Acoso, cooperación genuina, NICARAGUA

Amnistía Internacional denuncia que los casos de acoso escolar no llegan a la Inspección educativa

Europa/España/06 Junio 2019/Fuente: El diario la educación 

El Ministerio asegura que con el nuevo protocolo de atención telefónica todas las llamadas son atendidas por los servicios correspondientes, y que no siempre han de acabar en Inspección educativa.

Las administraciones educativas no están recogiendo información, o no suficiente, de los casos de acoso escolar que se producen. Ni las autonómicas ni la del Gobierno central. Esta es una de las primeras conclusiones del informe que ha presentado esta mañana Amnistía Internacional, bajo el título Hacer la vista… ¡gorda! El acoso escolar en España.

El organismo que, desde el Ministerio de Educación, debería hacer esta recogida de información, además de la redacción de informes y estudios, es el Observatorio de la convivencia, que no se reúne desde 2011. Con la llegada del ministro Wert, a primeros de 2012, así como durante el mandato de Íñigo Méndez de Vigo después, el observatorio no volvió a convocarse, aunque sí redujo el número de sus componentes. En el último Ministerio, en manos de Isabel Celaá durante 10 meses, tampoco llegó a formalizarse reunión alguna.

Las comunidades autónomas, por su parte, en muchos casos tienen sus propias instituciones, pero los datos no acaban de llegar a la luz pública.

En el marco del Plan Estratégico de convivencia, puesto en marcha por Méndez de Vigo y con una duración desde 2016 y hasta 2020, entre las medidas más sonadas para combatir y bajar las cifras de acoso escolar se encontraba el teléfono de atención gratuito.

La ONG denuncia que los datos públicos que se lanzaron, obtenidos por la anterior prestataria del servicio de atención, muy pocos de los casos que se identificaron como de acoso escolar llegaron a las mesas de la inspección. Según los atos oficiales, menos de la mitad de las llamadas recibidas por el teléfono se consideraron casos de acoso. De ellas, menos de 300 fueron comunicadas a la inspección educativa correspondiente de cada comunidad autónoma.

Según explica Diana Díaz, actual directora del teléfono de atención gestionado por la Fundación Anar, dentro del procolo que maneja la organización (diferente al del anterior equipo), no todas las llamadas son derivadas a los servicios de inspección. Algunas son derivadas a otros recursos, en función siempre del caso. El equipo de profesionales de la psicología que atiende el teléfono las 24 horas, está apoyado en esta toma de decisiones por sendos equipos de abogados y de trabajadores sociales.

Para Koldo Casla, autor del informe, todos deberían acabar en conocimiento de la inspección educativa. Si un caso llega al conocimiento del centro educativo, ya sea su dirección o los servicios de orientación, estos deben ponerlo en conocimiento de la Inspección.

En el informe que se publicara hace algunos meses con los datos el teléfono referidos a 2017, se indica en el protocolo general de atención, se indica que: «En todos los casos en los que se genera expediente, se comunicará este a la Inspección educativa de las CCAA o del Estado, según corresponda».

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, explicaba esta tarde que el protocolo, ahora, es diferentes al anterior. Las derivaciones a la inspección educativa no son todas aquellas que puedan ser casos de acoso. Ahora es Fundación ANAR, según fuentes del Ministerio de Educación, quien tiene la potestad de derivar a inspección educativa. Aunque el protocolo no es público. «Los datos puestos sobre la mesa (por Amnistía) corresponden a una etapa anterior, a un equipo y sistema anteriores», explica Tiana. Quien ha defendido la actuación de Fundación ANAR.

Pero la divergencia causada por la poca incidencia de los casos en la inspección, frente a las estimaciones (porque no hay datos, en realidad, de estudios cuantitativos sobre acoso escolar) es la que hace saltar las alarmas de Amnistía Internacional en su momento, explica Koldo.

Mientras que desde algunas administraciones autonómicas (las pocas que recogen las cifras y las hacen públicas) se habla de una incidencia de los casos de acoso de entre el 0,03 o 0,02%, las estimaciones de organismos como el Defensor del Pueblo, la Organizzación Mundial de la Salud o el Observatorio Estatal de la Convivencia, hablan de entre el 4 y el 6 u 8% del alumnado en situaciones de acoso.

El objetivo de la ONG es que se siga el protocolo que dice que cualquier caso debe llegar a inspección y evitar ese famoso «son cosas de niños». El problema, segúnlas palabras de Alejandro Tiana, es que el protocolo actual no es el mismo al que se refiere Amnistía Internacional. Lo explica dado las cifras de llamadas del mes de abril. 1.603 en todal. De ellas, 322 han sido catalogadas como casos de acoso escolar. «El 100% fueron atendidos debidamente por servicios sociales, de salud, entidades protectoras de la infancia, por los centros educativos, por la inspección…».

