Mina de carbón

Por: Revistaxq

La justicia australiana ha fallado en contra de la ministra de Medio Ambiente por aprobar la ampliación de una mina de carbón sin considerar el daño que puede causar a los jóvenes en el futuro

El Tribunal Federal de Australia ha dictado una sentencia trascendental en materia climática: ha fallado en contra de la ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, por aprobar la ampliación de una mina de carbón sin tener en cuenta el daño que puede causar en el futuro a los niños y las niñas del país.

Todo comenzó en septiembre de 2020, cuando ocho jóvenes presentaron una demanda colectiva para bloquear el «proyecto Vickery» que la empresa minera Whitehaven Coal Limited tenía previsto iniciar en Gunnedah, una localidad de Nueva Gales del Sur. Lo hicieron en su nombre y también de forma representativa, en beneficio de otros menores australianos. El juez tomó buena nota y en su fallo se refirió a los demandantes simplemente como «the Children» (‘los niños y las niñas’). Y, además, les dio la razón.

En su sentencia, el magistrado Mordecai Bromberg manifestó su preocupación por la crisis climática y se mostró muy sensible hacia los problemas que los jóvenes pueden sufrir debido a ella: «Se prevé que un millón de niños y niñas australianos sufran al menos un episodio de estrés por calor que requiera hospitalización. Muchos morirán por esta causa o por el humo de los incendios forestales. (…) La Gran Barrera de Coral y la mayoría de los bosques de eucaliptos del este de Australia desaparecerán debido a estos severos y repetidos incendios».

Tras la detallada exposición de sus razones, Bromberg se despachó contra la ministra por dar la espalda a las evidencias científicas: «Una persona razonable que ostente el cargo de ministro debería ser consciente del aumento de CO2 en la atmósfera que provocará la ampliación de esta mina y del consecuente aumento de las temperaturas, así como del riesgo de muerte o lesiones a los que se expone a estos niños».

En su demanda, los jóvenes señalaban que la ampliación de la mina ocasionará una emisión de 370 millones de toneladas de carbono en los próximos 25 años. Para elaborar su resolución, el juez aceptó esta y otras evaluaciones independientes sobre el impacto ambiental y sanitario que provoca la quema de combustibles fósiles. El despacho Equity Generation Lawyers, que representa a los querellantes, emitió un comunicado con declaraciones de sus clientes. Una de ellas, Ava Prince, de 17 años, subrayó la importancia de este fallo: «Es la primera vez que un tribunal, en cualquier parte del mundo, ordena a un gobierno que proteja específicamente a los jóvenes de los daños catastróficos del cambio climático».

El poder de la ministra no se toca

La victoria, sin embargo, no fue completa. El juez desestimó la petición de Anjali Sharma, de 17 años, de restringir los poderes de la ministra para aprobar la ampliación de la mina. Sharma, quien inspirada por Greta Thunberg encabeza en Australia las huelgas estudiantiles por el clima, ha estado apoyada durante todo el proceso por una monja católica, la hermana Brigid Arthur, de 86 años, una veterana defensora de las políticas de asilo para las personas refugiadas. Cuando estos adolescentes la llamaron para sumarse a su causa y ser su tutora legal en el juicio no se lo pensó dos veces. «La energía de los jóvenes también es capaz de estimular a los mayores», declaraba la religiosa a la Fundación Thomson Reuters.

«Este caso trata sobre los jóvenes, para que den un paso al frente y exijan más a unos adultos que, con sus acciones, están determinando nuestro bienestar futuro«, explicaba Ava Prince en el comunicado de Equity Generation Lawyers. «Mi futuro y el futuro de todos los jóvenes depende de que Australia se aleje de los proyectos de combustibles fósiles y se una al mundo para tomar medidas firmes», añadió la activista.

Pero la ampliación de la mina aprobada por Sussan Ley no sólo pone en peligro la futura salud de los jóvenes. Los granjeros de la zona también protestaron por la cantidad de agua que la explotación iba a necesitar, lo que afectaría directamente a sus cultivos.

Como suele ocurrir en estos casos, la compañía minera acogió el fallo judicial con deportividad (porque, en realidad, no se imponen medidas cautelares que paralicen la ampliación) y destacó los esfuerzos que ya hace por mitigar los efectos del cambio climático. Siguiendo punto por punto el inconfundible argumentario de la mayoría de empresas de combustibles fósiles, Whitehaven Coal subrayó que sus productos son tan buenos que contaminan muy poco: «Creemos que el carbón de alta calidad tendrá un papel decisivo en los esfuerzos globales por reducir la emisión de CO2 y en el desarrollo económico de nuestra región». Según la empresa, la ampliación de esta mina crearía 950 puestos de trabajo en la zona.

La resolución de la justicia australiana llegó un día después de que un tribunal de La Haya fallara en contra de Shell. La sentencia dictada en Países Bajos obliga a la multinacional petrolera a cambiar su política climática y a reducir un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 10 años.

Australia, un área sensible

La demanda de los niños y niñas contra la compañía minera Whitehaven Coal posee una enorme coherencia si se tienen en cuenta los condicionantes del país. Australia es uno de los lugares del mundo más afectados por el cambio climático. Sufre periódicas olas de calor y de incendios que se retroalimentan y que convierten su vasta geografía en una gigantesca sartén.

Es muy recordado el llamado «verano furioso» de 2013. En 90 días se batieron 123 récords de temperatura. El fenómeno volvió a repetirse en 2019, con más virulencia si cabe: 5 millones de hectáreas fueron pasto de las llamas y centenares de granjas se perdieron. La biodiversidad recibió un golpe durísimo.

Y el año pasado, la región de Australia Occidental, la más cálida del país, siguió superando marcas. En agosto, en pleno invierno austral, el mercurio alcanzó allí los 41 ºC. Según la Asociación Médica Australiana, más 500 personas mueren cada año por golpes de calor. Además, los casos de cáncer de piel en el país casi se han doblado en las últimas décadas: de los 27 casos por 100.000 habitantes en 1982 se ha pasado a 49 en 2016.

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