Guerra Cívil

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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 9 de junio de 2019: hora tras hora (24×24)

Editores OVE

9 de junio de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 9 de junio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

00:00:00 – Chile: Piñera deja caer la educación pública

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311810

01:00:00 – ¿Un escape room con Gustavo Adolfo Bécquer? ¡Sí! ¡Es posible!

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311806

02:00:00 – México: Pollera o pantalón para ir a la escuela

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311895

03:00:00 – La autoridad docente no es horizontal

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311815

04:00:00 – Honduras: fracasan proyectos privatizadores de la Educación y la salud

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312001

05:00:00 – Cartas a quien pretende enseñar (Paulo Freire) / Infografía

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311826

06:00:00 – CEPAL: Educación técnico-profesional y autonomía económica de las mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311989

07:00:00 – Tres tiempos de la educación mexicana (II)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311025

08:00:00 – Libro: Panorama de la investigación-intervención educativa dentro del contexto instituciónal actual (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312028

09:00:00 – 13 herramientas de gamificación para tus alumnos #infografia #infographic #education

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311818

10:00:00 – Revista «Para Juanito». Revista de Educación Popular y Pedagogías Críticas. No. 18. Junio 2019 (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312065

11:00:00 – ¿Son los cursos en línea una solución real para una costosa educación tradicional? Un meta-análisis dice que no

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311992

12:00:00 – Ecuador: La calidad educativa prima en el Acuerdo Nacional por la Educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312017

13:00:00 – Adriana Puiggrós: “El deterioro del derecho a la educación se ve físicamente, pues tampoco se garantiza la salud”

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312007

14:00:00 – La gestión del aula: es necesario cambiar de enfoque

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311998

15:00:00 – Educación: la silenciosa revolución de YouTube en la sala de clases

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311995

16:00:00 – 15M en Brasil: un tsunami en la educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312010

17:00:00 – EduGame Day: descubriendo la herramienta educativa del futuro

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311986

18:00:00 – Plantar 10 árboles: el requisito de grado de los estudiantes en Filipinas

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312004

19:00:00 – Plagio e incumplimiento de requisitos en candidatos para integrar Organismo para la Mejora Continua de la Educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311901

20:00:00 – Brasil: preocupación por el recorte del 42% en ciencia y tecnología

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311907

21:00:00 – La pedagogía Freinet celebra su 50 aniversario en Bañuelos

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311910

22:00:00 – Chile: Profesores de todo el país continúan las marchas y el paro indefinido

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311904

23:00:00 – Colombia: Explicación Pedagógica Acuerdos Fecode – MEN 1 – Reforma Constitucional al SGP

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/311898

En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

ove/mahv

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Nepal: Mujeres con dos opciones: desempleo o explotación

Noticias

Redacción: El País

Con un paro de casi el 20% entre los jóvenes, unos 1.600 habitantes de Nepal emigran a diario hacia países del Golfo o Malasia en busca de trabajo. Sus remesas suman más del 30% del PIB pero en condiciones laborales esclavistas

“He pasado mi vida cosiendo ropa que vendía en el mercado. Emigré para a trabajar como limpiadora y costear la educación de mis hijas. Pero nunca me pagaron lo acordado”, lamenta Sangita Gwimire Shrestha, de 38 años. Regresó a Nepal a mitad de 2018 sin poder saldar la deuda con la que emigró a Dubai. Antes, un agente nepalí le engatusó con el mito de la ruta del oro a los países del Golfo y un sueldo de 360 euros mensuales, casi el cuádruple del salario mínimo en Nepal. La realidad fue otra. “Ganaba poco más de 700 dirhams [160 euros]. Me quejé y me aislaron en una habitación durante días”, detalla Sangita; que usó su informática básica para reservar un vuelo y escapar. “Otras no tienen esa suerte y siguen allí”. De vuelta a casa, el panorama no es halagüeño. Su marido está en paro y ella baraja enviar a sus hijas al extranjero en busca de empleo. Otra generación que huye de la inestabilidad enraizada en Nepal desde hace décadas.

Tras un comienzo de siglo de vaivenes políticos —guerra civil, asesinato de la familia real y cambio de régimen— la República de Nepal celebró las primeras elecciones de su corta democracia en 2017. Espoleada por los donantes internacionales, aprobó su Constitución en 2015 para tener un marco legal sobre el que reconstruir el país tras el terremoto que sacudió su territorio ese año dejando 9.000 muertos y 22.000 heridos. Pero su reparación física y económica se frena por la falta de materias primas y mano de obra cualificada.

Enrocado entre los dos titanes asiáticos, la diminuta nación del Himalaya importa casi todos sus bienes de India y China. Sin industria propia, el turismo mantiene la economía nacional mientras su mercado de trabajo se hunde. Con una tasa de desempleo de casi el 20% entre los jóvenes, alrededor de 1.600 nepalíes emigran diariamente. En la pasada década, el Departamento de Empleo Exterior expidió más de 3,5 millones de permisos de trabajo en un país de 40 millones de habitantes. Trabajadoras del sector doméstico y de la construcción dominan una oleada de migración laboral con destino a los países del Golfo y Malasia, principalmente.

