‘Escuelas en peligro de extinción’ es el claim de la campaña puesta en marcha por Entreculturas, una iniciativa con la que se quiere dar visibilidad a los más de 175 millones de niños, niñas y jóvenes que no acuden al colegio pero que viven en lugares ricos en recursos naturales. ¿Qué está pasando para que se siga dando tanta desigualdad cuando hay personas que viven en países con medios para salir adelante pero donde los servicios educativos no llegan?
La organización quiere denunciar la fuerte presión que existe en sitios con numerosos recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales y agrícolas, entre otros. Estos se ven explotados por otros gobiernos que cogen el control y generan violencia y conflictos que afectan especialmente a los menores. Su salud y desarrollo se ve dificultado y no pueden acceder a una educación como merecen. Como Entreculturas señala con el nombre de esta acción, las escuelas están en peligro de extinción en algunos rincones del planeta.
Daniel Villanueva, director de la Fundación Entreculturas, denuncia que en estos momentos hay “264 millones de niños en el planeta que no van al colegio y dos tercios de ellos vienen países ricos en recursos naturales”. Villanueva destaca países como Kenia, donde 30.000 escuelas públicas están en riesgo de desaparecer debido a situaciones como el acaparamiento de tierra para proyectos agrarios, madereros o hidroeléctricos, entre otros. Los conflictos que se suceden a escala internacional suponen en la mayoría de los casos un ataque directo a la educación, generando la destrucción de colegios, asesinatos, agresiones y amenazas tanto a estudiantes como a los propios docentes.
Con ‘Escuelas en peligro de extinción’ se quiere “llamar la atención sobre esta realidad y analizar las relaciones entre el derecho a la educación y la explotación de los recursos naturales”. comenta Daniel Villanueva.”Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales y ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos”, añade Valeria Méndez de Vigo, responsable de estudios e incidencia de Entreculturas.
La campaña pretende hacer un llamamiento dirigido a gobiernos e instituciones para que adopten medidas al respecto. Entreculturas reflexiona sobre todo ello en una completa información que se puede consultar en su página web, www.entreculturas.org.
¿Dónde deberíamos ir después de la última frontera; dónde debieran volar los pájaros después del último cielo?
Mahmoud Darwish, poeta palestino.
Lo que llama la atención no es que haya ocurrido. Lo que llama la atención es que casi nadie lo recuerde. El 15 de mayo de 1948 fue un día trágico. Pocas horas después que David Ben Gurión leyera la declaración de la independencia de Israel y el día en que concluía el mandato británico sobre Palestina, se iniciaba la primera guerra entre el nuevo Estado israelí y los países árabes. La guerra de 1948 fue para Israel la gran gesta de su independencia. Pero también fue la guerra que produjo uno de los más brutales éxodos que se hayan conocido en la historia de la humanidad: el del pueblo palestino, despojado de su tierra, desplazado de su nación, amordazado, encarcelado, silenciado. Un pueblo al que, desde entonces, las naciones más poderosas del planeta han tratado de aniquilar, volviéndolo invisible; un pueblo al que han tratado de reinventar, condenándolo a la inexistencia.
Una mujer. Un cuerpo sufriente. Una mujer tapando su boca. Una mujer en un campo de refugiados: Baqa´a, Jordania. Una palabra: nakba. Una ausencia: la tierra. Una nación: Palestina. Un trabajo colectivo: la memoria.
Nakba: catástrofe, desastre. Éxodo: la expulsión palestina que comienza en 1948. 700 mil seres humanos desplazados, empujados al abismo de la incertidumbre, para siempre, sin otra esperanza que la de mantener activa la memoria, para recuperar algún día lo que le han robado y a casi nadie le importa.
