Page 1 of 19
1 2 3 19

De cuentas individuales a décimo transitorio: espejos por oro

Por: Abelardo Carro Nava

 

«Justicia social sería, precisamente, darles a todos los Trabajadores al Servicio del Estado una jubilación digna, eliminando la cuantía por UMA, seguido del esquema de cuentas individuales y, ponderar los salarios mínimos como base de medida.»

En días pasados, por algunos medios de comunicación se dio a conocer, que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en su 14ª Reunión Ordinaria efectuada el 16 de noviembre del año en curso, había aprobado un dictamen relativo a la jubilación de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho dictamen, reformaría los artículos 4º y 7º transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo de 2007.

Un tema que, a decir de las Diputadas y Diputados que fueron participes en este proyecto, podría ser catalogado como un acto de justicia social para quienes desean jubilarse y que no lo han hecho por su tasa de remplazo, el cual no supera el 30 por ciento de lo que actualmente perciben de salario (Cámara de Diputados, 2022); sin embargo, visto desde esta perspectiva, habría que preguntarse si en realidad puede ser definido de esta manera, es decir, como un acto de justicia social cuando, en realidad, los Trabajadores al Servicio del Estado han sido menospreciados por distintos gobiernos y legisladores, incluyendo el actual y actuales, porque esta iniciativa no va al fondo de lo aprobado y publicado en 2007 y 2016, relativo a la jubilación bajo el esquema de cuentas individuales, pero también, a la desindexación del salario mínimo y la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se emplea como índice de referencia, medida o base económica en pesos, que determina la cuantía de pago de obligaciones, créditos, multas, impuestos y deducciones personales, entre las que se encuentran las jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismos que incluyen los del sector educativo. Me explico.

En febrero de 2021, varios periódicos digitales publicaron un artículo que escribí y titulé: El SNTE y las pensiones para jubilados y activos: el atraco, que de nueva cuenta comparto dado el tema que estoy abordando en estos momentos (ver referencias).

En tal escrito señalé que, en 2007, se gestó uno de los golpes más sentidos que ha sufrido el magisterio mexicano cuando, el ex presidente Felipe Calderón, atendiendo las políticas sobre la seguridad social, que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo mandataban en esos tiempos, logró imponer una reforma al sistema público de salud y de pensiones que vulneró los derechos laborales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Tal acción, se vio cristalizada en la referida LISSSTE publicada en el DOF el 31 de marzo de ese mismo año y, cuyo objetivo (entre otros), fue la conversión gradual de los planes contributivos obligatorios en sistemas privados de capitalización individual como columna vertebral para el Sistema de Nacional de Pensiones. Es decir, en un esquema de pensiones a través de cuentas individuales y, del cual, como parece obvio, se desprende la “elección” que, en su momento, tuvo que realizar el trabajador o trabajadora, ya sea para mantenerse en lo que se conoce como Décimo Transitorio o cambiar al esquema de Cuentas Individuales. La precariedad laboral, la seguridad social y las pensiones de dichos trabajadores, insisto, recibieron el primer golpe. Años más tarde, específicamente en 2014, el peñanietismo asestaría el segundo pues, luego de presentar la iniciativa de desindexación del salario mínimo, ésta fue aprobada y publicada en el DOF el 7 de enero de 2016.

Palabras más palabras menos, en el texto que escribí sobre este tema señalaba, que la reforma de 2016 propició la creación de la UMA, como índice de referencia, medida o base económica en pesos que determinaría la cuantía del pago de obligaciones, créditos, multas, impuestos y deducciones personales y, por ello, se creó la Ley UMA, misma que le confirió la responsabilidad al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para calcular y actualizar el valor de dicha UMA, en virtud de que el salario mínimo, ya no sería el índice que determinaría la cuantía del pago de obligaciones sino la UMA. Es decir, si se revisa lo estipulado en el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la LISSSTE, artículo 8, se señala, que la cuantía de las pensiones aumentaría anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC), con efecto a partir de enero de cada año; en caso de que en año anterior el incremento del IPC al consumidor resultara inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarían en la misma proporción de estos últimos. Esto significa que, la actualización de la pensión es por el IPC y, por tanto, la cuantía es determinada por el comportamiento de la UMA. Por ello puede comprenderse que, por ejemplo, en nuestros días, aunque el salario mínimo ha tenido un incremento importante, dadas las políticas que en esta materia ha impulsado el gobierno federal, para el caso que nos ocupa, no tienen mayor repercusión, puesto que las jubilaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado no se cuantifican en salarios mínimos sino, en lo que ya he dicho, en UMA que, como se sabe, está por debajo del salario mínimo que anualmente ha venido incrementando, repito, desde que inició este gobierno.

En consecuencia, pienso que la propuesta que presentó la diputada Angélica Cisneros Lujan, del grupo parlamentario MORENA, aplaudida y respaldada por diputadas y diputados de diferentes bancadas en la Cámara de Diputados, más allá de ser un acto de justicia social, es un acto que mantiene el esquema establecido desde el 2007 y apuntalado en 2016 con las reformas mencionadas. Cierto, habrá quien diga que, con esta acción, los dos grupos de trabajadores que podrían ser beneficiados mejorarían en cuanto a la cuantía de su jubilación, pero desafortunada y lamentablemente, no es ni será así, porque si usted analiza el fondo de esta iniciativa, solo atiende la “elección y ubicación automática” de quienes optaron por cuentas individuales y que no tuvieron la suficiente información para tomar la decisión que tomaron en su momento pudiendo valorar su permanencia en cuentas individuales o cambiarse al décimo transitorio; o bien, quienes teniendo antigüedad y derechos adquiridos hasta el 1 de abril de 2007 (fecha en que entró en vigor la LISSSTE), pero que en ese momento no estaban vigentes por lo que automáticamente se incorporaron al esquema de cuentas individuales, pudiesen tener la oportunidad de elegir la opción por la que desean jubilarse, dada la antigüedad con la que contaban y que siguió acumulándose una vez que regresaron sus respectivas funciones. Como puede observarse, esta iniciativa solo aplicaría a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de abril de 2007, ¿y los que ingresaron después no podrían tener la oportunidad de que, llegado el momento en que decidan jubilarse, ¿tengan una jubilación digna?

Entonces, ¿en verdad es un acto de justicia social? Justicia social sería, precisamente, darles a todos los Trabajadores al Servicio del Estado una jubilación digna, eliminando la cuantía por UMA, seguido del esquema de cuentas individuales y, ponderar los salarios mínimos como base de medida.

Visto está, que el mito del incremento de la inflación por el incremento de los salarios mínimos se ha derrumbado con la política económica establecida por el actual presidente de la República, ¿podríamos sentarnos a dialogar al respecto y no considerar solo unas cuantas acciones que podrían “aminorar” las políticas neoliberales agresivas que han vulnerado los derechos de los trabajadores del estado? De una vez por todas, para el caso de los trabajadores de la educación ¿no podría el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hacer su trabajo y velar por los intereses de sus agremiados?

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información: https://profelandia.com

Comparte este contenido:

XII Asamblea Regional de la CLADE Por el derecho a la educación pública: cuidado, transformación y justicia social

CLADE

Tras cuatro años de la última asamblea presencial,  la CLADE hace un llamado al cuidado, a la transformación y a la justicia social para reflexionar en cómo ponemos nuestros cuerpos y espacios en la incesante lucha por el derecho a la educación.

Iniciada en octubre de 2022, con la realización de cuatro encuentros virtuales que profundizaron temas como sujetos y condiciones del derecho, sentido público estatal, inclusión y superación de las discriminaciones, la XII Asamblea Regional de la CLADE volverá a reunir su membresía presencialmente de esta vez en Tegucigalpa (Honduras), del 7 a 12 de noviembre, teniendo el Foro Dakar como anfitrión, para promover diálogo crítico, trazar horizontes estratégicos, fortalecer su tejido de red, fortalecer y crear nuevas formas de acción colectiva.

Tras cuatro años de nuestra última asamblea presencial, volvemos a encontrarnos presencialmente, con el Foro Dakar como anfitrión. Es una enorme oportunidad para nuestro diálogo crítico, para el trazado de horizontes estratégicos, para fortalecer nuestro tejido de red, para fortalecer y crear nuevas formas de acción colectiva.

En los últimos años, hemos vivido un periodo de intenso cambio en nuestra región. La pandemia y la agudización de tendencias políticas conservadoras en América Latina y el Caribe han provocado un aumento de múltiples formas de  desigualdades, de restricciones a la participación de la sociedad civil,  y han traído nuevos desafíos, como el impacto de la digitalización en la educación, la mayor presencia de las corporaciones en la educación y en los espacios de toma de decisión sobre las políticas educativas.

En esta XII Asamblea Regional de CLADE queremos reflexionar sobre estos desafíos, pero especialmente dejar fluir en colectivo nuestra imaginación política, artística, intelectual, sensorial para lograr proponer efectivamente nuevas miradas para la educación y construir caminos alternativos posibles.

Hacemos un llamado al cuidado, a la transformación y a la justicia social. “Cuidar de mí mismo no es autoindulgencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política», afirmó la escritora, activista y feminista radical Audre Lorde, recordándonos que el autocuidado y el cuidado colectivo durante la incidencia política es un acto de rebeldía contra el sistema capitalista y neoliberal, que pone nuestra productividad sobre nuestro bienestar.

Necesitamos cuidarnos, reflexionar en cómo ponemos nuestros cuerpos y espacios en esta incesante lucha por el derecho a la educación. El  autocuidado radical es un acto político que bell hooks y Gloria Anzuldúa recomiendan a las personas históricamente marginalizadas y vulneradas, particularmente durante las luchas por los derechos humanos, y para hacer frente a los ataques diarios del racismo, el sexismo, la homofobia y la opresión de clase.

Con el autocuidado radical avanzamos en la lucha por el derecho humano a la educación. Una lucha que es también por justicia social, ambiental, fiscal. Por la realización de todos los derechos humanos, del buen vivir y la dignidad humana. Por una transformación radical de la vida en colectivo, la superación del colonialismo, del capitalismo, del patriarcado.

Inspiradas e inspirados por esos principios y deseos – y también por los saberes y diversidad de los pueblos misquitos, lencas, tolupanes o xicaques, pech, tawahkas, chortis y garífunas – nos encontraremos y nos guiaremos en Tegucigalpa. Renovaremos acuerdos, esperanzas, estrategias, sueños. Y seguiremos resistiendo e incidiendo por nuestros derechos, desde nuestros espacios corporales, comunitarios, nacionales, regionales y mundiales.

Objetivos 

Las tendencias globales de este sistema injusto e inequitativo pero también las de lo profundamente transformador, nos desafían a enriquecer críticamente nuestro análisis en torno al Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, a pensarnos con mirada larga y profundamente transformadora y, desde esa mirada, hacer juntos un balance del plan estratégico que cerramos,así como compartir últimas propuestas y aprobar nuestro nuevo Plan Estratégico 2023/2026.