Nepal es el cuarto del mundo con la mayor contribución de las remesas a su economía.

“La vida de las trabajadoras en el extranjero ha mejorado algo. Particularmente en Catar, tras la concesión del Mundial de Fútbol de 2022”, explica Nisha Baniya, abogada y secretaria de migraciones en la Federación General de Sindicatos Nepalíes. Durante años, grupos de derechos humanos han denunciado el trato a los dos millones de migrantes en Catar (el 95% de su mano de obra); de los que 100.000 son nepalíes. La presión internacional ha hecho que el Gobierno catarí tome medidas. A finales de 2017, prometió abolir el sistema kafala; acuerdo común en países de Oriente Medio por el que se requisa el pasaporte de los empleados, a los que se les priva de libertad. En 2018, se abrió la primera oficina de la Organización Mundial del Trabajo en Doha para mejorar las condiciones laborales. “Las autoridades intentan solucionar estos aspectos, pero los agentes de Nepal y Catar no colaboran. Las estafas proliferan”, advierte Baniya en referencia al número de agencias de contratación surgidas en Nepal, al calor del efecto llamada.

La sangría de trabajadores emigrados es tal que el dinero que envían a sus familias en Nepal se ha convertido en piedra angular de la economía nacional. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las remesas de esos trabajadores alcanzaron los 5.400 millones de euros en el año fiscal 2016-2017. Esto supone el 31,3% del PIB nacional y convierte al pequeño país asiático en el cuarto del mundo con la mayor contribución de estos envíos. Su nueva riqueza es visible en muchas aldeas; transformadas en municipios con escuelas privadas, clínicas y tiendas.

Al olor del negocio, las agencias multiplican su presencia en el destino de este flujo monetario: áreas rurales empobrecidas y semillero de desempleados desesperados. “Tenemos una deuda de 70.000 rupias [550 euros] y un préstamo que pagar por nuestra casa. La antigua desapareció con el terremoto”, cuenta Bimbval Pariyar, de 31 y natural de Gorkha, donde se registró el epicentro del temblor de 2015. “Llegué a un acuerdo con un agente local, que me llevó a Dubai cuando el Gobierno lo había prohibido. No me pagaron lo acordado y regresé gracias a los contactos de mi marido”. El estudio de la OIM también indica que los trabajadores migrantes registraron 7.500 casos de fraudes durante los procesos de contratación en los últimos tres años.

La legislación actual ignora a las trabajadoras migrantes, aunque ellas aportan el 11% del total de las remesas que sostienen el PIB de Nepal.

“El dinero que pagué a la agencia no sirvió de nada y el tratamiento que pude costearme en el hospital de Dubai fue muy precario. Volví a Nepal para no perder mi brazo”, explica S. L. D, mostrando los vendajes que cubren parte de su cuerpo. Una explosión a causa de un escape de gas estuvo a punto de acabar con la vida de esta trabajadora de la limpieza —que prefiere permanecer en el anonimato— durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos. Aunque los 400 euros que pagó a la agencia de contratación incluían el permiso de trabajo y un seguro, la compañía que la empleaba se negó a renovar su contrato tan pronto como estalló su problema. “Me pagaban menos de la mitad de lo acordado. Así que extendí mi visado y trabajé sin contrato durante los dos últimos años para poder liquidar la deuda con la agencia”, explica. Atrapada en un callejón sin salida, S. L. D. teme volver a su aldea al sureste de Nepal; donde le esperan sus acreedores y los rumores sobre la falta de castidad que persiguen a toda mujer asiática que ha trabajado en un país del Golfo.

Sin control ni regularización, la prohibición genera redes de tráfico

En 2017, más de 2.000 denuncias por irregularidades llevaron a Nepal a cancelar los permisos de trabajo a Malasia; donde hay 400.000 nepalíes documentados. Ya en 2015, se redujo de 445 a 74 euros la cuantía máxima para la tramitación de empleos. Pero el Gobierno de Malasia exigía la participación de agencias privadas; que pedían sumas desorbitadas a sus clientes aunque declaraban solo la parte legalmente impuesta. Según el Centro de Periodismo de Investigación de Nepal, los trabajadores migrantes pagaron hasta 34 millones de euros extra por sus contrataciones en Malasia en los últimos cinco años.

“La prohibición no es remedio”, insiste Bijaya Shrestha desde Amkas; refugio de trabajadoras que regresan a Nepal: “El Gobierno tiene buenas intenciones, pero genera más ilegalidades”. Shrestha hace referencia al reciente veto impuesto por Nepal a empleadas del sector doméstico en los países del Golfo. Antes ya se restringió la edad mínima para obtener permisos de trabajo, sin evitar el éxodo de 20.000 mujeres en 2017. “Desde que hay límites a los permisos [de empleo], viajo por periodos de tres meses con visados de turista con agencias no registradas”, explica Sabina Sahi, de 27 años y quien ha trabajado como bailarina en Dubai, Sudáfrica y Catar. “Nos dan 100.000 rupias [787 euros] por adelantado. Pero tenemos que devolver el dinero como sea, incluso durmiendo con los clientes. Por suerte, yo nunca he tenido que hacerlo”, confiesa Sabina, que espera a que su bebé de año y medio crezca para volver a emigrar en busca de trabajo como bailarina.

