Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU), expresó que el 70% de los estudiantes universitarios del país trabaja para pagar sus estudios y cubrir sus necesidades básicas.
El director del Observatorio de Universidades (OBU), sociólogo y profesor universitario, Carlos Meléndez, expresó que los rectores de las principales universidades de Venezuela han reportado una reducción de alrededor del 60% de la matrícula estudiantil desde el año 2012 hasta el 2024.
En ese sentido, destacó que una de las principales razones de esta situación es la retribución que recibe un profesional universitario en comparación a la que percibe un trabajador no universitario.
«El título universitario no te garantiza unas mejores condiciones de vida, unas mejores condiciones en general de crecimiento profesional u oportunidades», explicó sobre la situación que vive el país actualmente.
Meléndez dijo que, según un estudio, desde el año 2018 hasta el 2023, el 33% de los profesores universitarios comen menos de 3 veces al día.
«Las grandes universidades que formaban maestros, en este momento están en unas condiciones de precariedad muy grande que desestimula a la profesión docente», resaltó en el Circuito Éxitos 99.9 FM.
Igualmente, manifestó que el 85% de los estudiantes de universidades públicas no cuenta con baños que funcionen, mientras que el 90% de los estudiantes de las universidades privadas sí cuenta con baños que funcionan.
Europa/España/07 Mayo 2020/eldiariolaeducacion.com
El Ministerio de Universidades quiere comenzar con la primera matrícula en los estudios de Grado para, después, ir aumentando hasta llegar a los estudios de Máster.
El Consejo de Ministros ha aprobado una disposición final en el Real Decreto Ley aprobado hoy que modifica la Ley Orgánica de Universidades. Dicha ley había sido modificada, a su vez, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy de manera que se introdujo el sistema de horquilla para fijar los precios públicos para las matrículas universitarias.
Dicho sistema supuso que, el precio de la matrícula de una asignatura fuera incrementándose desde el primer tramo, entre el 0 y el 25% del coste, hasta el último tramo, el cuarto, en el que podría llegar a pagar entre el 90 y el 100% del coste total de matrícula. Entre ambos lugares se encontraba el 2º tramo (entre el 30 y el 40%) y el tercero (que suponía entre el 65 y el 75%).
El sistema comenzó a implantarse a partir del curso 2012-2013 y, entre otras cosas, supone importantes diferencias entre comunidades autónomas que, a igualdad de estudios, pueden llegar a cobrar cantidades muy diferentes de dinero. Un palo en la rueda de la igualdad de oportunidades del estudiantado.
El Ministerio de Universidades ha anunciado que, a partir de ahora, tendrá que reunirse, en la Conferencia General de Política Univesitaria, con las comunidades autónomas para fijar un precio máximo para la primera matrícula de Grado. Esta reunión está prevista para este jueves 7 de mayo.
Esta reunión promete ser compleja ya que las universidades dependen, por un lado, de estos ingresos por matrícula y, por el otro, de la financiación pública de los gobiernos autonómicos. Si los primeros caen, más incógnita es ahora mismo cómo van a hacer frente los diferentes territorios al aumento del coste para las arcas públicas.
América del norte/México/30 Mayo 2019/Fuente: El país
México se enfrenta a los bajos números de matriculación universitaria. El Gobierno se comprometió recientemente a garantizar el acceso a la educación superior
La política universitaria en México se ha visto enfrentada al espejo de la precariedad. Después de haber promulgado una reforma educativa que compromete alEstado a garantizar la educación superior , el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, tiene como desafío el brindar acceso universitario a 300.000 jóvenes mexicanos. La única política del Gobierno para alcanzar ese objetivo hasta el momento ha sido la creación, en apenas cinco meses, de un centenar de universidades. La que podría ser la política más progresista en un país donde solo dos de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad, según datos de la OCDE, se ha convertido en blanco de críticas por las carencias y la poca efectividad de la iniciativa.
Sin edificios o apiñadas en algún lugar pequeño, con planes de estudio diseñados en tiempo récord, con profesores elegidos en un mes y capacitados en una semana y, la mayoría, con carreras que no tienen acreditación oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al menos 83 de las 100 universidades de López Obrador han abierto sus puertas ya, según ha anunciado este martes la directora del programa, Raquel Sosa.
