STERM-i e INTERSINDICAL denuncian recortes en los servicios de limpieza de los centros educativos

Por: Tercera Información

Los sindicatos señalan que Educación incumple su obligación de garantizar una vuelta segura a los centros educativos al recortar los servicios de limpieza.

El cierre de los centros educativos debido a la pandemia de Covid-19 y su posterior reapertura gradual supuso graves distorsiones en los servicios de limpieza que en muchas ocasiones tuvieron que ser resueltas por el conjunto del profesorado y por las reducidas plantillas de servicios de limpieza que se fueron incorporando poco a poco a los centros. Mientras, la Consejería de Educación y las administraciones locales dejaban recaer la responsabilidad sobre los equipos directivos y evitaban actuar para garantizar que en todos los centros educativos, tanto institutos como colegios, se aseguraba el servicio de limpieza.

Desde Intersindical Servicios Públicos y STERM Intersindical denuncian que la Consejería de Educación y la Dirección General de Función Pública, lejos de resolver estos problemas y reforzar los servicios de limpieza, están realizando una importante dejación de funciones que expone a graves riesgos a la comunidad educativa. Desde las organizaciones sindicales denuncian que son varios los centros educativos de la Región a los que se les ha comunicado que los servicios de limpieza, cuya contratación depende de la Dirección General de Función Pública, sufrirán un recorte importante reduciendo jornadas laborales de las 37 a las 30 horas semanales a pesar del aumento de la carga de trabajo debida a los escenarios de adaptación al COVID-19. Esto se suma a los ya habituales retrasos en las sustituciones de personal y de haber dado lugar a agotar las bolsas de personal no docente sin poder ahora sustituir al personal en baja o de vacaciones, quedando estas plazas sin cubrir, y los centros sin atender.

José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, señala que “Educación está asumiendo una postura totalmente irresponsable. Por un lado, de cara a la galería adopta decisiones unilaterales y aprueba guías con recomendaciones higiénico-sanitarias que, por otro lado, incumple porque recorta sobre las plantillas de los servicios de limpieza. Esto pone en riesgo a toda la comunidad educativa y expone gravemente a los equipos directivos a los que en última instancia se les hace responsables de garantizar estos servicios”.

En este sentido se pronuncia Paqui López, delegada de INTERSINDICAL Servicios Públicos, que denuncia “la falta de compromiso de Educación con los servicios de limpieza y la falta de diligencia que ha demostrado puesto que no paran de imponer criterios económicos sobre cuestiones de salud que deben ser prioritarias en estos momentos y de pasarse la pelota entre personal docente y no docente, entre Educación y Función Pública, sin poner los recursos necesarios para garantizar la salud de toda la comunidad educativa”.

Ambas organizaciones exigen que se dé marcha atrás a los recortes en servicios de limpieza de los centros educativos, que su gestión sea 100% pública y se inicien las gestiones para ampliar las actuales plantillas para poder atender al aumento de carga de trabajo que supondrá la vuelta a los centros educativos en septiembre. Fernández recuerda que “la comunidad educativa no va a permitir que los criterios económicos se impongan sobre la salud de docentes, estudiantes y familias. La Consejera de Educación, Esperanza Moreno, no puede decir que defiende la Escuela Pública y al mismo tiempo amparar los recortes de unos servicios esenciales para garantizar una vuelta segura a los centros”.

Secretariado de STERM Intersindical.

Secretariado de Intersindical Servicios Públicos.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/07/21/sterm-i-e-intersindical-denuncian-recortes-en-los-servicios-de-limpieza-de-los-centros-educativos

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Continua el Alzamiento Popular

Por: Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas.

 

Los días posteriores al alzamiento popular ocurrido en Chile el 18 de octubre, han sido de permanente lucha y protesta, donde se han evidenciado grandes avances en los niveles de conciencia de la clase trabajadora que han dejado con poca capacidad de respuesta al gobierno reaccionario. Hemos presenciado el burdo intento del gobierno de mostrarse cercano al movimiento social, posterior a la masiva marcha del 25 de octubre que sólo en Santiago movilizó a más de un millón de personas, y a miles en las distintas regiones del país. Piñera destacó el carácter pacífico de la movilización y se atrevió a señalar que habían escuchado y entendido las demandas del pueblo y que trabajarían en dar solución a ellas por medio de la aprobación de la agenda social impuesta la semana pasada. Posteriormente, hace un llamado a retomar la “normalidad” mediante gestos como el retirar a las fuerzas militares de las calles y levantar el estado de emergencia, reafirmando que no renunciará a su cargo, y cumplirá su mandato hasta que culmine su periodo de gobierno.

