Un menor gasto para la educación representa menos dinero público para niños y adolescentes, en comparación con los recursos para pensiones, que mayormente se va a adultos mayores.
En el año en el que se reanudarán las clases presenciales en México, el gasto público educativo será el más bajo de los últimos 12 años respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja el menor uso de recursos públicos para los niños y adolescentes del país.
Este 2022 se destinarán 883,929 millones de pesos (mdp) para el gasto público en educación, monto que representa el 3.1% del PIB, el nivel más bajo a partir de 2010, refieren cifras del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Esa proporción cae y está siendo desplazada por los famosos gastos comprometidos, que entre esos están las pensiones. Eso refleja que no invertimos en un sistema educativo de calidad. Cada uno de los mexicanos propiciamos el crecimiento del país, con las condiciones necesarias, con un mercado laboral fortalecido, con inversiones, definitivamente necesitas una población bien educada”, comentó Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
El gasto educativo tiene una reducción promedio de 1.1% real cada año desde 2014.
Desbalance
Las cifras también proyectan un desbalance en los recursos públicos destinados a la población; “si diriges menos gasto a la educación estás dando menos dinero a los niños y adolescentes, en comparación con gasto en pensiones, que va a los adultos mayores. ”, explicó Macías.
El gasto para pensiones proyectado para 2022 es de 1.4 billones de pesos, casi lo doble que el gasto educativo, esto es equivalente al 5.1% del PIB. Este gasto ha aumentado en promedio 6.5% real anual desde 2015, refiere el CIEP.
El gasto en educación también se ha visto mermado por otros gastos obligatorios, como el de los intereses de la deuda pública que suben desde 2013 cada año como proporción del PIB, o el de las participaciones, que representan el 3.6% del PIB, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin clases
Desde el 23 de marzo de 2020, niños y adolescentes dejaron de ir a las escuelas de manera habitual, y aunque se han visto reanudaciones parciales de clases, la pandemia ha arruinado los planes de regresar al 100%.
En el ciclo escolar 2020-2021, cerca de 846,000 alumnos dejaron de asistir a la escuela, la mayoría de educación básica. A nivel mundial, Mexico es el noveno lugar con cierres de escuelas más prolongados durante la contingencia por covid-19, con 53 semanas sin clases presenciales, refieren datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Consecuencias económicas
En el año post-pandemia debería considerarse fortalecer el sector educativo en infraesctructura, calidad de la educación y capacitación de maestros, pero el presupuesto actual no refleja tal fortalecimiento,
Esto a mediano y largo plazos dejan repercusiones en materia económica. Un análisis del Imco refiere que los alumnos con menos aprendizajes significan futuros trabajadores con menos habilidades, lo que puede reducir sus ingresos en 8% anual durante su vida laboral, lo que equivale a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva.
A nivel país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los próximos 80 años el rezago educativo le podría costar a México un monto acumulado de hasta 136% del PIB de 2019. Esto implicaría que nuestro país dejaría de producir hasta 1.7% del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2019, advierte el Imco.
“Estamos todavía con un pedacito de bono demográfico, deberíamos estar potenciando a esa población, que de alguna manera va a mantener a los adultos mayores del futuro”, concluyó la directiva del CIEP.
Los ministros Celaá y Castells desgranan el gasto en Educación del Plan de Recuperación europeo, que no incluyen una bajada de las ratios; los exámenes de fin de curso serán presenciales en la Universidad y el próximo año las clases también y con medidas de seguridad, según ha avanzado el ministro Castells.
Los fondos europeos del Plan de Recuperación asociado a la crisis provocada por la COVID que el Gobierno va a destinar a Educación se van a destinar a digitalizar el todo el sistema, Universidad incluida, a formar al profesorado de todas las etapas, a impulsar la Formación Profesional y a mejorar la equidad de la educación obligatoria mediante la creación de nuevas plazas de Educación Infantil o el refuerzo de programas específicos de apoyo como el PROA.
