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En el abandono, la educación de la niñez en la Montaña de Guerrero

Han pasado 23 años desde que autoridades y habitantes de la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, construyeran dos aulas de la Escuela Secundaria Técnica número 229 “Roberto Mejía Guzmán” para que estudiaran sus hijas e hijos.

Marcados por el olvido de las autoridades estatales y educativas, se organizaron para velar por el derecho de la educación de sus hijos. Después de varios años solicitando infraestructura para la escuela, en una asamblea del 2000 decidieron cooperar mil pesos por persona mayor de edad para la compra de materiales. El logro fue de la comunidad, sin la intervención de las autoridades que siempre estuvieron ausentes.

De acuerdo con las autoridades comunitarias la comunidad nahua se fundó en 1650. Desde el dominio colonial ha estado marginado. El poblado se encuentra a una hora de Tlapa. De un total de 741 habitantes, 193 son niños y niñas de 6 a 17 años; 18 tienen computadoras, 29 internet y línea telefónica, y 159 saben leer y escribir, es decir, el 21.5 por ciento. Menos de la mitad de las personas que viven en ese lugar tiene vivienda con piso de cemento, luz eléctrica, agua entubada, refrigerador y algunos electrodomésticos. Se cuenta con un preescolar, una primaria y una secundaria.

El 13 de febrero de 2024 el comité de padres de familia, integrado por el presidente Antonio Reyes, vicepresidente Aurelio Calleja, secretaria Leticia Méndez, tesorera Lucía Estrada y las vocales Antonia Rodríguez, María Guadalupe, Marcelina Gálvez, Eufemia Gálvez, Conrrada Rojas y Enahu Martínez, presentó una demanda de amparo ante el Juez de Distrito en la ciudad de Chilpancingo. Fue admitido con el número 236/2024 el 16 de febrero “en forma colectiva contra actos de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero y otras autoridades responsables” al afectar el derecho de la educación de 51 estudiantes.

El 22 de febrero de este año, un juez negó a los padres de familia la medida cautelar de contratar con urgencia a los maestros que impartan las materias de educación física, historia, geografía, formación cívica y ética “para que nuestros hijos no sigan perdiendo clases” y que las autoridades a la brevedad realicen un estudio técnico y un proyecto de seis aulas, una cancha de usos múltiples, una cancha de futbol y un centro de cómputo con computadores e internet.

Sin embargo, el 27 de febrero otro juez concedió la medida cautelar porque al negarse estaría afectando el derecho a la educación de las niñas y niños indígenas, pero las autoridades educativas a la fecha no han acatado la sentencia.

En 1997 se fundó la Escuela Secundaria Técnica número 229 “Roberto Mejía Guzmán” con clave 12DST0249D. Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, la comisaría municipal y la tienda CONASUPO. Los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrió a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes en la oficina del gobernador del Estado de Guerrero para aulas y muebles nunca los atendieron.

Ante la desatención sistemática de las autoridades las familias se organizaron en el 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaria municipal. Cada año se les solicitaba a las autoridades educativas que construyeran un aula, pero prevaleció la inacción. “Nuevamente nos cooperamos económicamente para comprar materiales para la construcción de dos aulas más sobre las que ya estaban”. Un aula es al mismo tiempo bodega, sala de juntas, biblioteca escolar y oficina de dirección. Otra se usa para comedor del albergue y también sirve para reunión de padres de familia.

En el 2013 se gestionó con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más para la Escuela Secundaria Técnica, pero sólo se comprometió con una, argumentando que les corresponde a las autoridades educativas. Al no quedarles alternativa volvieron a cooperar para hacer una mezcla de recursos con el presidente municipal y sólo así se construyeron otras dos aulas.

En la actualidad, “el primer edificio que construimos en el 2001 para la escuela se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto, se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”.

El 27 de septiembre de 2023 el comisario municipal, el comité de padres de familia y la directora de la secundaria realizaron una solicitud oficial con número 15/2023-2024 a Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación Guerrero, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética, la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet, 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares de secundaria técnica. No hubo respuesta.