La guerra de 1948 que condujo a la creación del Estado de Israel, tuvo como consecuencia la devastación de Palestina. La dialéctica de la muerte y el renacimiento, tan propia del mundo occidental, reunidas en un mismo acontecimiento. En un mismo grito de dolor, en un mismo símbolo de barbarie, silenciado ante el mundo
Cincuenta años después / estoy tratando de contar la historia / de lo que se perdió / antes de mi nacimiento / la historia de lo que estaba allí / antes de que la casa de piedra cayera / el mortero explotó / las rocas sueltas fueron llevadas lejos para nuevos propósitos, o aplastadas / la tierra se declaró limpia, vacía.
Lisa Suhair Majaj, poeta palestina.
Cada una de las distintas generaciones que han sobrevivido a la catástrofe puede armar un rompecabezas de piezas que se han astillado, convirtiendo las casas de las aldeas en millones de partículas de piedras dispersas por el desierto. Una montaña de escombros que más tarde serviría para edificar el muro que sigue separando, aislando, deportando a los palestinos de su historia. El muro que pretende silenciarlos y mantenerlos invisibles.
“La visión más desgarradora fueron los gatos y los perros ladrando y haciendo jaleo, tratando de seguir a sus dueños. Yo escuché a un hombre gritarle a su perro: Vuelve. ¡Tú al menos puedes quedarte!”
(Citado en: Ahmad H. Sa´di & Lila Abu-Lughod. Nakba. Palestina, 1948 y los reclamos de la memoria. Editorial Canaán, Buenos Aires, 2017)
Después de la Nakba, no todos abandonaron Palestina. Algunos quedaron bajo el control territorial del Estado de Israel. Palestina fue confiscada, dividida en Cisjordania y la Franja de Gaza, en territorios controlados colonialmente, infectados por check points que bloquean o autorizan ocasionalmente el tránsito de los palestinos, transformados así en refugiados en su propia tierra. Los palestinos, aquellos cuya presencia fue sustituida por la ausencia, como alguna vez sostuvo Edward Said.
Palestina y los palestinos viven bajo la constante amenaza del desvanecimiento de la memoria. Viven una carrera contra el tiempo, tratando de transmitir la experiencia del despojo a las jóvenes generaciones, las cuales han nacido lejos de su propia patria y han crecido envueltas en narrativas que silencian o niegan la opresión colonial de su pueblo. La “generación de la Nakba” se vuelve anciana, se cansa, se vuelve un verdadero “cuerpo archivo”, vital para el ejercicio de la transmutación de la memoria oral a las palabras escritas. Una carrera contra el tiempo, como la del sujeto colonizado que describe Frantz Fanon: “Llega usted demasiado tarde, tardísimo. Entre ustedes y nosotros habrá siempre un mundo.»
عودة
Él retornó, dijo, para plantar en ella el árbol del conocimiento / y él era ese árbol. / Él nació en Jaffa y a Jaffa retornó, para permanecer / allí por la eternidad, cerca del árbol del paraíso.
Mahmoud Darwish, poeta palestino
El poder de una potencia colonial no reside en disminuir o maquillar las evidencias de su prepotencia invasora, sino, fundamentalmente, en borrar las marcas, los trazos y las filigranas en las que puede leerse la memoria, la narrativa, el relato que cuenta la historia de quien está siendo colonizado. Por eso, los poderes coloniales matan, destierran y silencian a los intelectuales, despedazan sus bibliotecas, incineran sus libros, silencian las voces que cantan y cuentan otra historia, aniquilan a quienes representan el pasado y, justamente por eso, pueden edificar un camino de esperanza hacia el futuro. En Palestina, el Estado de Israel hizo todo esto. Pero hizo mucho más. Arrancó los olivos, los desmembró, atravesándolos con un muro. En su lugar, ocasionalmente, plantó abetos europeos. El poder colonial se imprime en el paisaje, se diluye en el horizonte como parte de una nueva geografía, con una implacable transformación del ambiente, creando, más bien, inventando la tierra misma, sus ríos, sus plantas, sus montañas y praderas, el aroma, el color y los sonidos que brotan de ese espacio desconocido, que alguna vez fue nuestro hogar. El ejército de Israel siempre supo que además de protegerse de las piedras que surcan el cielo de Palestina, había que protegerse de la sombre de los olivos, esos sitios insurgentes en los que habita encarnada la memoria de los desplazados. Los olivos fueron un objetivo militar, porque allí sobrevivía la historia de los que alguna vez volverán.
