ara el neoliberalismo, el mejor sindicato es el que no existe, y por décadas han intentado contener la organización de los trabajadores. Sin un referente como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), luchando ininterrumpidamente durante 41 años de existencia, el giro neoliberal habría devastado el sistema educativo público, tal cual sucedió en países como es el caso de Chile, donde la educación privada impera sobre la escuela gratuita.
Pero las formas de privatización educativa directa son cada vez menos recurridas por los estados, lo mismo que la disolución violenta, legal o administrativa de los sindicatos o los ataques frontales contra ellos y sus liderazgos. El periodo de persecución, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones forzadas o represión policiaca contra los maestros de la disidencia magisterial en México ha dejado de ser la política central de contención del sistema.
Para conseguir el mismo objetivo; es decir, la abrogación del sindicato y el derecho a la defensa colectiva y organizada del trabajador, el neoliberalismo se reinventa constantemente, modernizando su lenguaje, sus formas de control y el despojo laboral. A través de nociones como transparencia, meritocracia o derecho humano, se impone sin necesidad de utilizar métodos coercitivos; la introyección de la mentalidad neoliberal ha tenido mejores resultados y menos resistencias que las medidas abiertas y frontales.
Del mismo modo que las oligarquías multinacionales impusieron la noción de que el libre mercado era la mano invisible que regula y ordena toda relación social para construir el supuesto interés común; ahora lo hacen con la idea de transparencia. El mito de que la nueva diosa del capitalismo informático habita el olimpo de la virtualidad, translúcida, pura e incorruptible, sirve de narrativa para instalar un sistema de control y de sometimiento impersonal, en donde la burocracia del Estado como representación de los intereses de las clases gobernantes está siendo sustituida por la tramitología individual.
La transparencia puede ser visible en su morfología de información y datos, pero es un dogma intangible que no se presenta como hechura de la imperfección humana. La subjetividad neoliberal se oculta en el diseño, metodología, captura y manejo de los datos y no admite reclamo organizado colectivamente para hacer efectivo el derecho social al trabajo con dignidad; todo el proceso de tramitología digitalizado está pensado para la individualización o fragmentación de la organización sindical, sin otra posibilidad de interacción que no sea la soledad de la plataforma virtual.
La virtualización de la tramitología del derecho laboral evoca al mérito como empoderamiento personal; sin embargo, lo que se materializa como producto de la subjetividad neoliberal es un régimen de precariedad en el que la relación de trabajo es individual y se sujeta a las reglas patronales, unilateralmente y sin la mediación del contrato colectivo ni la defensa sindical de unas reglas de común acuerdo.
La actual reforma educativa de la cuarta transformación adoptó la morfología constitucional de estas nociones renovadas del neoliberalismo; los mecanismos de ingreso a la docencia, promoción y reconocimiento establecidos en la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros, así como los cambios de adscripción, están atravesados por dispositivos reglamentarios y plataformas de gestión individualizada para fraguar la obsolescencia del sindicalismo, de ahí que la CNTE no encuentre un punto de partida para aterrizar la gestión democrática del magisterio.
Paradójicamente, en la sociedad del capitalismo informático, la libertad no se combate con censura, sino con más libertad que se autocontrola, diversificando los medios aparentemente independientes del poder, sobre todo a través de las redes sociales; la tensión de las demandas populares, mucho antes de ser sofocadas por medios represivos, se contienen con un diálogo sistemático y dilatorio para mantener el conflicto en la esfera de la comunicación y la información pública, pero fuera del terreno callejero de la lucha de clases. Después de 18 reuniones de la CNTE con el gobierno federal, se va comprendiendo con mayor certeza que esta es la estrategia del Estado.
Sin la abrogación de la actual reforma educativa de la Cuarta Transformación, sin la Nueva Escuela Mexicana recuperando los proyectos educativos de la CNTE y sin un terreno firme y parejo para la democratización del SNTE; el reconocimiento político a la bilateralidad de las estructuras sindicales nacionales y seccionales del movimiento magisterial que naciera en el invierno de 1979 y que tendrá lugar en Palacio Nacional el próximo 21 de diciembre, podría ser otro episodio del Estado para continuar con la estrategia de disolución del sindicalismo y de aterrizaje de las nuevas formas de precariedad laboral; esto lo saben los militantes de la Coordinadora que han mantenido viva la resistencia, cuya paciencia se agota cada vez que los compromisos establecidos en las mesas con el Presidente de la República no encuentran eco en los gobiernos estatales ni concreción en los funcionarios del gabinete federal.
El programa educativo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, plantea cinco promesas para transformar la educación de este país.
Para los votantes de Estados Unidos, entre los factores más importantes a considerar a la hora de votar en las elecciones es la educación. Según una encuesta de Gallup realizada en septiembre a los votantes registrados, el 82 % consideró esta área como «extremadamente importante» o «muy importante».
Las votaciones han concluido, Joe Biden ha quedado como el candidato ganador, después de superar por más de cuatro millones de votos a su rival, Donald Trump. Si la educación es parte clave de todo programa electoral, ¿cuál es el plan educativo del presidente electo?
El periodo Trump-DeVos
La importancia de votar según las propuestas educativas se acentúa después de cuatro años de un manejo problemático del sistema de educación del país. Al inicio de su presidencia, Donald Trump designó a Betsy DeVos como Secretaria de Educación de Estados Unidos. DeVos, filántropa y donante política del Partido Republicano, fue la primera Secretaria de Educación en el cargo en 35 años que no asistió ni mandó a sus hijos a escuelas públicas. Esto fue altamente criticado ya que muchas personas consideraron que no contaba con el conocimiento necesario para desempeñar su puesto.
Desde que asumió el cargo, DeVos ha propuesto recortes de miles de millones de dólares en su departamento, dejando como resultado reducciones en el tamaño de las clases, programas extracurriculares, entre más casos. Además, DeVos propuso a las universidades llevar a cabo contrainterrogatorios de los acusadores de agresión y acoso sexual, lo cual podría disuadír a las víctimas de abuso a denunciar a sus agresores. También se le acusa de promover las pruebas estandarizadas, las escuelas operativas a través de un modelo comercial, y de favorecer a las escuelas autónomas a expensas de las públicas, ya que su esposo, Dick DeVos, fundó una escuela de aviación. La actual Secretaria de Educación también ha fallado en combatir la violencia con armas de fuego en las escuelas. Este es el legado que la actual Secretaria de Educación deja al próximo en su cargo.
