Page 3 of 17
1 2 3 4 5 17

¿Sabían que el Fondo Monetario Internacional defiende un impuesto covid?

Por: Marc Vandepitte
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Marc Vandepitte, lector infatigable, presenta en este artículo varios hechos destacados, varias cifras y citas de todo el mundo que apenas han atraído la atención de los demás medios de comunicación, pero que sin duda hay que mencionar para entender el caótico mundo actual

Un impuesto covid

El coronavirus ha supuesto un golpe sin precedentes para la economía. En el segundo trimestre en el mundo había casi 500 millones de personas menos con trabajo. El FMI calcula en 28.000.000 millones de dólares el coste total para el periodo 2020-2025, lo que representa no menos del 32 % del producto mundial, es decir, la misma riqueza que ha producido Bélgica en medio siglo. Los gobiernos han inyectado sumas considerables a la economía para evitar que se desmorone totalmente. Hasta el momento se han inyectado unos 11.700.000 millones de dólares, es decir, un 13 % del producto mundial.

La gran pregunta es, por lo tanto, quién va a pagar esta enorme factura. Siguiendo la política neoliberal, en la crisis financiera de 2008 se le hizo pagar la factura a la población activa por medio de planes de austeridad y de reducciones de salarios. Pero, ¿saben ustedes que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual es, precisamente, el motor de la política de austeridad de estos últimos cuarenta años, de pronto ha dado un giro de 180 grados? Según el FMI, esta crisis provocará unos “daños duraderos” a la economía y constituirá un “importante revés para el nivel de vida de la población de todo el mundo”. Por consiguiente, afirma el FMI, se deberían aumentar los impuestos a las personas ricas y a las empresas (1). ¿A qué esperamos para hacerlo?

Ánimo de lucro y vacunas

Es excelente que pronto haya una vacuna. Pero con la inmensa atención que se le está prestando exclusivamente a Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson es como si nuestra salud dependiera de las multinacionales y de los capitales privados, aunque la realidad es lo contrario.

Desde la aparición de los otros dos coronavirus, el SRAS en 2002 y el MERS en 2012, los científicos nos habían advertido varias veces acerca de esta nueva pandemia (2). En 2016 la Organización Mundial de la Salud clasificó el coronavirus entre las ocho principales amenazas virales que requerían más investigación (3). Sin embargo, a las empresas farmacéuticas no les interesaba porque en aquel momento no se preveían beneficios, de modo que no es de extrañar que nos hayamos encontrado con que no estábamos en absoluto preparados para la pandemia más previsible de todos los tiempos. Según Chomsky, los intereses del mercado han desempeñado una vez más un papel ansiogénico en detrimento de la humanidad.

Conviene saber que entre 2009 y 2018 las grandes farmacéuticas gastaron más dinero en pagar dividendos y en comprar su propias acciones que en investigación y desarrollo (4).

También conviene saber que los gobiernos y las organizaciones supranacionales han sufragado en gran parte el costo de investigación y desarrollo de las vacunas y medicamentos para el covid-19. Solo en Estados Unidos se trata de 10.000 millones de dólares. Es, pues, mucho dinero de los gobiernos, pero ¿adivinan quién se va a embolsar dentro de muy poco los descomunales beneficios? Basta con mirar la cotización en Bolsa de las grandes farmacéuticas implicadas.

Las enormes diferencias de los precios de las vacunas demuestran que para las grandes farmacéuticas se trata solo de una cuestión de dinero. ¿Sabían que Moderna pide hasta 37 dólares por dosis, mientras que AstraZeneca pide entre 3 y 4 dólares? Johnson & Johnson y Sanofi piden 10 dólares por dosis.

Vacunar: más fácil de decir que de hacer

Es la primera vez en la historia que se tiene que vacunar a toda la población del mundo a la vez, pero, como se suele decir, lo que salva vidas humanas no es la vacuna sino la vacunación. Y es que vacunar a 7.800 millones de personas será una hazaña gigantesca. ¿Saben que solo en Estados Unidos se necesitarán 850 millones de jeringas? En mayo este país apenas tenía 15 millones almacenados. Para los países menos ricos el problema será todavía más grave.

Los transportes supondrán un reto enorme. ¿Saben que para distribuir una sola dosis a todos los habitantes del planeta se necesitarán 8.000 vuelos de un Boeing 747 cargo? Las vacunas de Pfizer y de Moderna requieren dos inyecciones.

Además, es necesario refrigerar las vacunas. La de Pfizer se tiene que conservar a una temperatura inferior a -70°C. La producción de estas unidades de refrigeración especializadas está en pleno apogeo, pero se necesitarán varios meses antes de que todos los países dispongan de instalaciones suficientes. ¿Sabían que Estados Unidos no dispone de estas instalaciones y que debe encargarlas a China, el país contra el que ha emprendido una guerra comercial? China tiene los precios más bajos y la mayor capacidad en este sector.

Para la mayoría de los países del Sur es imposible, cuando no prohibitivo, almacenar y transportar vacunas a temperaturas de congelación. Afortunadamente, hay una alternativa: como AstraZeneca, los chinos han creado una vacuna que se puede conservar a una temperatura normal de refrigeración (2°C – 8°C) durante tres años.

En todo el mundo tenemos actualmente 11 vacunas candidatas en fase 3, que es la última fase antes de la aprobación oficial. ¿Sabían que cuatro de estas candidatas son de fabricación china? ¿Y sabían que China ha donado 2.000 millones de dólares a Covax, un grupo de compra conjunta mundial apadrinado por la ONU cuyo objetivo es vacunar al 20 % de la población, en particular de los países del Sur, de aquí a finales del año que viene? La contribución china es cuatro veces mayor que la de la Unión Europea.

Notas:

(1) Textualmente se afirma: “La mayor parte de las economías sufrirán daños perdurables en el potencial de oferta, como consecuencia de los daños perdurables que dejarán la profunda recesión de este año y la necesidad de cambio estructural. Las persistentes pérdidas del producto constituyen un grave revés para los niveles de vida en relación con las expectativas que existían antes de la pandemia.
Si bien será difícil adoptar nuevas medidas de ingreso fiscal durante la crisis, los gobiernos quizá deban plantearse la posibilidad de incrementar los impuestos progresivos aplicados a los particulares más acaudalados y a los que se ven relativamente menos afectados por la crisis (por ejemplo, subiendo las tasas impositivas vigentes para las categorías de ingreso más altas, las propiedades más costosas, las ganancias de capital y los patrimonios), así como la posibilidad de modificar la tributación de las empresas para asegurarse de que paguen impuestos acordes con sus ganancias”, FMI, Perspectives de l’économie mondiale, octubre 2020, p. xiv y xviii.

(2) Richard Horton, The COVID-19 Catastrophe. What’s Gone Wrong and How to Stop it Happening Again, Cambridge, 2020, p. 33-34.

(3) World Health Organization, An R&D Blueprint for Action to Prevent Epidemics, Plan of Action May 2016, p. 22.

(4) Los beneficios de una sociedad que cotiza en Bolsa se pueden o bien reinvertir en una nueva sociedad por medio de una producción suplementaria o por medio de la compra de nuevas tecnologías, de la investigación y desarrollo, etc., o bien se pueden distribuir a los accionistas (dividendos) o utilizarse para volver a comprar acciones. Esta última opción generalmente permite aumentar el precio de las acciones, lo cual es interesante para los accionistas. Las dos últimas opciones se hacen en detrimento de una inversión en el futuro de la empresa. En el caso de la industria farmacéutica la investigación y desarrollo son proporcionalmente muy importantes.

Este artículo se publicó originalmente en De Wereld Morgen. Traducción del neerlandés al francés por Anne Meert para Investig’Action.

Fuente: https://www.investigaction.net/fr/saviez-vous-que-le-fmi-plaide-pour-une-taxation-corona-quelques-faits-marquants-a-propos-du-covid-19/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar aautor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

Comparte este contenido:

«El gran reseteo» del FMI anuncia nueva etapa del fascismo global

Por: Carlos Julio Díaz Lotero/ ail.ens.org.co

Las medidas que pide el FMI no ayudarán a un verdadero reseteo mundial. Aquí hay 4 acciones que si harían posible el cambio.

El FMI, por medio de su directora, Kristalina Georgieva, ha respaldado un “gran reseteo” de la economía como respuesta a la profundización de la crisis global a causa de la pandemia del COVID-19. Como se sabe, el mal manejo de la pandemia en Europa, y mucho peor en las Américas, ha representado no solo cientos de miles de muertos, sino una grave alteración de la cadena económica de suministro y la parálisis de sectores económicos con importante participación en la ocupación total. Dejó al desnudo la tremenda precariedad del desarrollo empresarial y las consecuentes altas tasas de desempleo e informalidad laboral.

La iniciativa fue lanzada por el Foro Económico Mundial como un “Gran Reseteo” de la economía mundial. Se basa en tres pilares, según se desprende del discurso de la directora gerente del FMI en el foro del gran capital financiero: crecimiento verde, crecimiento inteligente, y crecimiento más justo.

