Multa a mujer transexual genera reacción de activistas e instituciones involucradas en el trabajo por la diversidad sexual y de género.
Los derechos de las personas trans a expresar libremente su identidad de género volvieron a la palestra pública en Cuba, en momentos en que el país se prepara para iniciar la consulta popular del nuevo Código de las Familias y en vísperas de la celebración el 31 de marzo del Día Internacional de la Visibilidad Trans.
“Merlìa tiene el derecho a expresar su identidad de género, tal y como es: una persona trans, protegida constitucionalmente en #Cuba. Sin embargo, aún persisten prejuicios discriminatorios en nuestra sociedad”, aseguró un texto publicado en la página en la red social Facebook por el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
“Desde que conocimos del caso, el #Cenesex se ha ocupado de la coordinación con las autoridades pertinentes y del asesoramiento legal, de conjunto con la Red Nacional TransCuba –asociada a nuestro centro–, para reivindicar los derechos de Merlìa”, añadió la nota, junto al mensaje “(trans)mitimos igualdad, vacúnate contra el prejuicio”.
Tras compartir el caso de Merlìa Somers el pasado día 23 de marzo, el activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e instersexuales (LGBTI) en Cuba, Alberto Roque Guerra, alertó sobre la necesidad de “una respuesta inmediata, además de la queja que la persona afectada hará por las vías formales”.
La Red Nacional TransCuba, con presencia en todo el país, impulsa una campaña en su página de Facebook por la visibilidad de las personas trans.
Horas después, en la central provincia de Sancti Spíritus, a casi 400 kilómetros de La Habana, la coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Cenesex, Lisette Fernández Gutiérrez, informó que junto a las partes involucradas en el proceso se están dando todos los pasos legales para apelar la multa ascendente a 1.000 pesos cubanos.
Merlìa Sommers cuenta la historia
Residente en el municipio espirituano de Cabaiguán, Sommers fue interceptada por un oficial en uniforme verde olivo el pasado sábado 20 de marzo, cuando se disponía a hacer una cola para comprar artículos de aseo personal en una tienda de venta en moneda libremente convertible.
“Me preguntó que yo hacía vestido así allí y llamó a un policía de los que estaban controlando la cola y el policía me dijo que yo les estaba faltando el respeto, al yo aparecerme vestida así allí (de mujer) que eso era desacato a la ley y que yo estaba violando un artículo…”, asegura Sommers en el relato compartido por Roque.
Según Sommers, tras intentar defender sus derechos, fue conducida a una unidad de la policía y multada por uso incorrecto del nasobuco en el contexto de la pandemia por la covid-19. “Cuando yo uso dos nadsobucos porque tengo problemas en el corazón y de respiración y mi cuerpo no aguantaría la pandemia”, explicó la mujer trans.
Los servicios de orientación jurídica del Cenesex atendieron en 2020 un total de 165 casos. Solo siete fueron por discriminación y violencia por identidad de género.
La joven trans, que se presenta en Facebook como transformista y bailarina, reconoció que ha tenido el apoyo del Cenesex desde el inicio y, en estos momentos, se encuentra en proceso de apelación de la multa. Adicionalmente, ha recibido manifestaciones de solidaridad de cientos de personas y activistas de diferentes tendencias y causas.
Protección legal
Los derechos de las personas trans quedaron consagrados en el artículo 42 de la nueva Constitución de la República de Cuba, que establece que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.
El texto constitucional garantiza la no discriminación “por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana”.
Varias investigaciones realizadas a nivel nacional identifican a la población trans como la más vulnerable ante diversas formas de discriminación y violencias.
Desde hace más de una década, el Cenesex ha trabajado en un proyecto de ley de identidad de género que, entre otros derechos, debería garantizar el cambio de identidad para las personas trans. El nuevo Código de las Familias, esperado durante más de dos décadas, puede traer también novedades para la comunidad LGBTI cubana.