Metodología

El logro de estos objetivos estará acompañado por una metodología activa, propositiva, creativa y movilizadora, en línea con nuestro horizonte de una educación transformadora. Recuperaremos para nuestra semana de Asamblea formatos de la educación popular, de los trueques y las mingas y buscaremos en todo ello reflejar nuestras búsquedas, opciones y propuestas. Estamos convencidas de que mover nuestras miradas e ideas pasa también por mover nuestras emociones y nuestros cuerpos, por el diálogo intergeneracional, múltiple y diverso, por las expresiones culturales y artísticas.

Comparte este contenido:

Jordi Collet, Jesús Soldevila-Pérez y Mila Naranjo: «Pensar que en un aula todo el mundo aprende lo mismo en el mismo momento es una idea feliz que debe eliminarse de raíz»

Por:

Entrevistamos a Jordi Collet, Jesús Soldevila-Pérez y Mila Naranjo, profesores de la Universidad de Vic y coeditores del libro Global inclusive education. Lessons from Spain, en el que participan varios expertos en la materia. La inclusión, sostienen, o es global o no será. «Los cambios en la escuela –explican– deben ir acompañados de los cambios en la cultura social. Si cambiamos la cultura social obligaremos a mover también la cultura política».

Hace unas semanas, la editorial británica Springers publicaba Global inclusive education. Lessons from Spain, un libro sobre educación inclusiva y justicia social que han coordinado tres profesores de la Universidad de Vic vinculados a los grupos de investigación GRAD y GREUV, que tienen una larga tradición en estos ámbitos de estudio. El prólogo lo firma el profesor británico Mel Ainscow, uno de los grandes referentes mundiales en educación inclusiva, quien recuerda varios episodios en sus visitas a España para concluir que la inclusión no va tanto de la introducción de nuevas técnicas o de cambios organizacionales como de contextos y procesos de aprendizaje social. El libro aborda las diferentes cuestiones desde la persepectiva del aula, la escuela y la comunidad, y cuenta con la participación de expertos de diversas universidades y centros de investigación como Gerardo Echeita, Ignacio Calderón, Dolores Forteza, Joan Jordi Muntaner, Odete Moliner, Ángeles Parrilla, Javier Onrubia, Martin Mills, Haira Gandolfi, Sara Joiko, Cecilia Simón o Kiki Messiou. Por el momento sólo se puede encontrar en inglés.

¿Qué aporta el concepto o perspectiva de “educación inclusiva global”?

Mila Naranjo. El concepto de Global Inclusive Education (GIE) se sustenta y fundamenta en la base de conceptos que dan cuenta de su carácter complejo y, a la vez, exigente con una determinada manera de concebir la inclusión educativa y, en consecuencia, la necesidad de trabajar de forma coherente e interconectada a varios niveles, ámbitos, agentes y dinámicas. La finalidad última del concepto de Global Inclusive Education es articular cinco dimensiones a la vez de análisis y de actuación, como herramienta para seguir avanzando de forma clara y contundente en la transformación profunda del ADN de la escuela y la educación en su camino hacia la equidad, la justicia y la inclusión.

¿Qué dimensiones?

MN. La GIE debe ser a la vez: a) Sistémica e intersistémica. Por decirlo de forma sintética, o es “global” o no se puede considerar inclusiva. De ahí la necesidad de considerarla en su dimensión global y, por tanto, de la interacción entre sistemas, del trabajo en red entre actores y de la orientación de estos hacia una reprogramación de la escuela basada en el software inclusivo. b) Vinculada. La inclusión no podrá considerarse dentro de cada sistema o actor de forma aislada o segmentada. c) Incrustada. Con esta dimensión queremos decir que la GIE debe poder teñir, orientar y configurar todos los contextos educativos y sus prácticas. d) Cualitativa. La GIE no puede ponerse (sólo) en términos de números, o de estadísticas, sino de calidad educativa. e) Sentido intrínseco (Ethos). El proceso de inclusión educativa no debería ser una cuestión de opinión, de posicionamiento, de estar «más o menos de acuerdo», es, ante todo, una cuestión de derechos y de «justicia social».

Definida y conceptualizada de este modo, la GIE pretende ubicarse en una determinada forma de entender la educación en sentido amplio y, a la vez, avanzar en determinados debates educativos que generan tensiones no resueltas o, incluso, incoherencias en la toma de decisiones tanto en las políticas, culturas y prácticas educativas que acaban siendo obstáculos en el camino hacia la inclusión.

¿La escuela catalana es inclusiva?

Jesús Soldevila-Pérez. No. Tanto en el contexto catalán como el estatal mientras siga habiendo centros de educación especial, itinerarios, aulas, programas y políticas pensadas y diseñadas para separar, no podemos hablar de que la escuela es inclusiva. Ahora bien, si entendemos la inclusión como debería entenderse, como un proceso, podemos decir que hay escuelas que caminan y que están llevando a cabo experiencias muy positivas e interesantes. Por tanto, yo diría: ¿el sistema educativo catalán y estatal es inclusivo? No todavía. ¿Hay escuelas inclusivas en Cataluña y en el resto del Estado? Sí, hay escuelas que trabajan y se esfuerzan por hacerlo realidad.

En este sentido, un poco lo que busca el libro va por ahí, ofrecer algunos elementos para repensar de manera crítica cómo funciona la escuela, destapar algunas de las gramáticas y lógicas que deben romperse, y aportar algunos instrumentos para construir una escuela más inclusiva y justa. Todo esto se propone de forma que puede ser útil tanto para una maestra como para personas del ámbito de la investigación.

Os remontáis muy atrás, 150 años, a la hora de analizar el origen de la lucha por una escuela inclusiva, que no segregue por razón de clase social, género, raza o necesidades especiales. Y, finalmente, situáis el origen de la lucha contra esta cuarta forma de exclusión en el informe Warnock (1978) y la Declaración de Salamanca (1994). De eso hace 44 y 28 años… ¿Por qué avanza todo tan lentamente?

Jordi Collet. La escuela es un dispositivo que funciona bastante bien para los niños y familias “medias” en contextos homogéneos, pero que tiene bastantes dificultades para atender diversidades de todo tipo por su propia inercia, funcionamiento, horario, currículum, forma de evaluación, etc. Por eso, tanto las y los propios docentes, como los movimientos pedagógicos y políticos que trabajan por una escuela inclusiva y justa, tienen dificultades para conseguir la inclusión real y efectiva de niños de clase trabajadora, de origen inmigrante, con altas capacidades, con diversidad funcional, etc.

JS. Como muy bien dice Jordi, el avance de la educación inclusiva no es ni será fácil debido a que la escuela fue diseñada para producir y reproducir desigualdades, clasificar y segregar. Además, estos docentes y movimientos que trabajan por una escuela inclusiva se ven obligados a obrar en un marco político y social que tiene más bien la tendencia contraria. Estamos hablando de un marco político y social, reforzado por el neoliberalismo, donde la exclusión es, además, un negocio y donde lo importante es el beneficio a cualquier precio dejando de lado la ética, el bien común y la solidaridad. Los cambios en la escuela deben ir acompañados de los cambios en la cultura social. Si cambiamos la cultura social obligaremos a mover también la cultura política.

La educación inclusiva no es ni será fácil debido a que la escuela fue diseñada para producir y reproducir desigualdades, clasificar y segregar

Así, ¿las principales barreras en la escuela inclusiva son de recursos o de “cultura”, como decía el informe del Síndic de Greuges? ¿Cuáles son las resistencias del sistema?

JS. La cuestión de los recursos es un tema muy controvertido en el sentido de que está claro que la apuesta por un sistema educativo de calidad requiere inversión en recursos, como el sistema sanitario. Pero lo más importante es que los recursos con los que proveemos el sistema educativo tengan un carácter inclusivo. Un recurso tan básico como puede ser uno o una maestra puede ser inclusivo o exclusor dependiendo de las funciones que se le atribuyan. Por tanto, el planteamiento de los recursos debe estar soportado por una buena cultura inclusiva. Por eso Booth y Ainscow sitúan las culturas en la base de las políticas y las prácticas cuando exponen los tres elementos necesarios para configurar un sistema educativo inclusivo.

Las culturas son muy importantes. Por muchos recursos que volcamos en el sistema, sin una cultura inclusiva no dejaremos de hablar de normalidad y diferencia como si no fueran lo mismo, no romperemos ciertas gramáticas y lógicas que rodean la escuela, no entenderemos que ir a la escuela que escoges es un derecho, no entenderemos que la escuela no debe ser una institución de selección y proveedora de mano de obra en el mercado de trabajo, etc. Éstas son de las principales resistencias del sistema.

Un recurso tan básico como una maestra puede ser inclusivo o exclusor dependiendo de las funciones que se le atribuyan; por tanto, el planteamiento de los recursos debe estar soportado por una buena cultura inclusiva

Me ha sorprendido la conexión que se hace en la obra entre lucha por la inclusión y movimiento anarquista, y con personas y experiencias como Ferrer i Guardia, Summerhill, Freire, Reggio Emilia… No puede haber gente proinclusiva y al mismo tiempo ideas ¿liberales o conservadoras? ¿Este vínculo que hace la obra no es, en cierta forma, excluyente?

JC. En la obra se expone que la lucha por la inclusión no está igualmente distribuida en el espectro ideológico. Y los ejemplos que se ponen tienen que ver con esta desigual distribución que, históricamente, ha caído hacia las izquierdas. Ahora, seguro que hay personas de todas las sensibilidades políticas que piensen que la escuela es mejor con niños y jóvenes diversos que una escuela homogénea. Y ésta es su riqueza.

MN. Efectivamente, puede haber personas proinclusivas en cualquier ideología. Sin embargo, lo que cambia es el trasfondo, la esencia que justifica el por qué de la inclusión, que puede defenderse por el bien individual de la persona concreta o por el bien común que supone una sociedad heterogénea y diversa. De ahí precisamente que cuando hablamos de procesos de inclusión no tengamos únicamente al individuo como foco, sino que deba adoptarse una perspectiva “global”.

En algunos capítulos se habla de racismo y clasismo, como factores que explican los elevados índices de escuelas segregadas. ¿Pero esos racismo y clasismo son sociales o de sistema educativo?

JC. Como explicaba Bourdieu, la escuela es un subsistema de la sociedad y, obviamente, no está al margen. Las dinámicas clasistas, racistas, sexistas, capacitistas, etc. que se observan en la cultura, el ocio, la vivienda, los medios de comunicación o las redes sociales, entre otros, no son ajenas a la escuela. Pero en la educación tienen un impacto muy importante porque reproducen desigualdades sociales, prejuicios y estereotipos que ya existían en las nuevas generaciones. Y, con ello, (re)producen identidades en las que se normalizan este tipo de perspectivas segregadoras.

