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¿Qué sociedad roba a sus escuelas?

 Abelardo Carro Nava

¿Algo estamos haciendo mal cuando los hombres roban en las escuelas de nuestros hijos? Fue la pregunta que vino a mi mente después de haber visto una noticia en la televisión mientras degustaba mis alimentos. Ello, desde luego, motivó mi curiosidad y me llevó a indagar y a leer algunas de las noticias más recientes sobre este tema que, diversos medios de comunicación, han reportado a través de sus portales de noticias digitales, mismos que circulan por la internet.

“Roban escuelas durante la pandemia”, así lo reportó Monserrat García de El Sol de San Juan del Río, de Querétaro, el pasado 13 de agosto. Y es que, señala la reportera, ante la imposibilidad de dar clases presenciales en las mismas, de manera progresiva, han desmantelado las escuelas llevándose cables, tubería, lavabos y equipamiento educativo que, de alguna manera, han proporcionado los padres de familia a los centros escolares.

Por su parte, la redacción del periódico digital Cambio 22, de Quintana Roo, informó que el pasado 12 de agosto, habían sido robadas y vandalizadas 83 escuelas durante la pandemia en ese estado, afectando a un número importante de alumnos y profesores que ahí acudían a sus clases antes de la contingencia sanitaria porque, en lo que va de estos meses, se han sustraído cables eléctricos, aires acondicionados, cables de cobre, medidores de luz, protectores, ventanas y puertas, tubería de tanque de gas, diverso mobiliario, equipo de cómputo y eléctrico, tinacos, plomería y artículos inventariados.

Otra reportera, Nadia Mendoza, el 15 de agosto, publicó una nota en El Sol de Tlaxcala que llevó por título: “En curso, investigación por robo a 17 escuelas”. Y es que, a decir de la periodista, dichos robos se habían presentado en la entidad tlaxcalteca desde el mes de marzo a la fecha en que cerraba esa nota, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), había iniciado 17 carpetas de investigación por hurto a los colegios de los que habían sustraído equipos de cómputo, pantallas, proyectores, herramientas de jardinería y hasta borregos.

Sobre este mismo asunto, el 5 de septiembre, Lidiet Mexicano, del periódico digital Vanguardia Mx, reportaba que en Coahuila, habían robado 350 escuelas durante la pandemia; las afectaciones que tuvieron dichos centros educativos fueron de diversa naturaleza pero, lo que más llamó la atención de las autoridades y de los habitantes de esa entidad federativa, según esta informante, fue el robo de 90 paquetes de útiles escolares.

En este mismo tenor, Cecilia Nava, el pasado 4 de octubre, reportó a través de El Sol de México, de la Ciudad de México, que del 3 de abril al 31 de julio de 2020, 61 planteles educativos fueron robados ocasionándoles a éstos daños a sus instalaciones, sustracción de muebles y otros enseres educativos, motivo por el cual, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que ya se había puesto en marcha la aplicación Mi Policía en mi Escuela, una alarma silenciosa mediante la cual, los ciudadanos, podían reportar cualquier ilícito en flagrancia en las escuelas cuando así lo observaran.

En la misma tesitura, el pasado 15 de octubre, la redacción del periódico digital Noticias Cuautla, de Morelos, reportaba que, en plena pandemia, se habían registrado 25 robos a escuelas y que, algunas de ellas, habían sido saqueadas más de dos veces; esto, según los datos de la autoridad educativa de esa entidad federativa, misma que informó que el material que había sido robado de éstas, consistía en tuberías y aparatos electrónicos.

Sí, fueron seis notas que leí y elegí para exponerlas en estas líneas, aunque debo señalar que encontré muchas más; sin embargo, a partir de su contenido, de los datos que los periodistas aportaron, del estado o ciudad en la que se recabó la información, entre otras cuestiones más, es que consideré relevantes, repito, para que pudieran acompañar estas líneas.

Dicho lo anterior, de nueva cuenta saltaron en mi mente otra serie de interrogantes: ¿quién debería proporcionar seguridad a las escuelas?, ¿cuál es el papel de la federación, estados y municipios en este rubro?, ¿por qué debería proporcionarse esa seguridad?, ¿qué papel juega la sociedad en este asunto?, ¿qué es lo que ha propiciado tales robos?

Al respecto, tengo claridad que el Estado, a través de sus instituciones, tiene la obligación de velar por la seguridad pública de sus habitantes y de las propiedades que son parte de éste. Ello no está a discusión, puesto que en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así lo establece: “La seguridad pública es una función del estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas… La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley…”.

Sobre la persecución de los delitos, ¿qué señala el Código Penal Federal vigente? Bien, en su Título Primero sobre la Responsabilidad Penal, Capítulo I Reglas generales sobre delitos y responsabilidad, Artículo 7º, se define al delito como “el acto u omisión que sancionan las leyes penales”. De esta forma, en su Título Vigésimo Segundo de Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio, Capítulo I Robo, Artículo 367, se señala que “comete delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”. En este mismo sentido, por lo que toca a las posibles sanciones, el Artículo 381 Bis, de este Código, señala: “Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra sino también los móviles sea cual fuere la materia de que están construidos, así como aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales”. Finalmente, en su Capítulo VI Daño en Propiedad Ajena, Artículo 397, se especifica que: “Se impondrá de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño de peligro de: III. Bibliotecas, museos, templos, escuelas, edificios y monumentos públicos” (DOF, 2020).

