La Comisión Europea (CE) dijo este jueves que está siguiendo el desarrollo en España de la Lomloe, o «Ley Celaá», que posibilita reemplazar escuelas concertadas por plazas en colegios públicos, aunque recalcó que no tiene competencias sobre Educación, ya que ésta recae exclusivamente en los gobiernos nacionales.
«Estamos siguiendo de cerca los desarrollos respecto a la nueva ley de Educación, así como las intenciones del Gobierno español de reemplazar ciertas escuelas concertadas por plazas en escuelas públicas», indicó este jueves la portavoz comunitaria de educación, Sonya Gospodinova, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.
La portavoz añadió que «la Comisión defiende el derecho de los padres a asegurar que la educación y formación que se les da a sus hijos cumple con sus convicciones religiosas, filosóficas o pedagógicas».
Preguntada por si los planes del Gobierno español estarían violando artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la portavoz señaló que este derecho está recogido en ese documento, pero precisó que el mismo «impone obligaciones a los Estados miembros sólo respecto a políticas donde hay competencia a nivel europeo».
«Como he mencionado, Educación es una competencia a nivel nacional, así que, en este sentido, la Comisión no tiene base para pronunciarse sobre los desarrollos legislativos en España y los planes del Gobierno español», añadió Gospodinova.
Más Plurales, una plataforma que engloba a los centros concertados, registró este miércoles ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la Lomloe o ley Celaá «pone en grave riesgo los derechos fundamentales y libertades» y vulnera la libertad de enseñanza establecida en el artículo 27 de la Constitución «al convertir a la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública».
También argumenta que va contra la libertad de creación al limitar la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, rechazó este martes en el Senado las críticas que el PP hizo a la Lomloe en el mismo sentido que Más Plurales, negando que se ataque a la libertad o a cualquier derecho fundamental.
Decenas de miles de personas se volvieron a manifestar en las calles, y a través de sus vehículos para evitar los contagios en medio de la pandemia, con el propósito de rechazar la nueva reforma educativa impulsada por el Ejecutivo español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), que contó además con el respaldo de los partidos independentistas catalanes y vascos. La movilización ciudadana contra la nueva ley educativa, llamada “Ley Celaá (en alusión a la ministra de Educación, Isabel Celaá), ha ido creciendo en los últimos días, en lo que han denominado la “ola naranja” de descontento ciudadano.
La nueva ley educativa provocó una profunda división en el Congreso español, igual que las últimas cinco legislaciones educativas aprobadas en España en los últimos 40 años, en las que, al igual que ésta, ha sido imposible un “pacto de Estado” entre la izquierda y la derecha para hacer una política educativa de consenso. En esta ocasión los puntos de desencuentros fueron sobre todo tres: el retiro a los apoyos públicos para la llamada escuela concertada, la supuesta “marginación” del idioma español en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Valencia, donde dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza, y, por último, la regulación de la asignatura de religión para que no sea una clase evaluable y que al final tenga incidencia en el balance global del alumnado.
En la protesta participaron sobre todo familias que educan a sus hijos en las escuelas concertadas -más de un 30 por ciento del total de los alumnos en el país-, los propios docentes y directivos de los centros educativos y dirigentes y militantes de los partidos políticos de la derecha, sobre todo del Partido Popular (PP) y de la extrema derecha de Vox. La mayoría de las escuelas concertadas que hay en España tienen una administración o raíz vinculada a una congregación religiosa, lo que explica que la regulación de la materia de Religión sea uno de sus caballos de batalla.
La principal manifestación se celebró en Madrid, si bien hubo protestas en otras 20 ciudades, en las que también miles de personas desde sus vehículos enarbolaron la bandera naranja y desplegaron carteles con el lema “Stop Ley Celaá”
“Es una ley injusta, sectaria, que ataca las libertades de los ciudadanos, especialmente la libertad de elección de las familias de los colegios para sus hijos”, dijo duranta la marcha un representante del sindicato de profesores de la escuela concertada, Francisco José del Castillo, quien también señaló al gobierno de falta de diálogo y denunció que entre el profesorado “”estamos hartos de leyes ideológicas en la educación, que hacen imposibles las mejoras en el sector”.
