % de la población trabaja en el sector informal en Centroamérica, República Dominicana, y México. Con esto, la CEPAL advierte que el sector informal “está siendo particularmente afectado en la crisis actual” al restringir la venta y la prestación de servicios, sin contar con el apoyo de empleadores en el sector formal, ni prestaciones sociales.

Un futuro complicado

Las proyecciones económicas de organismos multilaterales y regionales no han sido prometedoras para el corto y mediano plazo. En su más reciente informe sobre perspectivas de la economía mundial, publicado el 13 de octubre,  el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una caída del 9 % para El Salvador y Panamá, de 6.6 % para Honduras, 5.5 % para Nicaragua y Costa Rica, y 2.0 % en Guatemala.

Frente al pronóstico emitido por el FMI en El Salvador, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha asegurado que la economía salvadoreña se recuperará en 2021 con un crecimiento de entre 3.8 % y 4 % del PIB nominal. Para Zelaya, el país lograría esta “recuperación” económica con un “efecto rebote”, en el que estima que los ingresos del Estado asciendan a más de USD $5,100 millones a través de la recaudación de impuestos, que le permitirá al país responder a un déficit fiscal que representará 7.3 % del PIB, según la proyección del gobierno salvadoreño. El Icefi, sin embargo, ha advertido que el déficit podría “llegar a ser superior al 10 % del PIB” en 2021, y que existe una “exagerada sobrestimación de los ingresos tributarios” proyectados por el gobierno para el siguiente año.

De fondo, el panorama para los sectores más vulnerables es desalentador. En julio pasado, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) estimó que la pobreza se incrementará de manera acelerada a consecuencia del golpe de la pandemia a la economía. El organismo prevé que al cierre del 2020, la pobreza aumente del 30.9 % en 2019 al 51.4 % de la población salvadoreña. Mientras, en Nicaragua, Funides ha pronosticado en octubre que la pobreza incremente este año en Nicaragua un 3.0 % a comparación del 2019, y afecte al 31.3 % de la población al cierre del año. Ese porcentaje, agrega Funides, representará “alrededor de 2.1 millones de personas viviendo con US $1.76 al día o menos”.

Fuente:  El Faro

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FMI diseña angustioso futuro para el Ecuador

Por: Edgar Isch L.|

A estas alturas debería estar claro que una de las causales más importantes de ilegitimidad de la deuda externa está en el conjunto de imposiciones con las que se pisotea cualquier rezago de democracia ya que son negociadas a espaldas de los pueblos e incluso de las instituciones estatales como los congresos nacionales.

Estas “condicionalidades” son aún más ilegítimas si el resultado final de la aplicación del crédito irá en contra de los intereses y la vida misma de los pueblos.Ecuador y el FMI: misma piedra, mismo tropiezo | HISPANTV

Pues bien, en estas condiciones es el FMI y el pro-norteamericano gobierno del Ecuador firmaron un nuevo acuerdo antidemocrático. Lo hicieron poco después que el gobierno de los empresarios dio su voto por el candidato de Trump para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, adonde se sabe irá a un alto cargo el ministro de finanzas que firmó el nuevo acuerdo.

La meritocracia de tecnócratas de los organismos multilaterales incluye conocer la “geometría de las rodillas dobladas”, esta vez contrariando incluso a otros gobiernos de derecha que en el continente procuraron mantener la tradición de tener a alguien nacido en latinoamérica a la cabeza del BID. Pero la lista de actitudes entreguistas de Moreno y su gobierno bien podría llenar páginas, solo para poner un elemento de contexto en este acuerdo.

Tampoco podemos dejar de lado que el gobierno ha aprovechado las condiciones de la pandemia para pretender detener cualquier movilización popular, un nuevo reglamento para abrir las puertas al uso de armas mortales por parte de las fuerzas armadas en contra de su propio pueblo, la complicidad de los grandes medios empresariales y, aunque disimulada por las condiciones de la campaña, de los sectores derechistas que miran con satisfacción que sus intereses están salvaguardados por los protectores del capitalismo.

Obstáculos al crecimiento”: El programa del FMI en EcuadorPero las manifestaciones en la calle crecen, se recuerda con cariño a los luchadores de octubre de hace un año, se tiene candidaturas salidas de los sectores populares y aquella derecha que quiere ganar votos se queja que el próximo gobierno será el que deba cumplir con el FMI.