Como hemos visto, jurídicamente, la delincuencia puede definirse como una conducta humana reprimida por la ley penal de nuestro país, sin embargo, ¿cómo puede verse este hecho desde la sociología? A decir de Nureña (2014), se trata de un verdadero fenómeno social, manifestado por la comisión de actos no solo sancionados por la ley, sino que, además, implica trasgresiones a los valores reinantes en la sociedad. En consecuencia, puedo decir, que se trata de conductas antijurídicas, pero también, antisociales que, de alguna manera, han ido en aumento porque, como bien señala (Tonkonoff, 2016), todo nuevo delito es siempre, y fundamentalmente, una invención cultural.

 ¿Qué es lo que está fallando entonces?, ¿las leyes?, ¿la aplicación irrestricta de esas leyes?, ¿las instancias de procuración de justicia?, ¿la escuela?, ¿la sociedad?, ¿los hombres?

Tengo claro pues, que el tema es amplio; lleno de diversas aristas que, de cierta manera, deben ser desmenuzadas para comprender el fenómeno como tal; sin embargo, a bote pronto, pienso que el delito y la delincuencia tal y como hoy la conocemos, se ha interiorizado y normalizado en nuestra sociedad y, desafortunadamente, la hemos aceptado.

La ley está escrita, ¿habría que pensar en reformarla para que sean más severas las sanciones para quien comete un delito como el que he expuesto?

La escuela, dada la función social que le ha sido encomendada a través de estos años, ¿ha cumplido con su encomienda para que no se normalicen tales hechos?

La sociedad, ¿estará dispuesta a modificar sus conductas para dar paso a una cultura de respeto y aprecio por todo aquello que le produce un bien social como lo es el campo educativo?

¿Qué podemos hacer al respecto?

Con negritas:

Justo en el momento en que cierro estas líneas, por las redes sociales me entero que, en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, varios sujetos ingresaron a robar, por la madrugada, llevándose consigo equipos de cómputo y diversos materiales educativos. Insisto, ¿qué sociedad roba a sus escuelas?


Referencias:

Código Penal Federal. Útima reforma publicada en el DOF el 01/07/2020. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el DOF el 08/05/2020. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

García, M. (13/08/2020). Roban escuelas durante la pandemia. EL sol de San Juan del Río. Recuperado de: https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/roban-escuelas-durante-la-pandemia-5620621.html

Mendoza, N. (15/08/2020). En curso, investigación por robo a 17 escuelas. El Sol de Tlaxcala. Recuperado de: https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/en-curso-investigacion-por-robo-a-17-escuelas-5630755.html

Mexicano, L. (5/09/2020). Roban y vandalizan 350 escuelas de Coahuila durante la pandemia. Vanguardia Mx. Recuperado de: https://vanguardia.com.mx/articulo/roban-y-vandalizan-350-escuelas-de-coahuila-durante-la-pandemia

Nava, C. (4/10/2020). Aprovechan Covid-19 para robar escuelas. El Sol de México. Recuperado de: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aprovechan-covid-19-para-robar-en-escuelas-5842991.html

Nureña, C. (2014). La sobrepenalización del delito de robo agravado: su incidencia delictiva en la ciudad de Trujillo durante los años 2008-2009. Texto recuperado de: file:///C:/Users/ABELARDO/Downloads/905-2314-1-PB.pdf

Redacción Cambio 22. (12/08/2020). Robadas y vandalizadas 83 escuelas durante la presente pandemia. Cambio 22. Recuperado de: https://cambio22.mx/robadas-y-vandalizadas-83-escuelas-durante-la-presente-pandemia/

Redacción Noticias Cuautla. (13/10/2020). En pandemia, se registran 25 robos a escuelas. Noticias Cuautla. Recuperado de: http://noticiasdecuautla.com/index.php/2020/10/13/en-pandemia-se-registran-25-robos-a-escuelas/?fbclid=IwAR3NUirBnErO_KYzBxNN9VNDc0Qc8bwEIBTzHc3ZAq3FLRUprCxScH7YTfw

Tonkinoff, S. (2016). La Sociología Criminal de Gabriel Tarde. Texto recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tonkonoff/publication/305414042_La_Sociologia_Criminal_de_Gabriel_Tarde/links/59becae3a6fdcca8e56cba54/La-Sociologia-Criminal-de-Gabriel-Tarde.pdf

Fuente: https://profelandia.com/que-sociedad-roba-a-sus-escuelas/

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Haití: Policía reprime manifestación estudiantil contra la violencia y la inseguridad

Por: Prensa Latina

Nueva jornada de tensiones en capital de Haití

Nuevas tensiones entre manifestantes y policías protagonizaron este jueves estudiantes como parte de una jornada de protestas, que en las últimas semanas reclaman maestros en las aulas.

Las fuerzas del orden público dispersaron una movilización que pretendió honrar al presidente del Colegio de Abogados asesinado, Monferrier Dorval, con una ofrenda floral en su residencia situada en las inmediaciones de la casa presidencial.

