Migración

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Derribar muros y construir alternativas para seguir estudiando

abril 10, 2017abril 8, 2017Pluma Invitada

Por: Juan Carlos Romero Hicks

La migración –temporal o definitiva– es parte ya de la vida mexicana. Somos una nación multicultural con los que llegan, con los se van y con los que transitan. Sin embargo, pareciera que dentro de nuestro país existen muros invisibles que merman las oportunidades y los sueños de migrantes, nacionales, internacionales, o de paso.

Habiendo nacido en Guanajuato, y después de haber tenido el honor de servir en diversos cargos de responsabilidad pública y académica, comprendo que la migración tiene muchas formas, realidades y niveles. Están los que migran en avión y con visa de trabajo; los que viajan con visa de turista y se quedan a vivir en el lugar de destino, y los que emprenden el viaje llevando sólo un corazón nostálgico, la ropa que traen puesta y la esperanza de poder construirse a ellos y a los suyos un mejor camino. Los que hemos acompañado las batallas de la comunidad migrante desde hace ya muchos años conocemos que el primer problema al que se enfrentan los que regresan a México es la falta de identidad. En muchos casos, acompañando a un familiar deportado, llegan niños sin documentos que den constancia sobre su identificación o sobre su nivel de estudios.

En caso inverso, cuando un niño llega a Estados Unidos, comúnmente sólo se verifica su edad y se le admite en el sistema educativo. No importa su situación migratoria, no importa si lleva sus documentos, no importa que no hable inglés, lo único que importa es que el alumno tiene el derecho de aprender y la edad de estudiar. Cuando una niña, niño, o adolescente migrante, llegaba a México se encontraba con otra realidad: se topaba de golpe con la burocracia nacional. No podía ser legalmente admitido en una escuela por no traer su acta de nacimiento, su identificación con fotografía, su constancia de estudios y una larga lista de documentos que suele pedir la burocracia nacional para guardarlos en un archivero que no volverá a ser utilizado hasta que concluya el nivel educativo que cursaba.

Éste no era un problema de la Ley General de Educación, sino del entramado normativo de oficios, circulares y acuerdos secretariales que hace más pesada la carga de la burocracia educativa. Si pensamos en niveles superiores a la educación básica las complicaciones eran mayores. En muchos casos tenían que reiniciar sus estudios de preparatoria, lo mismo con los universitarios. El modelo estaba tan mal diseñado que un graduado de una carrera en una universidad extranjera, sin importar que ésta fuera la mejor del mundo, no podía obtener una revalidación por un camino sencillo. Se debía encontrar alguna universidad en México que ofreciera el mismo programa con un 75% de las mismas materias y con planes de estudio similares. Esto significaba un incentivo absurdo para limitar los estudios en el extranjero, o peor aún, para no regresar a ejercer en México lo que estudiaron en otro país. Una de las razones de más peso para irse a estudiar a otro país, además de la excelencia académica, es estudiar algo distinto, ya sea por la aproximación al tema o por ser un área del conocimiento que no se desarrolla en México.

Así era la situación antes de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el primero de febrero de este año, motivada por el riesgo de deportaciones masivas en Estados Unidos. Un temor inspirado en el irrespetuoso y doloroso discurso antimigrante que ha enarbolado el presidente Trump. La figura de la iniciativa preferente es de reciente creación, tiene reglas muy simples, cada Cámara tiene 30 días para su discusión, aprobación, modificación o rechazo. En caso de no cumplir el plazo se da por aprobada y pasa a la siguiente Cámara; es importante recordarlo porque puede parecer que actuamos demasiado rápido.

Debemos celebrar en la iniciativa del presidente fundamentalmente dos aspectos: el primero es la intención de romper con la inercia burocrática frente al acceso y equivalencia de estudios; el segundo, el carácter de iniciativa preferente, logrando que fuera el primer tema de la agenda legislativa en el Congreso de la Unión.

Su contenido original se quedaba muy lejos de su intención. La iniciativa principalmente iba orientada a atender a los dreamers (nombre dado en EE.UU. a los jóvenes indocumentados que son estudiantes universitarios y que “sueñan” con alcanzar la ciudadanía); por lo tanto, sólo abría algunos canales para revalidar la licenciatura. El aporte consistía en facultar a las universidades particulares para esta tarea y quitaba algunos obstáculos para el acceso al nivel básico.

