FMI

Mediante la Resolución 370/2020 del Consejo Federal de Educación, el ministro Trotta y sus pares de las carteras provinciales y de CABA apuestan al regreso progresivo a las aulas. Un intento de reapertura en plena ola de contagios que responde a los intereses de los grupos empresariales y atenta contra nuestra salud y la del alumnado.

Las prioridades, el calendario y una semana de sinceramiento

El pasado miércoles 7 de octubre, mientras se conocía un nuevo récord de contagios de covid-19 (16.447 reportados en un solo día), el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anticipaba a diversos medios de comunicación la intención de avanzar en una resolución favorable al regreso presencial a las aulas. El jueves 8 de octubre, en el marco de otra contundente cifra, en este caso de muertes (485 reportadas en un solo día), Trotta ratificaba los anuncios previos: el Consejo Federal de Educación (CFE) con representación de las 24 jurisdicciones planteaba por unanimidad un nuevo esquema para avanzar con el regreso a la presencialidad. En el peor momento de los contagios y fallecimientos, cuando el sistema sanitario cruje en muchas provincias, como Santa Fe, Córdoba y Neuquén, entre otras, el acuerdo de las autoridades educativas se encamina a volver a las escuelas. ¿Cuál es el criterio pedagógico para retornar la presencialidad a mediados de octubre y en una escalada de contagios? Ninguno. El argumento formal de la “revinculación” de estudiantes desconectadxs (nunca se los atendió desde Nación ni CABA, más allá de la controversia discursiva) fue cediendo lugar ante otros, como la necesidad de dar cierre al ciclo escolar de quienes concluyen la primaria o la secundaria. En ninguno de los casos se tomaron medidas concretas, como proveer equipos tecnológicos, o disponer medidas de continuidad realistas proyectadas para el ciclo lectivo 2021. ¿Cuál es el apremio por volver a las clases presenciales a dos meses para la finalización del año escolar, entonces? ¿Qué se está priorizando? Culminar el ciclo de aperturas de ámbitos laborales: el sistema educativo se concibe así desde los gobiernos, y fundamentalmente desde los grandes grupos empresarios, como mero auxiliar del aparato productivo. La escuela es, según esta concepción, el lugar donde albergar niñxs y jóvenes para que lxs adultxs responsables puedan concurrir a sus lugares de trabajo, y no más que eso.

En la misma semana en que nuestro país asume una nueva visita del FMI para auditar sus cuentas y recomendar más ajuste, la misma semana en que se aplica la baja de retenciones a las patronales del campo y mineras, cuando se aprueba el uso de trigo transgénico y se rubrica de manera vergonzosa y a pedido de EE.UU. la condena a Venezuela en la ONU, también el gobierno autoriza la apertura de escuelas en medio de un elevadísimo número de contagios. Lo que se dice una semana pareja.

La Resolución 370 del CFE que se formalizó este 8 de octubre muestra una endeblez argumental notoria. Cita entre los considerandos al DNU 754, que autoriza practicar “actividades deportivas y artísticas de menos de diez personas (…) lo que constituye una situación actualmente habilitada que puede resultar aplicable a ciertas actividades educativas no escolares por realizar”. La resolución complementa y en algunos casos modifica a la N° 364 dictada por el mismo órgano en julio de este año. Uno de los aspectos que la Res. N° 370 rectifica es el Artículo 8.5, inc. “b” de la citada norma previa. La enmienda no es nada inocente: el texto que se reemplaza sostenía como criterio para el regreso contar con “establecimientos urbanos y periurbanos donde haya una tasa regular mínima o nula de contagios, favorables al desarrollo de las actividades presenciales”. Esta resolución se emitía cuando la cifra de muertes en nuestro país era, prácticamente, 17 veces menor a la actual (2 de julio, 1.385 muertes por covid-19 registradas). Ahora, con un acumulado de unos 24.000 fallecimientos, el CFE elimina como requisito esa “tasa mínima o nula de contagios” para hablar, en cambio, de una “evaluación del nivel de riesgo epidemiológico que realicen las autoridades sanitarias y educativas jurisdiccionales competentes” en base a una serie de “orientaciones” que se anexan en la nueva normativa. Si se analizan las pautas que emanan de ese “semáforo epidemiológico” que forma parte del anexo a la resolución, puede observarse que se otorga la potestad de nuevas aperturas en jurisdicciones en base a mediciones altamente manipulables, como son la tasa de contagios o la ocupación de camas de cuidados intensivos locales (UTI) que cada territorio declare. Por otro lado, los parámetros establecidos son flexibles, y totalmente alejados de aquella definición de una tasa baja de circulación viral. El ejemplo más significativo es tal vez el uso del parámetro de las camas de UTI disponibles: la normativa mide la capacidad del sistema de salud para soportar un incremento brusco de contagios (ubica como requisito una tasa de ocupación del 80% al 60% de camas), a sabiendas de que ante la apertura escolar, la tasa de nuevas internaciones será una realidad inevitable. Basta recordar lo ocurrido no sólo en EE.UU., Israel o buena parte de Europa, sino también en las provincias de San Juan, Santiago del Estero y Catamarca, en términos de rebrotes ante la vuelta a clases presenciales. En las provincias mencionadas, luego de avanzar en el retorno, debieron dar marcha atrás en extensas zonas por el aumento de casos de coronavirus regresando incluso a la fase 1 de aislamiento en algunas de ellas.

El lobby empresarial y su presión para una apertura total de las actividades ha logrado su objetivo. Pese al crecimiento exponencial de los contagios, que ubica a Argentina entre los 6 países con mayor cantidad de casos en el mundo, se completa el ciclo aperturista avanzando sobre las instituciones y actividades escolares. Los requerimientos cada vez más explícitos del empresariado para que la escuela sea un mero accesorio del sistema productivo (y de las ganancias empresariales) en tanto lugar de contención de niñxs se ven materializados en la normativa. Así, se descuida la salud y se da la señal de largada para que gobiernos como el de Larreta avancen atropelladamente hacia un retorno irresponsable en las escuelas, en una ciudad de altísima circulación viral, donde ya 135.00 personas (1 de cada 21 habitantes) contrajeron covid.

Nuestra salud no debe negociarse

Mientras el gobierno nacional descentraliza la definición última de regresar a clases, la central docente CTERA también deja a cada jurisdicción dando pelea por su cuenta y se limita a ensayar tibias respuestas en sus redes sociales. En una comunicación posterior a la resolución del CFE sostienen que “CTERA expresa una genuina preocupación por la saturación de los sistemas de salud en el interior del país”, y convocan a un plenario de Secretarios Generales para la semana entrante. Ninguna medida de lucha nacional, ningún pronunciamiento claro sobre el enorme riesgo de esta apertura en un sistema educativo cuya infraestructura ya era deficitaria antes de la pandemia, ninguna crítica al gobierno nacional y, fundamentalmente, ninguna propuesta para deliberar y organizar el rechazo desde las escuelas.

El intento de regreso a las clases presenciales en condiciones como las actuales constituye un experimento cuyo resultado puede derivar en el contagio de miles de trabajadorxs, alumnxs y sus familias, además de la saturación de los castigados y desfinanciados sistemas de salud. Es indispensable rechazarlo, y promover la más amplia deliberación para organizar medidas que enfrenten una política aperturista irresponsable y criminal. La organización en cada lugar de trabajo y la coordinación nacional son una urgencia para enfrentar esta avanzada y oponerle todas las medidas de lucha que estén a nuestro alcance.

Fuente: venceremos-arg.org