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Manuel Fernández Navas: La batalla cultural en educación

La “Batalla cultural” es un concepto clave en la teoría política y cultural de Gramsci. Para él, esta batalla cultural es la lucha por el control del pensamiento y la cultura en una sociedad. Según Gramsci (1975), el poder no sólo se ejerce a través de la fuerza, sino también mediante la cultura, la educación, la religión, los medios de comunicación, las artes y otros aspectos de la vida social.

Vivimos en tiempos convulsos en todas las esferas de la vida, pero especialmente en la política. Son tiempos en los que asistimos al auge de la ultraderecha en Europa (y en el mundo entero). Son tiempos de “batalla cultural”, en los que unas posturas y otras luchan por imponer sus conceptos e ideas como un marco de pensamiento hegemónico. Sobre este tema, ya hablé en otro artículo en este mismo diario en el que trataba de plantear, cómo funcionaba y qué intereses había detrás de las construcciones de estos nuevos relatos.

Un ejemplo reciente que demuestra el estado actual y la importancia de la “batalla cultural” se puede encontrar en la esfera política, específicamente en la moción de censura liderada por un partido de extrema derecha. Durante esta situación, se plantearon ciertas ideas en el Congreso de los Diputados que hace unos años hubiera sido impensable mencionar abiertamente por cualquier partido político.

Asistimos así, escandalizados, a ver cómo se cuestionan temas como la igualdad de oportunidades, el género, la inmigración, las clases sociales, los derechos,… Anteriormente, si bien sobre estos asuntos nunca ha habido un pacto social, sí había un acuerdo mayoritario que establecía un marco de pensamiento y referencia, donde no se cuestionaban. Sin embargo, actualmente, son claramente susceptibles de ser debatidos.

Como decimos, es cierto que si bien desde las posturas más conservadoras siempre se había intentado reformular ese marco de pensamiento, no ha sido hasta hace bien poco que nos encontramos con que hay sectores y grupos que se han apropiado ese discurso y han conseguido implantar un nuevo marco de pensamiento en el que estas ideas son cuestionables, debatibles, discutibles,… de manera explícita, y esto tiene que ver, ineludiblemente, con el auge de la ultraderecha.

La educación no permanece ajena a esto puesto que es uno de los principales campos de batalla cultural debido a que no solo se ocupa de desarrollar conocimientos y habilidades, sino que también ayuda a moldear la conciencia y la visión del mundo de las personas. En este sentido, la educación puede ser una herramienta para la liberación y la transformación social, pero también puede ser utilizada para mantener -o cambiar- el statu quo y la dominación de una clase o grupo social sobre otros (Freire, 1975).

Por lo tanto, en educación, como uno de los campos principales de batalla cultural, asistimos a un escenario parecido a este que hemos descrito en política.

Si bien, en educación siempre hemos encontrado un grado más de batalla entre formas de entender los conceptos (luego veremos por qué) hace unos años, hubiera sido impensable que alguien cuestionara reducir la enseñanza obligatoria (por ejemplo) y tuviera el respaldo que tiene en la actualidad cuando se plantea abiertamente. Avanzamos hacia un marco de pensamiento en el que esto podría darse como discusión política, social y educativa, directa y explícita.

Igual ocurre con otras ideas que hace unos años no hubiéramos pensado jamás que tuvieran tanto soporte como ahora. Como por ejemplo cuestionar que todos deberíamos tener igualdad de oportunidades y que deberíamos estar en una escuela que nos incluyera y nos permitiera participar.

Cuestionar este concepto, el de la inclusión educativa, se ha convertido en uno de los objetivos principales de algunos y algunas, porque dinamitándolo les permite construir un marco de pensamiento que abra la puerta a replantear otras muchas cosas en el ámbito no sólo educativo, sino social y político.

Esto tiene que ver, a mi juicio, con el vínculo ente educación e ideología y cómo esta es siempre un espacio político, probablemente uno de los más importantes. Tema sobre el que ya escribí. Y, por lo tanto, actualmente, nos encontramos en una situación en la que determinados actores políticos, que además tienden a camuflarse presentando sus posturas como de izquierdas y con ideas progresistas, cuestionan, desde un pensamiento absolutamente conservador, todos los marcos de pensamiento previos y que eran medianamente estables en educación. Cuestionan los acuerdos mayoritarios que habíamos alcanzado sobre ella.

El interés de estos actores políticos es claro, la educación puede ser utilizada de diferentes maneras en esta batalla cultural. Por un lado, puede serlo por las clases dominantes para perpetuar su poder y control sobre la sociedad. Pero por otro, puede ser utilizada por los oprimidos para desafiar la hegemonía cultural y luchar por su emancipación. De forma que hay que controlar las palabras y los discursos sobre educación que conformarán nuevas realidades en ella.

