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South Africa’s student protests have become scenes of teargas, arrests, and burning buildings

África/Sudáfrica/Octubre de 2016/Autora: Lynsey Chutel/Fuente: Quartz Africa

RESUMEN: Durante semanas, el aprendizaje ha dado paso a Mayhem en los campus universitarios de Sudáfrica. Los enfrentamientos entre los estudiantes que protestan por la educación gratuita y la policía han vuelto cada vez más intensa, marcada en los últimos días por las detenciones, destrucción de la propiedad, y el descubrimiento de bombas de gasolina sin detonar en terrenos de la universidad. Las protestas comenzaron el año pasado después de que el gobierno anunció un aumento de las tasas obligatorias en las universidades. Bajo la bandera #FeesMustFall, manifestaciones fueron relativamente pacífica, y los estudiantes fueron aplacados después de haberse aumentado la tarifa propuesta se abandonó. Por eso, cuando el gobierno volvió a anunciar los aumentos de tasas este mes de septiembre (aunque limitada a 8%), se enfurecieron estudiantes. Las manifestaciones comenzaron a tener lugar casi todos los días en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. La agitación se extendió a otros campus, en algunos casos se muestra violento, y un número de escuelas cerradas para evitar más enfrentamientos. Escenas de la policía antidisturbios que se alinean contra los estudiantes que arrojaban piedras han dominado las noticias.

For weeks, learning has given way to mayhem on South Africa’s university campuses. Clashes between students protesting for free education and police have become increasingly intense, marked in recent days by arrests, destruction of property, and the discovery of undetonated petrol bombs on university grounds.

The protests began last year after the government announced a mandatory fee increase at universities. Under the banner #FeesMustFall, demonstrations were relatively peaceful, and students were placated after the proposed fee increase was dropped. So when the government again announced fee increases this September (albeit capped at 8%), students were enraged. Demonstrations began to take place almost daily at the University of the Witwatersrand in Johannesburg. The unrest spread to other campuses, in some cases becoming violent, and a number of schools closed to avoid further confrontations. Scenes of riot police lining up against stone-throwing students have dominated the news.

In response to the protests, president Jacob Zuma established a task team of eight cabinet ministers, including police, intelligence, defense, and state security. But the task force left out the finance minister and treasury for reasons that are unclear. A government-appointed commission tasked with reviewing tuition at public universities continues with public hearings, isolated from the chaos surrounding universities.

On Wednesday (Oct. 12), students arrested in Johannesburg on charges ranging from public violence to assault, appeared in court under heavy guard before being released on bail. On the same day in Pretoria, police fired rubber bullets as a student march through the city center turned violent.

At the Cape Peninsula University of Technology, protesters set fire to the university’s main entrance, the information center and security vehicles. The university opened a case of attempted murder after two security guards were locked inside a burning building. Nineteen other students from the Cape Peninsula University were also arrested.

At the University of KwaZulu-Natal’s Durban campus, students clashed with police, while in Pietermaritzburg students were arrested for setting fire to a building. At the Vaal University of Technology, south of Johannesburg, students allegedly threw a petrol bomb at police. The University of Cape Town and Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth remain closed.

Higher education minister Blade Nzimande and other political leaders from the ruling African National Congress have accused the student movement of becoming politicized, in light of opposition party support for the cause. “This is no longer about fees anymore. This is about trying to cause discontent. It’s about regime change, to be quite honest,” Nzimande told news station eNCA.

Student leaders have come under increasing fire for the violent nature of the protests in some places, and their resolute demands that all fees be waived, and that campuses remain closed until an agreement is reached. Female and LGBTQI students have also accused the movement of reneging on their commitment to inclusivity in the demonstrations.

Talks between the government, university management and student leaders have yet to yield a solution, with neither side willing or able to meet the other’s demands. After nearly a month, an impasse does not appear likely to end soon, with protests only likely to become even more intense.