Una introducción que les traiciona

A inicios de marzo el FMI aprobó un acuerdo con el gobierno del Ecuador, al que alabó por los avances en su programa neoliberal. La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, realizó la siguiente declaración:“Las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y equitativo.

Las políticas del gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a robustecer la dolarización y, con el tiempo, a fomentar el crecimiento y la creación de empleo”.

El lenguaje es claro: la “modernización” y reforma fiscal es lo que interesa y, alguna vez, “con el tiempo”, el empleo, del cual sabemos será tercerizado e hiper-explotador. Lo mismo fue rechazado por el levantamiento indígena popular de octubre de 2019. Prácticamente lo mismo se dice en el nuevo acuerdo publicado el 5 de octubre.

Pero hay algo importante que debe ser resaltado. En el propio contexto identificado por el acuerdo, se señala que 2020 ha sido un año de confluencia de golpes externos a la economía del Ecuador, teniendo entre otros los problemas vinculados con el covid-19 y con el precio de los hidrocarburos. Esto implica, en el fondo, que el país pudo haber dejado de pagar la deuda externa declarándose en “Estado de Necesidad” debido a que, la principal obligación de un Estado es salvar la vida de sus propios conciudadanos.

Sin embargo, lo que se hizo es insistir en el pago de la deuda externa, y, en un acuerdo con el Fondo Monetario de primero de mayo, se estructura el convenio anterior y se reciben más recursos con el propósito de garantizar el pago de esa deuda externa. El gobierno entregó millones a los acreedores internacionales, en momentos en qué continúa la reducción de presupuestos para salud y educación y está amenazada la existencia de las pensiones de la Seguridad Social para los jubilados.

Un compromiso antipopular

Que un acuerdo con el FMI sea de carácter antipopular, no tiene ninguna novedad. Además, en términos generales se puede decir que se trata de aplicar la misma receta neoliberal. Esto, sin embargo, desmiente a quienes sostenían que el Fondo Monetario ha cambiado, que de alguna manera se había humanizado y que era menos de derecha. Una reunión entre el fondo y un Gobierno de grandes empresarios nunca tendrá un carácter humanitario.

Ecuador. La pobreza solo aumenta en las clases más vulnerables – Kaos en la redEl contenido del acuerdo, para engañar un poco a los bobos, empieza con un punto relacionado a la preocupación sobre la pobreza para ello, la única medida que se propone es sostener el llamado “bono de la pobreza” E inclusive ampliarlo aún estrecho sector poblacional inferior al número de nuevos desempleados provocados coma no tanto por la pandemia, cuánto por cumplir el mandato del fondo de reducir los gastos estatales.

Acogiendo el dato de UNICEF que estima que 1millón 800 mil personas se sumarán a los ya pobres, se plantea incrementar el bono entre 225mil hasta 400 mil familias. En estas condiciones, el bono es un reconocimiento del aumento de la pobreza, pero nada que se acerque a resolver problemas de fondo. La focalización de la pobreza, ya se sabe tras tantos años de aplicarla, no trae consigo ninguna reducción, pero va acompañada del mayor enriquecimiento de los millonarios.

En estos días, se tomó una burla dolorosa:se entrega, por única vez, un bono de 240 dólares anunciando que así se atacará el incremento de la desnutrición crónica de la niñez ecuatoriana.

Siendo un problema que no ha sido enfrentado por los últimos gobiernos, para 2018 padecía desnutrición crónica 1 de cada 4 niños ecuatorianos (casi 300 mil menores), llegando en la población indígena a 1 de cada dos niños y niñas.Hoy sin duda esos números son más altos. Sin embargo, el bono sólo se entregará a 7.992 familias. Es evidente que un solo bono cae en lo ridículo, más aún cuando las familias pobres tienen múltiples necesidades urgentes.

Las medidas en pocas palabras

El resto de medidas planteadas en el acuerdo son aquéllas de interés de las clases dominantes y las resumimos a continuación.

  • Reducción de horas de trabajo y sueldos del sector público y maestros hasta, al menos, mayo de 2021.Gobierno dice que desempleo cerró 2019 con la cifra más baja en cuatro años | La República EC
  • Rebaja de salarios de los empleados públicos recién contratados para alinearlos con los del sector privado o que sean menores a este. También la suspensión de nuevas contrataciones y ascensos, renuncias con un solo reemplazo por cada dos “deserciones”.
  • Subir los precios internos de los combustibles a precios internacionales, mediante ajustes graduales y eliminar los subsidios.
  • Incremento en los impuestos que paga el pueblo. Reforma tributaria en septiembre 2021 con aumento progresivo Impuesto al Valor Agregado(IVA) del 12% al 15 %.Incluir las remuneraciones adicionales (llamadas décimo tercer y cuarto sueldo) de trabajadores y empleados en el pago del impuesto a la renta. A los adultos mayores ya no se les devolverá el IVA de sus gastos.

