STERM denuncia graves dificultades en la gestión de las listas extraordinarias de personal interino

Por: Tercera Información

STERM critica la falta de previsión, planificación y mala gestión de Educación en las listas extraordinarias de personal interino.

Desde finales de septiembre se han publicado las listas provisionales de varias especialidades convocadas el pasado mes de junio: Matemáticas, Tecnología, Francés, Dibujo, Música y Educación Física. A pesar de no ser listas definitivas se ha permitido a las personas admitidas provisionalmente participar en los actos de adjudicación para ocupar las vacantes generadas durante este inicio de curso. Es solo ahora, a finales de noviembre y tras más de 5 meses desde su convocatoria, cuando, supuestamente, está prevista la publicación de las listas definitivas.

Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, denuncian los errores cometidos por la administración, dejando excluidas o mal ponderadas a personas que se han visto perjudicadas sin poder obtener un puesto de trabajo a pesar de haber presentado toda la documentación necesaria en tiempo y forma y sin que el procedimiento adoptado por la Consejería diese garantías para constituir las listas definitivas en un plazo razonable de tiempo. De nuevo nos encontramos con la incompetencia de la Consejería, que para poder paliar su falta de previsión ha tomado una solución que está generando una nueva problemática. No solo nos encontramos con docentes que no están pudiendo ejercer su trabajo, sino que muchos de ellos han perdido la oportunidad de ocupar plazas a las que ya no podrán optar y que podrían presentar mejores condiciones que las que se les ofrecerán en un futuro, si la Consejería soluciona el error que ha cometido.

Además, el sindicato señala que las personas aceptadas provisionalmente pueden ocupar plazas en los actos de adjudicación ordinarios pero no se les permite participar en los actos de integrantes de listas de otra especialidad porque no se les considera todavía integrantes de las listas. José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical: “¿Son o no son personal integrante de las listas de interinidad de la Consejería?¿o lo son solo para lo que le interesa a la administración? Muchas de estas personas llevan más de un mes en este limbo administrativo, no permitiéndoles tampoco acceder a la mejora del puesto de trabajo aunque muchas de ellas querían solicitarlo y puede que no les surja esta oportunidad con posterioridad”.

Desde STERM Intersindical denuncian que una vez más la Administración trata a su personal interino con dejadez e indiferencia y lamentan que no sea la primera vez que deja ver que para ella el profesorado interino es tan solo un número. Desde el sindicato insisten en la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Personal Interino para evitar que este tipo de situaciones se repita y encontrar soluciones a la actual problemática de cobertura de plazas en distintas especialidades de Secundaria y FP.

Secretariado de STERM Intersindical

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/23/11/2020/sterm-denuncia-graves-dificultades-en-la-gestion-de-las-listas-extraordinarias/

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Y cuando desperté, Nuño y la CNSPD todavía estaban ahí…

Por:  Abelardo Carro Nava

Y es que tal parece que, aquel mal sueño, producto de la mal llamada reforma educativa del 2013 que vivió el magisterio mexicano con Aurelio Nuño y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSDPD), no ha terminado. Esto, porque como bien sabemos, en días pasados la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), dio a conocer los resultados del proceso de selección de admisión para el ciclo escolar 2020-2021; sin embargo, a través de las redes sociales, en estos días, hemos sido testigos de la serie de “anomalías” que presentó la “evaluación” de los aspirantes a ocupar una plaza docente. Una valoración que, bien a bien, no acaba de entenderse porque, irrisoriamente, aunque la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) estipula, en su artículo 39º numeral V, los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta como parte de ese proceso de admisión consistentes en: a) un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando su contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos; b) la formación docente pedagógica; c) la acreditación de estudios mínimos de licenciatura; d) el promedio general de carrera; e) los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial; f) los programas de movilidad académica; g) dominio de la lengua distinta a la propia, o; h) la experiencia docente (DOF, 2019); la verdad de las cosas, es que se desconocen los “criterios” que tomaron los “evaluadores” para valorar, entre otras cuestiones, los documentos que fueron entregados a las instancias correspondientes.