S. L. D. muestra sus vendajes. Una explosión por un escape de gas estuvo a punto de acabar con su vida durante su estancia en Dubai.
S. L. D. muestra sus vendajes. Una explosión por un escape de gas estuvo a punto de acabar con su vida durante su estancia en Dubai. ÁNGEL L.MARTÍNEZ CANTERA

La ONU ha denunciado la medida del Gobierno de Nepal por ser origen del “tráfico de personas” a India; país con el que comparte frontera abierta y usado por agentes como puente a empleos fraudulentos. “Pagué 30.000 rupias a un funcionario para que me llevase a Kuwait, aunque estaba prohibido”, relata M. G, que regresó a Nepal hace poco menos de un año; embarazada del agente que fue su violador. “Solo trabajé tres meses como limpiadora en una casa en Kuwait. Cuando mis empleadores notaron mi estado, me enviaron de vuelta”, resume, obviando los seis meses de secuestro en India. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Katmandú, uno de los trabajadores sociales de Amkas la rescató del círculo vicioso que espera a las mujeres de zonas rurales en la capital nepalí, como empleadas en alguno de los prostíbulos de la zona centro de la ciudad.

“Casi todas las mujeres que rescatamos proceden de las zonas montañosas de Nepal. Regresan mentalmente destrozadas y no conocen la realidad de Katmandú, por lo que acaban siendo presas de las redes de tráfico también aquí”, explica Bijaya Shrestha, cuyo refugio acogió a unas 225 mujeres en solo 10 meses. Algunas embarazadas como M. G.; cuyo bebé fue dado en adopción y quien teme volver a su pueblo en la frontera con China, donde solo le esperan los usureros y el rechazo de su comunidad. En vez de prohibiciones, Shrestha exige a Nepal que ratifique la Convención sobre Trabajo Doméstico y que revise la Ley de Empleo en el Extranjero. La legislación actual ignora a las trabajadoras migrantes, aunque ellas aportan el 11% del total de las remesas que sostienen el PIB de Nepal; dependiente del empleo irregular y explotador en el extranjero.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/02/05/planeta_futuro/1549384355_464907.html

 

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Venezuela: Derrotar el golpe antes de que se transforme en invasión o guerra civil!

Guillermo Almeyra

Por: Guillermo Almeyra.

 

1) El golpista Juan Guaidó se proclamó presidente sin siquiera contar con el acuerdo con los demás opositores. Representa sólo a su grupo creado y protegido por Washington.2) Trump y sus asesores amenazaron reiteradamente con una intervención militar en Venezuela que, dadas las dificultades que encuentra Trump en el Congreso, adoptaría la forma de una invasión de mercenarios desde Colombia con “asesores” estadounidenses y apoyo logístico de Washington.

3) Guaidó, para un golpe militar en Venezuela, cuenta con muy poco pues su capacidad de reclutamiento es escaso incluso debido a la emigración de tres millones de venezolanos jóvenes y activos y que pudieron pagar el exilio y la instalación en países lejanos y que en su mayoría lo habrían apoyado. Por eso pide la intervención de Estados Unidos, con el apoyo de prácticamente toda la prensa latinoamericana en manos de la derecha.

4) La “fuerza” de Guaidó reside en que en las Fuerzas Armadas Bolivarianas hay un sector minoritario importante que no soporta más el desastre económico y social creado por la incapacidad del gobierno, con el cual Guaidó está negociando entre bambalinas para garantizar a esos militares el mantenimiento de sus privilegios (que piensa anular apenas pueda).

5) El objetivo del golpe es un gobierno de “unidad nacional” entre los agentes del imperialismo apoyados militarmente por Estados Unidos y la derecha de los militares, en el cual éstos pesarían muy poco y podrían ser arrojados por la borda en cualquier momento oportuno.

6) Venezuela no tiene un gobierno “socialista”. Es un país con capitalismo de Estado en el cual la boliburguesía en el gobierno tiene los mismos intereses de clase que la gran burguesía transnacional y que la mísera burguesía nacional “compradora” y sus marionetas. Ese es el pegamento para el “gobierno de unidad nacional”.

7) Es cosa de locos decir “No al golpe”. El golpe ya lo dieron y falta aún ver si el mismo puede terminar de modo cruento con una guerra civil y una invasión o si será un golpe de Estado con el apoyo de los militares a quienes Washington quiere comprar. Lo que hay que discutir es cómo derrotar el golpe y limpiar de traidores las Fuerzas Armadas, yendo a los cuarteles para armar batallones obreros como hicieron los españoles en 1936.

