Hostigamiento de las FARC

Diana lleva más de 26 años como docente de primaria en el departamento de Nariño. A pesar de resistir a los hostigamientos de las Farc (antes de la firma del Acuerdo de Paz), y luego a la persecución del ELN, se vio obligada a no regresar a la escuela. Las ganas con las que había asumido su trabajo en una zona de conflicto armado en Nariño desaparecieron cuando, por medio de un panfleto, le dijeron que tenía que salir del pueblo.

Junto a ella fueron amenazados y desplazados 14 profesores más. El colegio quedó vacío, los más de 1.000 estudiantes que estaban inscritos hasta 2017 no volvieron a asistir a clases. Su caso fue investigado por la Unidad Nacional de Protección, que consideró que estaba en riesgo extraordinario y por lo tanto debía ser trasladada. Pero, a criterio de Diana, la enviaron para un lugar más peligroso.

La realidad de Diana fue y es la realidad de 1.579 maestros de las zonas rurales del país que han sido víctimas del conflicto armado en los últimos 60 años, según la Fundación Compartir. Esta entidad realizó un exhaustivo estudio en 170 municipios priorizados en el acuerdo de paz con las Farc con el objetivo de comprender la condición de los docentes y directivos rurales que se encuentran en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado.

Entre los hallazgos más escabrosos aparece que 1.063 maestros (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población. 201 (12,7%) sufrieron secuestros. 200 (12,6%) fueron desaparecidos.

Ahora, de los 1.579 docentes que han sido blanco de la guerra en Colombia, 561 (35,5%) han sido reportados en las regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En estas regiones existe una concentración muy fuerte en el delito de asesinatos selectivos con cerca del 69% de las víctimas, seguido de las desapariciones con el 11,8% y los secuestros con el 9%.

“Esta situación de riesgo de los maestros también se ha identificado recientemente con el asesinato de líderes sociales en el marco del posacuerdo. Según la Comisión Colombiana de Juristas, los docentes han sido víctimas de homicidios en departamentos como Cauca, Córdoba, Valle, La Guajira, Tolima, Antioquia y Risaralda y en Bogotá”, lee en el estudio.

Pero en medio del terror que surge durante la guerra, los docentes siguen empeñados en ser constructores de paz. De acuerdo con este estudio de la Fundación Compartir, su permanencia en los territorios se convierte en un acto de resistencia que previene un mayor abandono de las escuelas rurales, especialmente en territorios donde las entidades gubernamentales y la fuerza pública no tienen ningún tipo de intervención.

Actitud que, aunque beneficia a la comunidad en donde enseñan, evidentemente los deja en peligro. Por esa razón, este estudio propone algunas claves y recomendaciones de política educativa para que los docentes permanezcan en el campo sin que sus vidas corran peligro.

La Fundación Compartir recomienda, por ejemplo, “que el Estado garantice la protección, así como de su atención psicosocial de los docentes víctimas del conflicto armado, (…), y, por otro, se encargue de su formación en competencias socioemocionales que les permita generar en los estudiantes una disposición hacia la convivencia pacífica”. 

Por último, propone que el Gobierno Nacional elabore un plan de reconocimientos e incentivos económicos, académicos y simbólicos para fomentar el arraigo de los maestros en las zonas rurales donde laboran. Una propuesta que ha funcionado en algunos países de América Latina.