La capacidad que tendrán las universidades, cuyos alumnos reciben una beca de 2.400 pesos mensuales (125 dólares), aún es incierta. En un primer momento estaban previstas para 64.000 estudiantes, pero el Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció hace algunas semanas que atenderían a 32.000 personas. Es una cifra poco significativa en un sistema que en el último ciclo registró una matrícula de 3,8 millones de alumnos.
“Los números más optimistas dicen que, si funcionaran a su máxima capacidad, no subiríamos la cobertura ni un 1%”, señala Alma Maldonado, investigadora en educación superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Gobierno se ha puesto como meta 300.000 alumnos. «Es como si creáramos otra UNAM en los pueblos más pobres», ha dicho López Obrador este martes, en referencia a una de las universidades más importantes del continente. Es un objetivo ambicioso, pues estos planteles tienen hoy 7.575 estudiantes. «En la medida que se tenga más dinero, se irá ampliando el programa», ha justificado.
El Gobierno ha destinado 1.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Los datos de cómo funcionan sus programas son muy escasos. Solo se ha publicado qué carreras ofrecen y en qué ciudades tendrán sedes, pero aún no tienen domicilio fijo. La idea es que en el futuro funcionen de manera permanente en edificios construidos por vecinos en terrenos concedidos por campesinos o autoridades municipales. «Estas comunidades nos han donado terrenos y espacios, nos están prestando locales para iniciar nuestras actividades», ha explicado Sosa durante la presentación.
La celeridad para llevar a cabo las propuestas ha sido una de las características del Gobierno de López Obrador. Esta no es la excepción. “Hacer una universidad no es levantar cuatro paredes, un techo y ponerle una puerta”, señala Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Levantar una institución universitaria implica un trabajo de años, explica. “Si fuéramos serios no diríamos que va a haber una universidad en unos meses. Lo que hay que esperar es que se pongan las bases para las instituciones”. El académico admite que la noticia fue recibida con optimismo en el ámbito educativo.
Otra alerta que ha encendido el programa es la falta de un plan integral de educación superior. “López Obrador no tiene una política educativa, tiene una política social en la cual la educación juega en términos de inclusión”, señala Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Colegio de México. El presidente dijo que el objetivo del programa es reducir la actividad criminal. “Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle”, afirmó el mandatario en marzo. Una fórmula que, según los académicos, no funciona como una ecuación lineal.
El “desmantelamiento” de un organismo internacional
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tienen su antecedente en las nueve escuelas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), unas instituciones creadas por el partido del presidente y subsidiadas por los legisladores de la formación. Esos planteles han sido incorporados ahora a la lista del centenar, pero menos de la mitad tienen acreditación de la SEP.
Gustavo es estudiante de Medicina desde hace tres años en el plantel de Tlalpan, en Ciudad de México. Como la mayoría de los alumnos de las instituciones que comenzaron clases en mayo, no sabe si una vez que acabe la carrera tendrá un título acreditado y podrá ejercer. “Cuando empezamos nos dijeron que algunas universidades habían comenzado igual de mal o peor”, cuenta.
El programa, planteado por fuera de la SEP, será responsabilidad de Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), un organismo internacional con sede en México creado para incentivar la cooperación de América Latina en materia educativa. Los países miembros no aprobaron nunca la incorporación de este proyecto, algo obligatorio bajo su estatuto, según han afirmado representantes de Brasil, Ecuador y Uruguay a este periódico. Les fueron comunicadas las intenciones en diciembre, pero no lo habían debatido hasta mediados de mayo. Pese a eso, la Administración de López Obrador había anunciado con bombo y platillos que contaba con el respaldo del centro.
“No hay respeto por las instituciones ni por las formas. Crefal venía con un proyecto interno y lo desmantelaron para meterle las 100 universidades”, comenta Alma Maldonado. La crisis generada en el organismo internacional a partir de este proyecto alertó incluso a un grupo de académicos latinoamericanos que envió una carta a finales del año pasado a López Obrador para manifestar su preocupación por el “riesgo de desplazar la agenda [del centro] y opacar su compromiso”. Pese a la irregularidad de la situación, ninguno de los países miembros se animó a alzar la voz.
El pase de la responsabilidad del programa a Crefal generó además polémica porque el organismo internacional, que estará a cargo del dinero de las universidades, no tiene obligación de acreditar sus gastos ante el Gobierno de México. Sin profundizar en el tema, el secretario de Educación mexicano, Esteban Moctezuma, señaló este martes que el presidente firmará en los próximos días un decreto «para crear un organismo descentralizado para el manejo de las universidades». Mientras tanto y sin rendir cuentas, el proyecto de López Obrador se afianza. De momento, solo de manera precaria.