Fuente: http://qz.com/808434/student-protests-for-free-university-education-in-south-africa-are-intensifying-with-no-end-in-sight/

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Fátima Silva: «Hoy nos toca enfrentar la privatización de la educación»

Argentina /15 octubre 2016/Fuente: La Capital

La vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, Fátima Silva, alertó sobre las presiones del Banco Mundial.

Fátima Silva es la vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América latina, la mayor entidad del mundo que reúne a la docencia organizada. También participó en el 31er. Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se realizó en Rosario el fin de semana pasado. «Lo que viene para nosotros es una fuerte privatización del sector educativo», marcó como tema principal en la agenda de la educación regional.

«Es una alegría participar de este encuentro, primero como mujer, como feminista y por creer en la agenda nuestra que defendemos», arrancó sin mediar más que la invitación a la entrevista. Quien es dirigente de la Federación de Trabajadores de la Eduación de Mato Grosso del Sur (Fetems) y de la confederación brasileña que nuclea al magisterio (CNTE) participó de los talleres, del plenario de la CTA y marchó junto a las más de 70 mil mujeres que se movilizaron por la ciudad. Fueron tres jornadas ganadas por la alegría, las reivindicaciones de género y un revelador compromiso político.

Fátima Silva fue una más entre las miles de mujeres que se sumaron a la masiva convocatoria local. «Quiero felicitar a todas las organizaciones que están involucradas en este encuentro en Rosario, principalmente las de la educación de este país que tienen un papel muy importante, como la Ctera, la Conadu y la CTA, y a las luchadoras sociales que estamos acá», distinguió.

Las niñas de Nigeria

El sábado participó del plenario de la CTA realizado en La Toma, donde sus primeras palabras fueron para que se recuerde a las 270 niñas secuestradas en abril de 2014 de un colegio católico de Chibok, en el estado de Borno (Nigeria), por el ejército de Boko Haram. Niñas que siguen siendo sometidas a las más espantosas crueldades. «El mundo se olvidó de ellas!», exclamó Silva.

También hubo un apartado especial en su discurso para la militante social Milagro Sala, presa política del gobierno provincial jujeño desde enero pasado, a cargo de Gerardo Morales. Gran parte de las consignas que se escucharon en las tres jornadas del ENM estuvieron dedicadas a pedir la pronta liberación de la dirigente de la Tupac . Y Silva no dejó de valorar como un triunfo del género, que en este nuevo siglo se logró en la región elegir a tres jefas de Estado, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet.

Agenda no superada

La referente del magisterio valoró la diversidad de mujeres que asistieron al encuentro, de todas las clases sociales y edades. También la posibilidad de defender los puntos y principios que son comunes, de darle continuidad a una agenda que todavía no está superada: «La laicidad del Estado, de cómo el Estado y la iglesia tratan el cuerpo de las mujeres como de su propiedad».

Para Silva el encuentro resultó «una sumatoria de fuerzas para enfrentar lo que se viene con los gobiernos conservadores, neoliberales, como el Macri en la Argentina y el de Temer en Brasil, que atacan primero las políticas públicas, algo que afecta directamente a las mujeres».

Mercantilización educativa

La dirigente sindical alertó sobre el avance de los organismos financieros como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que es la que promueve las famosas Pruebas Pisa, y también sobre los nuevos pactos que persiguen fines de lucro en materia educativa, como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios más conocido por Tisa, por su sigla en inglés (Trade in Services Agreement).

—La educación es uno de los temas clave de esas políticas públicas ¿qué es lo más preocupa de este tema en la región?

