Ministerio de Educación de Puerto Rico

El presidente del SPT, Roberto Pagán, alertó que tanto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington, como el secretario de Educación, Eligio Hernández, han esquivado mencionar la corrupción enquistada, a pesar de entorpecer cualquier esfuerzo por mejorar el sistema de educación pública.

En el reciente debate público sobre el caos administrativo y financiero en Educación se ha obviado el elemento que ha marcado negativamente su funcionamiento en los últimos años, que es la corrupción y los contratos a compañías privadas que desangran su operación.

En la audiencia realizada esta semana por la JSF para conocer sobre la implantación del plan fiscal certificado en Educación, salieron a relucir los múltiples embrollos administrativos y financieros de la agencia que administra el presupuesto más grande del gobierno.

Pagán reiteró las denuncias que ha hecho el SPT sobre las compañías privadas de limpieza en el Departamento de Educación, cuya contratación millonaria solo puede explicarse con la infame práctica de devolver favores a donantes políticos.

Para el presidente del SPT, regresándole la media hora de jornada a los conserjes escolares, que les quitaron con la Ley 7 de 2009, y recontratando los empleados de limpieza de las compañías privadas, se ahorran sobre tres millones de dólares anuales y se mejoran las condiciones laborales de esos trabajadores.

El SPT representa a más de 9 mil empleados no docentes agrupados en dos capítulos el personal profesional, administrativo y de oficina, y los trabajadores de conservación, técnicos, mantenimiento y vigilancia.

Explicó que se ha reunido con el secretario Hernández y le han demostrado con datos irrefutables que el Educación paga millones de dólares por encima del costo del servicio de limpieza a compañías privadas que, a su vez, explotan a sus trabajadores a quienes mantienen prácticamente desprotegidos y sin derechos laborales.

Pagán sostuvo, igualmente, que otorgándole la permanencia a las asistentes de estudiantes de educación especial que ahora son contratadas como ‘irregulares’, se mejoraría notablemente el servicio y se ahorrarían millones en el pago de multas en la corte federal por incumplimiento.

Según el dirigente del SPT, las propuestas de ahorro y mejoramiento de las condiciones de la educación especial en las escuelas las tiene el secretario de Educación en su despacho hace mucho tiempo mientras siguen en espera de una respuesta de parte de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy y la gobernadora Wanda Vázquez Garced.