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FODEP Nacional “Declaración Púbica: DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO” (28 de septiembre, 2021). Chile

DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO

Chile asiste, durante las últimas semanas, a un intenso debate sobre el concepto de “libertad de enseñanza”. Organismos que agrupan a los dueños de colegios y los grandes medios de prensa escrita encabezados por El “Mercurio”, han iniciado una campaña de difusión en la defensa de sus intereses, resguardados por la “libertad de enseñanza” como un derecho que debería ser garantizado por la constitución.

El Foro por el Derecho a la Educación Pública ha venido desarrollando una lucha por conquistar la educación como un Derecho Humano y Social. En tal sentido, las experiencias y el saber acumulado permiten afirmar que la “libertad de enseñanza” que hoy defienden los sectores del gran empresariado del país no es más que la “libertad de la antigua oligarquía chilena, de la iglesia y de la empresa privada, que se ha unido para consolidar la oferta privada en educación y la destrucción del sistema de educación pública chileno, acentuando la desigualdad y la segregación social en nuestro país. La concepción de la “libertad de enseñanza” en absoluto obedece a una concepción educativa y pedagógica, por el contrario, la constitución pinochetista, en su artículo 19.11 reduce esta libertad de enseñanza al “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, lo que le da garantía constitucional (art. 20), por sobre el Derecho a la Educación Pública.

Desmercantilizar la educación requiere desmantelar el concepto de la “libertad de enseñanza” que usan los poderosos. Debemos repensar el Derecho a la Educación Pública.

Como Foro por el Derecho a la Educación Pública llamamos a las organizaciones de base (sindicatos, gremios, asambleas, colectivos, estudiantiles, docentes, comunidades educativas, etc.) a formarnos y a discutir en cada espacio y territorio. Hay que organizarse y enfrentar la desinformación, construir argumentos y socializar la información. Así evitaremos que la elite continúe amparándose en la libertad de mercado, que solo los beneficia a ellos en desmedro del Derecho a la Educación Pública de todas las personas.

FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

-septiembre 2021 –

Declaración Libertad de enseñanza – Campaña FodepDescargar

 

Fuente: http://derechoeducacionpublica.cl/fodep-nacional-declaracion-pubica-derecho-a-la-educacion-publica-un-debate-popular-necesario-28-de-septiembre-2021/

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Educación y poder constituyente en Chile

Publicado en redclade.org

Por:  Juan González

Artículo presenta un análisis sobre cómo el derecho humano a la educación en Chile ha sido entendido en La Constitución política promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet y cómo deve ser garantizado en el proceso de construcción de una nueva carta magna (proceso constituyente).

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/educacion-y-poder-constituyente-en-chile/

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Bruselas sigue la ley de Educación española pero niega tener competencias

La Comisión Europea (CE) dijo este jueves que está siguiendo el desarrollo en España de la Lomloe, o «Ley Celaá», que posibilita reemplazar escuelas concertadas por plazas en colegios públicos, aunque recalcó que no tiene competencias sobre Educación, ya que ésta recae exclusivamente en los gobiernos nacionales.

«Estamos siguiendo de cerca los desarrollos respecto a la nueva ley de Educación, así como las intenciones del Gobierno español de reemplazar ciertas escuelas concertadas por plazas en escuelas públicas», indicó este jueves la portavoz comunitaria de educación, Sonya Gospodinova, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Preguntada por si los planes del Gobierno español estarían violando artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la portavoz señaló que este derecho está recogido en ese documento, pero precisó que el mismo «impone obligaciones a los Estados miembros sólo respecto a políticas donde hay competencia a nivel europeo».

«Como he mencionado, Educación es una competencia a nivel nacional, así que, en este sentido, la Comisión no tiene base para pronunciarse sobre los desarrollos legislativos en España y los planes del Gobierno español», añadió Gospodinova.

Más Plurales, una plataforma que engloba a los centros concertados, registró este miércoles ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la Lomloe o ley Celaá «pone en grave riesgo los derechos fundamentales y libertades» y vulnera la libertad de enseñanza establecida en el artículo 27 de la Constitución «al convertir a la enseñanza concertada en subsidiaria de la pública».