8) Los trabajadores no han intervenido espontáneamente ni organizado nada en modo independiente porque están desesperados por las consecuencias de la políticas económicas de Maduro y porque tanto Chávez como sobre todo Maduro reprimieron sus huelgas y manifestaciones de independencia y los sometieron al control del gobierno y del Estado.

9) Chávez y Maduro, mostrando su confianza en el capitalismo y con total ceguera estratégica, hacían refinar el petróleo venezolano en Estados Unidos, tenían en ese país su principal empresa (ahora expropiada por Trump) y sus reservas en oro estaban en países imperialistas. Maduro ha dado amplias concesiones en el Orinoco a empresas petroleras de EE.UU. Ni él ni Chávez tocaron las bases del capitalismo en Venezuela y Chávez murió antes de poder desarrollar su intento de organización de un poder popular paralelo, que fue asfixiado por Maduro. El estatalismo es tal que Chávez expulsó disidentes del PSUV antes mismo de que éste se organizase y tuviese estatutos. El PSUV es una simple máquina electoral ineficiente (Maduro obtuvo en las últimas elecciones presidenciales menos votos que el número de inscriptos que declara el PSUV). El descontento popular y la subordinación al Estado impiden una respuesta independiente de los trabajadores al golpe en curso. Sin embargo, tanto en caso de un golpe de Estado pro Guaidó de un sector de las FAB como en el de una invasión, sectores importantes de los trabajadores se movilizarán pese a todo y resistirán como puedan.

10) ¡Derrotemos el golpe antes de que se transforme en una invasión o en una guerra civil! ¡Impidamos las negociaciones secretas entre Maduro y los golpistas agentes del imperialismo! ¡Cortemos los puentes en la burguesía tradicional y la boliburguesía!¡El fusil en manos de los trabajadores es la garantía de democracia y de una inmediata adopción de medidas anticapitalistas! ¡Los cuarteles son del pueblo y deben armar al pueblo! ¡Suspender el pago de la deuda hasta una auditoría general de la misma, el restablecimiento del abastecimiento popular en productos de primera necesidad y el funcionamiento de un eficaz sistema de salud! ¡Estatización y centralización de los bancos para evitar la fuga de divisas! ¡Expropiación de las palancas de la economía y funcionamiento de las mismas en autogestión obrera dentro de un plan nacional consensuado! ¡No a las vacilaciones de Maduro que alientan a los huelguistas, cárcel para Guaidó, elección bajo control popular de diputados revocables por asambleas para que un Consejo Nacional de Diputados convoque elecciones generales!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=252391

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EEUU: The constitutional right to education is long overdue

Reseñas

América del Norte/EEUU/Diciembre 2017/https://theconversation.com/

 

Public school funding has shrunk over the past decade. School discipline rates reached historic highs. Large achievement gaps persist. And the overall performance of our nation’s students falls well below our international peers.

These bleak numbers beg the question: Don’t students have a constitutional right to something better? Many Americans assume that federal law protects the right to education. Why wouldn’t it? All 50 state constitutions provide for education. The same is true in 170 other countries. Yet, the word “education” does not appear in the United States Constitution, and federal courts have rejected the idea that education is important enough that it should be protected anyway.

After two decades of failed lawsuits in the 1970s and ‘80s, advocates all but gave up on the federal courts. It seemed the only solution was to amend the Constitution itself. But that, of course, is no small undertaking. So in recent decades, the debate over the right to education has mostly been academic.

The summer of 2016 marked a surprising turning point. Two independent groups – Public Counsel and Students Matter – filed lawsuits in Michigan and Connecticut. They argue that federal law requires those states to provide better educational opportunities for students. In May 2017, the Southern Poverty Law Center filed a similar suit in Mississippi.

At first glance, the cases looked like long shots. However, my researchshows that these lawsuits, particularly in Mississippi, may be onto something remarkable. I found that the events leading up to the 14th Amendment – which explicitly created rights of citizenship, equal protection and due process – reveal an intent to make education a guarantee of citizenship. Without extending education to former slaves and poor whites, the nation could not become a true democracy.

Why a federal right to education matters

Even today, a federal constitutional right to education remains necessary to ensure all children get a fair shot in life. While students have a state constitutional right to education, state courts have been ineffective in protecting those rights.

Without a federal check, education policy tends to reflect politics more than an effort to deliver quality education. In many instances, states have done more to cut taxes than to support needy students.

And a federal right is necessary to prevent random variances between states. For instance, New York spends US$18,100 per pupil, while Idaho spends $5,800. New York is wealthier than Idaho, and its costs are of course higher, but New York still spends a larger percentage on education than Idaho. In other words, geography and wealth are important factors in school funding, but so is the effort a state is willing to make to support education.

And many states are exerting less and less effort. Recent data show that 31 states spend less on education now than before the recession – as much as 23 percent less.

States often makes things worse by dividing their funds unequally among school districts. In Pennsylvania, the poorest districts have 33 percent lessper pupil than wealthy districts. Half of the states follow a similar, although less extreme, pattern.