MN. Comparto del todo lo que dice Jordi y, además, la escuela es un contexto privilegiado para romper con este fenómeno y para favorecer situaciones en las que se aborden de forma deliberada y explícita estas situaciones. Pero esto sólo será posible si, como sistema educativo, se eliminan las distintas segregaciones y desigualdades y sus efectos: las escuelas homogéneas por clase social, origen, etc.

Evaluar si vamos en la buena dirección parece extraordinariamente difícil, y creo que este es uno de los retos que identifica al final de la obra. ¿Cómo tomamos el pulso al sistema en lo que se refiere a la escuela inclusiva?

MN. Podríamos partir de dos parámetros que nos ofrecerían una visión bastante aproximada de lo que sucede actualmente en nuestro sistema educativo. En primer lugar, cuál ha sido la evolución en términos de plazas ofertadas y cubiertas en centros (escuelas e institutos) ordinarios, y en centros de educación especial (por no abordar el tema del paso de la etapa de primaria a la secundaria obligatoria). Y, en segundo lugar, escuchar las voces de los distintos integrantes de la comunidad educativa (y de la sociedad en general) respecto a este fenómeno. Seguro que emergería el tema de los recursos, pero ya ha comentado antes Jesús que cuando hablamos de los recursos debatimos muy poco sobre el uso (inclusivo o excluyente) que se hace.

No he acabado de entender la alusión que hizo a las propuestas de innovación educativa. Como si hubiera una innovación que entronca con el modelo inclusivo y otra con tendencias segregadoras… ¿Me lo puede aclarar?

JC. Generar procesos de innovación educativa que realmente transformen los tiempos, los espacios, las metodologías, las evaluaciones… de la escuela y que estos cambios sean inclusivos no es fácil. Algunas escuelas nos han empezado a señalar que, en ocasiones, en dinámicas muy interesantes como el trabajo por ambientes, por proyectos, por problemas, etc., determinado alumnado con ciertas dificultades para relacionarse o para trabajar en entornos más dinámicos puede quedar excluido. Por eso creemos que esta es una buena pregunta, ¿cómo hacer innovación inclusiva?

El alumnado con mayores dificultades puede quedar excluido de dinámicas muy interesantes como el trabajo por ambientes, por proyectos o por problemas; por eso creemos que ésta es una buena pregunta: ¿cómo hacer innovación inclusiva?

¿Es realmente factible un aula en la que los alumnos estén haciendo cosas muy distintas y al mismo tiempo aprendiendo juntos?

MN. Obviamente que sí. De hecho, pensar que en un aula todo el mundo aprende lo mismo en el mismo momento es una idea feliz que debe eliminarse de raíz. Precisamente por este motivo, y siguiendo a Tharp y otros, desde un punto de vista psicoeducativo tiene sentido poder diseñar y desarrollar contextos de actividad diversificada y conjunta, donde el alumnado realiza tareas distintas pero juntos. En este sentido, y desde una perspectiva más didáctica, el aprendizaje cooperativo, como decía el profesor Pere Pujolàs, posibilita que aprendan juntos alumnos, por muy diferentes que estén entre sí.

Déjeme acabar con unas preguntas algo largas, pero que intentan ser más terrenales. Empiezo: el conseller [catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray] hace meses que viene diciendo que debemos conseguir que los recursos acompañen al alumno a lo largo de toda su vida escolar, es decir, y eso ya es interpretación mía, que el alumno sea como ‘propietario’ del recurso y no sea el centro, el EAP, la inspección o quien sea quien ‘reparta’. ¿Crees que esto es viable y que va en la buena dirección?

JC. Probablemente, un replanteamiento en todos los soportes que, teóricamente, están al servicio del alumno pero que, por varios motivos, acaban siendo escasos, complejos de obtener, discontinuos en el tiempo, incoherentes entre sí, etc. es clave. Habrá que ver la letra pequeña de este planteamiento para que no suponga ni un aumento de la ya excesiva burocracia, ni la producción de un mercado de recursos y soportes.

En algún lugar del libro decís que en las escuelas está el alumnado legítimo y el que siempre está bajo sospecha. Seguro que habéis oído a algún docente diciendo, con toda la buena intención, aquello de “este niño estaría mejor atendido en otro tipo de centro”. ¿Qué le responderíais?

JS. Que esa falsa respuesta a la diversidad encuentra una de sus bases y fortalezas en la lógica de la sensibilidad. Desde la perspectiva del capacitismo se utiliza esta lógica para justificar las formas de atención y cuidado que se ofrecen a las personas que por sus condiciones se encuentran fuera de los límites de la preestablecida «normalidad». Así, cuando la magnitud de la dificultad, siempre atribuida al niño, supera lo que el maestro se representa dentro de los límites de su actuación, se considera que para poder dar respuesta se necesita un tratamiento y un maestro especial y, por tanto, se inicia la respuesta tradicional, histórica y sistémica de separar a la persona que no encaja en los parámetros de la pretendida “normalidad”. Así es cómo se normaliza y se legitima la respuesta a “la diversidad” de forma segregada.

Este fragmento que comentas aparece en el capítulo que he tenido el honor de escribir con Gerardo Echeita e Ignacio Calderón, donde explicamos que quien no se somete al dictamen de “normalidad” establecido por la institución escolar es segregado y hasta expulsado de ella y que, además, esto se hace usando el miedo, la ansiedad y la impotencia de las familias, que se encuentran en desventaja luchando por los derechos de sus hijos contra las fuerzas del sistema.

Quien no se somete al dictamen de «normalidad» de la institución escolar es segregado e incluso expulsado, y esto se hace usando el miedo, la ansiedad y la impotencia de las familias que se encuentran en desventaja contra las fuerzas del sistema

Una vez fui a un encuentro de docentes de centros de educación especial, en el que debían compartir ideas sobre estrategias de apoyo a la inclusión. La mayor parte del tiempo se le pasaron comentando las estrategias de contención cuando los alumnos que tenían se ponían violentos, con sus compañeros y con los propios maestros. Algunos de estos centros tenían una cámara, hermética y acolchada, para encerrar allí al alumno hasta que se calmara y no se autolesionara. ¿Este alumno puede ir a un centro ordinario sin que este centro disponga de este tipo de recurso?

JS. Lo que está clarísimo es que debe tener derecho a ir. Entonces hay que encontrar la mejor manera para que pueda estar, participar y aprender en situación de bienestar. Cuando he asistido a alguno de estos encuentros lo que percibes rápidamente es que hay mucha preocupación por la respuesta única y exclusivamente centrada en la persona, dejando al margen el contexto. Éste es un rasgo característico del modelo médico-rehabilitador. Fíjate que otro elemento muy significativo es que en estos encuentros se habla constantemente de terapia.

Desde el modelo social, se entiende que las situaciones siempre se dan en un contexto y que es sobre los elementos de ese contexto que podemos y debemos trabajar. Si un niño tiene trisomía 21 esto no es trabajable ni modificable, pero sí que podemos estudiar, analizar y transformar todas aquellas situaciones que puedan ser el detonante de la activación de una respuesta agresiva.

Una vez hablaba con una maestra de educación especial que, mientras hablaba conmigo, retenía, tomándolo por las muñecas, a un niño con diagnóstico de autismo. El niño, incómodo y angustiado por la situación, intentaba librarse de la maestra haciendo uso físico de la fuerza. Ante esto la maestra me decía: “¿Ves cómo es agresivo?”. Al librarlo y dejarlo moverse dejó de “ser agresivo”. ¿Es el niño agresivo entonces? Este mismo niño agredía a sus compañeros cuando entraba en el aula, porque les desconocía, la situación tenía varios elementos que le generaban angustia y la única forma comunicativa que tenía de manifestar su malestar, ya que no hablaba, era la agresión. Cuando estudiamos y eliminamos estos elementos, el niño empezó a estar en el aula con tranquilidad y bienestar.

Termino: hace poco tuve un debate con un padre de un niño con discapacidad, que también es maestro, a propósito de la idea de felicidad del alumno. Él aplaudía esta frase de una maestra de educación especial en una entrevista publicada en un diario: “La escuela inclusiva se basa en la premisa de que el alumnado es más feliz si convive en la diversidad, cognitiva y motivacional. Y esto, a menudo, es falso. El alumnado también necesita estar con iguales para sentirse bien y evolucionar, para poder estimularse entre sí. Lo reclama tanto quien tiene mayores capacidades como quien tiene más dificultades. La escuela debería ser más flexible y atrevida en cuanto a los agrupamientos del alumnado”. De hecho, muchas familias le aplaudirían basándose en su experiencia. ¿Cómo lo ve?

MN: Antes de abordar la respuesta quizá deberíamos recuperar cuál es la función de la educación escolar, que no es otra que promover el desarrollo social e individual de los niños. La cuestión, pues, sería «en una escuela donde reina la homogeneidad, ¿es posible promover el proceso de socialización?». La respuesta, obviamente, es que no. Si la sociedad, por definición, es diversa y heterogénea, no promoveremos sociedades inclusivas con agrupaciones guetificadas en las escuelas. Estos agrupamientos, de hecho, favorecen que posteriormente el alumnado sólo se vincule entre los mal llamados «iguales» y, por tanto, la idea de sociedad inclusiva desaparece de raíz. ¿Cómo pretender que una sociedad sea inclusiva si nos dedicamos a segregar en la propia escuela?

Si abordamos la pregunta desde una perspectiva única y exclusiva de la “felicidad del alumno”, el planteamiento sería analizar qué condiciones se están generando en el aula, en el centro educativo, para favorecer y facilitar el respeto a la diversidad y sobre todo, para promover el aprendJesus Soldevila, Mila Naranjo y Jordi Collet, con la cubierta del libro | Fotos cedidasizaje, no sólo de las competencias vinculadas a áreas curriculares específicas sino también y sobre todo, de competencias personales y sociales que se relacionan a factores de carácter más afectivo, emocional, motivacional y relacional, de forma que se garantice el bienestar de todo el alumnado, independientemente de sus características individuales.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/09/20/pensar-que-en-un-aula-todo-el-mundo-aprende-lo-mismo-en-el-mismo-momento-es-una-idea-feliz-que-debe-eliminarse-de-raiz/

Comparte este contenido:

Justicia social y programas compensatorios en escuelas rurales y multigrado

Por: José Morales

Red Temática de Investigación en Educación Rural


El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.


México es un país con muchos contrastes y polarizaciones, donde una gran parte de la población vive con muchas carencias. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, 43.9% de la población se encontraba en situación de pobreza. En este sentido, es urgente retomar el tema de la justicia social en una población donde casi la mitad sufre de algún tipo de carencia.