El plan educativo de Biden
Aunque aún no entra en poder ni ha anunciado quién estará a cargo del programa educativo del país, Joe Biden promete brindar a los educadores apoyo y el respeto que necesitan para “preparar a sus alumnos a triunfar en la economía del mañana”.
“Para los educadores estadounidenses, este es un gran día: van a tener uno propio en la Casa Blanca y Jill será una gran primera dama”, dijo Biden en su discurso de aceptación. Biden se refiere a Jill Biden, su esposa, quien es profesora en el Colegio Comunitario de Virginia del Norte, quien además pretende no dejar su trabajo como docente durante la presidencia, siendo la primera vez en la historia que una primera dama seguirá trabajando durante su mandato en la Casa Blanca. Además, el propio Joe Biden cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando como docente, lo que emociona a la comunidad educativa que incluye maestros, asistentes, trabajadores sociales, choferes, cocineros e intendentes.
En cuanto a políticas, lo que propone Biden son cinco promesas distintas para educadores, estudiantes y el futuro de la educación:
Apoyar a los educadores dándoles el salario y la dignidad que merecen.
Invertir en recursos para las escuelas para que los estudiantes se conviertan en adultos física y emocionalmente sanos y los educadores puedan concentrarse en la enseñanza.
Asegurarse de que el futuro de ningún niño esté determinado por su código postal, los ingresos familiares, etnia o alguna discapacidad.
Brindar a cada estudiante de secundaria y preparatoria un camino hacia una carrera exitosa.
Invertir en las nuevas generaciones desde que nacen.
Invertir en colegios comunitarios y capacitación para mejorar el éxito de los estudiantes y desarrollar una clase media más fuerte, próspera e inclusiva.
Fortalecer la universidad como el camino confiable hacia la clase media, no como una inversión que brinda retornos limitados y deja a los graduados con montañas de deudas que no pueden pagar.
Apoyar a los colegios comunitarios y universidades que desempeñan roles únicos y vitales en sus comunidades, incluidos los colegios y universidades históricamente afroamericanos y las instituciones que sirven a las minorías.
Apoyar a los maestros dándoles el salario y la dignidad que merecen
Una de las propuestas más fuertes del programa electoral de Biden es dar a los docentes el salario y dignidad que se merecen. El tema económico es un problema grave en el país, tanto así que el 66 % de los estadounidenses creen que la docencia es una profesión mal pagada, lo cual se refleja en que cada vez menos personas quieren dedicarse a la enseñanza.
El próximo presidente también reconoce que 20 % de los maestros tienen que tener un segundo trabajo porque no ganan lo suficiente para mantenerse ellos mismos ni a sus familias. Más allá de los ínfimos salarios, el problema también se deriva de que muchos educadores tienen que desembolsar de su propio bolsillo para comprar útiles escolares y material para sus clases. Por si esto fuera poco, muchos de ellos son responsables de capacitar a sus compañeros y ejercen la labor de trabajadores sociales, enfermeros y mucho mas, sin recibir apoyo extra.
En su plan educativo, Biden detalla que desde 1996 el salario semanal promedio de los maestros de escuelas públicas no ha aumentado, lo que es preocupante porque considera a la profesión como una de las más importantes y difíciles de ejercer. Para contrarrestar este problema, Biden propone triplicar los fondos para el Título I, el programa federal que financia aquellas escuelas, con un porcentaje alto de familias de bajos ingresos. El propósito es que utilicen estos recursos para ofrecer mejores salarios y permitirá que los distritos escolares y los educadores decidan cuál es la mayor necesidad de su comunidad.
Asimismo, invertirá en tutorías, liderazgo y educación adicional para los docentes para que puedan avanzar en sus carreras, incluso, ser remunerados por los trabajos adicionales que realicen. El Título I también se puede utilizar para obtener certificaciones adicionales en áreas de alta demanda, como educación especial o bilingüe.
Invertir en recursos para que los estudiantes se conviertan en adultos física y emocionalmente sanos
Para lograr su segunda promesa al sector educativo, Biden propone duplicar el número de psicólogos, consejeros, enfermeras y trabajadores sociales en las escuelas para que cada niño reciba la atención física y mental que necesitan.
Uno de cada cinco niños en Estados Unidos experimenta problemas de salud mental y no cuentan con un profesional capacitado para atenderse. Por más ayuda que pueda proporcionar un docente, éste generalmente no tiene la capacitación necesaria para ejercer como psicólogo. Lamentablemente, los centros educativos no cuentan con suficiente personal. Los expertos recomiendan que haya un máximo de un psicólogo por cada 500 a 700 alumnos pero actualmente hay aproximadamente un psicólogo por cada 1400 estudiantes, creando una brecha de alrededor de 35,000 a 60,000 psicólogos escolares. Biden planea invertir en los profesionales de la salud mental escolar para duplicarlos, así como también consejeros, enfermeros, trabajadores sociales, entre otros y planea asociar universidades para expandir la trayectoria de los futuros graduados.
Igualmente, propone ampliar el modelo de escuelas comunitarias que trabajan con familias, estudiantes, maestros y líderes comunitarios para identificar las necesidades de las familias. Una vez identificadas, crear un plan para aprovechar los recursos y acoplarlos a las escuelas y convertirlos en centros comunitarios. Esto podría beneficiar hasta 300 mil estudiantes adicionales y sus familias.
Por otro lado, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles calificó con una D +( o 6.44) las instalaciones de las escuelas públicas de Estados Unidos. La infraestructura escolar está desfinanciada en $46 mil millones de dólares, dejando como resultado miles de instituciones obsoletas, inseguras y no aptas. Durante su presidencia, Biden incluirá en la legislación federal fondos para mejorar la infraestructura de los centros educativos. En primer lugar se planea evaluar los riesgos de los edificios actuales, para después construir edificios de vanguardia con tecnología y laboratorios “para enfrentar los desafíos del futuro”.
Otro aspecto importante de la propuesta educativa de Biden es la seguridad de los estudiantes y frenar la violencia con armas de fuego. Para enfrentar esta problemática, Biden propone leyes regulatorias para las armas, en lugar de armar a los docentes. Impedirá las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y exigirá verificaciones de antecedentes universales para mantener las pistolas o armas de gente que las utilice de una manera peligrosa o que sean accesibles para los alumnos.
