Institucionalidad

La institucionalidad educacional también está en crisis

Opinion

Por: Marcelo Trivelli

Cuando se habla de educación, habitualmente nos referimos solo a la dimensión de enseñanza y aprendizaje. Pocas veces se aborda la educación socioemocional y casi nunca su institucionalidad. El desprestigio de las instituciones afecta también a la educación: escuelas, liceos y colegios. La institucionalidad educacional también está en crisis.

Aun cuando la competencia en el sistema educacional busca hacernos creer que la calidad se mide por los resultados en las pruebas estandarizadas como el SIMCE (Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje) o la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior), los problemas de convivencia y situaciones de violencia están cambiando la manera en que debemos mirar y evaluar a los establecimientos educacionales.

“Busco una escuela o liceo en el que mis hijas e hijos estén seguros y vayan contentos a clases”. Es una expresión cada vez más frecuente de madres, padres y tutores al momento de evaluar y postular.

Si bien las primeras escuelas tenían por objetivo que niñas, niños y jóvenes aprendieran de sus mayores a desempeñarse en actividades propias de sus comunidades, fueron evolucionando a un formato más rígido, con adultos que enseñaban y estudiantes que adquirían conocimientos. Hoy estamos en un incipiente proceso de transición que también se hace cargo de formar en ciudadanía.

Entre las muchas definiciones disponibles, cito al Consejo Europeo de su Manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes: “Hoy en día ‘ciudadanía’ es mucho más que una construcción jurídica y se refiere, entre otras cosas, a la sensación personal de pertenencia, por ejemplo, al sentido de pertenencia a una comunidad que puedas moldear e influir directamente”.

Por tanto, la formación en ciudadanía no es lo mismo que educación cívica. La ciudadanía no se enseña en una sala clase sino en la práctica diaria; en la relación con los demás dentro de la o las instituciones, por ejemplo, escuela, club deportivo, familia o país.

La adhesión e identificación con la comunidad educativa de una escuela no se da de manera automática. La institución debe generar las condiciones para lograrlo. Es importante entender que la comunidad o institución educativa está compuesta por personas. Es mucho más que la infraestructura, las normas y el currículum educativo.

Para que el sistema funcione, todos los miembros de la comunidad deben desarrollar el sentido de pertenencia cuya principal componente es la participación. En Fundación Semilla, basamos nuestro trabajo considerando la participación como la nueva forma de convivencia, una mirada más sencilla de entender la ciudadanía.

Para abordar la crisis de la institucionalidad educacional es determinante asimilar que sin participación no hay sentido de pertenencia y sin sentido de pertenencia no hay adhesión ni respeto por esa comunidad.

Las viejas fórmulas de imponer un orden por medio de acciones punitivas como las suspensiones, expulsiones o humillaciones, podrán resolver un conflicto puntual, pero no abordan ni resuelven la crisis.

Fuente de la información e imagen: https://www.pressenza.com

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Las Reformas Educativas desde los Gobiernos Parte I

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Ayer llegó a mi escritorio virtual un libro de Fernando Reimers (coordinador): “Propuestas Educativas Audaces”, de reciente publicación, sobre las Reformas Educativas que se han experimentado en diferentes países del mundo (1). Fernando Reimers, es un reconocido investigador educativo, quien trabaja en la Universidad de Harvard.

A continuación, comparto una selección de textos correspondientes al capítulo 1 del mencionado libro, denominado: “Reflexión multidimensional sobre un cambio educativo ambicioso”, escrito por el mismo Reimers, donde presenta un análisis y reflexiones de interés para quienes se interesan en el estudio de las reformas educativas. Entre algunos párrafos inserté algunos comentarios sobre el tema.

“El argumento central del capítulo es que las reformas educativas se pueden enmarcar de cinco maneras alternativas, dependiendo de los elementos del proceso de cambio educativo que resalten: culturales, psicológicos, profesionales, institucionales y políticos.”… “El análisis muestra que, en la práctica, ninguna de las reformas adopta un enfoque multidisciplinario exhaustivo basado en estas cinco perspectivas. Las perspectivas institucionales y políticas son más habituales, mientras que la perspectiva cultural y la psicológica lo son menos.”