Studies indicate these inequities deprive students of the basic resources they need, particularly quality teachers. Reviewing decades of data, a 2014 study found that a 20 percent increase in school funding, when maintained, results in low-income students completing nearly a year of additional education. This additional education wipes out the graduation gap between low- and middle-income students. A Kansas legislative study showed that “a 1 percent increase in student performance was associated with a .83 percent increase in spending.”

These findings are just detailed examples of the scholarly consensus: Money matters for educational outcomes.

The new lawsuits

While normally the refuge for civil rights claims, federal courts have refused to address these educational inequalities.  In 1973, the Supreme Court explicitly rejected education as a fundamental right. Later cases asked the court to recognize some narrower right in education, but the court again refused.

After a long hiatus, new lawsuits are now offering new theories in federal court. In Michigan, plaintiffs argue that if schools do not ensure students’ literacy, students will be consigned to a permanent underclass. In Connecticut, plaintiffs emphasize that a right to a “minimally adequate education” is strongly suggested in the Supreme Court’s past decisions. In Mississippi, plaintiffs argue that Congress required Mississippi to guarantee education as a condition of its readmission to the Union after the Civil War.

While none of the lawsuits explicitly state it, all three hinge on the notion that education is a basic right of citizenship in a democratic society. Convincing a court, however, requires more than general appeals to the value of education in a democratic society. It requires hard evidence. Key parts of that evidence can be found in the history of the 14th Amendment itself.

The original intent to ensure education

Immediately after the Civil War, Congress needed to transform the slave-holding South into a working democracy and ensure that both freedmen and poor whites could fully participate in it. High illiteracy rates posed a serious barrier. This led Congress to demand that all states guarantee a right to education.

In 1868, two of our nation’s most significant events were occurring: the readmission of southern states to the Union and the ratification of the 14th Amendment. While numerous scholars have examined this history, few, if any, have closely examined the role of public education. The most startling thing is how much persuasive evidence is in plain view. Scholars just haven’t asked the right questions: Did Congress demand that southern states provide public education, and, if so, did that have any effect on the rights guaranteed by the 14th Amendment? The answers are yes.

Poster with text from the reconstructed Constitution depicting African-American leaders in Louisiana. At center is a full-length portrait of Oscar J. Dunn, lieutenant governor of Louisiana, seated at a desk. Surrounding him are 29 portraits of African-American delegates to the Louisiana Constitutional Convention of 1868. Know Louisiana

As I describe in the Constitutional Compromise to Guarantee Education, Congress placed two major conditions on southern states’ readmission to the Union: Southern states had to adopt the 14th Amendment and rewrite their state constitutions to conform to a republican form of government. In rewriting their constitutions, Congress expected states to guarantee education. Anything short was unacceptable.

Southern states got the message. By 1868, nine of 10 southern states seeking admission had guaranteed education in their constitutions. Those that were slow or reluctant were the last to be readmitted.

A newly freed African-American group of men and a few children pose near a canal against the ruins of Richmond, Virginia. Photo made after Union troops captured Richmond on April 3, 1865. Everett Historical/Shutterstock

The last three states – Virginia, Mississippi and Texas – saw Congress explicitly condition their readmission on providing education.

The intersection of southern readmissions, rewriting state constitutions and the ratification of the 14th Amendment helps to define the meaning of the 14th Amendment itself. By the time the 14th Amendment was ratified in 1868, state constitutional law and congressional demands had cemented education as a central pillar of citizenship. In other words, for those who passed the 14th Amendment, the explicit right of citizenship in the 14th Amendment included an implicit right to education.

The reasoning of both Congress and the state conventions was clear: “Education is the surest guarantee of the … preservation of the great principles of republican liberty.”

The rest is history. Our country went from one in which fewer than half of states guaranteed education prior to the war to one in which all 50 state constitutions guarantee education today.

The new cases before the federal courts offer an opportunity to finish the work first started during Reconstruction – to ensure that all citizens receive an education that equips them to participate in democracy. The nation has made important progress toward that goal, but I would argue so much more work remains. The time is now for federal courts to finally confirm that the United States Constitution does, in fact, guarantee students the right to quality education.

Fuente: https://theconversation.com/the-constitutional-right-to-education-is-long-overdue-88445

Fuente imagen :

 

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Colombia: ¿Existe un genocidio en curso contra los líderes sociales?

Revista Insurección

Por: revista insurrección

ada día llegan noticias de nuevas amenazas y varias veces a la semana de más homicidios. El liderazgo social sigue poniendo muertos. El asesinato de personas de la Unión Patriótica (UP) en los años ochenta y noventa del siglo anterior, fue posteriormente calificado jurídicamente como Genocidio. No se trata del uso político de la palabra “genocidio”, que también podría ser válido; sino de su uso jurídico.

Genocidio no es necesariamente asesinatos, de hecho hay dos casos, en el Derecho Internacional en que puede que no haya ni un solo muerto, pero hay Genocidio:

a) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

b) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Esta práctica en sí, no produce la muerte de miembros del grupo, sino que afecta la supervivencia del grupo en cuanto grupo, y esto también se considera Genocidio. En el mismo sentido, un Genocidio no se define por un número determinado de muertos; decir que van pocos o muchos líderes sociales asesinados, no es un argumento.