Pero, en ausencia de una ley, avances como la realización gratuita de operaciones de reasignación sexual en instalaciones de salud, cambios puntuales de nombres en el carnet de identidad, el trabajo sistemático de la Red TransCuba y el aumento de la visibilidad y el activismo trans chocan con prejuicios asociados a la sociedad patriarcal.
“Son inadmisibles las manifestaciones de homofobia y transfobia. Tenemos muchos desafíos para cambiar estereotipos y patrones culturales, lo cual lleva tiempo. Seguiremos trabajando en la sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos para evitar que ocurran actos discriminatorios como este”, afirmó Fernández.
Gran polémica se vive en Italia luego de que las autoridades consideraran a la comunidad homosexual como “categoría de riesgo Covid-19”, junto con drogadictos y prostitutas.
Esta noticia se volvió viral, causando indignación en la sociedad italiana, luego de que se difundiera la foto de un formulario de salud donde se considera a los homosexuales como estegrupo de riesgo.
El centro de salud de La Spezia, localidad portuaria de Liguria (noroeste), señaló en un documento oficial que “los sujetos con conductas de riesgo: drogadictos, prostitutas, homosexuales”, debían ser incluidos en la campaña de vacunación.
El caso fue denunciado y generó indignación por parte de funcionarios locales y nacionales, tanto de izquierda como de derecha, así como de las asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales. “Es un error inaceptable y discriminatorio”, reconoció en un comunicado el presidente de la región Liguria, Giovanni Toti, quien ordenó una investigación inmediata sobre elcaso.
El error fue cometido por un funcionario del centro de salud, que copió y pegó la fórmula empleada por el ministerio de Salud para las vacunaciones.
La AFP consultó el manual para las vacunas en la página internet del ministerio de Salud, actualizada en febrero del 2021 y efectivamente se considera a los homosexuales como categoríade riesgo, al igual que los drogadictos o las prostitutas.
El ministerio precisó que se trata “de conductas que determinan riesgos y no de la orientación sexual”.
El ministerio aseguró que el formulario copiado por el centro de salud de La Spezia proviene de “un documento antiguo, utilizado para las donaciones de sangre” y adelantó que la costumbre de basarse en viejos formularios será corregida.
Es política de Estado en sociedades con gobiernos neoliberales, la violencia contra la mujer y las masas empobrecidas y explotadas. Antes que el brazo armado está el recurso de la religión que manipula emocionalmente a los excluidos pero que violenta doblemente a las mujeres por su género. En nombre de la fe, amparados por religiones misóginas muchos hombres ejercen la violencia de género a tal grado de llegar a los feminicidios. Eso no es nuevo, no estamos descubriendo el agua azucarada. Pero un Estado ausente, infestado de corrupción, donde se propaga el machismo, la misoginia, la homofobia y se alimenta el patriarcado sistemáticamente es el responsable de la violencia de género y todo su contexto.
Sin leyes que castiguen a quienes violentan a las mujeres en todas sus formas, la violencia de género continuará. Y el principal criminal es el Estado que con sus políticas niega el derecho al aborto, seguido de una planificación minuciosa de empobrecimiento de los sectores más explotados. Negarle el acceso a la educación a las niñas de los sectores más vulnerados. Obligarlas a parir manipulando a la población con que el aborto es un asesinato castigado por Dios, en lugar de informarles sobre sus derechos, sin inmiscuirse en sus cuerpos. El aborto es un derecho negado por Estados represivos donde gobiernan principalmente hombres machistas que lo utilizan como arma de castigo contra las mujeres por su género. Pero si una hija les saliera embarazada la mandan a abortar a la mejor clínica del país o al extranjero y lo mismo con las cúpulas de la oligarquía.
Niñas sin acceso a la educación, sin alimentación sana, sin acceso a un sistema de salud, viviendo en casas que no cuentan con la seguridad mínima en entornos violentos sistemáticamente orquestados desde el Estado, son niñas que jamás tendrán un desarrollo integral por ende tampoco serán mujeres realizadas, ni personal ni profesionalmente. Lo común será verlas siendo madres desde la adolescencia, por un abuso sexual, porque fue víctima del amor romántico tan patriarcal o porque fue casada a la fuerza, todo pero menos una persona feliz y realizada. Ninguna mujer puede ser feliz en esas condiciones.