Para hablar de justicia social es necesario revisar las formas de concebirla. En primer lugar, este concepto puede entenderse como la igualdad de oportunidades, es decir, se piensa que brindando las mismas oportunidades a todos por igual podrá lograrse una verdadera justicia social, lo que es lo mismo, “todos tenemos las mismas posibilidades de progresar en la vida y, por lo tanto, todos somos fundamentalmente iguales” (Cuenca, 2011, p. 85).

La justicia social, desde esta perspectiva, sostiene que ofrecer las mismas oportunidades permitiría la movilidad social a través del talento y el esfuerzo personal. Es aquí donde la escuela se convierte en la institución por excelencia que puede desarrollar estrategias de igualdad de oportunidades (Cuenca, 2011). Sin embargo, antes de pensar en la igualdad de oportunidades, conviene reconocer las condiciones socioeconómicas de los diferentes grupos sociales y con ello, observar las fuertes disparidades entre éstos.

Otra perspectiva sobre la justicia social tiene que ver con la posición que ocupan los individuos dentro de la estructura social, por lo que la prioridad debe ser lograr que cada persona asegure una posición y la mantenga; de esta forma, estaría en condiciones de poder competir por mejorar sus condiciones de vida, es decir, se busca lograr que “las distintas posiciones estén en la estructura social más próximas las unas con las otras a costa de que, entonces, la movilidad social no sea ya una prioridad” (Dubet, 2014, p. 11).

La idea de justicia social debe verse como la oportunidad de reconocer la diversidad (económica, política, sociocultural) evitando de esta forma el trato homogeneizador que se ha favorecido con las políticas educativas hasta el momento y con ello “perder el velo que cubre sus ojos y que le impide ver a quién se dirige y tratarlo de manera más adecuada a su situación” (Tedesco, 2014, p. 30).

Bajo esta concepción de brindar las mismas oportunidades al estudiantado, en México (a partir de la década de los noventa) se inicia una serie de transformaciones, entre las que se destacan programas compensatorios dirigidos especialmente a aquellas zonas con escasos recursos. Por lo regular, son aquellas que se encuentran más alejadas de la cabecera municipal, tienen escasez en los servicios, población altamente dispersa y en condiciones de pobreza.

La finalidad de los programas compensatorios es, por un lado, superar las deficiencias de las escuelas públicas y por otro, otorgar los recursos necesarios para abatir la desigualdad educativa, principalmente para las escuelas rurales y las urbano-marginadas, además de intentar ofrecer igualdad de oportunidades que puedan coadyuvar a la mejora de la calidad educativa, principalmente de la población con menos ventajas.

Algunos de estos programas compensatorios que se han implementado principalmente para abatir los efectos del rezago educativo en el medio rural e indígena, fueron: el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE, 1991-1996), el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI, 1993-1997), el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB 1994-1999), el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE) y el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica (PAREIB, 1998-2006).

Asimismo, se han desarrollado programas enfocados en atender el servicio de alimentación para la población estudiantil. Entre los que se pueden mencionar, el programa de Desayunos Escolares (Coordinado por el DIF), el Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa) que se inicia en 1997 y en 2002 se transforma en el Programa de Desarrollo Humano (Oportunidades) para en el 2014 convertirse en el Programa de Inclusión Social (Prospera). Estos programas incluían un apoyo económico dirigido a fortalecer la educación, salud y alimentación de la población con mayores carencias.

En  el ciclo escolar 2007-2008 aparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo, que tenía como características la ampliación de la jornada escolar, los servicios de alimentación, el trabajo con talleres escolares y apoyo a la mejora de la infraestructura en las instituciones En la actualidad, se ofrecen becas a los estudiantes (Becas del bienestar) y se ha desarrollado la Escuela es Nuestra, el cual  se enfoca en la mejora de la infraestructura de aquellas escuelas con mayores necesidades.

Ahora bien, en cuanto a las escuelas rurales, se observa que son éstas las que concentran la mayor población con necesidades debido a la falta de recursos, a su lejanía y a la organización de las mismas, ya que la mayoría son de carácter multigrado, es decir, aquéllas donde “un docente imparte más de un grado, y aquéllas donde el número de grupos es mayor al número de docentes” (SEP, 2021, p. 9).

Para el ciclo escolar 2018-2019, en México 10 397 escuelas de educación básica tenían una organización escolar multigrado y en ellas laboraban 14 190 docentes y se matricularon 286 462 estudiantes, representando 60.2% del total en el tipo educativo. Esto significa que existe una gran cantidad de población estudiantil que requiere mayor apoyo debido a la falta de oportunidades que existen en sus comunidades.

Sin embargo, los programas compensatorios no han sido suficientes para atender las necesidades de la población. Se observa que la pobreza ha ido en aumento y el rezago educativo es uno de los temas principales, sobre todo en escuelas rurales y multigrado. Por lo tanto, para lograr la justicia social que se proponen y que tanto hace falta para una población tan diversa es necesario retomar algunos aspectos:

  • La justicia social sólo se logra si existen las condiciones necesarias para lograrlo, ya que se requiere fortalecer lo económico, lo político, lo cultural y lo social de estos contextos rurales donde se aplican los diferentes programas compensatorios.
  • La aplicación de programas compensatorios requiere que se brinde formación y actualización constante a los docentes para su aplicación adecuada, pues un programa que no tiene las bases necesarias se convierte en dinero mal invertido.
  • Los programas compensatorios como parte de una política educativa deben considerar las necesidades y los intereses, tanto de los contextos donde se aplican como de los docentes que las implementan.

Para hablar de una verdadera justicia social en un país como el nuestro, donde gran parte de la población se encuentra sumida en condiciones de pobreza, es necesario desarrollar políticas que atiendan la complejidad de las situaciones sociales y económicas de cada región sobre todo de aquellas que presentan mayores carencias.

Referencias

CONEVAL (2020). Medición de la pobreza 2016-2020. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2020.aspx

Cuenca, R. (2011). Sobre justicia social y su relación con la educación en tiempos de desigualdad. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. 1(1), 79-93.

Dubet, F. (2014). Repensar la justicia social.  México: Siglo XXI editores.

SEP (2021). Principales cifras del sistema educativo nacional. México: SEP. http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2020_2021_bolsillo.pdf

Tedesco, J. (2014). Educar en la sociedad el conocimiento. México: FCE.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

Comparte este contenido:

Documental sobre la presencia cubana en África nominado para premio en importante festival de EEUU

«Cuba en África», del realizador etíope-estadounidense Negash Abdurahman, competirá en la categoría al Mejor Cortometraje Documental del 30 Festival Panafricano de Cine y Artes (PAFF) de Los Ángeles, California.

El documental Cuba en África, del realizador etíope-estadounidense Negash Abdurahman, fue nominado en la categoría al Mejor Cortometraje Documental del 30 Festival Panafricano de Cine y Artes (PAFF) de Los Ángeles, California, según informan medios oficiales en la Isla.

La cinta, de 22 minutos de duración, está incluida entre las 44 obras que compiten este año en seis categorías en el prestigioso evento cinematográfico, que tiene lugar en esa ciudad estadounidense del 19 de abril al 1 de mayo, de acuerdo con un reporte de la agencia Prensa Latina (PL).

«La lista de películas de este año refleja los tiempos en los que nos encontramos. Muchos se centran en cuestiones de justicia social como la igualdad de género, las relaciones entre la policía y la comunidad y las normas de estilo de vida cambiantes», dijo el gerente general de PAFF, Asantewe Olatunji, citado por el medio.

Varios de los filmes del PAFF 2022 se centran en personajes y héroes conocidos y, a veces, en otros cuyas «historias contadas por su propia gente brindan una nueva perspectiva de la historia y una visión de nuestro mundo» añadió Olatunji, según la agencia de noticias.

Cuba en África tuvo su premiere en La Habana el pasado 1 de abril, y entre sus méritos está la capacidad de conectar desde el primer momento con los sentimientos, llega al corazón, asegura la fuente.

Abdurahman afirmó, de acuerdo con PL, que solo fue el mensajero que mostró la historia no contada de más de 420 000 cubanos, entre soldados, maestros, ingenieros, médicos, enfermeros…, muchos de los cuales dieron hasta lo más preciado y precioso: sus vidas por la independencia de África.

Es así como transcurren frente al espectador importantes momentos de la misión internacionalista revolucionaria de Cuba de 1976 a 1991, decisiva para ganar la soberanía de Angola y Namibia y asegurar el desmantelamiento y la derrota del apartheid en Sudáfrica, recuerda el medio.

El relato cobra vida en la voz de algunos de los protagonistas y comienza en Angola con un hilo conductor que narra, en detalle y desde diferentes perspectivas, la presencia de los internacionalistas cubanos en el continente africano, precia PL.

El documental se basó en una exhaustiva investigación del autor, quien superó muchos obstáculos para lograr su objetivo, y de esta forma la epopeya de Cuba en África llegó a la pantalla, recuerda la publicación.

La nota de PL destaca que «la perspectiva humana destaca en este material audiovisual que tiene como bandera la verdad. Una verdad silenciada o tergiversada en los grandes medios de comunicación. Se ha hecho durante tantos años y es muy difícil cambiar eso en un solo día, expresó a Abdurahman a PL.

PAFF es el festival de cine afro-americano más grande de Estados Unidos, y en esta ocasión regresa al Cinemark Baldwin Hills, de Los Ángeles, para proyecciones presenciales.

Se exhibirán más de 200 películas de 55 países, en 18 idiomas, que incluyen 58 estrenos mundiales y 32 norteamericanos. Muchos títulos también estarán disponibles virtualmente, asegura PL.

Fuente: https://oncubanews.com/cultura/documental-sobre-la-presencia-cubana-en-africa-nominado-para-premio-en-importante-festival-de-eeuu/

Comparte este contenido:

¿Por qué el feminismo no es uno solo?

Por: Sofía García-Bullé

 

Para entender el proceso que llevó al feminismo a ser lo que es el día de hoy, es crucial entender los temas centrales de las cuatro olas del feminismo.

El 8 de marzo es un día para rememorar y reflexionar sobre el progreso social obtenido y el camino que falta aún para lograr una estructura social más justa para las mujeres. Pero ¿qué significa eso hoy en día? Más allá de las injusticias sociales que afectan a las mujeres, pareciera que el feminismo también intenta explicar quién, cómo y porqué una persona es mujer. ¿Son cuestionamientos que caben dentro del movimiento o son preguntas sin las cuales el cuestionamiento ya no puede entenderse?

Si una mujer es blanca, negra, musulmana, trans, o si pertenece a la clase media, alta o baja, se ha vuelto un aspecto trascendental para entender su postura dentro de un contexto feminista. No todas las posturas dentro del movimiento son iguales, algunas son tan diferentes que no parecen provenir del mismo movimiento, en varios casos no es así. Pero para comprender esto necesitamos tener claros dos parámetros importantes que dan significado al feminismo: las cuatro olas del feminismo y la interseccionalidad.