Con gases lacrimógenos la policía frustró las protestas, mientras los alumnos se defendieron con piedras y botellas.

En el centro de la ciudad, universitarios y estudiantes de escuelas públicas reeditaron una movilización que demandó profesores en las aulas, un mes después del reinicio del curso escolar.

‘Ya perdimos clases por la pandemia y ahora llevamos un mes sin que nadie vaya al aula’, dijo uno de los alumnos.

Por su parte, sindicatos de profesores insisten en no reincorporarse a las escuelas hasta que se complete el pago de sus honorarios atrasados y las autoridades accedan a un ajuste salarial, tras depreciación de la moneda nacional y la creciente inflación.

La víspera, en el marco de las protestas de los estudiantes, manifestantes y simpatizantes atacaron el colegio Canadá-Haitiano, lo que obligó a la institución a cerrar sus puertas. A inicios de esta semana, el ministro de Educación, Pierre Josué Argenor Cadet, condenó otras agresiones contra los liceos Friz Pierre Louis, Normalien y Roger Anglade, y pidió que no utilizaran a los jóvenes con fines políticos.

Sugirió que agendas ocultas fomentan la violencia y catalogó de inadmisible que individuos manipulen y sigan atacando a los centros, violando sistemáticamente el derecho a la educación y el respeto a los demás.

En las últimas semanas alumnos de las escuelas públicas se manifestaron en varias ciudades con reclamos similares, mientras otros se unieron a las movilizaciones de maestros.

Prensa Latina

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OPINIÓN: El malestar de la sociedad

Por: Tlachinollan

 

El vuelco de la población hacia la figura presidencial, encarnada en Andrés Manuel López Obrador, nos muestra el malestar de los ciudadanos y ciudadanas que no se sienten representados ni atendidos por las autoridades locales y expresa aún la esperanza que tiene la gente en el ejecutivo federal, para que pueda atender y resolver sus demandas. Existe un gran abismo entre las necesidades más urgentes que tiene la población con las acciones del gobierno local, que son distantes y ajenas a la realidad cotidiana. Se percibe un sentimiento de orfandad y pesadumbre en vastos sectores de la sociedad. No hay canales de interlocución que ayuden a desactivar los conflictos que se agudizan por la desatención y la falta de respuestas inmediatas y efectivas.

Hay una emergencia causada por la pandemia que obliga a las autoridades a cambiar el modo de relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de guardar la distancia con la gente se tienen que abrir espacios para procesar sus demandas y mostrar un compromiso con ellas y ellos. El caso de Acapulco, es un claro ejemplo de este distanciamiento entre sociedad y gobierno municipal, que ha ocasionado un desbordamiento de la demanda social, ante la ausencia de la autoridad o su negativa para ayudar a encontrar salidas a la compleja problemática que plantean multiplicidad de actores sociales.

Desde que inició la estrategia del gobierno federal para hacer frente al potencial pandémico del covid – 19, los gobiernos estatal y municipal quedaron supeditados a los informes y directrices emanadas del centro. La responsabilidad recayó en las autoridades de salud para enfrentar la crisis sanitaria, lo que propició que en las diferentes entidades y regiones del país las recomendaciones perdieran fuerza y se diluyera la corresponsabilidad de los otros niveles de gobierno, para actuar como agentes preventivos y de vigilancia entre la población. Se acató a pie juntillas la sana distancia, que en la practica se tradujo en el cierre de todas las oficinas de gobierno y la consecuente desatención de las personas. Se dejó a la deriva a las familias que empezaron a padecer los estragos del contagio y el fallecimiento de alguno de sus seres queridos. No se trabajó en una estrategia masiva de prevención que estimulara a la población a mantenerse en su domicilio.

Las directrices trazadas por el subsecretario de salud, el doctor Hugo López – Gatell, se tradujeron en mensajes ambiguos que han generado desconcierto en la sociedad. El caso más polémico ha sido el uso del cubrebocas, que ante la postura oficial de que no es la panacea para solucionar el problema del contagio y el hecho mismo de que el subsecretario ni el presidente de la república lo usen, ha propiciado que se dispersen las acciones orientadas a disminuir esta trasmisión del virus. La negativa a realizar pruebas masivas de PCR para diagnosticar el número de personas contagiadas por covid – 19, impide que se obligue a que se aíslen con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Las consecuencias han sido fatales para nuestro estado porque en realidad no sabemos el número de personas contagiadas y solo se toma como indicador el número de camas ocupadas por pacientes de covid – 19, con la férrea intención de pasar del semáforo rojo al amarillo. Lo contrastante es que las autoridades informan de que hay más del 50% de disponibilidad de camas covid, sin embargo, los contagios siguen al alza y también el número de personas fallecidas que no están llegando a los hospitales, por el fundado temor de que ahí salen muertos.