El aumento del IVA tiene un efecto negativo en el consumo y la producción, al mismo tiempo que hace más caro las importaciones, aspectos por los que los empresarios medios y pequeños también se oponen a la medida. El incremento, al que llaman “amigable y progresivo”, se aplicará desde 2022.

  • Mayor flexibilización y precarización laboral, con contratos por horas y nuevas formas de contratación, para abaratar la mano de obra que no tendrá beneficios laborales. La reducción de salarios del sector público irá también en línea de reducir los salarios del sector privado, pues según el FMI los trabajadores ecuatorianos ganan demasiado en comparación con sus pares latinoamericanos, como si no supiesen que la nuestra es una economía dolarizada.Ecuador: privatizaciones en marcha
  • Privatización o eliminar siete empresas de propiedad estatal, incluyendo, por ejemplo, correos nacionales. Mayor reducción del Estado y despidos masivos. Las privatizaciones, en algunos casos disimuladas como concesiones, permitirá que empresas privadas se hagan cargo de funciones públicas. Privatizaciones y ventas de empresas públicas.
  • Con todas las reducciones de inversión y gastos públicos, esperan “ahorrar” unos 3 mil millones hasta 2025. El mayor paquete planteado por un gobierno neoliberal.
  • Eliminan las exenciones de impuestos a universidades, que serán trasladados a sus estudiantes.
  • Ordena crear una Oficina de Grandes Contribuyentes (LTO) responsable de todas las funciones de la administración tributaria con los más ricos.
  • Plantea desde enero la autonomía del Banco Central, pero tendrá un auditor externo (ya sabemos de dónde vendrá), con lo que esa autonomía será frente al Estado ecuatoriano al mismo tiempo qe se domesticará frente al FMI.
  • Además, el Ministerio de Finanzas deberá entregar un plan presupuestario para el 2021 en acuerdo con funcionarios del FMI. Es decir que este será el presupuesto del Estado, burlando la ley que señala que en año electoral el presupuesto será el mismo del año anterior.

De allí, cosas que están en marcha como una ley anticorrupción, publicar los bienes de los altos funcionarios o que el Estado se ponga al día en el pago con proveedores y servidores públicos, tal como lo han ordenado sendas decisiones judiciales.

En total, el gobierno recibirá este año 4.000 de los 6.500 millones de dólares de nuevo crédito. La mayor parte de compromisos, quedan para el próximo gobierno, demostrado lo lejos que está el FMI de la democracia.

Con ello esperan frenar las crecientes protestas sociales, a lo que sumarán una estrategia comunicacional de engaños y falsos ofrecimientos. Pero a estas alturas, quién puede creer que se trata de ajustarse los cinturones hoy para entrar al paraíso. Si gana las elecciones un candidato salido de la vieja derecha o del nuevo populismo, este será el corazón de política económica, sin importar el programa de gobierno presentado en la campaña electoral.

Los anuncios de tormenta crecen y lo hacen en un particular ambiente electoral. Pero nada podrá evitar reacciones populares demandando, una vez más, que la vida se coloque antes de la deuda. La Minga por la Vida planteada por el Parlamento de los pueblos, el movimiento indígena y popular, plantean una salida distinta que será escuchada estos meses demostrando que hay alternativas y que estas dependerán de la respuesta de las mayorías.

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente e imagen:  http://estrategia.la/2020/10/10/fmi-disena-angustioso-futuro-para-el-ecuador/

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Argentina: La “vuelta a clases” en pandemia: un experimento que atenta contra nuestra salud

Mediante la Resolución 370/2020 del Consejo Federal de Educación, el ministro Trotta y sus pares de las carteras provinciales y de CABA apuestan al regreso progresivo a las aulas. Un intento de reapertura en plena ola de contagios que responde a los intereses de los grupos empresariales y atenta contra nuestra salud y la del alumnado.