 El “crecimiento verde” busca el rescate de una burbuja financiera cercana a los US$ 2.000 billones en proceso de desplome. Se hace mediante la imposición de los llamados “créditos verdes”, para el gasto público masivo de los gobiernos y empresas en inversiones hacia la llamada “transición energética” y una economía “libre de carbón”. Desde hace muchos años las energías renovables se convirtieron en un producto financiero que juega en el mercado especulativo apalancado por los incentivos fiscales y las regulaciones que favorecen al capital financiero. ¿Se podrá rescatar una burbuja financiera sin precedentes con una nueva “burbuja verde”?

Además de lo anterior hay otros debates como los promovidos por el presidente de México, López Obrador, que viene adelantando un programa de rescate de la estatal petrolera Pemex (Petróleos de México) y de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron desmanteladas durante décadas de saqueo neoliberal, que entregó el mercado interno a empresas extranjeras de gas y de las llamadas energías limpias, a las que señaló como un sofisma, pues éstas, además de ser intermitentes y más costosas, deben ser subsidiadas por el presupuesto público.

El “crecimiento inteligente” no es otra cosa que la llamada “economía digital”, que ha tenido un desarrollo importante en el marco de la pandemia del COVID 19, algo muy cercano a parte de la “economía naranja” del Presidente Duque. La directora del FMI afirma que es necesario reducir la brecha en tecnologías digitales existente en el mundo, y aun dentro de los países. No obstante, si bien estas tecnologías son necesarias y es urgente garantizar la conectividad digital de los países y sectores sociales más pobres, éstos seguirán en el atraso sino se hacen fuertes inversiones en el desarrollo de energías más densas, en líneas ferroviarias, carreteras, túneles, distritos de riego, y otras infraestructuras básicas necesarias para el desarrollo de la economía productiva como son, entre otros, los sectores agropecuario y manufacturero de alto valor agregado.

El “crecimiento más justo” se reduce a la “expansión de programas sociales” para administrar la pobreza mediante subsidios miserables y políticas asistenciales. En vez de eliminar la pobreza de raíz, como lo ha logrado la República Popular China con un impresionante desarrollo productivo, de infraestructura, de ciencia y tecnología, y de rediseño de los sistemas crediticios y monetarios.

El “Gran Reseteo” del FMI solo se propone rescatar los activos financieros devaluados de las elites oligárquicas financieras, acabar con la clase media y mantener en condiciones de esclavitud a la mayoría de las capas empobrecidas de la sociedad.

Un auténtico programa de reinicio de la economía global debe empezar por restablecer, en primer lugar, una separación de la banca especulativa (banca de inversión) de la banca comercial como lo hiciera en 1933 el Presidente Franklin Delano Roosevelt con la ley Glass – Esteagall en los Estados Unidos.

En segundo lugar, se debe acabar con el sistema monetario de tasas de cambios flotantes y regresar al sistema monetario de paridades fijas del sistema de Bretton Woods, el cual dominó los cambios internacionales hasta 1971 cuando el Presidente Nixon lo desmanteló al separar el dólar del oro.

En tercer lugar, se debe crear un sistema de banca que responda a los intereses nacionales para el desarrollo de obras de infraestructura y de la economía productiva. Debemos retornar a las exitosas políticas del pasado, como el crédito de fomento, la protección de la producción de alimentos, los precios de garantía o de sustentación que hoy reclaman en nuestro país, a vía de ejemplo, los productores de papa, y una política de aranceles para proteger las industrias nacientes y la producción nacional, según el enfoque del gran economista Alemán Federico List de los aranceles decrecientes.

En cuarto lugar, debemos aumentar las tasas de inversión en ciencia y tecnología para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y los retos de salud pública que nos traen las pandemias tanto de viejas como de nuevas enfermedades.

Para superar la crisis global de las finanzas y la economía, de las altas tasas de desempleo, de la hambruna que ya nos corroe, del deterioro de las condiciones sociales y laborales, y del COVID 19 que ha cobrado miles de vidas humanas, necesitamos fortalecer el Estado Nacional Soberano y promover una gran cooperación mundial para crear las nuevas instituciones económicas, financieras, y políticas que se necesitan. Y sobre todo un sistema de salud pública global que responda a las amenazas planetarias diversas que hoy tenemos tras casi 50 años de neoliberalismo que destruyó la infraestructura social y los programas sanitarios.

Carlos Julio Díaz Lotero es Contador Público de la Universidad de Medellín. Especialista en Planeación urbano regional de la Universidad Nacional. Expresidente de la CUT Antioquia. Actualmente es Director Encargado de la Escuela Nacional Sindical.

Fuente: https://ail.ens.org.co/opinion/el-gran-reseteo-de-fmi-anuncia-nueva-etapa-del-fascismo-global/

Comparte este contenido:

“Pagar la deuda es contaminación, dependencia y superexplotación”

Con un foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se escucharán los alegatos de las fiscalías. A continuación transcribimos la intervención en esa jornada, fruto del trabajo colectivo,del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y en el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

Sostenemos que es necesario investigar si la deuda -y en todo caso qué parte- es legítima y legal o, por el contrario, es fraudulenta y odiosa. Y, sabiendo que hay múltiples motivos para pensar que puede ser declarada fraudulenta, queremos focalizarnos en tres aspectos del modelo energético, más precisamente hidrocarburífero, que se vinculan con la deuda externa.

El primero de estos aspectos es el vínculo entre bienes comunes y deuda. Desde los organismos internacionales se asume como garantía del pago de deuda la explotación de los recursos naturales o bienes naturales. Los distintos gobiernos asumen también una definición similar. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, las políticas públicas presionan para la expansión de los procesos de extracción, nocivos para el ambiente y las poblaciones, como una forma de “honrar las deudas”. Esa presión se constata en distintas regiones del país focalizadas en el agronegocio con sus nuevas transgenias y megafactorias, en la megaminería y en los hidrocarburos, entre otras.

Entonces, la propuesta de “desarrollo” escondida detrás de los acuerdos de deuda podría resumirse en obtener dólares a cambio de la degradación a niveles preocupantes del espacio y el ambiente, que no puede ser escindido de quienes viven allí. La deuda es una condena a quedar atrapados/as en esa lógica.

Al respecto nos parece elocuente una nota al pie de la primera revisión periódica del FMI en torno al acuerdo arribado con Macri. En octubre de 2018, el organismo al analizar la política fiscal señalaba los malos resultados pero indicaba que se iban a compensar con “un repunte de las exportaciones agrícolas después de  la sequía, y un esperado aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción en la cuenca de Vaca Muerta se recupere”[1]. Exportación del campo y de energía como mecanismos para cumplir las metas fiscales y poder garantizar el pago de la deuda.

Para ilustrar la perspectiva gubernamental podemos tomar el plan energético que se publicó en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel a cargo del área. Allí se estimaba que en 2027 los ingresos por exportaciones de hidrocarburos superarían a los ingresos de exportación agropecuaria[2].

Más cuidadosamente la gestión actual también cree que con la explotación fundamentalmente de Vaca Muerta se van a minimizar, o incluso superar, los problemas de la restricción externa y, en el mejor de los casos, se podría en unos años hacer frente a los compromisos de deuda[3]. Lo que nos lleva al segundo punto que queríamos señalar en torno a la perniciosa relación entre deuda y sector energético: la fuga de divisas.

Uno de los objetivos de la explotación de Vaca Muerta mediante fracking es la obtención del gas que Argentina consume y, por lo tanto, evitar la importación, es decir la salida de dólares. Pero hay un punto que habitualmente es omitido y agrava el panorama: las divisas no sólo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas del sector extranjerizan sus excedentes o pagan deuda.

La deuda pública contraída por el macrismo sabemos permitió la fuga de divisas en cantidades similares a las que ingresaron. En ese proceso uno de los sectores que mayor injerencia tuvo fue el energético. La lógica de la inversión del sector que es festejada y promovida por las distintas gestiones implica como contracara un endeudamiento a corto plazo, muchas veces con préstamos intrafirmas. Es decir, lo que se festeja como inversiones salen rápidamente del país engordado por los intereses. Si fuéramos mal pensados/as podríamos suponer que en esas operatorias hay toda una serie de maniobras espurias, sino fraudulentas, como las que se constataron con el vaciamiento de Vicentin, que se ponen en práctica.

El nivel de fuga del sector energético en los últimos años fue notable. En la lista de las 100 empresas que más fugaron publicada por El Cohete a la Luna, aparecen 27 energéticas que, en conjunto, fugaron casi 6.000 millones de dólares. De esas 27 empresas, 15 tienen una participación central en Vaca Muerta y fugaron casi 4.000 millones de dólares. Lo que creemos pone en duda que la apuesta por los hidrocarburos no convencionales sea tan redituable como se suele esgrimir[4].