¿Por qué egresados de una misma escuela normal tuvieron puntajes diferentes entre sí si, en los hechos, la constancia que les acredita el rubro de experiencia docente tendría que haber obtenido el mismo puntaje puesto que, como tal, fue emitida siguiendo un mismo criterio?, ¿cuál fue el criterio con el que se determinó que, a esos egresados, de esas normales, tuvieran variaciones significativas?, ¿por qué la disparidad en esos puntajes? Preguntas que, desde luego, generaron un “torrencial” de inquietudes que, hasta el momento en que cierro estas líneas, la USICAMM no ha clarificado mediante un comunicado oficial o, al menos, a través de su community manager que, debo decirlo, responde los comentarios que se le vienen en gana en esas redes sociales, como la de twitter, por ejemplo. ¿No es clara la afectación que este proceso generó en los aspirantes a una plaza docente al valorar inadecuadamente el rubro que refiero? Esto es así porque, si bien es cierto que hace unos meses se lanzó una convocatoria nacional base para el proceso de selección en comento, misma que se replicó en cada una de las entidades de nuestro país y, mediante las cuales, se estipularon los “requisitos” que los aspirantes tendrían que cumplir para ingresar al Sistema Educativo Mexicano (SEM), ¿por qué esa “evaluación” tuvo resultados diversos y poco objetivos o faltos de transparencia?, ¿dónde queda, precisamente, esa transparencia a la que alude el artículo 39 de la LGSCMM?, ¿los fallos u omisiones en tal proceso son responsabilidad directa de los aspirantes cuando éstos entregaron sus documentos y fueron recibidos por las instancias correspondientes?

Ahora bien, tengo claro que, a partir de la contingencia sanitaria declarada en marzo de este año, una de las etapas “importantes” en este proceso de selección se vio modificada, me refiero a la de la aplicación de instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes; y que, con ello, solamente se tomó en cuenta para la emisión de resultados: el promedio general de carrera de cada uno de los aspirantes, los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, los programas de movilidad académica, la experiencia docente, el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y, en su caso, el nivel de CENNI, para los aspirantes a impartir la materia de inglés; sin embargo, y aunque sabemos de la existencia de una fórmula para que, en caso de existir alguna duda por parte de los interesados, mediante su aplicación, ésta pueda disiparse; en los hechos, la incertidumbre reina por completo el escenario puesto que, como lo he dicho, no son claros los “criterios” que emplearon los evaluadores para valorar, por ejemplo, una constancia emitida por una escuela normal en los mismo términos.

Ahora bien, ya que hablamos de las escuelas normales, resulta inconcebible que, los responsables de este proceso de “valoración”, no hayan tenido el menor cuidado (ya no digamos el conocimiento) para verificar si una normal era pública o particular; esto, porque como también fuimos testigos, en el Estado de Puebla, la Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet (por ejemplo), fue “confundida” con una particular cuando en realidad es pública. Obviamente, este pequeño error, se detectó una vez que los resultados se dieron a conocer pero, desde mi punto de vista, lo que verdaderamente fue lamentable es que se hayan “bajado” los resultados de la página que los diera a conocer para, horas más tarde, se volvieran a “subir” sin que, repito, se haya ofrecido una disculpa pública a los interesados. ¿Se imagina usted lo que pasó por la cabeza de un aspirante que, en la lista inicial, apareció en el lugar 10 y, después de que volvieran a “subir” los resultados, éste observó que el suyo se había modificado para encontrase en el lugar 20?, ¿dónde quedó la seriedad en los procesos?

Y es que precisamente este proceso, desde la aprobación y aplicación de la mal llamada reforma educativa en 2013, ha sido ampliamente cuestionado. Para quienes tenemos un poquito de mayor tiempo en el magisterio, seguramente recodaremos la serie de inquietudes que se le plantearon al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a la CNSPD; esto, porque como bien se sabe, mientras uno se encargaba de diseñar los instrumentos de valoración, el otro, los aplicaba; hecho que generó toda una serie de reacciones que, en su mayoría, se tradujeron en un sentido rechazo porque tal evaluación no aseguraba, así como lo planteaba Aurelio Nuño, “el ingreso de los mejores maestros” porque, como también sabemos, un examen no valora otras cualidades que los docentes ponen, o pondrían en juego, al momento de estar frente a un grupo de alumnos.