—La agenda mundial puesta por la Ocde, por el Banco Mundial y el FMI, que es una agenda privatizante, que abre la posibilidad al comercio educativo. Y países como la Argentina, Brasil o Colombia atraen mucho este capital en este proceso de privatización. Hay un acuerdo que está promocionando la Ocde que se llama Tisa, que plantea la liberación del comercio educativo. Lo que viene para nosotros, para América latina y el mundo es una fuerte privatización al sector educativo; y de diversas formas, porque hay distintas maneras de entregar las escuelas a las organizaciones privadas, donde el Estado entiende que es un servicio público pero no garantizado por él mismo. La principal agenda que tenemos que enfrentar hoy es contra la privatización de la educación. Una cuestión que más se fortalece con esta ola de gobiernos conservadores, que en la Argentina llegó por el voto, por poco, pero llegó, pero en Brasil por un proceso de golpe que no respetó a 54 millones de votos que eligió a una presidenta. O como en Honduras que fue un golpe más violento pero fue el primero de este siglo en nuestra América; o también como pasó en Paraguay. Son países muy vulnerables, en el sentido de aceptar las presiones y de liberalizar el comercio educativo. Lo que viene para nosotros es un período de muchas dificultades en todas las políticas públicas, y la educación está en primer lugar.

—¿Cómo afecta este proceso a las trabajadoras de la educación?

—Hay un fuerte desprestigio en la profesión docente hoy. Esto es parte de un proceso de campaña de desvalorizar lo público y justificar una privatización. En esta campaña todo lo que es público no sirve, no es bueno. Entonces cuando hay un acto de violencia en las escuelas públicas es tratado con grandes espacios por toda la prensa, divulgado las 24 horas, y si se trata de un colegio privado de «prestigio» poco se habla. Los resultados positivos de las escuelas públicas son ocultados. Hay una fuerte campaña de desprestigio tanto a la educación pública como al trabajo del docente.

—Para ese fin también se usan las pruebas estandarizadas.

—Las Pruebas Pisa sirven para hacer un ranqueo y avalar iguales con desiguales. Sirven para mostrar que América latina en este ranqueo no está bien, y que la culpabilidad está en los maestros «que no tienen buena formación, ni buena capacitación» entonces también «vamos evaluar a los maestros y a poner incrementos salariales a los buenos y aquellos que no son tan buenos los vamos a pasar a despido». Y sobre ese pretexto pasan a las escuelas a administraciones privadas que van a hacer las contrataciones de los docentes sin garantizar ningún derecho ni el proceso educativo. Algo parecido pasa con la gestión de la educación a distancia, con el uso de las tecnologías que son totalmente favorables; sin embargo el papel del colectivo, del maestro, del profesor, ese es imprescindible. La educación es un proceso colectivo, que tiene que sumar a las nuevas herramientas tecnológicas pero tiene que ser un espacio de convivencia y garantizado por el Estado.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar/hoy-nos-toca-enfrentar-la-privatizacion-la-educacion-n1263389.html

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La Reforma y la glosa

Por: José Julio León

A estas alturas, no caben dos opiniones: el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el gobierno no es idóneo para alcanzar los objetivos que él mismo se plantea y deberá ser objeto de cambios sustantivos para permitir su aprobación en el Congreso. Las causas son varias: error o falta de diagnóstico de los problemas que se quiere resolver; mala técnica legislativa; escaso liderazgo y capacidad de diálogo del Ministerio de Educación; un inadecuado diseño institucional y falta de coherencia entre los medios y los fines que se quiere perseguir.

Lo anterior es extraño, dado que el actual gobierno se tomó dos años y medio para elaborar el proyecto y sus objetivos -formulados de modo general- son ampliamente compartidos en nuestra comunidad política. En efecto, el proyecto pretende: 1. “Consolidar un sistema de educación superior”; 2. “Dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública”; 3. “Promover la equidad e inclusión”; 4. “Fortalecer la educación superior estatal”, y 5. “Fortalecer la Formación Técnico (y) profesional”.

Pero incluso el expresidente Lagos vaticina que la ley deberá ser concluida por el próximo Gobierno (que él, de paso, espera encabezar). El proyecto no consolida un sistema de educación superior (un conjunto articulado de instituciones que persiguen propósitos comunes), ni establece incentivos o mecanismos para la mejora de la calidad, ni asegura que los estudiantes más necesitados puedan acceder en mayor proporción a las IES acreditadas, ni tiende a fortalecer la educación pública (ni siquiera la estatal, que es la única a la que se refiere) o la formación técnica.