En este sentido, estos actores políticos representan la avanzadilla para que calen nuevas ideas conservadoras. Si cambian el marco de pensamiento sobre conceptos educativos, será más fácil que luego se acepte la extensión de esos conceptos en el aspecto político y social. Un ejemplo claro de esto sería cómo entender -mal entender a la luz de los estudios- la igualdad de oportunidades a través de la meritocracia.

La labor de estos actores es, por lo tanto, la de relatar, la de dar batalla cultural; son los encargados ir consiguiendo, poco a poco con sus discursos, que el resto de las personas asumamos la transformación de esas ideas que no deberían discutirse en otras cuya discusión resulte aceptable.

Esta situación es muy grave si queremos avanzar hacia la construcción de una educación de calidad para toda la ciudadanía, ya que la configuración de un marco de pensamiento hegemónico configurará las actuaciones legales, prácticas,… que vengan después.

Por lo tanto, creo que hemos de asumir esta nueva situación en la que nos encontramos y actuar en consecuencia. Teniendo en cuenta lo que ocurre en la política, lo primero sería ser conscientes de la situación para, después, aceptar que nosotros también hemos de dar esta batalla cultural: contrarelatar.

Mi opinión es que el tiempo de centrarnos en lo que hacemos y no discutir con nadie ha pasado. Esa actitud implica la renuncia a construir un marco de pensamiento en educación realmente educativo y ceder espacios para que ese marco lo construyan otros actores con otras ideas no tan educativas que sí son muy conscientes de esta situación y están preocupados y organizados por crear relatos.

Es necesario estar en esta batalla cultural. Lógicamente, no pensando en aquellos y aquellas contra quienes se da esta batalla. No parece probable que nos convenzamos unos a otros, pero sí pensando en las personas que nos escuchan o leen.

Es necesario volver a dibujar, trazar líneas rojas y explicitar que hay cuestiones, en la educación, que no son discutibles. Podemos hablar sobre qué necesitamos para hacerlas, pero no “si hay que hacerlas”. Es necesario explicitar cuáles son los intereses de determinadas personas en generar ciertos discursos. Es necesario poner sobre el tapete que hay cuestiones que se están igualando cuando no son susceptibles de igualarse y que igualarlos supone construir un marco interesado, falaz y en el que siempre ganan los pensamientos conservadores.

Hay asuntos sobre las que no cabe ponerse de perfil y deben ser líneas rojas que todos condenemos públicamente o estaremos dejando que nuevos discursos erosionen y construyan otros marcos mentales.

Hay que dar batalla cultural porque si no la damos, si no utilizamos nuestro altavoz en medios, en nuestros ámbitos de influencia, en nuestros contextos cercanos,… estamos dejando que otros ocupen esos espacios y cuando dejamos y cedemos espacio a que otros den esta batalla, estaremos perdiéndola.

Esto es lo que se concreta en la frase atribuida a Gramsci (1975) “la realidad está definida con palabras, por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad”.

Es por ello que nuestras palabras son importantes, en nuestros ámbitos de influencia, en nuestros contextos. Porque en ellas se encuentra nuestra visión de la educación y si no la contamos, nunca podrá ser compartida por otros y otras.

No se trata de tener una actitud agresiva, se trata de ser conscientes de la necesidad, hoy más que nunca, de dar nuestra opinión, compartir nuestra visión educativa y confrontar otros puntos de vista en los contextos que tengamos a nuestro alcance.

El cambio social a través de la educación pasa por una educación más crítica y participativa, que enfatice el pensamiento crítico y la reflexión sobre los valores culturales y las estructuras de poder existentes en la sociedad y para que esto ocurra, es necesario crear un marco de pensamiento en la sociedad, con respecto a la educación que ahora mismo, no existe.


Referencias

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI

Gramsci, A, (1975). Cuadernos de la cárcel. Fondo documental EHK

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Informe Unesco: La educación no llega a los adultos que más la necesitan en el mundo

Informe de la Unesco para la séptima Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos de Marrakech.

Los grupos más desfavorecidos, quienes más necesitan formación, son los que menos acceso tienen a la educación de adultos, mostró un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Colectivos vulnerables como los estudiantes indígenas, las poblaciones rurales, los migrantes, los ciudadanos de edad avanzada, las personas con discapacidad y los presos tienen difícil acceso al aprendizaje, indicó el quinto Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos.

Ese reporte fue presentado por la Unesco al iniciarse este miércoles 15 la séptima Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos en Marrakech (Maruecos).

Cerca de 60 % de los países que dieron sus datos para el informe indicaron que no mejoró la participación de las personas con discapacidades, los inmigrantes o los presos, mientras que 24 % de las naciones admitieron una disminución de la participación de las poblaciones rurales.