Ningún niño debe estar determinado por su código postal, los ingresos familiares, su etnia o alguna discapacidad
Para Biden, la escolarización primaria y secundaria (K-12 en Estados Unidos) ya no es suficiente para garantizar la competitividad de la fuerza laboral ante un mundo globalizado, donde Estados Unidos contiende a otros países con mejor educación. Aproximadamente 6 de cada 10 trabajos en los Estados Unidos requieren educación más allá de un diploma de bachillerato , sin embargo, muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para continuar con la educación de sus hijos, provocando una brecha de rendimiento desde que los niños entran a preescolar.
El presidente electo reconoce que parte del problema es el racismo sistémico que permea incluso en las escuelas. Para él es importante dar a todas las personas la oportunidad de desarrollarse sin importar su código postal, su nivel socioeconómico, su etnia o si tiene alguna discapacidad. En su gobierno promete construir un sistema educativo que invierta en los niños desde su nacimiento para ayudarlos a obtener educación más allá de la preparatoria, ya sea un certificado profesional o una carrera universitaria.
Existe una brecha de financiamiento anual estimada en $23 mil millones de dólares entre distritos escolares de gente blanca y no blanca. Para combatir este problema, plantea triplicar los fondos del Título I para primero destinarlo no sólo a los salarios de los maestros pero también a las escuelas de familias de bajos recursos y que niños de tres y cuatro años puedan acceder a una educación preescolar de calidad. Una vez que se aseguren estas tres mejoras, los distritos tendrán la flexibilidad de usar estos fondos para sus prioridades locales. Los estados sin un sistema financiero suficiente y equitativo deberán igualar una parte de los fondos federales.
Para combatir el racismo sistémico, Biden planea mejorar la diversidad del profesorado. Según estudios, tener una plantilla diversa de maestros de distintas etnias tiene un impacto sustancial en alumnos de minorías racializadas. Para ellos, tener este tipo de figura en las escuelas reduce la probabilidad de que abandonen la escuela. Asimismo, ayudará a los paraprofesionales a obtener sus certificados de enseñanza y trabajar con colegios y universidades históricamente negros y otras instituciones que atienden a minorías para contratar y preparar maestros.
Para Biden también es importante construir mejores escuelas, que sean más innovadoras, especialmente para aquellos de bajos recursos y comunidades minoritarias. La fuerza laboral necesita estudiantes que no sólo tengan estudios rigurosos, sino también habilidades técnicas, de resolución de problemas y colaboración. Es por eso que creará un nuevo programa que desafíe a las comunidades locales a reinventar las preparatorias para que satisfagan estas demandas.
Al igual que sucedió en la administración de Obama, en donde se diversificaron las escuelas, Biden buscará restablecer la orientación del Departamento de Educación para que apoye a las escuelas en la búsqueda legal de estrategias de eliminación de la segregación e instituciones reconocidas por sus intereses en crear diversos cuerpos estudiantiles en la educación superior.
Biden también apoyará a los niños y niñas con discapacidad asegurando que el gobierno federal cubra el 40 % del costo adicional de la educación especial requerida por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, promulgada en 1990 (actualmente sólo se cubre el 14 %).
Brindar a cada estudiante de secundaria y preparatoria un camino hacia una carrera exitosa
Joe Biden critica que las escuelas estadounidenses ya no cuentan con clases de instrucción en oficios y carreras técnicas, así que planea invertir en capacitación vocacional escolar y asociaciones entre bachilleratos, universidades comunitarias y empleadores.
Estas asociaciones crearán programas que permitirán a los estudiantes obtener el conocimiento que necesitan para tener un futuro profesional exitoso. Este tipo de clases también puede proporcionar preparación técnica y profesional en informática para preparar a los alumnos en temas como realidad virtual e inteligencia artificial.
Invertir en las nuevas generaciones desde que nacen
Biden planea proporcionar fondos para garantizar que haya un experto en desarrollo de la primera infancia en cada centro de salud comunitario. Como el consultorio de un pediatra es el único lugar donde muchas familias con niños pequeños interactúan con proveedores de servicios antes de que sus hijos ingresen a la escuela, Biden cree que es el mejor lugar para evaluar que los niños estén teniendo un buen desarrollo y poder apoyarlos en caso de necesitar apoyo adicional, como visitas domiciliarias. Si tienen un buen desarrollo desde pequeños, tendrán mayor éxito al entrar al jardín de niños.
El plan biden para la educación más allá del bachillerato
Siguiendo su mentalidad de que la educación media superior no es suficiente para preparar alumnos capaces de enfrentar los desafíos de una economía cada vez más globalizada e impulsada por la tecnología. Seis de cada diez trabajadores requieren una formación más allá del bachillerato, sin embargo, esta opción es inalcanzable para muchas personas. Por lo tanto, Biden cree que una preparación más allá de la preparatoria será esencial para ampliar la clase media y ser competitivos como nación.
Invertir en colegios comunitarios y en capacitación para mejorar el éxito de los estudiantes y crecer una clase media más fuerte, más próspera e inclusiva
Los colegios comunitarios son una herramienta de alta calidad que permite brindar educación a la clase media ya que ofrecen programas accesibles y de calidad para que los estudiantes completen los primeros dos años de una carrera universitaria con menor costo. A pesar de que estas instituciones cuentan con recursos limitados, aún así proporcionan una educación rentable y de alta calidad, sin embargo, gobiernos como el de Donald Trump no invierten en ellos para mejorar sus programas o tasas de finalización.
La administración de Biden promete que hará todo lo posible para apoyarlos ya que conoce muy de cerca su potencial, especialmente porque su esposa, Jill Biden, es profesora de un colegio comunitario. Por eso buscará proporcionar a los trabajadores que busquen aprender dos años en estas instituciones u otros programas de capacitación sin necesidad de contraer deudas estudiantiles. Mediante legislaciones, garantizará que cualquier trabajador, aquellos inmigrantes que llegaron al país siendo niños, e incluso personas que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, puedan hacerlo sin pagar matrícula por hasta dos años. Su propósito es que el gobierno federal cubra el 75 % del costo y los estados cubran el resto.
