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¿Qué es un movimiento político? – Social y de resistencia

Por: Tercera Información

Los movimientos políticos de resistencia son esfuerzos organizados para resistir a gobiernos o poderes de ocupación que se perciben como opresivos. Pueden adoptar muchas formas, como protestas, huelgas y desobediencia civil.  En algunos casos, también pueden recurrir a la violencia.

Los movimientos de resistencia política suelen surgir como respuesta a injusticias percibidas, como la represión política o la desigualdad económica. También pueden llevarse a cabo en un esfuerzo por promover una ideología o un programa social concreto. Diversos factores pueden contribuir al éxito o al fracaso de un movimiento de resistencia política, como el tamaño y los recursos del movimiento, el nivel de apoyo popular y la respuesta del gobierno.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/14/09/2022/175031/

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ENTRE HUELGAS Y DESPIDOS ¿Qué está pasando en el sistema educativo?

Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza

A los trabajadores del Sutiems

Toda nuestra solidaridad

En las últimas dos semanas, hemos tenido noticia de huelgas, paros, plantones, movilizaciones de diferentes sindicatos y grupos del sector educativo que, sumados a diversos conflictos y reclamos preexistentes, presenta un panorama inquietante. Va un rápido pero necesario recuento:

  1.  Las primeras horas del día 8 de junio, estalló la huelga del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), ocasionando el cierre de las 26 preparatorias existentes en la Ciudad de México. Sus demandas son básicamente las mismas que las de otros grupos: aumento salarial para resarcir cuando menos en parte, el elevado costo de la canasta básica; condiciones dignas de trabajo, respeto al contrato colectivo de trabajo y al modelo educativo del IEMS[1]. Aseguran que el presupuesto asignado es el mismo desde 2018, mientras que el número de planteles ha aumentado, al igual que los docentes contratados por honorarios; los edificios carecen de mantenimiento; piden un aumento salarial de al menos 9%, igual que el otorgado a los policías.  Esta es una huelga largamente anunciada; los trabajadores llevaban un mes intentando llegar a un arreglo con la titular del IEMS, Silvia Estela Jurado Cuéllar y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz; el ofrecimiento de las autoridades fue de 3.5% al salario y 2% en prestaciones, muy por debajo de lo otorgado a los policías desde hace dos años (Mantiene Gobierno capitalino incremento del 9% en salario de policía durante 2020) Cuando estalló la huelga, el IEMS emitió un comunicado oficial poniendo en duda su legalidad; al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum declaró que estaba dispuesta al diálogo con el sindicato y afirmó que un día antes los trabajadores ya habían firmado el acuerdo en el que aceptaban el aumento ofrecido; de inmediato el SUTIEMS declaró que Sheinbaum estaba mal informada por sus subordinadas. Han transcurrido ocho días desde que comenzó la huelga; las autoridades se niegan a negociar y comienzan a recurrir a las típicas triquiñuelas legaloides como poner en duda la representatividad del sindicato, y así desacreditar la decisión de los trabajadores de ejercer su derecho a huelga, hoy día tan demonizado.
  2. Hace dos días, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Docentes Conalep (SUTDCONALEP) realizaron un mitin frente a Palacio Nacional; como parte de la misma jornada de lucha, la Federación Nacional de Sindicatos Académicos del Conalep, realizó un paro de labores a nivel nacional en demanda de reconocimiento a la antigüedad de los maestros en los 308 planteles de todo el país, así como equiparar su salario con el de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; por parte del Gobierno Federal, son considerados como prestadores de servicios (Los profesores del CONALEP realizan paro de labores en todo el país), por tanto, carecen de derechos laborales básicos. Estas demandas son añejas; desde 2019 a la fecha, los medios han informado de movilizaciones en diferentes entidades y plantones en dependencias públicas, reclamando la instalación de mesas de negociación para resolver la basificación, homologación y reconocimiento de antigüedad.
  3. Y las UBBJ con La sargenta Raquel Sosa a la cabeza, siguen dando de qué hablar. Egresados llevan tres años esperando que les entreguen su título y cédula profesional. Los afectados pertenecen a las generaciones que iniciaron estudios en las escuelas financiadas por Morena y los terminaron cuando éstas pasaron a formar parte del sistema de universidades Benito Juárez (Recibir cédula profesional o título en la UBBJG, un compás de espera…). Algunos han acudido a la CNDH a poner su queja; tras revisar el caso, dicho organismo ha emitido la recomendación 75/2022 dirigida a la titular de las UBBJ; Sosa la rechazó alegando que las recomendaciones no son vinculatorias (Recomendación a las UBBJG por vulneraciones a DH de estudiantes) No hay poder institucional que ponga un alto a las arbitrariedades y atropellos hacia los docentes y estudiantes; quien nombró a Sosa sabe bien lo que ocurre, pero ha optado por minimizar y tolerar la situación. Si nos hemos enterado de lo que sucede es gracias a los docentes despedidos y estudiantes agredidos que decidieron abandonar el silencio, organizar movilizaciones, protestar y denunciar las arbitrariedades y problemática que aqueja a las UBBJ.