Como se puede apreciar, existe un reconocimiento, por parte de Reimers, sobre el papel desequilibrado (o recargado) que han jugado las perspectivas institucionales y políticas en el diseño y la puesta en operación de las reformas educativas en diferentes naciones, en detrimento de las perspectivas educativas, pedagógicas y psicológicas.

“Examinamos también qué se sabe acerca de la implantación de esas reformas, incluido cómo fueron recibidas, qué retos afrontaron, y, en los casos en los que se encuentran disponibles, los datos acerca de los resultados que se consiguieron con esas reformas.”

En el libro se muestra “cómo emprenden los sistemas de educación un ambicioso conjunto de objetivos, pensados para que la enseñanza responda mejor a las demandas de un medio externo cambiante, ilustren la dinámica del cambio educativo y aumenten nuestra comprensión de las instituciones educativas.”

“Buena parte del conocimiento preexistente, basado en gran medida en el análisis de los intentos de reforma educativa llevados a cabo en Estados Unidos, sostiene que las instituciones de enseñanza cambian muy poco en respuesta a los mandatos políticos, en especial en lo referente a la transformación de los principios fundamentales básicos de la enseñanza (Tyack y Tobin 1994; Tyack y Cuban 1997; Olson 2003).”

Esto confirma o reafirma nuestra hipótesis, planteada en varios textos publicados en este medio y en mi próximo libro (“La crisis del Reformismo Educativo en México”), con sustento en los estudios registrados en Canadá y EU, en el sentido de que las reformas educativas producen bajo o “muy poco” impacto, desde su perspectiva y diseño político-institucional, hacia la transformación o el cambio en los procesos de enseñanza, y en las necesidades y diversidades de los aprendizajes a lo largo de la vida.

“La tesis de este capítulo introductorio, -afirma Reimers- ilustrada por los casos prácticos presentados en los capítulos que siguen, es que cuando los dirigentes públicos reforman la educación se basan en modelos del sistema educativo que resaltan una o varias de las siguientes cinco dimensiones: cultural, psicológica, profesional, institucional o política. En teoría, este marco multidimensional, que desarrollo de forma más completa en otro libro reciente (Reimers 2020), cumple tres propósitos. 1) Examinar la coherencia interna; 2) Cómo abordar de manera amplia el proceso de cambio; y 3) Reflexionar sobre la interdependencia de estas cinco dimensiones.

“Los capítulos de este estudio revelan que, si bien todas estas dimensiones son útiles para ilustrar determinados aspectos del sistema educativo y del proceso necesario para cambiarlo, ninguno de las reformas incluidas en este estudio muestra un enfoque amplio, que abarque acciones que reflejen las cinco dimensiones.”

Lo cual da cuenta de la enorme complejidad que está implicada en los procesos de diseño, puesta en operación y evaluación de las reformas educativas nacionales. Por cierto, los países referidos en el libro son: Brasil, Finlandia, Japón, México, Perú, Polonia, Portugal y Rusia.

“El examen de las reformas analizadas en este libro siguiendo este método revela que, en la práctica, estas reformas se abordan a través de uno o dos de estos marcos, pero rara vez los usan todos de manera general. En la lógica de las perspectivas usadas por las reformas, a menudo falta coherencia. Estos capítulos ilustran también que las estrategias seguidas para transformar la educación pública carecían de una secuencia clara y coherente sobre las fases del proceso de cambio educativo.

Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, estos casos muestran que los gobiernos tienen capacidad para transformar significativamente a las instituciones educativas, mediante normas, reglamentaciones y asignación de recursos económicos, y que están buscando decididamente una educación que intente equipar a los estudiantes con un conjunto de competencias más amplio que el que ha constituido la norma en el pasado.

Estos casos ilustran también la globalización de las instituciones de reforma. Ideas similares animan las distintas iniciativas examinadas en este libro, como el deseo de insertar en los planes de estudios una serie de competencias transversales centradas en ámbitos socioemocionales. Asimismo, instrumentos y organizaciones similares se encargan de respaldar estos esfuerzos.”