Del mismo modo, la participación de los adultos mayores también bajó en 24 % de los 159 países encuestados.

La Unesco reconoce que, en general, ha habido progresos en el acceso de la mujer a la educación, uno de los objetivos fijados en la sexta conferencia, realizada en Belém, Brasil, en 2009, pero la considera todavía insuficiente, así como la de los adultos jóvenes.

En 23 % de los 159 países que presentaron datos para el informe, menos de uno por ciento de los jóvenes y los adultos a partir de 15 años participan en programas de educación y aprendizaje.

África subsahariana se sitúa a la cabeza por un amplio margen, ya que 59 % de los países declaran que al menos uno de cada cinco adultos se beneficia del aprendizaje, lo que puede explicarse en parte por la fuerte demanda de alfabetización de adultos.

Esa cifra se reduce a solo 16 % de los países de América Latina y el Caribe y a 25 % de Europa.

La mayoría de los países reportaron avances relacionados con la calidad de los planes de estudio, la evaluación y la profesionalización de los educadores de adultos.

Más de dos tercios informaron de progresos en la formación y en el servicio de los educadores para adultos, y con relación a sus condiciones de empleo, aunque varían considerablemente según la región y el grupo de ingresos.

El estudio propone cambios en el enfoque sobre el aprendizaje y la educación de adultos por parte de los Estados miembros, respaldados por una inversión adecuada, que garantice que todas las personas tengan la oportunidad de beneficiarse.

A modo de ejemplo, existe una gran diferencia en cuanto a la financiación pública en el área, ya que 22 de 146 países dedican cuatro por ciento o más de su gasto público en educación al aprendizaje y la educación de adultos, mientras que, por contraste, otras 28 naciones destinan menos de 0,4 %.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, planteó que la comunidad internacional debe tomar medidas para garantizar que el derecho a la educación se haga realidad para todo el mundo, sin importar su edad, quiénes son o dónde viven.

Expuso que “debido a los rápidos cambios tecnológicos y sociales, así como a los enormes desafíos mundiales que requieren ciudadanos comprometidos y críticos, la recalificación y el perfeccionamiento a través del aprendizaje y la educación de adultos deben ser rutinarios”.

“La habilidad definitiva del siglo XXI es la capacidad de aprender”, sentenció Azoulay.

Fuente: https://rebelion.org/la-educacion-no-llega-a-los-adultos-que-mas-la-necesitan/

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Ecuador: Los niños nacieron para aprender, pero necesitan oportunidades

Yasmín Salazar Méndez

Los niños nacieron para aprender y son los aprendices más capaces del planeta. Esta frase tomada del libro ‘Aprendizaje temprano de calidad: Nutrir el potencial de los niños’, publicado por el Banco Mundial, describe la innata capacidad de los niños, su velocidad para aprender cosas nuevas y su habilidad para generalizar lo aprendido a otras experiencias.

A pesar de la reconocida capacidad de aprendizaje de los niños, según estimaciones del Banco Mundial, el 53% de los que tiene 10 años, que habitan en países de ingresos bajos y medianos, padecen la denominada ‘pobreza en aprendizaje’, es decir, no sabe leer ni comprender un texto breve.

Esta situación se vio agravada por la pandemia de Covid-19 y, según estimaciones del mismo organismo, si no se toman acciones oportunas podría llegar a 63% en la pospandemia.

Un 40% de los niños en Ecuador no comprende lo que lee, según María Brown, ministra de Educación.

Aunque la pobreza en aprendizaje es más notoria en los que asisten a la escuela, el origen de las deficiencias cognitivas de los niños se remonta a los primeros cinco años de vida.

Se trata de una etapa es clave para el adecuado desarrollo cognitivo, psicosocial, psicomotor y afectivo, que no solo permitirá que los niños tengan un mejor proceso de aprendizaje en la escuela, sino que será el soporte de toda su vida estudiantil.

El 40% de los niños en Ecuador no comprende lo que lee.

Para evitar que las cifras de pobreza en aprendizaje continúen subiendo, hay que diseñar estrategias para corregir el atraso de los niños que ya están en la escuela, pero también hay que atender a los que tienen menos de cinco años de edad.

En Ecuador, la atención y educación para los niños menores de 5 años, se divide en dos: educación en la primera infancia (destinada a niños de 0 a 3 años), y educación inicial (para niños de 3 a 5 años).

En el primer caso, la atención debe ser garantizada y regulada por el MIES, sin embargo, la responsabilidad es de los padres de familia, que tienen libertad de decidir si sus hijos asisten a un centro de educación y atención para la primera infancia.

En el segundo, es obligación del Estado. 

Cuando la decisión de enviar a los niños a un centro de desarrollo infantil recae únicamente en los padres, se pueden marcar grandes diferencias en el aprendizaje de los niños que asisten a estos centros y los que no lo hacen.