  4. En los últimos meses, la CNTE se ha hecho presente, quizá no con la fuerza, representatividad y contundencia mostrada en las luchas magisteriales de las que fuimos testigos entre el 2012 y el 2018. La sección XVIII de Michoacán instaló recientemente un plantón en la Ciudad de México y acordó realizar diversas acciones a nivel estatal. “Esta coyuntura política ha puesto de manifiesto que, aunque se esperaba lo contrario, solo cambiaron los colores y no las formas de gobernar” se afirma en un comunicado emitido hace una semana (Protestas de CNTE en CDMX, sin éxito; analizan nuevas acciones). La sección VII de Chiapas, con quien AMLO tuvo un encontronazo en agosto del año pasado, también se sumó a esta jornada de lucha. Por otra parte, en la Ciudad de México militantes de la sección IX, concretamente de la región oriente de Iztapalapa, convocaron a plantones en oficinas y dependencias de la SEP para reclamar el cumplimiento de lo que consideran promesas incumplidas. Además de las movilizaciones, estas secciones se han rebelado contra el calendario escolar 2022-2023. La sección XVIII anunció que el actual ciclo escolar lo concluirán el 8 de julio, tal como estaba considerado en su programa alternativo y no hasta el 29 de julio, como establece el calendario oficial
  5. También en el programa Prepa en Línea, los conflictos y turbulencias políticas no cesan. El año pasado, la SEP de Delfina Gómez contrató servicios especializados de Administración de Recursos Humanos para el pago de honorarios a los “agentes” de aprendizaje, justo un mes antes de que venciera el plazo establecido en la ley en materia laboral para concluir con el esquema de outsourcing (SEP subcontrata a 22 mil asesores y tutores). En marzo del presente año, ante la imposibilidad de repetir el mismo esquema por la entrada en vigor de la nueva ley, optó por el despido masivo de asesores bajo el argumento de que no contaban con el perfil requerido (Sosa dixit), o que trabajaban por más de doce horas en otro lugar. La inconformidad de los afectados, muchos de los cuales desmintieron los supuestos motivos de la SEP, creció como la espuma en unos cuantos días; el presidente fue cuestionado al respecto pero lo salvó la alarma sísmica  (¿Qué es Prepa en Línea de la SEP y cuál es el conflicto que tienen con los asesores virtuales?).
  6. También en otros programas de nivel medio superior comienzan a acumularse los adeudos. Ahí están los docentes de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) que llevan varios meses sin cobrar, no tienen derecho de antigüedad, mucho menos servicios de salud; en la SEP nadie los ve ni los oye; en Twitter impulsan la campaña #SepYaPágame, a ver si así…
  7. No podíamos dejar de mencionar a los profesores del Programa Nacional de Inglés (PRONI). En un corto reciente, describimos la recurrente falta de pagos (Teachers PRONI, ¡nada que celebrar!), problema agravado durante el gobierno de la 4T pese a que los recursos están contemplados en el presupuesto de egresos de la federación. A la fecha, la mayoría tiene más de cuatro meses, ¡!, como lo leen ustedes, cuatro meses sin cobrar un peso; si bien no han dejado de trabajar, cada día están más endeudados y encima, autoridades estatales comienzan a exigirles que entreguen calificaciones y extiendan tres semanas más su presencia en la escuela, aunque el convenio que firmaron al inicio del año tiene vigencia hasta los primeros días de junio (Mensaje de maestros de Guerrero
  8. Otros grupos afectados son los trabajadores de programas sociales que dependen del gobierno de la Ciudad de México. En marzo pasado, promotores culturales comunitarios, trabajadores de Artes y Oficios Comunitarios, talleristas y otros colectivos culturales dedicados a acercar la educación y la cultura a sectores marginados de la población de la ciudad, realizaron jornadas de protesta y movilizaciones para demandar lo mismo que todos: estabilidad, derechos laborales, condiciones dignas de trabajo  (Trabajadores de cultura y PILARES protestan en Zócalo CdMx).  A este caso se suma el de Monserrat Jiménez, despedida la semana pasada después de trabajar diez años con niñas y adolescentes en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Socióloga de profesión, un día de mayo se presentó en su centro de trabajo y se encontró con que le impidieron la entrada; su pecado fue integrarse al movimiento Queremos trabajo Digno , luego de atestiguar el despido injustificado de otros compañeros y la reducción de aproximadamente 20% de su raquítico salario durante la pandemia (Enseñó a niños a defender derechos y la despiden por exigir trabajo digno).

Tantos conflictos no son mera coincidencia; dan cuenta de los efectos de la política laboral y educativa del gobierno actual. En diciembre del año pasado, escribimos un corto titulado El sector educativo en tiempos de la 4T. Estampas de la precariedad; seis meses después, este artículo viene a confirmar lo señalado entonces: la situación no ha mejorado, al contrario, la precariedad en que se encuentran los trabajadores de la educación es cada día más evidente: mismas prácticas, mismas justificaciones, mismas respuestas para todos: desconocimiento, negativas, la austeridad como excusa, desprecio a los derechos laborales, arrogancia del poder en turno. Todos estos rasgos son al parecer, el sello de identidad de los y las funcionarias de la IV T.