Lo que constatamos este viernes 14 con la visita de presidente Andrés Manuel López Obrador al Puerto de Acapulco, es un preludio de los escenarios que están por venir en nuestro país. La pandemia ha colocado en el límite de la sobrevivencia a la población mayoritariamente pobre de México. La situación de Guerrero es preocupante porque el municipio de Acapulco es el centro neurálgico de la vida económica en la entidad, que enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Los contagios por covid – 19 aumentan, sin que las autoridades municipales y de salud implementen acciones coordinadas que contengan su propagación. Esta amenaza creciente se complejiza con la debacle de la actividad turística que ha colocado en una situación limite a miles de familias que luchan por la sobrevivencia. El gobierno municipal esta desbordado y no hay forma de recomponer una situación que se ha venido arrastrando a lo largo de los años, por el vaciamiento de los recursos públicos, la desatención a la población y el imperio de la corrupción. El gran desafío es rencausar el malestar ciudadano y asumir sus demandas para conjuntar esfuerzos que trasciendan ante el gobierno federal.

Las protestas han empezado a tomar las calles y los actores que aparecen se han diversificado, sin embargo, a todos los une la lucha por la sobrevivencia: la pérdida masiva de empleos, la precariedad de los salarios, la inseguridad laboral y los insuficientes recursos financieros que se han dispersado a través de las diferentes dependencias del gobierno federal, son los signos ominosos de una crisis más profunda que está a punto de tocar fondo. La población que vive en el campo resiste con mayor crudeza los embates de esta pandemia que esta cobrando muchas muertes al interior de las comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas. En esos lugares no hay como ponerse a salvo ante el contagio porque no hay médicos ni medicinas y los centros hospitalarios están a varias horas de distancia que impide el traslado de los pacientes. Los enfermos por covid – 19 no están en los hospitales porque ahí no puede ni quiere llegar la gente. Prefieren mejor quedarse en casa y hacer frente al coronavirus con remedios caseros y con la compañía de sus familiares. Desde sus hogares resisten y enfrentan con crudeza el riesgo de la muerte.

Un gran número de familias pobres ha dejado de sembrar sus parcelas ante la imposibilidad de comprar insumos para la siembra de maíz. Los recursos que obtenían a través de las remesas que enviaban sus hijos o hijas han mermado y, en muchos casos, ya no les llegará porque sus seres queridos murieron por el covid – 19. Los subsidios gubernamentales no representan un apoyo significativo para mantener a la familia dentro de la comunidad donde no existen trabajos remunerados. Desde el mes de febrero se incrementó el número de jefes y jefas de familia que optaron por dejar la parcela, cerrar sus casas y salir con sus costales de ropa para trabajar como jornaleras y jornaleros agrícolas. En estos seis meses el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 7 mil 116 personas que han salido del estado para trasladarse a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. El número de niños y de niñas es muy representativo: se han registrado 501 bebés de 0 a 2 años; 534 de a 3 a 5 años; mil 264 de 6 a 12 años y 988 de 13 a 17 años. Toda esta población se quedará sin posibilidad de acceder a la educación básica, menos en estas condiciones donde los estudiantes tienen que estar frente a un aparato de televisión. Las niñas y los niños jornaleros regularmente acompañan a sus papás y mamás en los campos donde trabajan. La mayoría de la población jornalera pertenecer al municipio de Cochoapa el Grande, que en su totalidad forman parte del pueblo Na’Savi, contando con un registró de 2 mil 17 personas que han salido en este periodo. Lo secunda el municipio de Tlapa como mil 347; Metlatónoc con 712; Alcozauca 268 y Copanatoyac 221. Se trata de la región mixteca que enfrenta graves problemas de violencia y una desatención sistemática de las autoridades municipales, que brillan por su ausencia en las comunidades donde más se requiere su presencia y apoyo.

Ante el riesgo de que los ánimos de esta población empobrecida se desborden y se acelere la desesperación de la gente, que ha puesto sus esperanzas en el presidente de la república, el desencanto por la 4T puede causar un mayor enojo y malestar de la sociedad. La descoordinación de las instituciones de gobierno tanto en sus programas como en el abordaje de los problemas sociales y económicos que se viven en la entidad, ha dispersado esfuerzos y desgastado recursos. La falta de articulación entre los tres niveles de gobierno ha pulverizado los presupuestos públicos que no se han materializado en acciones efectivas que fortalezcan las iniciativas locales para mejorar sus condiciones de vida.

La nueva normalidad nos está mostrando el semáforo rojo que enfrentamos por la violencia, la inseguridad, el incremento de los contagios y las muertes por covid – 19, el desempleo masivo, la migración interna, los feminicidios y la alta conflictividad agraria que enfrentan las comunidades rurales del estado.

Los gritos y las protestas de prestadores de servicios turísticos, ambulantes, comerciantes, médicos, enfermeras, universitarios y jóvenes estudiantes en el marco de la visita del presidente de la república, es el termómetro que marca el clima social que vivimos en Guerrero, donde la población no tiene otra alternativa que hacer público su malestar para exigir atención a sus demandas. Ha empezado a cerrarse el cerco entre la población y la figura presidencial, y esto en un mal augurio, porque a pesar de que haya un compromiso de darle prioridad a la población marginal, si los derechos básicos como la salud la alimentación, la educación y el trabajo no se materializan, la transformación quedará en el intento.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-malestar-de-la-sociedad/

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Especial – Guatemaltecos esperan que nuevo gobierno combata pobreza y delincuencia

Guatemaltecos esperan que nuevo gobierno combata pobreza y delincuencia

GUATEMALA, 14 ene (Xinhua) — Los guatemaltecos confían que mejore la situación del país en áreas críticas como seguridad y combate a la pobreza, en esta jornada en que Alejandro Giammattei asume como presidente constitucional.