Tomar una decisión de este tipo depende de diversos factores, como: los recursos económicos de los padres, las preferencias sobre a quienes consideran como responsable del cuidado de los niños, y la información que disponen los padres sobre las ventajas de que sus hijos asistan a un centro de educación y atención infantil.

Sobre ese último punto, en un estudio realizado para Ecuador se determinó que los centros de cuidado infantil son vistos como sustitutos del cuidado materno y no como lugares en los que se puede potenciar el desarrollo integral de los niños.

En el país, según datos tomados del portal de información del MIES y actualizados a 2017, ese año la tasa de asistencia a centros de desarrollo infantil fue de 19,4%, mientras que en 2010 era de 15%.

Con respecto al tipo de centro, el 93,7% de los infantes asiste a centros públicos, mientras que el 6,3% frecuenta centros privados.

Por rango de edad, la tasa de asistencia fue la siguiente: 0 a 22 meses (8,2%), 12 a 23 meses (19,7%) y de 24 a 35 meses (30,4%).

La tasa de asistencia a los centros de educación de infancia temprana aún es baja, y aumentarla depende de que los padres tengan incentivos para enviar a sus hijos de 0 a 3 años.

No solo con la idea de que allá los cuidarán, sino de que será positivo para su desarrollo integral, puesto que recibirán atención educativa de calidad, además de servicios de nutrición y gozarán de un ambiente que beneficia su desarrollo socioemocional.

Para que esto se haga realidad, los centros de desarrollo infantil públicos y privados deben brindar servicios integrales de calidad.

Aunque también hay que tomar en cuenta que las brechas no surgen únicamente por la asistencia a los establecimientos de educación infantil, sino también por la alimentación, los cuidados de salud y la estimulación que reciben los niños dentro de sus familias. Además, es necesario mencionar la importancia de que los niños gocen de vínculos afectivos fuertes y saludables.

Los niños nacieron para aprender y, que lo hagan bien, depende de los adultos.

Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/firmas/ecuador-ninos-aprendizaje-educacion-publica-deficiente/

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A propósito del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030

Por: Julio Leonardo Valeirón Ureña

Debe centrarse, antes que nada, en la prevalencia de los intereses de los y las estudiantes, es decir, en aquellos insumos y procesos que están vinculados con sus aprendizajes.

En el año 2014, se firmó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, para el período 2014-2030. Hay que reconocer que fue un gran esfuerzo de concertación, como ya hemos estado acostumbrados en República Dominicana en el sector educativo.

Con la excepción de muy pocos de los convocados, la gran mayoría con su firma, se comprometían al contenido del mismo, el cual versó sobre las bases del Pacto, la visión compartida de la educación dominicana, acerca de la democratización e igualdad de oportunidades de acceso en todos los niveles, sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes, también de la dignificación y desarrollo de la carrera docente, sobre la instalación de una cultura de la evaluación en el sistema educativo, por supuesto, la modernización de la gestión del sistema, así como el adecuado financiamiento y movilización de recursos y, finalmente, la implementación, monitoreo, evaluación, veeduría y cumplimiento de los compromisos pactados. En resumen, no parecía que quedara fuera del Pacto ningún tema de importancia; es más, fue casi todo un Plan Nacional para el sector que fue consensuado y asumido, por el conjunto de personas y organizaciones, que firmaron el referido documento.

A ocho años de su firma, y a propósito del llamado que hicieran los representantes del Foro Socieducativo al presidente del Consejo Económico y Social, Lic. Rafael Damares Toribio, de convocar para su evaluación y relanzamiento, quiero traer la siguiente reflexión:

Las razones principales por las cuales se convocó y firmó el Pacto siguen siendo expectativas no de corto ni de mediano, sino de largo plazo. Que los estudiantes muestren altos logros de aprendizajes en los estudios nacionales e internacionales que se realizan, sigue siendo un tema pendiente. Los resultados de los últimos estudios realizados así lo confirman. Más del 80% de nuestros estudiantes apenas alcanzan un nivel mínimo de desarrollo en las áreas evaluadas, principalmente, lenguaje y matemática.

Por otra parte, que el sistema educativo preuniversitario cuente con docentes de calidad, también sigue siendo un tema pendiente. La Evaluación del Desempeño Docente realizada en el 2017-2018 mostró que apenas un 3% de los maestros alcanzaron un nivel de desarrollo excelente, es decir, alcanzaron puntuaciones entre 90 y 100 puntos. Fue notorio en dicha evaluación, que las competencias y habilidades fundamentales para un ejercicio de calidad en las escuelas y aulas, estaban aún muy lejos de alcanzarse. Nuestros docentes no mostraron evidencias de que dominaran cuestiones básicas de las didácticas en general, y que la planificación del trabajo de aula presentaba muy serias debilidades. Es decir, la evidencia científica con que se cuenta es que la gran mayoría de los docentes aún no exhiben las competencias necesarias para enseñar y, aún más complicado, no parece que tengan el dominio experto de lo que deben enseñar, cuestión ésta fundamental, pues se supone que su gestión pedagógica, se constituirá en la oportunidad para que los estudiantes aprendan. Tómese en consideración, que la República Dominicana en la Región de América Latina y el Caribe, es u no de los países que tiene el más alto porcentaje de docentes certificados por una Institución de Educación Superior.