¿Cómo puede ser feliz una niña con una madre que trabaja 16 horas en una maquila, en una fábrica, limpiando un edificio, un hospital, quemándose la vida en las fincas de cultivo? Una madre que sale de madrugada y regresa a altas horas de la noche a la que se le quita la oportunidad de compartir con sus hijos, de verlos crecer, de abrazarlos, de compartir tiempo de óseo con ellos. Si ella misma no lo tuvo, en esa cadena de abuso sistemático que es política de Estado.
Actitudes y acciones de abuso contra la mujer se cuentan por miles, no hay que llegar a los golpes para que se cuente como abuso, existe el abuso emocional también que es igual de dañino. Pero en nuestras sociedades la violencia ejercida desde el Estado en estas post dictaduras, también ha hecho que los hombres abusen a niñas, adolescentes y mujeres en entornos familiares porque saben principalmente que la vergüenza es una buena aliada y que con tal de que de las puertas hacia fuera no se enteren los demás, ellos pueden hacer lo que quieran de las puertas para adentro. Porque sigue siendo consejo sacerdotal o del pastor de la iglesia, perdonar, guardar silencio, mantener la familia unida a costa de los delitos que deben ser pagados con cárcel pero que si son ejercidos contra una mujer bien pueden ser perdonados por Dios.
Así es como vemos el aumento impresionante de abusos sexuales de niñas, por sus padres, abuelos, hermanos, por primos, adolescentes embarazadas abusadas dentro del propio hogar. Saben que no existe ley que los castigue porque las políticas de Estado son las de represión y violencia a la población, las del empobrecimiento y explotación laboral porque entre más trabaje, más cansada está una persona, entre más hambre menos fuerza, menos tiempo y energía para pensar, porque sin educación desconocen sus derechos y si esto se emplea adrede por género es mucho más beneficioso para un gobierno corrupto y criminal, tener niñas madres e infelices que adolescentes en camino hacia la educación superior y a su desarrollo profesional: siendo madres son incapaces de cuestionar porque la pobreza las obliga a buscar la comida a deshoras para sus hijos, en cambio si se desarrollan profesionalmente tienen acceso a otro nivel de vida y exigen sus derechos y son cuestionantes de las políticas de Estado que si se lo proponen pueden cambiar.
Hemos llegado como sociedad a traspasar todos los límites porque los traspasó también el Estado, es por eso que un feminicidio no causa espanto, ni asombro ni indignación porque también dejó de sorprender que aterricen avionetas cargadas de droga y que las quemen después sin que se encuentre a los responsables. Porque dejó de sorprender que la misma policía o el ejército sean quienes custodien los cargamentos. Porque dejó de sorprender que los mismos miembros de las fuerzas de seguridad sean los que violen mujeres y no se les castigue. Entonces dice un civil: pero si ellos con uniforme violan por qué no puedo hacerlo yo con cualquier mujer, sea de mi entorno familiar o no. Si el mismo presidente ve que matan mujeres y no se pronuncia es porque no le interesa, entonces cualquiera sabe que puede violentar a la mujer que guste y no tendrá consecuencias.
Un crimen desde el Estado es negar alimentación, salud y educación a las niñas, pero también lo es voltear a otro lugar cuando las violentan por su género, cuando las golpean, las violan, las embarazan, las desparecen y las asesinan. Cuando sucede lo mismo con adolescentes y mujeres. Pero si un Estado no se pronuncia, ese gobierno debe ser cambiado de inmediato por la sociedad, entonces es el pueblo el que debe reaccionar y llevar al poder a gente capaz que entienda que es desde el Estado desde donde se deben ejercer las políticas que cambien la violencia sistemática hacia la mujer. Pero, ¿qué sociedad está dispuesta a hacerlo? Contra la violencia de género vemos a nivel mundial que son mayoritariamente las mujeres las que se pronuncian, porque los hombres sean de la ideología que sean son los más beneficiados con la inexistencia de leyes que castiguen semejante delito y aberración.