Colombia / 19 de mayo de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Noticias Caracol
Las cifras revelaron, además, que las más afectadas por esta tendencia a la baja en matriculas fueron las universidades privadas con un decrecimiento del 10%.
Los problemas económicos del país, las atractivas ofertas en universidades extranjeras, las pobres expectativas de emplearse después de ser profesional y las dificultades económicas de los estratos más bajos para acceder a universidades privadas son, según los expertos, algunas de las causas de la reducción.
En el año 2017 se matricularon 487.511 estudiantes, 42.023 menos que en 2016; esto lo dicen las más recientes cifras del Sistema Nacional de Educación Superior y según los expertos, son varias las razones de dicha disminución.
“El país venía perdiendo un poco la dinámica de crecimiento, eso afectó. De otra parte tenemos un problema estructural demográfico, la caída de la demografía del número de hijos en algunos estratos como 3,4,5,6”, dice Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana de Cali.
Además, para muchos estudiantes han dejado de ser atractivos los programas académicos de las universidades en Colombia.
“Hay muchos jóvenes que estudiaban en las privadas colombianas, ahora se están movilizando a estudiar en países de América Latina como México, Argentina y Chile que tienen programas de educación pública gratuito con mucho acceso”, manifiesta Édgar Varela, rector de la Universidad del Valle.
Ni qué decir de las pocas probabilidades de empleo para los profesionales: “Mucha gente siente que el diploma no les ha servido por las tasas de desempleo”, añade Varela.
Ambos expertos coinciden en que el gobierno y las mismas universidades deben hacerle frente a esta situación.
“Un esfuerzo como se hizo en Ser Pilo Paga, que era con esa posibilidad de estudiar bien sea en la universidad pública o en la privada”, puntualiza Luis Felipe Gómez.
Esa reducción en la matrícula de universitarios no se había vuelto a registrar desde el año 2013; ahora se espera conocer las cifras del año 2018 para saber si la tendencia a la baja continúa.
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El historiador Roberto Fernández Díaz (Hospitalet de Llobregat, 1954) dejará en mayo la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) al expirar su mandato (dos periodos de cuatro años) al frente de la Universitat de Lleida. La CRUE es el principal órgano de representación de las instituciones académicas y ejerce la interlocución con el Gobierno. A Roberto Fernández le gustaría que su sucesor o sucesora tuviera dedicación exclusiva para mejorar la gobernabilidad de esta asociación integrada por 76 universidades (50 públicas y 26 privadas). Además, semanas antes de clausurar su mandato, habla de la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Universidades, de la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones académicas y de la importancia de la divulgación en las sociedades contemporáneas.
Roberto Fernández, en la sede de CRUE Universidades Españolas.
¿Cómo cree que percibe la sociedad española la universidad y cómo le gustaría que fuera percibida?
Me gustaría que fuera vista como el motor del crecimiento económico y de la revitalización social. La percepción que se tiene sobre los profesores universitarios y los científicos es bastante alta. La gente piensa que la universidad es el lugar donde sus hijos pueden desarrollar con mayor positividad un proyecto vital y social, el lugar que proporciona más posibilidades de ascender. Hay una opinión informada que progresivamente se muestra más favorable. Quienes más cerca están de la universidad más la valoran.
Los poderes públicos, que están muy cerca de las universidades, las han sometido a múltiples recortes, sobre todo durante la crisis. ¿Se han sentido abandonadas?
En 2010 estábamos rozando el 1% del PIB. Ahora estamos en el 0,8%. En el marco de la sociedad del conocimiento y de una globalización trepidante, y cuando los países de nuestro entorno están invirtiendo mucho más en sus universidades, ¿cómo es posible que aquí estemos reduciendo los presupuestos públicos para las universidades?
¿Cuál es su respuesta?
La respuesta es vidriosa, compleja. En primer lugar, no somos un problema social. No ha habido una manifestación convocada por los rectores en el Paseo de la Castellana. Y no la habrá, porque somos gente muy prudente. Analicemos esto de forma metafórica: si no somos un problema social y hemos mantenido el barco a flote, ¿para qué nos van a dar más dinero? Yo solo admito que, antes que para las universidades, el dinero se destine a camas hospitalarias y a los parados. Por encima de eso, nada. El siguiente euro tendría que ir a las universidades. Porque ahí está nuestro futuro.