En términos generales, se divide al feminismo en cuatro olas. Se dice que estamos en un periodo de transición hacia esta última, pero ese es un tema en el que no hay consenso completo. El acto de abogar por la existencia digna, la capacidad e inteligencia de las mujeres, precede a la formación del feminismo como movimiento organizado, y se pueden encontrar ejemplos de esto en la Antigua Grecia, la Europa Medieval y hasta el Japón Feudal. Fueron estas instancias, aisladas pero constantes, las que dieron una base teórica e intelectual para solventar un movimiento organizado.

Primera Ola: el derecho al voto y a la educación

La primera ola del feminismo se concentró en demoler el rol femenino como subordinado y subsirviente del masculino, y los objetivos políticos para lograrlo eran claros: conseguir el derecho al voto, lo que les daría el poder para acceder a una educación igualitaria, así como libertad física y financiera de sus tutores varones.

La agenda de esta primera ola se consolidó en 1848, con tan solo 300 mujeres y hombres dentro de las filas. En este momento histórico había un vínculo significativo con la intención antiabolicionista y sufragista que dio foro a activistas como Sojourner Truth y Paulie Murray. La primera ola entendía la igualdad de derechos como la admisión de las mujeres en los espacios políticos y económicos, pero una existencia plena consta de más aspectos, por eso no podemos decir que el solo hecho de conseguir el derecho al voto y a la educación el feminismo se volviera igualitario desde un punto de vista jurídico, o que había triunfado de nuevo y sobrevivido su utilidad.

Segunda Ola: la radicalización y la revolución sexual

La década de los 60 y 70  se desenvolvió dentro de un marco de movimientos anti-guerra, desconfianza hacia el Estado, el movimiento de derechos civiles y una creciente conciencia acerca de las minorías sociales que no eran de sexo o raza. Si bien, el pensamiento radical dentro del movimiento ya existía desde la primera ola, este se normaliza y se adopta como parte fundamental del proceder feminista. Voces como las de Gloria Steinem, Angela Davis o Dolores Huerta se vuelven representativas del movimiento. La pieza central de esta fase se centra sobre los derechos reproductivos y sexuales, el empoderamiento femenino, el anticolonialismo y el inicio de un enfoque interseccional.

Con presencia de mujeres en más espacios fuera del hogar, ya no se trataba solo de las mujeres como un solo grupo. El feminismo comienza a abarcar más temas: las mujeres y los derechos civiles, las mujeres y el trabajo, las mujeres y su rol en el campo, entre otros. Es en estos años en los que se consolida como una corriente social y política de alcance mundial. Para la década de los 90, que vio los años finales de la segunda ola y los albores de la tercera, había surgido otro marco conceptual que vendría a cambiar cómo entendemos el feminismo de base y a diversificarlo aún más: la teoría queer.

Tercera Ola: interseccionalidad y teoría queer

La década de los 80 fue especialmente dura para la comunidad LGBT, la respuesta pública ante la epidemia de SIDA dejó clara la necesidad de crear organizaciones que abogaran por la dignidad humana de las personas no heteronormadas. El género y la sexualidad comenzaron a ser tema de coyuntura tanto del feminismo como del movimiento LGBT. La consecuencia epistémica de este momento espacio-tiempo es la teoría queer.

El término fue acuñado por Teresa de Lauretis en 1991 en un diario de estudios culturales feminista. El término abarca tres aspectos: no dimensionar la heterosexualidad como el único ejemplo de la sexualidad; desafiar la creencia de que los estudios de la sexualidad lesbiana y gay son una sola cosa; y la visibilización de cómo la raza y la etnicidad influyen sesgos sexuales.

Con esta última pieza, el feminismo define los temas principales con los cuales se les asocia en la búsqueda de justicia y equidad: sexo, raza, etnia y clase económica, sexualidad y género. Fue esta diversidad de temas lo que hizo necesaria la intersección como ejercicio básico del movimiento. Esto permite cubrir más áreas de desigualdad, pero de la misma forma, crea disonancias epistémicas importantes dentro del feminismo. Nos invita a cuestionar ¿de qué se trata realmente? ¿Tenemos un punto común si hay diferencias tan marcadas en distintos sectores del feminismo? ¿Cómo se puede decir que personas pro vida y pro derechos reproductivos pertenecen al mismo movimiento? ¿Cómo suponer lo mismo de personas que reconocen los espectros de género y la transexualidad y personas que no lo hacen?

Cuarta Ola: un feminismo diverso

Los anteriores cuestionamientos forman parte del marco teórico de la cuarta ola del feminismo iniciada a principios de los 2000, cuyos temas centrales son el acoso sexual, el estándar de belleza física (bodyshaming) y la cultura de la violación. No estamos hablando de temas sencillos pero tampoco nuevos. El feminismo ha tenido que resignificarse constantemente desde sus inicios. Dentro de este proceso siempre hay ideas y perspectivas que fueron “normales” o “positivas” en un contexto temporal específico pero ya no lo son en el siguiente.

Paulie Murray, quien sentó las bases legales para el fin de la segregación racial, defendió el uso de la de la palabra negro en los años 40; Gloria Steinem, una de las líderes más prominentes del feminismo de la segunda ola firmó una carta que ayudó a validar la tolerancia del discurso transfóbico en 2020. Si bien compartió una perspectiva diferente dos años después, firmando otro mensaje público en favor de los derechos de las personas transgénero en 2022, el proceder de Steinem proceder deja claro que el feminismo no está escrito en piedra, no está exento de crítica, nuevos aprendizajes y evolución. Y si es algo cambiante hasta para una misma persona al pasar de los años, lo es aún más para los millones de personas que se entienden a sí mismas como feministas.

¿Esto quiere decir que el feminismo como tal ya no existe o que perdió su dirección y propósito? ¿Que por eso ya no es efectivo o necesario? En absoluto, el feminismo como movimiento social ha sobrevivido el tiempo suficiente y se ha integrado a la fibra social de tal manera que lo que necesita no es desaparecer, sino establecer métodos, críticas y lineamientos concretos. Definir no solo para quién es, sino para quienes, como respuesta a todas las demás áreas de desbalance social a las cuales el feminismo se dirige actualmente. Organizarse, agendar y dirigirse a los temas planteados en esta última ola con los aprendizajes obtenidos en el contexto social y político actual, sin aferrarse a aquellos que en su momento sí representaron un avance pero que hoy son anacrónicos.

Fuente de la información e  imagen: https://observatorio.tec

Comparte este contenido:

El Ministerio para el Futuro: análisis de las propuestas para la mejora docente

Por: 

Kim Stanley Robinson es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia. Sus novelas han recibido los premios más significativos en el ámbito de la ciencia ficción y ofrecen al lector una interesante reflexión – en forma de novela – sobre ecología y sostenibilidad, economía, justicia social y, sobre todo, la capacidad de la Ciencia para salvar el mundo – o para construir un mundo alternativo más allá de la Tierra. Las y los científicos son, precisamente, muchos de los héroes de sus novelas.

Su última novela se titula “El Ministerio para el Futuro”. Como afirma Jeff Goodell en una larga entrevista al autor para la conocida revista Rolling Stone,

¿Quién esperaría que, en esta hora oscura de la crisis climática, la esperanza llegaría en la forma de una novela de 563 páginas escrita por un escritor de ciencia ficción más conocido por una trilogía acerca del establecimiento de la civilización humana en Marte? Pero, ay, eso es lo que Kim Stanley Robinson – autor de 20 libros y uno de los escritores de ciencia ficción en activo más respetados hoy – nos ha dado con El Ministerio para el Futuro.

Pero ¿qué es el Ministerio para el Futuro? Pues el Ministerio para el Futuro es una agencia de las Naciones Unidas encargada de “abogar por las futuras generaciones de ciudadanas y ciudadanos del mundo” además de “defender a todos los seres vivos presentes y futuros que no pueden hablar por sí mismos, promoviendo su situación legal y su protección física”. Dirigida por la irlandesa Mary Murphy y de la mano de un buen número de científicas y científicos, su tarea es complicada, casi imposible: resolver una crisis climática que está acabando con la vida en la Tierra. ¿Triunfarán? ¿Fracasarán? Me temo que tendrás que leer la novela si quieres saber la respuesta, obviamente.

En todo caso, leer el documento “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente”, presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a los sindicatos y las comunidades autónomas, me ha hecho pensar en el Ministerio para el Futuro. Es más, me ha hecho pensar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere ser el Ministerio para el Futuro.

¿Por qué comparo ambos Ministerios, el real y el ficticio? Pues porque creo que en ambos existe la voluntad (y el encargo) de corregir hechos del pasado con actuaciones en el presente (o en un futuro más o menos inmediato) para intentar tener un futuro más halagüeño. Intentaré, a continuación, justificar esta impresión mía.

El punto de partida del documento es especialmente relevante y marca una diferencia con muchos otros documentos anteriores que analizaban y pretendían reformar la situación del profesorado o su actuación docente. En este documento de propuestas de reforma, se dice explícitamente:

La calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes; no obstante, la calidad del trabajo de los docentes no puede ser superior a la calidad de las políticas que dan forma a su ambiente de trabajo en los centros educativos y que orientan su selección, contratación y desarrollo.

En efecto, es importante hacer ver que la “calidad” de un sistema educativo no se consigue sólo con el trabajo esforzado, la capacidad de innovación, la motivación o (mucho menos) la vocación del profesorado. La calidad es el resultado de una suma de diversos factores, muchos de ellos interrelacionados, y la política educativa tiene una posición causal respecto a muchos otros aspectos relevantes del sistema educativo, incluida la calidad docente. Este documento, en realidad, apunta más a la mejora de la política educativa relativa al profesorado que a las condiciones de realización de su trabajo por parte del profesorado.

Por poner un ejemplo, el documento señala con acierto una importante cantidad de normas legales y procedimientos que requieren una actualización urgente; entre otras cuestiones:

  • Las órdenes por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la docencia son de 2007.
  • El modelo de acceso a la función pública docente “en su esencia no se ha modificado en los últimos cuarenta años” (pág. 14), incluyendo “los temarios (para los procedimientos de acceso a la función pública docente) de la mayor parte de las especialidades (pues) tienen una antigüedad excesiva, que llega a ser superior a veintiocho años” (pág. 14).
  • Los sexenios (complemento específico por formación permanente), que tienen su origen en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991.
    La responsabilidad de la falta de actualización de la normativa y su impacto negativo en la profesión docente recae totalmente en un único agente: la propia Administración educativa.

Así pues, ante esta necesidad de actualizar el sistema y corregir problemas que se han convertido en estructurales, se plantea este documento que pretende

“centrar el debate y establecer el perímetro de la propuesta normativa (…) en torno al nuevo modelo de profesión docente” sin pretender “ser excluyentes ni agotar las que pudieran resultar del proceso de diálogo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional inicia con los agentes implicados a partir de la aportación de este documento”.