Giammattei toma posesión hoy martes de su mandato para el periodo 2020-2024, en una ceremonia en el Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala, en sustitución de Jimmy Morales.

En la capital guatemalteca se respira un ambiente de moderada esperanza, pues según algunas personas consultadas por Xinhua, las tareas que deberá enfrentar Giammattei son muchas y los anteriores gobiernos no pudieron con ellas.

«Sinceramente creo que sí hay alguna expectativa buena y se debe cumplir esa expectativa. Al final, los retos de Guatemala siguen siendo los mismos: combatir la desnutrición, combatir la desigualdad y cumplir las funciones del Estado», dijo la estudiante universitaria Andrea Rodríguez, de 22 años.

Por su parte, la auxiliar contable Alejandra Torres, de 24 años, consideró que el cambio siempre es esperanzador, por lo que espera que la elección que hizo el pueblo guatemalteco en agosto pasado sea la correcta.

Torres opinó que resultan urgentes en el país centroamericano mejoras en campos como la educación y la seguridad.

«Todos nos estamos viendo afectados. Somos víctimas de ello todos los días, y en el área de salud, creo que el tema siempre ha afectado al país, y necesitamos que lo tomen en cuenta», dijo.

Las comunidades indígenas y los pueblos alejados son los que requieren mayor atención del nuevo gobierno, en una nación en que casi el 60 por ciento de la población vive en pobreza, según datos del Banco Mundial (BM).

«Yo soy maya quiché. Estamos a la expectativa de ser incluidos en los programas de desarrollo social, político y económico, y que se tome en cuenta el derecho de los pueblos indígenas», comentó a su vez a Xinhua el trabajador social Pedro Gómez, de 57 años.

Gómez coincidió con sus compatriotas en que la seguridad ciudadana debe ser una de las prioridades del nuevo gobierno, en un país en el que se registran 21,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Policía Nacional Civil de 2019.

«Estamos en una ciudad de mucho riesgo. Toda persona anda con la expectativa de que le puede pasar algo en la calle, hay mucha violencia», opinó Gómez.

«Otra de las prioridades: el desarrollo social. Hay mucha pobreza en las zonas periféricas, falta de servicios y sanidad. El tema prioritario también es el combate de la pobreza», agregó el trabajador social.

En tanto, el supervisor de bodega Héctor Escobar, de 58 años, consideró que aunque el presidente saliente Morales hizo su labor, los pendientes para Giammattei aún son muchos, por lo que espera que cumpla sus promesas de campaña.

«Esperamos que este nuevo gobierno ponga atención en la educación y la salud», expresó Escobar, «ya que son muy importantes, pero ir a la universidad en Guatemala cuesta bastante dinero».

Fuente de la Información: http://spanish.xinhuanet.com/2020-01/15/c_138705083.htm

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Brasil: Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Las fuerzas de seguridad fueron responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Río de Janeiro es el epicentro de un fenómeno que alarma incluso a Naciones Unidas

Brasil vivió este domingo pendiente de sus adolescentes. Cinco millones hicieron la selectividad con la vista puesta en la universidad. Era sin duda un día trascendental para todos ellos pero, como casi siempre en este país tan desigual, para algunos era vital. Para los criados en las favelas preparar el examen —no digamos ya aprobarlo con nota— supone asomarse a oportunidades que otros dan por supuestas. Es comprar boletos para un futuro menos sombrío. “Todo negro de favela ha sentido el impacto de la violencia. Cuando llegas a cierta edad ya conoces más gente que ha muerto violentamente que gente que ha entrado en la universidad”, explica Arthur, de 22 años.

Jóvenes como él —varones, negros, adolescentes o veinteañeros, pobres— son el sospechoso habitual. Y la víctima tipo de la creciente violencia de la policía brasileña, la más letal del mundo tras Venezuela. Los agentes son responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Las víctimas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad aumentan veloces. Se triplicaron entre 2015 y 2018, cuando sumaron 6.220 personas.

Los tipos como Arthur, trabajadores de la ONG Redes da Maré, se saben objetivo por su color, su género y por vivir en la favela de Maré. Son carne de la próxima operación policial, tanto él como sus compañeros que acuden a la sede de esta organización creada por los primeros universitarios del arrabal para contar sus vivencias al visitante. Lo mismo da que James, 24, bibliotecario, entrara en la universidad a los 17 a estudiar computación o que Wagner, 28, sea un artista plástico que da clases de cine. Las mayúsculas de la camiseta fucsia de Felipe, 21 años, ilustran lo que una parte de Brasil denomina el genocidio negro: “Joven, negro, VIVO”.

Aunque en cualquier rincón de Río de Janeiro se puede comprar marihuana o coca, la guerra contra las drogas se libra en las colinas, en favelas como esta. Los grupos criminales se reparten el negocio y el control de los barrios. Un caluroso martes de octubre, se ve a un tipo sentado en una cafetería con un fusil; un joven vestido solo con chanclas y un bañador del que asoma una pistola vende coca a 10 euros el gramo, y llama la atención la pulsera electrónica en el tobillo de otro joven de pantalón corto que se refresca bajo una ducha en la calle.