Poco a poco se ha ido corriendo el velo: para el gobierno actual la educación no es prioridad, tampoco mejorar las condiciones de trabajo de los educadores o cumplir con las promesas al magisterio, utilizadas como señuelo para obtener votos. La retórica que ensalza la educación como medio de transformación, progreso, cambio, superación y cuanto adjetivo gustan endilgarle los funcionarios de alto, bajo y medio pelo en sus discursos, no es más que palabrería hueca. Pero la realidad es ésta, los hechos ahí están, solo hemos hecho aquí un breve recuento, parcial sin duda alguna, sin profundizar en los detalles.

¿Cuál es nuestra interpretación? Desde hace rato lo dijimos: la 4T encontró el modo de someter a las resistencias más visibles prometiéndoles el oro y el moro; ahora que los reclamos crecen, ha optado por ignorar, invisibilizar, o de plano,  desacreditar públicamente las protestas; si se acercan elecciones, ha ofrecido aumentos salariales diferenciados a docentes de nivel básico que no alcanzan a resarcir la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación; para los trabajadores administrativos y de apoyo con salarios miserables, ha anunciado aumentos importantes. Eso está muy bien, sin duda alguna lo merecen, tienen derecho, pero al final del día, eso no elimina el impacto político calculado y buscado: atomizar, separar, aislar a los iguales cada vez más precarios.

¿Qué pasará con la frustración, con el enojo y la desilusión? ¿Cómo se procesará ese mal sabor de boca, esa sensación de engaño que ya comienzan a expresar cada vez más abiertamente, docentes y trabajadores de la educación que votaron por un cambio? ¿En qué se convertirá todo ese malestar colectivo? ¿Acaso en potencia disruptiva? Eso está por verse, ojalá que las luchas confluyan y quienes luchan se encuentren para unir sus voces en un solo grito: ¡NO MÁS SOBRE EXPLOTACIÓN NI PRECARIZACIÓN DOCENTE! Para lograrlo, es preciso romper el silencio.

Lo que sí podemos hacer aquí y ahora, es dejar a un lado la indiferencia y mostrar solidaridad con quienes están dando la batalla por trabajo digno.

Fotografía: lasillarota


[1] El Instituto de Educación Media superior (IEMS) surge de una demanda que organizaciones sociales de Iztapalapa realizaron en 1995, para que las instalaciones de la ex Cárcel de Mujeres que se encontraban en remodelación se utilizaran como centro. Fue hasta el año 2000 que se crea formalmente, con el propósito de ofrecer educación media superior en aquellas zonas de la Ciudad de México en las que la demanda era alta y la oferta educativa insuficiente. Cuando AMLO gobernaba el entonces Distrito Federal, el IEMS comenzó a funcionar con quince planteles, actualmente cuenta con 28; los interesados no presentan examen de admisión, un sorteo decide si ingresan o no. Los detractores del hoy presidente le adjudicaron a estas escuelas el mote de “pejeprepas”.

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España: Los profesores de Cataluña inician una nueva tanda de huelgas con cortes de carreteras

Por: EFE

El paro de este martes era solo de dos horas, pero los sindicatos han realizado acciones en diferentes ciudades

Piquetes formados por profesores han cortado este martes varias carreteras catalanas en la primera jornada parcial de paro convocado entre las 08.00 y las 10.00 horas de manera unitaria por los siete sindicatos de docentes contra las políticas del Departamento de Educación. Hasta final de curso, los sindicatos han convocado dos días de huelga -el 25 de mayo y el 9 de junio- y otro paro parcial de dos horas que tendrá lugar el 2 de junio. Sobre la jornada de este martes, el Departamento de Educación han informado que el seguimiento ha sido del 2,09%.

Tras el fracaso de las negociaciones del pasado mes de marzo, los sindicatos exigen al Departamento un calendario de reversión de los recortes desde el próximo curso para los profesores de primaria y secundaria, más protección para no aplicar el 25 % del castellano y la retirada de la modificación del calendario que avanza el curso una semana, además de la retirada de la modificación del currículum.

En Barcelona, una treintena de manifestantes han cortado la Ronda Litoral portando una pancarta en la que se puede leer “Revertid los recortes en la educación pública” y “Cambray dimisión”, ha informado a Bernat Pèlach, de la Intersindical.

En Mataró (Barcelona) unos cincuenta manifestantes han irrumpido en el acceso a la carretera C-60 desde la Vía Sergia, llevando pancartas en las que se leía “Se nos están llenando las ratios”, “SOS educación” y “Cambray dimisión”, un eslogan que también corean los participantes en la protesta. Decenas de manifestantes también han cortado uno de los accesos a la ciudad de Manresa (Barcelona), la T-11 en Tarragona y una de las calles de la ciudad de Sabadell (Barcelona), según la misma fuente.

En El Prat de Llobregat (Barcelona), se han colocado piquetes informativos a las 08.00 horas en las entradas de los centros educativos y a esta hora está teniendo lugar una concentración en la plaza de la Vila del municipio. En Lloret de Mar (Girona) también se ha llevado a cabo una concentración con pegada de carteles y piquetes informativos en los centros educativos.