Este es, por tanto, el punto de vista desde el cual hay que leer el texto: el documento no es más que un punto de arranque para el debate, una manera de poner el foco sobre una cuestión trascendental del sistema educativo (la política en relación con la profesión docente) y de delimitar los elementos que deberán ser abordados en futuras negociaciones.

El documento consta de dos partes: un análisis de la situación actual y el listado de propuestas de reforma. Ambas secciones, además, comparten los mismos epígrafes, creando así una estructura paralela entre el análisis y las propuestas que se centra en cinco temas trascendentales para la profesión docente: formación inicial, formación permanente, acceso a la profesión docente, especialidades docentes y desarrollo profesional docente.

El análisis de la situación recorre algunas de las claves más destacadas de nuestro sistema educativo en relación con el profesorado, señalando con acierto algunos de los puntos que requieren una reforma, urgente en muchos casos. Promover la relación entre teoría y práctica en las facultades de Educación o en el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, mejorar el acceso a la función pública docente o garantizar una formación permanente y un desarrollo profesional adecuados para el profesorado son piezas claves en el proceso de mejora del sistema educativo.

Sin embargo, en el análisis de la situación, no puedo dejar de señalar un aspecto del documento que me causa cierta insatisfacción: ¿por qué el texto no aporta ninguna evidencia científica de las afirmaciones que realiza? Bien se podría decir que este tipo de textos no suelen hacerlo pero esto no es más que una excusa, en la cual, además, otros ministerios no caen. Ruego que se revise, por ejemplo, la sección de la web del Ministerio de Sanidad dedicada a “Profesionales” (https://www.sanidad.gob.es/profesionales/portada/home.htm), y en concreto los “Estudios para la planificación de profesionales sanitarios”. Sonroja ver la riqueza de enfoques, la complejidad argumentativa y la abundancia de datos y referencias científicas en los textos del Ministerio de Sanidad y la ausencia casi total de datos y evidencias en este documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que sólo usa 11 referencias bibliográficas y todas ellas apuntan a la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, la OCDE y la UNESCO – ninguna a investigación educativa realizada en nuestro país.

Este defecto del documento es especialmente grave cuando se plantean novedades en el sistema. Así, por ejemplo, se afirma (página 8) que “en los últimos años se ha iniciado una corriente que apuesta por establecer una prueba de acceso con el objetivo de asegurar que los alumnos disponen de las capacidades iniciales que permitirán el desarrollo de las habilidades docentes necesarias para garantizar la calidad en el ejercicio profesional”. ¿De veras se puede abrir este debate con un “se ha iniciado una corriente”? ¿Quién plantea esta corriente y desde qué posición? ¿No tenemos mejores argumentos y evidencias científicas en las cuales basarnos para tomar una decisión de este calado?

Al mismo tiempo, cuando se señala una crítica en un documento firmado por el Ministerio, también convendría que esta estuviera asentada en evidencias científicas. Así, por ejemplo, se afirma que “se debe garantizar la oferta de formación pedagógica y didáctica para ejercer la docencia” para concluir justo después que “esta condición tampoco se cumple en todos los casos, pese a su importancia” (página 9). Aunque uno puede entender que este documento de propuestas quiere sólo arrancar y “centrar el debate”, ¿no sería conveniente que el análisis de la situación aclare en qué casos no se cumple esta condición y por qué se ha permitido que no se cumpla, existiendo en el sistema mecanismos de control para evitarlo?

En la misma línea, en relación con el modelo de acceso a la función pública docente, se afirma que “se considera inadecuado o muy inadecuado según algunas encuestas”. Imagino, en primer lugar, que se quiere decir “investigaciones” o “estudios” en lugar de “encuestas” pero, en todo caso, ¿no conviene citar estas referencias cuando se va a plantear una reforma de un tema de tanto calado? Conocer con detalle qué aspectos del modelo de acceso son deficitarios es el punto de partida para poder modificarlos o para buscar alternativas más satisfactorias.

Un caso especial de este mismo problema relativo a la argumentación y las evidencias también lo observamos en el análisis del número de plazas ofertadas, plazas cubiertas y número de egresados en grados y máster habilitantes para la docencia: no aparece ni una sola tabla con datos ni tampoco cuál es la fuente de los pocos datos que se aportan, o si las plazas vacantes por jubilación incluyen centros públicos y privados, o si hay una estimación de las variaciones (crecimiento o decrecimiento) en el número de centros educativos en los distintos territorios de nuestro país. Sin embargo, sí se establece la conclusión de que existe un desajuste importante entre plazas ofertadas y empleabilidad.

En todo caso, además, me planteo si es legítima esta preocupación del Ministerio por “el gran desajuste entre el número de alumnos de estudios universitarios específicamente orientados a la docencia no universitaria [1] y la oferta de puestos de trabajo como docente no universitario que requieren tales estudios”. Por un lado, si el motivo de esta preocupación es la tasa de desempleo entre las personas egresadas de las Facultades de Educación, quizás podríamos hablar de muchas otras titulaciones (¿Periodismo, Psicología, Filosofía o Traducción e Interpretación?) a la vista de los datos aportados por el propio Ministerio de Universidades en su estudio más reciente sobre inserción laboral de los egresados universitarios (datos del curso 2013-14 y análisis hasta 2018):

Fuente: Subdirección General de Ordenación, Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas Universitarias de la Secretaría General de Universidades. Disponible en https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Informe_de_Insercion_laboral_egresados.pdf

Por otro lado, cada día tengo más claro que en las Facultades de Educación no se forman sólo “maestras y maestros” que trabajarán en escuelas e institutos sino especialistas en Educación para diversas etapas de la vida (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Adultos) que desarrollarán su trabajo en distintos tipos de empresas e instituciones, públicas y privadas; es decir, en mi opinión, es un error pensar que todos los egresados de las Facultades de Educación serán docentes en centros educativos, como tampoco todos los egresados en las Facultades de Medicina serán médicos en un hospital público ni los egresados en las Facultades de Derecho serán magistrados en el Tribunal Supremo. En el mismo plano, hay un cierto problema argumentativo cuando el Ministerio decide no entrar en el debate de la ratio pero afirma que hay problemas de “empleabilidad” entre la oferta de plazas de los Grados y el mercado laboral.

En resumen, ha llegado el momento de ampliar la mirada acerca del futuro laboral de las personas egresadas de las Facultades de Educación, que son capaces de realizar su labor educadora en muchos contextos diferentes además de la escuela. En todo caso, nuestra obligación debe ser garantizar una formación de calidad al alumnado de las Facultades de Educación, incluyendo información sobre orientación laboral, búsqueda de empleo o emprendimiento, cuestión que me temo que no se ha desarrollado suficientemente.

Sobre Formación Permanente, leo con interés que existe un Grupo de Trabajo de Formación del Profesorado, dependiente de la Conferencia Sectorial de Educación. Francamente, desconocía su existencia y reconozco mi ignorancia al respecto, como también reconozco que he sido incapaz de encontrar ningún informe, propuesta o documento de este Grupo de Trabajo con el cual valorar su eficacia o utilidad, aunque me habría gustado poder hacerlo.

Digo esto porque el documento presentado por el Ministerio, en su análisis de la situación, afirma que “no hay, en general, mecanismos que aseguren una adecuada vinculación entre las necesidades del sistema y la formación (permanente) recibida, que responde a distintos factores asociados a la percepción individual de las necesidades de formación, a los intereses personales o a la oferta existente”. Es decir, no tenemos evidencias de que la formación permanente sea útil o eficaz para satisfacer las necesidades del sistema – con todo lo grave que esta afirmación pueda sonar en un documento emitido por el propio Ministerio de Educación.

Por supuesto, esta situación está vinculada con el desarrollo profesional docente, donde el documento establece, por un lado, que “no existe una valoración sistemática o evaluación del ejercicio profesional docente” y, por otro lado, que es importante “reflexionar sobre si actualmente en el desarrollo profesional docente se está teniendo en cuenta el conjunto de labores que realiza el profesorado”. En mi opinión ambas cuestiones son acertadas: hoy el profesorado realiza un amplio número de funciones que no están adecuadamente contempladas (desde la tutorización y mentorización hasta la gestión de bibliotecas, equipamiento tecnológico y transformación digital de los centros, desarrollo del proyecto lingüístico de centro y de planes de plurilingüismo, proyectos europeos, etc.) ni desde la perspectiva del reconocimiento ni desde la perspectiva de las estructuras de desarrollo profesional docente. Revisar esta cuestión no es sólo una apuesta por la calidad educativa, lo cual es indudable, sino un acto de justicia respecto a la labor socioeducativa que realiza el profesorado.

En resumen, el análisis de la situación parece adecuado aunque aumentar la calidad de la argumentación y de las evidencias aportadas no sólo reforzaría las propuestas que se exponen a continuación, sino que contribuiría a ese objetivo enunciado por el Ministerio de “centrar el debate”. Centrar el debate no sólo consiste en señalar los temas que se deben analizar sino también aportar los datos para realizar el análisis, y son el Ministerio y las consejerías deEducación quienes tienen mayor acceso a los datos y a las investigaciones sobre los temas de su ámbito de actuación.

En todo caso, el objetivo principal del documento es presentar las veinticuatro propuestas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional entiende que pueden ayudar a la mejora de la profesión docente. Analicemos, por tanto, estas propuestas.

24 propuestas para el futuro de la profesión docente

La primera propuesta consiste en la elaboración de un Marco de Competencias Profesionales Docentes, el cual servirá de andamiaje para todas las demás reformas (formación inicial, acceso a la función pública docente, formación permanente y desarrollo profesional docente). En mi opinión, disponer de este Marco es una buena idea pero, al mismo tiempo, esto supone establecer un marco temporal para todas las demás propuestas.

Mi experiencia personal como coordinador de la elaboración del Marco Global de la Competencia Educadora en la Era Digital (https://profuturo.education/marco-de-referencia/) es que crear un texto de este tipo, con la especial complejidad política y territorial de nuestro sistema educativo, requiere entre uno y dos años de trabajo, si se aspira a un texto consensuado que cumpla con todas las garantías de calidad y de validez científica que se presuponen. Así pues, si el Marco es un antecedente para todas las demás propuestas (y si este Marco aún no existe), entonces todas las propuestas se plantean para una futura legislatura: no habría tiempo suficiente para desarrollarlas en el mandato del actual Gobierno de España. Si a este marco temporal dictado por la exigencia de elaboración del Marco de Competencias Profesionales Docentes añadimos, además, la complejidad de las modificaciones descritas en las 23 restantes propuestas, no cabe duda de que estamos hablando de una acción de gobierno que ocupará el próximo quinquenio, como mínimo.