Sin embargo, las medidas presentadas por el oficialismo han sido insuficientes, e incluso podemos considerarlas burlescas para el conjunto del pueblo, no fue suficiente el congelamiento de tarifas de la luz hasta el próximo año, tampoco el aumento del sueldo mínimo a $350.000 mensuales, sobre todo si es sin tocar un pelo al empresariado, potenciando el subsidio estatal con dinero que, en definitiva, sale de los bolsillos del mismo pueblo. Estas medidas no hicieron más que provocar que se encienda aún más la rabia de las y los organizados, que han respondido con más fuerza, manteniendo la protesta popular en las calles de los principales territorios del país. No obstante, donde continúa la protesta, continúa también la represión del Estado, y todos los días nos vemos enfrentados a escenarios de violencia desmedida por parte de las fuerzas policiales de carabineros, reflejado en un aumento sostenido el número de heridos/as en las distintas manifestaciones callejeras que se han convocado, preocupa, por sobre todo, la gran cantidad de personas con lesiones oculares. Por otro lado, también nos hemos enfrentado a violentas detenciones en casas de dirigentes sociales, y a complejas situaciones de abuso propinadas, tanto por militares como por carabineros, a compañeras y compañeros que han sido detenidos y llevados a comisarias, sitios que se han convertido en verdaderos centros de tortura. Por suerte se ha podido romper el cerco comunicacional, y diversos medios de información populares y alternativos han logrado dar a conocer masivamente estas situaciones, lo que ha permitido que el pueblo y la clase trabajadora identifiquen claramente y sin medias tintas cuál es su enemigo y los intereses que este defiende. Esto ha contribuido a debilitar a los sectores vacilantes y abraza-pacos que emergen en medio de los estallidos sociales, empujando a los distintos sectores del pueblo a tomar una clara posición de clase, lo que implica un claro avance en los niveles de conciencia de clase.

Comprendiendo lo anterior, consideramos que esta reciente semana de movilizaciones se ha caracterizado por la organización de esfuerzos más conscientes en torno a avanzar desde el espontaneísmo e improvisación de los primeros días del alzamiento popular, a acciones de protesta más elaboradas y planificadas, mediante mecanismos de autodefensa y ofensiva popular más complejos, como por ejemplo las acciones de sabotaje menor a AFPs, farmacias y/o bancos. Pero también han proliferado instancias donde la clase trabajadora y el pueblo se vuelven a reunir para discutir acerca de sus necesidades e intereses, volvemos a ver las ollas comunes en las poblaciones, iniciativas similares a los “comprando juntos” y una serie de actos culturales convocados por organizaciones sociales, sindicales y políticas en los distintos territorios, lo que ha permitido el levantamiento de distintos pliegos de demandas reivindicativas y políticas como poner fin al sistema de AFPs e instalar la demanda de pensión básica igual al ingreso mínimo, un sueldo mínimo de $500.000, una jornada de trabajo de 40 hrs., sin flexibilidad laboral, el fin a los honorarios en el Estado, terminar con el lucro en la salud y la educación, protección a la maternidad y sala cuna universal sin discriminación y para todas las trabajadoras, un aborto seguro, libre y gratuito, entre otras reivindicaciones del pueblo que se han escuchado con fuerza durante estos días.

Sin embargo, ante estos avances de la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, el gobierno ha respondido no sólo con una política del terror en las calles, sino también con una serie de estrategias institucionales que buscan poner paños fríos al alzamiento popular. Dentro de estas medidas se enmarca el tan bullado cambio de gabinete que se llevó a cabo el día lunes 28 de octubre, el que se da en un ambiente más bien festivo, en medio de abrazos y agradecimientos a las y los personeros del gobierno que serían removidos de sus puestos como consecuencia de la crisis desatada, pero que sin embargo, no logró generar mayor eco en el pueblo organizado. Este cambio de gabinete, más bien cosmético, fue casi una sillita musical ministerial debido a que se trato más de reubicaciones que de cambios reales en las carteras, al punto que las remociones más esperadas no sucedieron, y el presidente decidió blindar a los cuestionados ministros de transporte y salud que continúan en sus puestos, al igual que la displicente ministra de educación.