En lo que se refiere a la gratuidad, el proyecto fue calificado por el Rector Carlos Peña como el estreno de un nuevo tipo de ley: las “leyes contrafácticas”, que consisten en conceder algo (el derecho universal a la educación gratuita), bajo la condición de una realidad actualmente inexistente e improbable (cuando nuestro PIB sea equivalente al de Japón). Es muy difícil que todo esto pueda ser corregido –como anunció la ministra Delpiano- dentro del mes en curso (pero no sería la primera vez, en esta reforma, que los plazos no se cumplen).

Pero desde el Ministerio se insiste en que elaboran una indicación sustitutiva, que corregirá “sustantivamente” los defectos, descartando la división del proyecto para avanzar por capítulos, partiendo por aquellas materias que generan mayor consenso, como podrían ser ordenar la acreditación obligatoria y dar mayor transparencia al sistema de aseguramiento de la calidad; o asegurar la prohibición efectiva del lucro (en las universidades) y establecer una mayor regulación (vía superintendencia) con resguardo de la autonomía. El Ministerio niega lo que en realidad hace, y esta táctica es tanto más riesgosa para la institucionalidad del sector en cuanto puede resultar muy efectiva para el cumplimiento (parcial) de las “promesas” del programa.
Mientras todos los actores siguen discutiendo las falencias e inconsistencias del proyecto de ley, y proponiendo mejoras, el proyecto de ley de presupuesto del sector público sanciona el avance a la gratuidad, incluyendo ahora a (algunos) IP y CFT que no tienen o están en condiciones de transformarse en instituciones sin fines de lucro. La glosa respectiva repite, casi textualmente, los requisitos que el Tribunal Constitucional estimó contrarios a la Constitución (STC  2935-2015), a saber: Estar organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y contar con acreditación institucional vigente, de acuerdo a la ley N° 20.129, por 4 años o más. Seguramente, el Gobierno confía en la aprobación previa de la llamada “ley corta” que permitirá la transformación de IP y CFT a entidades sin fines de lucro, ley que también podríamos calificar de “evangélica”, ya que –como advirtió Raúl Figueroa- les pide (a los dueños de los IP y CFT) que demuestren su vocación educacional abandonando su patrimonio, esto es, un “deja todo y sígueme”. Esto quiere decir que el próximo año podría haber un 25% de estudiantes del sistema con gratuidad y un conjunto de IP y CFT que acepten las condiciones de la gratuidad y se transformen en entidades sin fines de lucro. A eso se sumará la apertura de oferta en 2 nuevas universidades y 5 CFT estatales en regiones. Todo ello estaría sin duda cambiando la fisonomía del sistema.

El problema es que –otra vez la “negación”- esta fue, precisamente, la manera de hacer política pública en los gobiernos precedentes, ante la imposibilidad de vencer las “trampas” institucionales (el alto quórum de reforma de la LOCE) o de articular una agenda y un diseño global coherente para el sector. Y las reformas parciales, comandadas por el Ministerio de Hacienda vía ley de presupuesto, han generado tantas distorsiones como beneficios y no han logrado torcer la trayectoria del “modelo” privatista sino que la han terminado profundizando. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con la gratuidad vía glosa. Las instituciones que más aumentaron su matrícula en 2016 fueron universidades privadas; no las estatales ni las entidades formadoras de técnicos. Justo cuando la matrícula y el número de titulados CFT e IP, había logrado superar los indicadores de las universidades. Al revés del objetivo que (se dice) se quiere perseguir.

De seguir avanzando la gratuidad vía glosa y la reforma bajo lógica financiera, el Gobierno de seguro podrá hacer cuentas alegres al final de su período, pero –desde la perspectiva de la consolidación de un sistema nacional de educación superior- no habrá, en verdad, muchos motivos para celebrar.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/la-reforma-la-glosa/

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¿La universidad como contratista?