El problema es que los gobiernos nacionales y las élites dirigentes, gubernamentales y no gubernamentales, han demostrado, reforma tras reforma, que los intentos de transformación educativa centralizados y “desde arriba”, fracasan, sobre todo cuando no se desarrollan procesos de deliberación ciudadana ni se promueven amplios espacios de participación social y de los gremios magisteriales en dichos procesos.

Fernando Reimers también explica de esta manera el marco general del libro: “Empleamos un esquema temático común para efectuar los estudios y redactar los capítulos, presentando resultados que abarcan los siguientes temas (a partir de preguntas):

“¿Cuál era el propósito de la reforma? ¿Qué marco temporal abarcaba? 2. ¿Cuál es el argumento principal apoyado por esta reforma? ¿Qué fuentes de prueba se usaron? ¿Cuál es el argumento principal apoyado por esta reforma? ¿Qué fuentes de prueba se usaron?

“¿Cuál era el contexto que precedió y dio lugar a la reforma? ¿Formaba esta reforma parte de la agenda de un nuevo gobierno? ¿Fue una respuesta a la crisis económica? ¿Cuáles fueron los antecedentes educativos de esta reforma? ¿Cuáles fueron los factores que dieron ímpetu a una agenda reformista? ¿Hubo influencias extranjeras de algún tipo? ¿Influyeron en el contexto evidencias o ideas internacionales?

“Descripción de la reforma: ¿Qué objetivos se buscaban? ¿Cuáles fueron los componentes clave de esta reforma (cambio de ley, presupuesto, planes de estudios, evaluación, etcétera)? ¿Cuál fue la teoría de cambio en la que se basó? ¿Quién participó en su diseño y aplicación? ¿Cómo se relacionan los objetivos educativos de la reforma del país con la idea de competencias para el siglo XXI, la amplitud de las capacidades o el desarrollo cognitivo y sociológico? ¿En qué resultados y capacidades específicos hacía hincapié la reforma?

“¿Qué componentes concretos de la reforma están directamente relacionados con el desarrollo de las competencias para el siglo XXI en los estudiantes? ¿Cómo se aplican? Descripción de los programas específicos que desarrollan competencias para el siglo XXI (planes de estudios, evaluación, autonomía de los centros educativos, alianzas, programas específicos empleados en los centros educativos, como el aprendizaje por proyectos o programas concretos de desarrollo profesional de los docentes).

“¿Cuáles fueron las diversas fases de aplicación de la reforma? ¿Quién participó? ¿Cómo se coordinan los gobiernos (federales/locales) con otras partes interesadas? ¿Qué se sabe de la política de la reforma? ¿Qué factores respaldaban su puesta en marcha? ¿Cuáles la impedían? ¿Qué sabemos de los resultados alcanzados por la reforma hasta el momento? ¿Se han evaluado? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué sabemos de los resultados alcanzados por la reforma hasta el momento? ¿Se han evaluado? ¿Cuáles son los desafíos?”

El caso de la Reforma Educativa en México (2013)

“El Capítulo 5 examina la ambiciosa reforma educativa de México, que formó parte de una serie de reformas estructurales emprendidas durante la administración presidencial de 2012-2018. La reforma incluía la creación de mecanismos para profesionalizar la actividad docente, la eliminación de la participación del sindicato de enseñanza en el nombramiento de profesores, y planes de estudios nuevos y ambiciosos, que se centraban en las competencias para el siglo XXI. Aunque la reforma detallaba qué capacidades docentes eran esenciales y debían evaluarse, la inversión en formación del profesorado fue modesta en relación con la que hacía falta para desarrollar las capacidades necesarias para poner en marcha el nuevo currículo.”

“Una de las razones para la reforma fueron los bajos niveles de rendimiento y la desigualdad en los resultados académicos, documentada por evaluaciones nacionales e internacionales, así como la información sobre las prácticas pedagógicas y la formación inicial de docentes documentada por los estudios de la OCDE sobre características y pedagogía del profesorado (OCDE 2019a). La reforma incluía cinco componentes: nuevos planes de estudios; más autonomía para los centros educativos y un claro foco en el aprendizaje; trayectorias profesionales para los docentes, incluida una reforma de la formación del profesorado; atención especial a la equidad y la inclusión; y un método de gestión que potenciara la participación de las familias. La reforma de la carrera de docente ha sido el aspecto más controvertido de los cambios, porque exigía introducir evaluaciones para determinar el rendimiento de los profesores.”