Pero ¿qué tiene que ver la deuda privada con la deuda externa? La deuda privada, la remisión de utilidades al exterior u otros mecanismos de fuga de dólares presiona sobre la reservas del Banco Central y, por lo tanto, sobre el tipo de cambio. Esas presiones sobre la cantidad de dólares del Banco Central promueve procesos de devaluación. Las devaluaciones encarecen cada dólar y por tanto devolver los préstamos privados que fueron presentados como inversión implica cada vez más pesos. De esta manera se vuelve cada vez más costoso poder devolver ese dólar privado. Pero la devaluación no sólo encarece el pago de las deudas privadas sino también el pago de las deudas públicas. Es decir, que los endeudamientos millonarios de las petroleras redundan en mayores dificultades para afrontar la deuda pública en dólares.

Finalmente, en esta articulación entre deuda y explotación energética, nos parece relevante señalar la situación de las provincias cuyas economías dependen de los hidrocarburos. Justamente porque poseen esos recursos, esos distritos pueden endeudarse abultadamente en dólares. Ante devaluaciones o ante las cada vez más recurrentes caídas del precio internacional del barril, esas abultadas deudas complican fuertemente sus economías[5]. Por esas crisis de dependencia el gobierno nacional debe auxiliar a esas provincias.

Esas ayudas tienen dos destinatarios. Directamente las arcas provinciales o mediante subsidios a las empresas, de manera tal de reactivar las economías. Pero con estos subsidios las compañías garantizan que van a devolver los préstamos que necesitan para invertir y pueden acceder a nuevos créditos que seguirán expandiendo la espiral de la deuda privada que impacta sobre el tipo de cambio y, por tanto, también sobre todas las deudas públicas en dólares.

Entonces, ante este Tribunal, queremos denunciar que los organismos internacionales y los fondos de inversión, así como el estado nacional y los estados provinciales saben que la toma de deuda como se hizo implicaba la profundización de una matriz productiva dependiente, extractivista y contaminante. Y que incluso, como señala el FMI en su nota al pie, sabía que esa explotación de recursos naturales era la garantía del pago. Lo cierto es que ese esquema aunque profundizó la destrucción de la naturaleza, no puede pagar la deuda. Por lo tanto, más allá de cómo se contrajo y para que se usó la deuda hay una imposibilidad real del pago. Y a su vez, el pago implica continuar con este modelo de financiación para pagar deuda infinita que condena a la contaminación, la dependencia y la superexplotación. Creemos que debemos cortar esa rueda siniestra y el no pago de la deuda con motivos fundados brinda posibilidades para eso.

Como sanción que se declare fraudulenta y que se defina el desconocimiento de la deuda contraída.

Que se reconozca y señale públicamente a quienes fueron participes desde las instancias gubernamentales del endeudamiento.

Que se reconozca y señale públicamente a las empresas y capitales que fugaron las divisas que habían entrado al país como deuda pública.

Que las empresas energéticas devuelvan los dólares que se llevaron, que se imposibilite la remisión de la riqueza generada en Argentina a otros países.

[1]   IMF (2018, October). First review under the stand-by arrangement. Country Report No. 18/297. International Monetary Fund. Pag. 9 Recuperado de: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18297-ArgentinaBundle.ashx

[2] SGE (2018). Plan Energético Argentino: Lineamientos. Secretaría de Planeamiento Estratégico. Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_plan_-_oil_gas_guidelines_-_november_12_2018-min_0.pdf

[3] Telam (01/06/2020). “Kulfas afirma que Vaca Muerta mantiene el mismo potencial y retoma la idea de la Ley de Hidrocarburos”. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/202006/470976-kulfas-afirma-que-vaca-muerta-mantiene-el-mismo-potencial-y-retoma-la-idea-de-ley-de-hidrocarburos.html

[4] Kofman, Marco (14/06/2020). “La Vaca Desatada”. Recuperado en: https://www.elcohetealaluna.com/la-vaca-desatada/ Más precisiones al respecto en García Zanotti, Gustavo (2020). “Vaca Muerta y el desarrollo argentino” Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Recuperado de: https://ejes.org.ar/economistas/vaca-muerta-espanol.pdf

[5] Va con Firma (28/10/2020). “La provincia quedó a 30 días del default”. Recuperado en: https://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_12293/la-provincia-quedo-a-30-dias-del-span-classfindeddefaultspan

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/11/10/pagar-la-deuda-es-contaminacion-dependencia-y-superexplotacion/

Comparte este contenido:

De alumnos a estudiantes: UAM

Por: Hugo Aboites*


A lo largo de 100 años, se ha dado una sorda lucha de palabras y significados en torno a qué nombre dar a los/las jóvenes universitarias. Es común que en las leyes orgánicas y reglamentos generados por la institucionalidad se les nombre (y considere) como alumnos (del verbo alere, alimentar, cuidar, educar a alguien), pero cuando las y los jóvenes se organizan y luchan contra alzas de colegiaturas, evaluaciones, pésimas condiciones y programas de estudio, inseguridad, entonces se llaman a sí mismos estudiantes (de studeo, que significa desear y conocer intensamente). Y, en colectivo, movimiento estudiantil.

Como siempre, las palabras nunca son una mera cuestión de tales y la historia de más de un siglo se ha encargado de dar al término estudiante un sentido muy lejano a la pasividad de dócil educando. En 1918, los estudiantes de la conservadora Universidad de Córdoba, gracias al autoritario cierre del hospital universitario, descubrieron a su institución como aliada al clero y el gobierno, burocrática y autoritaria y, por eso, lejana a la ciencia en el trabajo de profesores y estudiantes. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes… por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático (y) cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Y, por eso, “la federación universitaria de Córdoba se alza para luchar y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes” (La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, junio de 1918).

Aunque fueron militarmente reprimidos, la pasión ya estaba sembrada y en México (en la década de los 20), la autonomía se convirtió en demanda y, muy a medias, en realidad: la universidad debía ser no sólo independiente del poder clerical, político y económico, sino sobre todo, gobernada por y desde las necesidades y aspiraciones de los estudiantes.

Por eso en México fueron estudiantes y no alumnos los que lucharon en 1929, 1933, 1968 y, recientemente, en 1999, 2014 y, en la UAM, en 1998 y 2016. Pero las y los estudiantes siguen lejos de estar en el centro del gobierno universitario. Esa vena fresca ya no alimenta a las instituciones y, por eso, hay un deterioro profundo de la inspiración original de una institución estudiosa y solidaria con las necesidades sociales; horizontal, comunitaria y centrada en las y los estudiantes. Prevalecen los bonos a mandos medios y superiores, la aristocracia académica, la ampliación de la burocracia, el apoyo a grandes empresas y la tendencia a decisiones verticales, sin consenso, que afectan directamente la formación de los estudiantes. Así, en la UAM-Xochimilco, la mayoría de profesoras y profesores del trimestre inicial, llamado Tronco Interdivisional, abiertamente nos oponemos a que se imponga el programa que impulsa una comisión del rector y que afectará directamente la formación profesional de los estudiantes. En lugar de actualizar y mejorar el vigente, donde estudiantes y profesores –con base en textos críticos– analizan el contexto nacional y mundial para que la formación profesional se haga de cara a las necesidades y problemas del país, se le desecha y al amparo de la pandemia, se busca imponer la agenda de sustentabilidad (2030) del Banco Mundial-Unesco. Al contrario de nuestro programa que enfatiza la pluralidad de visiones, el del Banco Mundial reduce la problemática social y de las profesiones a la sustentabilidad y aún eso con una visión interesadamente corta, que oculta/niega la responsabilidad de corporaciones y gobiernos en el desastre ecológico mundial. Y así, el trabajo de formación estudiantes-profesores, que siempre ha luchado por ser de avanzada, con la propuesta del BM reduce su visión al nivel de una escuela patito y se impide así una formación de profesionales e investigadores fuertes y socialmente comprometidos. Por momentos, hasta retrocesos, como el texto de metodología del trabajo académico-científico (de escuela privada) está dedicado –a Dios, el supremo investigador”, pues –adiós evolución– ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar. El BM impulsa la idea de una sociedad donde hay individuos, grupos de calidad, ONG, pero no existen procesos de colonización, patriarcado, intereses de clase, poderes hegemónicos ni un desarrollo económico que sistemáticamente destruye la naturaleza. Y porque en la visión institucional son sólo alumnos, ni siquiera se piensa en un foro amplio de consulta y discusión para los que serán más afectados, los estudiantes. Ha pasado un siglo y cada vez son menos primordiales en el gobierno universitario.

UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/017a2pol

Comparte este contenido:

El Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos

La cuestión de los «derechos humanos» nunca formó parte de las prioridades del Banco Mundial. Invariablemente, en las condicionalidades fijadas por el Banco, un derecho era prioritario: el derecho individual de la propiedad privada, que en la práctica favorece a los grandes propietarios, ya sean personas adineradas o bien sociedades nacionales y transnacionales. En las condicionalidades impuestas por el Banco no se encuentra ninguna referencia a los derechos colectivos de los pueblos y de las personas.