En Lleida, los profesores han pegado carteles delante de los Servicios Territoriales de Educación, mientras que los profesores han organizado un “picnic-piquete” en Tarragona, concretamente en el aparcamiento del Decathlon de las Gavarres. En Tortosa (Tarragona), los docentes se han citado en una protesta en la plaza dels Nusos.

La de este martes es la primera jornada de protesta convocada por los sindicatos de profesores contra las políticas del Departamento de Educación. Las protestas seguirán los próximos 25 de mayo y 9 de junio con paros de toda la jornada y con una nueva jornada de paro parcial de 08.00 a 10.00 horas el próximo 2 de junio.

Fuente de la información e imagen: https://elpais.com

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La huelga sigue siendo una potente arma sindical

Con más de 26 meses de duración, la huelga de las y los periodistas de la agencia mexicana de información Notimex es uno de los conflictos más largos de la historia sindical contemporánea de América Latina.

Se inició el 21 de febrero del 2020 y continúa. La lanzó SutNotimex (https://sutnotimex.com.mx/), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que cuenta con el apoyo activo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, organización afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con sede en Bruselas, Bélgica.

Para esa fecha Notimex había despedido a 245 de sus 327 colaboradores. La principal reivindicación de la huelga sigue siendo la restitución del personal cesanteado y el pleno respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.

Desde entonces, el servicio informativo “clásico” de Notimex está suspendido. La agencia reemplazó a una parte de los despedidos y recurrió a otros canales y medios sociales para tratar de mitigar el impacto de la huelga en su oferta informativa cotidiana.

SutNotimex contabiliza en la actualidad un centenar de miembros, el 90% son mujeres. “Hemos vivido dos años y dos meses muy complejos. Sin salarios y sin prestaciones sociales”, explica a este corresponsal Adriana Urrea, joven periodista y secretaria general de dicho sindicato. Urrea participó en la última semana de abril en el 4to. encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha que se realizó en Dijon, Francia.

La huelga sigue siendo una potente arma sindical
Adriana Urrea en la manifestación del Primero de Mayo

Aunque el Ministerio del Trabajo reconoció la legalidad de “nuestra medida de fuerza”, comenta Urrea, “hemos sufrido muchas presiones. Sectores del gobierno y ciertos medios de comunicación cercanos al poder nos han tratado de criminalizar. Esgrimen que nuestro movimiento no es legítimo”. Sin embargo, enfatiza, “hemos revertido estas acusaciones y ese intento de criminalizar nuestra lucha. Hemos modificado esa situación desfavorable, ganando una credibilidad social que no contábamos en 2020 cuando nos lanzamos a la huelga”.

Urrea ha sido acusada, a través de tres diferentes procesos judiciales, de corrupción y desvío de recursos públicos durante sus viajes de servicio en sus funciones de reportera, antes del conflicto. Fue declarada inocente en dos de los tres juicios por falta de mérito. Un tercer fallo, de abril del año en curso, la sanciona por no haber presentado comprobantes de gastos por la irrisoria suma de 120 dólares. “Es un burdo pretexto para desprestigiar nuestra lucha. Mis abogados tienen todas las pruebas en las manos y van a recurrir esta nueva embestida jurídica”, argumenta.

La acción legal tiene un objetivo claro: desprestigiar a la dirigente sindical. Algo totalmente coherente con la actitud de la dirección de Notimex, que ya en junio de 2021 propuso resolver el conflicto y respetar los salarios caídos con la única condición de que Adriana Urrea no regresara a su puesto de trabajo. “Las afiliadas y afiliados no aceptaron esta propuesta. Rechazaron la falta de respeto de la empresa tanto a la libertad sindical como a la persona que les representa”, explica la dirigente.

Al momento del balance de este conflicto siempre en marcha, la dirigente subraya con emoción la presencia mayoritaria de mujeres. “Protagonizamos una lucha larguísima con compañeras que no aceptan levantar la huelga porque sienten que sería una claudicación”. Y que se juegan por el sindicato que recuperaron de las manos de una burocracia inoperante y que lograron reconstruir.

Urrea reivindica también la enorme legitimidad nacional e internacional: “Amplios sectores gremiales y de la sociedad civil mexicana hoy nos apoyan activamente, nos reconocen y adhieren a nuestras demandas. Al igual que organizaciones del mundo entero. Esta es ya una gran victoria de nuestro combate sindical”.

Otra lucha, las mismas armas

A casi 4.500 kilómetros al sur de México, en diciembre pasado estalló un frontal conflicto sindical en pleno corazón del Perú andino. Sus protagonistas: los trabajadores de la mina de Andaychagua, en el departamento de Junín (44 mil kilómetros cuadrados). Exigen a la Volcan Compañía Minera, propiedad de la multinacional suiza Glencore, la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo.

A pesar de que las autoridades peruanas ya habían reconocido la legitimidad de las demandas sindicales, ante el rechazo empresarial de negociar dicho acuerdo, el 20 de diciembre del año pasado el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua convocó a la huelga. Luego de más de 60 días de conflicto, el Gobierno peruano exigió a la filial de Glencore que se sentara a negociar. La empresa rechazó la decisión oficial y optó por apelar ante la justicia, recurriendo a diversos pretextos formales.