En el caso del Ministerio del Trabajo, se instala quien fuera la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, licenciada en historia y abogada, sin militancia partidaria pero con herencia DC, especialista en el área previsional y en seguridad y salud laboral. Su perfil independiente le ha permitido desempeñarse en la Superintendencia de Seguridad Social desde el 2005 al 2014, sobreviviendo al paso de los distintos gobiernos de turno, hasta que se convierte en subsecretaria de previsión social durante el actual gobierno de Piñera. En su rol como subsecretaria encabezó el proyecto de reforma a las pensiones, haciendo permanentes llamados a su aprobación, e insistiendo en la urgencia del proyecto para que el 2020 ya se comience a pagar el pilar solidario propuesto. Además, la actual ministra ha expresado una clara postura en contra del retiro de los ahorros previsionales que ha sido impulsado por parte del pueblo movilizado y es la responsable de la Ley de Cotización Obligatoria que hoy perjudica a miles de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan a honorarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Por otro lado, la definen con un perfil dialogante y con buen muñequeo político, en ese sentido asumirá un importante rol en el desarrollo del proyecto de las 40 horas, una tarea que su predecesor, Nicolás Monckeberg, no logró resolver ya que se vio envuelto en una seria de polémicas producto de sus equivocas declaraciones públicas , como “la rebaja de las cuarenta horas afectaría a las jornadas especiales de trabajo, por lo que los futbolistas chilenos no podrían haber jugado la copa América debido a su régimen laboral”, o “si un trabajador en vez de las 9 de la mañana, llega a las 7.30, se va a demorar 20 minutos a la pega y va a llegar a su casa por lo menos, una hora y media antes, porque no se va a ir a la hora del taco”, por lo que fue generando un rechazo generalizado en la población, provocando su salida de la cartera del trabajo. Según las últimas declaraciones de la nueva ministra, su centralidad estará en la agenda social presentada por el presidente por lo que sus prioridades serán las pensiones y el ingreso mínimo garantizado.

En el caso de Hacienda, el ingeniero Ignacio Briones es quien toma la conducción del ministerio. Este militante de Evopoli formó parte del primer gobierno de Piñera en el año 2010, desempeñándose como coordinador de finanzas internacionales. Sin lugar a dudas su perfil académico y tecnocrático lo llevaron a ser considerado el reemplazante de Felipe Larraín (quien fuera su profesor en la Universidad Católica) en esta estratégica cartera de gobierno. Briones se caracteriza por ser un acérrimo defensor del sistema neoliberal, planteando cuestiones tales como que la automatización es una oportunidad para el empleo o que “no toda desigualdad es injusta”, defendiendo los intereses y privilegios de los ricos y poderosos.

Con respecto al Ministerio de Economía, el ingeniero Lucas Palacios (UDI) toma la cartera, reemplazando a Juan Andrés Fontaine, quien permaneció solo 4 meses en el cargo. Palacios cuenta con una vasta carrera política, se desempeño como Concejal de la comuna de Puente Alto, además de ser subsecretario de Obras Públicas en los 2 mandatos de Piñera. Con respecto al nuevo rol que desempeñará como ministro, ha expresado que hará todos los esfuerzos para restablecer el sistema económico del país, centrando su discurso en los daños sufridos por las pequeñas y medianas empresas en estos días de movilizaciones, señalando que esto tendrá un efecto en el aumento del desempleo en el país, por lo que el gobierno ya anuncio, dentro de su agenda social, un proyecto de ayuda a las pymes al que denominaron “Levantemos tu pyme”. Sin embargo, no debemos olvidar, que la tasa de desempleo en el país iba en aumento previo al alzamiento popular, del mismo modo que la tasa de consumo iba a la baja.

Con respecto a los otros ministerios, se puede señalar que el protagonismo adquirido por la ex Intendenta de Santiago, Karla Rubilar, quien durante el estallido social apareció permanentemente en televisión criminalizando la protesta, destacando las acciones pacifistas y respaldando las diferentes medidas impulsadas por el gobierno, mostrándose empática y cercana a la ciudadanía, le permitió alcanzar el puesto de la Vocería de gobierno. Del mismo modo, quien también logró posicionarse en medio de la crisis fue Gonzalo Blumel que fue removido desde la Segpres hacia el Ministerio del Interior, donde reemplazará al primo del presidente, Andrés Chadwick (una evidente jugada para protegerlo de una posible acusación constitucional), y quien reemplaza a Blumel en Segpres es Felipe Ward, que se desempeñaba como ministro de Bienes Nacionales. Por otro lado, una vez más, Cecilia Pérez sobrevive a la crisis, y al ser removida como vocera de gobierno es designada como la nueva ministra de Deportes, por último quién reemplaza a Felipe Ward en Bienes Nacionales, es el falso y traicionero líder estudiantil, Julio Isamit, quién además cuenta con un historial moroso que ha tratado de mantener oculto.

Lo cierto es que hasta ahora el gobierno se ha mostrado absolutamente incapaz de contener o dar respuesta a la movilización, y ante la nula capacidad de retornar a la normalidad y la creciente presión internacional, se vio obligado a suspender la Cumbre APEC y la COP25 que se iban a realizar en nuestro país durante los meses de noviembre y diciembre respectivamente, donde se reunirían los principales líderes imperialistas para decidir una vez más sobre el futuro de nuestros países. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Senado está discutiendo la aprobación del TPP11, otro acuerdo interempresarial que limita la autonomía de los países que adscriban a dicho tratado, en ese sentido, y a pesar de que la no realización de la APEC y la COP25 en nuestro país implico una derrota para el gobierno, ya que ve fuertemente afectada su imagen hacia el exterior, sabemos que las discusiones de estos encuentros impactarán de todas formas en la política nacional, repercutiendo directamente en las condiciones de vida de toda la clase trabajadora.