Las prioridades, el calendario y una semana de sinceramiento

El pasado miércoles 7 de octubre, mientras se conocía un nuevo récord de contagios de covid-19 (16.447 reportados en un solo día), el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anticipaba a diversos medios de comunicación la intención de avanzar en una resolución favorable al regreso presencial a las aulas. El jueves 8 de octubre, en el marco de otra contundente cifra, en este caso de muertes (485 reportadas en un solo día), Trotta ratificaba los anuncios previos: el Consejo Federal de Educación (CFE) con representación de las 24 jurisdicciones planteaba por unanimidad un nuevo esquema para avanzar con el regreso a la presencialidad. En el peor momento de los contagios y fallecimientos, cuando el sistema sanitario cruje en muchas provincias, como Santa Fe, Córdoba y Neuquén, entre otras, el acuerdo de las autoridades educativas se encamina a volver a las escuelas. ¿Cuál es el criterio pedagógico para retornar la presencialidad a mediados de octubre y en una escalada de contagios? Ninguno. El argumento formal de la “revinculación” de estudiantes desconectadxs (nunca se los atendió desde Nación ni CABA, más allá de la controversia discursiva) fue cediendo lugar ante otros, como la necesidad de dar cierre al ciclo escolar de quienes concluyen la primaria o la secundaria. En ninguno de los casos se tomaron medidas concretas, como proveer equipos tecnológicos, o disponer medidas de continuidad realistas proyectadas para el ciclo lectivo 2021. ¿Cuál es el apremio por volver a las clases presenciales a dos meses para la finalización del año escolar, entonces? ¿Qué se está priorizando? Culminar el ciclo de aperturas de ámbitos laborales: el sistema educativo se concibe así desde los gobiernos, y fundamentalmente desde los grandes grupos empresarios, como mero auxiliar del aparato productivo. La escuela es, según esta concepción, el lugar donde albergar niñxs y jóvenes para que lxs adultxs responsables puedan concurrir a sus lugares de trabajo, y no más que eso.

En la misma semana en que nuestro país asume una nueva visita del FMI para auditar sus cuentas y recomendar más ajuste, la misma semana en que se aplica la baja de retenciones a las patronales del campo y mineras, cuando se aprueba el uso de trigo transgénico y se rubrica de manera vergonzosa y a pedido de EE.UU. la condena a Venezuela en la ONU, también el gobierno autoriza la apertura de escuelas en medio de un elevadísimo número de contagios. Lo que se dice una semana pareja.

¿Qué dice la Resolución 370/2020 del Consejo Federal?

La Resolución 370 del CFE que se formalizó este 8 de octubre muestra una endeblez argumental notoria. Cita entre los considerandos al DNU 754, que autoriza practicar “actividades deportivas y artísticas de menos de diez personas (…) lo que constituye una situación actualmente habilitada que puede resultar aplicable a ciertas actividades educativas no escolares por realizar”. La resolución complementa y en algunos casos modifica a la N° 364 dictada por el mismo órgano en julio de este año. Uno de los aspectos que la Res. N° 370 rectifica es el Artículo 8.5, inc. “b” de la citada norma previa. La enmienda no es nada inocente: el texto que se reemplaza sostenía como criterio para el regreso contar con “establecimientos urbanos y periurbanos donde haya una tasa regular mínima o nula de contagios, favorables al desarrollo de las actividades presenciales”. Esta resolución se emitía cuando la cifra de muertes en nuestro país era, prácticamente, 17 veces menor a la actual (2 de julio, 1.385 muertes por covid-19 registradas). Ahora, con un acumulado de unos 24.000 fallecimientos, el CFE elimina como requisito esa “tasa mínima o nula de contagios” para hablar, en cambio, de una “evaluación del nivel de riesgo epidemiológico que realicen las autoridades sanitarias y educativas jurisdiccionales competentes” en base a una serie de “orientaciones” que se anexan en la nueva normativa. Si se analizan las pautas que emanan de ese “semáforo epidemiológico” que forma parte del anexo a la resolución, puede observarse que se otorga la potestad de nuevas aperturas en jurisdicciones en base a mediciones altamente manipulables, como son la tasa de contagios o la ocupación de camas de cuidados intensivos locales (UTI) que cada territorio declare. Por otro lado, los parámetros establecidos son flexibles, y totalmente alejados de aquella definición de una tasa baja de circulación viral. El ejemplo más significativo es tal vez el uso del parámetro de las camas de UTI disponibles: la normativa mide la capacidad del sistema de salud para soportar un incremento brusco de contagios (ubica como requisito una tasa de ocupación del 80% al 60% de camas), a sabiendas de que ante la apertura escolar, la tasa de nuevas internaciones será una realidad inevitable. Basta recordar lo ocurrido no sólo en EE.UU., Israel o buena parte de Europa, sino también en las provincias de San Juan, Santiago del Estero y Catamarca, en términos de rebrotes ante la vuelta a clases presenciales. En las provincias mencionadas, luego de avanzar en el retorno, debieron dar marcha atrás en extensas zonas por el aumento de casos de coronavirus regresando incluso a la fase 1 de aislamiento en algunas de ellas.