Es decir, las 24 propuestas descritas en este documento representan una apuesta de país por la mejora de la profesión docente, no sólo la visión de este Ministerio actual en relación con este asunto. El debate que se nos plantea es la construcción de unos acuerdos mínimos suficientes para redefinir el magisterio del siglo XXI en España y para esto es necesario que las propuestas sean precisas pero lo suficientemente abiertas como para permitir el debate y la definición de puntos de encuentro entre todos los agentes implicados.

Entender esto es fundamental para saber a qué tipo de texto nos enfrentamos. No estamos ante un “programa de gobierno” sino ante una “provocación para el debate”. La mera realización de este debate, a ser posible de manera abierta y transparente, ya sería un logro sin precedentes en nuestro país.

• Propuesta 2: Establecer una prueba de acceso a Grados en Educación Infantil y Primaria.

Tras la primera “propuesta-marco” la segunda propuesta apunta a la formación inicial, no sin antes volver, de manera innecesaria, al análisis de la situación (y cometiendo, además, el error de vincular el reconocimiento social de los docentes con la valoración de los estudios universitarios relacionados con la educación y con el desajuste entre plazas y necesidades del sistema educativo; de nuevo, además, sin aportar datos ni evidencias científicas).

En esta segunda propuesta, se reitera, de nuevo, que los grados en Educación Infantil y Primaria “no logran un suficiente nivel de empleabilidad” y, también de nuevo, que esto “repercute en la valoración que hace la sociedad de dichas titulaciones”, ambas afirmaciones sin sustento ni dato alguno que las confirme. En todo caso, para solucionar esto no se plantea mejorar la empleabilidad del Grado sino reducir su acceso mediante una prueba de admisión.

Esta prueba de admisión se define en relación con dos “bloques”: el primero, en los términos descritos, podría solaparse en contenidos con la propia prueba de acceso a la universidad, que ya debería evaluar la competencia comunicativa, el razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática. El segundo, “actitudes y competencias de la profesión docente”, debería ser definido con más precisión para poder ser valorado porque, si bien se pueden evaluar ciertos elementos como empatía, resiliencia, etc., como apropiados para la profesión docente, me pregunto si podemos realmente exigir estas “actitudes y competencias de la profesión docente” a quien desea hacer el Grado ¡antes de su propia formación inicial! Es decir, ¿no deberían ser estas actitudes y competencias de la profesión docente el resultado de la formación a lo largo de los cuatro años que dura el Grado, y no un prerrequisito para su acceso?

En resumen, ni se argumenta bien cuál es el problema ni se justifica claramente la correlación entre el problema y la solución aportada. En este sentido, en relación con esta propuesta hay que buscar más y mejores argumentos si se desea la puesta en marcha generalizada en todo el territorio nacional de una prueba de acceso a los grados de Educación Infantil y Primaria.

• Propuesta 3: Modificar el acceso al Máster Universitario en Formación del Profesorado

Se incluyen aquí dos cuestiones: la primera apunta a la existencia de “módulos formativos complementarios” vinculados con conocimientos básicos relacionados con las especialidades docentes que puedan estar presentes en los grados como requisito previo para el acceso al Máster; de esta manera, por ejemplo, quien estudie un Grado y contemple un posible futuro profesional dedicado a la docencia pueda cursar estos módulos como paso previo necesario al Máster.

La segunda cuestión es una prueba de acceso al Máster de formación del profesorado, que entendemos que estaría centrada en aquellas “actitudes y competencias de la profesión docente” que se mencionaban para los grados y que, en este caso, sí han podido ser previamente desarrolladas durante los mismos, especialmente atendiendo a la propuesta que se analiza en este epígrafe y a continuación.

En este sentido, parece que esta propuesta tiene lógica dentro de una concepción abierta del desarrollo profesional de los egresados universitarios, aunque será necesario estudiar la viabilidad de esa prueba de acceso al Máster.

• Propuesta 4: Promover la oferta de asignaturas de didácticas de las especialidades en los estudios universitarios

El tiempo del Máster es, como sabe todo aquel que haya estado o esté implicado en este posgrado, muy escaso. Desde esa perspectiva, puede ser interesante que los Grados oferten materias vinculadas con las didácticas específicas propias de las especialidades que se relacionan con el Grado correspondiente, lo cual permitiría, además, que estos conocimientos y competencias puedan ser considerados un prerrequisito para el acceso al Máster.

En este sentido, esta propuesta debería, en realidad, integrarse con la anterior para que se pueda hablar del conocimiento específico de las especialidades de secundaria, bachillerato o formación profesional y sus respectivas didácticas específicas en los grados correspondientes con carácter previo a la formación de posgrado que ofrece el Máster

• Propuesta 5: Revisar la oferta del Máster Universitario en Formación de Profesorado

En esta propuesta se incluyen tres cuestiones: la posible ampliación del Máster “en el caso concreto de algunas especialidades”, la ampliación de la oferta formativa para todos los cuerpos y especialidades necesarias y la vinculación entre el ámbito universitario y la escolarización obligatoria y post-obligatoria, fundamentalmente por medio de la presencia de profesorado de las etapas correspondientes como docentes del Máster.

En relación con la primera, cabe analizar si esa ampliación del número de créditos del Máster no debería ser generalizada, llevando el Máster de uno a dos años y dedicando el segundo año, fundamentalmente, a un amplio período de prácticas y a la elaboración del TFM. Ampliar sólo para algunas especialidades no resolverá el problema sistémico de la formación inicial del profesorado de secundaria o etapas post-obligatorias.

Sobre la tercera propuesta, dado que la segunda parece bastante lógica y necesaria, me pregunto si el Ministerio tiene datos sobre la presencia de profesorado no universitario entre los docentes del Máster, pues desafortunadamente no se aportan, si existen. En mi opinión, esta presencia es fundamental y, de hecho, ocurre en muchos casos mediante distintas figuras contractuales. En todo caso, es interesante definir cómo será esa vinculación para que lo mejor de ambos mundos (el ámbito de la escolarización obligatoria y post-obligatoria y el ámbito universitario) contribuyan a mejorar el Máster.

• Propuesta 6: Revisar los contenidos de los planes de estudio de las titulaciones universitarias habilitantes para la docencia

Resulta obvio que los contenidos de los planes de estudio de todas las titulaciones universitarias, no sólo de las habilitantes para la docencia, deben estar actualizados. De hecho, es fácil imaginar que esto se hace por parte del profesorado universitario pero, ciertamente, dentro de una estructura que no facilita la modificación de las guías de estudio de las materias de un Grado o, mucho menos, la incorporación de otras nuevas. En este sentido, esta revisión debería hacerse extensiva a toda la universidad española y a todos los grados, que están atrapados dentro de un rígido corsé de acreditaciones y burocracia que impiden la actualización real de los planes de estudio, y no sólo de los contenidos de cada materia por parte del profesorado correspondiente.

• Propuesta 7: Establecer un nuevo modelo de iniciación a la docencia (PID) en la formación inicial basado en el aprendizaje en la práctica.

Esta propuesta considera tanto la mejora de las prácticas en la formación inicial (Grados y Máster) como en el período de prácticas tras la superación de los procesos de acceso a la función pública docente. En este sentido, se recogen en esta propuesta fundamentalmente dos cuestiones: un “proyecto formativo dual” (que parece apuntar a unas prácticas remuneradas) y la habilitación de tutores de prácticas. Si bien lo segundo parece bastante obvio (una tutoría bien reconocida y con la compensación correspondiente redundará en beneficio de un buen período de prácticas), el PID requiere un mayor esfuerzo de concreción para ser bien comprendido y, por supuesto, desarrollado. Tendremos que esperar a las futuras negociaciones para conocer más detalles sobre el mismo.

• Propuesta 8: Reforzar el Prácticum en el conjunto del Máster Universitario en Formación del Profesorado.

Esta propuesta, que bien podría haber sido fusionada con la anterior, parece una necesidad urgente, que ni siquiera debería esperar al desarrollo de aquel Marco de Competencias Profesionales Docentes que se mencionaba en la primera propuesta. El tiempo dedicado a las prácticas y su calidad son fundamentales en la formación del profesorado y en el caso del Máster este tiempo es demasiado reducido, se solapa en muchos casos con la elaboración del TFM y, para muchas personas, con otras actividades laborales. Así pues, la revisión, en este sentido, del Máster representa una urgencia para la mejora de la educación secundaria, el bachillerato y la formación profesional.

• Propuestas 9 y 10: Utilizar como referencia en la formación permanente el Marco de Competencias Profesionales Docentes (propuesta 9) y utilizar como referencia en la formación permanente el Marco de la Competencia Digital Docente (propuesta 10)

Las propuesta novena y décima representan el desarrollo lógico de la primera propuesta: si se diseña el mencionado Marco de Competencias Profesionales Docentes y se cuenta ya con un Marco de la Competencia Digital Docente, lo lógico es que se usen como “marcos de referencia”. Poco más se puede decir al respecto, salvo que esto en realidad depende en buena medida del propio uso que haga el Ministerio del Marco en la normativa que genere o en las propuestas formativas que diseñe.

• Propuesta 11: Garantizar la formación permanente del profesorado

En esta propuesta se contemplan tres cuestiones que generan algunas preguntas. Así, se afirma que “se debe asumir como compromiso de las Administraciones educativas garantizar la formación permanente de sus docentes” pero ¿no está esta garantizada? ¿Hay poca oferta formativa acaso? ¿O se refiere el documento a oferta formativa de calidad? ¿Y cómo se valora este aspecto?

En el mismo sentido, se plantea que “se debe promover entre las diferentes Administraciones educativas el reconocimiento de estos permisos para la formación” pero ¿existe un problema generalizado con estos permisos? ¿No será el problema cómo gestionar estos permisos en un contexto de dificultades para cubrir las bajas laborales que estos permisos plantean? Y afinando aún más, ¿cómo evaluaremos la relación entre las actividades formativas que generan estos permisos y las necesidades del sistema educativo?

Finalmente, el documento plantea que “si la formación permanente es un derecho, también es un deber”: ¿significa esto que se va a plantear que haya una formación permanente obligatoria? ¿Cómo se hará esto en su plano normativo y en su plano formativo? Esta será una negociación complicada, sin lugar a dudas, y tendrá un desarrollo complejo, aunque necesario.

• Propuesta 12: Asegurar la oferta de aspectos clave en la formación permanente

Esta propuesta está centrada en los contenidos de la formación permanente. Así, se propone la promoción de la formación permanente en las siguientes cuestiones:

  • Nuevos currículos de carácter competencial
  • Educación inclusiva
  • Agenda 2030
  • Sostenibilidad
  • Acoso, malos tratos y su prevención.
  • Violencia contra la infancia
  • Igualdad: contenidos contrarios a la discriminación por sexo y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Obviamente, todos estos temas son relevantes y probablemente merecerán nuestra atención durante los años venideros. Sin embargo, por definición cualquier listado se queda obsoleto antes o después y quizás convendría articular, además de un listado de temas concretos, el mecanismo para la actualización constante de los contenidos de la formación permanente para atender a las necesidades de la sociedad y del sistema educativo.