También argumenta que va contra la libertad de creación al limitar la posibilidad de apertura de nuevos centros con ideario propio y con ello el pluralismo en el sistema educativo.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, rechazó este martes en el Senado las críticas que el PP hizo a la Lomloe en el mismo sentido que Más Plurales, negando que se ataque a la libertad o a cualquier derecho fundamental.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/bruselas-sigue-ley-educacion-espanola-niega-competencias_1_7193239.html

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Censura y educación: Hong Kong elimina temas «sensibles» de libros escolares

La educación es uno de los sectores que suscita mayor enojo en China. La clase política de Hong Kong, leal a Pekín, considera que algunas escuelas ofrecen apoyo a los manifestantes en pro de la democracia.

Los editores hongkoneses han sido instados a eliminar contenidos «sensibles» de libros de texto escolares en medio del creciente control de la libertad de enseñanza, tras la aprobación de una ley que impone severas penas por temas seguridad nacional.

La mención de la «desobediencia civil» y fotos de ciertos eslóganes del movimiento de protesta, así como los nombres de determinados partidos políticos han sido eliminados de las obras utilizadas en los cursos de cultura general de enseñanza secundaria.

La censura es un medio para poner fin a toda disidencia en el territorio hongkonés, sacudido el año pasado durante varios meses por protestas, a veces violentas, en favor de una mayor democracia. 

La educación es uno de los sectores que suscita mayor enojo en China, y la clase política de Hong Kong, leal a Pekín, considera que algunas escuelas ofrecen apoyo a los manifestantes en pro de la democracia.

El curso de cultura general «Liberal Studies» que se imparte para desarrollar el pensamiento crítico, se ha convertido en una bestia negra para China, puesto que los políticos pro-Pekín en Hong Kong solicitan establecer una educación más «patriótica».

El Sindicato de Profesores Profesionales de Hong Kong (HKPTU) acusó de censura política a la Oficina de Educación que exigió estos cambios: «Distorsiona la realidad de la sociedad», señaló el HKPTU, solicitando a las autoridades que garanticen la libertad de educación en el territorio.

El acuerdo de retrocesión de la excolonia británica a China preveía garantizar ciertas libertades en Hong Kong hasta 2047, en particular las de expresión y prensa, desconocidas en China continental. 

La ley de seguridad nacional, que entró en vigor a finales de junio, hizo que de la noche a la mañana ciertas declaraciones políticas sean consideradsa ilegales. Los infractores se exponen a largas penas de prisión.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/censura-y-educacion-hong-kong-elimina-temas-sensibles-de-libros-escolares/695528

 

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En nombre de la libertad de enseñanza hay que suprimir la enseñanza concertada

Por:  Carlos Fernández Liria

Al hilo de la cruzada que ha emprendido el PP en defensa de la escuela concertada, ha circulado un vídeo en el que “un padre con hijos en la pública explica a la ministra Celaá lo que es la libertad de enseñanza”. En un tono impertinente y paternalista, amparado en la supuesta autoridad moral que le confiere llevar a sus tres hijos a la escuela pública, este sujeto explica una sarta de majaderías aprendidas en el peor catecismo ideológico. Lo importante no es este señor, por supuesto, pero el catecismo en cuestión sí conviene denunciarlo. Pienso que seguramente el vídeo es un montaje propagandístico del PP porque, sinceramente, no creo que se pueda ser tan tonto y tan ignorante. Pero el caso es que este señor amenaza a los del “pacto de gobierno” con plantarles cara en las calles si se llega a tocar el asunto de la escuela concertada. Y eso sí ocurrirá, sin duda, a la menor ocasión, por lo que conviene tener algunas ideas claras respecto a esta posible eventualidad.

Hay una serie de sofismas que se repiten sin cesar como si fueran evidencias. Según ellos, y tal y como recita el padre en cuestión, el artículo 27 de la Constitución protege la enseñanza concertada porque defiende la libertad de enseñanza contra el modelo de la “escuela única”. Esto es completamente falso, pero es que además no se sabe qué puede ser eso de la “escuela única”. Lo bueno que tiene este padre es que con ese tonillo tan repelente se explica con mucha claridad: “la escuela única se da sólo en los países en donde existe el partido único, la prensa única, o sea, en las dictaduras, en los regímenes totalitarios”. Lo repite dos veces en cinco minutos.

