Líderes

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Proceso Social y Territorial de Garantías y organizaciones de derechos humanos, nuevamente manifestamos indignación y alertamos por el incremento y aumento de las múltiples y selectivas violencias manifestadas en agresiones, amenazas y asesinatos que se vienen presentando contra los diferentes liderazgos defensores y defensoras de derechos humanos en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia, sobre todo en el marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP.

Estas agresiones ocurren luego de la firma el pasado 24 de agosto de 2016, cuando se dio a conocer el fin de las negociaciones  y el ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA, en el cual se plantea transversalmente implementar acciones encaminadas a las Garantías de No Repetición de hechos victimizantes, tal como aparece en el Punto 3 donde se circunscribe: “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Solo en los últimos quince días, paradójicamente en el marco de la semana de los Derechos Humanos conmemorada por múltiples organizaciones y movimientos sociales, se han registrado los asesinatos de Cecilia Coicué, ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2016, lideresa perteneciente al movimiento Marcha Patriótica Cauca;  y el día 11 de septiembre el asesinato del líder Néstor Iván Martínez, vocero de la Comisión de Interlocución del Centro y Sur del Cesar y miembro del Congreso de los Pueblos; y ese mismo 11 de septiembre se reportó el asesinato de María Fabiola Jiménez, lideresa comunitaria del municipio de Barbosa Antioquia.

Estas muertes se suman a las vergonzosas cifras registradas recientemente por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, según las cuales en lo corrido del año han sido asesinados 49 defensores de derechos humanos en todo el país.

Adicional a esto, la crisis humanitaria en varias zonas del Chocó y la difícil situación humanitaria que se viene presentando en algunas veredas de San José de Apartadó (Urabá antioqueño) y Saiza (Tierralta, Córdoba), por la presencia de grupos paramilitares causantes de graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desplazamientos, masacres que nuevamente ponen en riesgo a las comunidades campesinas.

Insistimos en que la implementación de los mecanismos y garantías de no repetición y las acciones de esclarecimiento de estos dolorosos hecho deben ser de urgencia, contundentes y prioritarias por la Fiscalía General de la Nación.

Condenamos los hechos y los asesinatos aquí relatados, exigimos categóricamente al Gobierno Nacional, al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; y a la Gobernación de Antioquia, presidida por Luis Pérez Gutiérrez; para que asuma sus responsabilidades, tome decisiones efectivas de cara a las garantías de no repetición y lucha contra la impunidad de estos homicidios.

Un país en transición hacia la paz no puede permitirse que se continúen asesinando hombres y mujeres que buscamos aportar a la democracia. Esto genera un panorama muy desalentador y a la vez produce un ambiente de escepticismo e indignación ante las omisiones del Estado colombiano por el desempeño de funciones tan esenciales camino a la paz.