Sí, tengo claro la serie de corruptelas existentes para ingresar al magisterio antes de la entrada en vigor de la mal llamada reforma educativa, sin embargo, éstas no se acabaron durante el sexenio pañanietista, aún y cuando se dijo que se pondría fin a tales cuestiones. Sí, tengo claro que, durante ese periodo, la meritocracia fue el estandarte que llevo al ex Secretario de Educación a asegurar que cualquiera podía ser maestro, sin embargo, como bien sabemos, esto no sucede así porque, por donde se vea, las instituciones formadoras de docentes, por excelencia, tienen asignada esta función y, por ende, capitalizan sus esfuerzos y capacidades para formar a los futuros maestros y maestras de México. Sí, tengo claro que, después de la aprobación de la LGSCMM, quedó establecida la preferencia que tienen estas instituciones para que sus egresados ingresen al magisterio, sin embargo, desde mi perspectiva, no tendría por qué habérsele asignado dicha preferencia porque, como he dicho, su naturaleza las lleva a formar docentes con los conocimientos necesarios para ejercer su función dadas las exigencias locales, nacionales y globales. Sí, tengo claro que las instituciones formadoras de docentes adolecen de múltiples cuestiones, pero éstas, no son directamente atribuidas a ellas puesto que, al depender del estado, su ejercicio tiene como base lo que el mismo estado el brinda.

Finalmente, quisiera comentar sobre un asunto que, desde hace ya un buen tiempo he venido señalando en diversos espacios: la transparencia en las vacantes, y las vacantes que se estipulan en las convocatorias que se emiten para concursar por un lugar en el magisterio. Un tema del que poco se habla y, si se habla, recientemente, se alude al Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATAP) pero, desafortunadamente, este sistema ni es del todo transparente ni es del todo abierto; esto es así, porque las plazas siguen siendo un extraordinario botín político en los estados.

¿Qué podemos esperar sobre los concursos de promoción para los docentes en servicio? Esos… esos concursos son otra historia, pero cuya trama pareciera que será idéntica, ¿y el SNTE?

Referencias:

DOF (30/09/2020). Ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSCMM_300919.pdf

Fuente: https://profelandia.com/y-cuando-desperte-nuno-y-la-cnspd-todavia-estaban-ahi/

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Estudiantes del doble itinerario en Ambientales e Ingeniería Forestal denuncian desinformación e irregularidades por parte de la Universidad de León

Por: Tercera Información

Denuncian desinformación e irregularidades por parte de la ULe, lo que ha tenido como consecuencia que estén cursando asignaturas que no les servirán para su titulación, según informan desde el sindicato Estudiantes en Movimiento.

Desde hace varios años, se oferta en la ULe la opción de cursar este doble itinerario en los dos campus (Ponferrada y León, tres años en uno y dos en otro), opción que se basa en la desinformación y el intento obstinado de ocultar irregularidades al estudiantado.

“Llevamos pidiendo una solución al problema desde diciembre de 2018, cuando en el campus de Vegazana nos dimos cuenta de que a los alumnos que comienzan en ambientales les faltan seis créditos”, denuncia una estudiante. La explicación que reciben los alumnos a esta supuesta falta de créditos es que las convalidaciones del doble itinerario se hacen por competencias y no por el número de créditos.

“En enero de 2019 recibimos una charla informativa en la que nos enteramos de que teníamos que matricularnos en dos optativas más para recibir el título, y algunos ya llevábamos cursados tres años de Ambientales, y ya nos encontrábamos en Ponferrada realizando la parte de Forestal”, continúa explicando. Para el alumnado desplazado a nivel nacional o internacional, la Universidad no proporcionó ni información alguna ni facilidades para solucionar el problema a distancia.