Cabe resaltar que en la narrativa expuesta por Reimers, el investigador de Harvard no registra las resistencias y oposición a las reforma educativa de 2013, que se generó desde las bases magisteriales en contra de los esquemas de evaluación de la docencia y de las figuras directivas escolares, con impacto en la permanencia en el empleo.

“La reforma curricular se centra claramente en las competencias para el siglo XXI, y el objetivo de hacer que la enseñanza tenga en cuenta las necesidades del siglo XXI aparece de manera central en todos los documentos clave de la reforma.”

Así es: el enfoque teórico y metodológico, no sólo de la reforma educativa de 2013, ensayada en México, sino en los intentos de reformas anteriores (2004, 2006, 2009 y 2011) y de la actual, del gobierno de la “4T” (2019), está basado en el “modelo competencial”.

Lo cual significa que hay continuidad, no cambio de fondo.

“Se desarrollaron estándares de rendimiento para cada uno de los apartados en los cuatro ciclos de enseñanza obligatoria: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Estos objetivos se sometieron a consulta pública y posteriormente se comunicaron ampliamente a educadores y otras partes interesadas. El ministerio de educación (SEP) desarrolló un marco de competencias ajustado a los estándares.

El marco tiene tres ámbitos: conocimientos académicos, desarrollo social y personal (que incluye el aprendizaje socioemocional) y autonomía curricular que permita a los centros educativos diseñar sus propios planes de estudios, teniendo en cuenta las necesidades educativas y los intereses individuales de los alumnos.”

Tampoco menciona el doctor Reimers que las dos consultas llevadas a cabo por el gobierno mexicano, a través de la SEP, se hicieron sobre hechos consumados. De manera coloquial, las maestras y los maestros de la educación básica en nuestro país, a eso le llamaron “dar atole con el dedo”.

Así continúa la narrativa del académico Reimers: “Sin embargo, cuando comenzó la aplicación de la reforma, al Gobierno le quedaban solo 18 meses en el poder. Los planes de estudios se difundieron ampliamente mediante cursos en Internet, aunque no se realizó ningún esfuerzo concreto para desarrollar aptitudes pedagógicas que ayuden a transmitir las nuevas competencias. La reforma se diseñó y aplicó desde arriba, ofreciendo pocas oportunidades de participación a los docentes y otros grupos, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Un área en la que sí participó la sociedad civil fue en la porción “autónoma” de los planes de estudios, que abría oportunidades para que los colegios desarrollasen un currículo local en alianza con organizaciones educativas de la sociedad civil. La llegada de un nuevo Gobierno debilitó la aplicación de la reforma.”

Aunque Reimers reconoce que esa reforma peñanietista “…se diseñó y aplicó desde arriba, ofreciendo pocas oportunidades de participación a los docentes y otros grupos”, es importante mencionar que ese gobierno en el poder, del periodo 2012-2018, tiene nombres y apellidos: Fue un gobierno de hegemonía priista, que en ese entonces hizo una coalición política con las supuestas oposiciones políticas para emprender las “reformas estructurales”, a través del llamado “Pacto por México”, con el acompañamiento de los partidos PAN y PRD.

En una segunda parte de esta entrega, ampliaré mis comentarios y reflexiones en torno a esta selección de fragmentos del libro referido.

Fuente consultada:

(1) Fernando M. Reimers (Editor) Propuestas Educativas Audaces. La transformación de los objetivos de los sistemas educativos desde los Gobiernos. 1ª edición. Enero 2021. Edita: UCJC Stamp. Impreso en España.

jcmqro3@yahoo.com

Publicado en SDPnoticias
Fuente e Imagen: https://profelandia.com/las-reformas-educativas-desde-los-gobiernos-parte-i/
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Reforma institucional, la otra reforma educativa pendiente

Fernando Ruiz

Fernando Ruiz Ruiz

Un aumento de la inversión educativa en escuelas ubicadas en contextos marginados de nuestro país podría producir rápidas mejoras sustanciales. Así lo señaló Andreas Schleicher, Director de Educación y Asesor sobre Políticas Educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al analizar los resultados educativos obtenidos por México en las evaluaciones del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la evidencia indica que dichas inversiones tienden a reducir paulatinamente su impacto en las escuelas si no se toman medidas permanentes para asegura la formación adecuada de docentes.