Pues serán las mujeres las que cambien las políticas de Estado de alimentar sistemáticamente la violencia de género.
Las escuelas militares dependen del Ejército, pero están abiertas a cualquier estudiante. Durante las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro, aún candidato a la presidencia, prometió crear colegios militares en todas las capitales brasileñas.
En febrero de 2019, el entonces comandante del Colegio Militar de Porto Alegre, en el sur de Brasil, reunió a unos 200 empleados en un auditorio escolar para anunciar que, desde ese momento, algunos temas quedaban prohibidos en el aula. Entre los temas vetados, el coronel citó explícitamente las palabras homofobia y racismo.
«Trató de minimizar su injerencia y dijo que era una orden superior de la DEPA (Dirección de Educación Preparatoria y Asistencial, Departamento del Ejército). Pero, en tono amenazante dijo que cualquiera que intentara contravenir estas normas, podría sufrir las consecuencias», relata el profesor Rafael (nombre ficticio), a Agencia Pública. La mayoría de los empleados entevistados para este reportaje prefiere mantener oculta su identidad.
Lo que sorprendió a Rafael no fue la injerencia en el contenido de las clases. El profesor, que ha trabajado en el sistema de escuelas militares durante más de diez años, dice que ya había recibido instrucciones por escrito para modificar pruebas y exámenes con temas políticos «para evitar la propaganda partidista», pero si se asombró de que se hiciera una reunión para divulgar normas que, hasta ese momento, estaban implícitas. Esta extraña situación hizo que los profesores enviaran una carta de rechazo al comandante dos semanas después de dicho episodio.
«Las cosas se han vuelto más evidentes, como por ejemplo tener una reunión con todos los profesionales de la enseñanza para decir algo que siempre se ha practicado de forma disimulada. Esto me pareció una posición de ataque más explícita. En el pasado, la persecución era más individual», analiza el profesor.
El relato de Rafael se suma a una decena de entrevistas más que Agencia Pública ha hecho a los profesores del sistema de escuelas militares en las capitales Recife, Río de Janeiro, Distrito Federal y Porto Alegre. Los educadores denunciaron «censura» e «injerencia en el contenido» de las aulas en las 14 instituciones educativas administradas por el Ejército y vistas como un modelo de enseñanza por el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Las escuelas militares forman parte del Departamento de Educación y Cultura del Ejército (DECEX), pero no preparan para una carrera militar. Son escuelas convencionales que van desde el sexto hasta el último año de educación básica (hasta los 15 años). La mayoría de los estudiantes son hijos de militares, quienes sufren los reflejos de las obligaciones profesionales de sus padres debido a las peculiaridades de sus carreras. El resto de las vacantes se abren al público a través de concursos. El primer colegio militar se fundó en Río de Janeiro en 1889. El más reciente, ubicado en São Paulo, se inauguró este año.
La prohibición de abordar el feminismo y el género, citar programas de gobiernos anteriores, debatir la existencia del racismo en Brasil o hacer analogías con debates recientes en las noticias fueron algunos de los episodios que relataron los docentes al mencionar el aumento del conservadurismo y la influencia de los discursos del movimiento Escola Sem Partido en la administración de los colegios militares, que se mantienen con el presupuesto del Ministerio de Defensa. El movimiento Escola Sem Partido defiende el final de lo que llama «adoctrinamiento ideológico» en las escuelas y censura los debates con temas como la igualdad de género en las aulas. Además, los profesionales denunciaron presión y hostigamiento hacia los docentes que cuestionaban los planes de regresar a las clases presenciales, después de seis meses de enseñanza remota por la cuarentena, en ciudades que aún tienen un alto número de casos de COVID-19.