Según el derecho internacional:

“Se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Las más de 500 amenazas enviadas en el ultimo año contra lideres del movimiento social, tienen graves repercusiones en la integridad física y psicológica de estos, a tal punto que constituyen tortura.

Colombia ha firmado y ratificado la “Convención para la prevención y sanción del crimen de Genocidio” y por tanto sus definiciones y categorías son obligatorias. Dos cuestiones son relevantes relacionadas con el uso de esta palabra en el marco del conflicto: Primero ¿existe la citada “intención de destruir” al liderazgo social o es un supuesto populista? Segundo, ¿qué significa exactamente “destruir?” ¿se refiere a destrucción física o existe un significado más allá de éste?

El problema es la demostración de “la intención”, pero no es suficiente decir que la intención simplemente no existe. De acuerdo con las Naciones Unidas:

“El elemento necesario de intención puede ser deducido de hechos suficientes. En ciertos casos, existirá la evidencia de acciones u omisiones en tal grado que el acusado pueda razonablemente ser asumido como consciente de las consecuencias de su conducta, lo cual lleva al establecimiento de la intención”.

Así que el camino es analizar las consecuencias de la aplicación de determinada política.

Examinemos, primero, la realidad del asesinato de los líderes. Desde enero de 2016, han sido asesinados 186 personas que son parte del liderazgo social. En lo que va del año, hasta julio 5 de 2017, según la Defensoría del Pueblo, ya van asesinados 52 líderes sociales. Además, los datos disponibles, permiten afirmar que por cada líder asesinado hay 10 personas amenazadas de muerte.

En segundo lugar, miremos si tales crímenes son o no sistemáticos, lo que se conecta con un plan. Es decir, un plan presupone una intención. El análisis del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, titulado: “Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales”, sostiene que:

“Los 500 eventos de victimización registrados en nuestra base de datos no corresponden a personajes anónimos, o provenientes de mundos ajenos al de todos los colombianos. Son personas con trayectorias análogas a las de miles de nosotros, que construyeron su vocación de liderazgo a brazo partido y a menudo en condiciones tremendamente hostiles”.

Luego de un minucioso análisis, los autores concluyen que: “el fenómeno Sí es sistemático. Apabullantemente sistemático. Mirando desde tres perspectivas -semántica, jurídica y estadística- llegamos a la conclusión de que simplemente no es verosímil escamotearle su sistematicidad” [*].

Es decir, aquí la intención es la de destruir al movimiento social, silenciarlo y que sus miembros abandonen sus luchas, se plieguen al sistema y no pretendan modificarlo. Las amenazas y judicializaciones no son indiscriminadas y los asesinatos tampoco. Estas lesiones han sido producidas selectivamente contra integrantes de organizaciones sociales, cívicas, afrodescendientes, campesinas, indígenas, sindicales, ambientalistas, de mujeres y de derechos humanos, entre muchas otras, en el marco de una lucha contrainsurgente previamente concebida.

Tercero, miremos la respuesta del Estado. Esta se puede mostrar en varios niveles:

a) Negar la existencia del victimario: decir que los paramilitares no existen como tal.

b) Tratar de negar los asesinatos, reduciéndolos a hechos aislados o a delitos comunes inconexos entre ellos.

c) Negar los casos en los cuales hay connivencia de agentes del Estado. d) Hacer creer que la omisión no es un delito, que el Estado no tiene ninguna responsabilidad por los crímenes que no ha cometido de manera directa.

No creemos que el debate sobre el nombre de los perpetradores (que si paramilitares, neo-paramilitares, herederos o Bacrim) sea lo esencial, ni tampoco la respuesta estatal de presentar como una constante los pocos casos, en los cuales la muerte de una persona líder corresponde a un hecho aislado. Eso ofende la inteligencia y la razón. El debate debe hacerse sobre la realidad.

De lo anterior podemos concluir varias cosas:

a) Al liderazgo social sí lo están matando en Colombia;

b) Esas muertes sí son sistemáticas, lo que quiere decir que obedece a unas acciones deliberadas que implican un grado de planeación;

y c) El Estado, ya sea por acción o por omisión, sí tiene una responsabilidad directa en ese plan sistemático de eliminación del liderazgo social que busca su exterminio. La impunidad, la omisión y ciertas medidas militares (apoyando a los perpetradores) indican claramente la “intención de destruir”.

La doctrina del “enemigo interno” dicta la eliminación de opositores del régimen, así el gobierno diga que no persigue destruir al liderazgo social, pero las consecuencias de sus actos contribuyen a su destrucción como grupo, como pasó con la UP. Luego, esto es Genocidio. Es imposible, a la luz de los hechos, evadir la conclusión de que el Estado colombiano trata de destruir al liderazgo social en cuanto comunidad, en cuanto colectivo. Por tanto, la categoría Genocidio puede y debe ser aplicada en este caso.