En síntesis, las pautas de cuidado fueron flexibilizadas más aún que en lo dispuesto en la normativa previa. En la Resolución N° 364 del CFE del 2 de julio, que contó con el visto bueno de la central docente CTERA, se había establecido que ante la detección de casos positivos entre el alumnado, se consideraría como casos estrechos al resto de niños/as de cada subgrupo pero no al trabajador de la educación a cargo. “El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo”, se señalaba. Lógicamente, esta omisión que descuida la salud de lxs trabajadorxs y lxs transforma en vectores de contagio, no fue enmendada.

El lobby empresarial y su presión para una apertura total de las actividades ha logrado su objetivo. Pese al crecimiento exponencial de los contagios, que ubica a Argentina entre los 6 países con mayor cantidad de casos en el mundo, se completa el ciclo aperturista avanzando sobre las instituciones y actividades escolares. Los requerimientos cada vez más explícitos del empresariado para que la escuela sea un mero accesorio del sistema productivo (y de las ganancias empresariales) en tanto lugar de contención de niñxs se ven materializados en la normativa. Así, se descuida la salud y se da la señal de largada para que gobiernos como el de Larreta avancen atropelladamente hacia un retorno irresponsable en las escuelas, en una ciudad de altísima circulación viral, donde ya 135.00 personas (1 de cada 21 habitantes) contrajeron covid.

Nuestra salud no debe negociarse

Mientras el gobierno nacional descentraliza la definición última de regresar a clases, la central docente CTERA también deja a cada jurisdicción dando pelea por su cuenta y se limita a ensayar tibias respuestas en sus redes sociales. En una comunicación posterior a la resolución del CFE sostienen que “CTERA expresa una genuina preocupación por la saturación de los sistemas de salud en el interior del país”, y convocan a un plenario de Secretarios Generales para la semana entrante. Ninguna medida de lucha nacional, ningún pronunciamiento claro sobre el enorme riesgo de esta apertura en un sistema educativo cuya infraestructura ya era deficitaria antes de la pandemia, ninguna crítica al gobierno nacional y, fundamentalmente, ninguna propuesta para deliberar y organizar el rechazo desde las escuelas.

Pese a la flagrante ausencia de iniciativa de la conducción de Alesso, Baradel y Eduardo López, muchas jurisdicciones plantean escenarios de lucha. En Mendoza, lxs docentes del SUTE lograron frenar el intento de reforma educativa del radical Rodolfo Suárez con una contundente movilización; en CABA la docencia de Ademys llamó a parar y movilizarse el martes 13 y miércoles 14 contra el regreso a clases en plena ola de contagios; en Neuquén, la oposición al TEP impulsa una caravana de manera unificada en el marco de la segunda semana de paro de 48 hs. definido por los Secretarios Generales; en Provincia de Buenos Aires, la oposición Multicolor rechaza el aumento escuálido otorgado por Kicillof y exige un plan de lucha, mientras que este 14 desde las seccionales opositoras se llama a Jornada de Lucha con paro.

El intento de regreso a las clases presenciales en condiciones como las actuales constituye un experimento cuyo resultado puede derivar en el contagio de miles de trabajadorxs, alumnxs y sus familias, además de la saturación de los castigados y desfinanciados sistemas de salud. Es indispensable rechazarlo, y promover la más amplia deliberación para organizar medidas que enfrenten una política aperturista irresponsable y criminal. La organización en cada lugar de trabajo y la coordinación nacional son una urgencia para enfrentar esta avanzada y oponerle todas las medidas de lucha que estén a nuestro alcance.

Fuente: venceremos-arg.org

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El FMI impone más austeridad para Ecuador, aunque predica lo contrario

DEMOCRACIAABIERTA

El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador.


En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens «Historia de dos ciudades».

Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él, encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió.

La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de investigación del FMI ha demostrado que la austeridad y muchas de las reformas impuestas por el FMI empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el «crecimiento inclusivo».

El programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: austeridad, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación.

Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de la austeridad. El FMI también publicó una investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública.

Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: austeridad, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los documentos se pueden encontrar frases como «proteger a los más vulnerables» junto con políticas que seguramente no lograrán ese objetivo.

Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende «avanzar en la agenda de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior». El acuerdo del año pasado se vino abajo después de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador.

La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19.

La austeridad sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal, con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público.

El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de «eliminar las rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados de capital». El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos.

El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de bajarles los salarios. El FMI afirma que eso «impulsará la competitividad». Los trabajadores del sector público son el objetivo directo: el programa exige una «racionalización de los gastos salariales» que se llevará a cabo mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la «reforma laboral» apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios.

Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo.

El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez.

A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital.

El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y una crisis económica.

El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente.

El programa para Ecuador es sólo un signo de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos. El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones.

Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad, documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80 alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años.

El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando una austeridad perjudicial, que aumenta la desigualdad.

El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas de préstamos.

Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/fmi-austeridad-ecuador-predica-lo-contrario/
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Las protestas que sacuden desde hace dos semanas Costa Rica, el país ejemplo de estabilidad en Centroamérica

La relativa calma de Costa Rica, habitualmente identificado como paraíso de la estabilidad y la justicia social entre sus vecinos centroamericanos, se rompió hace más de dos semanas.

Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en protestas ciudadanas y bloqueos de decenas de carreteras y puestos fronterizos estratégicos para el país en los que cada día participan entre cientos y miles de personas.

El desencadenante fue la intención del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia, pero que se traduciría en una subida de impuestos, entre otras medidas.

¿Es Costa Rica realmente tan «pura vida»?
Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en ser parte de la OCDE, el exclusivo club de las naciones más desarrolladas
Y aunque el ejecutivo dio marcha atrás en sus planes y llamó al diálogo, las protestas continuaron.

De hecho, la tensión siguió en aumento en los enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance -tras 15 días de movilizaciones- de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas.

Protestas en Costa Rica

Protestas en Costa Rica
FUENTE DE LA IMAGEN,AFP
Pie de foto,
Los costarricenses protestan contra las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la crisis agraviada por la pandemia.

La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cercano al 10% del Producto Interno Bruto.

La pandemia de covid-19 no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio cómo el desempleo se disparó del 12% al 24% tras la llegada del coronavirus.

Cuál es la efectiva fórmula contra el coronavirus de Costa Rica, el país de América Latina donde mueren menos pacientes de covid-19
Por qué están cerrando escuelas en Costa Rica (y qué dice eso del mejor sistema educativo de Centroamérica)
Ante esta situación, el gobierno dio a conocer a mediados de septiembre que estaba en negociaciones con el FMI para poder acceder a un préstamo de US$1.750 millones con el que estabilizar las finanzas del país.

Pero el acuerdo contemplaba medidas que desataron la indignación de parte de la población, como la venta de algunos activos estatales, la congelación de sueldos para los funcionarios y, especialmente, el aumento temporal de varios impuestos.Protestas en Costa Rica

Protestas en Costa Rica
FUENTE DE LA IMAGEN,EPA
Pie de foto,
La subida de impuestos prevista en el acuerdo con el FMI fue uno de los detonantes que llevó a los ticos a protestar a las calles.

Así, desde finales de septiembre, en Costa Rica se han visto a diario imágenes poco habituales en el país como el bloqueo de algunos de los principales pasos fronterizos con Panamá, quema de vehículos o enfrentamientos con palos y gases lacrimógenos entre policía y manifestantes.

Marcha atrás en la propuesta
La tensión fue escalando hasta tal punto que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, acabó anunciando el pasado 4 de octubre que no seguiría adelante con la propuesta inicial al FMI.

El mandatario dijo haber visto «con dolor» los focos de violencia en las calles y condenó los actos.

«Nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia (…) Los bloqueos que golpean a la gente, a la producción y ponen en riesgo vidas, deben de cesar ya», dijo en cadena nacional.

 

«Hago una convocatoria a los sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente», agregó.

Este próximo sábado arrancará una mesa de diálogo conformada por varios sectores, pero a la que no fue invitada el grupo social Movimiento Rescate Nacional, principal promotor de las protestas

¿Por qué continúan las movilizaciones?
Sin embargo, pese a la marcha atrás dada por el gobierno, las protestas continuaron.

Protestas en Costa Rica

Protestas en Costa Rica
FUENTE DE LA IMAGEN,EPA
Pie de foto,
Las movilizaciones continúan pese a que el gobierno dio marcha atrás a su plan de acuerdo con el FMI.