También dirigieron un oficio a Benjamín Guinto Nava, Director General del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), para solicitar la construcción de tres aulas y una dirección, la realización de un dictamen para que certifique el estado real del edificio, constituir el expediente y atender de manera urgente las necesidades de infraestructura de la escuela. El funcionario les pidió un acta de asamblea general de comuneros que le fue entregada para iniciar los trabajos. Personal del IGIFE fue en junio de este año, pero no volvieron para darle seguimiento.

Las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional donde señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Este principio constitucional obliga a las autoridades a trazar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación sin que las madres y padres tengan que gastar para que sus hijos estudien. Las niñas y niños deben tener suficientes maestros, aulas adecuadas y en buenas condiciones, becas, alimentos y todo lo necesario para su aprendizaje.

Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otras autoridades permanecen ausentes. Lejos de proteger el derecho superior de la niñez ponen trabas para garantizarlo. Lamentablemente a las autoridades no les interesa la educación de las niñas y niños indígenas de la Montaña.

Fuente de la información e imagen: Tlachinollan

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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Casa-Residencia Artística Gusanos de la Memoria

Inician la construcción de la “Casa-Residencia Artística Gusanos de la Memoria” en La Montaña, Guerrero, espacio que busca generar diálogo entre intelectuales y comunidades indígenas de la zona

Gusanos de la Memoria

www.gusanosdelamemoria.org

Malinaltepec, Guerrero, Mx., 23 de enero 2024. – Con la finalidad de crear un puente entre artistas, intelectuales, investigadores y las comunidades de la zona de La Montaña de Guerrero, la organización Gusanos de La Memoria A.C. inició la construcción de un espacio que servirá como residencia artística donde se impartirán talleres e intercambios de saberes con las juventudes e infancias de esta región, donde se concentra la mayor parte de la población indígena del estado de Guerrero.

El proyecto se anuncia como un espacio que funcionará como Residencia Artística, con la que se busca reforzar el trabajo en las comunidades de la Montaña de Guerrero. La “Casa-residencia Artística Gusanos de la Memoria” se ubicará en la comunidad de Llano de Heno, en el municipio de Malinaltepec, y será un lugar para hospedar artistas, creadores e investigadores de distintas disciplinas, quienes podrán impartir talleres o diferentes intercambios de saberes en torno a la literatura, música, fotografía, pintura, teatro, filosofías, entre otros. Y trabajarán principalmente con jóvenes e infancias de las comunidades cercanas.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer los conocimientos e incentivar a los jóvenes y niñes para que se acerquen, experimenten y aprendan desde diversas materias y les permitan expresarse a través del arte, el idioma propio, la filosofía y otros saberes. Esto en diálogo con artistas y pensadores de amplia y consolidada trayectoria en México y el extranjero. También se impartirán talleres sobre identidad, filosofía, historia, lengua y escritura propia y se mantendrá abierta para trabajar otros temas de relevancia para las comunidades.

Gusanos de la Memoria A.C. aprovecha este boletín para agradecer a la comunidad de Llano de Heno, por su confianza para realizar esta idea; a las autoridades de Bienes Comunales de Malinaltepec, por la donación de piedras y arena; a Cooperación Comunitaria ONG por su asesoría arquitectónica; y a NDNCollective por la Beca Imaginación Radical.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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México: Otorgan concesión a Radio Universidad Pueblo, en Guerrero

América del Norte/México:/08-09-2023/Autoría: Sergio Ocampo Arista/Fuente: www.jornada.com.mx

Chilpancingo, Gro. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, informó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) otorgó la concesión de uso público y a partir de este lunes, para que Radio Universidad pase a ser legalmente Radio Universidad Pueblo.

La concesión fue otorgada luego de 40 años de lucha. La concesión fue dada a conocer por la Universidad Autónoma en un comunicado, en el que se informó que el IFETEL otorgó a Radio Universidad la concesión, con lo que la radiodifusora universitaria operará con las siglas XHCPEV-FM y en el 101.9 del cuadrante para seguir dando voz a los universitarios y a la sociedad.

También señaló que «esta estación cuenta con seguridad jurídica y certeza legal. Con este hecho, la estación de la máxima casa de estudios tiene ahora seguridad jurídica y certeza legal, por lo que la radio seguirá siendo un espacio democrático donde todos pueden ejercer la libertad de expresión».