Además de la falta de información, otras de las posibles causas para esta distancia es que se estén contando solo los casos de acoso que acaban con violencia, con lesiones, intentos o ideaciones autolítivas, por ejemplo, mientras que situaciones de menor intensidad, relacionadas con el sexismos, el machismo o el racismo, con insultos o exclusión social dentro del centro, quedan fuera de la mirada de las personas que han de atenderlos.

Para Koldo uno de los problemas en este sentido es el hecho de que las personas adultas no vean, literalmente, como un problema el que se desarrollen conductas sexistas, machistas o racistas. Es algo que de alguna manera se acepta en la sociedad, más allá de la escuela y que, claro, repercute en la mirada que se hace de los conflictos que se desarrollan en los centros educativos.»Es necesario que se reconozcan estas formas de acoso cotidiano», explica.

«Hay casos de acosos en los que todo el mundo está concienciado sobre la toma de medidas», explica el autor del informe. «Los casos más graves, con vídeos, autolesiones…». Pero, dice, «hay miles de casos escondicos, de sexismo, de racismo… que tapamos para no verlos».

Poner en marcha el Observatorio Estatal es una de las primeras que Amnistía le reclama al Ministerio de Educación. También la apuesta por hacer estudios cuantitativos y cualitativos, en los que se recojan datos como las causas del acoso (homofobia, cuestión de género, racismo…), así como las cifras de incidencia real.

Para que estas cifras se acercaran más a la realidad, eso sí, habría que incidir, insiste la ONG, en modificar la formación del profesorado. Tanto la inicial, haciendo hincapié en el máster de secundaria, pero también en la permanente, asegurando que todo el profesorado está familiarizado con el acosos y sus formas y consecuencias, así como en la detección de posibles casos.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/06/05/amnistia-internacional-denuncia-que-los-casos-de-acoso-escolar-no-llegan-a-la-inspeccion-educativa/

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Inspección educativa, ¿para qué?

Por: Julio Rogero

En el sistema educativo, la inspección, con la disculpa de su función puramente “técnica”, juega un papel central de control al servicio de quien gobierna en cada momento.

¿Cuál debe ser la función supervisora en la sociedad y en las instituciones sociales, en general? En la actualidad no hay ningún debate y reflexión pública sobre el papel de las inspecciones, quizás necesarias en muchos ámbitos de la organización social. Pero es necesario hacerlo, puesto que, en muchos casos, estas supervisiones no sirven para un mejor funcionamiento de la sociedad, sino para mantenerla en una situación de injusticia permanente. Y parece que es en el sistema educativo donde esa realidad se muestra de forma más evidente, al menos para los que formamos parte de él.

En la perspectiva de la desescolarización de la escuela que planteé en un articulo anterior, me parece importante que nos detengamos en el papel que tiene el Servicio de Inspección Educativa. Entiendo el proceso desescolarizador como el cuestionamiento de todo lo que impide el aprendizaje en libertad que todo ser humano necesita para que se produzca su pleno desarrollo. Ya vimos que la actual escuela va, en buena medida, en la dirección contraria por ser excesivamente academicista, autoritaria, selectiva, segregadora, resultadista y falta de libertad para poder ser y aprender, en ocasiones convirtiéndose en un espacio cuasi carcelario por las condiciones en que se desarrolla y por tener que aceptar todo lo que se le impone por el poder económico, las administraciones y sus gestores políticos, la academia, los expertos… En esa cadena de imposiciones, la inspección, con la disculpa de su función puramente “técnica”, juega un papel central de control (¿de policía política?) al servicio de quien gobierna en cada momento.

Hoy nadie cuestiona la inspección educativa como institución de control dentro de la institución escolar. En el mejor de los casos, se cuestionan algunas de sus funciones o que solo haga algunas de las muchas funciones que se le asignan por la legislación actual. Sin embargo, la observación de su actuación nos lleva a constatar que nunca ha abandonado su carácter eminentemente burocrático y de control, aun cuando se pretendió que adquiriera una dimensión más pedagógica y un nuevo talante en alguna de las múltiples reformas educativas del pasado.