Respecto de las posibles salidas a este conflicto, han emergido una serie de propuestas e iniciativas que buscan descomprimir el movimiento social Por un lado la oposición ha buscado alternativas que le permitan capitalizar el descontento popular expresado en las calles y dentro de estos podemos identificar a los sectores que tienen representación en el Congreso, y que oportunistamente, resucitaron propuestas de reformas constitucionales de antaño, intentando así poner al Congreso como espacio para encausar la demanda por una nueva constitución. El “proceso constituyente” impulsado en el congreso inicia el día martes 29 de octubre, siendo encabezado por el presidente del senado, Jaime Quintana (PPD) y el presidente de la cámara de diputados, Iván Flores (DC), que en términos concretos lo que han hecho es recoger distintas propuestas para la nueva constitución, las que serán discutidas mañana durante todo el día definiendo el seguir en la Cámara de Diputados.

No obstante, el oficialismo se desmarcó del proceso impulsado por el poder legislativo, haciendo un llamado a los diputados/as y senadores/as a escuchar las demandas de la ciudadanía y dejar de conversar entre ellos, a pesar de que no descartan la posibilidad de implementar en algún momento una asamblea constituyente o un proceso para levantar una nueva constitución. En ese sentido, el gobierno se ha comprometido a convocar a un “dialogo inicial” en el corto plazo (en unos 60 o 90 días), además de presentar un mecanismo para incorporar a este proceso los cabildos que ya se están implementando en algunas comunas del país. Esto ha generado rencillas al interior de los poderes del Estado y los partidos del Bloque en el Poder, que se muestran erráticos en cuanto al mecanismo a implementar para un proceso de reforma constitucional que ya se ve como inevitable para responder al descontento popular.

Sin embargo, al interior de la oposición se despliegan otras estrategias, como la que presenta el ala más progresista, expresada en el PC y algunos sectores del Frente Amplio, que han levantado la denominada “Mesa de Unidad Social”, desde donde están impulsando el levantamiento de “cabildos” ciudadanos que tienen como objetivo validar las propuestas programáticas que ya fueron elaboradas por los partidos, posicionando la necesidad de un cambio constitucional mediante la Asamblea Constituyente. Junto con ello, este sector apuesta por la instalación de interlocutores/as y voceros/as del movimiento social, político y sindical, pretendiendo posicionar distintas organizaciones sociales y sindicales de conocido historial burocrático y una larga experiencia traicionando los intereses de la clase trabajadora y demandas del pueblo, tales como la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, la Coordinadora No + AFP, la CONFUSAM, la CONFECH (y en particular la Fech), que arrastran problemas de legitimidad producto de sus estrategias de conciliación de clases durante estos 30 años de pseudodemocracia. En definitiva, los oportunistas de siempre están instalando la asamblea constituyente como estrategia de posicionamiento de las principales figuras de sus organizaciones burocráticas, entreguistas y traidoras del pueblo, buscando la cooptación de las demandas sociales en miras a fortalecer posiciones institucionales, como lo han venido haciendo hace años en los distintos espacios de conducción que han ocupado.

Ahora bien, a esta propuesta de asamblea constituyente se han sumado también algunas organizaciones sociales, sindicales y políticas de carácter más crítico, e incluso algunas con perspectivas clasistas, que aseguran que hoy existirían las condiciones necesarias para plasmar los intereses de la clase trabajadora y el pueblo en una nueva constitución. En ese sentido, han emergido algunas posiciones tales como que las asambleas territoriales y cabildos convocados serían el primer paso para la articulación de la clase trabajadora, y que posteriormente se encontrarían en condiciones de llevar adelante una asamblea constituyente en igualdad de condiciones con el Bloque en el Poder.

Sin embargo, como Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT, a pesar de reconocer la importancia del despertar de las conciencias de los miles de trabajadores y trabajadoras, que ya cansados de los abusos salieron a las calles a exigir condiciones de dignidad, creemos que la actual coyuntura no puede llevarnos a pensar que han cambiado las condiciones del periodo, por lo tanto no existen condiciones para disputarle, al reformismo y al Bloque en el Poder, las definiciones fundamentales de una nueva constitución para Chile, menos aún si esto se lleva a cabo mediante mecanismos creados por aquellos que ocupan los sillones del poder. En ese sentido, consideramos que este proceso constituyente apuntará más bien a un reacomodo de los dueños de la riqueza y el poder, permitiendo darle una nueva legitimidad a sus formas de dominación, explotación y opresión, fortaleciendo el modelo económico capitalista-neoliberal chileno, sin cambiarlo radicalmente, ya que el principal objetivo que persigue el cambio constitucional hoy, no es mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino que se ha convertido en un intento desesperado por descomprimir el movimiento social en pie de lucha. La historia nos ha demostrado que la clase trabajadora no tiene nada que ganar en los espacios institucionales creados por el Bloque en el Poder, y por lo tanto se vuelve una tarea urgente que la clase trabajadora y el conjunto del pueblo, levanten sus propios espacios de construcción política, en ese sentido nuestro llamado es a formar parte del polo social anticapitalista convocado por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, que apunta a la articulación de las distintas organizaciones populares, sociales y sindicales que comprenden que la causa principal de nuestras precarias condiciones de vida es el capitalismo, y que debemos combatirlo con todas nuestras fuerzas.