Así pues, si suprimir la escuela concertada es imponer el modelo de “escuela única” y eso sólo se da en las dictaduras totalitarias, habría que concluir de inmediato que en Europa hay una buena cantidad de países totalitarios: en realidad, casi todos. Se lleva la palma, desde luego, Finlandia, que durante las últimas décadas ha sido el milagro educativo europeo, donde la escuela concertada se reduce a un 2,9 % y la escuela privada a un impactante 0,0%Noruega es, también, un país muy totalitario, con un 96,4% de escuela pública. Peor es en Irlanda, donde la concertada y la privada juntas suman un 0,4%. Otras dictaduras totalitarias serían Alemania (la que más, junto con Austria, un 0,0%), Los Países Bajos (0,9%) o Italia (5,1%). En realidad, según esta especie de catecismo del PP, sólo tres países europeos se librarían, por tanto, del totalitarismo: España, donde la suma concertada privada es del 31,8%; Reino Unido, con un 39,1% y Bélgica, con un 55,7%. Todos los demás serían dictaduras totalitarias que cercenan la libertad de enseñanza imponiendo un modelo de “escuela única”.

El disparate es tan mayúsculo y el truco ideológico tan grotesco que no se entiende como en nuestro país ha podido gozar de un cierto consenso, de modo que un padre desinformado puede poner ese tonillo tan cargante de sermón aleccionador y responsable.

Todo está (además de basado en datos falsos) mal planteado. Lo que esta “gente liberal de derechas” llama “libertad de enseñanza” no es más que un supuesto derecho que tienen los padres a imponer a sus hijos su propia ideología personal y, además, de hacerlo de forma absolutamente totalitaria hasta que cumplan 18 años (cuando el daño ya estará hecho y rematado). O sea, que si se da la circunstancia de que tienes unos padres del Opus o Testigos de Jehová, la has jodido de por vida y sin remedio, porque según esta peculiar interpretación de la Constitución, los padres tienen derecho a encerrar a sus hijos en una cárcel ideológica hasta que sean mayores de edad. A eso le llaman “libertad de las familias”. Las cosas, sin embargo, suceden exactamente al revés.

La escuela pública es lo mejor que se ha inventado contra el totalitarismo ideológico. Se inventó, sobre todo, para librar a los niños de la dictadura ideológica a la que los padres podrían someterlos, educándolos según sus convicciones (en ocasiones repugnantes o incluso a veces criminales) sin dejarles asomarse ni por un momento a la pluralidad ideológica y la diversidad social. Los niños pueden, sin duda, ser educados en casa de manera más o menos asfixiante. Ese es el derecho de los padres. Pero en el colegio, en el Instituto, deben de tener una ventana abierta al mundo, a otros mundos que sus padres no tienen derecho a censurar, porque no son más que los mundos de sus conciudadanos. Unos serán cristianos, otros musulmanes, otros ateos, budistas o pastafaris.

Esta es la gran belleza de la escuela pública, donde cada niño se sienta junto a alguien que seguro que es diferente que él, donde se aprende el respeto y la tolerancia hacia la diversidad y la riqueza ideológica. ¿De verdad que parece razonable que los padres puedan tener el derecho, por ser del Opus (o de ETA militar, eso da igual) de sentar a sus hijos durante 18 años en un colegio de gente del Opus, donde se explique el mensaje del Opus, se coma como comen los del Opus, se piense al modo Opus y esté prohibido comportarse más que como se comportan los del Opus, por ejemplo, separando los sexos y prohibiendo la masturbación o la homosexualidad con las penas del infierno? Yo no pretendo, que ya me gustaría, que se me meta a esa gente en la cárcel, porque en esto no me ampara la Constitución y yo la respeto mucho también. Pero, me parece una cuestión de elemental higiene democrática que esos hijos se eduquen en una escuela pública, donde podrán elegir (¡eso sí que es la libertad de elegir de las familias y no del patriarca en cuestión!) si prefieren admirar y seguir el modelo cultural de sus padres o apuntarse a cualquier otro modelo ideológico, cultural o religioso.