Los ministros de Educación, Isabel Celaá, y el de Universidades, Manuel Castells, han presentado este miércoles en La Moncloa el destino de esos fondos, una comparecencia que no ha traído grandes novedades (todas las medidas se habían anunciado ya según se han ido aprobando), pero que ha servido para obtener una visión de conjunto del uso de esta partida, que asciende entre ambos ministerios a más de 5.000 millones de euros. También para confirmar aspectos que se han quedado fuera (todos los no explícitamente mencionados), como una hipotética bajada de las ratios, la medida más solicitada por las asociaciones docentes, o anunciar la llegada por fin de los 300.000 ordenadores que Educación anunció que comprarían, que llegarán a algunas comunidades cuando el curso se acaba.
«Han pasado por 32 actuaciones. Adquirimos ordenadores para todo el curso del tiempo, no para un día», ha justificado la ministra. «Que le lleguen a Madrid en junio no parece tan mal. Nos habría gustado mucho que llegaran antes, pero no ha podido ser. ¿Por qué? Porque los controles del contrato administrativo son tales que nos han traído hasta aquí. Las empresas que han entrado han tenido que tomarse su tiempo. Pero ya está en marcha y es una noticia extraordinaria», ha sostenido.
Los ministros también han hablado del curso que viene, aunque sin ofrecer demasiadas certezas. Respecto a la etapa obligatoria, Celaá ha anunciado que la semana que viene hay una reunión a tres en la Conferencia Sectorial entre Educación, Sanidad y las comunidades autónomas para perfilar el año académico. Entre las cuestiones a resolver, si se acaba la con la semipresencialidad, que se ha dado sobre todo en los últimos cursos de Secundaria y en el Bachillerato, y el uso o no de mascarillas, ventilación, etc.
Más claro parece este extremo en la Universidad. El ministro Castells ha sostenido que, aunque no se sabe en qué momento de la pandemia va a estar España en septiembre, «la mascarilla la vamos a llevar, las ventanas las vamos a abrir y las distancias se van a mantener», ha adelantado. También tiene claro el ministro, tras la polémica del primer cuatrimestre, que los exámenes serán presenciales este verano. Como en el caso de Educación, Universidades hablará del curso con las comunidades y los rectores, en este caso durante el próximo mes de agosto.
Respecto a la duración limitada de estas ayudas en su conjunto, ambos ministros han insistido en que lo importante es abrir vías y que luego se continúen. «En 2024 esperamos que la historia no concluya, algunas personas seguirán viviendo», ha ironizado Celaá. Castells ha defendido la impronta que dejarán los programas: «Las 4.000 personas que se van a recualificar estos años no desaparecen, hemos conseguido instalar capacidad docente e investigadora que desarrollarán en el futuro. Lo mismo pasa con la digitalización, es una transformación total del sistema».
Ambos mandatarios han coincidido en señalar la, en su opinión, importancia de todos estos programas. «En mi larga carrera no he conocido un plan tan ambicioso que combine ideas innovadoras, principios de equidad y recursos. Es un campo en el que he hecho mucha investigación y es importante», ha halagado el ministro Castells los proyectos de Educación. Celaá ha defendido que «la profunda reforma del sistema educativo» que emprendió el Gobierno el año pasado se verá «definitivamente impulsada» con el Plan de Recuperación.
Digitalizar el sistema de arriba abajo
Sea cual sea la situación el próximo curso, ambos ministerios contemplan que en algún momento, más inmediato o menos, haya que recurrir a algún tipo de enseñanza a distancia, y se preparan para ello. Buena parte de los fondos de recuperación se van a dedicar a digitalizar toda la infraestructura educativa, desde los colegios hasta las universidades. Educación destinará a ello 1.496 millones de euros, ha explicado Celaá, para instalar y mantener 240.000 aulas digitales interactivas en tres años (más de la mitad de las 425.000 existentes) que, entre otras cosas, permitan la enseñanza a distancia en el caso de que haya que enviar a parte del alumnado a su casa en determinados días, como ha sucedido este año. También se formará a los docentes para que sepan sacar partidos a estas aulas.
También se han adquirido por fin los 300.000 dispositivos (ordenadores y tablets) que se anunciaron al principio de curso para reducir la brecha digital. El pero es que los aparatos llegarán con el curso ya finalizado, hecho que la ministra ha admitido no es el ideal, pero ha sido el más rápido posible en función de los ritmos de contratación de la administración. Universidades destinará 142 millones de euros a mejoras similares.
