Autoridad para los docentes.

La tan traída y llevada ‘Atención a la Diversidad’ que tanto defendía la LOGSE ya era recomendada hace 20 siglos.

Por:  Juan Casas Carbajo.

El presente artículo seguro que es considerado políticamente incorrecto por muchas personas, pero todo lo que cuento en él está pasando en la mayoría, por no decir en todos, los centros de enseñanza. Tiene, además, relación con el publicado el día 17 pasado por este mismo medio con el título de ‘Gran Pacto Educativo’.

Doña Esperanza Aguirre, en el año 2009, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, pensó considerar a los maestros y profesores como autoridad pública. Lo cual suponía un paso importantísimo para devolver a los docentes el prestigio que las últimas leyes educativas les han arrebatado y así, de esta forma, recuperar el papel primordial de la escuela, cual es enseñar y educar a sus alumnos, cosa que últimamente no podían hacer por estar totalmente desprotegidos ante la ley. Este deseo se vio hecho realidad con la publicación de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, publicada en el BOCM núm. 154, de 29 de junio de 2010 y cuyo artículo 5, dice: «Los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico». Si bien es cierto que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hemos citado más arriba.

Pero es una pena que no existan en todas las Autonomías, porque, con mis propios ojos, he visto salir llorando a profesoras porque eran incapaces de dar clase al no poder controlar a sus alumnos, por la falta de recursos para ello. De nada les valía decirles que iban a suspender o que les pondrían un parte de disciplina, porque les daba igual. No les asusta suspender, porque saben que el Sistema Educativo (SE), les facilita el pasar de curso aunque tengan varias asignaturas suspendidas. En cuanto a los partes, cuanto más acumulen mejor, ya que eso supone que los expulsen unos días del colegio o instituto y de esa manera se encuentran con unas vacaciones extraordinarias. Luego se vuelve a las mismas y al poco, tiempo otros días de vacaciones. Esta es la cruda realidad de lo que está pasando en la educación española desde hace ya algunas décadas. Y quien no se lo crea que se pase por algún instituto público unos días, pero no de visita, sino entrando en las aulas.

No cabe duda que estas leyes citadas son un paso importante, pero no olvidemos que es eso, sólo un paso. Hay que dar más si de verdad se quiere tener un sistema de calidad. Yo sugiero los siguientes:

Establecer un pacto de Estado para la Educación entre las fuerzas políticas (al menos entre las dos fuerzas mayoritarias y así desarrollar un Sistema Educativo serio y que no esté al albur del gobierno de turno. El mismo Rey de España pidió este pacto en 2009 y sobre el mismo hablé ampliamente en mi artículo citado del día 17 pasado.

Descargar al profesorado de tanta burocracia como tiene que hacer ahora, que solamente sirve para quitarle el tiempo que tiene para preparar sus clases y para enseñar a sus alumnos.

Que la Inspección Educativa pueda de nuevo entrar en las aulas, como se hacía antes, y así darse cuenta de los problemas que pueda tener algún profesor o maestro y ayudarles. Esta medida supone que los inspectores tengan la preparación pedagógica y científica adecuada y accedan al Cuerpo después de superar una oposición seria.

Que los directores de los centros sean también seleccionados en función de su preparación y no elegidos. Un centro educativo es una empresa y en éstas los directivos no los eligen los obreros, sino los selecciona, entre los más competentes, la dirección de la empresa.

Que los padres, sean padres. Es decir que colaboren en la educación de sus hijos y que no socaven ante éstos la autoridad del profesorado, sino preguntarle a éste cuando tengan alguna duda sobre alguna decisión tomada, pero nunca delante del hijo (al decir hijo me refiero también a las hijas).

Que los centros hagan una programación realista y sencilla, en función de los alumnos que tienen, estableciendo pocas normas pero claras y de obligado cumplimiento para todos, eliminando todos esos documentos de proyectos curriculares y reglamentos farragosos que a la hora de la verdad solamente sirven para la galería.

Descargar a los alumnos de esa montaña de libros de texto a los que se les está obligando a cargar en sus espaldas y que la mayoría de ellos ni se tocan.

Establecer el orden y la autoridad en las aulas. Los profesores y los alumnos, no son coleguillas ni amiguetes, entre otras razones, porque los segundos no quieren. Los amigos se los buscan ellos entre sus iguales, como dice el profesor Savater en su precioso libro ‘El Valor de Educar’. Lo mismo se puede decir para los padres. Tanto unos como otros son profesores y padres, lo cual no quiere decir que no respeten y quieran a los alumnos e hijos. Es más, a éstos les gusta tener un referente de autoridad en casa y en clase y no un amiguete adulto.

Modificar la organización de la Educación Obligatoria, dejando la obligatoriedad hasta los dieciséis años, pero no la comprensividad.

Sé que estas medidas parecerán clasistas o autoritarias, pero ni lo uno ni lo otro. No son clasistas, porque el SE que propongo establecería el paso entre las distintas vías. Y no son autoritarias, porque lo que pretenden es establecer un orden que permita que cada uno pueda cumplir con su obligación: que el maestro o profesor puedan enseñar, los padres educar y los alumnos aprender, que es lo que un sistema educativo serio se debe proponer.

Por ejemplo: Supongamos que el SE establece dos vías, a partir de los doce años, un bachillerato de cuatro años y una formación profesional también de cuatro dividida en dos ciclos de dos años cada uno y que un alumno elige el bachillerato, pero cuando va por segundo curso, se da cuenta de que a él lo que le va es la formación profesional. El sistema debe facilitar el paso de ese alumno a la nueva vía, sin que pierda ningún año por ello y viceversa, que un alumno de formación profesional pueda incorporarse de la misma manera al bachillerato.

También habrá quien diga que esto es retrógrado, porque ya se ha hecho en España, pero la historia está para enseñarnos y la educación debe ser conservadora e innovadora, conservando lo bueno de épocas anteriores e introduciendo innovaciones de acuerdo con la evolución de los tiempos.

Para demostrar que esto es así, recurro a un texto de Quintiliano, pedagogo del siglo I, que recomendaba lo siguiente a los maestros: « …No agobiar con tareas la debilidad de los discípulos, sino tener consideración a sus fuerzas y acomodarse a su capacidad. Porque a la manera que los vasos de boca angosta no reciben nada del licor que se les envía de golpe, pero se llenan cuando se les echa poco a poco y gota a gota, así se ha de tener cuenta por lo que puede el talento de los niños…» (Ángeles Galino Textos Pedagógicos).

¿Esto no es la tan traída y llevada ‘Atención a la Diversidad’ que tanto defendía la LOGSE? Pues ya era recomendada hace 20 siglos.

Fuente: http://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-autoridad-para-docentes-201709301117_noticia.html

Imagen: http://www.lavozdigital.es/media/opinion/2017/09/30/v/ZF0HRCQ1-U10493982024uV–620×349@abc-Home.JPG