La colonización de la memoria supuso el exterminio de los trazos que marcaron la presencia de los palestinos en su propia tierra. Unos y otros, colonizadores y abetos, extranjeros en esa tierra de dolor y desamparo. “Solo los árboles de olivo – sostendrá Darwish – permanecerán como un sustituto viviente, fragmentado de la experiencia colectiva en Palestina.”
Somos las víctimas de las víctimas –lo cual es bastante inusual (…) estamos sujetos a un colonialismo único. Nos quieren muertos o exiliados. (…) Las vidas de los israelíes y palestinos están desesperadamente entrelazadas. No hay modo de separarlas. Ustedes pueden tener una fantasía y negar o poner al pueblo en guetos. Pero en realidad hay una historia en común. Tenemos que encontrar el modo de vivir juntos. (…) Nosotros nos mantenemos firmes en el tema de la identidad como algo mucho más significante y políticamente democrático que la mera residencia y servidumbre que Israel nos ofrece. Lo que nosotros pedimos como palestinos es el derecho a ser ciudadanos (…) Elegir esa identidad es hacer historia, no elegirla es desaparecer.
Edward Said, intelectual palestino.
Nakba: catástrofe, desastre. Quizás también: persistencia de la memoria, retorno, dignidad, verdad, justicia.
Las fotografías corresponden al Archivo Fotográfico de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), incluido en la Memoria del Mundo de la UNESCO.
Superintendencia Nacional de Migraciones informó que niños podrán ser atendidos en hospitales del Estado, del SIS y pueden matricularse en colegios públicos
La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, a la fecha, se han emitido unos siete mil permisos temporales de permanencia (PTP) a ciudadanos venezolanos, de los cuales 484 corresponden a niños y 455 a niñas, quienes pueden atenderse en los hospitales del Estado y acceder a programas como el Seguro Integral de Salud (SIS), además de continuar sus estudios primarios o secundarios.
De esa manera, el Estado peruano protege los derechos fundamentales de estos niños y adolescentes, quienes al tener ahora una condición migratoria regular pueden acceder a los servicios básicos de educación y salud, mejorando así sus condiciones de vida, explicó el superintendente Eduardo Sevilla Echevarría.
El PTP, recordó Sevilla, ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un “ejemplo” para la región.
Linette Anadón ya conocía ese miedo. Por segunda vez en menos de tres años el Estado amenazaba con cerrar la escuela pública que dirige en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico.
«Cuando empezaron los rumores de que otra vez iban a cerrar escuelas, supe que la nuestra iba a aparecer ahí», le dijo a BBC Mundo.
Anadón había escuchado hacía unos meses que solo quedarían abiertos planteles con más de 250 estudiantes y el suyo, llamado Salvador Busquets, solo cuenta con 108.
Entre 2010 y 2015, la institución se había salvado de estar entre las más de 100 que fueron clausuradas por el gobierno.
Esta vez, Anadón esperaba recibir la «mala noticia», pero no por eso dejó de sentirse frustrada cuando el anuncio se hizo oficial.
«Esto es una desolación, nos consume mucho emocionalmente», expresó en referencia a la comunidad que hace parte del colegio, que también sirve de espacio para actividades culturales y deportivas en horario extracurricular.
El Busquets es uno de los 179 planteles públicos que cerrarán sus puertas a finales de este mes por orden del Departamento de Educación de la isla, que hizo el anuncio el viernes pasado.
Recortes en medio de la crisis
Se trata del cierre de mayor escala en la historia de Puerto Rico, que afecta a más de 2.700 maestros y supone el traslado de unos 27.000 alumnos a otras escuelas para el inicio del nuevo año escolar en agosto.