Mejora de la equidad y la igualdad
Otra de las patas del proyecto del Gobierno. Educación va a aprovechar parte de los fondos para impulsar una de las medidas firmadas en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el aumento de la oferta de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, el que cubre entre cero y tres años. Para ello, se destinarán 670 millones de euros a la creación de 60.000 nuevas plazas, bien abriendo nuevas líneas en escuelas ya existentes bien creando nuevos centros. La cifra aún se queda corta respecto a las 240.000 que organizaciones como Save the Children calculan necesarias para universalizar esta etapa, que en España ronda el 40% de escolarización frente al 99% del 3-6.
También habrá un refuerzo del programa de apoyo a alumnos con necesidades educativas PROA, que tiene gran aceptación entre el profesorado. Con los 320 millones de euros dedicados a esta cuestión, PROA llegará a 2.500 centros más, según el Gobierno. También se van a crear un millar de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades, que seguirán a las familias y sus hijos durante el curso.
Universidades incluye en este apartado el aumento de las becas universitarias que ya ha anunciado y ejecutado el ministerio (un aumento del 22% en la partida y 90.000 estudiantes más favorecidos), aunque en este caso los fondos no vienen del plan europeo.
Formación del profesorado
Quizá la joya de la corona de Universidades. La cartera de Castells ha aprobado ya tres ambiciosos programas de ayudas a la formación y movilidad del profesorado universitario, dotados con 387 millones de euros, la mayor parte de su presupuesto extra con origen europeo. Son tres programas para jóvenes doctores, para profesorado universitario ya establecido y para la atracción de talento internacional con una duración de tres años. También habrá formación digital para el profesorado, tanto universitario como de Primaria y Secundaria.
El impulso a la FP
La última de las medidas de Educación, quizá la menos mediática aunque se come casi la mitad del presupuesto, 2.075 millones de euros. Un tercio de esta cantidad se invertirá en acreditar las competencias laborales que tres millones de españoles han obtenido mediante la experiencia laboral pero que no tienen reconocidas. Celaá ha cifrado la ambición del programa: en los últimos diez años se han acreditado las competencias de 300.000 personas y su ministerio aspira a hacerlo ahora con diez veces más en apenas tres años.
El impulso a la Formación Profesional se completa con 400 millones de euros para la formación modular de 700.000 trabajadores y desempleados, 200 millones para la creación de una red de centros de excelencia y 254 millones para crear 135.000 nuevas plazas de FP, entre otras medidas menores.
Fuente e Imagen: https://www.eldiario.es/sociedad/digitalizacion-formacion-profesorado-equidad-gastar-gobierno-fondos-europeos-educacion_1_7924991.html
Dedicamos un 4,3% del PIB a este ámbito, menos que los países subdesarrollados.
El gasto en educación con fondos públicos se ha reducido en España en 3,1 puntos porcentuales entre los años 2012 y 2017. En el conjunto de la OCDE, la reducción de este gasto ha sido menor, de 0,4 puntos porcentuales. Así lo indica un informe de la OCDE. Dedicamos un 4,3% del PIB a este ámbito, menos que los países más desarrollados
El gasto total que efectúa España por alumno en instituciones educativas es inferior a la media de los países de la OCDE y la UE-23, que gastan 1,11 y 1,14 veces más, respectivamente, según los datos de la OCDE referidos al año 2017.
La proporción de la riqueza nacional que se destina a instituciones educativas es significativa en todos los países de la OCDE y de la UE-23. En el 2017, estos países gastaron una media del 5,0% y del 4,5% de su PIB, respectivamente, en instituciones educativas (de la enseñanza primaria a terciaria). En España, este porcentaje también fue algo más bajo, del 4,3%.
En el conjunto de la OCDE la reducción en ese lustro ha sido de 0,4 puntos porcentuales
Otros indicadores muestran también que España debe mejorar. De media, en los países de la OCDE, la educación de primaria a terciaria supone un 10,8% del gasto público total, y alcanza el 9,6% de media en los países de la UE23. En España, este porcentaje se sitúa por debajo, con un 8,8% del gasto público total.