Para contrarrestar las críticas a la nueva ley educativa, el PSOE organizó un acto de partido en el que participaron dos ex ministros de Educación con mucho prestigio en la sociedad y en el sector, Ángel Gabilondo y José María Maravall, quienes no sólo defendieron la nueva legislación, sino que advirtieron que “es una ley necesaria y urgente que viene a deshacerse de todos aquellos abusos, desequilibrios, que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudiera seguir progresando. Y está perfectamente insertada en el pacto constitucional”.
Los detractores de la reforma salen a la calle para mostrar su desacuerdo. La falta de consenso es un clamor en la octava ley de educación en 40 años
A ritmo de claxon, miles de familias salieron a la calle este domingo en 30 ciudades para protestar contra la ley Celaá aprobada en el Congreso la semana pasada y que continúa su tramitación en el Senado. ¿Pero qué molesta tanto de la ley Celaá para semejante reacción? Mientras tratábamos de dar respuesta a esta cuestión, la vida sigue en las escuelas, se ha confinado el primer colegio de Madrid y los docentes siguen en su lucha por mantener las aulas abiertas en esta anormalidad escolar.
Bienvenidos otro martes más a este recorrido semanal por la actualidad educativa. En el que también nos detendremos en los proyectos a pie de aula. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y compartir esta newsletter con quien pueda estar interesado. Y si tienes alguna historia con la que podamos aprender, puedes contárnosla aquí.
1. Llega a la calle la controversia por la ley Celaá
Varios vehículos en la Castellana el domingo en la marcha contra la Ley Celaá.
Llevan más de 1,7 millones de firmas contra la ‘ley Celaá’, y este domingo mostraron su músculo en las calles de 30 ciudades españolas convocadas por la plataforma Más plurales. Se manifestaron en familia, pero en coche. Los principales argumentos: que la consideran una amenaza a la escuela concertada, que creen que atenta contra la libertad para escoger el centro, que acabará con los centros de educación especial y que elimina el español como lengua vehicular.
Esta semana habíamos escuchado a los obispos manifestar su «comprensión y apoyo» a las movilizaciones, aunque en esta ocasión han decidido no sumarse a las protestas, a pesar de que creen que la norma pone trabas a la educación concertada. Se refieren a que la ley prohíbe a la escuela concertada cobrar cuotas a las familias, obliga a los centros a escolarizar a más alumnos con dificultades y propone eliminar los conciertos educativos a los colegios que escolarizan por separado a las niñas y niños. Precisamente en este sentido ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obligando a la Generalitat a renovar el concierto a las escuelas que separan por sexo para preservar el interés de las familias y la viabilidad económica de los centros. Y respecto al abordaje lingüístico de la norma, la Real Academia Española recordó “la protección” que la Constitución da al castellano.
Para analizar cómo se vive a pie de aula esta norma y los cambios que propone, hemos preguntado a tres educadores y tres familias cómo les afecta la ‘ley Celaá’ a sus protagonistas. Y también hemos analizado la ley aprobada en el Congreso con sus 300 enmiendas y los cambios en la escuela que implicará su entrada en vigor: potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones y reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades.
La ministra Isabel Celaá durante su entrevista con el diario EL PAÍS.
2. Clamando por el consenso educativo que no llega
Pero más allá de lo que aporta y elimina la norma, que ha ocupado buena parte de las tribunas de esta semana, como la de Milagros Pérez Oliva, El consenso que piden y no dan, que recordaba que el objetivo de esta norma es «dejar atrás a la Lomce, una ley tan regresiva que ni el Gobierno que la promovió se atrevió a aplicarla en su totalidad». O lo que planteaba Juan M. Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, en Muchos caminos por andar, que la considera simplemente «una plataforma de partida».
Sin embargo, lo que todos reclaman para la octava ley educativa de la democracia es un consenso que está muy lejos de alcanzarse. Como recordaba Lucas Gortazar, de ESADE, en su columna Una ley educativa que nace sin alas: «La norma trae más buenas que malas noticias, algunas inconcreciones y otras omisiones preocupantes. Pero, sobre todo, nace sin consenso». Coincidía con Fernando Vallespín en su columna Educación, educación…: «Nunca tendremos la que deseamos si no nos implicamos todos. Es un deber ciudadano». Y también el editorial del 20 de noviembre Aprobado justo: «La falta de consenso educativo es un fracaso, pero la ley mejora la anterior».