La iniciativa casi no contemplaba a los estudiantes del nivel medio superior, la migración interna, o los problemas y retos educativos que acompañan a los migrantes. Teníamos como desafío hacer las cosas bien y rápido, pero en ese orden, ya que en tan sólo 30 días debíamos escuchar a todas las voces que tuvieran algo que decir, analizar y, de ser necesario, mejorar la iniciativa. Otra tarea apremiante fue construir los consensos necesarios para su aprobación y modificación. En este veloz esfuerzo, fuimos acompañados por docentes, migrantes, funcionarios de distintos órdenes de gobierno, expertos en migración, investigadores, instituciones académicas públicas y privadas y organizaciones sociales. Todos ellos tuvieron aportaciones muy valiosas para cambiar el enfoque de la iniciativa ampliándola para ir más allá de los dreamers.

Desde el Congreso incorporamos la garantía de tránsito y movilidad entre todos los niveles y tipos del sistema educativo. Otorgamos a la SEP la obligación de facilitar la movilidad, el acceso, la reinscripción, la regularización y la acreditación al hacer las normas de control escolar. Después de revisar las mejores prácticas internacionales se mandató crear un marco nacional de cualificaciones. Estos instrumentos agrupan los parámetros que permiten validar las habilidades, conocimientos y competencias obtenidas en un proceso educacional sistemático para facilitar tanto la movilidad como la certificación de competencias que van adquiriendo en el camino. Cabe destacar que esta idea no nace de cero, hace una década, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) propuso la adopción del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), en el que se incluyen los objetivos de contar con una escala o marco nacional de cualificaciones, un sistema nacional de nomenclatura que permita identificar el área, nivel y tipo de asignatura, actividad o unidad de aprendizaje, curso o actividad ofrecida.

En materia de educación superior se cambió el diseño original. Decidimos ir más allá y no limitarnos sólo a la licenciatura, sino a toda la gama de grados de este nivel educativo, y a cambiar las reglas para la revalidación y equivalencia determinando que el procedimiento atienda a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, permitiendo por ejemplo, la verificación electrónica de documentos. Podemos resumir que el Congreso de la Unión recibió una iniciativa orientada a la revalidación de licenciaturas, y construyó y aprobó una reforma legal para facilitar el ejercicio del derecho de educación a los migrantes, internacionales y nacionales, desde preescolar hasta la educación universitaria.

Como siempre que hacemos una reforma, lo más difícil es hacerla funcionar. La ley sola no cambia la realidad, debemos estar al pendiente de la implementación, acompañarla y protegerla. Los artículos transitorios instruyen el camino inmediato a seguir para que la reforma llegue a los estudiantes, en ellos resaltan: 1) El marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año; 2) La SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del Acuerdo Secretarial 286; 3) Las instituciones de educación superior constitucionalmente autónomas podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa, y 4) La autoridad educativa en coordinación con otras instituciones puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas, particularmente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, etc. Si bien la implementación es tarea que formalmente corresponde a la Secretaría de Educación, todos los mexicanos debemos acompañar y vigilar el proceso.

El error más común cuando hablamos de educación es confundir el derecho a la educación con el derecho al acceso. Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación y esto significa que tenemos derecho a aprender y no sólo a estar sentados en un pupitre. Para lograr esto no basta una ley, ni el esfuerzo de un gobierno, se requieren las manos y el talento de todos los mexicanos. Las tribus de la África Subsahariana lo tienen muy claro: tienen un dicho que dice “a un niño lo educa toda la aldea”. Eduquemos bien a todos los niños y niñas de nuestra aldea.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/derribar-muros-y-construir-alternativas-para-seguir-estudiando/

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Cómo mejorando la educación en Centroamérica se puede aliviar la crisis migratoria en EEUU

abril 10, 2017abril 7, 2017Univisión

Por: UNIVISIÓN

Tras implementar talleres técnicos en un pueblo en Guatemala, bajó el narcotráfico, la corrupción y los homicidios, los factores que llevan a los jóvenes a emigrar al norte. ¿Podría expandir esto a la región atacar la crisis migratoria de raíz? Una profesora investiga este esperanzador caso.