Por: Pedro Flores Crespo

A las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa

Una vez escuché a una colega decir que las universidades no podemos ser el reflejo de los vicios de la sociedad y de los políticos. Debemos ser, en cambio, un ejemplo de honestidad, apertura, conducta ética y actitud crítica. Cuando una Institución de Educación Superior (IES) empieza a reproducir las malas prácticas que en México condenamos a diario (dedazo, opacidad, conflicto de intereses, abuso de poder, nepotismo, irresponsabilidad, clientelismo), podemos decir que algo en el fondo empezó a descomponerse.

El pasado 6 de septiembre Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estuvo en el noticiero de Carlos Loret de Mola y ante la pregunta de los reporteros sobre si había irregularidades en las cuentas de la Universidad Autónoma de Morelos (Uamor), contestó que sí y que tal información era pública. ¿Qué encontraron? Según Portal, hallaron contratos que se asignaron para hacer entrega de bienes o servicios cuando la universidad “está para educar, está para investigar; no para ser un comprador intermediario”.

Pero ahí no paró la cosa. De acuerdo con el auditor, de los recursos que se contrataron, esta universidad se quedó con un porcentaje para subcontratar otros servicios y así sucesivamente, pero lo más grave es que, al realizar la auditoría, no se encontraron tales servicios. Es decir, ni recursos ni servicios. En ésta y otro tipo de irregularidades han caído varias universidades públicas, no es sólo la Uamor.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, asegura que “[d]urante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.

Pese a que la ASF ha hecho un llamado para transparentar y moderar la contratación directa de servicios, algunos universitarios parecen hacer caso omiso. Utilizar de manera discrecional y opaca los recursos públicos para beneficio de un actor privado es un acto que no se espera de una institución que debería ser la consciencia crítica de la nación. En el caso de la Uamor, se detectó que se transfirieron recursos a una empresa “ajena a los servicios solicitados”, es decir, aparte de la opacidad, contrataron a un proveedor sin perfil idóneo. Esto abre la puerta a suspicacias de toda índole.

¿A quién echarle la culpa de este mal comportamiento institucional? ¿Al “neoliberalismo”, cualquier cosa que eso signifique? ¿A la ignorancia, cuando muchas universidades mantienen buenas facultades y escuelas de contaduría y administración? ¿A la Secretaría de Educación Pública (SEP) o al sindicato que peor nos cae? ¿A la lacerante pobreza? ¿A los malquerientes del rector? No hay excusa, el problema es interior (inner) de los propios agentes universitarios.

Cuando uno lee estas historias de actos ilícitos, se pregunta al menos dos cosas. Uno, ¿por qué a pesar de los esquemas de evaluación, certificación y acreditación de la “calidad” que las IES han promovido desde hace más de 20 años, no se ha logrado que los universitarios pensemos y actuemos distinto al cínico y al indecente? Dirán algunos que para eso no sirve la evaluación institucional, ¿entonces para qué?

Segundo, pese al excesivo control administrativo y burocrático que se ejerce dentro de nuestras IES, siguen existiendo actores que tiene manda ancha para actuar discrecionalmente y a su favor. ¿Mientras que “abajo se aprieta, arriba se gana”? Esta conducta quiebra cualquier esquema de confianza y por tanto, de cooperación entre universitarios.

Así como muchos universitarios criticamos la posición de la Panamericana ante el plagio que cometió Enrique Peña Nieto siendo estudiante, no debemos callar ante la opacidad, impunidad y discrecionalidad de algunas IES públicas de México. La sociedad aún confía en la universidad, pero nada es para siempre.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4973:la-universidad-como-contratista&Itemid=152

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Sudáfrica: Student Protests. 5 Facts To Know About The Fees Must Fall Education Movement

África/Sudáfrica/Octubre de 2016/Autora: Julia Glum/Fuente: International Business Time