Índice:

– El ajuste estructural no respeta los derechos humanos.

– Estados, instituciones financieras internacionales e intereses privados

– Esta pretensión de irresponsabilidad es inaceptable en el derecho internacional

– La Declaración Universal de los Derechos Humanos

– La Declaración del Derecho al Desarrollo

– La Carta de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas

– El Banco Mundial, institución especializada de las Naciones Unidas

– Conclusión

Si el Banco Mundial tiene que tomar en consideración los derechos humanos, nunca lo hace con el sentido progresista de los grandes textos de las Naciones Unidas. Las ideologías tienen su lectura particular del derecho. Jean-Philippe Peemans recuerda con razón: «De todas maneras, con la óptica occidental hoy predominante, los derechos humanos se conciben ante todo con relación a la libertad de acción individual, como la no interferencia en el mundo privado de los asuntos económicos, el derecho a disponer libremente de la propiedad, y sobre todo la abstención del Estado de todo acto que viole la libertad individual de invertir el tiempo, el capital y los recursos en la producción y el intercambio… Para los neoliberales, las reivindicaciones sociales y culturales pueden ser aspiraciones legítimas, pero jamás derechos… la visión neoliberal rechaza todo enfoque colectivo del derecho. El individuo es el único sujeto que puede reclamar derechos, y así mismo los únicos violadores del derecho no pueden ser más que individuos que deben asumir la plena responsabilidad. No se puede atribuir violaciones del derecho ni a las organizaciones ni a las estructuras» [1].

El Banco Mundial, así como el FMI, se basa en este postulado para liberarse de toda responsabilidad en cuanto al respeto de los derechos sociales económicos y culturales. Pero estos derechos son indisociables de los derechos sociales y políticos y es imposible respetar los individuales si los colectivos no se tienen en cuenta. En tanto que instituciones multilaterales, el Banco Mundial y el FMI están obligados a aplicar los tratados internacionales y los derechos individuales y colectivos que éstos aseguran. La exigencia de transparencia y de buena gobernanza vale para todo el mundo. Las IFI exigen su aplicación a los gobiernos de los países endeudados mientras ellas mismas se permiten ignorarlas. La exigencia de evaluar y dar cuenta de las actividades realizadas no debe limitarse a los Estados, sino que ha de extenderse también al sector privado y, en particular, a las organizaciones internacionales, puesto que sus acciones, sus políticas y sus programas tienen un impacto muy importante sobre la efectividad de los derechos humanos [2]. Los planes de ajuste estructural tienen unas consecuencias tan nefastas en términos de degradación de los derechos económicos, sociales y culturales (en especial sobre los más vulnerables), y también ambientales, que se debe exigir a estos organismos responsabilidad de sus actos.

El ajuste estructural no respeta los derechos humanos

A pesar de los textos internacionales que constituyen el marco jurídico de protección de los derechos humanos, el FMI y el Banco Mundial «funcionan según la lógica de las sociedades financieras privadas y del capitalismo mundial, sin demasiada consideración de los resultados sociales y políticos de sus actos» [3].

El informe común presentado a la Comisión de Derechos del Hombre de la ONU, por el relator especial y el experto independiente, afirma: «Durante cerca de 20 años, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos de los países acreedores han jugado a un juego ambiguo y destructivo consistente en telecomandar las economías del Tercer Mundo y a imponer a unos países impotentes políticas económicas impopulares, pretendiendo que la píldora amarga del ajuste macroeconómico les permitiría encontrar el camino de la prosperidad y el desendeudamiento. Después de dos décadas, en numerosos países, la situación es peor que cuando comenzaron a aplicar los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial. Estos programas de austeridad rigurosa han tenido un coste social y ecológico considerable y en muchos casos el índice de desarrollo humano ha caído drásticamente». O [4].

Recuerda rotundamente que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países deudores a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, al empleo, a la educación, a los servicios sanitarios y a un ambiente sano no puede estar supeditado a la aplicación de políticas de ajuste estructural y de reformas económicas vinculadas a la deuda...». [5]

Pues bien, las políticas impuestas por las IFI subordinan la obligación del respeto de los derechos humanos, incluida la legitimidad de los gobiernos, a la aplicación dogmática de sus programas [6]. En realidad, los programas de ajuste estructural van más allá «de la mera imposición de un conjunto de medidas macroeconómicas en el nivel interno. [Son] la expresión de un proyecto político, de una estrategia deliberada de transformación social a escala mundial, cuyo objetivo principal es hacer del planeta un campo de acción donde las sociedades transnacionales puedan operar con total seguridad. En resumen, los programas de ajuste estructural (PAE) desempeñan un papel de “correa de transmisión” para facilitar el proceso que pasa por la liberalización, la desreglamentación y la reducción del papel del Estado en el desarrollo nacional» [7].

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha señalado así mismo que las políticas de ajuste estructural tienen graves repercusiones sobre la capacidad de los PED para aplicar políticas nacionales de desarrollo cuyo objetivo principal es el respeto de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, mediante la mejora de las condiciones de vida de la población local [8].

Según el informe de Bernard Muhdo, experto independiente, las políticas de ajuste estructural, fruto de una estrategia conscientemente elaborada y aplicada por los responsables del FMI y del Banco Mundial, han tenido unas consecuencias extremadamente negativas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en particular [9] en lo concerniente a la salud, la educación, el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, etc. [10] El mismo experto observa que las políticas inducidas por las IFI han sido rechazadas por los ciudadanos mediante movimientos de protesta, violentamente reprimidos por los gobiernos y los poderes públicos a fin de garantizar que los planes impuestos por dichas instituciones se lleven a cabo (privatización de la electricidad, del transporte público, de los hospitales; liberalización del precio de los medicamentos, del pan y de otros bienes de primera necesidad; protección de los intereses de las transnacionales en materia de inversiones y apropiación de los recursos naturales comunes, etc.). En consecuencia, existe una relación estrecha entre la violación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la violación masiva de los derechos civiles y políticos.

Frente a este tipo de violación de las obligaciones internacionales por parte de los poderes públicos de un Estado en cuestión, el FMI y el Banco Mundial tendrían que haber recordado a los gobernantes sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos civiles y políticos y de los derechos humanos en general. En lugar de cortar o suspender los programas, estas instituciones prosiguieron e intensificaron su aplicación. La indiferencia e incluso el cinismo quedan expresados sin disimulo en esta frase pronunciada durante la reunión del experto independiente con los responsables del FMI: «… para el FMI, bloquear un programa a causa de la violación de los derechos humanos no es atinado» [11]. A priori, es un hecho extremadamente grave: estas instituciones actúan como si no les concerniera ninguna obligación internacional, salvo aquellas relacionadas con los acuerdos comerciales o los acuerdos sobre inversiones. Por supuesto, persiguen en esto un fin bien preciso. En 1999, el experto independiente designado por la Comisión de Derechos Humanos identificó, con precisión, el proceso de mundialización y el papel de las instituciones financieras como parte integrante de la «contrarrevolución neoliberal» [12].

Según el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario [13], existen principios y normas jurídicas básicos o fundamentales relacionados con la protección internacional de los derechos humanos, cuyo alcance se extiende a todos los sujetos de derecho internacional.

Estados, instituciones financieras internacionales e intereses privados

El Banco Mundial así como el FMI no son abstracciones, en su seno las decisiones son tomadas por hombres, y también algunas mujeres, que actúan en nombre de los Estados o grupos de Estados. Pues bien, los propios Estados están indiscutiblemente vinculados por los documentos de las Naciones Unidas. Los Estados miembros del Banco Mundial y del FMI están por consiguiente, lo mismo que los otros, en la obligación de tener en cuenta el respeto obligatorio de los derechos humanos en las decisiones que toman en el seno de estas instituciones.

Pero incluso hay que ir más lejos. En el proceso de mundialización, a consecuencia de la acción de las transnacionales, del G7 y de las instituciones financieras internacionales [14], los poderes públicos nacionales y locales han sido despojados deliberadamente de sus poderes en cuestiones económicas y sociales. Los Estados intervienen cada vez más para asegurar la satisfacción de los intereses privados en vez de asegurar el pleno goce de los derechos humanos. Para el Banco Mundial, todo el problema del subdesarrollo y de la pobreza se reduce prácticamente al hecho de que los poderes públicos intervienen demasiado en lo social y en la economía, trabando a menudo la acción y la actividad del sector privado. Así, el presidente del Banco Mundial confirma en un documento titulado «Desarrollo del sector privado» que «un crecimiento producido por el sector privado es esencial para un desarrollo duradero y la reducción de la pobreza» [15].