El 8 de marzo, 40 niñas murieron en un incendio en un hogar para jóvenes victimas de abuso en Guatemala. Más de 800 niños y adolescentes vivían allí. En Guatemala, los jóvenes corren un riesgo muy alto de convertirse en víctimas y perpetradores de crimen y violencia. Esta inseguridad es el principal factor que empuja a miles de jóvenes centroamericanos a abandonar sus hogares y emigrar al norte. La educación puede ayudar a mitigar esa inseguridad, y así aliviar la crisis migratoria entre Centroamérica, México y Estados Unidos.

En el año fiscal 2016, casi 60,000 jóvenes de Centroamérica y México cruzaron la frontera a Estados Unidos sin un padre o guardián. Durante el pico de la crisis en 2014, más de 68,000 realizaron el peligroso viaje.

La gran mayoría de estos menores llegan de lo que se conoce como el ‘Triángulo Norte’ de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Últimamente, cada vez más vienen de Guatemala.

Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la política estadounidense se ha centrado principalmente en asegurar la frontera sur. Pero desde mucho antes de eso , la política exterior de EEUU en Centroamérica se ha centrado en la financiación de una guerra militarizada contra las drogas, que a su vez ha alimentado las causas que empujan a las personas a emigrar.

Sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos para identificar y abordar estas causas de raíz.

Desde el verano de 2015, he estado evaluando un pequeño programa educativo piloto que se enfoca en algunos de los problemas que pueden llevar a los jóvenes a emigrar. ¿Quiénes se beneficiaron con el programa piloto y cómo? ¿Qué podría enseñarnos este caso sobre cómo dirigir la futura ayuda humanitaria a Centroamérica? Éstas fueron algunas de las preguntas que me propuse responder.

Infancias desarraigadas

Las guerras civiles en El Salvador, Nicaragua y Guatemala podrán haber terminado en la década de los noventa, pero desde eso la violencia ha tomado nuevas formas. Las guerras, el crimen organizado y la corrupción en los países del Triángulo Norte se han expandido, todos factores clave que empujan a los migrantes a trasladarse.

Entretanto, ha habido poco desarrollo económico en la región y hay un número limitado de oportunidades educativas para la juventud. Estos factores crean el encanto de la oportunidad en el norte que jala a a los jóvenes a emigrar lejos de su hogar.

Varias investigaciones han confirmado el impacto de estos factores que empujan y jalan. En entrevistas a 404 niños menores no acompañados o separados de sus familias, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados identificó varios patrones de violencia en sus países de origen.

Éstos incluían la violencia organizada por parte de actores armados criminales, como los carteles de la droga, las pandillas y el estado, y la violencia y el maltrato en sus hogares por parte de quien los cuida. Muchos de ellos dijeron que habían sido violados por traficantes de personas en el camino a EEUU. Otro estudio realizado por el Banco Mundial descubrió que alrededor de la mitad de los jóvenes de la región, especialmente aquellos de origen indígena, son más propensos a la migración. La pobreza, la violencia interpersonal y la violación de los derechos humanos –como la falta de acceso a la educación– contribuyen a este riesgo.

Fuente: http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1060665-330/c%C3%B3mo-mejorando-la-educaci%C3%B3n-en-centroam%C3%A9rica-se-puede-aliviar-la-crisis-migratoria

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Sudafrica: Human rights lawyers issue directive to schools about undocumented children

marzo 3, 2017marzo 2, 2017Noticias

«An Edenvale school governing body threatened to take immigrant pupils to the police — laywers declare ‘children are always entitled to their rights’

Africa/Sudafrica/TMG Digital

Resumen: Los abogados de derechos humanos instan al Departamento de Educación Básica para emitir lineamientos de política publica dando instrucciones a todas las escuelas para detener de inmediato la práctica de la discriminación contra los niños extranjeros e indocumentados al denegar el acceso a las escuelas o cobrándole tarifas más altas. Sugieren en un comunicado conjunto, suscrito por los abogados de Derechos Humanos del Centro para la Ley de Educación Infantil y del Centro de Igualdad de Derecho, que los lineamientos también deben indicar que las escuelas tienen la responsabilidad de ayudar a los niños a obtener sus documentos, dijeron

Human rights lawyers are urging the Department of Basic Education to issue a directive instructing all schools to immediately stop the practice of discriminating against foreign and undocumented children by refusing access and charging higher fees. The directive should also indicate that schools have a responsibility to help children obtain documents‚ Lawyers for Human Rights‚ the Centre for Child Law and Equal Education Law Centre said in a joint statement.