RESUMEN: Sudáfrica vio algunos de sus mayores protestas en dos décadas esta semana, mientras cientos de estudiantes se enfrentaron con la policía y los líderes escolares para exigir un sistema universitario más barato. Activistas afiliados con el movimiento «Tasas debe caer» se enfrentaron con las autoridades el lunes en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, donde los funcionarios utilizaron gases lacrimógenos para someter a lanzadores de piedras, informó el diario Los Angeles Times. Las manifestaciones también estragos en la Universidad del Estado Libre en Bloemfontein y la Universidad de KwaZulu-Natal, en Durban, según Al Yazira. Las protestas se han inspirado en las comparaciones con el apartheid, el sistema de segregación de Sudáfrica, que terminó en la década de 1990. Pero a menos que lea los periódicos extranjeros, es posible que no haya oído hablar de la manifestación. He aquí cinco hechos que debe saber sobre la revuelta:

South Africa saw some of its largest protests in two decades this week as hundreds of students faced off with police and school leaders to demand a cheaper college system. Activists affiliated with the «Fees Must Fall» movement clashed with authorities Monday at the University of the Witwatersrand in Johannesburg, where officials used tear gas to subdue rock-throwers, the Los Angeles Times reported. Demonstrations also raged at the University of the Free State in Bloemfontein and the University of KwaZulu-Natal in Durban, according to Al Jazeera.

The protests have inspired comparisons to apartheid, South Africa’s segregation system that ended in the 1990s. But unless you read foreign newspapers, you might not have heard about the demonstration. Here are five facts to know about the revolt:

The protests are part of a larger campaign. «Fees Must Fall» began last year, when students fought back after the government proposed increasing tuition. The demonstrations worked — President Jacob Zuma ended up freezing the rates. Then, this year, the country announced administrators could hike their tuition up to 8 percent, according to BBC News.

Students want free education. The protesters argue that they can’t afford tuition, which can reach about $5,000 annually, according to NPR. Apartheid may have formally ended, but the fees make attending university impossible for many black youth, Reuters reported. However, the schools say they can’t pay for free education for everyone.

Protesters are also pushing for decolonized education, which involves implementing Africa-centric curriculum.

«The aftermath of apartheid has not been sufficiently dealt with. You are allowed to go around, but economic marginalization hasn’t changed much and opportunity certainly isn’t equal,» student council representative Thalo Mokoena told the Guardian. «It’s no way as bad as it was, but there are parallels with back then.»

Demonstrations have grown violent. Over the past month, students have set buildings on fire, hid bombs and shut down entire campuses in pursuit of their goals, Business Day reported. They have closed down roads and lobbed stones at officers, who returned fire with rubber bullets.

A priest, the Rev. Graeme Pugin, had to be hospitalized after a rubber bullet hit him in the face, iAfrica reported.

Multiple institutions were forced to suspend classes. Universities have been open off and on for the past three weeks as a result of the uncontrollable protests. «We have made this concession because we do not want the scenes that played out on our university campuses to be repeated,» the University of Witwatersrand said last week, according to Anadolu Agency.

This has caused concern for students attempting to graduate on time or earn work experience.

The government is taking notice. Zuma announced Tuesday that he was putting together a task force to look into the problem, according to All Africa. He added that everyone — students, parents and other leaders — should work with the force «to ensure that the future of our children is not jeopardized.»

Fuente: http://www.ibtimes.com/south-africa-student-protests-5-facts-know-about-fees-must-fall-education-movement-2430375

Imagen:http://www.dw.com/es/protestas-estudiantiles-en-sud%C3%A1frica/a-18793487

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Panamá: Conep rechaza que se regule costo educativo

Centroamérica/Panamá/Fuente: Panamá América

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) siente que se han vulnerado los principios de la libre empresa y de la seguridad jurídica debido a la creación de leyes y normas que buscan regular el costo de la educación privada.

Mediante un comunicado, el gremio empresarial sostuvo que los miembros ven con profunda preocupación la difícil situación que está confrontando la educación particular.

«Por ello hacemos un llamado al Gobierno Nacional, y en especial al Órgano Legislativo, por la presentación de diversas iniciativas legislativas que, lejos de beneficiar la educación del país, le crean un atraso y deterioro», dice el escrito.

