OPINIÓN: Agenda 2021

Por:  Tlachinollan

Para la clase política de Guerrero, las elecciones que se realizarán en el mes de junio, será el tema central, en torno al cual girará el devenir del estado en este naciente año. La lucha por los cargos públicos será ríspida y hasta con visos de violencia, por las divisiones internas que resaltan al interior de los partidos políticos. La multiplicidad de facciones desgasta y debilita a los partidos, porque se lucha por los cargos y no por la transformación de nuestra sociedad. Los intereses económicos son los que ahora rigen al interior de los institutos políticos, y no los principios ideológicos, que son meros referentes de lo que antaño fue la identidad de los partidos.

Las disputas políticas al interior de los mismos institutos se tornan graves, por los enconos y rivalidades que se profundizan, sin que existan mecanismos eficaces para contener y atemperar estas rivalidades. Ante el temor de que haya agandalle en los cargos públicos, cada facción se organiza con su líder o dirigente, para dar la pelea en cada distrito y en cada municipalidad. El pleito es al interior del partido, porque de ahí depende de que sus candidatos aparezcan en las boletas electorales. Este trance requiere hacer méritos, sobre todo, tener aportaciones de todo tipo, para congraciarse con la dirigencia.

El escenario se complica por la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia con los grupos políticos. En los últimos trienios hemos visto como algunos líderes políticos, han coqueteado con el crimen organizado y establecido vínculos con jefes de la delincuencia, para dar la pelea con recursos mal habidos. Esta situación anómala no solo pervierte el proceso electoral, sino que atiza la violencia en un terreno minado por las rivalidades que existen entre los grupos de la delincuencia, que se disputan férreamente el control territorial. El empoderamiento de estas organizaciones ha puesto contra la pared a las mismas autoridades municipales, al grado que prefieren alinearse y supeditarse a su lógica delincuencial. Los mismos cuerpos de seguridad no dan confianza a la población, por sus nexos con la delincuencia y porque no están capacitadas para realmente prevenir el delito y apoyar en la desarticulación de las redes del crimen.

El desbordamiento de los márgenes de la legalidad, propiciado por la delincuencia, no garantizará un proceso electoral dentro de un ambiente de libertad y seguridad, por el contrario, estará marcado por un clima de miedo, amenazas y vendettas. El asesinato de precandidatos, precandidatas y candidatos a puestos de elección popular en los pasados procesos electivos, son los focos rojos que siguen activados, y que requiere acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno.

No basta que se incremente el número de efectivos policiales o militares, porque los actores armados no son los más idóneos para garantizar la paz y la legalidad. El gran desafío lo tienen los partidos políticos y las mismas autoridades, que están obligadas a actuar con pulcritud y transparencia, y no ser comparsas de la ilegalidad y de componendas con actores delincuenciales, que se han enquistado al interior de las instituciones gubernamentales y de los mismos partidos políticos. La corrupción que se encuentra adherida dentro de las estructuras del poder, no se puede extirpar de forma abrupta, mientras no se depuren a los funcionarios y agentes que se acostumbraron a vivir de la extorsión y los moches, como si fuera parte de la gobernabilidad. Se tienen que acabar con las zonas porosas que existen dentro de las estructuras del poder público, que son las que permiten las transacciones ilícitas, al amparo del poder. Las mismas autoridades tienen que mantenerse al margen de esta contienda, porque su injerencia es lo que genera enojo, desconfianza y encono, porque se lucra con la pobreza y se toman banderas partidistas que desprestigian a los mimos partidos.  El destino del presupuesto público debe de manejarse con transparencia, sin la carga electorera que tradicionalmente utilizan los gobernantes., al igual que la construcción de obras, que siempre llevan el sello o el del partido que gobierna en el municipio o en el estado, como si fueran los dueños de estos fondos. Aun estamos lejos de que las contiendas electorales sean transparentes y pacíficas, porque quienes nos gobiernan no se manejan bajo estos principios, les pesa todavía la visión clientelar, facciosa, coactiva, utilitarista y mafiosa de los procesos electorales, que miden la calidad de nuestra democracia.