En España, el 82% de los fondos públicos destinados a la educación provienen de los gobiernos regionales o autonómicos.
Los gastos de matriculación en educación terciaria varían entre países. Un tercio de las instituciones públicas de los países de la OCDE no cobran gastos de matriculación en el nivel de grado o equivalente. En segundo lugar, una proporción parecida de países, entre los que se encuentra España, los gastos de matriculación se sitúan por debajo de los 2.000 dólares (1.696 euros), mientras que en el resto varían en un rango que se sitúa entre los 2.600 (2.205 euros) y 8.000 dólares (6.784 euros). Por su parte, el porcentaje de estudiantes que reciben becas o subvenciones en educación terciaria en España es del 42%, un porcentaje mayor que en Italia (39%) o Portugal (20%).
Mientras tanto, el nivel educativo de la población adulta española (25 a 64 años) sigue mejorando. Durante el periodo 2009-2019, el porcentaje de población adulta que posee solo estudios obligatorios se ha reducido en 9,7 puntos (pasa del 48,4% al 38,7%). A pesar de la mejora, los valores siguen siendo altos respecto a la media de los países de la OCDE (de 26,2% a 21,9%) .
En España, el salario de los profesores es superior al salario medio del conjunto de países de la OCDE y de la UE23, tanto si se compara la retribución inicial como después de 15 años o con la retribución máxima en la escala.
España es uno de los países que han tardado más en reabrir las aulas. A finales de mayo del 2020 el cierre de escuelas se había prolongado en al menos 7 semanas en 2 países (4%), 8-10 semanas en 4 países (9%), entre 10 y 12 semanas en 28 países (62%), entre 11 y 15 semanas en 10 países (22%) y más de 15 semanas en China.
FMI / 21 de abril de 2019 / Autor: Monica Orozco (editora) / Fuente: El Comercio
En los países sumamente corruptos los estudiantes en edad escolar tienen las peores calificaciones en los exámenes.
El estudio Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue divulgado este miércoles 10 de abril del 2019, revela que en los países sumamente corruptos los estudiantes alcanzan 14 puntos menos que en las naciones con una tasa media de corrupción y hasta 35 puntos menos en que las naciones donde estas prácticas son menos comunes.
La corrupción genera pérdidas de miles de millones de dólares, que podrían destinarse a construir hospitales o mejorar la educación de su población, anota el reporte. Pero los países afectados por esta situación de forma significativa invierten hasta un tercio menos en educación y salud, ya que los programas sociales no están dentro de sus prioridades.
El Fondo compara a la corrupción con “fugas” que provocan que los recursos fiscales se desvíen y desperdicien como ocurre con el agua que atraviesa por una tubería y que en el ejemplo representa al flujo de los recursos estatales.
Por esa razón, los estados con mayor corrupción recaudan hasta un 4% del PIB menos en tributos que aquellos donde estás prácticas son menos comunes.
Los beneficios de corregir esas fugas no es menor. En Ecuador el 4% del PIB equivale a todo el gasto de educación en un año.
El combate a la corrupción dejaría ingresos para duplicar el gasto en educación por persona, que hoy es de sólo USD 292.
La lucha de estas prácticas en Georgia y Ruanda ha tenido buenos resultados. El primer país, por ejemplo, redujo la corrupción significativamente y el ingreso fiscal aumentó a más del doble: entre 2003 y 2008, se incrementó 13 puntos porcentuales del PIB. Las reformas emprendidas por Ruanda desde mediados de la década de 1990 para combatir la corrupción dieron fruto, y los ingresos tributarios subieron 6 puntos porcentuales del PIB.
El FMI recomienda a las naciones poner extrema atención a las áreas de mayor riesgo: la contratación pública, la administración de los ingresos públicos y la gestión de recursos naturales. Sugiere incorporar la tecnología para que la ciudadanía pueda vigilar los procesos como hizo Costa Rica y Paraguay. Promover libertad de prensa e incorporar sistemas electrónicos para las compras públicas son otras propuestas.
Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, explicó, que el combate a la corrupción está siendo incorporado como elemento dentro de los informes de revisión de la economía de sus Estados miembros desde el 2017.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 21 de abril de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – España: La lucha de una minoría que beneficia a todos (Educación Inclusiva)
En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.