La situación es aún más sangrante tras la matrícula de algunos alumnos afectados este año (en el que ya los responsables están más que al tanto de los problemas), que se matricularon en optativas que, a posteriori, han sido tachadas por los responsables como inválidas para el itinerario, haciendo perder a los afectados este año de estudios y el dinero correspondiente. Otro caso que se han encontrado alumnas que empezaron en Ponferrada y llegaron aquí es la necesidad de cursar adicionalmente una asignatura inexistente en Ponferrada como requisito para cursar una obligatoria al llegar a León.

En un inicio el problema solo se atisbaba en una pésima organización de horarios y una falta de comunicación entre León y Ponferrada, siendo mucho más grave el caso de Vegazana, donde el alumnado ha tenido que enfrentarse a clases, prácticas obligatorias y exámenes simultáneos. El número de estudiantes sobrepasa el aforo de los laboratorios y, en ocasiones, llegan a tener jornadas de ocho horas seguidas de clase sin pausa siquiera para comer. Asimismo, los créditos cuatrimestrales están mal repartidos, oscilando entre los 28,5 y 40,5 créditos por cuatrimestre.

Los matriculados tampoco son informados de algunos temas coyunturales de este doble itinerario como son el acceso a becas, solamente disponibles durante el primero de los dos grados (dejando, como mínimo, dos años que seguramente se cursen en una ciudad distinta a la del alumno, sin beca) y matrículas de honor, inservibles con el traslado de expediente. Desde la ULe se están ocultando estas cuestiones importantes para la economía de los estudiantes, cuyo pago de matrícula, por ser dos grados, es mucho mayor.

El estudiantado del grado denuncia también que no fue avisado de estas problemáticas a la hora de hacer la matrícula de sus asignaturas a pesar de que esto ocurrió forzosamente en modalidad presencial teniendo conocimiento de los problemas únicamente por compañeros de cursos superiores o por la propia experiencia después de sufrirlos.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/03/10/estudiantes-del-doble-itinerario-en-ambientales-e-ingenieria-forestal-denuncian-desinformacion-e-irregularidades-por-parte-de-la-universidad-de-leon

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Mapa escolar de Valencia, segregación y caza de brujas

Europa/España/04-10-2019/Autor: Jaume Martínez Bonafé/Fuente: eldiariodelaeducacion.com

Por: Jaume Martínez Bonafé

El año 2017, la Universidad de Valencia y la concejalía de Educación del Consistorio valenciano firmaron un convenio con el fin de realizar un estudio para analizar el sistema educativo en la ciudad, en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Y la Universidad creó un grupo interdisciplinar que estuvo trabajando durante dos años en lo que finalmente se ha conocido como el ‘Mapa escolar de Valencia’. Los resultados se hicieron públicos en mayo, y no podían ser más reveladores: los datos indican la escasa oferta educativa de carácter público, la desigualdad de oportunidades educativas en los diferentes distritos de la ciudad, la falta de transparencia en los criterios sobre los que se justifica la zonificación escolar y cómo se llegan a incrementar estas desigualdades en algún caso. Se ha hecho una labor de análisis ingente y se han puesto los datos a disposición de la ciudadanía. Unos datos que, en síntesis, dejan unos indicios claros de que las desigualdades educativas se están financiando con dinero público.

Los resultados de la investigación denuncian también algunas posibles irregularidades detectadas en los procesos de admisión a los centros escolares en los últimos diez años, así como ineficiencias de la normativa vigente. Los informes presentados ponen el dedo en la llaga del desigual trato que los sucesivos gobiernos valencianos han dado en las redes de colegios públicos y concertados de la capital valenciana. En los mismos informes también se realizan propuestas que, según el criterio del grupo investigador, permitirían mejorar algunas de las desigualdades e irregularidades detectadas.