Mientras esto ocurre entre clase política, la población guerrerense se sigue hundiendo en el pantano de la pobreza. Cada mañana lo corroboramos en las principales avenidas de las ciudades, con las decenas de personas ambulantes, desde niños y niñas hasta adultos mayores. El crecimiento desmedido del ambulantaje nos invade por todos lados. La deserción escolar se incrementa en la medida que no hay alimento seguro en la casa y no hay dinero para comprar medicinas. Miles de familias del campo han cerrado sus casas para contratarse como jornaleros y jornaleras agrícolas en los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Mas de 15 mil personas indígenas de la Montaña, se han registrado en la casa de jornalero, siendo el 30 por ciento de niños y niñas.

El hambre será el principal flagelo en este 2021 para las familias guerrerenses, porque no hay ingresos seguros. Ni las ciudades turísticas cubrieron las expectativas económicas de los empresarios y trabajadores. Las remesas ya son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los subsidios gubernamentales, se diluyen ante los altos precios de la canasta básica. No hay dinero que alcance para comprar suficiente maíz y las medicinas básicas para sobrellevar los síntomas del Covid-19. El escenario se vislumbra incierto, sin opciones para hacer frente a esta calamidad. Los programas federales, ha pesar de su incremento en el presupuesto, no podrán atender la multiplicidad de necesidades básicas que requieren las familias pobres. Se necesita implementar programas especiales para cada región, tomando en cuenta su potencial productivo y las características de su población y de su habitat.

La falta de medicamentos tiene costos muy altos, no solo por lo inalcanzable de sus precios, sino porque en población vulnerable, como niños y niñas prematuras, mujeres con alto riesgo en su embarazo, adultos mayores con problemas de comorbilidad, que se encuentran en comunidades apartadas, tienen sus días contados. El numero de personas que fallecen por falta de atención médica, se ha incrementado y agravado con la llegada del coronavirus. Los pacientes y sus familias prefieren atenderse en sus domicilios, porque saben que en el único hospital que recibe pacientes en general, no cuenta con suficientes camas, con personal médico especializado, con estudios de laboratorio ni con medicamentos. Con estas deficiencias, hay fundados temores de que la gente muera en el hospital, no solo por Covid-19, sino por la obsolescencia de los servicios.

El grave problema de la violencia y la inseguridad, en la percepción de la gente común, la situación va de mal en peor. No hay un municipio que garantice seguridad a sus habitantes. Hemos constatado que los grupos de la delincuencia tienen controladas rutas y regiones, donde la población tiene que adaptarse a sus modos de operar. En la Tierra Caliente, la cuota, es una práctica generalizada entre los comerciantes que quieren mantenerse con sus giros económicos. En la región Norte, las disputas por las plazas y ciertos territorios mantienen en constante zozobra a la población. En la zona Centro y la Sierra, varias comunidades están en medio del fuego cruzado y en la disyuntiva de permanecer en sus domicilios o desplazarse fuera de la región. En el puerto de Acapulco, los asesinatos diarios muestran el nivel de empoderamiento de los grupos de la delincuencia, que están en constante pugna. En la Costa Grande, la población sigue padeciendo las peleas a muerte por el reparto territorial entre los grupos del crimen organizado, dejando inerme a la población. La Costa Chica y la Montaña, empiezan a resentir las divisiones que se han dado al interior de los grupos de la policía comunitaria, que ha sido aprovechada por la delincuencia, para irse posicionando de algunas cabeceras municipales.

Este panorama deja ver que la guardia nacional, no ha dado los resultados esperados. Su presencia, además de insuficiente, es meramente testimonial. Los mismos grupos de la delincuencia saben que no tienen órdenes para desarmarlos ni para desmantelar su estructura. En los lugares donde se han suscitado hechos de violencia, a causa de los conflictos agrarios, no han querido establecerse, porque requieren lugares seguros para acampar y que las partes en conflicto, lo soliciten por escrito. Pesa más el criterio burocrático entre los pueblos indígenas que requieren con urgencia su presencia para disuadir la confrontación, que contrasta con su intervención inmediata, para desalojar a los migrantes centroamericanos.