“Una de las posibles causas de fondo por la cual la Volcan no aceptaría la negociación es la decisión del sindicato de ampliar el ámbito de afiliación a los trabajadores tercerizados”, explica en entrevista exclusiva Gianina Echevarría, asesora sindical y miembro de Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), institución especializada en la problemática laboral en Perú y América Latina (http://www.plades.org.pe/).

La mina de Andaychagua, que se dedica especialmente a la extracción de plata y zinc, cuenta con aproximadamente 400 trabajadores directos (de planta) incluyendo el staff administrativo. Otros 1.100 son trabajadores de empresas subsidiarias o contratistas de la Volcan, por lo cual no gozan de los mismos derechos que los trabajadores directos. Sus contratos temporales pueden no ser renovados sin obligar a la Volcan a pagar indemnizaciones y derechos sociales.

Echevarría visitó recientemente Suiza invitada por organizaciones helvéticas para la celebración del 1 de mayo y para participar en varios eventos informativos sobre la situación sindical en su país.  “Otro nivel de tensión, detonante de la huelga”, explica, “fue la oposición de la patronal de Volcan a firmar una Convención Colectiva con el sindicato. Éste propuso en julio de 2021 un pliego de peticiones que la filial de la Glencore rechazó negociar”.

Según esta asesora sindical, que representa también en Perú a la organización CNV Internacional –de los Países Bajos–, “las condiciones de trabajo de los trabajadores tercerizados son, muchas veces, peores que las de los empleados directos”. Laboran a cientos de metros bajo tierra, en espacios mal ventilados, con temperaturas muy altas y sin equipos de seguridad adecuados.

Desde el comienzo de la pandemia, la situación de los mineros se deterioró aún más. Esta situación impulsó al sindicado en su reunión de diciembre de 2020 a modificar sus estatutos, con el fin de autorizar la afiliación de sus colegas tercerizados. La oficina regional de trabajo aprobó este cambio, pero la filial de Glencore presentó un recurso para invalidarlo. Las autoridades rechazaron dicho recurso. La empresa entonces tomó represalias contra el sindicato y multiplicó los obstáculos jurídicos formales para no negociar con su contraparte sindical.

El respeto a los convenios y a la negociación colectiva es un derecho universal reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y un instrumento esencial para los trabajadores. Sin embargo, dicho derecho produce irritación en amplios sectores patronales. La huelga sigue siendo en algunos países latinoamericanos, un arma esencial del combate sindical.

Miles de trabajadores recurren a esta medida de lucha. Paros que exigen grandes sacrificios personales de parte de sus protagonistas. Sin embargo, estas-os ven que sus reivindicaciones y luchas gozan de buena salud, recogen un apoyo social significativo y, muchas veces, incluso, su compromiso ejemplar despierta y moviliza a la solidaridad internacional.

*Artículo en homenaje a Victorio Paulón, amigo-hermano, compañero expreso político de la cárcel argentina de Coronda durante la última dictadura, destacado militante sindical argentino, fallecido el 5 de mayo del 2022 en Rosario, Santa Fe, Argentina.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-sigue-siendo-una-potente-arma-sindical/

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De huelgas y currículos. Cataluña

Ante todo, quiero expresar mi satisfacción por el éxito de las huelgas y manifestaciones en la enseñanza que se han llevado a cabo estos días. Creo que ya era hora de que salga a la luz el abandono de nuestros gobiernos en cuanto a la educación. Y, como decía uno de los eslóganes más gritados: “No son 5 días de vacaciones. Son 10 años de carencias”.

Da un poco de vergüenza que, después de 13 años de la aprobación de nuestra gran Ley de Educación (LEC) no nos hayamos ni aproximado al 6% del PIB de inversión en educación, tal y como mandaba dicha ley y sea el profesorado quién de nuevo tenga que salir a reivindicarlo. Por no hablar cómo, además, se ha aumentado año tras año el dinero dedicado a la educación privada concertada: por encima de 179 millones de euros en los tres últimos años. Y, además, el Departamento ha cerrado más de 5.200 plazas públicas en todo el territorio catalán, mientras que los conciertos se han mantenido intactos.

La falta de presupuestos implica que los recortes que se hicieron con la crisis del 2008 todavía no se han revertido y, por tanto, la demanda de menos alumnos por aula, menos horas lectivas para poder tener tiempo para reunirse y debatir, no se está tampoco resolviendo. Ni la estabilidad del personal interino y laboral, ni el aumento de las plazas públicas de FP, ni la retirada del decreto de plantillas que tan malestar está creando en los centros… Pero, además, nuestro hiperactivo consejero pretende (pretendía), sin consensuar con nadie, cambiar también el calendario escolar, el comienzo de curso, los horarios escolares, la obligación del C2 de catalán… ¿después alguien se extraña de que haya protestas y huelgas?

Y, por si fuera poco, el Departamento ha presentado un borrador de currículum que ha generado un gran rechazo entre el profesorado. Ahora parece que el Conseller está dispuesto a que los centros que deseen puedan aplazar la aplicación de estos currículos. Pero ésta no es la cuestión. El problema importante es que estos currículos son una imposición más y unos cambios que en absoluto favorecen el aumento de la calidad de nuestro sistema educativo y, sobre todo, hacen pensar que aumentarán las desigualdades ya muy grandes y empobrecerán el nivel cultural y de conocimientos del nuestro alumnado.