Desequilibrio en la distribución del alumnado

Para explicarlo rápidamente, el estudio (aún no finalizado) deja claro que, en la ciudad de Valencia, el 56,33% del alumnado de infantil y primaria se escolariza en las escuelas concertadas, si bien a ellas acude únicamente el 28,46% del alumnado extranjero. La escuela pública escolariza al 71,54% del alumnado extranjero, aunque en sus aulas asiste el 43,67% de la población escolar.

Por distritos, los que muestran una mayor desigualdad son Poblados Marítimos (en la concertada del alumnado extranjero es el 4,63% frente al 20,86% de la pública); Benicalap (8,49% concertada; 26,55% pública); el Eixample (1,80% concertada; 20,17% pública); y, muy especialmente, el distrito de Rascanya, donde el alumnado extranjero supone el 0,17% en la escuela concertada, frente al 26,06% de la escuela pública.

Pero la desigualdad no se produce únicamente entre las dos titularidades. La diferencia entre la concentración de alumnado extranjero entre centros de titularidad pública supera los 56 puntos porcentuales. Hay 17 centros públicos que cuentan con una concentración de alumnado extranjero superior al 30% (cuatro de ellos incluso superan el 50%), mientras que hay 9 centros públicos en los que la concentración de este alumnado se sitúa por debajo del 5%.

Mapa de la proporción de centros públicos en cada distrito de la ciudad de Valencia; uno de los muchos de los que está hecho el ‘Mapa escolar’

Opacidad con los datos y persecución mediática

Según relata el equipo investigador, y según se pudo constatar en los seminarios convocados para compartir datos y reflexiones -en los que tuve ocasión de participar-, no siempre ha sido fácil conseguir los datos e informaciones necesarias. Parece que no todas las instituciones, empezando por la propia Conselleria d’Educación, tienen claro que la información debe ser pública y publicada, y que una de las funciones sociales de la universidad es ayudar con su investigación en la comprensión de la realidad y el estudio de estrategias de transformación. Los informes con los datos y el análisis de esta investigación se han ofrecido al Consejo Escolar Municipal, y se han hecho públicos a través de diferentes medios y redes sociales.

Sin embargo, el problema principal con el que se han tenido que enfrentar los 14 miembros del equipo de investigación no es este. El gran problema que vienen sufriendo desde hace ya más de dos años es la insufrible campaña mediática que el periódico conservador Las Provincias viene ejerciendo a partir de una denuncia interpuesta por el señor Luis Salom, asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento. Esta denuncia se basaba, principalmente, en el hecho de que la concejala de Educación, María Oliver, y el investigador principal del proyecto, José Manuel Rodríguez (¡profesor de Sociología y Antropología de la UV desde 1986!) pertenecían al mismo partido político, que era (¡ostras!) Podemos.

A partir de aquí, la cuestión era poner en duda cualquier gasto asociado a esta investigación: con el dinero del convenio se compraron un par de iPads, un par de cámaras de vídeo, un portátil, una mesa y quizás algo más, que las informaciones de este diario intentan hacer creer que han ido a parar a manos privadas, cuando están perfectamente localizables y se han utilizado para la grabación de grupos de discusión y el procesamiento de datos, como explicaba hace unos días uno de los investigadores, Borja de Madaira, en un artículo publicado en la edición valenciana de eldiario.es, y que contaba con el apoyo de medio centenar de profesores de varias universidades, entre los que se encuentra un servidor. Vale la pena recuperar los últimos dos párrafos de este artículo:

«En definitiva, hemos detectado graves indicios de segregación escolar en el sistema educativo de la ciudad de Valencia que nos obligan a cuestionar y denunciar el desigual trato que los sucesivos gobiernos valencianos han dado en las redes de colegios públicos y concertados en nuestro territorio. En los dos informes presentados también se realizan propuestas que, a nuestro juicio, pueden permitir mejorar algunas de las desigualdades e irregularidades detectadas «.