El 2021 llega con mucha pesadumbre, por la violencia imparable, sobre todo contra las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios y de un sistema de justicia patriarcal, que da un trato discriminatorio que vulnera sus derechos como víctimas. Lo más desolador es que en este año las autoridades estatales y municipales, sobrellevarán los problemas más agudos, con el pretexto de que no habrá presupuesto suficiente. La población por su parte, seguirá luchando por su sobrevivencia, sorteando su vida, en medio del coronavirus, el hambre y la violencia delincuencial. También será testigo de la disputa que protagonizarán los partidos políticos y sus candidatos, para agenciarse los cargos públicos, donde hay dinero seguro, protección garantizada y servicios de calidad. La brecha entre la clase política y el pueblo trabajador, seguirá ensanchándose y profundizándose en nuestro estado, mientras los que ambicionan el poder, sigan haciendo negocios privados,  pisoteando los derechos de la gente pobre.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-agenda-2021/

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Pugna global por la vacuna del coronavirus

Por: Eduardo Febbro

 

Compiten intereses de los Estados y los grupos farmacéuticos.

Estados Unidos, China, la Unión Europea y la industria farmacéutica se lanzaron a la búsqueda improvisada del antídoto contra la covid-19.

 ¿Quién se quedará con el tesoro de la patente de la vacuna contra la covid-19 ?. Una auténtica batalla científica, diplomática y financiera entre Estados y grupos farmacéuticos se está desplegando en el telón de la búsqueda de la vacuna que pondrá termino a la pandemia que infectó a millones de personas en el mundo y mato a otros miles y miles de seres humanos. Cuatro actores mundiales ocupan el primer plano: Estados Unidos y su estrategia ultranacionalista, China, para quien la vacuna sería una sólida victoria diplomática, la Unión Europea — un jugador que ingresó con mucho atraso en esta batalla global– y la industria farmacéutica.

El presidente norteamericano, Donald Trump, eligió la famosa doctrina llamada “Frank Sinatra” que se refiere a la canción My Way interpretada por el cantante en los años 60 para marcar sin ambigüedad su conducta: la haremos en casa, rápido y nosotros solosTrump se ha fijado un plazo que la comunidad científica mundial juzga imposible, es decir, noviembre de 2020, una fecha que coincide con las elecciones en los Estados Unidos. Cuando presentó el proyecto, Trump lo bautizó « Operation Warp Speed » en alusión directa a la serie Star Trek y la velocidad de las naves espaciales que vuelan más rápido que la velocidad de la luz.

Actualmente, hay 183 equipos internacionales trabajando en un proyecto de vacuna. Frente a ellos están los grupos farmacéuticos, casi todos captados y subsidiados por la administración norteamericana y Europa. Se destacan varios, entre ellos tres muy avanzados: GlaxoSmithKline (GSK), Merck & Co (MSD), Pfizer, Janssen-Johnson & Johnson, Sanofi Pasteur. También aparece la china CanSino que trabaja asociada con el Beijing Institute of Technology. Los más adelantados son: Moderna Therapeutics (Estados Unidos, 500 millones de euros en subsidios), AstraZenec (británico sueco, mil millones de euros de subsidios) y Sanofi (multinacional francesa que recibió 226 millones de euros de las cajas la Biomedical Advanced Research and Development Authority, Barda, la agencia federal de investigación médica de Estados Unidos).

En mayo de este año, el presidente de Sanofi, Paul Hudson, le dijo a Bloomberg que Sanofi, en caso de que descubriera la vacuna, la distribuiría primero en los Estados Unidos porque Washington “comparte los riesgos” de la investigación. Frente a la polémica que suscitaron estas declaraciones, los portavoces del grupo salieron a calmar las inquietudes y prometieron “servir a los franceses”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya dijo en mayo que le vacuna debería ser “un bien público mundial”. En el mismo sentido se expresó el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para quien la vacuna “debe ser vista como un bien público mundial, como una vacuna de los pueblos”. La Unión Europea “anhela” un “acceso universal rápido y equitativo” mientras que el presidente chino, Xi Jinping, prometió que si sus investigadores tenían éxito Pekín pondría su descubrimiento en acceso libre. Los industriales llaman a todas las puertas para conseguir financiación. La de los Estados y la de los fondos como la Coalición Internacional CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), cuya sede está en Noruega y cuenta con un “colchón” de 680 millones de euros consagrados a la selección y financiación de proyectos.