Por otro lado, consideramos que en el mundo sindical, una tarea urgente es el fortalecimiento de los sindicatos desde las bases y el levantamiento de nuevos sindicatos clasistas y combativos en los sectores donde no exista organización, apuntando a una necesaria articulación en la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras. Del mismo modo se vuelve necesaria la formación y autoformación de dirigentes y dirigentas clasistas que disputen al sindicalismo burocrático y conciliador que es hegemónico en el país, trabajando siempre bajo los principios del anticapitalismo, la solidaridad efectiva de clase, la democracia sindical desde las bases, la independencia de clase, la autonomía sindical y el antipatriarcado. Esto debe reflejarse en acciones concretas, como la realización de asambleas sindicales periódicas, donde se den discusiones abiertas respecto de la situación de movilización del país, donde se puedan debatir y difundir pliegos de demandas propias de la clase trabajadora, tales como el sueldo mínimo de $500.000, la derogación del Código Laboral de Pinochet, el fin al sistema de AFP, la jornada de 40 hrs., sin flexibilidad laboral (que fue recientemente discutida en la comisión de trabajo, aprobando su implementación con una gradualidad de 5 años para las pymes y de 1 año para las grandes empresas), el contrato único en el Estado, el rechazo a la reforma laboral Piñera-Bachelet, entre otras. Además de instalar la necesidad de sumarse a las jornadas de paralización nacional autoconvocadas y articularse con las organizaciones sociales y populares de los territorios donde estén instaladas las empresas o lugares de trabajo.

A levantar las demandas de la clase trabajadora y el pueblo

A conformar el Polo Social Anticapitalista

Por un sindicalismo clasista y combativo

Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas AIT

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262295

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La Huelga General pone Catalunya en marcha

Por: Oscar Blanco.

El viernes 18 de octubre la Intersindical Alternativa de Catalunya y la Intersindical-CSC convocaron una huelga general de 24 horas en Catalunya. La convocatoria defendía los derechos sociales y el reparto de la riqueza -por ejemplo, denunciaba la conocida como Llei Aragonés que abre la puerta a la privatización de más servicios públicos-, pero el centro de la convocatoria era la respuesta a la represión y la defensa de los derechos civiles y políticos. Como estaba previsto, la convocatoria se desbordó en una huelga social con un amplio nivel de movilización por todo el país que daba continuidad a las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a 12 líderes sociales y políticos independentistas, 9 de ellos con penas de cárcel de entre 9 y 13 años.

Una de las incógnitas de la jornada era saber el seguimiento de la convocatoria en los centros de trabajo. La huelga del 3 de octubre tuvo un seguimiento relativamente alto, pero las convocatorias posteriores -el 8 de noviembre del 2017 o el 21 de febrero con el inicio del juicio del referéndum del 1 de octubre- habían sido testimoniales en cuanto a paro laboral, aunque en el caso del 8 de noviembre las protestas en la calle si fueron multitudinarias. Los datos oficiales apuntan a una convocatoria más parecida al 3-O. El consumo eléctrico, uno de los datos más fiables para ver la dimensión del paro, se había reducido un 10,11%. a las 10 de la mañana Este dato, que a primera vista puede parecer bajo, es similar al 3 de octubre y a las huelgas generales contra la reforma laboral del 2012. Desde Comisiones Obreras y UGT, que no han apoyado la huelga, se apuntaba a que la convocatoria no tenía capacidad de paralizar la industria, obviando que su capacidad en las últimas décadas no ha sido mucho mayor.

De momento, la mayoría de datos de seguimiento fiables son los ofrecidos por el sector público. En la educación pública, dónde la federación de la IAC USTEC es el sindicato mayoritario, el seguimiento fue del 42%. En las Universidades -con datos que agregan Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y también a Estudiantes-, el 90% de la Comunidad no acudió a los Campus. En Función Pública el seguimiento fue del 35% y en la sanidad dentro del Institut Català de Salut pararon 1 de cada 5 trabajadoras. Dentro de los transporte el mayor seguimiento se produjo en el Metro dónde pararon hasta un 36% de las y los trabajadores. En esta empresa, Solidaridad Obrera había decidido apoyar la huelga. En cambio, en Ferrocarriles de la Generalitat Catalana el seguimiento no llegó al 20%. El Teleférico de Montjuic, también propiedad de TMB, tuvo que cerrar. En el Puerto de Barcelona el seguimiento fue del 21% pero la actividad estuvo prácticamente paralizada por el paro del 100% de la estiba, ya que su sindicato -la OEPB- respaldaba la huelga.