Quienes se oponen a la medida señalan que afectará a los estudiantes menos favorecidos, disminuirá la calidad y que miles de maestros no tendrán empleo en el futuro.
Casi el 80% de los alumnos matriculados en las 1.332 escuelas públicas de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza.
Ese dato ilustra la situación que atraviesan los puertorriqueños, en una grave crisis económica que ha significado medidas de austeridad y un índice de pobreza del 45%.
En días recientes, el estado libre asociado de EE.UU. se declaró en quiebra para reestructurar una deuda fiscal de US$73.000 millones.
El Departamento de Educación —cuyo presupuesto de US$3.000 millones representa casi el 30% del total del de la isla— señaló que ahorrará US$7 millones al año por razón del cierre de escuelas.
Pero algunos críticos de la decisión consideran que fue netamente económica y no consideró otros factores.
Una isla con menos estudiantes
«Los niños terminarán hacinados y miles de docentes van a quedar a la deriva«, reclamó en una entrevista con BBC Mundo Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, un sindicato que agrupa a más de 3.000 profesores públicos.
Su preocupación la comparten decenas de educadores y representantes, que el lunes protestaron contra la medida en las entradas de los planteles localizados en diferentes regiones del territorio.
Morales, sin embargo, reconoció que ha habido una reducción significativa de población estudiantil debido a la migración en la última década de casi 450.000 puertorriqueños a EE.UU. y a la reducción en la tasa de natalidad en la isla.
El sistema escolar público pasó de tener casi 600.000 estudiantes en 2002 a 380.000 en 2015, según cifras del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Este fue uno de los factores que consideró el Departamento de Educación para decidir sobre el cierre de las 179 escuelas.
«Con menos estudiantes, era lógico que debíamos ajustar el tamaño del sistema educativo«, justificó la secretaria de Educación, Julia Keleher, en conversación con BBC Mundo.
En ese ajuste, los más afectados serán los maestros transitorios, que tienen contratos temporales de renovación anual.
La funcionaria explicó que el presupuesto del año entrante podrá reducirse en un 10% al prescindir de muchos de estos contratos.
Una determinación que preocupa a centenares de docentes que hoy en día trabajan bajo esa figura legal, quienes temen no poder encontrar empleo en el futuro.
Pero Keleher argumentó que la oficina que encabeza «no es una agencia para dar empleo a todo el mundo«.
«Si tengo maestros que realmente no necesito más, pues entonces deberé bajarlos de la nómina», sentenció.
Miles de dólares
Los que apoyan el cierre de las escuelas señalan que algunas tienen infraestructuras en mal estado o una población estudiantil tan baja que no se justifica su manutención.
Educación pública en Puerto Rico
410.950
alumnos estudian en el sistema público
78,5% de la población total estudiantil vive bajo niveles de pobreza
31% de los estudiantes requiere de educación especial
179 planteles educativos cerrarán a finales de mayo
1.153 escuelas permanecerán abiertas
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Como la docente retirada Wanda Ramos, de 62 años, quien trabajó durante más de dos décadas en instituciones públicas y privadas.
«Hay que preguntarse si vale la pena gastar miles de dólares en mantener una escuela con pocos estudiantes y que no tenga la mejor infraestructura, cuando hay una institución cercana que podría albergar a esos alumnos», le dijo a BBC Mundo.
Estos centros educativos, según el Departamento de Educación, están dotados de instalaciones más recientes y en mejor estado.
«Con el ahorro que representan las escuelas que vamos a cerrar, podremos invertir esos fondos en desarrollar programas especiales y dar más dotación a las que quedan», agregó la secretaria de la agencia, Julia Keleher.
Según la funcionaria, en algunos institutos «ni siquiera hay libros» ni acceso a internet.
Dificultades
La promesa del traslado de los niños a centros educativos mejor dotados no alivia las inquietudes de algunos padres que viven en zonas rurales.