Las instituciones financieras internacionales culpan a los Estados mientras que en el informe sometido a la Asamblea General de la ONU, el secretario general de las Naciones Unidas afirma: «Actualmente se tiende por lo general a pedir a los gobiernos que asuman demasiadas responsabilidades, olvidando que la antigua concepción del papel del Estado en el desarrollo ha pasado de moda… En tanto que no se dice nada de las responsabilidades internacionales o del papel de la economía mundial y de sus mecanismos e instrumentos, o incluso de su contribución al actual sistema político y al régimen de gobierno del mundo moderno -responsabilidades que incumben a estos sistemas- se imputa a los gobiernos males, dificultades y problemas que esencialmente tienen origen en el escenario internacional. Este tipo de enfoque no es ni objetivo ni justo, en particular con respecto a los países en desarrollo que casi no pueden decir una palabra en las decisiones fundamentales tomadas a escala internacional y que, sin embargo, son acusados de entorpecer el desarrollo, mientras que las causas profundas de la desigualdad en el plano internacional son ignoradas...» [16] (subrayado por el autor).

Es, por lo tanto, un error de fondo considerar que los Estados son los únicos responsables de la violación de los derechos humanos en el curso de la aplicación de las reglas comerciales multilaterales o a consecuencia de la aplicación de medidas impuestas por el FMI y el Banco Mundial [17]. Esta tesis está muy extendida en el seno de estas instituciones: los responsables de las violaciones de los derechos humanos serían, en efecto, los Estados miembros, considerados individualmente, pues son ellos los que deciden en última instancia las políticas que el Fondo y el Banco han de aplicar.

Esta pretensión de irresponsabilización es inaceptable en el derecho internacional

Tanto el FMI y el Banco Mundial como la OMC son ante todo organizaciones internacionales [18] en el sentido estricto del término. Como tales, poseen personalidad jurídica internacional [19], tienen sus propios órganos. [20], están dotadas de competencias para el tratado o acuerdo básico (competencias de atribución) [21]. Y, sobre todo, en tanto que organizaciones internacionales, tienen derechos y obligaciones. Por regla general, es evidente que ninguna organización internacional que pretenda actuar como sujeto de derecho internacional, ninguna de estas organizaciones que quiera ejercer sus competencias y que pretenda tener personalidad jurídica internacional puede argumentar con seriedad que está exenta del respeto de las obligaciones internacionales, especialmente las reglas de protección de los derechos humanos [22]. En tanto que sujeto de derecho internacional, toda organización internacional está sometida a este derecho, incluida la sumisión a las reglas de protección de los derechos humanos [23].

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

Incluida en el corpus del derecho consuetudinario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, como su nombre indica, universal: por lo tanto vincula a los Estados y otros sujetos de derecho internacional en sus acciones específicas y en sus responsabilidades. Ningún organismo internacional puede ampararse en su reglamentación interna para considerarse desvinculado del respeto de los acuerdos internacionales ratificados por sus miembros [24].

Las instituciones internacionales tienen entonces la obligación de crear las condiciones para el pleno goce de todos los derechos humanos, el respeto, la protección y la promoción de estos derechos. Los programas de ajuste estructural, como he señalado antes, se diferencian netamente de esto. Rebautizados ahora como «estrategias de lucha contra la pobreza», confían que el simple crecimiento económico aportará por sí solo el desarrollo, lo que es desmentido, entre otras cosas, por los informes anuales del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Dicho crecimiento económico, tal como lo proponen las instituciones financieras internacionales, beneficia sobre todo a los sectores más privilegiados de la sociedad y aumenta cada vez más la dependencia de los países del Tercer Mundo [25]. Más aún, el crecimiento económico realmente existente es, en esencia, incompatible con la preservación del ambiente.

La Declaración del Derecho al Desarrollo

Esta visión del desarrollo, defendida encarnizadamente por el Banco Mundial a pesar de sus fracasos patentes, no es compatible con un texto tan acabado y eminentemente social como la Declaración del Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas, adoptado en 1986 [26]: «Artículo 1.1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable…

Artículo 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye […] el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales

Artículo 3.2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios de derecho internacional […]

Artículo 8.1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo […]. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales

En marzo de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas propuso al Consejo Económico y Social el establecimiento del primer grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo. Este grupo se reunió una docena de veces en el curso de los años 80 [27] y llegó a la adopción de la Resolución 41/128 de la Asamblea General de la ONU, el 4 de diciembre de 1986, conocida con el nombre de Declaración del Derecho al Desarrollo. Sólo votó en contra Estados Unidos, «alegando en su explicación del voto el carácter confuso e impreciso de la declaración, el vínculo que establece entre desarrollo y desarme y la idea de que el desarrollo exige la transferencia de recursos del Norte desarrollado hacia el Sur subdesarrollado, y ocho se abstuvieron (Dinamarca, Finlandia, la RFA, Islandia, Israel, Japón, Suecia y el Reino Unido, quienes insistían en la prioridad de los derechos individuales sobre los derechos de los pueblos y en el rechazo a considerar que la ayuda al desarrollo constituya una obligación de derecho internacional)» [28].

La Carta de las Naciones Unidas y las instituciones especializadas

Aunque la Declaración del Derecho al Desarrollo sea una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, carece del carácter vinculante que tiene un tratado internacional para los Estados que lo han ratificado. Pero otros textos pueden desempeñar esta función: la Carta de las Naciones Unidas (Preámbulo, párrafo 3 del artículo 1 y los artículos 55 y 56) es no sólo el documento constituyente de las Naciones Unidas sino también un tratado internacional, que codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Dos Pactos Internacionales, uno sobre los Derechos Civiles y Políticos y otro sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son también textos normativos estrechamente relacionados con el derecho al desarrollo, pues en ellos figuran también una gran parte de los derechos humanos que forman parte del contenido del derecho al desarrollo [29].

Los textos principales de las Naciones Unidas conciernen tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, el derecho al desarrollo y el derecho a la soberanía política y económica de los Estados. Pero en realidad, tanto el Banco Mundial como el FMI, la OMC y las sociedades transnacionales no aceptaron jamás estar sometidos a ellos.

Estas instituciones han podido gozar de una terrorífica impunidad hasta ahora porque, a pesar de algunos avances interesantes, el derecho actual está lejos de ser perfecto. Por supuesto, existe una serie de instrumentos y de jurisdicciones en materia de crímenes contra los derechos humanos individuales y de crímenes contra la humanidad, pero otros crímenes que causan un gran número de víctimas a lo ancho del mundo -crímenes económicos- no son objeto de ninguna jurisdicción internacional, de ninguna convención, de ninguna definición internacional, hasta ahora.

El Banco Mundial, institución especializada de las Naciones Unidas

Por lo demás, el Banco Mundial corresponde a la definición de una de las «instituciones especializadas creadas por acuerdos intergubernamentales y dotadas, en los términos de sus estatutos, de atribuciones internacionales extendidas en los ámbitos económico, social, de la cultura intelectual y de la educación, de la salud pública y otros ámbitos conexos». Así definido, está relacionado con el sistema de las Naciones Unidas por medio del Consejo Económico y Social (conocido con la sigla en inglés ECOSOC, que actúa bajo la autoridad de la Asamblea General), según el artículo 57, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. El sistema onusiano se basa en la cooperación internacional, en especial en la cooperación económica y social internacional. Según el artículo 55, a fin de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para asegurar entre las naciones relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto del principio de la igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho a disponer de sí mismos, las Naciones Unidas promoverán:
«a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades».

Todo el sistema de las Naciones Unidas se rige por los principios siguientes:
«1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta».

En consecuencia, desde un punto de vista histórico y contrariamente a sus proclamas, el FMI y el Banco Mundial son instituciones especializadas de las Naciones Unidas. En tanto que instituciones especializadas, están vinculadas por la Carta de las Naciones Unidas. Es inevitable, por lo tanto, plantearse la siguiente pregunta: ¿Están obligados el Banco Mundial y el FMI a respetar las obligaciones enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la obligación de respetar los derechos humanos?

El Tribunal Internacional de Justicia lo recordaba en el caso Barcelone Traction y en el de Timor Oriental [30]. Los estatutos del Banco Mundial están totalmente impregnados de las obligaciones que se desprenden del derecho consuetudinario, en particular las obligaciones erga omnes y las reglas jus cogens. Estas obligaciones, también llamadas derecho imperativo, significan que las reglas de derecho internacional, cualquiera que sea su naturaleza, siempre son jurídicamente obligatorias y su violación acarrea consecuencias jurídicas particulares en relación con las obligaciones y los derechos que derivan de éstas. Es el caso, por ejemplo, del principio de igualdad soberana de los Estados, de la prohibición del empleo de la fuerza, de la prohibición de la tortura, de la prohibición de la desaparición forzosa de personas, presentando todas un carácter imperativo.

Las reglas jus congens son parte integrante del orden público internacional del cual ningún sujeto puede sustraerse, tanto si ha ratificado los tratados o convenciones internacionales como si no lo ha hecho. Las obligaciones erga omnes, muy cercanas del jus cogens, establecen, como ha destacado el Tribunal Internacional de Justicia, la obligación jurídica (mejor dicho, la obligación de prevención y de represión) que tienen todos los sujetos de derecho internacional, vista la importancia de los derechos en juego, de proteger estos derechos, en particular la obligación de respetar y hacer respetar en todo momento y en cualquier circunstancia los derechos humanos.