Esto plantea la necesidad de pensar en la creación de un sistema institucional de apoyo a maestros y escuelas que no sólo impulse la actual reforma educativa sino que le dé sostenibilidad a los cambios futuros. La reforma constitucional de 2013 modificó sustancialmente las reglas que rigieron durante décadas las prácticas pedagógicas y laborales del magisterio; ahora es necesario acompañarla con una modificación de aquellas que regulan a las burocracias educativas a fin de asegurar que tengan como misión central el apoyo a maestros y escuelas y que su desempeño esté vinculado a los resultados educativos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 2015 en varios momentos ha planteado la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma administrativa, pero dicha iniciativa ha carecido de conducción política y claridad de rumbo. Discursivamente se le ha asociado con la eficiencia y transparencia, con el ejercicio del gasto, con el modelo educativo y con aquellas funciones que los estados no realizan.

Asimismo, ubican su realización dentro de una gama amplia y disímbola de acciones que van desde la modificación de su Reglamento Interior, la flexibilización del calendario escolar, la reordenación de las plazas presupuestales, la suspensión de pagos a comisionados sindicales o el regreso de los mismos a las aulas, la creación e implementación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) o las medidas enmarcadas dentro de la Estrategia Escuela al Centro y el nuevo modelo educativo.

En 2015, la refundación y reorganización del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) rompió la atrofia organizacional de esta instancia y abrió la oportunidad para la instauración de nuevas prácticas administrativas alejadas del control político de la Sección 22.

Este debe servir como ejemplo de lo importante que es el tema y de que sí se puede romper con la inercia burocrática. Sin embargo al igual que en la SEP, la gran mayoría de las entidades federativas poco han hecho para modificar las viejas prácticas burocráticas que, en simbiosis con las malas prácticas sindicales, han producido el desastre educativo actual.

Las iniciativas que en el pasado reciente se han impulsado, tales como la gestión de calidad y la gestión y supervisión regionalizada, han tenido poco impacto o de plano naufragado debido a la falta de vigor político y continuidad en su impulso, su desarticulación y las reglas que permitían la injerencia y el veto sindical. Ahora, el nuevo marco normativo puede ser un factor que facilite una política ambiciosa de transformación institucional.

Dentro de la amplia gama de acciones que supone la reforma institucional, es prioritario crear, reorientar y fortalecer los sistemas de apoyo a los docentes, el factor clave para hacer realidad los aprendizajes en el aula. Sin proponérselo el nuevo marco normativo suma nuevas instituciones y responsabilidades a las anteriores dispersando la atención a los docentes. La formación inicial de docentes está a cargo de varios cientos de normales e instituciones de educación superior, reguladas y supervisadas por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); el ingreso, promoción y separación del cargo de los docentes a cargo de las secretarias estatales pero bajo regulación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); la adscripción de los docentes la lleva a cabo las autoridades educativas estatales; su desarrollo profesional sujeto a directrices nacionales de la SEP y la CNSPD, pero operada por frágiles esquemas estatales; la supervisión y control de asistencia a cargo de los supervisores y la creación y operación de programas educativos, que implican incentivos a docentes, es operada por la Subsecretaría de Educación Básica federal. La negociación salarial anual la lleva a cabo la SHCP y la SEP; la supervisión y aplicación de las afectaciones a la nómina la realiza la Oficialía Mayor de la SEP; la dispersión del salario docente a cargo de la Tesorería de la Federación y las autoridades estatales educativas y de finanzas.

Semejante jungla burocrática plantea el reto de transitar de las anquilosadas y desarticuladas unidades administrativas actuales hacia nuevos arreglos organizativos ágiles, eficaces y con capacidad de respuesta para conducir los trayectos formativos y profesionales de cada docente.