En definitiva: no somos un problema social y la nave va. La nave va, sí, pero con la misma gasolina y ésta se agotará algún día. La nave va a costa del sacrificio de la investigación. Eso lo pagaremos.
Además, el sector privado se va acercando cada vez más a la universidad, pero, salvo casos excepcionales, no es una fuente de financiación, porque, como ya hay un presupuesto público para las universidades, piensan: “Pues ya funcionarán. Al fin y al cabo, sus titulados son bastante competentes. Por tanto, ¿para qué vamos a meter dinero?”. Y esa falta del plus de financiación procedente del mundo privado también explica que la universidad se sienta un poquito sola.
¿Más universidades es sinónimo o antónimo de mejores universidades?
La lógica formal dice que más no es sinónimo de mejor. Y menos, tampoco. El número no hace la calidad en ningún caso.
¿Sobran universidades? Una de las cosas que descubre uno cuando está de dirigente universitario es la fuerza del tópico. Es como una muralla. Dan lo mismo los estudios comparativos, los análisis científicos. Siempre habrá alguien que diga que sobran universidades, pero si nos comparamos con la Europa de nuestro entorno en número de habitantes y de universidades, en España faltan universidades. En cualquier caso, no sobran.
Ahora bien, para un país, ¿qué es más importante: tener dos universidades entre las cien primeras o 40 entre las 800 primeras? Si me dan a elegir, no tengo la más mínima duda: 40 entre las 800 primeras de 22.000, porque eso es desarrollo territorial, cohesión, equidad social. Un joven español tiene un 20% más de posibilidades que un joven estadounidense de llegar a una de las mil mejores universidades del mundo. Lo importante no es tener una de las dos mejores universidades del mundo sino a dónde va tu hijo. Y tu hijo no va a ir a Harvard, porque allí hay solo 12.000 estudiantes, y además muchos no son becados.
Roberto Fernandez es partidario de que la presidencia de la CRUE sea de dedicación exclusiva.
Decía hace un año que las universidades no pueden aguantar más.
Todos podemos aguantar más, pero algunos no deberíamos hacerlo porque la trascendencia de lo que hacemos es vital para el proyecto de país.
La sociedad española, especialmente su clase dirigente, debería hacer un esfuerzo mayor por revalorizar, querer y dar las gracias a su universidad, que ha contribuido al desarrollo más espectacular de la Historia de España.
Es muy importante para los españoles que su universidad funcione bien porque influye en sus proyectos vitales. La suma de esos proyectos vitales se llama nación. Yo no soy nacionalista español, y no creo en las ligas nacionales, pero puestos a que existan prefiero estar en los puestos de cabeza, como expresión de lo que ofrecemos a los españoles, no como expresión de una España abstracta.
Yo soy hijo del nocturno (turnos docentes a última hora del día para facilitar los estudios a trabajadores). Si nadie hubiera puesto el nocturno de Historia en la Universidad de Barcelona en los años setenta, ahora estaría trabajando en el taller de plancha y pintura de mi padre. Alguien tomó una decisión social gracias a la cual salimos de esas clases siete u ocho catedráticos de universidad. Eso es trabajar por la gente que sumando trabaja por un país.
Ahora que por fin parecía haber consenso para una nueva ley universitaria llega el Gobierno y adelanta elecciones.
Hay consenso. Lo que era un tren que iba muy bien encarrilado porque tenía el consenso de los agentes sociales y de todos los partidos parlamentarios, y cuando el ministerio estaba pensando en la mejor estrategia, llegó el adelanto electoral. Pero tengo la impresión de que estamos ante un hecho imparable. Van a tener que explicar muy bien sus señorías que, habiendo el consenso que hay, no se constituya la comisión para discutir la ley de universidades de España al mes de iniciar la próxima legislatura. Creo que es muy difícil que no se haga.
¿Por qué y, sobre todo, para qué necesita España una Ley Universitaria?
Toda ley de largo recorrido tiene que dialogar con su contexto histórico. A veces se puede reformar la legislación existente y otras veces hay que cambiarla. Depende de dos cosas: Que el contexto de cambio sea muy fuerte y que un conjunto de reformas no nos asegure llegar a la situación ideal.
En los últimos 25 años el proceso de globalización mundial se ha hecho imparable. En él se ha puesto como centro y motor la sociedad del conocimiento para la innovación a través de la transferencia. Eso es así y no va a ser distinto en muchísimos años. Es decir, el contexto mundial y europeo dictan que para que la universidad siga cumpliendo su función necesite una ley que permita hacerlo en el marco de la globalización a través de la sociedad del conocimiento.