En el apartado de buenas noticias nos detenemos en un centro de Galicia, reseñado en Escuelas en Red, donde los profesores siguen tratando de que el aprendizaje sea lo más eficaz posible. En el IES María Soliño de Cangas do Morrazo (Pontevedra) han optado por convertir a los estudiantes en cineastas con un matiz social para transformar el mundo en el que viven.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/11/23/actualidad/1606135131_726380.html
Los sindicatos docentes se encuentran divididos ante la aprobación en el Pleno del Congreso del proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de enseñanza de UGT, Maribel Loranca, considera una «noticia positiva» la aprobación de la LOMLOE este jueves por parte de la Cámara Baja. «Esta ley es un primer paso para introducir los cambios que necesita nuestro sistema educativo», ha afirmado.
En su opinión, la nueva norma educativa «revierte algunos de los efectos más perniciosos» de la LOMCE del Partido Popular, «como los itinerarios y la doble titulación», mientras que apuesta por «una escuela inclusiva y recupera la participación de la comunidad educativa en la gobernanza de los centros».
Además, Loranca ha puesto de relieve que incorpora la perspectiva de género, la apuesta por la digitalizacion y la educación para el desarrollo sostenible. «Contempla un compromiso de financiación, que a nuestro juicio, debería llegar al 7% del PIB en 2025», ha apostillado.
Sin embargo, ha lamentado que «deja fuera aspectos fundamentales como la bajada de ratios y la reducción de la carga lectiva de los docentes». «Emplazamos al gobierno a comenzar las negociaciones con los sindicatos para establecer las condiciones de la función docentes, así como los necesarios cambios que, en materia de currículo, metodología y evaluación deberán desarrollarse a partir de la ley», ha remachado.
El secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, ha indicado que la comunidad educativa había rechazado «frontalmente» la LOMCE y ha puesto de relieve que «había un amplio consenso en solicitar su derogación y su sustitución» por una nueva norma.
«Es una buena noticia que haya una nueva ley educativa que vaya a revertir los aspectos más regresivos de la LOMCE», ha indicado a Europa Press Francisco García, para después poner en valor que esta norma «vaya a fortalecer el sistema educativo público» que es el que «garantiza la universalización del derecho a la educación». No obstante, ha indicado que aún hay «asignaturas pendientes», como la financiación del sistema, el debate sobre la profesión docente o la rebaja de las ratios, entre otras.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de FEUSO, Antonio Amate, ha hecho hincapié en que la ‘Ley Celaá’, «por desgracia, será tan sólo la octava ley educativa» de la democracia. «Estamos siendo testigos, una vez más, del naufragio de la política y su incapacidad para ayudarnos a organizar nuestra vida compartida en el sistema educativo», ha añadido.
Para Amate, la LOMCE pretendió imponer «su modelo con una fuerte contestación de sus detractores» y la LOMLOE «vuelve a caer en la misma piedra y busca imponer su modelo provocando también una fuerte resistencia». «Esto no es bueno para nadie. Es un gran perjuicio social», ha manifestado, para después añadir que es «necesario rectificar en la Ley Celaá los aspectos más agresivos contra la libertad de enseñanza y la pluralidad» del sistema educativo.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado que la Ley Celaá «arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas».
«Se trata de un parche más en el modelo educativo que además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos», ha criticado CSIF.
El sindicato independiente de enseñanza ANPE ha afirmado que «la ausencia de diálogo unido a la falta de negociación» hace que esta nueva ley «nazca bajo la premisa de que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha sucedido con otras leyes educativas».
«Un proyecto apresurado, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE. Pero, tras la intervención de los grupos parlamentarios, que sustentan al gobierno, y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo», ha recalcado.
Desde la Confederación de STEs-i consideran que la controversia política y las demandas de la enseñanza privada «en defensa de unos privilegios que no tienen parangón en Europa, no deben ocultar las deficiencias que no soluciona» la ‘ley Celaá’.
«Celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE», han manifestado, para después añadir que el Congreso ha aprobado una LOMLOE que «mejorada» en su trámite parlamentario, pero está «lejos aún de las necesidades educativas actuales».