«Para todo ello hemos utilizado el dinero del convenio y las herramientas que se han comprado a su cargo. Estos recursos sirven para que la Universidad de Valencia cree conocimiento y lo transfiera de nuevo a la sociedad. La denuncia del diario Las Provincias menciona la compra del material, pero parece que lo que verdaderamente le preocupa es el uso que hacemos para denunciar las desigualdades educativas. Y, claro, trata de impedirlo»

Malversación imaginaria

La denuncia de Luis Salom fue bien recibida por la fiscal, que calificó los hechos como prevaricación y malversación de caudales públicos, como pedía el denunciante. Con todo, según explica Madaira en su artículo, ahora ya no se habla tanto de prevaricación, ya que ni María Oliver ni José Manuel Rodríguez tenían capacidad de decisión en la formalización del convenio (que era un acuerdo entre la alcaldía y la universidad) y, por tanto, la acusación se focaliza en la supuesta malversación de caudales públicos.

Es evidente que las universidades, y sus investigadores, gastan dinero público -cada vez más escaso- para desarrollar sus proyectos de investigación. Eso sí, estos proyectos -al contrario de la investigación sobre el mapa escolar de Valencia-, no siempre se corresponden con un sentido socialmente comprometido y con voluntad de colaborar en políticas de transformación. El tsunami neoliberal también pasó por la universidad y, en ocasiones, la individualización, el interés personal o el aumento de la norma burocratizante prevalecen sobre el compromiso científico y político y sobre una política universitaria comprometida con las problemáticas de la ciudadanía.
Algunas de las noticias publicadas por Las Provincias.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando un grupo de investigadores, preocupados por la ausencia de datos sobre la situación en que la derecha dejó la educación en la ciudad de Valencia, decide convertir esto en un proyecto de investigación? Su enorme y comprometido esfuerzo para cruzar datos y meter las narices en las escuelas -llamémosle etnografías-, pensar sobre lo que encuentran y darlo a conocer a los diferentes sectores de la comunidad educativa se convierte en un objetivo que abatir para la caverna mediática y los sectores conservadores de la ciudad. El periódico, líder de la escuela concertada, ha dedicado más de 25 noticias y artículos al respecto. Otra cosa, como diría Wyoming, ha sido su preocupación por contar la verdad.

El conflicto continúa vigente y las expectativas futuras son inciertas, tanto para la continuidad del proyecto como por el resultado de la denuncia presentada, aunque no archivada quizá, ya que da juego para que los intereses de las escuelas concertadas puedan seguir alimentando su discurso. El caso es que en estos momentos tienen entretenido en este grupo de investigadores recogiendo firmas para denunciar la persecución política y mediática que están sufriendo. Como si no tuvieran otra cosa que hacer; de investigadores se convierten en investigados.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/10/03/mapa-escolar-de-valencia-segregacion-y-caza-de-brujas/

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México: El «caso Ayotzinapa» naufraga en los tribunales

América del Norte/México/Javier Lafuente y Elías Camhaji/El País

La Fiscalía promete una investigación prácticamente nueva después de que el alud de irregularidades provoque la liberación de 77 de los 142 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.

La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación «desde cero» y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.

El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. «El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia», acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: «Las sentencias representan una infamia».

Ayotzinapa 43
Violaciones de derechos humanos, según el Centro Prodh. ALFREDO GARCÍA EL PAÍS

Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. «Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado», explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 «un diagnóstico demoledor» sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada «verdad histórica»: la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.

Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.

Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la «verdad histórica» se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.

El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.

«Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara», aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en abrir otras líneas de investigación que no sean la «verdad histórica».

Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568850877_534314.html

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España: Oltra desvela en Cortes denuncias por presunto abuso en centros de menores

Europa/España/28 Mayo 2017/Fuente:ccaa.elpais. /Autor: Cristina Vazquez

La consejera explica las irregularidades detectadas por la inspección en los centros de acogida de la Generalitat, de las que responsabiliza a la falta de control por parte del PP

La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha denunciado este miércoles en las Cortes Valencianas la existencia de presuntos casos de abuso sexual a menores en centros de acogida tutelados por la Generalitat. En concreto, Oltra se ha referido al centro de acogida de menores de Monteolivete (Valencia), de titularidad pública, y al centro concertado La Resurrección de Segorbe (Castellón), gestionado por religiosas.