This comes after an Edenvale‚ Ekurhuleni‚ school governing body issued a letter last week that threatened to take immigrant pupils without valid paperwork to the police. Following outrage on social media‚ the governing body called the letter «unfortunate» and said it «unreservedly» apologised for any hurt the letter may have caused.

The human rights lawyers said that although the school has retracted the letter‚ «unfortunately the Eastleigh school incident is not an isolated event».

«At the beginning of each school year‚ and particularly in 2017‚ we receive reports of children being denied admission to school. These include not only undocumented migrant children‚ but also documented refugee and asylum-seeker children and undocumented South African children. Whatever their status or level of documentation‚ children are always entitled to their rights.»

They spelt out the rights of children in this situation:

• Children are never to be detained for immigration purposes. This is an absolute right.

• All children in SA are equally entitled to education regardless of their status or documentation. The Schools Act prohibits discrimination of any form when it comes to admission to school.

• South African courts have found that the right to study is inherent in the right to dignity and that this right cannot be bound to one’s nationality. No child may be discriminated against based on their own status or that of their parents. The Constitution protects the right to education‚ the right to equality‚ and the right to dignity of all people in SA. This includes those without documents or citizenship. This is particularly true when it comes to children.

• The Constitution states that the best interest of the child is of paramount importance when dealing with children. The National Education Policy requires schools to assist the child in obtaining documentation where there is none. The burden to comply with documentation requirements is shared between parents and the school. Where the child is part of a child-headed household, or an unaccompanied child, this burden is shared by the school and the Department of Social Development. These responsibilities are in place to ensure that nothing prevents a child from going to school. A school cannot merely reject a child for having no papers.

The lawyers commented: «It is important to take into account the various factors which lead to children being left undocumented and to consider that these factors are always out of the child’s control. Refugee and asylum-seeker children are entitled, in terms of the Refugees Act, to obtain the same permit as their parent. Yet they often have trouble obtaining or renewing their permits‚ because of widely reported and widespread corruption the Refugee Reception Offices.»

The lawyers said they have also encountered unlawful refusals of admissions for children without birth certificates. This was despite the fact that some children cannot obtain birth certificates‚ because the Births and Deaths Registrations Act makes it impossible for certificates to be obtained by children of single fathers where the mother is missing or undocumented‚ children in child-headed households and children in the care of guardians where the parents are alive, as well as children of undocumented parents.

«It is of great concern that the Department of Home Affairs visited Eastleigh in the week prior to the school sending its letter‚ and appears to have exerted pressure with regard to undocumented learners,» the lawyers said. «It is simply not constitutionally permissible for the department to take this approach.»

«While immigration control may be a legitimate government concern and function‚ it should never be addressed through the violation of children’s rights. No reason whatsoever‚ including irregular migration‚ can ever justify harming children through unlawful arrest or the denial of education.»

The lawyers requested that the department issue a directive to all schools clarifying the correct legal principles: «These include that refugee and asylum-seeker children are entitled to be admitted to school, even while awaiting documentation, and do not need study permits to attend school; that school principals will not be arrested or fined for admitting undocumented children, as is the rumour; and that undocumented children are allowed to attend school in SA.»

It also urged the department to amend laws to eliminate unconstitutional exclusions from birth registrations where children were born in SA or to South African parents and «to stop the discriminating practice of requiring expensive DNA tests for people faced with poverty before birth registration will take place».

The Department of Social Development was also asked to intervene in cases where children are in need of care and protection and where parents are unresponsive, in order to assist with the process of obtaining documentation for children.