El Movimiento Rescate Nacional exigió para suspenderlas que el presidente se comprometa por escrito a que no acudirá al FMI en lo que resta de su mandato, que concluirá a mediados de 2022.

En un documento con 14 condiciones, la agrupación también exigió al ejecutivo no contemplar la venta de activos ni más impuestos indirectos, así como que no haya procesamientos penales ni sanciones contra los manifestantes.

Pero Alvarado rechazó las exigencias y dijo que no dialogará con este grupo hasta que ponga fin a los bloqueos.

Mientras, los disturbios alrededor de algunas movilizaciones aumentaron en los últimos días.

El pasado lunes, varias personas resultaron heridas durante una protesta frente a la Casa Presidencial, en San José, en la que se vieron volar incluso trozos de concreto.

«Infiltrados» en las protestas
La semana pasada, el excandidato presidencial y hasta entonces líder del Movimiento Rescate Nacional, José Miguel Corrales, pidió acabar con las protestas debido a la violencia originada en torno a ellas, de lo que responsabilizó a una supuesta infiltración de grupos delictivos en las manifestaciones.

«Pido perdón, en especial, a quienes han sido víctimas directas de la violencia desatada y a todos a los que han vivido días de zozobra y temor», afirmó en un video publicado el pasado jueves.

Otro de los principales dirigentes del movimiento, el exdiputado Célimo Guido, se desvinculó sin embargo de las declaraciones de Corrales y responsabilizó a las fuerzas de seguridad de la violencia por, según afirmó, infiltrar a agentes en sus manifestaciones.

Este martes, el ministro de Seguridad costarricense, Michael Soto, reconoció la presencia de policías vestidos de civil en las protestas del lunes después de que un agente fuera identificado entre la población gracias a un video difundido en redes sociales.

Protestas en Costa Rica

Sin embargo, Soto aseguró que se trataba de un policía antidrogas que tenía como misión identificar en la movilización a personas relacionadas con el narcotráfico, y negó que los policías camuflados fueran quienes provocaran los hechos violentos.

Pese a que el Movimiento Rescate Nacional pidió la dimisión de Soto por este motivo, el gobierno confía en poder solucionar esta profunda e inesperada crisis gracias al diálogo nacional que comienza este fin de semana.

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Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54548326

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I Congreso Mundial de Educación 2020. Ponencia de Rosa Cañadell, Exvocera del sindicato USTEC•STEs. España

Ponencia de Rosa Cañadell

La educación es fundamental para el futuro de la sociedad. En ella, los chicos y chicas se socializan y aprenden conocimientos, valores, actitudes y comportamientos que, con seguridad, marcaran su futuro.

La educación oficial siempre ha tratado de transmitir la cultura dominante, pero los centros educativos son también un espacio de confrontación con otras culturas alternativas al servicio del cambio social. El objetivo de la educación debería ser tanto la emancipación individual como la emancipación social y colectiva.

 En estos momentos de crisis de todo tipo: económica, social, cultural, ecológica…en el que todo apunta que nos espera un mundo peor, es más importante que nunca todos nuestros jóvenes tengan herramientas para comprender el funcionamiento de la sociedad y sean capaces de mejorarla. Para ello es indispensable un acceso igualitario a la educación y al conocimiento, no sólo técnico y científico, sino también filosófico, histórico y artístico. Ya que es el conocimiento el que nos ayuda a entender las causas (de la desigualdad, la injusticia social, el racismo, el machismo, el agotamiento del planeta…) y a poder pensar soluciones.

Desde finales de los años 90 la política educativa a nivel internacional se ha redefinido en virtud de las necesidades del capitalismo, en su versión neoliberal. En muchos países, incluyendo el mio, la política educativa oficial se ha modificado con el objetivo de responder a la sociedad de mercado y a las necesidades del mundo financiero; los valores de la empresa han empezado a suplantar a los antiguos ideales humanistas y una versión   pragmática de la educación, ha cobrado vigor a lo largo y ancho del mundo y en la mayoría de las instituciones educativas.

En Cataluña y el resto del Estado español, estamos en una situación totalmente distinta de la que se dio en las décadas precedentes (después de la dictadura franquista) en las que se construyó una educación pública con la participación activa del profesorado, y con el estímulo y el apoyo de los poderes públicos. Una escuela pública que tuvo como reto la igualdad de oportunidades, la democratización de los centros, las buenas prácticas profesionales y el progresivo mejoramiento de las condiciones laborales del profesorado. Ello dio sus frutos y, por primera vez en mucho tiempo, las clases populares accedieron a la universidad.

