La Federación de Maestros de Estados Unidos(AFT) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico han recurrido a miembros del Congreso para que presionen al Departamento de Educación de la Isla y se evite el cierre de hasta 283 escuelas.
En carta a líderes del Congreso, las presidentas de ambos grupos consideraron que en momentos en que el gobierno federal le ha prometido una asignación de emergencia de $589 millones, las decisiones del Departamento de Educación de Puerto Rico, incluido el plan para iniciar un programa de escuelas ‘charter’, “requieren supervisión”.
“Si bien estamos satisfechos de que Puerto Rico recibió casi $ 600 millones en fondos educativos para la recuperación de desastres, nos preocupa que este dinero irá desproporcionadamente a operadores de chárter o simplemente nunca llegará a las escuelas para las que se pretendía ayudar”, indicaron la presidenta de la AFT, Randi Weingarten, y la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, en una carta que fue enviada el lunes a líderes de comités relacionados con asuntos educativos, de asignaciones y con jurisdicción sobre la Isla.
La AFT representa a 1.7 millones de maestros en EE.UU.; la Asociación de Maestros está afiliada a la organización.
La misiva fue dirigida, entre otros, a los presidentes de los comités de Educación del Senado y la Cámara baja, Lamar Alexander (Tenesí), y Virginia Foxx (Carolina del Norte), respectivamente, y a los portavoces demócratas en esas comisiones, la senadora Patty Murray (Washington) y el congresista Robert Scott (Virginia).
También recibirían una carta similar los líderes del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Rob Bishop (Utah), y el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), y los jefes del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado, el republicano Ron Johnson (Wisconsin) y la demócrata Claire McCaskill (Misuri).
La misiva fue enviada, además, a los presidentes de los comités de Asignaciones de la Cámara baja, el congresista republicano Rodney Frelinghuysen, y el senador republicano Richard Shelby(Alabama), y los líderes demócratas en esas comisiones, Nita Lowey(Nueva York), y Patrick Leahy (Vermont).
“Tenemos una gran preocupación sobre el daño que esto causará a la recuperación educativa y económica de la isla. Y dado que este plan es precisamente lo que defiende la Secretaria de Educación Betsy DeVos -desfinanciar y desestabilizar las escuelas públicas, al mismo tiempo que recompensa a aquellos que quieren obtener ganancias a costa de los estudiantes de escuelas públicas- creemos que los procesos de toma de decisiones del departamento requieren supervisión”, agregaron Weingarten y Díaz.
Las líderes magisteriales señalaron a los legisladores federales que deberían ejercer la supervisión a través de audiencias públicas o en comunicaciones con los departamentos de Educación de Estados Unidos y Puerto Rico.
“Es simplemente inaceptable que el Departamento de Educación de Puerto Rico, ahora que se ha asignado dinero federal, hable sobre la necesidad de cerrar las escuelas por razones fiscales”, indicaron Weingarten y Díaz, al acentuar que “las escuelas públicas de Puerto Rico ofrecieron estabilidad a los niños después del huracán y continúan sirviendo como centros de sus comunidades”.
En ese sentido, afirmaron que “cualquier uso de la ayuda federal por desastre de $ 589 millones para fines que no sean el reinicio de las operaciones escolares es una traición a los niños de la isla”.
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