Señalaron, además, que «nos hacemos participes del clamor por la afectación que está sintiendo este sector educativo privado, toda vez que estas acciones de incomprensión repercutirán en el cierre de colegios particulares que no tienen ningún tipo de subsidios, acciones estas que violentan la libre empresa».

Claves

Indican que la educación privada aporta significativamente al país para que haya una educación nacional de calidad y de excelencia para los niños y jóvenes, ya que son atendidos 152 mil alumnos, lo que alivia al Estado de una pesada carga.

Fuente: http://www.panamaamerica.com.pa/economia/conep-rechaza-que-se-regule-costo-educativo-1046421

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EE.UU: Federal Government Continues To Feed Charter School Beast Despite Auditor’s Warning

América del Norte/EE.UU./14 de octubre de 2016/www.prwatch.org/Por: Jeff Bryant

Resumen: Los políticos siempre prometen que van a encargarse del despilfarro, el fraude y el abuso, sin embrago, son pocos los esfuerzos que pueden evidenciarse de forma clara en este particular en la Educación, pues, esta semana el gobierno federal estadounidense ha entregado casi cuatro mil millones de dólares a las escuelas denominadas Charter. Las escuelas Charter son el gran negocio del estado y les mantiene (el estado federal) con dinero cortesía de los contribuyentes. El Departamento de Educación de los Estados Unidos, informó que en con motivo de la Semana de la Educación, el dinero va a ocho estados y en 15 redes de escuelas charter del Programa de Escuelas Charter, una operación del gobierno federal que reparte millones cada año para iniciar nuevas escuelas independientes. Independientemente de cómo se imparte la educación en estas escuelas, se está más preocupado por cómo se utilizará este nuevo desembolso de gobierno para las charter, en base a la amplia trayectoria de malversación financiera en estas escuelas. De hecho, poco después del anuncio USDE, propio auditor del Departamento advirtió que el dinero es en gran medida está en riesgo, pues, puede acabar en los bolsillos de los defraudadores y estafadores en lugar de en las aulas de los estudiantes diligentes y dedicados maestros.

Noticia original: 

Politicians always promise they will rid government of «waste, fraud, and abuse,» so let’s hope at least one political leader or policy maker will denounce our federal government’s new gift of nearly a quarter-billion dollars to charter schools.

The cash dump to charters, courtesy of taxpayers, is from the U.S. Department of Education. As Education Week reports, the money is going to eight states and 15 charter school networks from the Charter Schools Program, a federal government operation that doles out millions every year to start new charter schools.

This money is the latest installment of an over $3 billion gravy train the federal government has funded to help launch over 2,500 charter schools across the nation.

Regardless of how you feel about these schools, you should be concerned about how this new government outlay to charters will be used, based on the extensive track record of financial malfeasance in these schools.

Indeed, shortly after the USDE announcement, the Department’s own auditor warned that the money is very much at risk of ending up in the pockets of fraudsters and con artists rather than in the classrooms of diligent students and dedicated teachers.

Again Education Week reports, the audit by the agency’s inspector general’s office examined 33 schools in six states and concluded that because of a general lack of oversight of charters there was a «risk that federal programs are not being implemented correctly and are wasting public money.»

The risk stems from the «cozy relationships,» the EdWeek reporter’s words, between charter schools and companies that operate them, called Charter Management Organizations (CMOs).

Of the 33 charter schools the audit examined, 22 had examples, sometimes multiple examples, of how CMOs take advantage of the unusual business relationship they have with their client charters to exploit federal education funds and redirect precious taxpayer dollars to private interests that have nothing to do with education.

In one of the more egregious examples the audit round, «the CEO of one CMO in Pennsylvania had the authority to write and issue checks without charter school board approval and wrote checks to himself from the charter school’s accounts totaling about $11 million.»

At another Pennsylvania charter, a vendor that supplied services to the school was owned by the charter school’s CMO and received $485,000 in payments from the school without charter school board approval.

In Florida, a charter and a CMO that shared the same board entered into an expensive lease agreement for the school building, then expanded the facility, extended the lease, and increased the rental payments to the CMO.