En tanto, el director de Radio Universidad Pueblo, Víctor Wences Martínez aseguró que la concesión es el resultado de una lucha histórica de parte de universitarios, los radioescuchas, y todos los sectores que han apoyado y creído en el proyecto de comunicación popular».

Recordó que la lucha por la «legalización», de la emisora viene prácticamente desde que salió al aire el 4 de mayo de 1982, durante el periodo de rector de José Enrique González Ruiz.

Incluso mencionó que en los años 1985-1987 la radio cerró sus puertas por presiones del entonces secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles condicionó a la Universidad el pago de salarios a cambio del cierre de la emisora.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/09/04/estados/otorgan-concesion-a-radio-universidad-pueblo-en-guerrero/

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El privilegio de incluir (apuntes sobre inclusión educativa en zonas rurales de México)

Por:

Este texto expone verdades por todos conocidas y ampliamente visibilizados pero que sigue siendo necesario decir.

Sabina Itzel Hermida Carrillo/Colectivo Educación Especial Hoy

Mientras en las grandes ciudades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey seguimos discutiendo si la educación debe ser especial, inclusiva, integradora o todas las anteriores, millones de personas con discapacidad en zonas rurales e indígenas no acceden a ningún tipo de formación, capacitación ni oportunidad de desarrollo.

Es urgente que dejemos de pensar al sistema educativo en función de lo que ocurre en nuestro entorno, que descendamos de nuestro privilegio, rompamos la burbuja del academicismo y enfrentemos la dura realidad: la inclusión educativa no es más que un listado de buenas intenciones y un discurso vacío.

Durante mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de trabajar y dialogar con maestros y maestras en formación y en servicio de estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco, Puebla y otros; he tenido que confrontarme con mis ideas, creencias y disculparme por pretender llevar el “mensaje de la inclusión y los derechos humanos” a lugares donde la principal preocupación es no morir de hambre o sobrevivir a la violencia.

Escuchar a los otros siempre nos abre el panorama y transforma nuestra perspectiva, al intercambiar experiencias sobre educación especial y discapacidad, llegué a las siguientes conclusiones:

  1. Las políticas educativas no son lo único que limita el acceso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad del sistema educativo, intervienen otros factores como: usos y costumbres, religión, prejuicios, machismo e ideologías dominantes.
  2. Si hablamos de educación especial, en la mayoría de las comunidades NO HAY ni un CAM, ni una USAER y mucho menos maestros especialistas; la atención específica y especializada no existe en las zonas más alejadas del país. De acuerdo con cifras oficiales, sólo 0.2 por ciento de escuelas en México cuenta con una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
  3. El concepto de “Discapacidad” sigue sonando ajeno para muchos, aunque en su familia haya una o varias personas con alguna condición; también se sigue percibiendo a las personas con discapacidad como “enfermos”, “angelitos” o resultado de un “castigo divino”.
  4. A la mayoría de los maestros en servicio y en formación les ha tocado atender al menos a un alumno con discapacidad y se han visto obligados a improvisar, seguir su instinto y utilizar lo que tienen a la mano.
  5. Las escuelas carecen de los servicios básicos, y en algunas comunidades dan clases en el campo o debajo de los árboles; es decir que el edificio escolar no existe, hablar de infraestructura accesible es un mal chiste en esos territorios.
  6. ¿Materiales adaptados? No los hay, no los conocen y no se hacen ilusiones de que alguna vez lleguen a sus escuelas. Recordemos que Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP afirmó en la entrevista que me concedió en noviembre de 2022 que no se tiene programado aumentar la oferta de materiales para personas con discapacidad.

La lista de carencias, barreras y omisiones del Estado es infinita, la pregunta es: ¿En esas condiciones cómo hablar de inclusión educativa, social o de cualquier otro tipo?

Derivado de mis charlas con los docentes de esas comunidades, identifiqué factores que obstaculizan o impiden el acceso a la educación de nuestro colectivo. Lo que expongo en este texto no es nuevo, son verdades por todos conocidas, todos sabemos que hablar de inclusión es un privilegio, incluso quienes insisten en mirar hacia otro lado. ¿Cuáles son estos factores?