El profesor Antonio Araujo Jr, profesor de Biología en el Colegio Militar de Brasilia desde 2015, asegura que el proyecto pedagógico de la escuela «siempre ha simpatizado con las Fuerzas Armadas», en especial en las áreas académicas como Historia o Portugués, pero señala que ha aumentado la interferencia en el contenido enseñado, incluso ha llegado a las áreas de Cálculo y Biología. «Pensé que tenía libertad por ser profesor en un área técnica. Tenía esa idea positivista de que la ciencia es neutral. Mis clases de sexo, reproducción y sexualidad no eran controladas», señala el profesor. «La postura negacionista y anticientífica se limitaba a algunas materias en las áreas de humanidades». Los docentes entrevistados cuentan que deben entregar los exámenes que se realizarán a los estudiantes con al menos un mes de anticipación para ser analizadas.
La primera vez que Antonio vio una injerencia ideológica en una prueba que no pertenecía a humanidades fue a mediados de 2016, cuando el consejo escolar envió un equipo para volver a diseñar una evaluación de Química porque un problema contenía la fórmula de la cocaína. «Dijeron que esto podría ser entendido por los padres como un incentivo para consumir drogas o incluso para producirlas», recuerda. «En ese momento nos reímos porque era como si el comandante solo hubiera entendido ‘fórmula’ como una ‘receta’ para preparar algo. Pero no nos dimos cuenta de que ya había una especie de articulación con el principio ideológico del movimiento Escola Sem Partido, que ya empezaba a tomar fuerza».
Los casos, según el profesor, ya no son puntuales. Recuerda un tema de Biología en el que contextualizó procesos hormonales en el cuerpo humano, como la estimulación del sistema nervioso que hace que el corazón lata más rápido cuando sientes atracción y el aumento de hormonas durante el embarazo. El examen, entregado al colegio para su aprobación, fue vetado. «El consejo dijo que podría dar la impresión de que estamos enseñando a los estudiantes a enamorarse. Y la escuela estaba en contra de las citas en la adolescencia».
Vitrina conservadora
Durante las elecciones de 2018, Jair Bolsonaro, aún candidato a la presidencia, prometió en su plan de gobierno crear colegios militares en todas las capitales brasileñas en dos años. La valoración del profesor Araujo es que, a partir de ese año, el colegio militar de Brasilia se convirtió en la vitrina de una enseñanza ultraconservadora. «Por lo tanto, la escuela no podría tener características progresistas. Cualquier actividad, clase, documento y examen tenía que estar libre de cualquier cosa que se pudiera confundir con progresismo».
Entre las actividades que se eliminaron en el último año encontramos que la escuela dejó de participar en las Olimpiadas Nacionales de Historia de Brasil en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), competición que premia a escuelas públicas y privadas de todo el país. Ese año, el concurso tuvo como tema un homenaje a los «excluidos de la historia». Este anuncio fue recibido con sorpresa por educadores y estudiantes, recuerda otro profesor, Reinaldo, quien enseña historia en el Colegio Militar de Río de Janeiro. El maestro dice que algunos temas están «absolutamente prohibidos» en su asignatura. «No se puede hablar del ‘golpe de 1964’ (que estableció la dictadura militar en Brasil que duró hasta 1985), sino de la ‘revolución de 1964’. No se puede hablar de tortura y cosas así». «Siempre, en las escuelas militares, hubo presión sobre el contenido y las formas de trabajar. Esta es una constante. Siempre tenemos mucho control sobre nuestro trabajo».
Marcia, compañera de Reinaldo que enseña Portugués, dice que la posibilidad de trabajar con libros de literatura de autores contemporáneos se ha vuelto aún más limitada. A partir del año pasado la escuela adoptó una lista de libros permitidos, la mayoría de ellos clásicos. «Ya hemos solicitado otros autores, pero la respuesta de la dirección es que no se justifica la inclusión de ningún otro libro en esa lista. Entonces, si aparece un nuevo libro en este momento, no podremos trabajar con él».