En la industria, el comercio y los servicios, los datos de las patronales CECOT y PIMEC son poco útiles porque mezclan paros parciales (acordados con la empresa y unilaterales de la plantilla) con huelgas e incluso cierres patronales. En este terreno hay que destacar que a diferencia del 3 de octubre del 2017 la administración catalana no llamó a lo que entonces denominó paro de país. Un conato de lock-out de la Generalitat que finalmente no fue tal porque se realizó la retención salarial a los y las trabajadoras públicas.Tampoco lo hicieron el viernes las patronales CECOT y PIMEC, que en 2017 pactaron con la mayoría sindical paros parciales casi testimoniales y con un efecto desmovilizador. Sin embargo, algunas empresas sí decidieron hacer cierres patronales. Por ejemplo, Bon Preu, ESADE, Liceu, Nació Digital, Vilaweb o el Diari Ara, entre otras. SEAT decidió parar su producción por problemas logísticos -derivados de las dificultades en la movilidad – y desconvoco 5 turnos de trabajo entre el jueves y el viernes. En Mercabarna los mayoristas avanzaron las compras para evitar la huelga o las retrasaron al sábado con una caída de la ventas del 85% en el pescado y un 80% en la fruta, entre otras menos destacadas.

Más allá de los datos estrictos de seguimiento laboral también hay algunos datos útiles para hacerse una idea del quiebro de la normalidad. En Barcelona el tráfico se redujo hasta un 30% -de nuevo a niveles de las huelgas del 2012- y la movilidad en transporte público también estuvo fuertemente afectada. En Metro y Ferrocarriles de la Generalitat se redujo a la mitad el número de viajes. La caída de viajeros fue de un 40% en el TRAM y por su parte RENFE no ha ofrecido ningún dato oficial de número de pasajeros.

Gran parte de las afectaciones a la movilidad se derivan de la incorporación al repertorio de las protestas independentistas y por los derechos civiles de los cortes de carretera y de vías. La gran puesta de largo de este tipo de acciones fue el 8 de noviembre de 2017 con horas de cortes en las principales autopistas que salen de Catalunya y a la vez horas de bloqueo en el AVE de Girona y de la Estación de Sants en Barcelona. Estos cortes y bloqueos se han venido repitiendo estos dos últimos años alternándose con levantamiento de barreras en peajes pese a las decenas de denuncias y detenciones que ha efectuado la policía en relación a estas protestas. Durante toda la semana se han producido cortes que en algunos puntos (la C-17 y la C-25 en Gurb o diversos puntos de la AP-7 en la demarcación de Girona) han durado jornadas enteras.

El viernes fue la jornada con más bloqueos y a primera hora más de 100 vías estaban afectadas. En La Jonquera el corte fue de más de 30 horas y fue capaz de generar un cola de más de 100 kilómetros en territorio francés. Cuando la policía forzó a detener la interrupción los chalecos amarillos cogieron el relevo desde el otro lado. A estas afectaciones hay que añadir el efecto de tres días de marchas por la libertad organizadas por la Asamblea Nacional Catalana en que miles de personas han desfilado por carreteras de toda Catalunya impidiendo la circulación normal de vehículos y que el viernes encaraban su último tramo hacia Barcelona.

Como ya es habitual en las jornadas de huelga general, la jornada comenzaba con piquetes barriales en muchas ciudades que reforzaban la dimensión social de la huelga y que tuvieron más presencia que los piquetes sindicales, con la excepción de la marcha de más de un millar de estibadores del Puerto de Barcelona. En Sants y Gracia los piquetes acudieron a reforzar la convocatoria del Sindicat de Llogaters y la Oficina d’Habitatge de Gràcia para paralizar desahucios y consiguieron hacerlo. En Sants además bloquearon la puerta de la Fira de Barcelona dónde se celebraba el salón inmobiliario de Barcelona con la presencia de los principales especuladores. En diferentes barrios, como Nou Barris, consiguieron hacer bajar la persiana a su paso a sucursales de grandes empresas como Mercadona, Burger King, Sportium, Movistar o El Corte Inglés. Al mediodía comenzaron las grandes movilizaciones en ciudades y pueblos con hasta 60 mil personas en Girona. Otras decenas de miles estuvieron en la manifestación estudiantil de Barcelona y ya se quedaron miles de personas frente a la Comisaría de Via Laietana donde más tarde se producirían las principales imágenes de brutalidad policial.