  • Abandono y precarización.
  • Pobreza e inseguridad.
  • Rechazo a la condición/ Negación de la diferencia.
  • Poco o nulo acceso a servicios de salud y educación.
  • Falta de información y orientación.
  • Machismo: si en zonas urbanas las niñas y mujeres con discapacidad tienen menos acceso a la educación que los hombres, en las zonas rurales esa brecha se ensancha.
  • Discriminación: es común la creencia de que las personas con discapacidad somos ineducables.

Esta lista también es larga, el común denominador es el desinterés del Estado por mejorar la situación en las zonas rurales, indígenas y de alta marginación.

Ante la impotencia y lo limitado de los recursos, mis consejos para maestros y futuros maestros son:

  • Conocer a los alumnos, comunicarse con ellos y descubrir sus gustos.
  • Enfocarse en lo que pueden y disfrutan hacer, no en sus limitaciones.
  • Procurar la toma de conciencia para la erradicación de prejuicios y luchar contra la discriminación; esto implica un intenso trabajo con las comunidades y familias.
  • Siempre tratar a los alumnos con dignidad y respeto.
  • Crear redes de apoyo entre colegas, estrechar lazos con la comunidad, buscar información y trabajar colaborativamente.
  • No existen manuales ni recetas exprés para atención especializada, desde el magisterio organizado se debe luchar por la presencia, fortalecimiento y resignificación de la educación especial en todos los espacios educativos.
  • No dejar de luchar, presionar y visibilizar las omisiones de las autoridades en materia educativa. La resistencia y la unión constituyen la fuerza.
  • Enseñar a convivir y no a competir.

¿Qué mas les aconsejarían?

A través de este espacio, quiero hacer un reconocimiento a todos los maestros y maestras que enfrentan día a día el reto de acompañar, orientar, formar y educar a infancias y adolescencias con discapacidad y/o necesidades de apoyos específicos, realizando su labor con afecto y a pesar de las barreras que les impone el sistema. La inclusión es ellos.

También, me atrevo a utilizar este espacio para cuestionar a las grandes organizaciones que se asumen como defensoras de derechos humanos y a todos aquellos académicos que teorizan sobre inclusión educativa desde el escritorio y no desde el territorio; les pregunto si conocen las realidades arriba mencionadas y si son conscientes de que hablar sobre inclusión educativa es un privilegio y una falta de respeto en contextos donde se carece de todo menos de ganas de aprender y trabajar.

Ojalá llegue un día donde “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera: igualdad y no discriminación como horizonte del desarrollo y del bienestar inclusivo para México” deje de ser un discurso bonito.

Fuente: https://www.educacionfutura.org/el-privilegio-de-incluir-apuntes-sobre-inclusion-educativa-en-zonas-rurales-de-mexico/

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México: Maestros de secundaria realizan bloqueos en Zona Diamante, Acapulco

América del Norte/México/24-03-2023/Autor:Héctor Briseño/Fuente: www.jornada.com.mx

Acapulco, Gro. Profesores de ocho escuelas secundarias técnicas de la zona escolar 11 de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que incluye planteles del corredor Las Cruces-Lomas de Chapultepec, en la periferia de Acapulco, bloquearon el bulevar de las Naciones aproximadamente dos horas y media desde las 10 de la mañana, en la zona Diamante de este puerto, para exigir una mesa de trabajo resolutiva con autoridades del sector educativo en Acapulco, pues las que han sostenido en Chilpancingo no han arrojado resultados.

Los manifestantes comenzaron su protesta en las instalaciones de Promotora Turística, pero al no ser atendidos, marcharon al crucero del bulevar de las Naciones con el Paseo de los Manglares, lo cual ocasionó el colapso del ingreso y salida del bulevar de las Naciones, hasta pasadas las 12:30 del día.

Los maestros exigen el otorgamiento de claves docentes y directivas, regularización de funciones de personal de apoyo y asistencia en educación básica, incorporación de personal faltante al Fondo de aportaciones para la nómina educativa, pago de horas de adeudos y horas adicionales, recuperación de plazas de maestros y directivos jubilados, así como de profesores fallecidos durante la pandemia de Covid-19, y recategorizaciones.