Por otro lado, los resultados que el Ministerio de Educación ofrece acerca del último Concurso de Oposición Docente para ocupar las plazas disponibles en los diferentes cargos, es sencillamente alarmante, y ello a pesar de que la herramienta más importante para evaluar las competencias de los profesionales de educación, aspirantes a ingresar a la carrera docente fue eliminada, sumando su puntuación a la entrevista, acción evaluativa que se caracteriza por una gran nivel de subjetividad y de muy poco nivel de discriminación, es decir, que no permite establecer claramente la diferencia entre un profesional docente competente y otro no competente.

Esta no es cualquier situación y mucho menos, cualquier tema, pues se trata de los profesionales que tendrán la misión de educar a las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas para el futuro que nos depara.

Si se tomara la evolución del gasto presupuestario en educación entre los años 2012 y 2018, sin que esto haya cambiado en los años posteriores, se aprecia que habiendo alcanzado el gasto de capital en el año 2013 el 35.77%, para el año 2018 era apenas de un 7.63%. Es decir, que la inversión de capital disminuyó 28.14 puntos porcentuales. Veámoslo desde otra perspectiva, el gasto corriente para esos mismos años pasó de 64.73% a 92.37%. Estoy muy claro el peso que tuvo entonces la inversión en aulas y planteles escolares, solo que si quisiéramos tener una mejor idea de cuál termina siendo la prioridad en el gasto, solo tendríamos que revisar cómo se distribuyó el mismo considerando insumos, programas pedagógicos y personal. Para los mismos años considerados, es decir, 2012-2018, mientras el gasto en insumos pasó de $14,398,025,810 a $29,767,856,338, y el de pago en programas pedagógicos pasó de $5,890,997,954 a $15,493,915,029, el pago de personal lo hizo de $31,167,029,134 a $106,985,214,225. En este último renglón el aumento fue de RD$75,818,185,091 en el mismo período.

Como decíamos antes, estos porcentajes de distribución del gasto global, no parece que hayan cambiado actualmente. Hay que admitir, definitivamente, que la aplicación del 4% del PIB en educación ha generado importantes holguras en el gasto educativo. Quizás en el Pacto se debieron crear mecanismos más estrictos y transparente para la ejecución presupuestaria.

Hay una cuestión que gravita sobre el tema de la educación dominicana y que, lamentablemente, el pacto en su misión de pactar las condiciones necesarias para cumplir con los acuerdos no ha podido cambiar en lo más absoluto, es la politización (un ministro llegó a decir incluso, “la politiquería”) que tiene atrapado y sojuzgado al sistema educativo dominicano.

El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, soslayó el tema, pues no hay ningún acápite que obligue a transformar, a cambiar, más aún, a erradicar la cultura política partidaria de tener en el presupuesto de educación la base económica de sustentación de las actividades políticas de los grupos y partidos, que han tenido acceso directo al mismo. La nómina administrativa, de manera muy particular, los contratos y adjudicaciones de los bienes y servicios que requiere el sistema se constituyen en una fuente que nadie parece estar dispuesto a abandonar.

Un Pacto es un acuerdo, que en el caso que nos ocupa, debió crear todas las condiciones necesarias para asegurar su cumplimiento, sobre todo y de manera muy particular, en la gestión de los fondos presupuestarios asignados.

Si las actividades políticas de los partidos se financian a través del Presupuesto de la Junta Central Electoral, no es justo que además lo que destinamos a la educación de los niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes adultas, también se constituya en fuente para tales actividades.

El Pacto debe centrarse, antes que nada, en la prevalencia de los intereses de los y las estudiantes, es decir, en aquellos insumos y procesos que están vinculados con sus aprendizajes, y cualquier otro interés grupal o corporativo, debe ser erradicado del sector.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/a-proposito-del-pacto-nacional-para-la-reforma-educativa-2014-2030-9034731.html
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Argentina: Más de 50 chicos y chicas se sumaron al taller de Robótica Educativa en Rosario

Más de 50 chicos y chicas se sumaron al taller de Robótica Educativa en Rosario

Es la primera actividad que se realiza en la nueva Estación Digital del Centro Municipal de Distrito.