One CMO the audit examined, which operated three charters in Michigan and one in New York, required the charter schools to remit all federal, state, and local funds to the CMO and gave the CMO total responsibility, with no oversight by the charter board, for paying school expenditures.

The auditor’s report doesn’t provide the names of these schools, so we don’t know if they have received federal grant money in the past or are some of the ones getting the new money.

However, three of the six states the audit looked at – California, Texas, and Florida – are the same states the Department of Education just decided to send more money to. The other three – Michigan Pennsylvania, and New York – have received federal money for charters in the past, either sent to the state or to charter organizations operating in the state.

These states, and presumably many others the feds send charter money to, often don’t sufficiently track how the money is used, according to the audit. Of the six states examined, half could not provide consistent funding data on charter schools with CMOs, a third could not identify which charter schools used CMOs, and a third that tracked whether charter schools used CMOs had unreliable information because charter schools self-reported their operations.

The federal auditor’s revelations on charter school waste, fraud, and abuse is yet another dose of reality in a long line of factual reporting about these schools.

A study released last year by the Center for Media and Democracy found «charter spending is largely a black hole.» That’s because the «flexibility» charters have been granted by the government is often being used not to create education innovations but to «allow an epidemic of fraud, waste, and mismanagement that would not be tolerated in public schools,» the CMD report found.

Based on its extensive research on charters, CMD examined the list of new award grantees and noted Florida, that’s getting a grant of $58,454,516, has closed over 120 charter schools in a little over a decade. Texas, which is getting $30,498,392, has «an unknown number» of charter schools «housed in churches» and «closely tied to, religious groups.»

Tennessee, which is getting $15,172,732, is famous for having a statewide online charter school that is so bad, the state education chief tried to get rid of it but couldn’t because of political maneuvering by the charter lobby and lack of regulatory accountability.

California, which is getting $27,329,904, has some of the worst charter school scandals in the nation, according to a report from the Center for Popular Democracy, which uncovered over $81,400,000 in fraud, waste, and abuse in the state. CPD call the alarming figure «likely just the tip of the iceberg.»

Louisiana, another grantee getting $4,836,766 from the feds, has been ripped off by «tens of millions of dollars in undiscovered losses» from charter schools in the 2013-14 school year, according to another CPD analysis. «The state has insufficiently resourced financial oversight,» CPD contends, and has yet to put into place adequate reporting, staffing, and auditing.

Three other states – Georgia, Massachusetts, and Washington – are getting the money just when they are deeply embroiled in heated controversies over charter schools.

Georgia has a ballot initiative in November on whether to allow the state to operate an Opportunity School District that would summarily take over local schools and hand them over to charter operators. Massachusetts also has a November ballot initiative, called Question 2, that would allow the state to lift the cap on the number of charters allowed to operate in the state. And in Washington, a charter school battleground for over 20 years, court rulings, legislative shenanigans, lawsuits, and counter lawsuits related to charter schools continue to rage across the state.

No doubt, this new money – over $41 million altogether for these three states – may now sweeten the pot if pro charter forces get their way.

Regarding the individual CMOs the Department is sending money to, one of them, Uncommon Schools, is a charter chain which used to be led in part by the current head of USDE, Secretary John King. Uncommon is getting $8,004,576. No conflict of interest there.

Another recipient – the Denver School of Science and Technology charter chain in Colorado, with a grant of $4,043,361 – has paid out between $20 to $50 million to a for-profit corporation owned by two of the charter chain’s director, according to another CPD analysis.

A charter school chain in Indiana getting $1,923,866 is plagued with financial problems, low enrollment, and controversy over how the CEO spends money. No doubt the infusion of federal cash will help.

The federal auditor’s report recommends the convening of a formal oversight group to look into charter school financial malfeasance, more rigorous review of charter school operations by federal agencies, and legislative changes in Congress to firm up government oversight.

Here’s another recommendation: Stop federal funding to expand these schools.

Tomado de: http://www.prwatch.org/news/2016/10/13158/federal-government-continues-feed-charter-school-beast-despite-auditors-warning

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