«Esta es una región montañosa y la escuela receptora queda como a tres kilómetros de nuestra casa», dijo a BBC Mundo Luzaina Peña, madre de un niño de cinco años.
Peña, de 31 años, es trabajadora social del mismo instituto al que asiste su pequeño, el Merced Marcano, en la localidad de Toa Alta, en el norte de la isla.
Con el cierre de esa escuela, Peña tendrá que esperar a que la reubique el Estado en un centro educativo de algún pueblo contiguo.
Todavía no sabe si el gobierno proveerá transporte escolar para su hijo, pero está segura de que no cuenta con el dinero para pagarlo.
En su papel de trabajadora social cuestiona el poco tiempo que tuvieron los maestros y padres para avisar a los niños del cambio, ya que el cierre está programado a finales de mes.
«Niños míos lloraron porque no entendían que ahora se separan y que van a otra escuela«, apuntó.
«Nuestra escuela es nuestro orgullo»
Para otros padres, las escuelas gozan de aprecio en la comunidad y han servido como agentes de cambio social en un entorno de pobreza.
Así lo afirmó Adneri Rivera, que estudió hace tres décadas en la misma institución en la que hoy está inscrita su pequeña hija en el nivel preescolar y varios sobrinos.
«Nuestra escuela es nuestro orgullo», le dijo a BBC Mundo la madre de 39 años, cuyos hermanos también cursaron la primaria en el centro educativo Hipólito Cáldero, en la localidad rural de Corozal, en el centro de Puerto Rico.
Rivera calificó como un «golpe muy duro» que la escuela, con 159 estudiantes, tenga que cerrar en los próximos días.
«Este lugar ha aportado al desarrollo de personas que han brillado. Grandes escultores, pintores, hasta una Miss Puerto Rico salió de aquí», continuó afligida.
Rivera, quien es maestra de otra institución que permanecerá abierta, cuestionó que deterioros en la infraestructura y una baja nómina de estudiantes sean razones suficientes para la clausura.
Según ella, la autoridad educativa realizó una asamblea con «cientos de representantes de escuelas que solo tuvieron dos minutos para expresar por qué su institución no debía cerrarse».
Por su parte, el Departamento de Educación mantiene que se hizo un análisis exhaustivo en el que participaron los centros de enseñanza a lo largo y ancho de la lista.
A pesar del esfuerzo, Rivera cree que no fue suficiente.
«No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, cuál será su futuro«.
Un estudio de la UNICEF realizado entre 2015 y 2016 indica que esta cifra es un récord histórico y creció cinco veces más en sólo cuatro años
La protección contra explotación sexual y violencia a 300 mil #Niños migrantes que viajan solos cada año, es lo que pide el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (#UNICEF) al dar a conocer un informe de migración infantil mundial dónde destaca que, de estos 300 mil niños: 200 mil han pedido asilo en 80 países; 170 mil fueron detenidos cuándo intentaron entrar a Europa y 100 mil pequeños más, detectados en la frontera de Estados Unidos y México.
Justin Forsyth, Director Adjunto de la UNICEF, dijo que debe existir una alerta internacional especial para protegerlos porque el hecho de que un niño viaje sólo “es ya demasiado, estamos fallando como adultos”.
Explicó que los traficantes abusan de la vulnerabilidad que tienen los menores sin la protección de los adultos y con engaños los “ayudan” a cruzar distintas fronteras, pero el destino final es “venderlos como esclavos o forzarlos a prostituirse”.
Advirtió que de todo el universo de víctimas de la trata de personas 28 de cada 100 son niños y los lugares dónde se registra con mayores índices este delito son: centroamérica, el Caribe, y África Subsahariana. Por ello, Justin Forsyth pidió que no se ignore esta información y sea tomada en cuenta en la próxima reunión del G7 –que representa a los países más industrializados del mundo-, que se realizará el 26 y 27 de mayo en Italia exactamente en Taormina, Sicilia.