Además, Biden apoyará a las escuelas comunitarias para que implementen prácticas innovadoras que se basen en evidencia para retener a sus estudiantes. Sus reformas buscarán incluir servicios de asesoramiento académico y profesional, mejorar el salario, beneficio y desarrollo profesional para contratar y retener a los profesores.
En su gobierno, el presidente electo abordará las barreras que impiden que los alumnos obtengan un título de un colegio comunitario. Biden entiende que muchos estudiantes no terminan sus estudios porque tienen que trabajar a la vez que mantener una familia, cuidar de menores de edad, entre otras situaciones. Su gobierno ofrecerá distintas oportunidades como el programa de becas Pell, becas estatales, y otro tipo de ayudas para que cubran sus gastos de cuota y matrículas. Además, Biden dará incentivos financieros a los estados para que colaboren con las instituciones y las organizaciones comunitarias para apoyar de manera integral a los alumnos, veteranos, padres y madres solteras, aquellas personas de bajos ingresos, de etnias racializadas, y con discapacidades. El apoyo incluirá libros de texto, transporte, cuidado infantil, salud mental, tutoría de profesores y grupos de apoyo.
Su programa educativo incluye una inversión de $50 mil millones de dólares en programas de capacitación para apoyar colaboraciones entre empresas, universidades comunitarias, sindicatos, gobiernos estatales, locales, otras universidades y bachilleratos, para identificar las demandas de habilidades y crear más oportunidades de prácticas profesionales. Aunado a esto, invertirá $8 mil millones para ayudar a mejorar la salud y seguridad de las instalaciones y equipar las escuelas con la tecnología para tener éxito en la economía globalizada.
Fortalecer la universidad como un camino viable hacia la clase media (pero sin deudas)
Aproximadamente 44 millones de estadounidenses tienen deudas estudiantiles que asciende aun total de $1.5 trillones en préstamos para sus estudios. Uno de cada cinco de estos adultos están atrasados en sus pagos, exacerbando la deuda y creando una brecha de riqueza que impacta especialmente a la comunidad negra. Incluso, actualmente una de cada diez personas entre 40 y 50 años siguen pagando sus préstamos estudiantiles.
Aunque parte del problema ha sido que se ha duplicado prácticamente el costo de la educación superior desde mediados de la década de los 90, los estados han reducido drásticamente el apoyo. Con esto en mente, el plan educativo de Joe Biden ofrecerá los dos primeros años completamente gratuitos en colegios comunitarios. Además planea reducir a la mitad el costo de la matrícula para una carrera universitaria de cuatro años. Así como también crear alianzas federal-estatal para garantizar que cada estado invierta en los colegios comunitarios.
Por otro lado, Biden planea hacer que los colegios y universidades públicos sean gratuitos para todas las familias con ingresos inferiores a $125,000 dólares. Dirigirá el apoyo a personas de bajos recursos y clase media por medio de las becas Pell, las cuales en la década de 1970 cubrían del 70 % al 80 % del costo de un título universitario de cuatro años y que ahora cubre aproximadamente tan solo el 30 %. Biden planea duplicar el porcentaje de estos apoyos con el objetivo de cerrar la brecha entre personas de bajos recursos y los ricos. Durante la presidencia de Trump, los DREAMers no eran elegibles para estas becas, un error que Biden planea corregir durante su presidencia. Igualmente, este plan busca reducir a la mitad los pagos de los préstamos federales para estudiantes de pregrado y basarlo en los ingresos que reciben los afectados. Aquellos que ganen menos de $25,000 dólares al año no deberán pagar préstamos federales ni tendrán intereses sobre su deuda. Los demás pagarán 5 % de sus ingresos menos impuestos y gastos esenciales. Si en 20 años la persona pagó de manera responsable pero no ha terminado de cubrir completamente, su deuda será perdonada. Biden también planea crear un programa que ofrecerá $10,000 de dólares de alivio para las deudas estudiantiles de los servidores públicos por cada año de servicio hasta cinco años.
Con la ayuda del Título I, apoyará a aquellos alumnos de bajos recursos que están en una universidad de cuatro años para que completen sus estudios. Además de que otorgará fondos para fomentar la colaboración entre instituciones y organizaciones comunitarias para brindar un apoyo integral a los estudiantes.
Apoyo a las universidades que juegan papeles únicos y vitales para las minorías
Las universidades y los colegios comunitarios que apoyan a una minoría, como negros, asiáticos, hispanos, indígenas o personas que carecen de recursos. Biden incluirá a estos estudiantes en su plan de préstamos basados en sus ingresos y proporcionará matrículas gratis, especialmente para la comunidad negra y aquellas personas que pertenecen a pueblos nativos. Además, invertirá más de $ 70 mil millones en estos colegios comunitarios y universidades públicas para hacer que las instituciones históricamente negras, universidades tribales y de minorías de bajos recursos sean más accesibles. Adicionalmente, Biden planea invertir $18 mil millones para retribuir a las universidades de cuatro años, lo que equivale a hasta dos daños de matrícula.
Para que las escuelas privadas que apoyan a minorías no se ven socavadas por su propuesta, invertirá fondos adicionales para que reduzcan sus costos, mejoren las tasas de retención, graduación y cerrar las brechas de equidad para los estudiantes de minorías y etnias racializadas. La Administración Biden invertirá $10 mil millones en la creación de 200 nuevos centros educativos que sirvan de incubadoras de investigación, especialmente enfocados en cambio climático, globalización, desigualdad y salud para crear oportunidades de aprendizaje y carrera. Además, impulsará la investigación agrícola en las instituciones con concesión de tierra, especialmente aquellas de estudiantes negros e indígenas. Y dedicará flujos de fondos prioritarios adicionales en las agendas federales para pagos y contratos para minorías. Impulsará además la construcción de laboratorios e instituciones con tecnología nueva e infraestructura digital invirtiendo $20 mil millones para que las minorías tengan donde aprender, investigar e innovar. También usará estos fondos para proporcionar banda ancha en zonas rurales.