Según ella, los temas que aparecieron en el Examen Nacional de Bachillerato (ENEM), que evalúa el desempeño académico de los estudiantes al finalizar la educación básica y da acceso a la educación superior, como la intolerancia religiosa en 2016 y la violencia contra la mujer en 2015, no son bienvenidos. «A ENEM ya lo habían etiquetado de comunista», dice la profesora. «Me siento terrible. Es una censura que, aunque tomes todas las precauciones, resulta muy agotadora. Por supuesto, sé que tenemos una legislación que dice que los militares no deben tomar partido político. Como estamos dentro de una institución militar, siempre hemos respetado eso. Pero ellos confunden mucho la política. Por ejemplo, dependiendo de cómo vayas a hablar del hambre, el tema estará censurado. Este es un tema político, pero no tiene nada que ver con el partidismo. El hambre siempre ha existido en Brasil. Pero todo lo que puedan leer como crítica hacia el Gobierno actual será prohibido».
En junio de este año, un profesor de Geografía del Colegio Militar de Brasilia fue despedido tras haber criticado, durante una clase en una plataforma virtual, el papel de la Policía Militar en una manifestación prodemocrática que tuvo lugar en Sao Paulo en mayo. El profesor de 9º grado dijo a los alumnos que la acción policial «era muestra de un fascismo que ya no queremos en el mundo».
El consejo de DECEX ha respondido a Agencia Pública afirmando que el Sistema de Colegios Militares de Brasil (SCMB) utiliza los libros del Programa Nacional de Libros de Texto (PNLD) y otros previstos en los Estándares de Planificación y Gestión Escolar (NPGE).
Aun así, el organismo no ha respondido a preguntas sobre si existe una directriz para los docentes sobre temas que no se pueden tratar en el aula. «Si las Escuelas Militares se destacan en el escenario educativo brasileño, es por el conjunto que forman las tradiciones y valores de la institución que las sustenta, el Ejército brasileño. Entre estos valores destacan la fidelidad, el respeto, la disciplina y el orden. También destaca por la competencia efectiva de nuestros profesores en el aula, que realmente entienden el Proyecto Pedagógico SCMB», dice la nota.
Los profesores de las escuelas militares señalan la interferencia ideológica en el plan de estudios disciplinarios Agencia Pública
El plan de campaña de Bolsonaro para crear escuelas militares en todas las capitales ya era considerado por los expertos en educación como una «promesa imposible», ya que implicaba una estructura costosa y tiene un público restringido, recuerda la investigadora Catarina de Almeida Santos, profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) y coordinadora en el Distrito Federal de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación. Sin cumplir la promesa de campaña, el Gobierno federal apuesta por otra salida: la militarización de las escuelas públicas existentes. En 2019, el Ministerio de Educación (MEC) lanzó el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que funciona a través de adhesiones municipales. La meta del Gobierno federal es que 216 escuelas funcionen con este modelo al final de la administración de Bolsonaro.
*Los nombres se cambiaron a petición de los encuestados.
Dos mujeres desnudas yacen en la cama, acariciándose el cabello y hablando de salir del armario con sus padres en Nigeria, donde podrían ser encarceladas durante 14 años por tener una relación lésbica.
El avance del primer largometraje lésbico de Nigeria, «Ife», que significa amor en yoruba, ha sido visto miles de veces desde que se subió a YouTube en julio, y los espectadores comentaron su entusiasmo por su estreno.
«En Nigeria, nunca ha habido una película como ‘Ife'», dijo su productora Pamela Adie, una de las activistas LGBT + más destacadas de Nigeria, que ha sido oradora del Foro Económico Mundial y ganó el reconocimiento de la Fundación Obama como una joven líder africana. .
«Ninguna película ha tenido el impacto que tendrá, o ya lo ha tenido en Nigeria … La recepción al cartel y al tráiler ha sido una locura. Esperamos que sea más loco cuando se estrene la película completa», dijo el diario de 36 años. -dijo el viejo a la Fundación Thomson Reuters.
Nigeria es un país profundamente religioso, donde millones rechazan la homosexualidad como una importación occidental corruptora. Las personas LGBT + generalmente se reúnen en secreto o en línea, ya que vivir abiertamente corre el riesgo del estigma, el rechazo familiar o incluso la lapidación según la ley Sharia en el norte.