No existe una receta única. Cada entidad federativa, y la SEP en primer lugar, deberán emprender su transformación de acuerdo con su contexto. Pero sin duda es preciso que ésta se lleve a cabo de cara a la ciudadanía y con una estrategia lo suficientemente clara y coherente para facilitar y aprovechar la participación social. Sin una comunicación veraz y creíble acerca de los beneficios de los cambios, será difícil remontar la oposición que dichos cambios generan.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/reforma-institucional-la-otra-reforma-educativa-pendiente.html

Fuente de la imagen:http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2015/08/27/55dfb535bc67c.jpg

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Guerra y democracia los militares peruanos y la construcción nacional Eduardo toche

Eduardo Toche

Aamerica del Sur/ Perú/Noviembre 2016/Eduardo Medrano/

Esta tesis adolece de generalidad y de una ausencia de diagnóstico histórico que evita abordar dimensiones que han resultado cruciales en el desarrollo de las instituciones militares del continente. Las fuerzas armadas, si bien se convirtieron en un determinado momento en el segmento más calificado del Estado, también debe asumirse que tuvieron un ámbito de acción dentro de los aparatos del Estado que desbordó lo que estrictamente les concernía, debiéndose intentar explicar cómo el control de estos espacios estatales no militares, de acuerdo a los criterios de seguridad que manejaban, fue otorgándoles los componentes esenciales para llevar a cabo su misión.

En el caso peruano, es indudable que durante el siglo XX los militares experimentaron una profunda profesionalización, que no fue acompañada por un proceso similar en los otros sectores estatales, salvo en el sector de Relaciones Exteriores, dándose una disyunción entre los objetivos del Estado y las herramientas para conseguirlos, que intentó ser salvada con el experimento político que iniciaron los militares a fines de los años ‘60. Pero, además, debemos contemplar que los militares no fueron una entidad pública más: fue y es la única presencia del Estado en los espacios de frontera, no sólo físicos sino también culturales. En ese sentido, puede afirmarse que su parte más moderna era, paradójicamente, la que actuaba en los linderos mismos del sistema.

Los resultados de este “diá- logo” múltiple, consistente en ser el intercomunicador entre lo “civilizado” y lo “bárbaro”, actuar como entidad integradora, discernir sobre lo que debía quedar “afuera”, definir al “amigo” y al “enemigo”, fue articulando un discurso que tuvo enormes implicancias para las formas que adquirió el proceso de construcción del Estado nacional peruano.

Ubicados como estaban en el cuadro de roles y funciones estatales, tuvieron la posibilidad de darse una importante autonomía respecto de los intereses generados por los sectores dominantes del país. Esto les permitió la formulación de una doctrina de seguridad que obtuvo altos grados de legitimidad debido, precisamente, a su apariencia “técnica”, totalizante e integradora, que resultaba fácil de identificar con las “necesidades nacionales”. A su vez, estas últimas no podían cumplirse por la importante debilidad de las expresiones políticas que, en la lectura de los militares, aparecía como la primacía de los intereses particulares sobre los comunes, en otras palabras, la expresión del “desorden” propio de los civiles manifestado en la propensión hacia el debate estéril poniendo de lado la acción.

Por otro lado, aunque las fuerzas armadas plantearon su posición, en gran medida antagónica, frente al orden oligárquico que imperó durante gran parte del siglo XX, era obvio que no podían abstraerse de los sentidos y valores que adquirían las relaciones entabladas entre los diferentes grupos que componían la sociedad peruana.

Esto tuvo especial significación cuando debieron construir una imagen del “subversivo”, es decir, del enemigo interno que paulatinamente se les presentó como una de las amenazas más importantes para el país. En efecto, el “subversivo” no pudo entenderse sin la presencia de un “poder externo” cuya intención era la disolución de las bases civilizatorias sobre las que descansaba la armonía social —de allí el importante tributo que tuvo la idea del “bárbaro” y el “salvaje” para formularla—, y la existencia de un sector enquistado en la sociedad que actuaba como operador de estas intenciones, compuesto por personas que debíamos suponer como ajenas.

El caso peruano es importante al respecto porque muestra, en efecto, un derrotero particular en su proceso histórico, que diferencia a las fuerzas armadas peruanas de las otras fuerzas armadas de Latinoamérica pero, también, porque el desenlace ha producido resultados muy negativos en estas instituciones.