El próximo presidente de Estados Unidos también busca asegurar que todas las universidades públicas de estudiantes de minorías tengan acceso a programas de financiamiento de capital federal de bajo costo y buscar cómo los estados pueden aprovecharlos e incentivar más inversiones públicas, privadas y filantrópicas en infraestructura escolar. Para lograrlo, invertirá $10 mil millones de dólares en programas que aumenten las tasas de inscripción, retención, financiamiento y empleo para las minorías. Incluso estos programas pueden incluir asociaciones con preparatorias, universidades y empleadores; clases de recuperación, servicios de tutoría o asesoramiento y mejorar los salarios, beneficios y desarrollo a profesionales así como maneras de retenerlos.
Más allá de los apoyos para obtener títulos universitarios, Biden invertirá $5 mil millones en programas de posgrado en áreas de educación, atención médica y STEM, así como para desarrollar pasantías y programas profesionales en las principales instituciones de investigación, incluyendo los Laboratorios Nacionales del Departamento de Energía, los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Defensa.
Triplicar el apoyo estudiantil para las minorías por medio del Título III y el V de la Ley de Educación Superior servirá como un salvavidas para las universidades públicas enfocadas en minorías con escasos recursos, asegurando el éxito de sus estudiantes. Para evitar el desvío de fondos, Biden exigirá que cada estado publique informes de sus asignaciones de los fondos para asegurar que atiendan las desigualdades y problemáticas que se buscan combatir con estos apoyos.
El presidente electo, Joe Biden, reconoce el rol que jugará la educación para mantener a Estados Unidos como un país competitivo en una economía donde estudiar una carrera universitaria ya no es suficiente. Además, debido a su trayectoria y la de su esposa, conocen las carencias que hay en el sector educativo público. Para realmente mejorar el sistema educativo de cualquier país se necesita empezar por apoyar a los maestros, de manera económica y profesional, proporcionar maneras de apoyar el desarrollo de los niños desde que nacen hasta después del bachillerato, especialmente aquellos menores de familias de escasos recursos. Finalmente, estas son sólo propuestas que tienen el potencial de transformar la educación en este país, sin embargo, queda mucho camino por recorrer.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/programa-educativo-biden
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El Enano discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las seis de la mañana. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las siete empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al Enano como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces, pero no solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: “Viejo ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí, no?”.
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. La mujer que elige llamarse Cindy sin apellido por seguridad, saludó al Enano. “Buenos días, a ver cómo nos va hoy”, le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de Covid-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 kilómetros del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del valle de Sula, que concentra el 80% de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la Covid-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos. Equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 mil empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus de El Enano circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que ronda los nueve millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el gobierno para hacer mascarillas a cambio de US$128,000 y batas quirúrgicas, por US$443,944. Las maquilas las fabricarían. Solamente en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande.
El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160,000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54,000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al Enano, dirá ella después, fue un presagio.
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 AM del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.
La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (US$560.000).
Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy, 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132,000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (US$48) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno
“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta US$8. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la Covid-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1,300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
María Medina cuenta que en la maquila Jerzees hubo varios contagiados por COVID-19 e incluso fallecidos; sin embargo, las operaciones de trabajo nunca se detuvieron.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar». Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», dice.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus de El Enano se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial # 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-gobierno-de-honduras-subsidia-el-trabajo-de-fabricas-de-ropa-mientras-su-policia-ataca-a-31-trabajadoras-durante-la-pandemia/
El informe de la Misión Internacional independiente de la ONU revela lo que los venezolanos hemos venido denunciando desde hace varios años: que el régimen utiliza la estructura del Estado para asesinar, hostigar y reprimir a sus ciudadanos, violando derechos humanos a la manera de las dictaduras de Pinochet o Videla que asolaron nuestro continente en el siglo pasado.
El Estado venezolano no actúa en función del bienestar de los ciudadanos sino en contra de estos.
Las “políticas de seguridad del Estado” significan la creación de planes policiales, cuerpos de seguridad y operativos que se ceban sobre comunidades vulnerables, liderazgos locales, jóvenes, familiares, gremios como los de la salud y la educación, grupos políticos opuestos al oficialismo. El informe también confirma como los distintos poderes públicos que deberían frenar o actuar ante estos desmanes atroces refuerzan, por el contrario, estos comportamientos. Ni la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o el Poder Judicial han cumplido con su responsabilidad constitucional.
Debemos resaltar que este informe ha sido posible no solo por los esfuerzos del grupo de las Naciones Unidas, sino también por el trabajo de organizaciones locales de derechos humanos y la valentía de víctimas y familiares que han dado su testimonio. Desde organizaciones como Provea, Cofavic, Orfavideh, Monitor de Víctimas, entre muchas otras, hemos mantenido el trabajo de visibilizar, denunciar y documentar estos crímenes. Debemos denunciar que integrantes de estas organizaciones como las víctimas y familiares, están constantemente bajo la amenaza y persecución constante del gobierno, y las denuncias son tergiversadas e ignoradas por la institucionalidad pública, coaptada por la dictadura.
La escala de las atrocidades que está cometiendo el Estado venezolano señalan la ruptura definitiva de cualquier forma de convivencia desde el poder. Los venezolanos vivimos bajo un Estado victimario que establece relaciones con las personas desde la violencia y la intimidación.
La conmoción que este informe está causando en la opinión pública nacional e internacional, debe ayudar a promover el apoyo y la vinculación a organizaciones que denuncian y visibilizan estos hechos. Es de enorme importancia que entendemos que esta realidad nos afecta a todos. Podemos vincularnos a iniciativas de activismo social y político que aborden esta emergencia desde la acción organizada.
El contexto de vulneración de derechos humanos, desinstitucionalización, y violencia de Estado que estamos viviendo, requiere de la cohesión de la sociedad civil para enfrentarlo. Es necesaria una denuncia constante y cada vez más extendida que llame a impulsar procesos judiciales que castiguen a los perpetradores y contribuyan con el cese inmediato del secuestro, tortura y asesinato estatal.
En el Movimiento Caracas Mi Convive trabajamos bajo la premisa de que los primeros afectados por la violencia pueden convertirse en agentes de cambio de su realidad. Esta es ahora la situación de Venezuela y este es el momento en que los venezolanos debemos cohesionarnos para enfrentar al Estado victimario.
robertopatino.com
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/contra-el-estado-victimario/
Al 97 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, les preocupa quedarse sin dinero, y sin comida. Esto debido a la contingencia por covid-19.