Nota:

[*] Francisco Gutiérrez, Margarita Marín, Francy Carranza. Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales. Reporte semestral del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria; Programa en Red de la universidades Nacional, Rosario, Norte, Sinú y Sergio Arboleda. Bogotá, Junio de 2017. www.observatoriodetierras.org.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229494&titular=%BFexiste-un-genocidio-en-curso-contra-los-l%EDderes-sociales?-

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Lo fundamental de combatir el analfabetismo y el subdesarrollo hasta en guerras como la de Somalia

Ibercampus.es

Por: Ibercampus.es

En todos los conflictos niños y niñas son principales afectados, y la guerra civil de la República Islamica de Somalia no es una excepción. A pesar de enormes esfuerzos realizados por la comunidad internacional a corto plazo, el conflicto no parece llegar a su fin.Cada vez más las consecuencias se hacen evidentes: violaciones de Derechos Humanos, hambrunas, falta de educación y de sanidad, etcétera. Pero instituciones públicas como UNESCO y otras privadas no renuncian a acciones alfabetizadoras.

Fardowsa es una de las jóvenes que se beneficiaron de un proyecto de alfabetización y de competencias a lo largo de toda la vida financiado por la Fundación Qatari Al Maktoum e implementado por la UNESCO en Somalia. Perdió a sus dos padres muy joven y vive actualmente con personas allegadas de su familia.

Debido a los disturbios civiles y a las rivalidades enconadas entre diferentes clanes del país, Fardowsa no tuvo oportunidad de aprender y de acceder a la enseñanza durante su infancia. Sólo tenían acceso a la enseñanza básica algunas personas que disponían de los medios necesarios, ya que la mayor parte de las instituciones educativas eran privadas.

«A pesar de los múltiples ataques y atentados que han ocurrido cerca de nuestro centro educativo comunitario seguiré cumpliendo mi sueño de completar mi educación y de obtener mis propios medios de subsistencia”, dice a UNESCO.

La guerra civil empezó cuando el presidente pro norteamericano Mohamed Siad Barre fuera derrocado en 1991, una vez que se habían concedido derechos de exploración petrolera sobre dos tercios del territorio a las compañías Conoco, Amoco, Chevron y Phillips.

La inexistencia aún hoy de un gobierno estable en el sur y en el centro de Somalia hacía imposible la prestación de servicios educativos para niños como Fardowsa. Gracias a amigos cercanos ella pudo enterarse de la posibilidad de realizar estudios en un centro educativo comunitario de Mogadiscio, con el respaldo de la Fundación Al Maktoum, de la UNESCO y del Ministerio de Educación. “Un día, mientras me dirigía hacia el mercado, un amigo me habló de esta oportunidad que ofrecía el Centro Nacional de Capacitación Comunitaria de Mujeres de Somalia. Me inscribí enseguida en los cursos de lectoescritura, cálculo e iniciativa empresarial de dicho centro”.

Fardowsa no da por sentado lo adquirido. Contempla el futuro con optimismo y quiere profundizar en sus estudios para mejorar su calidad de vida.

El nivel de alfabetización en Somalia

Somalia posee una de las tasas de escolarización de niños más bajas del mundo. Sus 4,4 millones de niños sin escolarizar constituyen a proximadamente la mitad de la población de un país que cuenta con 9,2 millones de personas. Sólo cuatro de cada diez niños están escolarizados. El país está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa como única vía para fomentar una educación normalizada de calidad en aras de la alfabetización y adquisición de las competencias necesarias a lo largo de toda la vida, lo que contribuye a mejorar el acceso a la educación y a la equidad en el ámbito de la alfabetización de dichos niños.

La cuestión de la seguridad en la capital, Mogadiscio, y en el resto del país, sigue siendo inestable y peligrosa. Los ataques terroristas, a menudo perpetradosmediante ataques suicidas, son frecuentes en toda Somalia. Por ello, para jóvenes como Fardowsa resulta difícil acceder a un centro educativo comunitario y asistir a los cursos.

Fardowsa afirmó: “Estoy muy agradecida a la Fundación Al Maktoum, al Ministerio de Educación, a la UNESCO y al Centro Nacional de Mujeres de Somalia por haberme brindado esta segunda oportunidad”.

La UNESCO ha estado en la vanguardia de los esfuerzos mundiales de alfabetización desde 1946 al promover la visión de un mundo alfabetizado para todos.

Fuente: http://www.ibercampus.es/lo-fundamental-de-combatir-el-analfabetismo-y-el-subdesarrollo-hasta-en-35076.htm

 

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Guerra civil en Sudán del Sur crea otra generación perdida

Noticias

Sudán del Sur/10 de Abril de 2017/La Hora

Santo, de seis años, viste orgulloso una camiseta de Harvard como si acabara de ser aceptado en la prestigiosa universidad. Pero las letras estropeadas, las capas de suciedad y los agujeros revelan más sobre el futuro del joven refugiado.