Entonces, el neoliberalismo y la contrasubversión se tocaron en más de un punto y se retroalimentaron, dando como resultado un Estado organizado bajo un régimen de excepción cuyo objetivo último fue “disciplinar” la sociedad de acuerdo a las pautas exigidas por el “orden” necesario para imponer las medidas dirigidas a la liberalización de la economía.

Las consecuencias de este proceso fueron muy graves para las instituciones militares peruanas, pues dieron lugar a una generalizada corrupción en su mandos (especialmente los del ejército), denuncias por la aplicación de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos —cuyas sanciones se mantienen pendientes—, la desestructuración de sus jerarquías, la pérdida de identidad institucional, la ausencia de definiciones estratégicas, y la inoperancia ante los nuevos retos que plantea la seguridad del país.

Por otro lado, esta ausencia de objetivos nacionales hizo que se descuidara la evolución del sistema internacional. La crisis del bloque soviético indujo a un cambio de perspectivas en la seguridad hemisférica. En este sentido el “Consenso de Washington” contempló: • Primero, la reducción de los aparatos estatales que exigía la implantación del modelo económico neoliberal, viéndose a los ejércitos nacionales latinoamericanos como una fuente de gastos excesivos que debían limitarse. • Segundo, para lograr estos resultados se debía amenguar o, en su defecto, eliminar los focos de tensiones regionales. Bajo este panorama, las reorientaciones hemisféricas no fueron previstas por los militares peruanos, y esto quedó de manifiesto con el “ciclo del Cenepa”, cuyo momento central fue el choque armado entre las fuerzas armadas del Perú y Ecuador en aquel lugar limítrofe, en 1995. Hacia 1998, dicho conflicto llegó a su fin mediante un tratado que cedía una porción de territorio peruano y concesiones fluviales y comerciales para el Ecuador.

Otra consecuencia del reordenamiento de la seguridad en el Hemisferio para el Perú es el protagonismo que ha empezado a adquirir la región amazónica como espacio estratégico para la seguridad continental. Si bien el 60% del territorio peruano forma parte de la Amazonía, lo cierto es que el fomento para el desarrollo de esa región fue bastante relativo.

Ante este escenario, la construcción democrática escenificada a partir del 2001 tuvo como uno de sus objetivos fundamentales establecer nuevos marcos para la seguridad nacional y los roles de las instituciones militares. Sin embargo, la ausencia de una decisiva voluntad política, así como la vaguedad de los objetivos, han conducido el proceso hacia una situación de entrampe.

Aun así, en los últimos tiempos han empezado a vislumbrarse algunas intenciones ciertas en este sentido, cuando se formó la Comisión Multisectorial que debía elaborar un Plan Integral de Reparaciones y, posteriormente, se anunció la aprobación del mismo y la promesa de su financiamiento.

Fuente:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120419125101/medrano.pdf

Fuente imagen

https://lh3.googleusercontent.com/PIhy_6v_l911LzmRuU6KToe7Hn2qPP3wG7cHgc2v1b1_6vLZY8wjxe9FXv8LcLHpMwE=s85

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La tarea de asegurar la calidad y la pertinencia educativa .

Luis Eduardo Chamorro R.

Por: Luis Eduardo Chamorro Rodriguez.

En los Objetivos del Milenio 2016 -2030, se pasa del énfasis en la cobertura al énfasis en la calidad.

Muy seguramente, todos los planes de desarrollo territoriales han incluido estrategias y programas que se relacionen con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años, 2016 – 2030. Entre los 17 objetivos acordados por Naciones Unidas para los países firmantes de este compromiso está Colombia y, en consecuencia, se dará la mirada al objetivo 4: “Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos”.

Cada institución y cada organización tendrán sus concepciones sobre lo que se entiende por calidad educativa, porque se trata de un concepto polisémico.

Por ahora en Colombia impera la hipótesis de que la evaluación mejora la calidad educativa y por ello todo, en el sistema escolar, se quiere evaluar, medir y cuantificar.

Se evalúan los aprendizajes de los estudiantes a través de las “evaluaciones en el aula” que hace cada docente y de la que se presentan resultados a los padres; se evalúan estos aprendizajes y el rendimiento académico a través de pruebas estandarizadas que en Colombia se denominan pruebas Saber, que van desde Tercero hasta Undécimo, con periodicidad anual. A ello se agregan las evaluaciones internacionales por muestreo.