Fuente: https://www.businesslive.co.za/bd/national/education/2017-03-02-human-rights-lawyers-issue-directive-to-schools-about-undocumented-children/

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Frente a la migración de retorno no bastan las buenas intenciones

febrero 26, 2017febrero 25, 2017Blanca Heredia

Blanca Heredia

El discurso antiinmigrante de Donald Trump ha puesto un reflector sobre la problemática que enfrentan niños y jóvenes migrantes de retorno en relación al sistema educativo mexicano. Constituye una buena noticia que el gobierno federal está interesado en el asunto y esté proponiendo reformas legales para hacer efectivo el derecho a la educación de este sector de la población. Los cambios propuestos revelan, sin embargo, que no bastan las buenas intenciones para resolver el problema.

El jefe del Ejecutivo federal envió en días pasados al Senado de la República una iniciativa preferente para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE). La iniciativa tiene dos objetivos principales. Primero, evitar que la falta de documentos académicos o de identidad impida el acceso de niños y jóvenes al sistema educativo, ofreciéndoles, para ello, opciones más flexibles para contar con dichos documentos. Segundo, simplificar la revalidación de estudios realizados en el extranjero y facilitar el acceso de los migrantes de retorno a las universidades del país. Esto último, entre otros, a través de: autorización a las universidades privadas a otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura; emisión por parte de la SEP de normas para la revalidación de estudios en el extranjero; y permiso a las autoridades educativas para autorizar a las instituciones de educación superior que cuenten reconocimiento de validez oficial de estudios para otorgar revalidaciones parciales de estudios de licenciatura.

La propuesta de reforma de la LGE revela interés en el tema por parte del gobierno federal y apunta, en lo general, en la dirección correcta.

Pero, como dice el dicho: el diablo está en los detalles. Y, los detalles contenidos en las modificaciones propuestas a los acuerdos 286, 328 y 379 –todos ellos referidos a acceso escolar por parte de alumnos con estudios previos en otro país y/o carentes de documentos académicos o de identidad, así como a la revalidación de estudios en el extranjero y actualmente en revisión en Cofemer– presentan, desafortunadamente, importantes insuficiencias.

Los ajustes planteados a dichos Acuerdos incluyen avances, en especial, para el caso de la educación superior, nivel para el cual la tramitología relevante sigue siendo rocambolesca en extremo.

Destacan: la eliminación del requisito de la apostilla y de la traducción al español por perito profesional de documentos académicos y de identidad para acceder a la universidad y para la revalidación parcial de estudios, así como la autorización a las instituciones educativas mexicanas en las que el alumno quiera matricularse a emitir opiniones técnicas sobre estudios previos y a verificarlos electrónicamente para agilizar procesos de ingreso y revalidación.

En las modificaciones propuestas, sin embargo, se siguen incluyendo trabas y trámites complejos cuya racionalidad y razón de ser resulta difícil entender. Por ejemplo, para el reconocimiento de validez oficial de estudios el requisito de “contenido programático equiparable” con programas nacionales se reduce del 75 al 60%. (¿Por qué ese requisito y ese porcentaje? ¿A cuántos más beneficiará esta medida?) Se autoriza -cosa que no ocurría antes- la revalidación completa de estudios superiores en el extranjero sin mayor trámite, pero sólo para estudios realizados en universidades -distintos a los de las áreas jurídicas y salud- con las que el Conacyt tenga convenios de movilidad.

(¿Por qué sólo para esas universidades? Excluir a Derecho se entiende, pero, ¿por qué retener tanta traba para estudios en el área de salud?) Un último ejemplo: se elimina el requisito de revalidación de licenciatura en el extranjero -excepto para educación normal- para admisión a estudios de posgrado en México, pero se mantiene si la persona quiere ejercer profesionalmente en el país. (Bien por la eliminación tramites ingreso a posgrados en universidades mexicanas, pero, ¿por qué se exceptúa de esta nueva regla a la educación normal?
y ¿por qué no simplificar y flexibilizar los requisitos para que profesionales formados fuera del país puedan ejercer y aportar sus conocimientos y experiencia laboral en beneficio de la economía mexicana?).

La persistencia de obstáculos y trámites costosos y engorrosos en las revisiones propuestas para las reglas aplicables para para poder cursar estudios en el país, obtener los títulos correspondientes y/o revalidar estudios en el extranjero revela inercias e intereses burocráticos profundos. Si acaso queremos hacernos cargo del problema y aprovechar los activos con los que han retornado ya millones de mexicanos y pudieran, regresar –en la mayoría de los casos sin desearlo– millones de más, sería hora de sacudir en serio esas inercias y ese entramado de intereses que sólo benefician a unos cuantos.