Para describir la huelga del 3 de octubre de 2017 en una crónica en el medio Poder Popular utilice la fórmula: “el ambiente es una mezcla entre una huelga general laboral, una de las manifestaciones más masivas del 15M con su espontaneidad, pancartas hechas a mano y desborde total de las previsiones de asistencia y una diada del 11S organitzada por ANC y Omnium con su ambiente familiar e intergeneracional y su densidad de estelades por metro cuadrado.” De nuevo el 18-O fue un cuadro similar pero con componentes inéditos en el procés soberanista. Por una parte, las Marchas por la Libertad de la ANC se han producido en el tono habitual de las movilizaciones de las grandes entidades del independentismo civil pero el formato se ha destapado como un enorme acierto.

Cinco columnas arrancaron el miércoles de Vic, Berga, Tarragona, Girona y Tàrrega y avanzaron en diferentes etapas con paradas en ciudades y pueblos por el camino que fueron de nuevo una demostración del enorme músculo organizativo del independentismo. El viernes se añadió una nueva columna desde Castelldefels, en el Baix Llobregat, que reunió a miles de personas en la C-31 hasta su llegada a la capital. La llegada de las otras columnas -que confluyeron en diferentes puntos- a Barcelona colapso todas las principales entradas. Para hacerse una idea de la dimensión de la movilización nos referimos a Victòria Oliveres, periodista del Catalunya Plural, que contabilizó más de media hora de paso de manifestantes en el puente de Molins de Rei y el CDR de Nou Barris hizo lo propio con la llegada de manifestantes por la Meridiana durante cerca de una hora. Por cierto, contra tópicos, en Nou Barris se reunieron 2000 personas para recibir la llegada de la marcha.

La confluencia de la llegada de las Marchas y la huelga general, dos acciones que comenzaron convocadas en un ambiente de escepticismo y desconfianza en las propias fuerzas para responder a la sentencia, provocaron un aluvión de personas en el centro de la ciudad. Cuando la manifestación de la Intersindical CSC y la IAC se inició ya había gente al final del recorrido, colapsando todo el Passeig de Gracia y las calles cercanas. Desde horas antes se veían mareas humanas por la Diagonal, Gran Vía o el carrer Aragó. Los datos de la Guardia Urbana hablan de más de 500 mil manifestantes. No tenemos acceso hasta ahora a otros recuentos con metodologías fiables, pero parece difícil que el dato no sea más alto si tenemos en cuenta que el pasado 11 de septiembre la Guardia Urbana de Barcelona habló de 600 mil manifestantes en la diada menos numerosa hasta el momento con los datos oficiales en la mano.

Del otro componente novedoso se ha escrito mucho y se le han dedicado horas y horas de noticias y tertulias: el estallido de rabia y los enfrentamientos con la policía. Lo primero que hay que destacar es la brutalidad de la UIP y las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra (BRIMO y ARRO) pese al cierre de filas de sus principales responsables políticos: el Ministro Grande Marlaska y el Conseller Miquel Buch. También el resto del Govern y el Gobierno han hablado de uso proporcional de la fuerza y han apelado al monopolio de la violencia. Sin embargo, es obvio que desde la ocupación del Aeropuerto el pasado lunes el incumplimiento de cualquier protocolo policial ha sido sistemático. Desde cargas antireglamentarias hasta el uso constante de balas de goma prohibidas por el Parlament de Catalunya. Las imágenes de abusos que circulan son cuantitativa y cualitativamente similares al 1 de octubre. El viernes 18 en Plaza Urquinaona y Via Laietana, que fue el epicentro de la batalla campal, la Policía Nacional realizó temerarios carruseles; es decir, circular con los vehículos a alta velocidad en círculos o arriba y abajo por una calle para apartar a los manifestantes. Por suerte, estas intervenciones no acabaron en una multitud de atropellos como el producido de la misma forma en Tarragona el miércoles.

El recuento a dia de hoy, domingo, de víctimas de la represión durante la semana asciende a un total de 579 personas atendidas por los servicios sanitarios a causa de agresiones policiales. Esto no quiere decir que sean todas las personas heridas porque mucha gente no acude a ser atendida por miedo a represalias. De estas, 4 personas han perdido un ojo por el uso de pelotas de goma que en Catalunya están prohibidas y 1 persona está hospitalizada en estado muy grave y se teme por su vida. Hay 14 personas más ingresadas. Hay que destacar el trabajo ingente de las personas voluntarias autoorganizadas enSanitarios por la República que han socorrido a una gran cantidad de personas. Sesenta de las personas heridas son periodistas acreditados que trataban de cubrir las movilizaciones e informar sobre la brutalidad policial.