La puesta en marcha de la Estación Digital, ubicada en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste, contó con una gran convocatoria. Más de 50 chicos y chicas se sumaron al taller de Robótica Educativa, una de las herramientas más aplicadas en la formación de competencias digitales dada su practicidad para transmitir y asimilar conocimientos.

La iniciativa forma parte de las propuestas de Estaciones Digitales.

Las mismas son espacios de aprendizaje y experimentación que se enmarcan en el Plan de Digitalización del Estado que lleva adelante la Municipalidad de Rosario con el objetivo de garantizar el derecho a la inclusión digital y profundizar la participación de todas las vecinas y vecinos de la ciudad.

Ante esta nueva instancia de alfabetización digital, el secretario de Modernización y Cercanía, Germán Giró, destacó: “Estos talleres están pensados para igualar las oportunidades. Para que todos puedan acceder a capacitaciones que les darán herramientas digitales para su futuro”.

En ese sentido, agregó que valora “las actividades que se realizaron en las Estaciones Digitales porque posibilitan que niñas y niños puedan desarrollar capacidades muy importantes para su vida social y para una proyección laboral”.

En esta oportunidad, se diagramaron cuatro grupos para niñas y niños de 7 a 12 años de edad de distintos barrios del distrito, con turnos de mañana y de tarde. En el taller comenzaron a diseñar robots e incursionaron prácticas vinculadas al uso de la tecnología y el ingenio.

Algunos de los chicos asisten en familia, otros con vecinos o compañeros de la escuela, y muchos se inscribieron individualmente para vivir la experiencia.

Guillermina, de 12 años y Felipe de 11 son hermanos y empezaron esta semana. “Lo que más me gustó fue armar robots”, exclamó Felipe, mientras su hermana mayor expresó su entusiasmo porque ya llegue la próxima clase.

De esta forma, la Estación Digital Sudoeste se llenó de color y alegría con los primeros participantes y se proyectan más actividades con otros grupos etarios como jóvenes y adultos y adultas mayores.

Asimismo, se prevé trabajar junto con instituciones barriales, organizaciones, vecinales, clubes, complejos educativos, centros de Convivencia Barrial y otros espacios, con el propósito de que habitantes de todos los barrios puedan conocer esta flamante sala digital.

Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/mas-de-50-chicos-y-chicas-se-sumaron-al-taller-de-robotica-educativa-en-rosario/

 

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El éxodo de las mujeres rurales pone en jaque la supervivencia de la España vaciada

La falta de oportunidades y la desigualdad en el trabajo productivo y reproductivo empuja a las mujeres a abandonar los pueblos en busca de mejores condiciones de vida

El día 15 de octubre es el día internacional de las mujeres rurales, y con motivo de esta jornada el pasado 13 de octubre el Instituto de las Mujeres organizaba un encuentro en la localidad vallisoletana de San Pelayo. En la inauguración de este acto, la alcaldesa Virginia Hernández se presentaba: “Soy hija de la generación de padres que huyó del pueblo a la ciudad cuando tuvo que formar una familia. A ellos y a las generaciones anteriores les grabaron a fuego que el lugar de donde procedían no era un lugar para criar a sus hijas, y antes de eso ya les habían grabado a fuego que en la ciudad las personas se desarrollaban y prosperaban y en el campo quedaba lo rústico y lo cateto.” Con esta presentación la alcaldesa de San Pelayo habla de ese “exilio forzoso” del campo a la ciudad, y de cómo se ha asumido ese flujo migratorio como propio y natural.

En España el medio rural abarca un 90% del territorio y tan solo el 20% de la población reside en él. La despoblación del entorno rural de nuestro país supone un gran conflicto en sí mismo. A esto se suma que, a pesar de que las mujeres suponen casi el 51% de la población en España, en las poblaciones rurales esta proporción disminuye cuanto menor es el municipio. El medio rural no solo cuenta con menos mujeres, sino que además su población femenina está muy envejecida, siendo esta en su mayoría mayor de 65 años, y con una proporción todavía superior de mujeres mayores de 80 años. Ante estos datos cabe preguntarse, ¿qué está ocurriendo en nuestro país con las mujeres rurales?

Para encontrar una respuesta a esta pregunta es necesario plantear desde un inicio en qué situación están las mujeres del medio rural. Como punto de partida encontramos que las mujeres de la España Vaciada hacen frente a una doble discriminación: por mujeres y por la falta de oportunidades que les ofrece su entorno.

El encontrarse en un medio con los valores tradicionales mucho más arraigados y en consecuencia con un machismo más explícito en sus dinámicas tiene como resultado que el papel de las mujeres se encuentre mucho mas estrechamente ligado al ámbito privado, reproductivo y a los cuidados. En un contexto en el que la falta de servicios esenciales es muy patente, el resultado es que sean las mujeres quienes los suplan, principalmente en lo relacionado a la atención a la infancia y personas dependientes y trabajo doméstico.