Para ello, habría que empezar por formar un grupo técnico que se integre, formalmente y a la brevedad, a la discusión y revisión de las propuestas de modificación presentadas por el gobierno federal a los diversos ordenamientos que regulan este asunto. Ello, a fin de aprovechar el conocimiento experto en la materia externo al gobierno, ampliar la pluralidad de las voces legítimamente autorizadas para construir una respuesta oportuna e inteligente, así como limitar el peso de las inercias y los intereses corporativos que tienen atrapada en la cerrazón a la educación nacional y, muy en especial, a nuestra educación superior.

Fuente de la noticia: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/frente-a-la-migracion-de-retorno-no-bastan-las-buenas-intenciones.html

Fuente de la imagen:http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2014/02/10/52f8ab70a3944.jpg

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Discriminación amenaza existencia del 70% de las lenguas en México

febrero 25, 2017febrero 24, 2017Noticias

México/25 de Febrero de 2017/Noticieros.televisa.com

México es uno de los países con la mayor riqueza cultural y lingüística del mundo, al contar con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas, sin embargo, el 70 por ciento está en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus hablantes, aseguró el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino.

El funcionario dijo que la situación de riesgo obedece en gran parte al desplazamiento (migración) de los hablantes de lenguas maternas de México hacia otras comunidades o ciudades.

Hoy este fenómeno no se puede revertir y persiste con una fuerte discriminación hacia las lenguas en México, expuso el también promotor cultural, al señalar que esta situación genera además una violencia psicológica en quienes todavía la conservan.

La descalificación repercute de manera negativa en la personalidad de los hablantes porque asumen “la idea de que su lengua no sirve y, por ello, se ven obligados a dejar de utilizarla, insistió.

En 2003, indicó, fueron reconocidas las lenguas de México como idiomas nacionales y con la misma validez que el español. “Esto es algo muy reciente y, en conjunto con la discriminación y la falta de reconocimiento, vemos que tampoco existe la infraestructura necesaria para una nación multilingüe.

Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010 revelaron que 44.1 por ciento de la población consideró que los derechos de las personas originarias no se respetan nada; el 31.3 por ciento comentó que se respetan poco, 22.4 por ciento indicó que sí se respetan y 2.2 por ciento no sabe o desconoce del tema.

Este panorama evidencia que “no hemos sido capaces de construir una filosofía y una propuesta de inclusión y de alternancia (…) que requiere el país para asumirse multilingüe, lamentó Gregorio Regino, quien es hablante y escritor de mazateco de la presa bajo.

La razón es porque en las escuelas de educación básica se ha excluido el aprendizaje de la lengua materna, la identidad y la cultura de los niños y de sus comunidades de origen por mucho tiempo.

En Puebla autoridades educativas impulsan el habla del totonaco, mazateco, mixteco, popoloca, hñähñú u otomí, tepehua y náhuatl; en riesgo de desaparecer el 70% de las lenguas en México. (NTX, archivo)

El director general del Inali comentó que este 21 de febrero convoca a reflexionar sobre el contexto actual del país e impulsar políticas públicas en materia de lenguas de México porque “hoy estamos ante una situación delicada y grave.

Recordó que las lenguas maternas del norte del país son la de mayor peligro de extinción, como cucapá, paipai, kaliwa, Kumiai, pima e incluso tarahumara o rarámuri, y en la zona centro se encuentran tlahuica y tepehua en las mismas condiciones.

Otra situación similar ocurre en la comunidad de Santa María Ixcatlán, Oaxaca, en donde solo quedan muy pocos hablantes de la lengua Ixcateco. “Y así nos vamos a encontrar un panorama bastante desalentador, recalcó.

Gregorio Regino celebró que en algunas instituciones educativas, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hayan incorporado la enseñanza del maya y náhuatl como materias optativas.

“Esto habla de una buena señal y significa un buen comienzo para que el tema de lenguas indígenas tenga un lugar en el ámbito académico, enfatizó el entrevistado, al tiempo que exhortó a desarrollar condiciones favorables para los hablantes en una sociedad libre de discriminación.