Advirtió que el estudio realizado entre 2015 y 2016 tiene por finalidad pedir a los gobiernos que pongan de su parte y generen una agenda especializada para brindar protección y bienestar tanto a niños migrantes como refugiados.
En especial se pide poner un alto a la detención de los pequeños que sólo buscan ayuda y asilo, así como evitar la separación de familias y brindarles acceso a educación.
Se destaca que esta cifra de 300 mil niños es cinco veces más alta que la registrada durante 2010 y 2011 equivalente a 66 mil pequeños migrantes. Entre los riesgos que corren estos niños al viajar solos -además de mantenerse con vida-, están las rutas que toman para llegar a sus destinos, pues en su desconocimiento y desesperación, eligen las más peligrosas y es ahí dónde caen en las manos de los traficantes y tratantes de personas.
Otro tipo de migración: Sudán del Sur
El pasado 8 de mayo la UNICEF y la oficina del alto Comisionado de las #ONU para Refugiados (ACNUR), dieron a conocer que debido al aumento de conflictos en Sudán del Sur,uno de cada cinco niños está huyendo para salvar su vida. La cifra registrada hasta el momento suma más de un millón de niños que han migrado. El problema aumenta si se toma en cuenta que hay otro millón de niños que dejó su hogar para buscar refugio al interior de Sudán del Sur, lo que representa un “devastador impacto en las poblaciones vulnerables”, aseguraron.
Tanto la UNICEF como ACNUR coincidieron en cifras y alertan que más de la mitad de los refugiados provenientes de Sudán del Sur son pequeños, es decir, 62 de cada 100 son menores de edad y se encuentran principalmente en Uganda, Etiopía, Kenia y Sudán. Por ello ambos organismos lanzan un llamado internacional para recaudar fondos (destinados a la ayuda de niños migrantes), pues, a pesar de la gravedad de la situación, no se ha tenido eco.
Sin escuela
Recientemente la Organización de Naciones Unidas también alertó que, de cada 100 niños que hay en el mundo, 22 no pueden ir a la escuela porque viven en «zonas de conflicto«. Estos niños tienen entre 6 y 15 años y la cifra es más alarmante si tomamos en cuenta el número de alumnos que ha dejado de ir a la escuela o bien nunca ha asistido, según el nivel de estudios.
Por ejemplo, en la Educación Primaria, Sudán del Sur es el país que tiene más niños sin escuela con 7 de cada 10 pequeños sin educación; le sigue Chad con 5 de cada 10, y Afganistan también con casi 5 de cada 10. Sudán del Sur resalta nuevamente si se toma en cuenta el índice por género, ya que casi 8 de cada 10 niñas no tienen acceso a la educación básica.
En cuanto a los siguientes niveles educativos, el documento de Naciones Unidas da a conocer que la Educación Secundaria, también tiene datos desalentadores muy parecidos al nivel anterior, por ejemplo, Niger está a la cabeza de la lista con casi 7 de cada 10 menores sin escuela; le sigue Sudán del Sur con 6 de cada 10 y la República Centroafricana con 5 de cada 10 niños.
Las 37 universidades públicas más emblemáticas de América Latina y el Caribe repudiaron hoy la política «xenófoba y discriminatoria» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Agrupadas en la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, las instituciones educativas manifestaron en un comunicado «su total repudio» a las políticas de Trump al considerar que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas.
La red agrupa a entidades educativas de 20 países como son la Universidad de Sao Paulo y la Estatal de Campiñas (Brasil), la de Chile, la de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de La Habana (Cuba).
Durante la VIII Asamblea de rectores, que se celebra en Chile, las instituciones transmitieron su solidaridad a los más de 800.000 alumnos originarios de países de la región que estudian en universidades de Estados Unidos y que podrían resultar perjudicados con las medidas migratorias del Gobierno estadounidenses.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que de estos 800.000 estudiantes que están bajo la protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), 520.000 son mexicanos y el resto de otros países de América Latina y el Caribe.