En un contexto en el que la falta de servicios esenciales es muy patente, el resultado es que sean las mujeres quienes los suplan

Así, una vez más, las mujeres quedan relegadas a su rol tradicional de cuidadoras al que añaden esta sobrecarga de trabajo y, ante la dificultad que supone conciliar esto con el mundo laboral, se ven obligadas a dejar sus empleos. Esto junto con la masculinización del mercado laboral rural y la falta de oportunidades se traduce en unos índices más bajos de empleo femenino. En datos, la tasa de empleo masculina en zonas rurales es de un 70%, mientras que la tasa de empleo femenina es de un 52,4%.

Esta división del trabajo productivo y reproductivo en el ámbito rural se acentuó notablemente con la llegada de la modernización e industrialización de las actividades agrarias en los años 50. Con esta transformación de los modos de producción tradicionales -de los cuales las mujeres formaban parte tanto como los hombres- se da un excedente de mano de obra en el campo, siendo los hombres quienes se apropian de la producción agraria. Sin embargo, las mujeres no quedan excluidas al completo de estas tareas sino que pasan a llevarlas a cabo como una “extensión” de su trabajo reproductivo, es decir, como una “ayuda familiar en el campo”.

Mediante este proceso las mujeres fueron perdiendo todo el reconocimiento económico y social ligado a su trabajo y, a pesar de contar con una sobrecarga de trabajo tanto doméstico como agrario, acaban por convertirse en mano de obra invisible. Inmaculada Idáñez, de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural -CERES, explica la ausencia de mujeres como trabajadoras asalariadas en el campo a partir de esta misma sobrecarga de trabajo: “A la hora de contratar a mujeres estas cuentan con una carga añadida, los cuidados. Si tienes hijos o te encuentras a cargo de personas dependientes tienes ese peso que no garantiza que puedas trabajar siguiendo los mismos horarios y el mismo ritmo que un hombre, y eso no interesa”.

Tan solo tres de cada diez titulares de explotaciones agrícolas son mujeres

A pesar de que son muchas las actividades productivas que se desarrollan en el entorno rural, es cierto que la identidad rural siempre ha estado estrechamente ligada a la actividad agrícola y ganadera al ser esta la que gestiona y ocupa una parte considerable de los recursos naturales de los pueblos. Sin embargo, tan solo tres de cada diez titulares de explotaciones agrícolas son mujeres y tan solo suponen un 38% del empleo de la industria alimentaria. En un intento por intervenir en este sector y poner en relieve el la importancia del papel de las mujeres en las explotaciones agrarias, las asociaciones de mujeres rurales llevan años luchando por una ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la cual fue aprobada por el gobierno socialista en 2011.

Esta ley promovía diferentes medidas para fomentar y revalorizar la participación de las mujeres en las explotaciones agrarias como pueden ser la regulación de la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación de titularidad compartida entre los dos miembros titulares; el reparto de rendimientos por mitades iguales entre ambos titulares… Con esto se pretende hacer patente el trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares, dado que a pesar de suponer un tercio de este apenas no figuran como titulares ni toman decisiones. Entre las medidas que contemplaba la ley se encontraba la de incentivar este régimen de titularidad compartida a través de ayudas económicas, sin embargo esta no ha llegado a hacerse efectiva hasta este mismo año, 10 años después con la aprobación de un real decreto para incentivar económicamente este régimen de explotaciones.

Ana Rabadán, de la asociación FADEMUR, asegura que es necesario apostar por la titularidad compartida para intentar solventar el conflicto al que hacen frente las mujeres en el mundo agrario. “Esta medida profesionaliza la actividad agraria de las mujeres y les permite tener una remuneración y un reconocimiento no solo social, sino también laboral y económico”. También apunta que en la actualidad hay unas 800 explotaciones de titularidad compartida, a diferencia de las 10.000 que se esperaban, y todavía existen territorios como Madrid en los que no hay ninguna explotación en este régimen. Ante esta situación reclama que es una falta de respaldo a las mujeres rurales, y que es necesario que se apoyen medidas efectivas como esta para luchar contra la despoblación.

Ante esta falta acusada de servicios, empleo y facilidades para conciliar y desarrollar su vida personal, familiar y laboral, el territorio rural español está experimentando un proceso de “huida” de las mujeres. A pesar de que la España vaciada va despoblándose progresivamente, este éxodo es mayoritariamente femenino: dos de cada tres personas que emigran del entorno rural son mujeres. Además, entre 2007 y 2018 el porcentaje de mujeres en poblaciones de menos de 1000 habitantes han ha caído, mientras que el número de mujeres en poblaciones con más de 1000 habitantes ha aumentado. Es decir, a fin de cuentas cuanto más pequeñas son las poblaciones más envejecidas y masculinizadas se encuentran.