En México hay siete millones 382 mil 785 personas mayores, de tres o más años de edad, que hablan alguna lengua indígena, según la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa cifra representa 6.5 por ciento del total de la población, de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento son hombres.

Fuente: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-02-21/discriminacion-amenaza-existencia-70-lenguas-mexico/

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Migración de retorno, la posibilidad de ganar o de volver a perder

febrero 5, 2017febrero 1, 2017Blanca Heredia

Blanca Heredia

La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos nos plantea una oportunidad y una responsabilidad central. Se trata de un punto de quiebre en el que tendremos que decidir si hacemos frente a la situación o si seguimos enconchados en nuestra mediocridad. La migración de retorno nos planta frente a la opción de renovarnos o perder.

Ante un alud no previsto de mexicanos o nacionales americanos (menores hijos de padres mexicanos indocumentados) que pudiesen regresar a México –como resultado tanto del endurecimiento de la política migratoria de Trump, así como del posible aumento de hostigamiento, discriminación y violencia en contra de los mexicanos que residen en Estados Unidos– resulta fundamental prepararnos.

Mónica Jacobo, experta en el tema e investigadora de la unidad especializada en educación y política educativa del CIDE, señala que debemos prestar especial atención a la interfase de este tipo de migración con el sistema educativo. Ello, básicamente, pues no abrir de par en par las escuelas del país para acoger a los migrantes de retorno, así como no generar mecanismos para validar de manera fácil y expedita sus estudios y sus competencias laborales, además de tremendamente injusto, resulta miope y absurdo.

Entre 2009 y 2015, fueron deportados a México alrededor de 2 millones de personas de forma forzada o semiforzada, la mitad de quienes se ubicaban entre los 15 y 29 años. De estos últimos, 7 de cada 10 requerían ser admitidos en alguna escuela o universidad, o bien, les hacía falta revalidar sus estudios para poder insertarse en el mercado laboral formal de manera digna y productiva.

Para la inmensa mayoría, sin embargo, la posibilidad de inscribirse a una escuela, así como de graduarse y/u obtener el certificado oficial de los estudios cursados en Estados Unidos ha significado enfrentarse a un verdadero vía crucis. Entre los requisitos –rocambolescos– solicitados por las autoridades mexicanas para ello: acta de nacimiento traducida por perito profesional y apostillada, así como certificados de estudios también apostillados y traducidos por peritos profesionales. Por su peculiar situación migratoria, muchos de ellos no contaban con esos documentos o bien con los recursos para cubrir el costo de todos esos trámites (costo aproximado entre 8 y 10 mil pesos).

El trámite se vuelve más complejo para ser admitido en una institución de educación superior mexicana o para revalidar la cursada y/o completada en Estados Unidos, pues se requiere, además de cumplir con los requisitos mencionados para básica y educación media superior, comprobar que el programa de estudios universitarios cursado en Estados Unidos sea similar al de una universidad mexicana en, al menos, 75 por ciento.

En el verano de 2015, y gracias a la labor de un grupo de organizaciones sociales y académicos, así como de la sensibilidad de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, esos requisitos (absurdos y carísimos) se redujeron de forma significativa para primaria, secundaria y educación media superior.

Desafortunadamente, la buena nueva ha tardado en llegar a las escuelas y, como resultado de ello, muchos niños y jóvenes retornados siguen sin poder acceder a la educación formal y/o a certificados de estudios.

Frente a la posible exacerbación de esta problemática, el pasado 17 de enero, el presidente Peña Nieto anunció que para los estudiantes de educación básica no será necesario exhibir documentos, y sólo se requerirá presentar un escrito por parte de los interesados, de tal manera que la responsabilidad de la revalidación queda en manos de la institución que reciba al estudiante.

En cuanto a la revalidación de títulos y estudios de los migrantes de retorno, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, dio a conocer que a partir de febrero se harán públicos nuevos lineamientos orientados a simplificar y facilitar dichos procesos.

Las medidas anunciadas constituyen una muy buena noticia. Restan, sin embargo, diversos temas centrales por atender. En primerísimo término, el que las autoridades lancen una campaña de comunicación para sensibilizar a la población sobre el valor de los migrantes de retorno, así como y en especial, para darle a conocer a todas la instituciones educativas los nuevos lineamientos para la admisión, emisión de títulos y reconocimiento de estos para los migrantes de retorno, a fin de que los cambios normativos no se queden en letra muerta.