La migración –temporal o definitiva– es parte ya de la vida mexicana. Somos una nación multicultural con los que llegan, con los se van y con los que transitan. Sin embargo, pareciera que dentro de nuestro país existen muros invisibles que merman las oportunidades y los sueños de migrantes, nacionales, internacionales, o de paso.
Habiendo nacido en Guanajuato, y después de haber tenido el honor de servir en diversos cargos de responsabilidad pública y académica, comprendo que la migración tiene muchas formas, realidades y niveles. Están los que migran en avión y con visa de trabajo; los que viajan con visa de turista y se quedan a vivir en el lugar de destino, y los que emprenden el viaje llevando sólo un corazón nostálgico, la ropa que traen puesta y la esperanza de poder construirse a ellos y a los suyos un mejor camino. Los que hemos acompañado las batallas de la comunidad migrante desde hace ya muchos años conocemos que el primer problema al que se enfrentan los que regresan a México es la falta de identidad. En muchos casos, acompañando a un familiar deportado, llegan niños sin documentos que den constancia sobre su identificación o sobre su nivel de estudios.
En caso inverso, cuando un niño llega a Estados Unidos, comúnmente sólo se verifica su edad y se le admite en el sistema educativo. No importa su situación migratoria, no importa si lleva sus documentos, no importa que no hable inglés, lo único que importa es que el alumno tiene el derecho de aprender y la edad de estudiar. Cuando una niña, niño, o adolescente migrante, llegaba a México se encontraba con otra realidad: se topaba de golpe con la burocracia nacional. No podía ser legalmente admitido en una escuela por no traer su acta de nacimiento, su identificación con fotografía, su constancia de estudios y una larga lista de documentos que suele pedir la burocracia nacional para guardarlos en un archivero que no volverá a ser utilizado hasta que concluya el nivel educativo que cursaba.
Éste no era un problema de la Ley General de Educación, sino del entramado normativo de oficios, circulares y acuerdos secretariales que hace más pesada la carga de la burocracia educativa. Si pensamos en niveles superiores a la educación básica las complicaciones eran mayores. En muchos casos tenían que reiniciar sus estudios de preparatoria, lo mismo con los universitarios. El modelo estaba tan mal diseñado que un graduado de una carrera en una universidad extranjera, sin importar que ésta fuera la mejor del mundo, no podía obtener una revalidación por un camino sencillo. Se debía encontrar alguna universidad en México que ofreciera el mismo programa con un 75% de las mismas materias y con planes de estudio similares. Esto significaba un incentivo absurdo para limitar los estudios en el extranjero, o peor aún, para no regresar a ejercer en México lo que estudiaron en otro país. Una de las razones de más peso para irse a estudiar a otro país, además de la excelencia académica, es estudiar algo distinto, ya sea por la aproximación al tema o por ser un área del conocimiento que no se desarrolla en México.
Así era la situación antes de la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el primero de febrero de este año, motivada por el riesgo de deportaciones masivas en Estados Unidos. Un temor inspirado en el irrespetuoso y doloroso discurso antimigrante que ha enarbolado el presidente Trump. La figura de la iniciativa preferente es de reciente creación, tiene reglas muy simples, cada Cámara tiene 30 días para su discusión, aprobación, modificación o rechazo. En caso de no cumplir el plazo se da por aprobada y pasa a la siguiente Cámara; es importante recordarlo porque puede parecer que actuamos demasiado rápido.
Debemos celebrar en la iniciativa del presidente fundamentalmente dos aspectos: el primero es la intención de romper con la inercia burocrática frente al acceso y equivalencia de estudios; el segundo, el carácter de iniciativa preferente, logrando que fuera el primer tema de la agenda legislativa en el Congreso de la Unión.