Y es que los nuevos currículos son una copia de las propuestas de la fallida Escola Nova21 (que, por cierto, nadie ha presentado una evaluación de sus resultados) y siguen una línea definida por patronales, bancos, grandes empresas y fundaciones privadas (vía OCDE). Propuestas que no son progresistas, sino que van en línea contraria a los intereses de la mayoría de la población. Son una renuncia a la democratización de los saberes, gracias a los cuales se puede estructurar el pensamiento y ampliar horizontes tanto individuales como colectivos. La apuesta por «la educación competencial y el aprendizaje por proyectos» es «un sistema que profundiza las desigualdades y abandona por completo su misión ilustrada de elevar el nivel cultural e intelectual de la población» (Carlos Fernandez Liria, 2017).

Resumiendo, las medidas planteadas por estos currículos, podemos apuntar algunos aspectos que, en mi opinión, van en la dirección completamente equivocada:

1.El desprecio del conocimiento que comporta el enfoque «competencial» y que hace tiempo venimos denunciando y que ahora queda bien explicitado. Textualmente se dice: «La meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades encarnadas en la realidad». La pregunta es, si no se adquieren los contenidos, ¿cómo se pueden utilizar? Pero aún parece más grave lo que dice el sr. Ramón Grau (jefe del equipo que ha diseñado estos currículos): “Muchos contenidos están ahí porque serán útiles para continuar estudiando. A un sector del alumnado le funciona muy bien, porque sigue estudiando, pero a otro, no. ¿Para qué te ha servido prepararte para lo que vendrá después, si no hay después?”. O sea, ¿al alumnado que está destinado a no seguir estudiando, se le deben negar los conocimientos qde los que sí “tienen un contexto que les ayuda a salir adelante” podrán obtener?

Está claro que alejar a los alumnos del acceso al conocimiento implica tener ciudadanos sin capacidad crítica, lo que les convierte en ciudadanos dóciles y fáciles de manipular. Y los más perjudicados son precisamente los que más lo necesitan, los más desfavorecidos socialmente, porque se les tima los contenidos culturales a los que no tendrán acceso fuera de la escuela y que les permitirían comprender las causas, políticas y económicas, que los han llevado a su situación.

La supresión de horas de casi todas las materias y el desprecio de las clases magistrales, de la utilización de la memoria, de los libros de texto (convertidos en digitales) y de todo lo que se hacía, son también elementos que dificultan la transmisión del conocimiento. La memoria es absolutamente necesaria para retener los conocimientos y sin conocimientos no existe cultura, no hay comprensión de la realidad, no hay posibilidad de tener espíritu crítico, ni hay tampoco posibilidad de ampliar el propio conocimiento.

2.En la misma línea va La introducción de los ámbitos educativos en secundaria, que implican también un desprecio al conocimiento y al profesorado que es especialista en su materia. Una experiencia que se está llevando a cabo en Valencia y que está demostrando que no ayuda en nada a mejorar el aprendizaje.

3.La introducción del mundo emocional como objetivo evaluable, en unos términos que superan lo que yo creo que debe hacer, y que puede hacer, un profesor o profesora en un aula, y que, además, abre la puerta a prácticas derivadas de diversas teorías, algunas de orígenes dudosos y que pueden acabar haciendo más daño que bien a nuestro alumnado. En este sentido, Grau nos viene a decir que la educación debe prepararse “para la frustración en una situación de desamor. Para la soledad. Para el momento en el que fracasa un proyecto y nos encontramos sin trabajo”.

Si bien la llamada «educación emocional» ha calado bastante en una parte del profesorado y de la sociedad, es una cuestión muy controvertida que introduce en la educación técnicas que provienen del mundo empresarial y que pueden acabar en un adiestramiento con el objetivo de desplazar las problemáticas sociales al ámbito de las emociones. En definitiva, lo que importa no es cambiar el contexto (político, económico, laboral), sino variar la reacción emocional para adaptarse a éste.

Por otra parte, parece muy complicado poder realizar una evaluación objetiva de cuestiones como si el alumnado ha logrado “…la experiencia personal de satisfacción con uno mismo para poder hacer frente a las dificultades y superarlas en positivo”. Esto no quita que, como hace la mayoría de profesorado, se cuide del alumnado y se esté atento a sus problemas.

4.La obligatoriedad de realizar un “servicio comunitario”. No está claro que el voluntariado deba ser obligatorio ni que sea la escuela la que tenga que obligar a la participación del alumnado en este tipo de servicios. Una cosa es estimular el espíritu crítico y los valores de solidaridad, y proporcionar herramientas para entender y enfrentar las desigualdades sociales y económicas, las segregaciones por diferentes razones, etc. Y otra es obligar a prestar un «servicio», que muchas veces está más ligado a la caridad que a la solidaridad.

5.Un aumento de la “autonomía de centro” que, mientras no se derogue el Decreto de Plantillas, cada vez más acaba siendo una imposición de la dirección. Si consideramos que la educación es una tarea colectiva, no es una buena cosa que las decisiones vengan impuestas y que el profesorado las asuma acríticamente por miedo a perder la plaza.