La ‘ley Celaá’ potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades y quita al castellano la condición de lengua vehicular
El Congreso de los Diputados vota este jueves la que parece destinada a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), más conocida como ley Celaá. El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas. En verano, tras ser derrotados en la votación sobre medidas educativas incluidas en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, los socialistas y Podemos hicieron cálculos y llegaron a varias conclusiones. Los apoyos de Ciudadanos y el del PNV resultaban incompatibles en materia educativa (como había demostrado su fracaso al intentar una propuesta de compromiso de amplio espectro, con cesión sobre la concertada incluida, en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción). El acuerdo con el PP (que se había intentado sin éxito en otras legislaturas) y con Vox resultaban inviables. Y el único camino, pensaron, para llegar a la mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas y los pequeños.
Así se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros: hacia una mayor descentralización (en la cual se enmarca la decisión más polémica: el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación del castellano como lengua vehicular) y hacia la izquierda (con un mayor subrayado a favor de la escuela pública y un mayor control de la concertada, que se ha opuesto a la norma).
Si no se tuercen las cosas en el último momento las modificaciones permitirán que, a diferencia de lo que sucedió en verano, esta vez la iniciativa del Gobierno salga adelante. Pero los cambios también hacen más difícil pensar que la nueva ley pueda resistir a un cambio de color en el Ejecutivo (como tampoco lo hicieron las anteriores). Estas son las principales medidas que recoge el proyecto de ley.
Medidas contra la segregación escolar
La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera. Por ejemplo, en la pública estudian nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Se crean oficinas de garantías que velarán por el proceso de admisión y a las que los padres podrán dirigirse para realizar la matrícula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos. Se prevé la reducción de ratios en entornos desfavorecidos.
El criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos. Los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos. Se suprime el concepto de “demanda social” a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la “educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
Limitación de repeticiones
En España ha repetido en torno al 31% de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25% refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado, según ha advertido Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado. Además, solo en la ESO la repetición tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación. La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Nuevo equilibrio entre el Gobierno y las comunidades autónomas
La ley aprobada hace siete años por el PP reforzó las competencias educativas del Gobierno (por ejemplo en la fijación del currículo, formado por el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación), la nueva norma vira hacia un modelo en el que las comunidades tienen más competencias y participación. El Ministerio de Educación fijará el 50% del currículo en las comunidades con lengua cooficial (en lugar del 55% como hacía con la anterior ley educativa elaborada por el PSOE; con la última, del PP, es imposible comparar porque sustituyó el modelo de porcentajes por un complejo reparto de asignaturas que daba preeminencia al Gobierno) y el 60% (en vez del 65%) en las que no la tienen. La ley también prevé que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporción que deben determinar las autonomías. Las comunidades estarán presentes en el futuro Instituto de Desarrollo Curricular, que tendrá la misión de actualizar regularmente el currículo. Y la ley prevé que el ministerio las consulte, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, antes de tomar diversas decisiones.
El castellano deja de ser vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisión tiene un alcance práctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Cataluña (la comunidad donde funciona desde hace décadas el sistema de inmersión lingüística y concentra la polémica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Y ninguna de ambas circunstancias cambiará tras la aprobación de la ley.
La decisión sí tiene una gran valor simbólico y supone un reconocimiento implícito al modelo de inmersión lingüística. Las entidades que reclaman que el castellano también se use en Cataluña creen que dificultará su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la enseñanza obligatoria con un “dominio pleno” tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que cuando ello no esté sucediendo en un centro las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo.
Niños y letreros en catalán en un aula del colegio público Reina Violant, en Barcelona. (C)CARLES RIBAS /
Menos itinerarios y diversificación curricular
La norma elimina los itinerarios educativos que separaban de forma temprana a los alumnos en la ESO introducidos por la norma del PP, la ley Wert, parte de los cuales no llegaron a aplicarse. En tercero, los alumnos que vayan mal podrán matricularse en un programa de diversificación curricular (que implica, entre otras medidas, hacer más sencillo el currículo), que continuará en cuarto y permitirá obtener el título de la ESO. Estos programas de diversificación son, para el experto educativo Lucas Gortázar, ahora en Esade, uno de los puntos fuertes de la ley.
Evaluaciones diagnósticas en vez de reválida
La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”. Y en sexto de primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA. Tantos unos como otros tendrán un carácter meramente “informativo y orientador para los centros, las familias y el conjunto de la comunidad educativa” y no podrán utilizarse para establecer clasificaciones de centros. Muchos especialistas, como Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Organización Escolar de la Universidad de Murcia, han venido reclamando más información sobre el sistema para poder mejorarlo y evaluar las medidas que se adoptan.
Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria
A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General. Contendrá aspectos tanto de la rama científica como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO (normalmente con 16 años) no se han decidido por una u otra vía. La etapa de primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación. Y se simplificará el modelo de asignaturas de la ley Wert, reduciéndolas a obligatorias y optativas (ya no habrá las llamadas de libre configuración).
Los centros decidirán parte de las horas de clase
Los centros educativos desarrollarán parte del currículo, esto es, podrán decidir “un porcentaje de los horarios escolares”, que deberán orientarse al trabajo de las competencias básicas. Las comunidades decidirán qué porcentaje de las horas pueden fijar (que se descontará del 50% que pueden fijar ellas; la otra mitad corresponde al ministerio). En Portugal, donde los colegios gestionan una cuarta parte del horario, el aumento de la autonomía ha dado buenos frutos.
Fusionar asignaturas
La agrupación de asignaturas por ámbitos de conocimiento ―impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología― ha funcionado bien desde mediados de los años noventa, cuando empezó a utilizarse en grupos de alumnos que iban mal en los programas de diversificación curricular. Con la pandemia, el Gobierno ha permitido a las comunidades generalizarlo a cualquier curso y grupo de la enseñanza obligatoria (salvo cuarto de la ESO), y la ley consolida el cambio. La primera autonomía en proponerlo fue la Comunidad Valenciana. Su consejero de Educación, Vicent Marzà, argumentó que los alumnos que llegan a los institutos desde la escuela pasan a tener de golpe “más asignaturas que años” y otros tantos profesores, lo que dificulta su adaptación y puede explicar, en parte, la elevada tasa de repetición de los primeros cursos de la ESO.
Puentes entre las 17 aulas virtuales autonómicas
El Ministerio de Educación impulsará la compatibilidad de las aulas virtuales autonómicas. Cada autonomía ha optado por la suya, lo que dificulta el intercambio de contenidos. Las aulas virtuales deberán permitir que los docentes creen fácilmente materiales para sus asignaturas. Deberá mejorarse la formación inicial y continua del profesorado al respecto, que la pandemia ha demostrado insuficiente.
Solidaridad interterritorial
La norma recupera los planes de cooperación interterritorial que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para inyectar fondos en los sistemas educativos autonómicos y contribuir al “equilibrio territorial”. Tendrán prioridad los programas dirigidos a potenciar la escolarización “asequible” de cero a tres años, la FP, la educación inclusiva, el plurilingüismo y la escuela rural, así como los diseñados para reducir el abandono temprano,
Igualdad de género
La ley hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento. Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formación del profesorado, deberán fomentar la igualdad.
Escuelas sostenibles
Para promover «la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno. También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
Más competencias para el consejo escolar
El Consejo Escolar, en el que participan profesores, familias y, a partir de secundaria, los alumnos, recupera las competencias que perdió con la ley Wert, que lo limitó a funciones informativas. Entre ellas: aprobará el proyecto educativo y la programación general del centro y participará en la selección del director.
Alumnos en una clase del colegio público López Ferreiro de Santiago de Compostela. OSCAR CORRAL / EL PAÍS
Educación especial
La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas considera segregador, a otro que integre más ambas. A corto plazo, la norma contempla que las discrepancias sobre el tipo de centro en el que deben ser matriculados los alumnos con discapacidad deberá resolverse “siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Una fórmula con la que fuentes del grupo socialista esperan que terminen los casos en los que los alumnos son obligados a acudir a centros especiales contra el criterio de sus padres.
Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Las Administraciones seguirán financiado los centros especiales para que, “además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”, en línea con el sistema que se ha implantado con éxito en Portugal. El PP, Vox y Ciudadanos defienden, en línea con lo que sostiene un importante sector de los colegios especiales y muchas familias y asociaciones, que esta segunda referencia recogida en la ley supone en realidad la puesta en marcha de un plan que conducirá al cierre de la mayoría de estos centros y que puede obligar a niños con necesidades educativas especiales a acudir a escuelas ordinarias contra el criterio de los padres y generando problemas educativos y de inclusión para los menores.
Religión
La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan. La ley no dice en qué horario debe ofertarse, lo cual queda en manos de las comunidades.