Al 97 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que laboran en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, les preocupa quedarse sin dinero, y sin comida. Ellos y ellas trabajan en compañía de su familia, en la principal ciudad turística del estado. Ahora, como consecuencia de la pandemia, ven agudizada su situación de vulnerabilidad.
“Me da miedo lo de no comer y el coronavirus me da mucho miedo», dijo Rafael, de 11 años. Él es uno de los 129 infantes que participaron en la consulta que realizaron tres organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes trabajadores, de entre 8 y 17 años de edad, la mayoría de ellos indígenas tsotsiles y tseltales.
Con el propósito de conocer cómo viven la pandemia en los aspectos económico, educativo, laboral y emocional, y que sus voces sean consideradas para analizar y reformular políticas públicas, las organizaciones Desarrollo Educativo Sueniños, Tierra Roja Cuxtitali y Melel Xojobal hicieron la consulta a una muestra representativa de los menores de edad que se encuentran en esa situación, entre 2,500 y 3,500 según cifras oficiales.
Basados en una metodología que permitió elaborar un cuestionario de 13 preguntas, el 97 las y los consultados expresaron que su principal preocupación es quedarse sin dinero; porque esto deriva en quedarse sin comida, sin trabajo, y contraer el virus por no poder permanecer en su casa, ya que tienen que salir a trabajar, en la mayoría de los casos, en la venta de artesanías y otros productos. Ello, además de la incertidumbre de perder la escuela.
¿Qué te da miedo?, les preguntaron. “Que no vendamos o me quiten mi lugar de trabajo cuando no vendo”, dijo Elsa, de 8 años. “Los problemas económicos de mi familia, ya que no tiene trabajo mi mamá y a mi papá no le pagan completo y no alcanza para la comida”. Sostuvo María, de 14 años.
Las organizaciones que elaboraron la consulta detallaron que las niñas, niños y adolescentes consultados hicieron énfasis en la alimentación, en la necesidad de “tener para la comida y las medicinas”, como lo expresó Claudia, de 10 años.
Señalan, porque la seguridad alimentaria se está agravando con la pandemia, y por la pérdida de empleo, no tienen la garantía de contar con los recursos para comer, e incluso, en algunos casos detectaron que al momento de realizar las entrevistas, ya carecían de alimento.
Al menos 4 de cada 10 infantes consultados, expresaron que trabajan y estudian, 7 de cada 10 tuvieron que dejar de trabajar. “Casi no vienen a comprar al mercado, y no tenemos dinero”, “el dinero me servía para mis estudios, y ahora no tengo para pagar el internet”, señalaron.
La pandemia, también afecta su condición escolar, porque sólo el 19 por ciento de las y los infantes trabajadores de San Cristóbal de Las Casas, tienen acceso a internet en su casa, y únicamente el 18 por ciento cuenta con computadora. El resto, ha tenido que acudir a lugares públicos para cumplir con sus tareas, o recibir clases virtuales.
Los niños, niñas y adolescentes, también expresaron sus sueños y necesidades: “que acabe la pandemia. Que cambie el mundo y no haya pobreza en las personas”, dijo Estrella, de 10 años; Cecilia, de 13 años quisiera “que mi familia tengamos un trabajo estable sin que preocuparnos con las ventas de chicharrines, empanadas y frutas picadas”.
Y expresaron sus demandas: “El gobierno lo que debe hacer es dar alimentos a la familia y dinero, el dinero para que no salgan. Debería dar cosas el gobierno para no salir y no nos infectemos”, dijo Ezequiel, de 12 años. “…que nos den comida y todo lo que necesitamos en casa”, expresó Esther, de 11 años.
Las niñas, niños y adolecentes, también piden “que todos los niños puedan seguir estudiando, pero no en televisión porque no se entiende. Que el presidente hable con los maestros y les diga que tuvieran clases por celular o dejarles libros con dinámicas nuevas”, dijo Teodoro, de 9 años.
El resultado de la consulta se entregó a autoridades federales, estatales y municipales, para que de viva voz conozcan sus opiniones, sentires y propuestas frente a la pandemia “y que éstas sean tomadas en cuenta por las autoridades, organizaciones y familias”.
En Chiapas, el 85.4 por ciento de la población son pobres por ingresos, y se estima que como consecuencia de la pandemia este porcentaje se incremente entre 93 y 96 por ciento.
Fuente e imagen: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2020/07/me-da-miedo-lo-de-no-comer-el-impacto-de-la-pandemia-en-infancia-trabajadora-de-chiapas/
América/México/24/06/2020/Autor y fuente: desinformemonos.org/
Los desplazamientos forzados en Chiapas son “métodos de ‘castigo’ a las minorías y organizaciones sociales que proponen nuevas ideas de resistencia al mal gobierno”, tal como sucede con los pobladores de las comunidades indígenas de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama, denunció la organización pacífica Las Abejas de Acteal.
“Sabemos que no sólo existen desplazados forzados en nuestra Organización Las Abejas, sino que nuestros hermanos desplazados de Chalchihuitán y Aldama siguen viviendo en las montañas. Las autoridades oficiales, quienes deberían de tener voluntad política para resolver los respectivos conflictos, se hacen de la vista gorda y así administran los problemas”, acusó la organización en un comunicado tras el Día Internacional del Refugiado, conmemorado el 20 de junio.
Las Abejas de Acteal lamentaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de no atender la situación de los desplazados indígenas, “sigue con sus políticas de saqueos en territorios de los pueblos originarios” y “se aprovecha de la pandemia” para imponer megaproyectos y violar los derechos humanos a través de las instituciones.
Finalmente, Las Abejas manifestaron su solidaridad con el pueblo ikoots de Oaxaca ante la masacre de 15 indígenas en San Mateo del Mar, donde las víctimas fueron torturadas y quemadas vivas por sujetos encapuchados durante un conflicto político-electoral entre el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y las comunidades que no lo reconocen como autoridad, pues en el día de la elección hubo conatos de violencia y quema de casillas.
A continuación el comunicado completo:
22 de junio, 2020
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Hemos alcanzado la mitad del año, agradecemos a la Madre Tierra, agradecemos a esta Tierra Sagrada de Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, por habernos dado vida y salud ante la pandemia por el covid 19 y por la fuerza y sabiduría para lidiar con la impunidad; asimismo, agradecemos a todas las mujeres y hombres quienes caminan con nosotras y nosotros en la búsqueda de una justicia verdadera y la construcción de nuestra autonomía.