Cuando surge la cuestión sobre el papel de la inspección, lo que se percibe claramente es que manifiesta un alejamiento y, en muchos casos, un desconocimiento de la acción educativa y de sus protagonistas cada vez más clamoroso. La presencia de inspectores en la vida de las aulas para compartir problemas, orientar pedagógicamente es escasa y, cuando se da, se utiliza para controlar y sancionar a los supervisados. Eso conlleva una lejanía cada vez mayor de los retos que se plantean hoy a la profesión docente. No conoce ni comparte las incertidumbres, las dudas, las expectativas, ni las inquietudes cotidianas que vive el profesorado en los centros educativos. Su presencia se limita a que todo esté formalmente en orden, dentro del orden y de las órdenes: cada aula con su profesor y su alumnado, cada centro con su equipo directivo formalmente constituido y sus órganos unipersonales y colectivos bien designados y elegidos, que los múltiples documentos cumplan todos los requisitos, que no haya conflictos y, si los hay, los resuelva recatadamente el equipo directivo, que para eso está, y no le lleguen a la inspección y, mucho menos, más arriba.

Así, la función inspectora, con su presencia ausente, es sentida y vivida por el profesorado como la amenaza permanente ante la posible transgresión o incumplimiento de la ley. Esta amenaza forma parte del currículum oculto en el que se desenvuelve la acción docente. Así, las prácticas educativas en las escuelas no se desarrollan en un clima de libertad donde lo central sea la capacidad de innovar e investigar, la atención a la diversidad y el desarrollo de ciudadanos bien formados, críticos, autónomos, creativos, solidarios, participativos, etc., sino que lo central es el cumplimiento de los programas, la no alteración del orden programado, la falta de flexibilidad para organizar los espacios y los tiempos en función de las necesidades de los alumnos/as y de los procesos enseñanza-aprendizaje. Se cierne sobre los centros la amenaza por la posible transgresión de los límites de la censura interna que se ha ido asentando, con la colaboración inestimable de la inspección, como un muro que nos incapacita para saltarlo y hacer lo que sin duda se puede y debe hacer.i

Algunos consideramos que hoy la inspección cumple una función central muy bien utilizada por los gestores del sistema educativo. En la sociedad del miedo, este también se extiende en la institución escolar: miedo a ser sancionado por no cumplir las normas impuestas, miedo al fracaso, miedo al poder, miedo a no acabar el currículo oficial, miedo a no transmitir lo que ellos quieren, miedo a ser evaluado negativamente y miedo a no obedecer. La inspección es, así, uno de los instrumentos básicos utilizados por el poder para inocular un miedo paralizante, en muchos casos asimilado de forma inconsciente, que impide cualquier proceso de autonomía razonable del profesorado y de los centros educativos. Está profundamente interiorizado que también los equipos directivos de los centros, al ser designados por la administración educativa y sentirse parte de ella, la utilizan para presionar al profesorado para que cumpla al pie de la letra la legislación vigente y con toda la burocracia que el control de su tarea docente y su profesionalidad les impone la inspección.

¿Para qué sirve la inspección a la educación y sus procesos de desarrollo humano si ésta se dedica al control del profesorado para que cumpla fielmente los designios del poder?. Fundamentalmente, para que todo se ajuste a las mentiras del poder: las ratios están bien, la distribución de los apoyos es la justa, la inclusión educativa una realidad palpable, los centros educativos son los adecuados y están a punto al comienzo del curso, cuando se inician las clases cada curso todo está en perfecto estado, el currículo impuesto es el justo y necesario, el profesorado tiene autonomía suficiente para poder innovar y… ¿Quién supervisa al poder para que salga de sus mentiras y engaños a la población y a la comunidad educativa? ¿Quién ayuda a desvelar a la ciudadanía las trampas del poder con la educación? ¿Por qué secuestran los datos (respondiendo a órdenes superiores) de abandono, fracaso, repeticiones, escolarización, de distribución del presupuesto educativo?… Las preguntas se hacen interminables.

En una sociedad madura, que reconoce la necesidad de otra escuela que haga efectivo el derecho a la educación y sirva a los intereses de la infancia y a la formación de una ciudadanía crítica, activa, democrática, autoeducada y autoformada, no sería necesaria ningún control autoritario por parte de nadie, o al menos sería una supervisión radicalmente diferente a la actual. Lo fundamental es la potenciación de la responsabilidad compartida entre todos para hacer una sociedad y una escuela cada vez más autoorga nizadas, no basada en la competitividad, sino en compartir, en la relación fraterna, el apoyo y el cuidado mutuo. Para construir la escuela desescolarizada que queremos, la inspección, al menos como está configurada hoy en la práctica, es un obstáculo insalvable. Es la propia comunidad educativa, desde su autonomía, su capacidad de toma de decisiones pedagógicas, su autoorganización y su autoevaluación compartidas, la que ha de dar cuenta pública de su quehacer educativo, devolviendo a la sociedad el control de lo que esta le da.