Una ley de 2014 que penaliza las relaciones homosexuales se está utilizando para procesar a 47 hombres por demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo, luego de que la policía nigeriana allanara en 2018 lo que dijeron que era un club gay. Los hombres dijeron que era una fiesta de cumpleaños.
Pero los africanos LGBT + son cada vez más vocales y visibles, con Internet proporcionando un espacio para películas, programas de entrevistas y sitios web amigables con los homosexuales, que los activistas dicen que fomentan una mayor tolerancia entre las generaciones más jóvenes.
Como la junta de cine del gobierno podría no aprobar «Ife» para su distribución en Nigeria, Adie dijo que planea lanzarlo en una plataforma en línea bajo demanda a finales de este año.
«Cualquiera que quiera ver podrá hacerlo desde cualquier parte del mundo», dijo, negándose a dar más detalles.
Kenia prohibió su primer largometraje lésbico «Rafiki» por promover la homosexualidad en 2018, a pesar de ser la primera película de la nación del este de África que se estrenó en el festival de cine de Cannes.
DEMONIO DE LA HOMOSEXUALIDAD
Las artes y el entretenimiento son las principales exportaciones culturales de Nigeria. Su industria cinematográfica multimillonaria, Nollywood, es famosa por sus lujosas historias de romance y brujería, que produce a un ritmo solo superado por el Bollywood de la India.
En la mayoría de las películas de Nollywood, los personajes LGBT + son enfermos mentales o están poseídos. Los líderes espirituales intentan liberarlos del ‘demonio de la homosexualidad’ antes de que su orientación sexual destruya la vida de todos los que los rodean.
El grupo de defensa TIERS ha producido varias películas y series de televisión populares LGBT +, como la galardonada historia de amor de adolescentes masculinos «Ya no vivimos aquí», del reconocido cineasta nigeriano Tope Oshin.
Cree que esto ha contribuido a suavizar las actitudes entre los nigerianos hacia la comunidad LGBT +. En su última encuesta, encontró que el 30% de los nigerianos dijeron que aceptarían a un familiar gay en 2019, frente al 11% en 2011.
Adie ve a los medios de comunicación como una fuerza clave para cambiar corazones y mentes. Después de ir a la universidad en los Estados Unidos, regresó a Nigeria para trabajar como gerente de campañas de All Out, un grupo de derechos LGBT + con sede en Estados Unidos.
Un punto culminante de su trabajo fue liderar una campaña exitosa para prohibir al pastor homofóbico estadounidense Steven Anderson visitar Sudáfrica en 2016, con más de 50,000 personas firmando una petición All Out denunciando su discurso de odio.
Luego fundó The Equality Hub en 2017 para promover los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales y lanzó un documental «Under the Rainbow» el año pasado sobre sus luchas como lesbiana en Nigeria.
En el documental, describe cómo su madre la rechazó cuando salió del armario en 2011 y trató de ‘curarla’ con una bebida hecha por una profetisa que dijo que la familia de Adie estaba bajo ataque espiritual.
«Todavía estaba casado en el momento en que salí del armario, así que fue un momento muy difícil», dijo Adie en la película, que fue producida por The Equality Hub. «Fue el momento más deprimente y más bajo de toda mi vida».
Al hacer la primera historia de amor lésbica de Nigeria, espera poder ayudar a otras mujeres que luchan con su sexualidad.
«Cada vez que se hace una película que se centra en las personas LGBTQ, siempre se trata de hombres homosexuales», dijo.
«Este es uno para nosotros … traerá una inmensa alegría a los corazones de muchos de nosotros que veríamos a personas como nosotros centrados en una película nigeriana por primera vez».
Adie cree que «Ife» ayudará a combatir la homofobia al mostrar cómo el amor de Ife y Adaora lucha frente a la presión de sus familias y la sociedad en general.
«También esperamos que deje a otros sintiéndose tiernos, sabiendo que el amor es amor y … capaces de ver los efectos reales del prejuicio, la falta de aceptación y la homofobia en las vidas de las personas LGBTQ», dijo.