La escuela pública se inventó para salvarnos de nuestros padres. Es un invento tan bueno, que no sólo te facilita salvarte de tus padres fachas, sino también de tus padres progres. Porque lo que es aplicable a los padres del Opus, es aplicable igualmente a esos padres acrátas alternativos que se empeñan en educar a sus hijos en una casa okupa, según su catecismo ideológicamente correcto, al tiempo que se niegan a vacunarles y les alimentan con quinoa. Los padres, nadie lo niega, tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. Pero no de manera totalitaria. Sus convicciones educativas tienen que pasar por la prueba de la escuela pública. Someterse a la reválida de la democracia, la diversidad social y la pluralidad ideológica. Contra lo que suele decirse, la escuela pública es el único invento fiable contra el control ideológico.

Cuando se repite ese mantra absurdo del control ideológico estatal se olvida la cuestión fundamental: la de si se está hablando de un Estado con división de poderes o no. En la medida misma de que haya un control gubernamental de lo público, ya se trate de la escuela pública (donde es casi impracticable) o de la prensa pública (donde por supuesto que lo hay) o de la justicia (que no puede ser privada), eso no es más que una demostración de que la separación de poderes no está funcionando correctamente. Y en esos casos, el problema no es lo público, sino el hecho de que lo público no está suficientemente blindado frente a las presiones privadas o gubernamentales. Es algo que, por ejemplo, se observa en la sanidad pública, mucho más que en la escuela pública. Y no digamos ya, en el terreno del periodismo, donde la libertad de expresión está secuestrada por unas cuantas corporaciones mediáticas económicamente muy poderosas.

La enseñanza concertada está dañando muy gravemente el sistema de instrucción pública y esto es lo más grave que puede ocurrir para las clases mas desfavorecidas. Con su sistema de tasas encubiertas, absolutamente generalizado, están seleccionando a los alumnos menos problemáticos y condenando a un ghetto de marginados a la población más necesitada de recursos para su educación ciudadana. Esto es así hasta el punto de que hay ya muchos padres de izquierdas que deciden llevar a sus hijos a la concertada, porque, en algunos barrios, llevarlos a la pública es como sentenciarlos a un reformatorio carcelario. El padre ese del vídeo del PP dice que lleva a sus hijos a la pública. Me gustaría saber si ese sinvergüenza alardearía de lo mismo en ciertos barrios que yo mismo podría recomendarle. Mientras las políticas neoliberales de derechas están favoreciendo la enseñanza privada con recursos del Estado (que es lo que supone el sistema de conciertos), en las dos últimas décadas no han cesado de recortarse los recursos de la escuela pública. Se trata de un darwinismo social neonazi que se impone en nombre de la libertad de enseñanza según es entendida por el PP. Es increíble que alguien pueda caer en una trampa tan burda y apelar encima a la Constitución y su artículo 27.

La escuela pública no es un “modelo educativo”, es la institución que garantiza que ningún modelo educativo pueda imponerse sobre los demás. Un alumno de la escuela pública tendrá un año un profesor medio facha y otro año una profesora medio progre. Tendrá una profesora del opus en una asignatura y un profesor hippie homosexual en otra. Conocerá profesores homófobos y profesoras lesbianas, profesores ateos y profesoras beatas, profesores y profesoras que serán a veces votantes del PP y a veces votantes de Podemos. Esta riqueza estructural de la escuela pública hace impracticable cualquier intento de control ideológico. Todo lo contrario de las dictaduras ideológicas que se imponen en la escuela concertada, donde cualquier profesor o profesora puede ser despedido por no encajar con la matriz ideológica de quien paga. ¿En serio que debemos destinar un sólo euro de dinero público a semejante totalitarismo educativo?

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262728

 

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México: ¿Quién estuvo en contra de la educación laica? Así votaron el artículo 3 de la Constitución hace 102 años

México / 10 de febrero de 2019 / Autor: Uriel Blanco / Fuente: El Financiero

La discusión de este artículo tuvo lugar a finales de 1916 y tuvieron que pasar días para llegar al momento de la votación.