Poco a poco fuimos construyendo un modelo de escuela pública basado en la idea que la educación es un derecho universal y un bien público, que la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Un modelo que considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo centra su preocupación en buscar los contenidos, valores y metodologías que mejor pueden ayudar a una educación global y que puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el alumnado llega a la escuela. Por este modelo luchamos durante mucho tiempo y habíamos avanzado bastante.

Pero llegaron los vientos neoliberales que todo lo impregnaron y nuestros gobiernos cambiaron el paradigma e impusieron un nuevo modelo: el que se deriva de la progresiva imposición del  neoliberalismo a escala mundial, y que viene avalado por las directrices de los organismos supra-nacionales, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la UE. Este modelo parte de la base que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía.

La educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser “adaptada” a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y, por otro, debe ser “rentable”, o sea gestionada con criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado.

Una característica de esta nueva etapa es la creciente intervención de los organismos internacionales en el ámbito educativo. Ya en 1995, Miquel Soler (catalán como yo, afincado en Uruguay y un gran maestro para América Latina) ya nos alertaba de la publicación del Banco Mundial en la que se decía: «La tasa de rentabilidad en educación se expresa como rendimiento anual, similar al cotizado por las cuentas bancarias de ahorro o los bonos de Estado…» y también: «las políticas oficiales deberían alentar el aumento del financiamiento privado a fin de estimular la competencia, la innovación y la sensibilidad al mercado de trabajo.»

Esta nueva estrategia educativa se ha ido imponiendo poco a poco y está ya presente a nivel mundial, Esta nueva concepción neoliberal de la educación tiene tres objetivos: 1) poder hacer negocio con la educación, por lo que es preciso privatizar lo máximo posible; 2) poner los conocimientos al servicio de las necesidades laborales de las empresas; y 3) promocionar valores que hagan posible la consolidación del sistema. Y para hacerlo posible se basan en varios pilares: las leyes educativas, los recortes con la excusa de la crisis, la Nueva Innovación educativa, la penetración de las empresas en las políticas educativas y ahora, aprovechando la tragedia de la pandemia del COVID-19.

Parece, pues, que el neoliberalismo nos ganó la partida, pero esto no significa que no se pueda rescatar el proyecto emancipador .

Como señalan desde el Col·lectiu Pere Quart.  : «Con las materias humanísticas, desde las aulas, se puede hacer frente a las ideas impuestas, desenmascarar las mentiras y el cinismo de los poderes establecidos y, contra la ortodoxia oficial y mediática, oponer resistencia a los discursos simplistas del miedo que provienen de formaciones fascistas o complacientes con las actitudes autoritarias. En las aulas, se puede afilar la capacidad crítica como forma de libertad democrática y como ejercicio de cuestionamiento continuo de la realidad»

No deberíamos permitir que se consolide una educación al servicio de las empresas y mucho menos  que las empresas dicten lo que se tiene que enseñar en las aulas. No debemos permitir que se implanten objetivos y valores tan descaradamente al servicio de la ideología más neoliberal que es, precisamente, la que nos ha llevado a la actual crisis, a la desigualdad, a la pobreza y a la falta de democracia.

La resistencia y la lucha, del profesorado, del alumnado, de las familias y de las fuerzas de la izquierda progresista, son el camino a seguir. Necesitamos una juventud sabia, solidaria, culta, con preparación laboral y sentido de la justicia.

Los y las jóvenes de hoy son los que podrán mejorar la sociedad del mañana y tenemos la obligación de prepararlos para que ello sea posible. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. No olvidemos que

PARA QUE OTRO MUNDO SEA POSIBLE

OTRA EDUCACIÓN ES NECESARIA.

 

26 setiembre 2020
ROSA CAÑADELL
Del Seminario Ítaca de Educación Crítica (SIEC)
Exvocera del sindicato USTEC·STEs
Barcelona. Cataluña. España.

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Presupuesto universitario 2021: siguen los recortes y los salarios caerían 15 %. Argentina

Con el anteproyecto de presupuesto 2021, el ministro de Economía, Guzmán, anticipó el ajuste en el presupuesto a las 57 universidades nacionales. Se continúa una dinámica de recorte por la vía inflacionaria de cara a acumular para pagar la deuda reestructurada. Son los acreedores y el FMI, o la educación pública y la salud.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Presupuesto-universitario-2021-siguen-los-recortes-y-los-salarios-caerian-15

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