Es casi un sueño pensar en una posibilidad gratuita cuando está en juego un mercado de 65 mil millones de euros. La noción de bien público mundial apareció en los años 90, sobre todo a partir de las teorías de Charles Kindleberger, quien definió al bien público mundial como “un conjunto de bienes accesibles a todos los Estados que carecen de un interés individual por la producción”. No parece ser el caso, tanto más cuanto que la noción de “bien público mundial” reposa sobre una estructura ya desaparecida: la cooperación entre los Estados. Trump se quiere salvar a si mismo, China su prestigio y Europa pedalea detrás de las dos potencias mundiales. Los Estados financian sus propios laboratorios y centros de investigaciones al mismo tiempo que se “garantizan” la disponibilidad de la vacuna ante los grupos farmacéuticos.

La Unión Europea reveló hace unos días que invertiría 4 mil millones de euros en las cajas de los grupos farmacéuticos. Sin adelantar el precio, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos consiguieron que el laboratorio AstraZeneca entregue 400 millones de dosis si descubre la vacuna, y ello sin sacar beneficio alguno. El mismo laboratorio se comprometió a distribuir dos mil millones de dosis en el mundo a un precio equivalente al costo de producción. La fundación internacional GAVI (fundada hace 20 años por Bill Gates) bloqueó anticipadamente 300 millones de dosis del laboratorio AstraZeneca para repartirlas en los países pobres. En cada caso, el poder lo tienen los grupos farmacéuticos y no los Estados o la investigación pública. El sector público no hace más que negociar y pagar a los laboratorios en las mejores condiciones posibles un descubrimiento en gestación, pero no real. Es una lotería hacia el futuro. Muchos anuncios y poca transparencia. La doctora Nathalie Ernoult, miembro de Médicos del Mundo y del Instituto de Relaciones Internacionales estratégicas, recuerda que “para asegurarse de que las promesas van a cumplirse, habría que conocer el contenido de los contratos, lo que no es el caso hoy”.

La búsqueda de la vacuna se parece en mucho a la forma en que la pandemia fue combatida: a tientas, improvisando, corriendo detrás de la propagación del virus, con potencias enfrentadas, científicos populistas o charlatanes que promocionan sus milagros en las redes sociales sin la más lejana certeza científica. 

Los Estados apuestan por los laboratorios más avanzados en las investigaciones, pero, de hecho, la vacuna aún no existe. Hay unos cien proyectos sobre la mesa, pero sólo diez están siendo probados en los seres humanos, de los cuales 5 en China. Se han invertido miles de millones de euros en la elaboración de una vacuna contra el SIDA y la Malaria y ambos tratamientos tampoco existen pese a que matan, respectivamente, 770 mil y un millón de personas cada ano. La covid-19 es objeto de una pugna global entre intereses políticos, públicos, financieros, diplomáticos y tecnológicos. La carrera hacia el descubrimiento de una vacuna es un espejo perfecto de lo que ocurrió y sigue ocurriendo con esta pandemia. Una improvisación globalizada.

 

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/273134-pugna-global-por-la-vacuna-del-coronavirus

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Caos geopolítico y lucha de clases

Por: Raúl Zibechi

La crisis venezolana puede   saldarse con una guerra civil e internacional si no se consigue frenar el militarismo rampante de quienes quieren voltear al gobierno de Nicolás Maduro, apelando a un golpe de Estado que complemente la desestabilización que se promueve desde Washington. Sería un desastre para los venezolanos y para toda la región.

Desde una posición de principios, la no intervención en los asuntos internos de otros países es un asunto básico. El respeto a la soberanía nacional es absolutamente independiente de la posición que cada quien tenga sobre lo que sucede en el país, el carácter del gobierno y la calidad de sus instituciones.

Quienes sufrimos las dictaduras en el Cono Sur, nunca pedimos la intervención extranjera para derribarlas. Ni ahora pedimos que se intervenga en Arabia Saudita por ser una régimen deplorable que, además, desató una guerra genocida en Yemen.

Lo que está sucediendo en Venezuela implica la interacción entre tres actores: el pueblo venezolano, el gobierno, las fuerzas sociales, políticas y militares que lo apoyan y las grandes potencias, en particular Estados Unidos. Los tres tienen intereses distintos que en algunos casos convergen y en otros son antagónicos.