La altísima letalidad policial brasileña es anterior a que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente con un discurso belicista que proclama que la manera más eficaz de combatir el crimen es con violencia. Esa retórica caló entre una ciudadanía amedrentada por la delincuencia. Lo novedoso es que está en la cúspide del poder. Cada tanto, un episodio conmociona a Brasil. Un músico acribillado con 80 balazos por militares, un escolar alcanzado desde un helicóptero policial, seis jóvenes con tiros en la nuca, la niña Ágatha de ocho años alcanzada por una bala

Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil

Mientras las muertes a manos de agentes del Estado aumentan, los asesinatos en general disminuyen. Ambos fenómenos no están vinculados, advierten los expertos. “En los Estados con más letalidad policial, la tasa de crímenes acaba siendo mayor”, recalca Daniel Cerqueiro, del Instituto público de Investigación Económica Aplicada. El impacto de la violencia es enorme. Él lo ha traducido a pérdidas económicas: “Brasil, con el 2% de la población mundial, tiene el 14% de los homicidios. Eso supone desperdiciar el 6% del PIB”.

La inseguridad es, junto a la economía, la gran preocupación de cualquier brasileño. Por eso el presidente Bolsonaro no pierde ocasión de subrayar que en el primer semestre de su mandato los homicidios han caído un 22%. Pero el académico es categórico: “El Gobierno federal no tiene absolutamente nada que ver con eso, viene de antes, es un proceso. El Gobierno va a contribuir, en todo caso, a revertirlo con su política enloquecida de liberalización de armas y endurecimiento de las penas con nuestro sistema penitenciario, que es un caos total”. Unas prisiones, explica, que han alumbrado a 79 organizaciones criminales y son la cantera perfecta de nuevos reclutas.

“Río de Janeiro es el paradigma de lo que funciona mal en la policía de Brasil, no refleja el país en general”, afirma David Marques, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, una ONG creada por académicos, jueces y policías que desde que recaba y sistematiza los datos colocó la seguridad pública en la agenda nacional. En otros Estados “la retórica es de prevención y respeto a los derechos humanos”. Espírito Santo es ahora alumno aventajado.

El Estado de Río de Janeiro es, en cambio, el epicentro de letalidad policial con una de cada cuatro muertes a manos de agentes en 2018. Un fenómeno que alarma incluso a la ONU y que surgió antes incluso de que el antiguo juez y antiguo marine Wilson Witzel tomara posesión como gobernador. Witzel pronunció una de esas frases difíciles de olvidar: “Lo correcto es matar al bandido que lleva un fusil. La policía hará lo correcto: va a apuntar a la cabecita… ¡y fuego! Para no cometer errores”.

El veinteañero Arthur destaca uno entre los conocidos a los que ha visto morir. Su primo Mateus, tres años menor. “Tenía 14 años cuando fue ejecutado” bajo custodia policial, cuenta. Había sido detenido acusado de robar unos collares y trasladado a comisaría. La favela de Maré, donde se crio y se formó como activista la concejala asesinada Marielle Franco, es uno de esos barrios de frecuentes tiroteos y operaciones policiales. Lugares en los que la policía no patrulla, solo entra con toda la fuerza en busca de traficantes de drogas. Poco importa que mueran vecinos en el fuego cruzado o el terror que causa a los escolares y al resto de los vecinos. Mientras dura la operación policial, todos enclaustrados.

La favela de Complexo do Alemão, también en el norte de Río, es aún más violenta. Tan lejos y tan cerca de las playas de postal. Algunos callejones están tan marcados a balazos que recuerdan a Oriente Próximo. “Aquí vemos las mismas armas que en Siria, con la diferencia de que aquí no entran tanques”, asegura Julio César Camilo, 44 años, presidente de una asociación vecinal. “No tenemos derecho a ir y venir. Nos prometieron que habría proyectos sociales además de policía pero solo colocaron al brazo armado del Estado… en cualquier momento hay un tiroteo”, explica junto al esqueleto de un descomunal teleférico que se construyó cuando el Mundial y los Juegos Olímpicos. Un día, las autoridades lo cerraron sin explicación. Hasta hoy. Es miércoles. La zona está tensa aunque revela que “desde la fatalidad de la niña Ágatha (muerta en septiembre por una bala perdida) está más tranquilo”.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.

Cuando estalla una balacera, Roberta, 39 años, se encierra en el baño con sus siete hijos. El lugar menos inseguro de su casa. Los disparos en la sala atestiguan que a veces la violencia se le instala dentro. Cuenta que los agentes arrasan con todo. “Se roban hasta lo que hay en el frigorífico”, dice.