Aunque sea cierto que el Banco Mundial y el FMI son independientes de la ONU en su funcionamiento, les corresponde, de todos modos, respetar los derechos humanos y el derecho consuetudinario en general. Las IFI deben integrar esta obligación en la elaboración y la aplicación de sus políticas: ningún sujeto de derecho internacional puede sustraerse a esta obligación invocando la falta de un mandato explícito o el argumento de la «no politización», y menos aún una interpretación restrictiva de los derechos económicos, sociales y culturales, como si fueran elementos menos vinculantes que los derechos civiles y políticos. Este último aspecto ha sido claramente señalado por Eric David, quien afirma que en lo concerniente al derecho aplicable a las IFI, «los derechos más específicamente concernidos por una situación de degradación económica y social son los derechos económicos, sociales y culturales. Una situación como ésta amenaza, en efecto, el goce de estos derechos por unas categorías más o menos amplias de la población. Por lo demás, no es exagerado decir que las situaciones de extrema pobreza conducen a la violación de casi todos los derechos económicos, sociales y culturales…» [31]. Dicho autor continúa: «... si los derechos afectados por los PAE son a priori los derechos económicos y sociales, puede ocurrir que, para colmo, la violación de estos derechos ocasione también una violación de los derechos civiles y políticos de las personas afectadas» [32].

Conclusión

Tanto el Banco como el FMI no pueden invocar su «derecho constitucional» para eludir la obligación de proteger los derechos humanos con el pretexto de que sus decisiones deben ser guiadas exclusivamente por consideraciones de orden económico. Es importante señalar que las políticas seguidas por las instituciones de Bretton Woods, cuyas actividades son de un vasto alcance, tienen repercusiones directas sobre la vida y los derechos fundamentales de todos los pueblos [33].

******

Eric Toussaint, presidente del CADTM (Comité para la Abolicion de la Deuda del Tercer Mundo) Bélgica, autor de La Bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. CLACSO, Buenos Aires, 2004. Coautor con Damien Millet de 50 Preguntas /50 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial. Icaria- Intermon/Oxfam, Barcelona 2004; coautor con Damien Millet de Los Tsunamis de la deuda, Icaria- Intermon/Oxfam, Barcelona 2006; coautor con Arnaud Zacharie de Salir de la Crisis. Deuda y Ajuste. CADTM – Paz con dignidad, Madrid, 2002.

******

El autor quiere agradecer a Hugo Ruiz Díaz Balbuena, cuyos trabajos constituyen una de las principales fuentes de inspiración para la redacción de este capítulo. Se trata, en particular, del estudio inédito «Les politiques menées par les IFI et leur responsabilité pour les violations massives des droits humains suite a l’imposition des programmes d’ajustement structurel», 3 de octubre de 2004, 15 p.

Traducido por Raúl Quiroz

  1. El ABC del Banco Mundial
  2. El ABC del Fondo Monetario Internacional (FMI)
  3. Acerca de la fundación de las instituciones de Bretton Woods
  4. En un clima de caza de brujas, el Banco Mundial siempre está al servicio de los poderosos
  5. Conflictos entre la ONU y el dúo Banco Mundial/FMI
  6. SUNFED versus Banco Mundial
  7. ¿Por qué un Plan Marshall?
  8. ¿Por qué la anulación de la deuda alemana en 1953 no puede aplicarse actualmente para Grecia y los países en desarrollo?
  9. El liderazgo de Estados Unidos en el Banco Mundial
  10. El apoyo del Banco Mundial y del FMI a las dictaduras
  11. El Banco Mundial y Filipinas
  12. El apoyo del Banco Mundial a la dictadura en Turquía (1980-1983)
  13. El Banco y el FMI en Indonesia: una intervención emblemática
  14. Las falacias teóricas del Banco Mundial
  15. Corea del Sur y el milagro desenmascarado
  16. La trampa del endeudamiento
  17. El Banco Mundial vio venir la crisis
  18. La crisis de la deuda mexicana y el Banco Mundial
  19. Banco Mundial y FMI: al servicio de los acreedores
  20. Los presidentes Barber Conable y Lewis Preston (1986-1995)
  21. La operación de seducción de James Wolfensohn (1995-2005)
  22. La Comisión Meltzer sobre las IFI en el Congreso de Estados Unidos en el año 2000
  23. La cuentas del Banco Mundial
  24. De Paul Wolfowitz (2005-2007) a David Malpass (2019-…): Los hombres del presidente de Estados Unidos siguen estando a la cabeza del Banco Mundial
  25. El FMI y el Banco Mundial en la época del coronavirus: La búsqueda fallida de una nueva imagen
  26. Banco Mundial y FMI:76 años ¡Ya es suficiente! ¡ Abolición !
  27. El Banco Mundial, el FMI y los derechos humanos

Notas

[1] Jean-Philippe Peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Academia Bruylant/L’Harmattan, Louvain-la-Neuve/París, 2002, p. 349.

[2] Jean-Philippe Peemans, Le développement des peuples face à la modernisation du monde, Academia Bruylant/L’Harmattan, Louvain-la-Neuve/París, 2002, p. 349.

3. Nicolás Angulo Sánchez, El Derecho Humano al Desarrollo frente a la mundialización del Mercado, IEPALA Editorial, Buenos Aires, 2005, p. 145.

[3] M. Benchikh, R. Charvin, F. Demichel, Introduction critique au Droit international public, col. Critique du Droit, Presses Universitaires de Lyon, 1986, p. 12.

[4] NU-CDH, «Allègement de la dette et investissement local: coordination entre l’iniciative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)», Informe común de Reinaldo Figueredo (relator especial) y de Fantu Cheru (experto independiente), 14 de enero de 2000, E/CN.4/2000/51, párrafo 1.

[5] Idem, párrafo 5.

[6] En particular, el empobrecimiento masivo de capas enteras de población de los países del Tercer Mundo. Recordemos que la pobreza se considera «como un estado de negación, incluso de violación de los derechos humanos». Cf. ONU-CDH, «Mise en œuvre du droit au développement dans le contexte mondial actuel», Examen del sexto informe del experto independiente sobre el derecho al desarrollo, E/CN.4/2004.18/4, 17 de febrero de 2004, párrafo 12.

[7] ONU-CDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme», Informe del experto independiente Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, párrafo 31.

[8«Consecuencias de las políticas de ajuste económico originadas por la deuda externa en el goce efectivo de los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo», Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1992/22.

[9] La violación masiva y constante de los derechos económicos, sociales y culturales es indisociable del conjunto de los derechos humanos porque su violación va acompañada normalmente de violaciones graves de los derechos civiles y políticos. Cf. Jacques Fierens, «La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels», Institutions financières, l’exception aux droits humains, Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles, diciembre de 1998, Revue belge de droit international, 1991-1.

[10] ONU-CDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels», E/CN.4/2003/10, párrafo 42.

[11] ONU-CDH, «Quatrième rapport de l’expert indépendent Arjun Sengupta», E/CN.4/2002/WG.18/2/Add. 1, 5 de marzo de 2002, párrafo 21.

[12] ONU-CDH, «Effets des politiques d’ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l’homme», Rapport de l’expert indépendant Fantu Cheru, E/CN.4/1999/50, párrafos 28-30.

[13] El derecho convencional es el derecho escrito cuyas reglas se encuentran en las convenciones internacionales, como el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, sociales y Culturales (PIDESC). El derecho consuetudinario es el derecho no escrito, que es vinculante, tal como la prohibición de los crímenes contra la humanidad, el crimen de agresión, la no intervención, los derechos de los pueblos sobre sus recursos naturales, etc.

[14] Alejandro Teitelbaum las califica de «instrumentos y mandatarias de las grandes potencias y del gran capital», ver A. Teitelbaum, El papel de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, AAJ, Producciones gráficas, Buenos Aires, 2003, p. 104.

[15] Nota del presidente del Banco Mundial, 28 de septiembre de 2004. Citado por Hugo Ruiz Díaz Balbuena en «Les politiques menées par les IFI et leur responsabilité pour les violations massives des droits humains suite a l’imposition des programmes d’ajustement structurel», 3 de octubre de 2004, 15 p.

[16] AG/ONU, « Questions relatives aux droits de l’homme: questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La mondialisation et son incidence sur le plain exercice des droits de l’homme», Rapport du Secrétaire général, 7.08.2003, párrafos 16-17.

[17] Responsabilizar sólo a los Estados resulta en la práctica «hacer responsables a una entidades de ejecución, mientras que las principales instituciones que presiden la adopción de estas políticas gozan de impunidad…». Cf. ONU-CDH, «La mondialisation et sus effets sur la pleine jouissance des droits de l’homme», E/CN.4/Su.2/2003/14, párrafo 37. Sin cursiva en el documento.