La consejera de Políticas Inclusivas ha comparecido en el Parlamento valenciano para informar de las irregularidades detectadas en la inspección de estos centros de acogida que, a juicio de Oltra, el Gobierno del PP descuidó y no vigiló como exigía la ley.  «Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2015 nos encontramos un caos organizativo en el sistema de protección a los menores. Un sistema privatizado, desmantelado, sin coordinacion, que no ha protegido adecuadamente a los menores», ha dicho la vicepresidenta desde la tribuna.

Oltra ha justificado su decisión de trasladar a principios de mayo a 18 menores tutelados del centro La Resurrección de Segorbe, entre otras causas, por la existencia de una denuncia de presunto abuso sexual a una menor por parte de un educador, que fue despedido por el centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Pero también por ls duchas frías infligidas -según los informes de inspección- a algún menor acogido o el suministro de alimentos caducados.

La consejera ha presentado una cronología de los hechos que le llevaron a trasladar a los menores del centro de Segorbe y a cerrar dos residencias de titularidad pública por sus instalaciones inadecuadas, ambos en Valencia (El Carmen y Monteolivete -se cerrará el próximo junio).

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha arremetido contra la dirección del centro de menores de Segorbe por no haber denunciado el supuesto caso de abusos, investigado por un juzgado desde septiembre de 2016 en Castellón. Según Oltra, el centro despidió al trabajador pero no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes.

Oltra ha explicado que fue una profesora de la Escuela de Personas Adultas (EPA) la que el 25 de febrero de 2016 comunicó a la Dirección Territorial el posible caso de abusos, por lo que se abrió un expediente informativo para investigar los hechos denunciados y se puso en conocimiento de la Fiscalía, que remitió la denuncia al juzgado el 14 de septiembre de ese mismo año.

Según la consejera, la dirección del centro de Segorbe era conocedora de estos hechos y, en lugar de denunciarlo directamente a la Consejería o a la Fiscalía, dio a escoger al presunto abusador «entre despido o denuncia», y lo despidieron el 28 de enero de 2016, ya que, según la directora del centro, «al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un hecho resuelto».

Así, el centro despidió al educador y no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes, por lo que fue una profesora de la EPA la que, tras una conversación en clase con la menor, puso los hechos en conocimiento de la dirección territorial.

La número dos del Gobierno valenciano ha denunciado además que la persona encargada por la Generalitat de inspeccionar La Resurrección de Segorge estaba vinculada a la orden religiosa que gestiona el centro y ha asegurado que el monitor denunciado por posible abuso sexual había compartido grupo municipal en Segorbe con el dirigente del PP Miguel Barrachina.

En la comparecencia, la consejera ha reconocido también un incidente en el centro de recepción de menores en Monteolivete, de titularidad pública, donde en septiembre de 2016 se denunció un presunto caso de abuso sexual de varios menores a chicas compañeras suyas de residencia. El caso fue denunciado a la policía y se trasladó a la fiscalía.

El relato de la consejera responsable de los centros de acogida a menores ha indignado a la bancada popular. «He sido consejera (…) pero nunca se me hubiera ocurrido venir aquí relatando unos hechos tan graves y que afectan a menores para justificar su gestión», le ha echado en cara a Oltra la diputada del PP María José Catalá.

Cuando ha acabado el debate de este punto, la portavoz de los populares Isabel Bonig se ha dirigido al escaño del presidente Ximo Puig -que se ha incorporado a la sesión ya comenzada- para mostrarle su enfado por el desarrollo de la sesión y las duras acusaciones de Oltra.

El Centro de Menores de Segorbe (Castellón), gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, no descarta iniciar acciones judiciales contra la Oltra por sus manifestaciones en las Cortes, según Europa Press. Según la dirección del centro, un trabajador fue despedido por un comportamiento «inadecuado», según las reglas del centro, aunque han declinado especificar más detalles. La mayoría de las manifestaciones de la vicepresidenta, dicen los responsables del centro, «no son ciertas».