Redes da Maré echó mano del ingenio —y la técnica jurídica— para reivindicar en los tribunales su derecho a la seguridad pública. Presentaron “artificio legal para que en la periferia se aplique una ley que se aplica en el resto de la ciudad”. Una juez ordenó aplicar lo que ya está en la ley: las operaciones policiales no pueden ser de noche, ni en el horario de entrada o salida de las escuelas, cada coche patrulla o blindado debe llevar GPS y debe haber ambulancia y un policía jefe que responda por los agentes. Las incursiones cayeron de 41 a 16 en un año. Eso fue antes de que Bolsonaro y el gobernador Witzel fueran elegidos.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão

Cuando los cuatro jóvenes salen de la favela al resto de la ciudad se sienten… “exóticos”, dice James. “Exactamente, esa es la palabra”, apunta Wagner. “Te miran todo el tiempo”, cuenta el artista. “La policía me ha bajado varias veces del autobús o me ha registrado. Me han abordado llegando al trabajo, preguntando que qué hago. O que mi casa fuera invadida mientras dormía y me pregunten que qué hago en mi casa a las ocho de la mañana”. Lo más doloroso para estos hombres es que de críos ellos también vieron a los traficantes como héroes, crecieron con los vecinos que hoy siguen sus pasos hacia el dinero fácil con la única diferencia de que en algún punto del camino algo pasó. Fuera el curso para la selectividad o alguna otra cosa, sus caminos se separaron.

Fuente de la Información: https://elpais.com/internacional/2019/11/04/actualidad/1572903643_516117.html#?ref=rss&format=simple&link=guid

 

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Exsenador de Haití aboga por un arbitraje entre Gobierno y oposición

América Central/Haití/03-11-2019/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

 El exsenador Jean Hector Anacacis abogó por un arbitraje entre Gobierno y oposición, para una solución de la crisis que vive hoy Haití, tras casi ocho semanas de protestas.
Anacacis señaló que el actual escenario es grave, ambos bandos ostentan dominio, el presidente tiene la ley y la oposición el poder de facto para movilizar y paralizar el país, ‘se necesita un intermediario para mediar’, subrayó.

Vaticinó que la situación puede ser ‘apocalíptica’, si el mandatario abandona el poder sin negociaciones. ‘Sería la catástrofe del siglo. Hay muchas armas en circulación, más que en 2004. Hay más inseguridad, más ira’, dijo el también contendiente presidencial al programa radial Magik 9.

La actual crisis sociopolítica, que inició en 2016 cuando el actual mandatario ganó unas controversiales elecciones, se agudizó el pasado año en un intento gubernamental de incrementar sustancialmente los precios de los combustibles, y se radicalizó desde mediados de septiembre, con protestas casi a diario, y la paralización del país.

Sectores opositores aseguran que su solución pasa por la renuncia inmediata del jefe de Estado, y la instalación de un gobierno transitorio, mientras que Moïse evita hablar de dimisión, pese a la creciente presión popular.

En el ínterin, al menos dos millones de niños no pueden asistir a clases, muchas empresas cierran sus puertas o reducen personal, agoniza la industria turística, y aumenta la inseguridad alimentaria que ya golpea a casi tres millones de haitianos.

Este viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, denunció que al menos 42 personas murieron, 19 de ellas a manos de policías, y 86 resultaron heridas en la nueva oleada de protestas y abogó por un diálogo entre haitianos.

En un comunicado, también declaró estar profundamente preocupados por la prolongada crisis y por la ‘la capacidad de los haitianos para ejercer sus derechos fundamentales en materia de salud, alimentación, educación y otros’.

Mientras tanto, las calles continúan bloqueadas con barricadas de neumáticos y otros objetos, crece la inseguridad en Puerto Príncipe y ciudades provinciales, y expertos advierten que la compleja situación puede empeorar.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=317519&SEO=exsenador-de-haiti-aboga-por-un-arbitraje-entre-gobierno-y-oposicion
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“Invertir en la educación en Colombia no genera réditos políticos”: Maurice Armitage

Redacción: El Espectador

El alcalde de Cali señaló que gastó más $500.000 millones en un programa de educación que impactó a casi 200.000 estudiantes, redujo problemas de hambre en la primera infancia y creó una cultura del deporte.

A un poco más de 100 días de salir de la Alcaldía de Cali, en medio de críticas por problemas de movilidad y seguridad, Maurice Armitage le dio una entrevista a El Espectador en la que dejó claro que su legado para la ciudad es la educación. Un aspecto que, según él, no deja réditos políticos ni permite presentar resultados inmediatos. Mientras sus contradictores lo tachan de ser un administrador al que lo sobrepasó el problema de la criminalidad, Armitage responde que la seguridad no es un tema solo policivo, sino social, por lo que su labor se reconocerá por trabajar en la inclusión social y la educación.

Porque una ciudad con muchas dificultades, tanto económicas como sociales, se la está jugando por la educación con el programa “Mi comunidad es escuela”. Es una propuesta que no nos produce réditos políticos, porque invertir en la educación en Colombia nadie lo ve como un trampolín para ser un alcalde reconocido. Lo que más importa en la administración de una Alcaldía es que estén bien la movilidad, la seguridad y otros aspectos, menos la educación.

A casi 100 días de acabar su mandato, ¿es la educación su legado y la bandera insignia de la administración?

Lo digo con orgullo y tranquilidad. El solo hecho de que la Unesco escogiera a Cali para ser sede del Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación (realizado la semana pasada) es producto del trabajo que hemos hecho desde hace tres años y nueve meses.

¿Qué han hecho en ese tiempo?