[18] J. A. P. Ridruejo, Cours général de Droit international public, Recueil des Cours de l’Académie de Droit international (RCADI), 1998, tome 274, pp. 193-198.

[19CfRéparation des dommages subis au service des Nations Unies, (Affaire Bernadotte), Recueil, 1949, p. 174.

[20] J. Verhoeven, Droit international public, Précis de la Faculté de Droit de l’UCL, Larcier, Bruselas, 2000, p. 205.

[21] J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Montchrestien, París, 1995, segunda edición, pp. 731-732.

[22] E/CN.4/Su.2/2003/14, párrafo 37.

[23] P. M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, París, 1995, tercera edición, p. 115.

[24] Gustave Massiah, «La réforme de la ONU et le mouvement altermondialiste», ONU, Droits pour tous ou loi du plus fort? Cetim, Ginebra, 2005, pp. 404-405.

[25] Nicolás Angulo Sánchez, El Derecho Humano al Desarrollo frente a la mundialización del Mercado, IEPALA Editorial, Buenos Aires, 2005, p. 16.

[26] El texto íntegro de la Declaración se encuentra http://www.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm.

[27] La década de los años 80 es realmente paradójica, pues vio nacer un maravilloso instrumento potencial de derecho en el nivel planetario con la adopción de esta Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Por otra parte, fue también una de las décadas más negativas desde el punto de vista de los derechos humanos y del desarrollo a consecuencia del estallido de la crisis de la deuda, del deterioro de los términos del intercambio comercial, del crecimiento de las desigualdades entre los países del Centro y los de la Periferia, así como en el interior de cada país.

[28] Nicolás Angulo Sánchez, Op. cit, pp. 36-37.

[29] Idem, p. 288.

[30] CIJ, Recueil, 1970 y CIJ, Recueil, 1996.

[31] E. David, «Conclusions de l’atelier juridique: les institutions financières internationales et le droit international», Les institutions financières internationales et le droit international, ULB, Bruylant, Bruselas, 1999, párrafo 2.

[32] Idem, párrafo 4.

[33Cf. ONU-CDH, Effets des politiques d’ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouissance effective de tous les droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, E/CN,4/2003/10. Análisis del caso de Bolivia.

Fuente: http://cadtm.org/El-Banco-Mundial-y-los-derechos

Comparte este contenido:

CEPAL: 2020 dejará 1.9 millones de centroamericanos sin empleo

El panorama socioeconómico para los ciudadanos de la región centroamericana es complicado, tal como lo anotamos en la primera y tercera edición de este boletín. Para los organismos internacionales, una de las principales preocupaciones es que las contracciones económicas han traído como consecuencia cierres empresariales que se traducen en más pérdidas de empleos y reducción de horas laborales. La caída de los empleos no es nueva, pero la pandemia ha venido a agravar el panorama. En 2019, el desempleo en la región ascendió 6.1 %, un aumento de 0.3 %, respecto al 2018, según el último estudio económico sobre la región de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Los países que registraron un incremento del desempleo en 2019 fueron Costa Rica, Nicaragua, y Guatemala.


Para el cierre de 2020, la CEPAL ha proyectado que el desempleo incremente en la región integrada por Centroamérica, México y República Dominicana a 9.7 %. Esto, indica el organismo, significa que 1.9 millones de personas se quedarán sin trabajo. A julio de este año, Nicaragua aseguró que, al primer trimestre del año, su tasa de desempleo abierto se redujo en 1.2 %, y pasó del 6 % registrado en 2019, a 4.8 % este año. Sin embargo, al 15 de octubre, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) prevé que el desempleo aumente a un 6.8 %, que se traduciría en 43,000 nuevos desempleados.

En Guatemala, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) proyectaba en julio que 1,500,000 empleos se perderán al cierre del año debido a la pandemia, de los que el 42.8 % están en el sector de alojamiento y servicios de comida, 34.7 % en el sector de construcción, y 26.1 % en otros servicios. Ese mismo mes, el Comité Coordinador CACIF reportó que, desde marzo, se habían perdido 103,992 puestos de trabajo y 28 % de estos estaban en el sector de comercio; 21.8 %, en el sector agropecuario; y 20.9 %, en hoteles y restaurantes. En mayo, Honduras reportó que 120,000 personas habían sido suspendidas laboralmente.

El Ministerio de Trabajo de Panamá anunció en agosto que el desempleo alcanzará a un 25 % de la población, lo que reflejará un aumento de 17.9 %, a partir de la tasa de desempleo de 7.1 %, registrada antes de la pandemia. Mientras, al primer semestre del año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica reportó un aumento “significativo” y sin precedentes, que a julio había duplicado el aumento visto en el primer semestre (12.5 %), y alcanzó un 24 % de la población activa.

En uno de sus últimos informes especiales sobre el impacto de la pandemia en la economía latinoamericana, la CEPAL también ha advertido que la emergencia sanitaria “golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades originadas a lo largo de décadas”. Tanto el Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica (Icefi) como la CEPAL resaltan la vulnerabilidad del sector informal, pues la mayoría de la población laboralmente activa en la subregión ya estaba en ese sector antes de la pandemia. A 2018, el 79.7 % de los empleos eran informales en Guatemala; el 79.9 % en Honduras; y 39.1 % en Costa Rica. Y, en promedio, el 63.5 % de la población trabaja en el sector informal en Centroamérica, República Dominicana, y México. Con esto, la CEPAL advierte que el sector informal “está siendo particularmente afectado en la crisis actual” al restringir la venta y la prestación de servicios, sin contar con el apoyo de empleadores en el sector formal, ni prestaciones sociales.

Un futuro complicado

Las proyecciones económicas de organismos multilaterales y regionales no han sido prometedoras para el corto y mediano plazo. En su más reciente informe sobre perspectivas de la economía mundial, publicado el 13 de octubre,  el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una caída del 9 % para El Salvador y Panamá, de 6.6 % para Honduras, 5.5 % para Nicaragua y Costa Rica, y 2.0 % en Guatemala.

Frente al pronóstico emitido por el FMI en El Salvador, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha asegurado que la economía salvadoreña se recuperará en 2021 con un crecimiento de entre 3.8 % y 4 % del PIB nominal. Para Zelaya, el país lograría esta “recuperación” económica con un “efecto rebote”, en el que estima que los ingresos del Estado asciendan a más de USD $5,100 millones a través de la recaudación de impuestos, que le permitirá al país responder a un déficit fiscal que representará 7.3 % del PIB, según la proyección del gobierno salvadoreño. El Icefi, sin embargo, ha advertido que el déficit podría “llegar a ser superior al 10 % del PIB” en 2021, y que existe una “exagerada sobrestimación de los ingresos tributarios” proyectados por el gobierno para el siguiente año.

De fondo, el panorama para los sectores más vulnerables es desalentador. En julio pasado, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) estimó que la pobreza se incrementará de manera acelerada a consecuencia del golpe de la pandemia a la economía. El organismo prevé que al cierre del 2020, la pobreza aumente del 30.9 % en 2019 al 51.4 % de la población salvadoreña. Mientras, en Nicaragua, Funides ha pronosticado en octubre que la pobreza incremente este año en Nicaragua un 3.0 % a comparación del 2019, y afecte al 31.3 % de la población al cierre del año. Ese porcentaje, agrega Funides, representará “alrededor de 2.1 millones de personas viviendo con US $1.76 al día o menos”.

Fuente:  El Faro

Comparte este contenido:

FMI diseña angustioso futuro para el Ecuador

Por: Edgar Isch L.|

A estas alturas debería estar claro que una de las causales más importantes de ilegitimidad de la deuda externa está en el conjunto de imposiciones con las que se pisotea cualquier rezago de democracia ya que son negociadas a espaldas de los pueblos e incluso de las instituciones estatales como los congresos nacionales.

Estas “condicionalidades” son aún más ilegítimas si el resultado final de la aplicación del crédito irá en contra de los intereses y la vida misma de los pueblos.Ecuador y el FMI: misma piedra, mismo tropiezo | HISPANTV

Pues bien, en estas condiciones es el FMI y el pro-norteamericano gobierno del Ecuador firmaron un nuevo acuerdo antidemocrático. Lo hicieron poco después que el gobierno de los empresarios dio su voto por el candidato de Trump para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, adonde se sabe irá a un alto cargo el ministro de finanzas que firmó el nuevo acuerdo.

La meritocracia de tecnócratas de los organismos multilaterales incluye conocer la “geometría de las rodillas dobladas”, esta vez contrariando incluso a otros gobiernos de derecha que en el continente procuraron mantener la tradición de tener a alguien nacido en latinoamérica a la cabeza del BID. Pero la lista de actitudes entreguistas de Moreno y su gobierno bien podría llenar páginas, solo para poner un elemento de contexto en este acuerdo.