Por eso no necesitamos ningún “cuerpo” de burócratas como el de la inspección, interesado sobre todo en la defensa de sus intereses corporativos, generalmente insensibles a las necesidades de la infancia y a las barbaridades que el sistema educativo actual hace con ellos. No cuestionan la ley que hacen cumplir, por muy injusta que sea. Son cómplices de la búsqueda de la eficacia de la competitividad, la insolidaridad, el clasismo, el rendimiento utilitarista y demás valores del capitalismo neoliberal. Son fieles servidores de ese poder alienante y esclavizador que se impone en la escuela a gran parte de las personas de la comunidad educativa en una sociedad considerada libre y democrática… Evidentemente, hay maravillosas excepciones que intentan honestamente servir y ayudar a que el sistema educativo camine en una dirección emancipadora, a pesar de las ingentes dificultades con que se encuentran. Pero son tan pocos y tan silenciados que no son siquiera la referencia necesaria para otra posible forma de supervisión educativa.

Pienso que habría que reconvertir la actual inspección para que, permaneciendo en las aulas como docentes, sirvan de apoyo en esta tarea de construcción de otra escuela y educación emancipadora. Velaría por hacer efectivo el derecho a la educación, denunciaría las injusticias escolares y el posible abandono o descuido de la educación pública por los poderes y gestores públicos, promovería la inclusión y denunciaría la segregación, compartiría miradas y sensibilidades con el profesorado y las familias, etc. Serían personas formadas para cooperar en que esa escuela responda a una educación libre de imposiciones y a su construcción como una comunidad de cuidado mutuo, de convivencia positiva, de vida compartida y de estímulo constante a la propensión de la infancia por aprender siempre.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/18/inspeccion-educativa-para-que/

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Uganda presenta el sistema de inspección electrónica

Con más escuelas proliferando en todo el país, la Dirección de Estándares Educativos (DES, por sus siglas en inglés) y los gobiernos locales se enfrentan a una ardua tarea para acabar con las escuelas deficientes.

Africa/Uganda/ YUDAYA NANGONZI

Anteriormente, las escuelas eran pocas y manejables, pero la cantidad inadecuada de inspectores, junto con las limitaciones de recursos actuales, dificultan una inspección efectiva.

Según Patrick Balyogera, el comisionado interino, los estándares de educación básica en DES, idealmente, los inspectores de distrito deberían estar en las escuelas al menos dos veces al año, pero la realidad en el terreno es escandalosa.

«Es cierto que hay una escasez de inspectores y para que los distritos puedan hacer frente, tienen que contratar asesores asociados [directores jubilados con un desempeño ejemplar] cuyo reclutamiento se ve afectado por fondos gubernamentales limitados», dijo Balyogera.

Como resultado, los pocos inspectores llevan a cabo la inspección y envían copias impresas de los informes al DES para compilar informes nacionales de inspección escolar.

Esta práctica, dijo Balyogera, ha sido engorrosa con los informes retrasados, mientras que otros se inventan en las oficinas de educación porque los inspectores no llegan a las escuelas.

Debido a los desafíos experimentados en la presentación de informes y la compilación de datos, el Ministerio de Educación y Deportes del Proyecto de Eficacia Escolar de Maestros de Uganda (UTSEP) introdujo un Sistema de Inspección Integrado (IIS) para mejorar la inspección.

El proyecto es parte de una donación de $ 100 de la Alianza Global para la Educación (GPE) / Banco Mundial que el gobierno recibió en 2015 para apoyar la implementación del Plan Estratégico del Sector Educativo (ESSP).

Lanzado en noviembre de 2016, la inspección electrónica de tres años está siendo probada en 1,000 escuelas gubernamentales distribuidas en 46 distritos donde se llevan a cabo intervenciones tales como mejorar la lectura, construir aulas, capacitar a maestros y directores, entre otros, bajo el proyecto UTSEP.

Balyogera dijo que el ISS ayudará a DES a analizar datos consistentemente y generar informes, así como a diseminar información a tiempo.

«El sistema puede filtrar la información para un nivel escolar, distrital, regional y nacional con solo hacer clic en un botón. El objetivo principal en esto es asegurar que los alumnos logren «, dice el jefe de educación primaria que finaliza este año, pero ha recibido una extensión de un año hasta junio de 2019 antes de que se lance a nivel nacional.

CÓMO FUNCIONA

La inspección digitalizada se lleva a cabo utilizando tabletas telefónicas que se han instalado con dos herramientas; una observación de enseñanza / aprendizaje y herramientas de gestión del director.