El artículo tercero es probablemente uno de los más importantes dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la actualidad establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a recibir educación, la cual debe ser laica y gratuita en las instituciones del Estado. Parece una de las garantías más elementales, pero hace más de 102 años generó un debate que se prolongó por días.

El 1 de diciembre de 1916, el Congreso Constituyente de Querétaro inició periodo de sesiones. Venustiano Carranza, presidente de México en ese entonces, presentó ante los legisladores el proyecto de Constitución que pretendía reformar la Carta Magna de 1857.

Los diputados del Congreso Constituyente tuvieron 66 sesiones ordinarias y una permanente (además de la inaugural y la de clausura, lo que da un total de 69 sesiones) para debatir el proyecto de Carranza.

Todas las sesiones se llevaron a cabo entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917. Una de las discusiones que más llevó tiempo fue la del artículo tercero sobre la libertad de enseñanza.

Venustiano Carranza propuso para el artículo 3 lo siguiente: «Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos».

Este artículo comenzó a ser discutido el 11 de diciembre de 1916 por los diputados, de acuerdo con el texto ‘Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917’, de la Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de México.

219
Número de diputados que conformaba el Congreso Constituyente de Querétaro

A la propuesta de Carranza se le hicieron modificaciones el 13 de diciembre, por lo que el artículo en discusión quedó de la siguiente forma: «Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del Gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente».

El congresista constituyente y periodista Félix Palavicini, que apoyaba la propuesta de Carranza, estuvo en contra de esta modificación. El legislador argumentaba que en este artículo no se defendía la libertad de enseñanza.

«Y bien, señores diputados; ¿habrá o no habrá libertad de enseñanza? ¿Habéis entendido este artículo 3º? Ellos comienzan diciendo: ‘habrá libertad de enseñanza’. ¿Dónde?, ¿en qué país?, ¿en México? No, todo el artículo responde que no habrá de eso. ¿Qué significa esta redacción? ¿Qué propósito tiene? ¿Con qué argumento, con qué razón han cambiado el precepto liberal de la carta de 1857 y el precepto liberal de la carta de 1916, para substituirlo, señores diputados, con este incomprensible embrollo de cosas contradictorias?», criticó Palavicini en la sesión ordinaria del 14 de diciembre.

Al contrario, uno de los diputados que estuvo a favor de esta modificación fue Román Rosas y Reyes, del distrito 7 de la ahora llamada Ciudad de México. Este legislador opinaba que se debía dejar clara la separación entre educación e iglesia.

«Si queremos nosotros, señores, que nuestras razas futuras llenen las aspiraciones que anhelamos nosotros, si queremos que lleven la savia vigorosa de la verdad en su mente y por ella rijan siempre sus menores actos, ayudadme a destruir esas escuelas católicas, que no son otra cosa que fábricas de frailes, en donde se acapara de una vez para siempre el pequeño espíritu, la conciencia, la razón, en donde desde pequeño, se enseña al hombre a ser hipócrita, a ser egoísta, a ser falaz, a ser mentiroso; ayudadme a destruir esas escuelas católicas, en donde se sentencia desde temprano a la niñez a llevar una vida de degradación, de dudas, de obscurantismo, de miseria moral», enfatizó Rosas y Reyes en la misma sesión en la que habló Palavicini.

69 sesiones
Tuvieron los diputados constituyentes para discutir y aprobar el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza

Los posicionamientos a favor y en contra continuaron en las siguientes dos sesiones y el artículo sufrió más cambios. El 16 de diciembre, los congresistas constituyentes aprobaron el 3° de la Carta Magna. La votación quedó con 99 legisladores a favor y 58 en contra.

El artículo 3° de la Constitución quedó plasmado en la primera edición de la Constitución de 1917 -promulgada y firmada el 5 de febrero de ese año-, y fue escrito de la siguiente manera:

«La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

«Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

«Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

«En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria».

Aquí algunos de los congresistas constituyentes que votaron a favor y en contra del artículo sobre la educación laica.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/quien-estuvo-en-contra-de-la-educacion-laica-asi-votaron-el-articulo-3-de-la-constitucion-hace-102-anos
ove/mahv
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