Tampoco podemos dejar de lado que el gobierno ha aprovechado las condiciones de la pandemia para pretender detener cualquier movilización popular, un nuevo reglamento para abrir las puertas al uso de armas mortales por parte de las fuerzas armadas en contra de su propio pueblo, la complicidad de los grandes medios empresariales y, aunque disimulada por las condiciones de la campaña, de los sectores derechistas que miran con satisfacción que sus intereses están salvaguardados por los protectores del capitalismo.

Obstáculos al crecimiento”: El programa del FMI en EcuadorPero las manifestaciones en la calle crecen, se recuerda con cariño a los luchadores de octubre de hace un año, se tiene candidaturas salidas de los sectores populares y aquella derecha que quiere ganar votos se queja que el próximo gobierno será el que deba cumplir con el FMI.

Una introducción que les traiciona

A inicios de marzo el FMI aprobó un acuerdo con el gobierno del Ecuador, al que alabó por los avances en su programa neoliberal. La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, realizó la siguiente declaración:“Las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y equitativo.

Las políticas del gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a robustecer la dolarización y, con el tiempo, a fomentar el crecimiento y la creación de empleo”.

El lenguaje es claro: la “modernización” y reforma fiscal es lo que interesa y, alguna vez, “con el tiempo”, el empleo, del cual sabemos será tercerizado e hiper-explotador. Lo mismo fue rechazado por el levantamiento indígena popular de octubre de 2019. Prácticamente lo mismo se dice en el nuevo acuerdo publicado el 5 de octubre.

Pero hay algo importante que debe ser resaltado. En el propio contexto identificado por el acuerdo, se señala que 2020 ha sido un año de confluencia de golpes externos a la economía del Ecuador, teniendo entre otros los problemas vinculados con el covid-19 y con el precio de los hidrocarburos. Esto implica, en el fondo, que el país pudo haber dejado de pagar la deuda externa declarándose en “Estado de Necesidad” debido a que, la principal obligación de un Estado es salvar la vida de sus propios conciudadanos.

Sin embargo, lo que se hizo es insistir en el pago de la deuda externa, y, en un acuerdo con el Fondo Monetario de primero de mayo, se estructura el convenio anterior y se reciben más recursos con el propósito de garantizar el pago de esa deuda externa. El gobierno entregó millones a los acreedores internacionales, en momentos en qué continúa la reducción de presupuestos para salud y educación y está amenazada la existencia de las pensiones de la Seguridad Social para los jubilados.

Un compromiso antipopular

Que un acuerdo con el FMI sea de carácter antipopular, no tiene ninguna novedad. Además, en términos generales se puede decir que se trata de aplicar la misma receta neoliberal. Esto, sin embargo, desmiente a quienes sostenían que el Fondo Monetario ha cambiado, que de alguna manera se había humanizado y que era menos de derecha. Una reunión entre el fondo y un Gobierno de grandes empresarios nunca tendrá un carácter humanitario.

Ecuador. La pobreza solo aumenta en las clases más vulnerables – Kaos en la redEl contenido del acuerdo, para engañar un poco a los bobos, empieza con un punto relacionado a la preocupación sobre la pobreza para ello, la única medida que se propone es sostener el llamado “bono de la pobreza” E inclusive ampliarlo aún estrecho sector poblacional inferior al número de nuevos desempleados provocados coma no tanto por la pandemia, cuánto por cumplir el mandato del fondo de reducir los gastos estatales.

Acogiendo el dato de UNICEF que estima que 1millón 800 mil personas se sumarán a los ya pobres, se plantea incrementar el bono entre 225mil hasta 400 mil familias. En estas condiciones, el bono es un reconocimiento del aumento de la pobreza, pero nada que se acerque a resolver problemas de fondo. La focalización de la pobreza, ya se sabe tras tantos años de aplicarla, no trae consigo ninguna reducción, pero va acompañada del mayor enriquecimiento de los millonarios.

En estos días, se tomó una burla dolorosa:se entrega, por única vez, un bono de 240 dólares anunciando que así se atacará el incremento de la desnutrición crónica de la niñez ecuatoriana.

Siendo un problema que no ha sido enfrentado por los últimos gobiernos, para 2018 padecía desnutrición crónica 1 de cada 4 niños ecuatorianos (casi 300 mil menores), llegando en la población indígena a 1 de cada dos niños y niñas.Hoy sin duda esos números son más altos. Sin embargo, el bono sólo se entregará a 7.992 familias. Es evidente que un solo bono cae en lo ridículo, más aún cuando las familias pobres tienen múltiples necesidades urgentes.

Las medidas en pocas palabras

El resto de medidas planteadas en el acuerdo son aquéllas de interés de las clases dominantes y las resumimos a continuación.

  • Reducción de horas de trabajo y sueldos del sector público y maestros hasta, al menos, mayo de 2021.Gobierno dice que desempleo cerró 2019 con la cifra más baja en cuatro años | La República EC
  • Rebaja de salarios de los empleados públicos recién contratados para alinearlos con los del sector privado o que sean menores a este. También la suspensión de nuevas contrataciones y ascensos, renuncias con un solo reemplazo por cada dos “deserciones”.
  • Subir los precios internos de los combustibles a precios internacionales, mediante ajustes graduales y eliminar los subsidios.
  • Incremento en los impuestos que paga el pueblo. Reforma tributaria en septiembre 2021 con aumento progresivo Impuesto al Valor Agregado(IVA) del 12% al 15 %.Incluir las remuneraciones adicionales (llamadas décimo tercer y cuarto sueldo) de trabajadores y empleados en el pago del impuesto a la renta. A los adultos mayores ya no se les devolverá el IVA de sus gastos.

El aumento del IVA tiene un efecto negativo en el consumo y la producción, al mismo tiempo que hace más caro las importaciones, aspectos por los que los empresarios medios y pequeños también se oponen a la medida. El incremento, al que llaman “amigable y progresivo”, se aplicará desde 2022.

  • Mayor flexibilización y precarización laboral, con contratos por horas y nuevas formas de contratación, para abaratar la mano de obra que no tendrá beneficios laborales. La reducción de salarios del sector público irá también en línea de reducir los salarios del sector privado, pues según el FMI los trabajadores ecuatorianos ganan demasiado en comparación con sus pares latinoamericanos, como si no supiesen que la nuestra es una economía dolarizada.Ecuador: privatizaciones en marcha
  • Privatización o eliminar siete empresas de propiedad estatal, incluyendo, por ejemplo, correos nacionales. Mayor reducción del Estado y despidos masivos. Las privatizaciones, en algunos casos disimuladas como concesiones, permitirá que empresas privadas se hagan cargo de funciones públicas. Privatizaciones y ventas de empresas públicas.
  • Con todas las reducciones de inversión y gastos públicos, esperan “ahorrar” unos 3 mil millones hasta 2025. El mayor paquete planteado por un gobierno neoliberal.
  • Eliminan las exenciones de impuestos a universidades, que serán trasladados a sus estudiantes.
  • Ordena crear una Oficina de Grandes Contribuyentes (LTO) responsable de todas las funciones de la administración tributaria con los más ricos.
  • Plantea desde enero la autonomía del Banco Central, pero tendrá un auditor externo (ya sabemos de dónde vendrá), con lo que esa autonomía será frente al Estado ecuatoriano al mismo tiempo qe se domesticará frente al FMI.
  • Además, el Ministerio de Finanzas deberá entregar un plan presupuestario para el 2021 en acuerdo con funcionarios del FMI. Es decir que este será el presupuesto del Estado, burlando la ley que señala que en año electoral el presupuesto será el mismo del año anterior.

De allí, cosas que están en marcha como una ley anticorrupción, publicar los bienes de los altos funcionarios o que el Estado se ponga al día en el pago con proveedores y servidores públicos, tal como lo han ordenado sendas decisiones judiciales.

En total, el gobierno recibirá este año 4.000 de los 6.500 millones de dólares de nuevo crédito. La mayor parte de compromisos, quedan para el próximo gobierno, demostrado lo lejos que está el FMI de la democracia.

Con ello esperan frenar las crecientes protestas sociales, a lo que sumarán una estrategia comunicacional de engaños y falsos ofrecimientos. Pero a estas alturas, quién puede creer que se trata de ajustarse los cinturones hoy para entrar al paraíso. Si gana las elecciones un candidato salido de la vieja derecha o del nuevo populismo, este será el corazón de política económica, sin importar el programa de gobierno presentado en la campaña electoral.

Los anuncios de tormenta crecen y lo hacen en un particular ambiente electoral. Pero nada podrá evitar reacciones populares demandando, una vez más, que la vida se coloque antes de la deuda. La Minga por la Vida planteada por el Parlamento de los pueblos, el movimiento indígena y popular, plantean una salida distinta que será escuchada estos meses demostrando que hay alternativas y que estas dependerán de la respuesta de las mayorías.

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente e imagen:  http://estrategia.la/2020/10/10/fmi-disena-angustioso-futuro-para-el-ecuador/

Comparte este contenido:
Page 3 of 17
1 2 3 4 5 17