Una Ley Orgánica es un todo coherente y en la universidad no puedes tocar profesorado sin que repercuta en internacional, y no puedes tocar internacional sin que repercuta en investigación o en movilidad. Es un todo. Corríamos el peligro enorme, que hay que evitar a toda costa, de hacer reformas parciales que no dialogaran entre sí y que produjeran un monstruo lleno de disfuncionalidades e incoherencias. Señoras y señores, sentémonos a la mesa, abramos el mapa mundi, veamos cómo funciona la globalización, veamos el papel de las universidades en el mundo, veamos cómo está nuestra universidad, cuáles son sus puntos débiles. Y veamos entre todos, por consenso, es fundamental, qué nueva Ley Orgánica tenemos que hacer.
¿Son autónomas las universidades, como proclama la Constitución?
El hecho de que la Constitución proclame la autonomía es un bien impagable. Consagra la libertad de cátedra, de investigación, de docencia… Eso es fundamental. Ahora bien, esa autonomía ¿significa también autonomía en el gobierno de las universidades? Yo creo que el trecho que queda por recorrer es inmenso. Nosotros proponemos y el Gobierno autoriza. Que los gobiernos intervengan en cómo se gasta el dinero público que se invierte en la universidad va de suyo. Nada que decir. Pero cuando yo cojo mi presupuesto me queda el 5% libre para hacer política. El otro 95% está ya adjudicado. Si la política de títulos me la aprueba el Gobierno, si el precio de la matrícula me lo pone el Gobierno, si la política de profesorado la articula el Gobierno, entonces la autonomía universitaria queda claramente mermada.
Creo que las universidades deberíamos ganar en autonomía real para singularizar nuestras propias universidades identificándolas en el mapa de las universidades españolas. Tenemos que asumir la responsabilidad de decidir en nuestros claustros, respetando el marco general que es la ley, qué políticas aplicamos; por ejemplo, aquellas que iban en nuestro programa electoral y gracias a las que se nos eligió rector… Eso es la autonomía, no el autogobierno. Como ya he dicho, la autonomía es un bien impagable, pero creo que la autonomía real hoy en día es una utopía en la universidad española hacia la que hay que caminar mediante más flexibilidad y creo, también, que las comunidades universitarias deben asumir mayor responsabilidad en la definición de sus universidades.
¿En qué situación se encuentra la fiscalización de las universidades?
En estos momentos no hay ningún trabajador de la Universidad procesado por malversación de fondos públicos. Lo que quiero decir es que deben confiar en nosotros porque como servidores públicos hemos demostrado nuestro gran sentido de la responsabilidad. Aunque también hay que decir una cosa que se dice poco. Parte de esa vigilancia no es española, es europea. La UE también nos carga de burocracia.
¿Cómo encaja la divulgación en la carrera profesional universitaria?
La divulgación científica tiene una utilidad social extraordinaria. A veces nos dicen a los científicos que escribamos para que nos entienda todo el mundo. Cuidado: Los científicos, cuando estamos en la academia, escribimos para nosotros, y cuanta más conceptualización haya más cerca estaremos de conseguir buen conocimiento.
Ahora bien, tenemos cierta obligación moral de transferir ese conocimiento de forma completamente distinta a quien nos paga, pero no todos servimos para eso.
Aquellos que tengan vocación y sirvan para divulgar deben tener un reconocimiento en su CV en los tramos de transferencia que propusimos desde la CRUE al Ministerio de Ciencia.
Vamos a potenciar y a primar la transferencia divulgativa. Ahí entran en juego fórmulas como The Conversation, como los máster de divulgación científica o la presencia de divulgadores profesionales en los medios.
En los medios como la televisión apenas hay ejemplos de divulgación científica. Destaca Órbita Laika, pero hay poco más, a pesar que desde hace años se ha demostrado que la divulgación científica es atractiva.
El éxito de propuestas divulgativas como The Conversation será en parte el éxito de la ciencia española. Una parte de ese éxito pasa por su aplicabilidad al tejido productivo, otra por su aplicabilidad al concepto de ciudadanía, pero otra parte pasa porque el ciudadano perciba que cuando un euro suyo se va a la ciencia está haciendo una gran inversión para su vida. Y hay que llegar a ese ciudadano con la divulgación.
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