Nuevo modelo de gestión

Antes de relatar estos casos, Oltra ha enumerado los cambios introducidos por su consejería en el modelo de gestión del acogimiento de menores en la Comunidad Valenciana y ha anunciado que todos los centros de menores de titularidad pública valencianos deberán tener también una dirección pública antes de 2020. «Se acabó la privatización del sistema», ha declarado.

Actualmente hay 80 centros de menores en el territorio valenciano, de los cuales 14 son mixtos y 55 privados, por lo que éstos deberán pasar a tener una dirección pública antes del año 2020, ya que a juicio de la consejera es una «barbaridad» que el sistema de protección de menores no sea «íntegramente» público.

«Un sistema privado no supedita los derechos de los niños a cualquier interés legítimo» de una empresa privada, ha manifestado Oltra, quien ha defendido que los derechos de los menores deben estar por encima de los de la entidad que gestione el centro en el que estos se encuentren.

Fuente de la noticia: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/24/valencia/1495619308_026958.html

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Colombia: Continúan las irregularidades en los contratos de alimentación escolar

Colombia / 23 de diciembre de 2016 / Fuente: http://www.eltiempo.com/

Contraloría detectó que en 24 regiones se perdieron este año 62.488 millones de pesos.

Embargando los sueldos de los funcionarios responsables de firmar contratos irregulares con consorcios que vienen incumpliendo, año tras año, en la alimentación de los niños de escasos recursos, la Contraloría General inició una nueva estrategia para evitar que se sigan perdiendo dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

A pesar de que las irregularidades en ese programa –manejado por el Ministerio de Educación y los entes territoriales– se identificaron desde hace más de año y medio, ni el Gobierno ni las autoridades locales han evitado la fuga de esos recursos claves para la alimentación de los menores.

Las auditorías de la Contraloría Delegada para el Sector Social detectaron que este año de ese programa se perdieron 62.488 millones de pesos en 24 departamentos del país.

Esas pérdidas equivalen al 10 por ciento de lo que el Ministerio de Educación invirtió este año en la alimentación escolar, cuyo presupuesto fue de 630.747 millones de pesos.

Solo en La Guajira, región en el que en el 2016 han muerto más de 65 niños por desnutrición, se perdieron en el segundo semestre 16.792 millones de pesos que debían destinarse para el desayuno y el almuerzo de los niños en las escuelas.

La Contraloría asegura que en los últimos meses, más que el incumplimiento en la entrega de los alimentos que se venía presentando a comienzos de este año, la fórmula con la que ahora particulares se están quedando con recursos del PAE es a través de sobrecostos. “Ante los escándalos del PAE, los mismos niños y los maestros han sido veedores para que se les den las raciones que fueron contratadas y de buena calidad. Pero ahora las pérdidas se dan porque se firman contratos por los que se paga más de lo que realmente cuesta la comida que reciben los niños, lo que es difícil de percibir para los usuarios”, dicen fuentes de la Contraloría.

Además, pese a los cuestionamientos, los operarios que manejan el PAE en el país siguen siendo pocos. Así, “existe un entramado de contratación alrededor de la ejecución de los recursos del PAE”, dice la investigación.

En La Guajira y en Cesar, por ejemplo, dos operadores concentran los contratos del PAE. En esta región, en donde se perdieron este año 23.500 millones de la alimentación de los niños, Ivis del Carmen Rosado Rolbes y María Angélica Araújo Noguera siguen quedándose con todos los negocios. En los últimos años han ganado contratos por más de 136.000 millones de pesos.

Y en Arauca desde el 2012 la alimentación escolar ha estado en manos de un solo contratista que se queda con este negocio a través de la selección abreviada. En ese departamento se presenta siempre como único proponente la empresa Ferry Services Ltda. En los últimos cinco años esa firma se ha ganado contratos que suman 48.631 millones de pesos.

Ferry Services también tiene contratos en Casanare a nombre de la empresa, o como integrante de una Unión Temporal.

Fuente noticia: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/irregularidades-en-contratos-de-alimentacion-escolar-en-colombia/16778106

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