Explicó que un equipo de dos personas visita una escuela en un día, hace observaciones, se centra en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión de la escuela. Mientras está en la escuela, el inspector y el asesor asociado observan al menos a tres maestros en clase mientras enseñan.

«También se les permite sentarse al final de la clase para ver cómo se llevan a cabo las lecciones. Posteriormente interactúan con el director, completan los resultados de la inspección en la tableta y toman fotografías cuando es necesario «, explicó Balyogera.

Los dos funcionarios registrarían entonces el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y finalmente enviarían la información al Sistema de Inspección Integrado (IIS).

Los inspectores también interactúan con los maestros y dan su opinión sobre la inspección en el aula. A su vez, hacen un resumen de todos sus hallazgos y los discuten con el director y dejan una copia de las recomendaciones acordadas en la escuela antes de la partida.

Joy Nabeta, la directora de la escuela primaria Magogo en el distrito de Iganga, cuya escuela ha sido inspeccionada utilizando el sistema, dijo que vale la pena, aunque es un poco largo y lleva mucho tiempo.

«Esta es una buena iniciativa, pero los inspectores pasaron una hora y media recopilando datos de mi escuela». ¿Qué sucede en las escuelas donde el maestro tiene que atender a los alumnos para las lecciones? «, Dijo.

Rev Augustine Kiregeya, asesora asociada, le dijo a The Observer que, aunque llevan mucho tiempo en las escuelas, ayuda a desarrollar la capacidad. «¿Por qué tenemos que apresurarnos?» Preguntó Kiregeya.

«Preferimos pasar mucho tiempo en una escuela, pero nos aseguramos de que todo esté en su lugar y guiamos al director y a los maestros de manera apropiada».

Él es optimista de que la inspección electrónica, si se administra adecuadamente, mejorará los estándares.

«Los docentes se han mostrado reacios y no han implementado muy bien las políticas educativas porque saben que los inspectores no están allí. Con esta tecnología, van a ser más activos «, dijo Kiregeya.

Por ahora, los equipos también tienen problemas con una red pobre mientras cargan información.

«Puedes hacer clic en algo y lleva mucho tiempo; algunas veces falla, sin embargo, usted está evaluando y quiere mudarse a otra escuela. [Sin embargo] no se te permite abandonar una escuela sin enviar información «.

Las tabletas también están cerradas por el ministerio y no están abiertas a plataformas sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp o Google. Kiregeya solicitó al gobierno que los abriera a inspectores de ayuda y directores de centros de investigación.

CUESTIONES EMERGENTES

Dos años y medio mientras usaban el sistema electrónico, Balyogera dijo que habían notado que el ausentismo de los docentes iba en aumento.

El sistema permite a los inspectores rastrear las tasas de ausentismo de maestros, maestros y alumnos, ya que las escuelas se ven obligadas a mantener registros actualizados de asistencia. Un estudio muestral nacional realizado por el Ministerio de Educación y Deportes el año pasado encontró que el ausentismo docente es del 45%, mientras que el de los directores es del 20%.

Esto, de acuerdo con el director de educación básica y secundaria del ministerio, Robinson Nsumba-Lyazi, representa una pérdida de hasta Shs 72 mil millones al año. Balyogera notó que con el tiempo, también se dieron cuenta de la tendencia de los maestros que afirman llevar a cabo una evaluación continua, sin embargo, están continuamente perforando niños debido a las demandas de los padres.

Esto ha resultado en una menor preparación de los maestros para la lección y una interpretación deficiente del plan de estudios.Sobre si la inspección electrónica mejoraría los estándares, Balyogera dijo: «El impacto puede no realizarse ahora, pero estoy seguro de que las calificaciones mejorarán». Puede que no lo consigamos al 100%, pero podremos reunir suficiente información y generar informes exhaustivos «.

MÁS FONDOS

A medida que el gobierno encabeza esta nueva iniciativa, a Kiregeya le preocupa que los inspectores sigan estando poco favorecidos a pesar de las ubicaciones geográficas desfavorables de las escuelas. Como asesor asociado, recibe Shs 225,000 para cubrir los costos de transporte y Shs 144,000 como subsidio por trimestre.

«El dinero también llega tarde. Balyogera está de acuerdo en que el gobierno necesita revisar los costos unitarios de las subvenciones de inspección de los actuales Shs 30,000 a alrededor de 100,000 o más.

«Si estas personas se van a mudar, tienen que compartir los Shs 30,000. Recuerde, ellos tienen que hacer llamadas telefónicas, fotocopiar informes de comentarios resumidos para las escuelas y contratar boda bodas, que son todos proyectos caros «, dijo.