Ya hemos invertido casi el 80 % del presupuesto que destinamos para educación para el cuatrienio: $500.000 millones, que es el 60 % de la capacidad de inversión del municipio en toda la administración. Acabamos de entregar 135 colegios totalmente reconstruidos. Entre noviembre y diciembre vamos a dejarle a la ciudad 18 nuevos “megacolegios”. También estamos formando a 4.500 profesores para mejorar la calidad educativa. Estamos haciendo siete centros de desarrollo infantil. La idea es construir colegios en los que el niño o la niña entran gateando y salen bachilleres.

Es un colegio de 1.500 estudiantes que tienen un Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Un niño puede llegar de dos meses, lo alimentamos bien, lo tenemos hasta los cinco años y de ahí pasa al colegio. No lo dejamos en la calle y evitamos que se frustre el proceso de cinco años en el que le dimos buena comida y manutención. No es posible que no siga estudiando. Tiene que existir una continuidad.

Usted hizo referencia a un programa de alimentación para niños y niñas. El hambre y la educación están ligados. ¿Cuál es la iniciativa?

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cali, que, valga decir, el anterior Gobierno Nacional no nos dio un solo peso sino que fue asumido en su totalidad por la Alcaldía, es el mejor del país. No hay problemas de corrupción. La reforma administrativa que hizo el municipio logró que la corrupción sea cero. Tenemos buena calidad alimenticia y hemos llegado a todos los colegios para darles productos de calidad a los muchachos.

Y fuera de los estudiantes, ¿cómo están apoyando a otros sectores de la ciudad?

Estamos haciendo un trabajo más grande con la comunidad: pasamos de dar 4.000 raciones diarias a alrededor de 50.000 raciones, quitándole el hambre a un sector con muchos problemas en la ciudad. Darles comida a 50.000 personas a través de los comedores comunitarios es una revolución social. Esto nos ha permitido que los padres de familia puedan buscar empleo y conseguir recursos mientras nosotros cuidamos a sus hijos.

Pero ¿por qué dice que esto no genera réditos políticos si está impactando a 50.000 familias?

Las críticas a su gestión se han centrado en temas de movilidad y seguridad. ¿Qué pasó con estos sectores?

Esto no quiere decir que yo haya abandonado la seguridad ni la movilidad. Por ejemplo, en la movilidad hemos rescatado al MIO, estamos haciendo ciclovías y construyendo otras avenidas para descongestionar determinados sectores, como el sur de la ciudad. En cuanto a la seguridad, yo la entiendo desde el punto de vista social. No es solo policiva y militar. La seguridad debe ser inclusión social y educación. Y en eso es lo que hemos trabajado estos años.

¿Cuántas personas han impactado con el programa de educación?

Estamos impactando más de 200.000 niños con la educación. Entiendo que tenemos 170.000 en colegios públicos y 60.000 en privados. Lo más importante es que no estamos involucrando solo a los niños sino también a los padres de familia. Así como en una época la Iglesia fue el centro de la sociedad, hoy el núcleo de una comunidad debe ser la escuela, que reúne la cultura y el deporte. Es más, nunca antes se había hecho tanto deporte en Cali como se está haciendo en esta administración. Hemos logrado que casi un millón de personas hagan cualquier actividad física una vez a la semana.

¿Cuáles son los programas ligados al programa de educación?

¿Qué le diría al siguiente alcalde?

Que tiene que seguir con esto. No podemos echar reversa. En el índice de competitividad de Colombia, Cali ya está en el cuarto puesto. Preguntaba por qué Bucaramanga está por encima y me dijeron que fue una ciudad que pensó muy bien hace 20 años e invirtió mucho en educación. Hoy se están viendo los réditos. Eso le tiene que pasar a Cali en los próximos 10 años.

¿Quiénes están por encima?

Están Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

¿Qué lecciones le quedan por aprender frente a esos ejemplos?

Me queda por aprender y estar plenamente convencido de que sin educación no hay nada. Yo decía: países como Alemania e Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial quedaron totalmente destruidos. ¿Por qué se recuperaron y siguen siendo potencias mundiales? Porque tiene un pueblo educado. Si usted tiene un pueblo educado, así le pasen las guerras.

¿Cuál es la cosa que más se arrepiente de no haber hecho?

Haberle podido meter mucho más a la educación, en el aspecto económico. Con todo el esfuerzo que hemos hecho, apenas estamos influyendo en el 50 % del problema educativo de Cali. Nos falta la otra mitad. Por eso el próximo alcalde tiene que seguir, porque Cali está muy atrasada en estos términos y nunca será una ciudad viable si no tenemos una comunidad educada.

La cultura ciudadana, el sentido de pertenencia a la ciudad. Los caleños estamos muy mal en eso. Lucho todo el día con un cuento popular que tenemos, y es verdad: “caleño come caleño”. Tenemos que revertir eso: “caleño defiende caleño”. Esa es una de las cosas que más nos afectan, a diferencia de otras ciudades del país, que se sienten orgullosas de su ciudad. Los caleños somos autodestructivos.

¿Cree que Cali está en la capacidad de sobrepasar esa barrera de violencia e inseguridad a través de la educación?

Por supuesto. Es que si no lo hace a través de la educación, no sale adelante. Diría que si los dos próximos alcaldes le seguimos dando a esta cosa, no queda reversa y se impone el cambio en la ciudad.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/invertir-en-la-educacion-en-colombia-no-genera-reditos-politicos-maurice-armitage-articulo-881386

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