Su contenido original se quedaba muy lejos de su intención. La iniciativa principalmente iba orientada a atender a los dreamers (nombre dado en EE.UU. a los jóvenes indocumentados que son estudiantes universitarios y que “sueñan” con alcanzar la ciudadanía); por lo tanto, sólo abría algunos canales para revalidar la licenciatura. El aporte consistía en facultar a las universidades particulares para esta tarea y quitaba algunos obstáculos para el acceso al nivel básico.
La iniciativa casi no contemplaba a los estudiantes del nivel medio superior, la migración interna, o los problemas y retos educativos que acompañan a los migrantes. Teníamos como desafío hacer las cosas bien y rápido, pero en ese orden, ya que en tan sólo 30 días debíamos escuchar a todas las voces que tuvieran algo que decir, analizar y, de ser necesario, mejorar la iniciativa. Otra tarea apremiante fue construir los consensos necesarios para su aprobación y modificación. En este veloz esfuerzo, fuimos acompañados por docentes, migrantes, funcionarios de distintos órdenes de gobierno, expertos en migración, investigadores, instituciones académicas públicas y privadas y organizaciones sociales. Todos ellos tuvieron aportaciones muy valiosas para cambiar el enfoque de la iniciativa ampliándola para ir más allá de los dreamers.
Desde el Congreso incorporamos la garantía de tránsito y movilidad entre todos los niveles y tipos del sistema educativo. Otorgamos a la SEP la obligación de facilitar la movilidad, el acceso, la reinscripción, la regularización y la acreditación al hacer las normas de control escolar. Después de revisar las mejores prácticas internacionales se mandató crear un marco nacional de cualificaciones. Estos instrumentos agrupan los parámetros que permiten validar las habilidades, conocimientos y competencias obtenidas en un proceso educacional sistemático para facilitar tanto la movilidad como la certificación de competencias que van adquiriendo en el camino. Cabe destacar que esta idea no nace de cero, hace una década, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) propuso la adopción del Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), en el que se incluyen los objetivos de contar con una escala o marco nacional de cualificaciones, un sistema nacional de nomenclatura que permita identificar el área, nivel y tipo de asignatura, actividad o unidad de aprendizaje, curso o actividad ofrecida.
En materia de educación superior se cambió el diseño original. Decidimos ir más allá y no limitarnos sólo a la licenciatura, sino a toda la gama de grados de este nivel educativo, y a cambiar las reglas para la revalidación y equivalencia determinando que el procedimiento atienda a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, permitiendo por ejemplo, la verificación electrónica de documentos. Podemos resumir que el Congreso de la Unión recibió una iniciativa orientada a la revalidación de licenciaturas, y construyó y aprobó una reforma legal para facilitar el ejercicio del derecho de educación a los migrantes, internacionales y nacionales, desde preescolar hasta la educación universitaria.
Como siempre que hacemos una reforma, lo más difícil es hacerla funcionar. La ley sola no cambia la realidad, debemos estar al pendiente de la implementación, acompañarla y protegerla. Los artículos transitorios instruyen el camino inmediato a seguir para que la reforma llegue a los estudiantes, en ellos resaltan: 1) El marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año; 2) La SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del Acuerdo Secretarial 286; 3) Las instituciones de educación superior constitucionalmente autónomas podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa, y 4) La autoridad educativa en coordinación con otras instituciones puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas, particularmente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, etc. Si bien la implementación es tarea que formalmente corresponde a la Secretaría de Educación, todos los mexicanos debemos acompañar y vigilar el proceso.
El error más común cuando hablamos de educación es confundir el derecho a la educación con el derecho al acceso. Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación y esto significa que tenemos derecho a aprender y no sólo a estar sentados en un pupitre. Para lograr esto no basta una ley, ni el esfuerzo de un gobierno, se requieren las manos y el talento de todos los mexicanos. Las tribus de la África Subsahariana lo tienen muy claro: tienen un dicho que dice “a un niño lo educa toda la aldea”. Eduquemos bien a todos los niños y niñas de nuestra aldea.
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