Por otra parte, dejar el 20% del currículo a decisión del centro puede acabar con un aumento de la competitividad y de las desigualdades, dependiendo del tipo de alumnado o de las decisiones de la dirección. Por no decir que esto rompe con la idea de red de educación pública, que tiene la obligación de ofrecer una educación de igual calidad a todo el alumnado, sea cual sea su status o viva en el barrio que viva. Pretender que cada centro dedique estas horas a las “necesidades propias del centro” es dar por supuestos que los centros concentran un tipo homogéneo de alumnado que tiene necesidades distintas a las del centro de al lado.

Adaptar los currículos y las actividades al alumnado, es algo que siempre hemos hecho el profesorado, pero poner ya materias diferentes es ir un paso más en dirección a la segregación.

6.Toda la complicación que supone la propia estructura del currículo y que, en ningún caso, parece que esto vaya a mejorar los aprendizajes del alumnado, pero sí obliga (al menos teóricamente) a que el profesorado comience de nuevo a re-programar todo lo que hacía en el aula.

Parece que cada cambio de gobierno debe dejar su impronta, y en educación pasa por cambiar cuestiones burocráticas que no hacen más que aumentar las horas de trabajo del profesorado en detrimento de la preparación de las clases. Recuerdo que hasta ahora nos regíamos por la LOGSE, que ya obligaba a programar por conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Ahora se cambian todos los nombres, todos los objetivos, introduciendo perfiles competenciales de salida, competencias clave, indicadores operativos, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos; y contextos de aprendizaje. En definitiva, parece hecho más para agobiar al profesorado que para facilitarle su labor.

7. Y finalmente, cuando se llega a los contenidos, que ahora se llaman “saberes”, nos encontramos con un caos de conceptos desordenados y mezclados, que no facilitan en absoluto una planificación racional de los conocimientos ni de las actividades a realizar en el aula.

Que debían modificarse los currículos, seguramente todas estamos de acuerdo. Se podía haber estudiado bien la cantidad de conocimientos que había en el anterior currículo, sacar lo que estaba de más, señalar lo fundamental, y añadir lo que no estaba. Se podían haber dado recomendaciones para realizar la enseñanza más activa o más participativa, incluso más competencial, sin que ello implicase menospreciar y devaluar los conocimientos y sin imponer metodologías únicas que, además, se han demostrado ya negativas para la mayoría del alumnado. La experiencia nos demuestra que cada maestro, profesor o profesora sabe encontrar la metodología que mejor le va y que tiene mejores resultados.

Más allá de la pérdida de tiempo y energía que implica para el profesorado programar su tarea diaria en el aula, no parece que unos conocimientos tan poco estructurados puedan ayudar al alumnado a asumirlos.

En definitiva, cambiarlo todo para no mejorar nada.

Creo que es necesario abrir un debate sobre qué queremos de la educación y exigir políticas encaminadas a una educación pública, bien dotada y cohesionada, que dé respuesta a las necesidades reales de nuestro alumnado y no a las necesidades del mundo empresarial.

Fuente: https://vientosur.info/de-huelgas-y-curriculos/#

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Sindicato de Estudiantes: «Cádiz · 26N Huelga general estudiantil. ¡La juventud con la lucha del metal!»

Por: Tercera Información

¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Basta de represión policial!

Manifestación 11h desde Puerta Tierra al Ayuntamiento.

Comunicado Sindicato de Estudiantes

El pasado martes 23 protagonizamos una movilización histórica: los institutos y facultades quedaron vacías y las calles de Cádiz se llenaron con más de 10.000 jóvenes y trabajadores. ¡Dimos una lección de dignidad y compromiso extraordinaria!

La movilización transcurrió pacíficamente y en un ambiente eléctrico. Las simpatías de toda la población se convirtieron en constantes aplausos por donde pasábamos, y no es para menos. Los trabajadores y trabajadoras del metal están llevando a cabo una huelga que merece toda la solidaridad. Porque no se trata tan solo de un convenio. Estamos hartos y hartas del desempleo crónico, de una precariedad que nos hunde en la miseria, de que nos arrebaten nuestros derechos y nos nieguen el futuro.

Pero hay muchos que nos quieren callados y en casa. Quieren que aceptemos resignadamente estas condiciones insoportables, que no salgamos a las calles, que nos quedemos mudos. Ese es el objetivo que busca también la represión policial. Es absolutamente inaceptable que el subdelegado del Gobierno en Cádiz y el ministro del Interior envíen a los antidisturbios para atacarnos, o metan tanquetas en los barrios de San Fernando para intimidar a los vecinos y vecinas. ¡Tienen que dimitir inmediatamente! ¡La represión tiene que cesar ya!

Desde el Sindicato de Estudiantes lo decimos alto y claro: ¡No nos van a amedrentar! Si creen que así van a romper nuestro apoyo a los trabajadores del metal están soñando. Por eso hay que redoblar a movilización de la juventud gaditana, con una nueva huelga general estudiantil este viernes 26. ¡Llenemos las calles otra vez!

Frente al desmantelamiento industrial, frente al paro y la precariedad, frente a quienes solo buscan hacer beneficios millonarios a costa de nuestra explotación y nuestra miseria, es el momento de unir fuerzas.