Tras huir de la guerra civil iniciada en Sudán del Sur hace tres años, Santo y su familia se ven en el endeble asentamiento de Bidi Bidi, en el norte de Uganda, con cientos de miles de personas que protagonizan la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en el mundo.

El padre de Santo, Godfrey Moro, describió las desoladoras condiciones en las que vive su hijo: no hay escuela, ni electricidad o agua corriente. La comida escasea y hay poca protección del sol abrasador.

Mientras Moro hablaba con The Associated Press, el pequeño se mordisqueaba las manos para distraerse.

“La guerra ha afectado a estos niños de muchas maneras”, dijo Moro.

Sudán del Sur es conocida por sus “niños perdidos”, unos 20 mil huérfanos que huyeron a pie del sur de Sudán en la década de 1980 durante la lucha por la independencia de la región. Tres décadas más tarde, el joven Santo forma parte de otra generación perdida. Su país, apenas mayor que ellos, se ha visto desgarrado por la violencia.

El personal de Naciones Unidas alerta del riesgo de limpieza étnica, y sus datos describen un sombrío paisaje de inocencia perdida: Más de 200 mil niños corren peligro de muerte por falta de comida. Más de 17 mil han sido niños soldados para el gobierno o para algún grupo rebelde. Un funcionario de la ONU expresó una creciente preocupación por los suicidios de menores en los abarrotados campos de desplazados que gestiona la ONU en Sudán del Sur, en condiciones penosas.

Las autoridades sursudanesas reconocen el nivel del desafío.

“Las escuelas quedaron en ruinas, algunas ocupadas por bandos combatientes, las muertes de inocentes son rampantes”, comentó en un correo electrónico Michael Lopuke, subsecretario del Ministerio de Educación.

Joyce y Florence son dos chicas adolescentes en el asentamiento de refugiados de Bidi Bidi, al que han llegado más de 270 mil personas desde julio, cuando la violencia volvió a estallar en la capital de Sudán del Sur. Las dos perdieron a sus padres en septiembre, en asesinatos por motivos étnicos. Ambas encontraron una familia de acogida en Moro, su esposa y sus hijos.

Cuando les preguntan por qué los adultos pelean en su país, Joyce tuvo problemas para explicar las complejidades de una guerra que ha trastocado su vida. “No lo sé”, dijo con timidez.

Las dos forman parte de una creciente población de niños a los que la guerra civil ha dejado huérfanos. En torno al 25% de los estudiantes en el asentamiento de Bidi Bidi son huérfanos, según Amanda David, profesora jefa en una de las escuelas recién habilitadas. Muchos de los niños viven con familias de acogida.

Los niños estudian en un mosaico de grandes tiendas grises que sirven de aula. Hay más de 100 alumnos por maestro, sin material escolar, y muchos niños no reciben cuidados médicos o higiene adecuada en casa.

Aun así, los niños refugiados tienen más posibilidades de conseguir una educación que los que quedaron atrás. La ONU dijo el año pasado que en torno al 50% de los menores en Sudán del Sur, o 1,8 millones de niños, está sin escolarizar, la tasa más alta del mundo. Muchos profesores no han cobrado en meses.

El gobierno de Sudán del Sur dice estar comprometido con poner fin a la miseria de los niños. El presidente, Salva Kiir, dijo en agosto que pasa “noches en vela y paso cada momento del día pensando en el niño sursudanés que está hambriento en la aldea”.

Sin embargo, grupos observadores y otros han señalado que el gobierno de Sudán del Sur gasta unas 10 veces más dinero en su ejército que en educación, según el presupuesto nacional. Todos los bandos en la guerra civil siguen utilizando niños soldados, pese a las promesas de detener la práctica.

Un informe de Naciones Unidas describió el año pasado cómo el ejército sursudanés había atacado escuelas y describió “niños a los que se obligó a matar a civiles”. La ONU verificó que 430 niños en todo el país habían sido víctimas de violencia sexual por parte militares del país, y añadió que “según los registros, los chicos sufrieron castraciones y mutilaciones sexuales, mientras que las niñas que se resistieron a la violación fueron asesinadas”.

Un reporte interno de la ONU al que tuvo acceso Associated Press describió cómo funcionarios de Naciones Unidas habían visitado en marzo una escuela en la zona de Jongley que había sido tomada por una milicia local en la que había niños. Los funcionarios encontraron “rifles AK-47 y lanzagranadas apoyados contra la pared y junto a la puerta del aula”, según el informe.

A finales del año pasado, un grupo de niños y chicos jóvenes de entre 14 y 19 años dijeron a AP que habían sido secuestrados por soldados del gobierno en la localidad de Mayom y obligados a unirse al ejército.

Un chico de 14 años describió cómo había escapado a un campo de desplazados de la ONU.

“Quiero decirle a Salva Kiir que deje de reclutar soldados jóvenes”, dijo el chico. “Quiero unirme a los que van a la escuela”.

Fuente: https://lahora.gt/guerra-civil-sudan-del-sur-crea-otra-generacion-perdida/

 

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