El porcentaje de mexicanos con titulación secundaria o superior ha aumentado en los últimos años, pero sigue 30 puntos porcentuales por debajo de la media de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según su último informe sobre el estado de la educación en el mundo, con datos hasta 2017. Este es solo uno de los datos preocupantes que la OCDE reveló en este reporte.
1.- La educación secundaria en México
El porcentaje de personas de México con entre 25 y 34 años que no tienen educación secundaria es el cuarto más alto de los países incluidos en el estudio: México solo se sitúa por delante de Costa Rica, India y China, de acuerdo con estos datos.
En concreto, la OCDE destaca que, aunque el porcentaje de personas entre 25 y 34 años sin educación secundaria cayó un 13% entre 2007 y 2017, aún es del 52%, lo que sitúa a México como el país con mayor proporción de adultos jóvenes sin estudios en la OCDE, donde la media se sitúa en el 15%.
Esto es, además, uno de los principales determinantes de la desigualdad en el mercado laboral de México, de acuerdo con el informe.
2.- Igualdad en los estudios…
El reporte destaca, así mismo, que México ha logrado la igualdad de género en todos los niveles educativos, incluyendo los universitarios y superiores. Sin embargo, la realidad cambia cuando se mira el mercado laboral: las mujeres tienen menos trabajos y cobran menos que los hombres, de acuerdo con este informe.
La Secretaría de Educación del Gobierno de México prefirió, en su comentario sobre el informe de la OCDE este martes, quedarse con lo positivo: «La OCDE reconoce que México es uno de los pocos países que ha alcanzado la paridad entre géneros en su sistema educativo; en particular, se enfatiza el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación media superior y superior», dijeron en un comunicado de prensa.
La Secretaría aseguró que paliar la brecha de género es un «tópico al que están dirigidos importantes esfuerzos del Gobierno Federal en materia de equidad e inclusión», pero no comentó otras variables en las que el país sale peor parado.
3… pero desigualdad en el trabajo
La mujeres con estudios tienen un sueldo que sólo es el 66% del de sus compañeros varones con la misma educación, según el reporte.
Además, el informe señala que el 36% de las mujeres jóvenes (18 a 24 años) en México estaba en riesgo de no lograr un empleo o unas prácticas en 2017, en comparación con el 8% de los varones con las mismas características. Esta brecha de 28 puntos es la mayor de todos los países de la OCDE, donde la diferencia suele ser de dos puntos.
4.- Gasto en educación
En lo que al gasto en educación se refiere, México muestra dos caras de una misma moneda: por un lado, en 2015 fue uno de los países con mayor porcentaje de gasto en educación, el 17% del presupuesto.
Otra cosa ocurre si se miran los números absolutos de dinero gastado por estudiante en la educación obligatoria, el de México es el más bajo de toda la OCDE, según el informe. En concreto, los datos muestran que en 2015 México no llegó a gastar 4.000 dólares por alumno durante toda su vida educativa (desde primaria hasta la educación terciaria), mientras que la media de los países de la OCDE es de 10.522 dólares por estudiante.
5.- Clases sobrecargadas
Las inscripciones de niños mexicanos de entre tres y cinco años aumentaron sustancialmente en casi 20 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, logrando llegar al 83% de los niños de esas edades. Un porcentaje superior al de otros países latinoamericanos y también al de Estados Unidos, donde se sitúa en el 66%, indicó el informe.
La OCDE destaca que el mayor aumento se ha dado con los niños de cuatro años, cuya escolarización estaba en el 69% en 2005 y alcanzó el 91% en el año 2016, lo que supera la media de la OCDE, que se sitúa en el 88%.
Sin embargo, la organización destaca como dato negativo que las clases están sobrecargadas a estas edades: la media de alumnos por profesor en la educación primaria es de 25, mientras que la media de la OCDE es de 14 estudiantes por maestro. Además, los estudiantes mexicanos pasan poco tiempo en clase: 532 horas en México, en comparación con las 1.029 horas de media en la OCDE.