La inconformidad de los profesores ocasionó que las clases fueran suspendidas en las ocho secundarias técnicas desde el pasado 13 de marzo, con afectación para más de 3 mil alumnos de colonias como la Sabana, Coloso, La Poza, San Pedro Las Playas y Cayaco, entre otras.

Profesores reprocharon que en la SEG no han encontrado eco a sus planteamientos, por lo que sus peticiones son dirigidas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El secretario general de la secundaria técnica 79 de La Poza, Marcos Jaimes Ramos, quien es vocero de las secundarias de la zona escolar 11, expresó que “es una problemática acumulada durante más de 10 años, desde antes de la mal llamada Reforma educativa, ocurrieron una serie de jubilaciones, que fueron arrastrando en las escuelas muchas ineficiencias”.

Señaló que “hasta ahora tenemos adeudos y pagos de prórrogas pendientes, regularizaciones de compañeros que están frente a grupo pero que tienen clave administrativa, espacios que han abierto en las escuelas pero que no se han cubierto”.

Jaimes Ramos advirtió que hay minutas de acuerdos firmadas en 2012, 2015, 2019, viene la pandemia, en 2021 buscamos la manera de que se cubran los adeudos, pero no ha habido respuesta de las autoridades.

Al sitio acudió la delegada de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la SEG, Martha Rocío Carachure Bustos, quien ofreció a los manifestantes una nueva mesa de trabajo en Chilpancingo, a lo que se negaron, al recalcar que los profesores que ganan menor salario son los más afectados, y solamente los hacen viajar a la capital del estado, pero no les dan solución.

Los inconformes se retiraron alrededor de las 12:30 horas, sin lograr llegar a acuerdos con las autoridades.

A la movilización se unieron padres de familia y profesores de la secundaria Juan N. Álvarez del poblado del Plan de los Amates, quienes advirtieron que dicho plantel no cuenta con profesor de la materia de español, por lo que tres maestros han asumido sus funciones sin que dichas horas les sean reconocidas ni pagadas.

Debido a la inconformidad, las clases fueron suspendidas en la escuela el pasado 13 de marzo, con afectación para poco más de 200 estudiantes, procedentes de las colonias Bonfil, la Robles, Plan de los Amates, y la Cuquita, entre otros poblados.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/21/estados/maestros-de-secundaria-realizan-bloqueos-en-zona-diamante-acapulco/

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México: Marcha Ceteg para exigir nivelación de salarios

América del Norte/México/09-12-2022/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx

Acapulco, Gro. Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), de la región Acapulco, tomaron las instalaciones del ex Instituto Educación Básica y Normal (Ex Ineban), así como una parte de la calle prolongación avenida Universidad, para exigir el cumplimiento de diversas demandas laborales, entre ellas la regularización de plazas y nivelación de salarios.

Los docentes exigieron una mesa de trabajo con la participación del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

Ana Elena Abarca Ramírez, secretaria de Organización de la CETEG Acapulco, explicó que “pedimos que las autoridades realmente cumplan con su palabra, pues ya nos habían iniciado la mesa de trabajo, pero no estaba la estructura completa, no estaba el secretario de Educación”.

Detalló que hay temas en los que se puede avanzar con subsecretarios o la dirección de personal, pero hay temas en los que se requiere la presencia del secretario de Educación.

La docente recalcó que las clases no serán suspendidas, pues autoridades educativas ofrecieron una nueva mesa de trabajo.

Abarca Ramírez explicó que hay docentes que no cobran su salario desde agosto pasado, por lo que se necesitan reuniones de carácter resolutivo.

Los planteamientos de mayor preocupación para los maestros son los que tienen que ver con presupuesto, como las prórrogas de contrato, reconocimiento y pago de horas adeudo en secundaria, otorgamiento de bases y retabulaciones y nivelación de salarios.

Otras demandas, las cuales fueron enumeradas en el acceso al Ex Ineban en una lona, son la regularización de claves comisionadas, incorporación total de trabajadores al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa.

Abarca Ramírez indicó que la movilización se efectuó en Chilpancingo y en Iguala.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/07/estados/marcha-ceteg-para-exigir-nivelacion-de-salarios/

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