Otras recomendaciones hechas por DES para mejorar los estándares incluyen la participación de los comités de gestión escolar en los asuntos de las escuelas, la contratación de más tutores coordinadores (CCT) y la regulación de las ONG que implementan actividades en las escuelas que terminan confundiendo maestros, directores y alumnos.

«Los proyectos de las ONG son buenos, tienen los mismos objetivos, pero necesitamos saber cómo secuenciarlos», dijo Balyogera.

nangonzi@observer.ug

Fuente: http://observer.ug/education/57663-will-electronic-inspection-improve-education-levels.html

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China inspecciona trabajo en materia de educación en todo el país

Asia/China/28 junio 2018/Fuente: Spanish.xinhuanet

China ha enviado inspectores para examinar el trabajo en materia de educación de 31 gobiernos provinciales y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang.

Es la primera vez que el país evalúa estas tareas de los gobiernos provinciales, según una nota publicada hoy martes por la oficina nacional de inspección de la educación del Consejo de Estado, el gabinete de China.

La inspección incluye la implementación de los planes de educación del Partido Comunista de China y la ejecución de las leyes y políticas relacionadas con la educación.

La protección de los derechos a la educación de los ciudadanos y la gestión de las escuelas también son aspectos importantes en la evaluación.

En 2017 el Consejo de Estado publicó un plan para llevar a cabo evaluaciones anuales de los gobiernos provinciales sobre su trabajo en materia educativa.

Además, la inspección abarca las instituciones de actividades extraescolares. El Ministerio de Educación puso en marcha a comienzos de este año una campaña para intensificar la supervisión de tales instituciones con el fin de garantizar una educación apropiada para los niños.

Se han inspeccionado hasta ahora más de 200.000 instituciones, informó el ministerio.

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2018-06/26/c_137282315.htm

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España: Rajoy anuncia medidas para controlar la educación en Catalunya

España/16 noviembre 2017/Fuente: Kaos en la Red

La intención del PP es que la Alta Inspección Educativa tenga más presencia en los centros educativos.

El 155 no ha alterado, de momento, el día a día del funcionamiento de las escuelas en Catalunya. Pero el Gobierno no tiene intención de dejar pasar las denuncias por “adoctrinamiento” en los centros catalanes. Hace meses que Ciudadanos presiona al PP en el Congreso para intervenir en esta cuestión, y Mariano Rajoy anunció ayer -hasta dos veces- que los próximos meses moverán pieza para controlar que los alumnos puedan estudiar en castellano en Catalunya.

El camino pasará por el Congreso, donde el partido de Albert Rivera ya vio como naufragaba una de sus iniciativas hace apenas unas semanas. La vía elegida por el equipo de Rajoy es reforzar el control de la Alta Inspección Educativa, el mecanismo que tienen, según su punto de vista, para intervenir en la inmersión sin vulnerar el Estatuto.

Cs se queda solo en el Congreso en la moción contra el “adoctrinamiento”
“Soy partidario de hablar, y de hablar del tema de la educación en castellano. Pronto en el Congreso de Diputados trataremos de la tarea de la inspección educativa “, señaló el presidente español en una entrevista en la Cope ayer por la mañana.

Para intentar hacer frente a la línea dura de Ciudadanos, el PP registró ayer en el Congreso una proposición no de ley -sin efectos vinculantes- para reformar la Alta Inspección Educativa. La intención es que el debate sobre el supuesto “adoctrinamiento” en las escuelas entre en la comisión sobre el pacto educativo en el Congreso y allí se acuerde una solución.

“Es muy importante que la política abandone las escuelas”, expresó el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. “Que las esteladas y banderas anticonstitucionales dejen presidir la escuela en Catalunya”, añadió. De todos modos, se trata de una iniciativa ahora mismo no vinculante, que remite a una comisión atascada en la cámara baja. Pero es también una respuesta de los populares a Ciudadanos, que presionan para acabar con la inmersión con una proposición de ley. El debate en el pleno será el próximo martes, donde coincidirán la iniciativa de Cs y la del PP.

Después de que a mediados de octubre naufragara una iniciativa para acabar con el supuesto “adoctrinamiento” en las aulas no sólo de Catalunya, sino también de Baleares y Valencia, Albert Rivera registró una proposición de ley en la cámara alta para crear la Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa, que asumiría las funciones de la actual Alta Inspección Educativa, una figura recogida en los diferentes estatutos de autonomía.