6.- Diferencias entre ambientes públicos y privados
La OCDE también se fijó en las diferencias entre la educación pública y la privada para observar la calidad de la educación en los países. En el caso de México, determinó que hay ciertos puntos en los que la educación privada sale ganando, y por una diferencia sustancial.
Por ejemplo, en México hay casi el doble de alumnos por profesor en las instituciones públicas (30) que en las privadas (16), lo que afecta de lleno a la calidad de la enseñanza que se recibe.
En el país el número de alumnos por clase se ha incrementado un 17% desde 2005, al contrario de la tendencia en el resto de países de la organización, donde ha descendido la ratio de alumnos por profesor.
Argentina / 11 de marzo de 2018 / Autor: Javier Ozollo / Fuente: Página 12
Hemos visto, perplejos, cómo ciertos discursos en relación con la Universidad Publica han vuelto a reaparecer. Las siempre recurrentes ideas de arancelamiento y privatización que ingenuamente creíamos desterradas han vuelto a la arena pública.
En términos generales, los argumentos son siempre los mismos, aunque hay uno reiterativo en el discurso neoliberal: alto gasto de la universidad (en un contexto de déficit fiscal). Como siempre pasa, en esta línea ideológica, el problema se reduce a la cuestión contable. Y persistentemente también, abundan los ejemplos (distorsionados) de países “serios”.
La defensa de la universidad pública, democrática y gratuita puede sostenerse desde varios ángulos. El de la inclusión, el de la igualdad, el de la democratización del conocimiento, el de las llamadas externalidades positivas, etc. Sin embargo, quisiera detenerme en uno de ellos, la relación entre la universidad y la producción de ciencia y tecnología.
El campo de desarrollo científico tecnológico, aquí y en el mundo serio o no, es impulsado directa o indirectamente por la inversión estatal. Desde la tracción de las fuerzas armadas estadounidenses hasta los planes quinquenales en Corea del Sur. No es casual que los países con mayor porcentaje de su PBI en inversión en ciencia y técnica sean “países serios”. Mucho más en los países periféricos, el Estado es y debe ser un actor fundamental. El problema del déficit fiscal tiene otros orígenes: quita de retenciones a los sectores con mayor poder adquisitivo, disminución de impuestos a las ganancias y bienes personales, recesión del mercado interno y aumento de los intereses de la deuda pública. El aumento del gasto estatal en ciencia y técnica más bien permite reducir, con otras políticas complementarias adecuadas y a largo plazo, el déficit que a aumentarlo.
En la Argentina, la universidad pública es responsable de la mitad de la producción de conocimiento científico y tecnológico. En ella se forman la mayoría de los investigadores y el 75 por ciento de los institutos del Conicet son coadministrados con las universidades públicas. El sistema público participa con el 92 por ciento y el privado con el 8 por ciento del total del gasto en ciencia y técnica en educación superior. Invierten en proporciones similares en investigación básica y aplicada, mientras que en las universidades privadas la investigación aplicada supera en más del doble a la investigación básica. Conjuntamente, las universidades y el Conicet realizan los 2/3 de la investigación básica. La inmensa mayoría de los logros argentinos en ciencia y técnica provienen directa o indirectamente de la universidad pública.
Pero a pesar de destacar este aspecto, es imprescindible indicar que los distintos criterios que abarca la universidad pública no pueden ser tomados en forma aislada. Así, una mayor inclusión potencia las posibilidades de acceso a la ciencia y la técnica de sectores sociales tradicionalmente excluidos y mejora la calidad de los recursos humanos en la producción tecnológica. Una mayor democratización mejora el debate de los criterios de asignación de presupuestos y de líneas investigativas. También, la universidad pública permite el incremento en la difusión del conocimiento científico y técnico.
Como bien ha dicho recientemente el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (Siduncu): “La Universidad Pública es la institución clave para poder avanzar en la formación plena de los sujetos, con altas competencias profesionales y académicas, que impulsen el desarrollo científico técnico de la región y, al mismo tiempo, con sentido crítico que les permita reconocerse como sujeto social y comprometido con sus comunidades”.
Así, un golpe a la universidad pública es también un golpe a nuestras posibilidades de desarrollo científico y tecnológico.
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