A 6 meses de haber trascurrido el año 2020, hemos pasado momentos difíciles, pero, la naturaleza y el tiempo, nos sorprenden con esperanzas y alegrías. Por ejemplo el día de antier 20 de junio, en el marco del Día Mundial de los Refugiados, con el Grupo de Teatro de Las Abejas de Acteal, organizamos una pequeña fiesta para alegrar el corazón de las y los desplazados de la comunidad “Río Jordán” de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, Chiapas, quienes desde el año pasado fueron desplazados forzadamente de parte de partidistas y autoridades comunitarias oficialistas, a causa de su resistencia a los proyectos y políticas del mal gobierno.
Fue así, que, sobre la tristeza y el dolor por el desplazamiento, danzamos, contamos chistes, jugamos juegos tradicionales, cantamos y reímos mucho con nuestros compañeros desplazados, la pasamos muy alegres y esa alegría pensamos que no debe ser sólo un día, sino, hay que estar así todos los días, que no nos gane cualquier tristeza y enfermedad causada por el desplazamiento forzado.
Sabemos que no sólo existen desplazados forzados en nuestra Organización Las Abejas, sino, que nuestros hermanos desplazados de Chalchihuitán y Aldama siguen viviendo en las montañas, las autoridades oficiales quienes deberían de tener voluntad política para resolver los respectivos conflictos, se hacen de la vista gorda y así administran los problemas.
Nos indigna, que los desplazamientos forzados sean métodos de “castigo” a las minorías y organizaciones sociales que proponen nuevas ideas de resistencia al mal gobierno y de los saqueos a nuestra nación, y lo más indignante es que los que hacen ese trabajo sucio en beneficio del mal gobierno y de los partidos políticos y poderosos, son nuestros propios hermanos a cambio de migajas y de programas asistencialistas.
En nuestro largo caminar de la lucha No Violenta, hemos visto que desde un simple malentendido hasta conflictos políticos que terminan en masacres, es causa de la competencia, la intolerancia y la soberbia, estas actitudes, envenenan el corazón y asfixian la razón y en consecuencia un individuo o un grupo que quiere ejercer poder sobre otro, su recurso para “resolver” un conflicto es recurrir a la violencia.En cambio, una mujer o un hombre No Violento, en este caso Las Abejas de Acteal, para evitar desde un pleito sencillo hasta una masacre, esfundamental e indispensable el respeto, la tolerancia, el diálogo, saber escuchar al prójimo, la razón, cuando se aplican estos valores en la resolución de un conflicto, el fruto se deriva a la justicia, la paz y la libertad.
Cuando se habla con la verdad y se busca la paz verdadera, es tan sencillo resolver cualquier tipo de conflicto, pero, tristemente, los ricos poderosos, los caciques, los partidos políticos y el mal gobierno, no saben qué es platicar con la verdad y desde el corazón. Al contrario, el gobierno de México sigue con sus políticas de saqueos en territorios de los pueblos originarios; los ricos y poderosos siguen gozando de privilegios en época de la “4 Transformación” y, como vemos cómo van de mal en peor las políticas de allá arriba, entonces, se reafirma que el cambio de un gobierno justo, un mundo nuevo que tanto anhelamos, sólo, nosotros los pueblos pobres y organizados podemos realizarlos con nuestra lucha y organización y la construcción diaria de nuestra autonomía.
El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se aprovecha de la pandemia, para imponer sus megaproyectos, viola derechos humanos a través de sus instituciones, muestra de ello, aquí en México, la policía, mata, si no usas “tapabocas” te matan, si lo usas te “confunden” de delincuente, como sucedieron con:a) Alexander Martínez en el estado de Oaxaca, lo mataron porque creyeron era un delincuente.b) Giovanni López fue asesinado en Jalisco, porque no llevaba un barbijo para protegerse del “coronavirus”.
Como lo dijimos en el mes de marzo en nuestro comunicado, si no te mueres de covid, te puedes morir de alguna enfermedad curable y si no te mueres de ninguno de estos dos, el gobierno nos mata a través de su policía.
Nos unimos a la denuncia y nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos de San Mateo del Mar del pueblo Ikoots en el estado de Oaxaca, miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes ayer fueron agredidos por personas encapuchadas al parecer en complicidad con el presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa y el empresario e influyente Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, exigimos al gobierno estatal y federal no quede impune este atentado en contra de la vida y autonomía de nuestras compañeras y compañeros del pueblo Ikoots.
Otro caso ante la emergencia por el covid 19, nos preocupa las ataques y desprestigio de los que es objeto el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, recientemente culpan ser “autor intelectual” del fallecimiento de “Verónica de Simojovel, ante este hecho, siempre estaremos cerca física y moralmente con nuestro hermano el P. Marcelo, y pedimos a las autoridades competentes eviten tales difamaciones.Hermanas y hermanos, ante la descomposición total del sistema de gobierno en México, no queda otro camino el de crear nuestros propios gobiernos a través de la libre determinación y autogobierno, porque nosotros somos pueblo mexicano, nosotras y nosotros hacemos la nación.Tal parece que en México estamos atravesando una gran tormenta y abismo, pero, estamos seguros que lograremos cruzarlos, la memoria y la esperanza que emana de la sangre derramada aquí en Acteal, nos mantendrá firmes y de pie para lograr ese mundo nuevo y más humano que tanto deseamos para todas y todos.
Con mucho cariño y respeto, con nuestro corazón engrandecido, terminamos nuestra palabra de este día, celebrando con gratitud los 75 años de la vida de nuestro Tatik Raúl Vera López, desde Acteal le enviamos nuestra palabra llena de fuerza, amor y esperanza, por su entrega en la defensa de los derechos humanos de las y los más desprotegidos y oprimidos; nuestro respeto y reconocimiento incondicional a su persona y a su moral, de la misma dimensión como lo tuvimos con nuestro entrañable Tatik Samuel.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, seguimos caminando por la verdad y justicia a la Masacre de Acteal.AtentamenteLa Voz de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Simón Pedro Pérez López
Hilario Jiménez Pérez
Francisco López Sántiz
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/desplazamientos-forzados-son-metodos-de-castigo-a-minorias-que-se-resisten-gobierno-las-abejas-de-acteal/
América Central/ EL Salvador/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) dice que hubo un irrespeto a la familia y un error de parte del gobierno en no garantizar la salud del profesional y de otras víctimas mortales por el COVID-19.