Asignatura de valores cívicos
En uno de los cursos del último ciclo de primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.
Cada alumno tendrá un número identificativo
Los alumnos tendrán un número identificativo para facilitar el «intercambio de la información relevante” y “el seguimiento de las trayectorias educativas individualizadas”, con el objetivo de mejorar la estadística educativa, dentro de los márgenes que establece la normativa de protección de datos.
Apartar a los malos profesores
Los funcionarios “que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento» podrán ser “removidos de su puesto” y destinados a “tareas que no requieran atención directa con el alumnado”.
Planes para futuras pandemias (u otras emergencias)
El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”. El “plan de contigencia para situaciones de emergencia” abordará la organización del centro, la coordinación de los docentes y la comunicación con las familias, además de garantizar la competencia digital de alumnos y profesores y asegurar los medios técnicos.
Nuevo acceso docente e incremento del gasto público
La ley da un año al Gobierno para presentar un sistema de acceso a la profesión docente, y de formación inicial y permanente. La norma concede dos años al Ejecutivo para formular un plan de aumento del gasto público con el que cumplir los objetivos de la ley. El mismo contemplará el aumento del gasto público educativo hasta el 5% del PIB, el porcentaje que alcanzó en 2010 antes de caer por la crisis. El año pasado no llegó al 4,2%.
Educación infantil
En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y «priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
Calendario de aplicación
El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo. El calendario establece que a su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE) serán automáticamente aplicables los cambios que afectan a la admisión de alumnos, la autonomía de los centros docentes y las competencias de los consejos escolares. Y el curso siguiente se implantarán las modificaciones en materia de evaluación, repetición, titulación, organización y currículo.
Europa/España/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es
Se retirará el término de «lengua vehicular» para el español en la enseñanza
La reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, garantizará que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial adquieran competencias «por igual» del castellano y de la lengua correspondiente, a pesar de que se vaya a retirar de la norma el término de «lengua vehicular» para el español en la enseñanza. Mañana se tiene que votar en la Ponencia o grupo de trabajo sobre la Lomloe de la Comisión de Educación del Congreso una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y ERC que se conoció ayer y que ha levantado polémica al quitar precisamente el término de vehicular para el castellano en la enseñanza.
«La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución», recalcó a Efe la portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, que remarcó que se va a ser tan «garantista» en la enmienda a votar que en su punto uno se vuelve al marco Constitucional y a los estatutos de autonomía, es decir, a los derechos recogidos en la Carta Magna.
Se busca asegurar «el derecho a estudiar y a aprender ambas lenguas por igual» y la ley Celaá garantizará que todos los alumnos adquieran ambas competencias lingüísticas, del castellano y de la lengua cooficial de su comunidad, insistió. Además, en el «caso hipotético» de que se detectase que alguna de las dos lenguas está desequilibrada en la gestión de competencias, se establecerán «medidas compensatorias» para equilibrar la adquisición de competencias y que se garantice ese derecho.
La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia.
PSOE, Podemos y Mas País han aprobado una enmienda transaccional a la «ley Celaá» que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada.
La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia, es decir, el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.
La enmienda señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».
El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».
La «ley Celaá» ya había eliminado en su texto inicial la alusión a la «demanda social» de dicho artículo 109. Es decir, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.
Aprobado el polémico apartado 5 de PSOE y UP
En esta enmienda transaccional aprobadad también se recogen modificaciones realizadas por PSOE y Podemos a la «ley Celaá» (en sus enmiendas conjuntas) que aluden reiteradamente al incremento de plazas públicas para atender toda las necesidades de escolarización. Por ejemplo: «En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población».
También se aprueba el apartado 5 del artículo 109, obra de PSOE y Podemos que dice que: «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».
Las contradicciones con la «heterogenidad del alumnado»
Por otro lado, PSOE y Podemos incuyen en el artículo 109.1 el objetivo de conseguir una «heterogeneidad» del alumno como «oportunidad educativa» y, al mismo tiempo, han aprobado otra enmienda transaccional con ERC que establece como criterio de preferencia para acceder al concierto el fomento de la escolarización de proximidad (que el centro esté cerca del domicilio o zonficación). La pregunta que cabe hacerse es cómo conseguir un alumando heterogéneo si se prima la proximidad de domicilio y por lo tanto, no podrán elegir un colegio que esté más lejos de su distrito.
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