En la Educación Superior, a través de las pruebas Saber Pro que deben presentar los profesionales antes de graduarse. Las anteriores y éstas, son pruebas censales, porque su cobertura se extiende a todos los matriculados.

Cada institución debe hacer anualmente su Evaluación Institucional, que en el sistema de educación superior se ejecuta a través de procesos de autoevaluación de los programas académicos, de los registros calificados de estos programas y de la acreditación de alta calidad de programas e instituciones.

En consecuencia, abundan los discursos teóricos y metodológicos sobre todos estos procesos; abundan, igualmente los instrumentos que en cada institución se deben diligenciar para evaluar la calidad, hasta el punto de que se cae en el instrumentalismo y en el “interés técnico” que implica cumplir con estas exigencias. Pareciera como si fuera más importante evaluar que formar a los estudiantes para su buen desempeño en el presente y en el futuro.

Aparte de los docentes también se les evalúa, pero enfrentando la resistencia y el rechazo de buena parte de los sindicatos magisteriales. También son evaluaciones de desempeño sobre competencias funcionales y comportamentales que sólo cubren a docentes vinculados bajo el régimen del nuevo estatuto de profesionalización, no incluye a los antiguos.

Objetivo de la calidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Volvamos al asunto de los nuevos objetivos mundiales para el período 2016 – 2030. Se establecen siete grandes metas para cumplir el mencionado objetivo. Se mezclan indicadores de cobertura, con los eficiencia interna y de calidad. La primera meta es “Asegurar que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria, gratuita y de calidad”. Es una meta diseñada para exigir permanencia en el sistema escolar. Pero su medición se hará incluyendo indicadores de evaluación del rendimiento académico que se garantizan con pruebas estandarizadas. Entre estos indicadores están, por ejemplo, “Porcentaje de estudiantes que alcanza nivel satisfactorio o avanzado en la prueba de Matemáticas” y Lenguaje para los grados Tercero a Noveno. Para Colombia se incluye el índice sintético de calidad para primaria, secundaria y media, de reciente creación y adopción.

La segunda meta es “Garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a un desarrollo de calidad en la primera infancia”, que se evaluará a través de indicadores como las tasas de cobertura en transición.

La tercera meta es “Garantizar la igualdad de acceso… a la educación técnica, profesional… de calidad asequible, incluyendo la universidad”.

La cuarta meta es “Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos con habilidades relevantes incluidas las actitudes técnicas y vocacionales para el empleo, trabajo decente y el emprendimiento”. Se evalúa con indicadores de porcentaje de personas con cinco años y más que utiliza computador en cualquier lugar y los que utilizan internet.

La quinta meta es “En 2030, eliminar las disparidades de género en educación… garantizar el acceso a la formación profesional de personas vulnerables…”. Se evaluará con indicadores de disminución de la brecha correspondiente para cada caso, por ejemplo: “Brecha en la cobertura neta de primaria en zona urbana/zona rural”.

Y así para cada nivel educativo.

La sexta meta es “Asegurar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos….logren la alfabetización y habilidades matemáticas básicas”. Se evaluará a través de tasas de analfabetismo.

Educación para el desarrollo sostenible.

La séptima y última meta del cuarto objetivo de calidad y pertinencia se plantea como “Asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible”. Incluye temas de los Derechos Humanos, promoción de la cultura de la paz y apreciación de la diversidad cultural. Los indicadores para su evaluación son porcentajes de estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio y avanzado en las pruebas de Ciencias Naturales y Pensamiento Ciudadano, desde Noveno.

Esta meta incluye actividades para mejorar la infraestructura escolar y para “Aumentar sustancialmente el suministro de docentes calificados, en particular mediante cooperación internacional para formación de docentes”. Se evaluará a través de dos indicadores: “Porcentaje de docentes con Licenciatura. Porcentaje de docentes oficiales con título de posgrado”

Fuente: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/educacion/291966-la-tarea-de-asegurar-la-calidad-y-la-pertinencia-educativa

Imagen: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_noticia/2016/08/06/DATA_ART_9200426_BIG_CE.jpg

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