La Universidad José Simeón Cañas, a través de su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), calificó el fallecimiento del ingeniero Carlos Henríquezcomo una profunda equivocación, un ejemplo claro de la improvisación y desorganización del gobierno para atender a las personas que ingresaron al país al inicio de la emergencia.
El Diario de Hoy publicó el martes 23 de abril, horas después de su muerte, cómo el profesional intentó someterse de buena fe a la orden del gobierno, cuando regresaba de Guatemala el 11 de marzo, y cómo rogó a las autoridades para que le brindaran atención médica.
El ingeniero se contagió de COVID-19 en el centro de contención de la Villa Centroamericana en Ayutuxtepeque, San Salvador, y murió el 22 de abril, sin una atención médica adecuada en el hospital San Rafael, según su familia.
En un informe reciente, el Idhuca detalla cómo el gobierno le negó al ingeniero su derecho a la salud y cómo irrespetó y ocultó información a la familia de la víctima.
“Los centros de contención y el sistema médico-hospitalario, más allá de las complicaciones de salud del Ingeniero, se equivocaron rotundamente en los procedimientos. Se puede entender que a un enfermo grave se le sustraiga el teléfono. Pero es incomprensible la falta de comunicación médica con la familia del enfermo, máxime si éste no puede comunicarse con sus allegados”, cuestiona el informe.
Según el Idhuca, el Estado “desde el momento que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena, en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido”.
“En el caso del fallecido, la actuación del Estado difirió ampliamente en el estándar para dar atención médica. Al llegar al país, y pesar de ser conocedores que tenía 67 años y padecía de hipertensión, no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19. Simplemente fue llevado de forma coercitiva a un centro de cuarentena junto con otras personas”, se concluye en el documento.
Agrega “que cuando su salud ya era grave después de haber pasado varios días en Villa Olímpica -Centroamericana-, en un primer momento se le negó la atención médica en un hospital. Con argumentos políticos y no médicos, lo remitieron a un hostal donde no se le brindó la asistencia sanitaria que requería”.
Cuando la familia del ingeniero presionó por su salud, se pidió que un doctor especialista le hiciera una evaluación médica, pero su estado de salud ya era grave.
“En esta línea, es cuestionable según especialistas médicos, el traslado a tres hospitales distintos en menos de un mes; y debe hacerse especial énfasis a la situación que vivió en el Hospital San Rafael, donde no se le pudo realizar hemodiálisis por falta de los instrumentos médicos necesarios”, indica el documento.
Línea de hechos
Agnes Callamard, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, recientemente señaló la obligación que tiene el Estado ante las personas que tiene bajo su custodia y/o cuido. En este sentido, decía de forma literal que el Estado es responsable de su vida e integridad personal. La muerte resultante de la denegación de saneamiento, espacio adecuado, ventilación adecuada o atención médica adecuada es una muerte arbitraria de la que es responsable el Estado.
Para el Instituto de Derechos Humanos, el Estado desde el momento en que determinó de forma generalizada y arbitraria que toda persona debía someterse a cuarentena en un centro de contención al entrar al país, debió velar por el derecho a la salud e integridad de las personas que estaban bajo su cuido.
“Lamentablemente, tal y como ha quedado ejemplificado en la cronología de los hechos y con las fotos que se acompañan al presente informe, las condiciones de salubridad del albergue de Villa Olímpica-Centroamericana-, no eran las idóneas para tener a las personas que regresaban al país. Además, las personas pasaron hacinadas, medida totalmente contraproducente a la recomendación médica. Es decir, el Gobierno con estas medidas provocó un deterioro grave de la salud e integridad personal del ingeniero Henríquez”, se afirma en el informe del Idhuca.
El Idhuca afirma que el gobierno le mintió a la víctima, ya que estableció un protocolo de actuación con algunas excepciones a la cuarentena no domiciliar de treinta días; una de las excepciones era las personas mayores de 60 años. Esta información fue publicada en la cuenta oficial de Casa Presidencial en Twitter, y es la misma que la Embajada de El Salvador en Guatemala le compartió al ingeniero Henríquez el día 12 de marzo.
Por eso el profesional accedió a ingresar al país, según su familia, confiado en que se iría a su casa a mantener la cuarentena domiciliar, pero no fue así.
“Al ingeniero Henríquez entre las 12 y 24 horas de su llegada no se le hizo ninguna evaluación médica y mucho menos la prueba del COVID-19 -esta no se la hicieron hasta el 27 de marzo de 2020. Sin prueba ni atención especial por su edad y los padecimientos de salud que tenía -hipertensión- fue privado de libertad y sometido a internamiento forzoso donde convivió en hacinamiento, con personas que venían de Europa -vía Panamá- y de Guatemala”, sostiene el Idhuca.
Para esta institución, el caso de esta víctima no es el primero en que alguien muere durante la cuarentena y cuya muerte implica serias responsabilidades estatales.
“Reflexionar sobre las deficiencias de un sistema de cuarentena que funciona con desorganización, sin transparencia con las personas y con claros signos de autoritarismo y falta de ética médica es imprescindible para salvar vidas. Tener un poco más de humildad y reconocer errores es mucho más propio de un gobierno democrático que empeñarse de denigrar la gestión de otros países y ocultar las propias debilidades”, finaliza el pronunciamiento.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/uca-coronavirus-idhuca-ingeniero-villa-olimpica/714601/2020/
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Basados en una metodología que permitió elaborar un cuestionario de 13 preguntas, el 97 las y los consultados expresaron que su principal preocupación es quedarse sin dinero; porque esto deriva en quedarse sin comida, sin trabajo, y contraer el virus por no poder permanecer en su casa, ya que tienen que salir a trabajar, en la mayoría de los casos, en la venta de artesanías y otros productos. Ello, además de la incertidumbre de perder la escuela.
Las niñas, niños y adolecentes, también piden “que todos los niños puedan seguir estudiando, pero no en televisión porque no se entiende. Que el presidente hable con los maestros y les diga que tuvieran clases por celular o dejarles libros con dinámicas nuevas”, dijo Teodoro, de 9 años.
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