Quien esto escribe apoya al pueblo venezolano, rechaza el intervencionismo pero no respalda al gobierno de Maduro, que muestra una deriva autoritaria y antipopular. El problema de quien mantiene esta posición, es que el concepto pueblo venezolano está siendo manipulado desde todas las tiendas, pero además no existen organizaciones o convergencias que encarnen una representación significativa de ese pueblo.

Creo que la situación actual amerita varias consideraciones.

La primera es que vivimos un periodo de hondo caos geopolítico que durará algunas décadas. Dos grandes grupos de países juegan sus intereses en Venezuela: Estados Unidos apoyado por la Unión Europea y China apoyada por Rusia. El que tiene la iniciativa (lo que no quiere decir que vaya a prevalecer) es Estados Unidos, que busca revertir sus derrotas en Medio Oriente y en el mar del Sur de China, hacerse fuerte en el Caribe y en el resto de América Latina para enlentecer su decadencia hegemónica.

El nuestro es el único continente donde Washington ha cosechado victorias en la pasada década. Ha sido su patio trasero durante más de un siglo y desde finales del siglo XIX invadió países, desestabilizó y derribó gobiernos que no le eran afines promovió el ascenso de dictaduras y gobiernos conservadores. En las pasadas décadas apoyó y armó la contrarrevolución en Nicaragua en la década de 1980, la invasión de Granada en 1983, la invasión de Panamá en 1989 y la invasión de Haití en 1994, derribando gobiernos legítimos e imponiendo a sus aliados. En 2002 Estados Unidos apoyó el fallido golpe de Estado en Venezuela.

En los próximos años asistiremos a la profundización de este caos. Se sucederán gobiernos de signos opuestos y llegarán al poder ultraderechas que parecían erradicadas del panorama político. El ministro de Educación de Jair Bolsonaro se despachó con una frase que representa a esta nueva derecha: La universidad no puede ser para todos, hay que reservarla a una élite intelectual (goo.gl/Fu2aAp).

La segunda cuestión es que los pueblos no tienen una organización que los represente, ni un caudillo, ni un partido o movimiento. Esto puede ser positivo, ya que venimos de un periodo de unificación de fuerzas que al homogeneizarse perdieron su capacidad de resistir y combatir. Tanto la resistencia como la creación de lo nuevo son múltiples, heterogéneOs en sus tiempos y modos de hacer y caminar.

Pero el hecho de que exista mucha dispersión y que las fuerzas y pueblos que resisten no construyan convergencias y establezcan códigos comunes que les permitan dialogar y aprender mutuamente, es una desventaja en estos momentos en los que necesitamos reconocernos y encontrarnos entre los abajos.

Entiendo que estas confluencias están siendo muy complejas, y encuentran dificultades por las diferentes trayectorias y culturas políticas de cada quien, por los egos de muchas organizaciones y de muchas personas entre las que resistimos. Pero sobre todo están jugando en contra las iniciativas de la banca mundial aplicadas por los gobiernos, conservadores y progresistas, que se resumen en políticas sociales que alivian la pobreza aunque no la resuelven, pero garantizan la gobernabilidad y la división del campo popular.

La tercera cuestión son los gobiernos. Tenemos un buen puñado que practican el discurso antisistema. El principal es el de Brasil, pero la mayoría han adoptado ese popular discurso. Las diferencias son mínimas: conservadores y progresistas gobiernan para los de arriba. Están ahí para ahogar las autonomías de abajo porque, a la larga, saben que son las únicas capaces de transformar el caos sistémico en mundos nuevos, donde los pueblos sean los protagonistas y no el capital. Ninguna transición en la historia se hizo desde arriba.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=252045

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Perú: El indulto y el anhelo presidencial de la OCDE

Perú / www.laquintaletra.lamula.pe / 10 de Enero de 2018

O de cómo la mercancía política canjeada por el indulto parece tener más valor que las metas presidenciales establecidas para el Bicentenario.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo supranacional, fundado en 1960 sobre la base de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE). Esta última institución se fundó en 1948, en el marco del Plan Marshall, que buscaba reconstruir Europa tras la II Guerra Mundial. Actualmente, la OCDE cuenta con 35 países miembros, entre los que se encuentran México y Chile como solitarios representantes de América Latina. En el 2017, el presupuesto total de la OCDE- que resulta del aporte de los Estados, según el tamaño de su economía- fue de 374 millones de Euros. El 20% del presupuesto fue producto del aporte de Estados Unidos, mientras que México aportó 2.4% y Chile 1.4%.