En su estudio acerca de la construcción de nuevas identidades para las mujeres en el medio rural, la doctora Fátima Cruz Souza habla acerca de la huida de las mujeres de este entorno y de su rechazo al rol tradicional que se les ha adjudicado. Esta menciona los estudios secundarios y superiores como una herramienta fundamental para esta huida. Además, tanto ella como las autoras Cecilia Diaz Mendez y Capitolina Diaz Martinez en su estudio “De mujer a mujer: estrategias femeninas de huida del hogar familiar y del medio rural”, explican como las madres tienen y han tenido un papel clave en este fenómeno, siendo las principales impulsoras de la emigración de sus hijas a los núcleos urbanos priorizando sus estudios en lugar de la participación en la actividad productiva agraria familiar.

La falta de mujeres en el mundo rural da lugar a una pirámide de población regresiva

Esta falta de mujeres en el mundo rural da lugar a una pirámide de población regresiva al dificultarse enormemente la formación de nuevos núcleos familiares, que es la clave para garantizar la supervivencia del territorio y que tiene un efecto determinante sobre la perdida de población. En conclusión, sin mujeres el mundo rural no tiene futuro.

Para Ana Rabadán, de FADEMUR, la clave de la supervivencia del entorno rural se encuentra en el impulso de políticas transversales que abarquen todos los sectores, no solo el primario. Es necesario asegurar el acceso a servicios, empleo e incluso ayudas económicas para evitar el éxodo de mujeres y, en consecuencia, la despoblación. Aunque asegura que la titularidad compartida es una herramienta útil para contribuir a la igualdad de oportunidades en el mundo agrícola, es importante que haya una implicación mayor con este conflicto.

Por su parte, Inmaculada Idáñez de Ceres afirma que se están rompiendo moldes, y que poco a poco avanzamos hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en este entorno. “Las mujeres nos estamos empoderando y el mundo rural se está dando cuenta de que somos igual de capaces”. Si bien, al hablar de un cambio en las formas de producción y consumo, Inmaculada señala que el avance es mas lento. La agricultura ecológica está muy ligada a las mujeres dado que estas generalmente tienen empresas más pequeñas, lo que permite un trabajo en la dirección de canales cortos de comercialización, economía circular y cercanía. Sin embargo competir con grandes multinacionales y fondos de inversión es prácticamente imposible, por lo que el cambio de la concepción de alimentación con una perspectiva mercantilista es mucho más lento y costoso.

Fuente y fotos: AmecoPress.

Fuente: https://rebelion.org/el-exodo-de-las-mujeres-rurales-pone-en-jaque-la-supervivencia-de-la-espana-vaciada/

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Argentina fija por ley cupo laboral trans en el Estado

 Argentina se convirtió el jueves en el segundo país de la región en establecer por ley un cupo laboral en la administración pública nacional para personas travestis, transexuales y transgénero así como también incentivos para su contratación en el sector privado.

Uruguay fue precursor en la materia con la sanción de una normativa similar en 2018.

Con 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, el Senado argentino sancionó la ley por la cual el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los ministerios públicos, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado, debe “ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

No hay cifras oficiales sobre la comunidad trans en Argentina ya que no fue incluida en el último censo de 2010. Organizaciones LGBT estiman que hay entre 12 mil y 13 mil adultos transgénero en una población nacional que supera los 44 millones.

Según la comunidad LGBT, 95% no accede al empleo registrado y cerca de 60% no finalizó los estudios secundarios.

“Estamos dando un paso histórico para reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto de las personas travestis, transexuales y transgénero, para que puedan participar del desarrollo social y económico en igualdad de condiciones, oportunidades y trato, sin violencias ni discriminaciones”, destacó la senadora oficialista Norma Durango, impulsora de la iniciativa.

La educación incompleta y los antecedentes penales “que resulten irrelevantes” no podrán ser impedimento para los aspirantes al puesto laboral, según la norma.

La ley además estableció incentivos para que el sector privado contrate a personas travestis, transexuales y transgénero tales como prioridad en las compras del Estado y beneficios fiscales.

La ONG Instituto de políticas públicas LGBT+ celebró la aprobación de la ley como “un paso muy importante en materia de inclusión para el colectivo travesti trans”, pero advirtió que “no es suficiente ni protege a todas las franjas etáreas ni personas trans contra la exclusión”.

“Las respuestas parciales nunca pueden dar resultados de escala y que transformen realmente las realidades de uno de los colectivos más excluidos de nuestro país y de la región”, concluyó.

Fuente: https://apnews.com/article/noticias-6fae18168df2ecd39441c3c1b76db8da

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