• Propuesta 13: Fomentar la diversidad de modalidades de formación permanente del profesorado.

La diversidad es siempre un valor, no cabe duda, pero quizás en esta propuesta habría sido de agradecer que, más que pedir diversidad, se requiriera de la formación permanente “modalidades eficaces de formación permanente del profesorado”. Es en esa línea donde tiene sentido mencionar el trabajo colaborativo, las redes profesionales y de centros o la autoevaluación – y donde sorprende que no haya ninguna mención a la formación en centros, la modalidad formativa que más impacto tiene en la práctica docente y en el proyecto educativo del centro. También esa invocación a la eficacia habría servido para justificar la importancia de la “identificación de grupos de investigación e innovación educativas” (suponemos que aquí el documento se refiere a grupos de docentes y no a grupos de investigación provenientes de la universidad, pero es imposible saberlo con certeza).

• Propuesta 14: Reformular los procesos de selección para la función pública docente

El párrafo explicativo de esta propuesta no añade una información sustancial del propio enunciado más allá del uso del mencionado Marco de Competencias Profesionales Docentes así que poco más podemos añadir en este análisis. Habrá que esperar a las negociaciones para conocer qué tiene pensado el Ministerio al respecto.

• Propuesta 15: Reformular la fase práctica para el acceso a la función docente en el marco del nuevo modelo de iniciación a la docencia (PID).

Más allá de la expresión de la voluntad que tiene el Ministerio de que “el sistema de prácticas del concurso-oposición sirva como instrumento real para formar y evaluar a los futuros funcionarios de carreras docentes”, poco más se puede adivinar acerca de cómo se haría esto posible. Quizás el elemento más concreto de esta propuesta es reforzar la evaluación de este período de prácticas con un mayor número de agentes evaluadores pero no se presentan argumentos que justifiquen que esto tendrá una incidencia positiva en la formación para la docencia. Es, por tanto, otra propuesta que, resultando interesante a priori, debemos esperar a su concreción en las negociaciones con los sindicatos y las comunidades autónomas para poder considerar si será efectiva o no a medio y largo plazo.

• Propuesta 16: Actualizar y adecuar los temarios de oposiciones en el nuevo modelo de acceso.

Vuelve a ocurrir que el párrafo explicativo no añade mucho más al propio enunciado de la propuesta. Parece lógico y urgente que se actualicen los temarios, y que esta actualización sea periódica. En este sentido, esta propuesta decimosexta no deja de ser un detalle de la propuesta decimocuarta, que hacía referencia a la reformulación de los procesos de selección para la función pública docente.

• Propuesta 17: Regular el acceso de los profesores técnicos de Formación Profesional al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

Esta propuesta no puede ser considerada como tal dado que, como se explica en el propio documento, esta regularización es de obligado cumplimiento a partir de la Lomloe, con lo cual no puede estar sometido a debate o negociación: el Gobierno se ha autoimpuesto esta obligación a través de la Lomloe.

• Propuesta 18: Vincular la especialidad del Máster a la especialidad docente.

Esta propuesta, también muy lógica desde todas las perspectivas, es un desarrollo de la ya mencionada propuesta decimocuarta o incluso de las propuestas relacionadas con el Máster. Poco más cabe añadir sobre la misma más allá de preguntarnos cómo puede ser que esto no se hubiera contemplado con anterioridad en nuestra normativa.

• Propuesta 19: Actualizar la relación de especialidades docentes.

Como en casos anteriores que reclaman una actualización, esta propuesta entra más en el ámbito de la necesidad que en los posibles objetos de negociación. Las nuevas necesidades sociales y educativas y las sucesivas modificaciones de la normativa requieren no sólo esta actualización sino que se tomen las medidas adecuadas para que estas actualizaciones sean periódicas y regulares.

• Propuesta 20: Revisar las atribuciones profesionales de determinadas especialidades.

De nuevo, como en la anterior, estamos ante una propuesta que habla más de los desajustes entre la normativa y la realidad de los centros que de la profesión docente. Las necesidades socioeducativas han evolucionado a mayor rapidez que la normativa y esto ha situado a muchos profesionales (y a muchas prácticas llevadas a cabo en los centros educativos) en una zona gris regida por normativas de carácter transitorio o de rango menor. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de propuestas no deberían ser motivo de un debate en el mismo plano de “visión de futuro” que pretende asumir este documento sino que deberían acometerse a la mayor brevedad posible.

• Propuesta 21: Establecer habilitaciones docentes.

Esta propuesta apunta a las muchas y novedosas tareas que se realizan en los centros (educación bilingüe o educación digital) o los distintos perfiles que asume el profesorado (por ejemplo, en Centros de Educación de Personas Adultas o Centros Penitenciarios) y que hoy por hoy habitan esa zona gris que comentábamos en la propuesta anterior. Obviamente, además estas habilitaciones habrán de conllevar un reconocimiento y una compensación adecuadas por parte de la Administración, aunque este tema apenas se mencione en el documento pues deberá ser objeto de negociación con sindicatos y comunidades autónomas.

• Propuesta 22: Revisar las condiciones de cualificación y formación de docentes en centros privados.

La propuesta vigesimosegunda, que quizás no encaje muy bien en el epígrafe de “especialidades docentes”, queda circunscrita a la formación inicial del profesorado de los centros privados. Quizás habría interesado que apareciera, por tanto, en la sección donde se trata la formación inicial, como también habría interesado que se especificara algo más la cuestión de la formación permanente del profesorado de los centros privados, que debe ser análoga en lo sustancial a la que recibe el profesorado de los centros públicos, como derecho y como deber.

• Propuesta 23: Impulsar los procedimientos de evaluación del desempeño de la función docente.

Esta es la primera de las propuestas sobre desarrollo profesional docente. En este sentido, la propuesta viene precedida por la afirmación por parte del Ministerio acerca de que se debe crear un “modelo profesional de carrera (docente)” que debe orientarse hacia la configuración de un estatuto profesional (del docente), lo cual “viene siendo aspiración mayoritaria del profesorado”. No obstante, esta afirmación, expresada con cierto barroquismo, no se ve satisfecha en esta primera propuesta, que se limita a enunciar que debe haber una buena evaluación del desempeño de la función docente, sin más referencia a esa “carrera profesional docente” de cuya ausencia se lamenta el propio Ministerio.

• Propuesta 24: Reconocer el buen desarrollo profesional docente.

Finalmente, la última de las propuestas del documento se limita a decir que “el desarrollo profesional deberá recoger, no sólo la formación permanente realizada, sino también las valoraciones superadas en los procesos de evaluación y los puestos desempeñados, entre otros aspectos”. Esta afirmación nos genera la duda de qué entiende el Ministerio por “desarrollo profesional docente”: ¿Un sistema de recogidas de datos y evidencias del desempeño profesional para su evaluación y acreditación? ¿Es el “desarrollo profesional docente” un mecanismo de evaluación o un proceso constante de mejora de la práctica profesional? Quizás en esta propuesta falta el verbo “promover” y se queda corto el verbo “reconocer”, pues aquí era el momento para hablar de innovación educativa, de resolución de problemas o de investigación en la escuela. Sin estos elementos, este “desarrollo profesional docente” no es más que un instrumento para la evaluación del profesorado pero no una herramienta para la mejora del sistema educativo, que es lo que debería ser.

Conclusión

En resumen, el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere ser el Ministerio para el Futuro. La intención es buena y los ámbitos de actuación están claros: formación inicial, acceso a la profesión, formación permanente y desarrollo profesional. Esos son los cuatro momentos en los cuales es necesario intervenir.

Sin embargo, el documento como tal genera una sensación agridulce. Es cierto que el documento sólo pretende ser un primer motor para “centrar el debate” pero lo hace sin aportar datos o sin apoyarse en evidencias científicas, aunque sí recurriendo en algunos momentos a tópicos innecesarios que pueden reforzar, por su repetición, una imagen negativa del profesorado que en muchos casos está alejada de la realidad.

En relación con las propuestas, cerramos este análisis con cuatro conclusiones:

  1. Quizás no deberían ser 24 propuestas: hay algunas que son parte del desarrollo normativo de la LOMLOE y no son “propuestas” como tales; otras que suponen actualizaciones necesarias que entran dentro de la responsabilidad política del Ministerio y las consejerías; y otras que podrían haber sido fusionadas para poder definir con más precisión que se pretende conseguir (especialmente las vinculadas con el Máster de Formación del Profesorado y con el acceso a la función docente).
  2. En general, se habría agradecido algo más de concreción en la mayoría de las propuestas. Es cierto que el objetivo de “centrar el debate” requiere propuestas muy generales pero un poco más de precisión acorta los tiempos para ese debate, que, de otro modo, pueden ser muy prolongados.
  3. Hay propuestas que no están presentes en el documento pero que tienen un impacto en la “profesión docente” y sus condiciones de trabajo. El Ministerio, obviamente, las conoce pero no las ha incluido en el documento, supongo que a la espera de que sean los sindicatos quienes lideren aquellas reclamaciones (sueldos, ratios, compensaciones, condiciones laborales, etc.) que han pertenecido históricamente a la actividad sindical. De cómo se vean satisfechas o no estas reclamaciones también dependerá en gran medida el impacto de las propuestas que sí han sido incluidas en el documento.
  4. Hay una propuesta que debería estar presente siempre en cualquier “listado de propuestas”: la evaluación de las medidas que se decidan y articulen finalmente y la promoción de la investigación en relación con estas propuestas y con todas aquellas otras vinculadas con el problema en cuestión. Sin esta última propuesta, dentro de quince o veinte años seguiremos sin tener datos para valorar cuál ha sido el impacto de lo que se decida en los próximos meses, si las negociaciones llegan a buen puerto, como todos deseamos.

En todo caso, ser el Ministerio para el Futuro nunca ha sido fácil, ni en la ficción ni en la realidad. Se agradece el primer paso dado por el Ministerio pues revela la voluntad de abrir un debate que todos sabemos que es complejo y que surge en un momento político complicado, pero que también todos sabemos que es un debate necesario, insoslayable e improrrogable: el futuro de la educación comienza hoy y los docentes son el eje sobre el cual se vertebra ese futuro. Ojalá estas “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente” sirvan realmente para construir un futuro mejor para nuestro sistema educativo, es decir, para nosotras y nosotros y para todas las generaciones que vengan después de nosotros.


[1] Desde la perspectiva de la identidad profesional del docente es urgente que encontremos, al menos en documentos oficiales, una denominación para el magisterio que no tenga que recurrir a esta expresión de “docente no universitario, que tienen un sesgo negativo que no se merece el magisterio.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/01/31/el-ministerio-para-el-futuro-analisis-de-las-propuestas-para-la-mejora-docente/

Comparte este contenido:
Page 1 of 19
1 2 3 19