Pese al crecimiento económico de la última década, Perú no forma parte de la OCDE. De hecho, fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien trajo la mesa la posibilidad de que el país integre dicho espacio. En su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 2016, durante su toma de posesión, PPK mencionó lo siguiente como una de sus metas al 2021:

“Para el año 2021 (…) año del Bicentenario, el Perú será miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Nuestro Plan de Gobierno coincide totalmente con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030”.

La OCDE desarrolla distintos temas de trabajo y lineamientos para sus Estados miembros. El rango de temas es amplio, y va desde las finanzas, la industria, la competencia y la economía; hasta temas de corrupción y soborno, medio ambiente, educación, gobernanza local y políticas sociales de bienestar. En cuanto al problema de la corrupción, la OCDE ha establecido que la forma tradicional de combatir la corrupción, a través de la creación de más normas y la búsqueda por el cumplimiento de las mismas, resulta insuficiente. En ese sentido, se propone aplicar el enfoque de la “integridad pública”, la misma que definen como el “posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre el privado” (OCDE 2017).

Si revisamos la página web de la OCDE, podemos ver que los países con pretensión de ser parte del organismo, deben iniciar “Accession talks” o Conversaciones de Adhesión. ¿Cuáles son los criterios de adhesión? Éstos se encuentran establecidos en el “Marco Para la Consideración Posibles Miembros“ publicado en 2017. Si bien el grueso de los criterios para la consideración de nuevos miembros están relacionados a indicadores económicos, la OCDE también considera explícitamente “el compromiso del país con los valores y obligaciones de la OCDE” dentro de la evaluación para el acceso. De hecho, la visión actual de la OCDE, establecida en el marco de su 50 aniversario, prioriza el respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos:

“Los Miembros de la OCDE forman una comunidad de naciones, comprometidas con los valores de la democracia basada en el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, y el compromiso con principios económicos de un mercado abierto y transparente”.

El indulto concedido por el Presidente de la República al ex-dictador y sentenciado por graves violaciones a los Derechos Humanos, Alberto Kenya Fujimori, ha generado expresiones de preocupación y de rechazo de parte de diversos organismos y actores del sistema internacional vinculados a la protección de los Derechos Humanos, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Almagro (Secretario General de la OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Agnes Callamard y Pablo de Greiff (especialistas en Derechos Humanos de Naciones Unidas), WOLA, la Fundación para el Debido Proceso, entre muchos otros especialistas y medios de comunicación.

Los esfuerzos llevados a cabo por Perú para la incorporación a la OCDE incluyen el trabajo de por lo menos un par de decenas de funcionarios nacionales (Cancillería, Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros), además de esfuerzos llevados a cabo por organismos como la propia OCDE y el Banco Mundial. Estos esfuerzos, incluyen costosos viajes de delegaciones de funcionarios a Europa, en misiones para iniciar el proceso de adhesión del país. Recordemos también que una de las bajas sufridas por el gobierno tras transar el indulto fue la renuncia de Enrique Felices Saavedra, ex Representante Presidencial ante la OCDE.

Si la necesidad de respetar los procedimientos y el Estado de Derecho (a los que se apeló tantas veces desde el Gobierno para frenar la vacancia presidencial) ha sido atropellada mediante el otorgamiento de un indulto absolutamente irregular en las formas y en el fondo; cuando menos debería considerarse las puertas que pueden cerrarse para el Perú en el escenario internacional. Lamentablemente, parece ser que la mercancía política canjeada por el indulto tiene mayor valor que las leyes nacionales, la palabra presidencial y los compromisos de gobierno.

Fuente: https://laquintaletra.lamula.pe/2018/01/07/el-indulto-y-el-anhelo-presidencial-de-la-ocde/elianacarlin/

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