Futuro pacto educativo
El problema principal que el PP vio es que se trata de una agencia público-privada, sobre la que el gobierno español perdería todo tipo de control, según fuentes populares. Esto hizo que la iniciativa naufragara. Con todo, sigue muy viva en forma de una proposición de ley y con la intención de Mariano Rajoy de habilitar la inspección para que tenga más poder de control. Ahora bien, siempre que se acuerde en el futuro pacto educativo.

Esta es la única pieza que el presidente español se ha abierto a modificar en el campo de competencias entre comunidades autónomas, después de hacer una defensa cerrada, también ayer, de la descentralización del Estado.

Campaña para que el día de las elecciones sea no laborable
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac) ha lanzado una campaña para pedir que el 21 de diciembre, día de las elecciones en Cataluña, sea reconocido como día no laborable para que se garantice el ejercicio del derecho a voto y se facilite la conciliación laboral y familiar. En un comunicado, aseguraron que estas elecciones se celebran en un contexto de “anormalidad democrática” y añadieron que reconocer este día como no laborable ayudaría que la jornada se produjera con más normalidad. La Fapac ha abierto una petición en la plataforma Change.org para sumar firmas, y ha hecho un llamamiento a entidades, organizaciones, sindicatos, partidos y sociedad civil para adherirse a la demanda. La federación ha considerado que la convocatoria de elecciones un jueves no prioriza el derecho a la educación para que se añade un día no lectivo en el calendario escolar que coincide, además, con el fin de trimestre.

Fuente noticia: http://kaosenlared.net/rajoy-anuncia-medidas-controlar-la-educacion-catalunya-castcat/

Fuente imagen: http://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2017/11/00-86-300×169.jp

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Autoridad para los docentes.

La tan traída y llevada ‘Atención a la Diversidad’ que tanto defendía la LOGSE ya era recomendada hace 20 siglos.

Por:  Juan Casas Carbajo.

El presente artículo seguro que es considerado políticamente incorrecto por muchas personas, pero todo lo que cuento en él está pasando en la mayoría, por no decir en todos, los centros de enseñanza. Tiene, además, relación con el publicado el día 17 pasado por este mismo medio con el título de ‘Gran Pacto Educativo’.

Doña Esperanza Aguirre, en el año 2009, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, pensó considerar a los maestros y profesores como autoridad pública. Lo cual suponía un paso importantísimo para devolver a los docentes el prestigio que las últimas leyes educativas les han arrebatado y así, de esta forma, recuperar el papel primordial de la escuela, cual es enseñar y educar a sus alumnos, cosa que últimamente no podían hacer por estar totalmente desprotegidos ante la ley. Este deseo se vio hecho realidad con la publicación de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, publicada en el BOCM núm. 154, de 29 de junio de 2010 y cuyo artículo 5, dice: «Los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico». Si bien es cierto que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hemos citado más arriba.

En otras comunidades autónomas como Valencia, Aragón, Asturias, Castilla–La Mancha, Galicia, La Rioja o Murcia ya han aprobado leyes de autoridad del profesorado regulando aspectos como la condición de autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica, los deberes de las familias o la reparación de daños ocasionados a los docentes. Lo ideal sería que fuese el Ministerio de Educación el que lo implantara con carácter general para todo el Estado, pero no me consta que leyes como éstas existan a nivel nacional. Quizás sea porque las Autonomías tienen competencias en Educación y compete a ellas promocionar y aprobar estas leyes. Y así debe ser cuando el Parlamento Andaluz puede rechazar la consideración de autoridad pública del profesorado andaluz (Europa Press Sevilla 10 may. 2017. 19.46).

Pero es una pena que no existan en todas las Autonomías, porque, con mis propios ojos, he visto salir llorando a profesoras porque eran incapaces de dar clase al no poder controlar a sus alumnos, por la falta de recursos para ello. De nada les valía decirles que iban a suspender o que les pondrían un parte de disciplina, porque les daba igual. No les asusta suspender, porque saben que el Sistema Educativo (SE), les facilita el pasar de curso aunque tengan varias asignaturas suspendidas. En cuanto a los partes, cuanto más acumulen mejor, ya que eso supone que los expulsen unos días del colegio o instituto y de esa manera se encuentran con unas vacaciones extraordinarias. Luego se vuelve a las mismas y al poco, tiempo otros días de vacaciones. Esta es la cruda realidad de lo que está pasando en la educación española desde hace ya algunas décadas. Y quien no se lo crea que se pase por algún instituto público unos días, pero no de visita, sino entrando en las aulas.