¡Obreros y estudiantes unidos a vencer!
¡Todos y todas a la huelga y la manifestación!

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/24/11/2021/sindicato-de-estudiantes-cadiz-26n-huelga-general-estudiantil-la-juventud-con-la-lucha-del-metal/

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Normales rurales, su esencia colectiva

Por: Tanalís Padilla*

La esencia de las normales rurales es su carácter colectivo. En gran medida esto se debe a sus orígenes en la Revolución. El contenido social de la Constitución de 1917 –las protecciones laborales, el reparto agrario y el acceso a la educación– que pretendía corregir la irrisoria concentración de riqueza del periodo porfirista dependió del principio de derechos colectivos cuya articulación son la única forma de contrarrestar el poder del capital.

Las características colectivas de las normales rurales se dieron desde su construcción inicial, ya que en muchas instancias eran las comunidades mismas quienes aportaban la mano de obra, los materiales o la elaboración de sus muebles. Los informes de la primera generación de directores de estas escuelas y las memorias de los primeros alumnos enumeran múltiples ejemplos de esta labor. En la normal rural de Río Verde, San Luis Potosí, los estudiantes dedicaban las tardes después de sus clases a construir mesas, bancos y camas para su comedor e internado; en Xocoyucan, Tlaxcala, los alumnos instalaron una cooperativa con sus propios fondos; en el El Mexe, Hidalgo, rehabilitaron las paredes y muros; en Ayotzinapa, Guerrero, cimentaron la carretera a Tixtla.

El que muchas de las normales rurales se instalaran en antiguas haciendas era una justicia poética: los antiguos palacios cuyos propietarios se habían enriquecido gracias a la apropiación de tierra y trabajo de la clase campesina e indígena albergarían ahora a los descendientes de esa clase explotada. Además, los directores, estudiantes y profesores promovían una activa labor y relación con las comunidades vecinas, ya fuera con campañas de vacunación e higiene, organización de festivales cívicos o poniendo las instalaciones de la normal a disposición de las comunidades, como lo hizo en 1926 el director de la entonces normal rural de Tixtla, quien bajo el nombre de la escuela, puso un letrero que decía TALLERES DEL PUEBLO, así con mayúsculas, y así dar libertad muy amplia al pueblo para que entre a trabajar con nosotros.

El carácter colectivo de estas escuelas también se reforzó con el código disciplinario adoptado en su seno y elaborado en muchas de ellas por el profesor, pedagogo y director de varias normales rurales José Santos Valdés. Entre otras cosas, Santos Valdés enfatizó que los alumnos deberán participar no sólo en la elaboración de su cultura y en la producción económica de la escuela, sino en la organización y dirección de la vida de los niños y de los maestros, tanto dentro como fuera de la institución. En las normales rurales los alumnos debatían e incidían en las sanciones que se implementaban cuando se faltaba a las normas y el código disciplinario se aplicaba a la comunidad entera: docentes, estudiantes y cuerpo administrativo.

En las normales rurales el comedor y el internado son las modalidades que más han preservado el carácter colectivo de estas escuelas. Son espacios para convivir. Son también lugares de socialización y de concientización, donde la lógica de organización colectiva se enseña, se aprende y se intuye. Y son espacios comunes donde jóvenes pobres, muchos de ellos de comunidades remotas, conviven con centenares de estudiantes, cada uno con su propia historia, pero con el común denominador de ser de extracción humilde y de querer estudiar. En este mundo y en las prácticas que lo refuerzan y lo protegen, los normalistas han desarrollado un fuerte sentido de dignidad, una dignidad que manifiestan al defender sus derechos en colectivo.

Es una dinámica que desde hace mucho ha incomodado a altos funcionarios de la SEP. A finales de la década de los 60, cuando ya se veía venir la reforma educativa que eliminaría 14 de las 29 normales rurales y donde también se separó el ciclo de secundaria del profesional, uno de los argumentos era que los alumnos mayores manipulaban a los menores. En ese entonces también se consideró remplazar internados con becas individuales como forma de control ideológico y para minimizar huelgas y paros. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México caracterizaba de reaccionaria y antipopular este tipo de medida y declaró: no consideramos justo ni revolucionario mutilar las escuelas normales rurales.

Las reformas neoliberales implementadas en las cuatro décadas anteriores han diezmado el carácter popular y social de la Constitución mexicana. Así como el concepto de eficiencia se ha utilizado como justificación para privatizar la infraestructura pública, el individualismo, eje central de la cultura neoliberal, es vista como tentadora respuesta a la corrupción. Pero ambos conceptos sirven al capital porque atomizan a la sociedad y debilitan mecanismos de defensa y movilización colectiva.

A casi un siglo de vida y en contextos distintos, las escuelas normales rurales han experimentado tanto cambios como continuidades, pero su esencia colectiva hoy continúa en pie gracias a la infraestructura del comedor y del internado. Eliminar estos espacios sería acabar con ellas.

* Profesora-investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Autora del libro Unintended Lessons of Revolution, una historia de las normales rurales en el siglo veinte , próximo a publicarse con Duke University Press

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/opinion/013a1pol

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