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(Reporte de Vincent Desmond; editado por Rachel Savage y Katy Migiro. Por favor, déle crédito a la Fundación Thomson Reuters, el brazo caritativo de Thomson Reuters, que cubre las vidas de personas de todo el mundo que luchan por vivir libre o justamente. Visite http: // news.trust.org)
Las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales.
Desde inicios de 2020, al menos en cinco congresos locales se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. En ellas, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez.
Por tales razones, se enviará a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.
Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como ‘Pin Parental’: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.
Ante ello, las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instan a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
Concluyen que el llamado ‘Pin Parental’ es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De la misma manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.
Fuente e Imagen: http://www.educacionfutura.org/pin-parental-vulnera-los-derechos-de-ninez-y-adolescencia-sep-y-segob/
¿Quién fuera a decirlo? En unas cuantas semanas la tuerca dio vuelta. En Nuevo León pasó y luego, tras una reconvención que la Secretaría de Gobernación aventó al Congreso local, el llamado pin parental no franqueó la puerta de entrada a la ley de educación local. Pero sí en Aguascalientes y por unanimidad, además.
En términos sencillos, el pin parental es una adaptación de las iniciales en inglés de personal identification number para dispositivos digitales o cajeros de bancos, es el nip. En canales de televisión de paga o en plataformas de internet, los padres usan ese pin para fiscalizar ciertos programas y evitar que sus vástagos los vean.
El partido político español Vox lo adoptó con el fin de ponerse a la vanguardia en la censura a la educación sexual y reproductiva que se estableció en programas de estudio y libros de texto. Invoca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque también apela a la consigna de libertad de elegir y detrás de esos preceptos se encuentra una moral religiosa arcaica y dogmática.
El texto que propuso un diputado del Partido Encuentro Social quedó plasmado en artículo 4 de la Ley de Educación del estado de Aguascalientes:
[…] la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.
Este precepto asienta un veto que los padres de familia pudieran imponer a la enseñanza de valores cívicos, perspectiva de género, promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva que plasma el párrafo decimoprimero del artículo 3 de la Constitución.
El artículo del pin parental es la punta de lanza de una ofensiva más amplia que, por una parte, recupera parte de los debates del siglo XIX, cuando los liberales pugnaban por la enseñanza libre, es decir, al margen de la religión y del control de la Iglesia católica. Tras guerras civiles, el precepto se asentó en el artículo 3 de la Constitución de 1857.
Por otra parte, atenta contra la educación laica que los constituyentes de 1917 instituyeron tras largos debates, nada más la discusión del artículo 27 tomó más saliva de los congresistas. Éste daba por terminado un Estado oligárquico asentado en la hacienda, el 3 ratificaba que el monopolio de la conciencia nacional ya no pertenecía a la Iglesia.
La Segob (también Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en un artículo en El Universal), que no la Secretaría de Educación Pública, debatieron con “los conservadores” (esta vez el vocablo se aplicó en el sentido histórico) porque atacaba el monopolio del gobierno para definir planes y programas de estudio. Fue la defensa burocrática del Estado educador.
Hoy va para atrás en Aguascalientes. Diputados locales de Morena, PRD y PRI, incluso uno del PES, lanzaron una iniciativa para reformar la reforma porque, expresa su exposición de motivos: “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.
Más allá de que los proponentes se califiquen de sabios (elogio en boca propia…), la crítica de maestros, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de defensa de los derechos humanos, académicos, periodistas y ciudadanos comunes, forzaron a los diputados hidrocálidos a meter reversa.
Estos detractores del pin parental salvaguardaron el derecho de la infancia y los adolescentes a una educación científica y libre de dogmas. El impulso a un estilo de vida sana implica a la educación sexual. Está comprobado, además, que una enseñanza de esa naturaleza disminuye prácticas de riesgo, retrasa el inicio de la vida sexual, aminora la violencia y la homofobia.
¡Qué bien que la reforma de mayo en Aguascalientes resultó fuego fatuo! La sociedad civil frenó la intentona derechista. Una pequeña victoria para celebrar.
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