Dos asuntos adicionales a los que las autoridades tendrían que prestar atención son los siguientes. Primero, iniciar los trabajos para simplificar los trámites generales de acreditación de identidad para los migrantes de retorno, pues este parece ser el mayor cuello de botella, también, para su inserción laboral. Segundo, empezar a pensar cómo tendríamos que acometer la tarea más compleja de ofrecerles a aquellos en edad escolar la educación y el trato que requieren para potenciar sus saberes, destrezas y actitudes distintivas en beneficio de la colectividad en su conjunto. La transformación en curso del Modelo Educativo mexicano ofrece una oportunidad privilegiada para ello.

Si no tomamos las medidas necesarias, nuestros connacionales vuelven a perder y perdemos todos debido a nuestra incapacidad como país para darles oportunidades de formación y crecimiento, así como para aprovechar sus saberes y talentos.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/migracion-de-retorno-la-posibilidad-de-ganar-o-de-volver-a-perder.html

Fuente de la imagen:http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2016/09/28/57ec0fb85c70b.jpg

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El Salvador: 39 mil alumnos abandonaron las aulas el año pasado

enero 16, 2017enero 14, 2017Noticias

El Salvador/16 de Enero de 2017/elsalvador.com

Las gremiales de docentes mantienen que la inseguridad que acecha a las escuelas sigue siendo el primer factor.

El año pasado hubo 39 mil alumnos que abandonaron la escuela, informó ayer el ministro de Educación, Carlos Canjura, en una entrevista de televisión.

“Hicimos un esfuerzo por tener datos de asistencia escolar mes a mes. Íbamos cruzando información de asistencia y paquetes escolares, y lo que tenemos como resultado de 2015 es que la deserción estuvo fue de 39 mil estudiantes”, declaró.

La violencia e inseguridad por la que atraviesa el país no es el único factor que ha obligado a los alumnos a tener que dejar el sistema educativo, aseguró Canjura , quien opinó que no es “tan sencillo de clasificar”.

“No tengo duda que dentro de esos 39 mil estudiantes hay un alto porcentaje por inseguridad en las escuelas”, matizó.

Sin embargo, el secretario del sindicato Bases Magisteriales, Paz Zetino, manifestó los maestros reportan algo diferente, para ellos violencia sigue siendo la principal causa de deserción en los estudiantes.

“Sería demasiado ingenuo decir que la violencia está dando la menor parte de desertores. Aunque en las estadísticas no coincidimos pero es preocupante esa cantidad de niños que han emigrado”, expuso.

Aseguró, también que el Gobierno debe tomar medidas para proteger la integridad de los alumnos y de los maestros que diariamente se mantienen en los centros escolares.

El ministro declaró que Educación no tiene todas las soluciones para revertir o disminuir que los estudiantes abandonen las aulas, pero que a partir de los métodos de enseñanza se puede manejar una diferencia.

Lo que implica que, aunque no puedan controlar la seguridad en la que vive el país, los docentes pueden lograr que los estudiantes sientan interés de desarrollarse y alcanzar una capacidad productiva, señaló.

La Escuela Integrada a Tiempo Pleno (EITP), podría ser uno de los ejes donde los jóvenes pueden desarrollar capacidades que no se están tocando y evitar que se involucren en ambientes violentos.

“Ese gusto por trabajos que te alejan del ambiente violento, es importante, y eso es lo que educación puede aportar”, dijo.

La otra parte le corresponde a la familia y otros sectores, añadió Canjura.

Y es que, entre otras causas, el funcionario mencionó que está la migración de las familias, los embarazos precoces y que los niños dejan la escuela por empezar a trabajar.

Hasta el 2013, según información entregada a través de la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Educación, las principales causas de abandono escolar era porque el niño tenía bajo rendimiento.

En las estadísticas también se encuentran que los alumnos se dedicaron a trabajos agrícolas y domésticos que no les permitieron seguir.

Existen otros factores señalados como la migración a otro país y dificultades económicas, con las cuales los padres justificaron la salida de sus hijos.

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