No cabe duda que estas leyes citadas son un paso importante, pero no olvidemos que es eso, sólo un paso. Hay que dar más si de verdad se quiere tener un sistema de calidad. Yo sugiero los siguientes:

Establecer un pacto de Estado para la Educación entre las fuerzas políticas (al menos entre las dos fuerzas mayoritarias y así desarrollar un Sistema Educativo serio y que no esté al albur del gobierno de turno. El mismo Rey de España pidió este pacto en 2009 y sobre el mismo hablé ampliamente en mi artículo citado del día 17 pasado.

Descargar al profesorado de tanta burocracia como tiene que hacer ahora, que solamente sirve para quitarle el tiempo que tiene para preparar sus clases y para enseñar a sus alumnos.

Que la Inspección Educativa pueda de nuevo entrar en las aulas, como se hacía antes, y así darse cuenta de los problemas que pueda tener algún profesor o maestro y ayudarles. Esta medida supone que los inspectores tengan la preparación pedagógica y científica adecuada y accedan al Cuerpo después de superar una oposición seria.

Que los directores de los centros sean también seleccionados en función de su preparación y no elegidos. Un centro educativo es una empresa y en éstas los directivos no los eligen los obreros, sino los selecciona, entre los más competentes, la dirección de la empresa.

Que los padres, sean padres. Es decir que colaboren en la educación de sus hijos y que no socaven ante éstos la autoridad del profesorado, sino preguntarle a éste cuando tengan alguna duda sobre alguna decisión tomada, pero nunca delante del hijo (al decir hijo me refiero también a las hijas).

Que los centros hagan una programación realista y sencilla, en función de los alumnos que tienen, estableciendo pocas normas pero claras y de obligado cumplimiento para todos, eliminando todos esos documentos de proyectos curriculares y reglamentos farragosos que a la hora de la verdad solamente sirven para la galería.

Descargar a los alumnos de esa montaña de libros de texto a los que se les está obligando a cargar en sus espaldas y que la mayoría de ellos ni se tocan.

Establecer el orden y la autoridad en las aulas. Los profesores y los alumnos, no son coleguillas ni amiguetes, entre otras razones, porque los segundos no quieren. Los amigos se los buscan ellos entre sus iguales, como dice el profesor Savater en su precioso libro ‘El Valor de Educar’. Lo mismo se puede decir para los padres. Tanto unos como otros son profesores y padres, lo cual no quiere decir que no respeten y quieran a los alumnos e hijos. Es más, a éstos les gusta tener un referente de autoridad en casa y en clase y no un amiguete adulto.

Modificar la organización de la Educación Obligatoria, dejando la obligatoriedad hasta los dieciséis años, pero no la comprensividad.

Sé que estas medidas parecerán clasistas o autoritarias, pero ni lo uno ni lo otro. No son clasistas, porque el SE que propongo establecería el paso entre las distintas vías. Y no son autoritarias, porque lo que pretenden es establecer un orden que permita que cada uno pueda cumplir con su obligación: que el maestro o profesor puedan enseñar, los padres educar y los alumnos aprender, que es lo que un sistema educativo serio se debe proponer.

Por ejemplo: Supongamos que el SE establece dos vías, a partir de los doce años, un bachillerato de cuatro años y una formación profesional también de cuatro dividida en dos ciclos de dos años cada uno y que un alumno elige el bachillerato, pero cuando va por segundo curso, se da cuenta de que a él lo que le va es la formación profesional. El sistema debe facilitar el paso de ese alumno a la nueva vía, sin que pierda ningún año por ello y viceversa, que un alumno de formación profesional pueda incorporarse de la misma manera al bachillerato.

También habrá quien diga que esto es retrógrado, porque ya se ha hecho en España, pero la historia está para enseñarnos y la educación debe ser conservadora e innovadora, conservando lo bueno de épocas anteriores e introduciendo innovaciones de acuerdo con la evolución de los tiempos.

Para demostrar que esto es así, recurro a un texto de Quintiliano, pedagogo del siglo I, que recomendaba lo siguiente a los maestros: « …No agobiar con tareas la debilidad de los discípulos, sino tener consideración a sus fuerzas y acomodarse a su capacidad. Porque a la manera que los vasos de boca angosta no reciben nada del licor que se les envía de golpe, pero se llenan cuando se les echa poco a poco y gota a gota, así se ha de tener cuenta por lo que puede el talento de los niños…» (Ángeles Galino Textos Pedagógicos).

¿Esto no es la tan traída y llevada ‘Atención a la Diversidad’ que tanto defendía la LOGSE? Pues ya era recomendada hace 20 siglos.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-autoridad-para-docentes-201709301117_noticia.html

Imagen: http://www.lavozdigital.es/media/opinion/2017/09/30/v/ZF0HRCQ1-U10493982024uV–620×349@abc-Home.JPG

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