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04 de Febrero 2018/Fuente: eltelegrafo/Autor:Redacción Sociedad –

El Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve la elaboración de un protocolo para la prevención, detección, acompañamiento y el registro de agresiones a grupos vulnerables.

¿Cómo funcionará el acuerdo para reducir los abusos contra los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad?

Trabajamos en la socialización del acuerdo 006 con todos los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y cooperantes (fundaciones) para que conozcan en qué consiste. Este proceso terminará el 19 de febrero. El equipo técnico trabaja en un protocolo para la aplicación del acuerdo que permitirá el registro de casos y será implementado en las 240 unidades de desarrollo infantil del distrito centro-sur. No obstante, el MIES ya cuenta con protocolos generales y rutas de atención para detectar situaciones de violencia y abusos a niños.

¿En qué consiste este nuevo protocolo?

Ya hay parámetros de acción los cuales consisten en prevención, detección, acompañamiento, seguimiento y el sistema de registro de casos.

¿Cómo será su aplicación?

Para la prevención diseñaremos manuales y metodologías de educación popular (acción, reflexión) para las escuelas de familia en las unidades de atención: Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). Haremos un proceso de formación en cada una de ellas. Son 22.000 padres de familia los que van a participar en las primeras jornadas de reflexión. A ellos se les explicará qué es y las formas de violencia, cuál es la más común y cómo deben abordarse. Asimismo, definiremos criterios claros para que los funcionarios hagan la detección.

Ellos obtendrán una formación adecuada y sabrán cuáles son las alertas tempranas. Los módulos de prevención de violencia ayudarán a identificar las características que presentan quienes han sufrido violencia (niños o adolescentes cambian su conducta, no hacen caso a las educadoras, no quieren comer, lloran mucho, no han comido desde el día anterior o presentan golpes y marcas en el cuerpo, sangre en su ropa interior). Tenemos un listado de características creado por un equipo técnico.

¿En qué consistirá la derivación y el sistema de registro?

La primera es la actuación coordinada del MIES con las demás entidades (Ministerio de Salud Pública, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Fiscalía, unidades judiciales, Defensoría del Pueblo y Juntas cantonales de protección de derechos). Por ejemplo, la funcionaria que encuentre a un niño con las características de haber sido víctima de violencia deberá aplicar la derivación.

Si hay violencia flagrante deberá llamar al 911 y si ha sido víctima de ataque físico, psicológico y sexual deberá acudir al Ministerio de Salud para que se obtenga la información y se dé atención. El sistema de registro de casos se activará una vez que se levante la alerta. El funcionario tiene 24 horas para levantar la información y que esto pase a la Subsecretaría que tendrá un registro único de las coordinaciones zonales. Esto permitirá tener información nacional.

¿Qué implicará el cumplimiento de este acuerdo?

Nuestros cooperantes firmarán un convenio que los obliga a respetar y cumplir lo que determine el acuerdo 006. El convenio prohíbe a los cooperantes contratar personal que esté procesado por un delito contra los niños por temas de violencia sexual y física para lo que deberán presentar certificado de nunca haber incurrido en estos casos. Además de tener un perfil psicológico adecuado para trabajar con nuestros niños. Asimismo, las educadoras están obligadas a intervenir en casos de violencia.

¿Quiere decir que esto no se realizaba?

Antes eso no pasaba. En la comunidad donde ellas trabajan hay altos niveles de violencia. Además tienen que estar preparadas para detectarla con este protocolo y hacer la derivación.

¿La implementación del botón de pánico en los hogares se contempla en el acuerdo?

El MIES y el Ministerio de Justicia instalarán este dispositivo en las casas donde una persona haya sido víctima de violencia física y sexual después de la denuncia para que la Policía actúe contra la persona que incurra en el maltrato. (I)

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