Los reporteros y fotoperiodistas enviados a cubrir las manifestaciones han ido reforzando a lo largo de la semana sus protecciones con cascos, gafas para protegerse de las balas de goma e incluso máscaras anti-gas. Entre los manifestantes también son cada vez más habituales las protecciones caseras de todo tipo y los remedios para el gas pimienta que se utilizaron por primera vez el viernes igual que una tanqueta de agua comprada con los Mossos en 1994 y que aún no había sido utilizada en ninguna intervención policial. Se han producido 179 detenciones en estos 6 días de movilización y 18 personas han sido enviadas a la cárcel. Alerta Solidària contabiliza 9 presas sin fianza de esta semana que junto con las personas detenidas el 23 de septiembre y las condenadas el lunes ascienden a 25 el número de presas políticas catalanas.

Las enormes movilizaciones de las marchas y la propia huelga general han quedado en segundo plano en la cobertura mediática que se ha centrado en los disturbios y el enfrentamiento de manifestantes con la policía. El foco se ha puesto en Barcelona, aunque ciudades como Tarragona, Lleida, Girona, Manresa o Sabadell han protagonizado también decenas de detenciones y enfrentamientos desde el martes. Como ya hemos mencionado las instituciones (incluido el Ayuntamiento de Barcelona), los habituales tertulianos del orden y los grandes medios de comunicación han emprendido su campaña de criminalización de los manifestantes que levantan barricadas, queman mobiliario urbano y lanzan objetos a la policía. Han hablado de grupos muy violentos y organizados y han desempolvado a los ya entrañables anarquistas italianos que ya fueron el chivo expiatorio en otras huelgas generales, las protestas por el intento del desalojo de Can Vies y, básicamente, cada vez que hay disturbios en Barcelona. Obviamente hay anarquistas y personas procedentes de otros países en las protestas, como en cualquier otro movimiento social y como vecinas de Barcelona que son. Sin embargo, no son la explicación al cambio de paradigma en las movilizaciones autodeterministas en Catalunya como lo fue el origen de la violencia en las anteriores ocasiones.

Otros sectores hablan de infiltrados policiales y es igualmente obvio que también existen. Tampoco considero que ninguna conspiración explique qué está sucediendo. Los disturbios que se vienen sucediendo cada noche desde el martes se pueden describir como un estallido de rabia juvenil. Es cierto que no están participando únicamente personas jóvenes, pero estas tienen un protagonismo innegable. La composición es multitudinaria y heterogénea y como acostumbra a suceder con las revueltas urbanas tiene mucho de espontaneísmo e imprevisibilidad. Las imágenes de abusos han sacado a la calle a muchas personas jóvenes con escasa o nula vinculación hasta el momento con el independentismo pero que si conocen de cerca las humillaciones de la policía. Estas conviven en las protestas con una generación de independentistas que se han politizado el 1 de octubre con la masacre contra quien defendía las urnas y que han visto cómo líderes sociales pacíficos eran enviados a la cárcel 9 años por tratar de enviar a la gente a casa y evitar incidentes el 20 de septiembre de 2017.

La crisis estratégica del independentismo ha provocado que su marco de civismo escrupuloso y cero enfrentamiento se haya visto desbordado. Amplias capas apoyan, compartan o no su estrategía, a quienes incendian Barcelona porque comprenden su frustración y las vías empleadas hasta ahora tienen una crisis de legitimidad. Por lo tanto, ¿quienes son para imponerle a nadie como manifestarse? piensan. El Govern es percibido más un estorbo que una ayuda para conseguir la autodeterminación y el enfado en calle es bien visible. En definitiva, esta semana hemos visto la entrada en masa a las protestas contra la sentencia de una generación en torno a los 20 años, algunas protagonistas también en las huelgas feministas o por la emergencia climática, otras sin experiencia política previa y otras hijas de 7 años de Procés. Joaquim Martinez sintetiza ese espíritu generacional en El Salto del siguiente modo: “si el 15M fue la revuelta de quienes veían sus expectativas amenazadas, esta lo es de quienes han crecido sin más expectativa que la precariedad, el hastío y la represión”.

Es curioso ver como las protestas en Catalunya se nutren de referencias internacionales para renovarse. Hace unos meses fueron los Chalecos Amarillos franceses y ahora los punteros lasers u otras prácticas de Hong Kong. También circulan consejos para protegerse de la policía elaborados por los movimientos chilenos. Hacer cualquier clase de previsión de cómo pueden seguir las protestas y el clima en la calle parece temerario. De momento ha habido convocatorias también durante el sábado y el domingo en muchos lugares. Lo que sí parece claro es que la vía única de la represión no va a detener el descontento y que la interrupción de la normalidad no va a durar para siempre porque después de cada estallido social siempre llega un apagón.

Fuente de articulo: https://www.vientosur.info/spip.php?article15221

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